Sobre las protestas y cómo enfrentarlas

Artículo publicado en Perú 21, martes 3 de octubre de 2006


¿Cómo enfrentar las protestas sociales? En el debate actual, percibo que hay dos posturas básicas: de un lado, están quienes consideran que las protestas son consecuencia natural de la existencia de intereses contradictorios o la respuesta ante una situación de injusticia, por lo que le correspondería al gobierno intentar solucionar, satisfacer las demandas que se le presentan. De otro lado, están quienes consideran que las protestas serían más consecuencia de percepciones antes que de realidades, y que serían fundamentalmente consecuencia de la acción de un grupo reducido de activistas que aprovechan diversas oportunidades; por lo tanto, lo que correspondería al gobierno sería dar señales claras de que no negociará bajo presión y luchar políticamente contra esos activistas, es decir, actuar estratégicamente.

En esta discusión se suele caer en un diálogo de sordos, porque en realidad cada postura alude a cosas diferentes: los primeros enfatizan el por qué protesta la gente; los segundos, el cómo se hace posible la protesta, como diría el sociólogo italiano Alberto Mellucci. Los que enfatizan el cómo tienen razón en señalar que en la protesta es decisiva la presencia de operadores sociales y políticos, pero suelen olvidar que la gente les hace caso en algunas ocasiones y en otras no, y que la diferencia la marca la percepción de agravio o de injusticia. De otro lado, los que se concentran en el por qué aciertan, al llamar la atención sobre la escasa legitimidad del Estado y de las instituciones, pero pasan por alto que la protesta no necesariamente tiene implícito un sentido progresista o redistributivo, y que los operadores que en realidad organizan la protesta tienen agendas propias, que pueden ajustarse o no a la de los sectores que supuestamente representan.

Todo esto tiene, a mi juicio, importantes consecuencias para el gobierno. Si se quieren evitar protestas descontroladas, el gobierno debe, en primer lugar, tener criterios claros de asignación de los recursos, que prioricen la atención a los más necesitados, y no debe definir sobre la base de presiones (en general, los más pobres lo son precisamente porque carecen de voz o de capacidad de hacerse sentir; si asignamos según el grado de mayor presión, los más pobres siempre saldrán perdiendo). Segundo, deben desarrollarse iniciativas para enfrentar las percepciones de agravio, esto es, construir legitimidad. Sólo el establecimiento de políticas razonables de atención a las necesidades de los ciudadanos permitirá imponer después el respeto a la ley; sin ellas, el Estado de derecho no aparece sino como una muestra más de lo ajena que es la institucionalidad política para los de abajo. Tercero, el gobierno debe darse cuenta de que los operadores no sólo hacen posibles las protestas sino que también les dan una mínima estructura que permite la negociación de las demandas; sin ellos, se enfrenta el puro y simple desorden.

En suma, la acción estratégica sólo puede venir después de la construcción de legitimidad.