viernes, 14 de diciembre de 2018

Crispación, conspiraciones y ajenidad



Artículo publicado en El Comercio, sábado 8 de diciembre de 2018

Que el ambiente político en el Perú está crecientemente crispado parece una constatación obvia. Muestras de intolerancia por doquier, acusaciones cruzadas, indignaciones, desconfianza, proliferación de teorías conspirativas. “Nada es casual en política”, “en política no se puede ser ingenuo”, “piensa mal y acertarás”.

En medio de todo esto, conviene no perder la perspectiva, intentar entender lo que estamos viviendo, y cómo llegamos a esto. Para empezar, este clima es relativamente nuevo. Hasta no hace mucho, lo que nos llamaba la atención es cómo primaba la continuidad del modelo económico instaurado en la década de los años noventa, y la fortaleza del establishment para “poner en vereda” al Alan García que se movilizó en contra de la suscripción del TLC con los Estados Unidos en 2004 y que derrotó a la “candidata de los ricos”, Lourdes Flores, en la primera vuelta de las elecciones de 2006 (con quien luego formaría alianza en 2016); mucho más elocuente fue el abandono por parte de Ollanta Humala de la “gran transformación” de 2006 y luego de toda su coalición de izquierda despúes de los sucesos en Conga, a poco más de cuatro meses de haber llegado al gobierno en 2011. A lo largo de esos años, el fujimorismo pasó de ser marginal en 2001 a ser socio importante del gobierno de García en 2006, y luego protagonista de la segunda vuelta presidencial en 2011. El fujimorismo reaparecía de la mano de la continuidad y legitimación de las políticas orientadas al mercado, de allí que el candidato Pedro Pablo Kuczynski llamara entusiastamente a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de ese año. Es más, después de los resultados de las elecciones de 2016, sin un candidato crítico con el modelo económico en segunda vuelta, una pax neoliberal parecía asegurada. Hasta 2016, la conflictividad oponía a los críticos con el modelo económico con quienes apostaban por su continuidad, con un claro predominio de los segundos. Así vivió el país el “giro a la izquierda” que movió las aguas de todo el continente.

En realidad, la conflictividad reciente es consecuencia del quiebre de la coalición promodelo económico vigente desde la caída del fujimorismo; el propio fujimorismo se enfrascó en una confrontación muy destructiva con acaso la mejor personificación de la continuidad del modelo, Pedro Pablo Kuczynski. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. De otro lado, la onda sísmica proveniente del terremoto de lava jato en Brasil puso en el centro de la agenda el problema de la corrupción; inesperadamente, quienes ocuparon el gobierno y quienes recibieron importantes fondos de campaña, los más fuertes en el pasado, pasaron a estar en el banquillo de los acusados, y quienes lograron montarse sobre la ola de indignación de la opinión pública aparecen fuertes ahora, aunque en realidad no cuenten con ninguna base de sustentación propia.

En este río revuelto, tenemos en realidad un sálvense quien pueda generalizado, pero algunos creen ver acciones cuidadosamente planificadas, coordinadas y desarrollan asombrosas teorías conspiracionales. Pero ni el gobierno ni las ONGs controlan el poder judicial o los medios de comunicación, ni los corruptos las tienen todas consigo. Estamos ante actores diversos con alineamientos cambiantes que se mueven en múltiples frentes. En medio de esto, no perder vista que crispación no implica en realidad polarización: no es que la sociedad esté alineada detrás de los actores en pugna. En realidad, la sociedad mira el espectáculo de este enfrentamiento con creciente distancia, ajenidad e irritación.

¿Presidente débil o fuerte?


Vuelvo a las columnas semanales, esta vez todos los sábados en la sección política del diario El Comercio. Agradezco la invitación de María Alejandra Campos.


Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de diciembre de 2018

A inicios de julio de este año, al cumplir el presidente Vizcarra cien días en el cargo, la percepción general era que se trataba de un gobierno precario y débil, En ese tiempo analizábamos las renuncias de los ministros de la Producción, Daniel Córdova, del ministro de Economía, David Tuesta, y poco tiempo después del ministro de Justicia, Salvador Heresi, así como la evidencia de graves contradicciones en el manejo de diversos temas. El gobierno aparecía sin liderazgo y sin rumbo. La encuesta de IPSOS mostraba una caída de 57 a 35 en el porcentaje de ciudadanos que aprobaba la gestión del presidente entre abril y julio. Algunos medios hablaban de una aprobación en “caída libre”. Con indulgencia decíamos que no cabía esperar mucho de un gobierno que tuvo que asumir inesperadamente las riendas del país en medio de una emergencia, la renuncia del presidente Kuczynski, justo cuando parecía que iba a superar la votación de una segunda moción de declaratoria de vacancia. Inesperadamente, el 28 de julio el gobierno retomó la iniciativa, levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. Tuvo la intuición y habilidad de capitalizar la ola de indignación que generaron los “CNMaudios”, que le han permitido levantar su porcentaje de aprobación hasta 65 puntos. Cuatro meses después, hemos pasado de la “caída libre” a imaginar un presidente todopoderoso.

En realidad, creo que seguimos ante el mismo gobierno precario y débil de hace unos meses; detrás de la iniciativa expresada en el referéndum del 9 de diciembre, no hay ningún tema sectorial en el que destaque, como muestra la última encuesta del IEP. Es más, ni siquiera hay claridad de cuál es la estrategia o el plan del ejecutivo en los temas del referéndum para después de esa fecha. Buena parte de las iniciativas presentadas por la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia están en la congeladora en el Congreso, y la búsqueda de acuerdos para establecer una agenda legislativa está postergada. Y se vienen cambios fundamentales por la renovación de la Presidencia del Poder Judicial y de varios miembros del Tribunal Constitucional (¿también en la Fiscalía de la Nación?), de los que depende que la Junta Nacional de Justicia llegue a buen puerto. Y en cuanto a la reforma política, en realidad solo llevar a la Constitución algunas disposiciones de la ley electoral referida al financiamiento de las organizaciones políticas es una avance; prohibir la reelección de congresistas es un error, y el propio gobierno llama ahora a votar en contra de la propuesta del bicameralismo que aprobó en el Congreso. En otras palabras, la agenda de la reforma política se ha perdido y distorsionado.

En realidad, la percepción de estar ante un gran poder presidencial es consecuencia de la coincidencia entre la retórica de Vizcarra en contra la corrupción y el activismo judicial de un puñado de fiscales y jueces, en casos de gran visibilidad pública. Pero ese activismo tiene una dinámica propia, que puede llevar a cometer excesos y errores, pero que también ha permitido avances. Es ese mismo activismo judicial el que con sus avances y errores ha llevado a Lula a prisión y llevará al juez Sérgio Moro al ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro en Brasil.

Se habla de una supuesta falta de democracia en el país como consecuencia de fallos judiciales cuestionables. En realidad, lo que no es democrático es no aceptarlos, y renunciar al camino de impugnarlos por las vías que el mismo orden legal establece. Lo que vale para la Constitución o los resultados electorales vale también para los fallos judiciales.

lunes, 23 de julio de 2018

¿Cómo llegamos a esto?


La última columna en La República...

Artículo publicado en La República, domingo 22 de julio de 2018

Nuestro querido país, de crecimiento y acumulación con instituciones débiles y políticos precarios, con una ciudadanía con mayores expectativas y que siente una distancia sideral con la esfera oficial, nunca dejará de sorprendernos. Hace dos semanas en esta columna comentábamos los cien días del presidente Vizcarra, nos referíamos a su debilidad y lamentábamos su falta de iniciativa; desde entonces toda la atención está puesta en el sistema de administración de justicia. Han caído el presidente del Poder Judicial, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministro de Justicia, un juez supremo, se declaró en emergencia la Corte Superior del Callao y su expresidente está en prisión preventiva. Todo al descubrirse una compleja y extensa red de corrupción e intercambio de favores, a los más altos niveles. Un verdadero terremoto. Como se sabe, este se produce como consecuencia no intencional de una investigación sobre una organización delictiva en el Callao, que resulta develando inesperadamente una trama mucho más compleja, y cuyos resultados terminan filtrándose a la prensa.

El impacto de los audios revela varias cosas: primero, una suerte de planificación y administración de la información que busca maximizar su impacto y desarmar a los implicados en actos indebidos o ilegales. Algún día, espero, sabremos sobre quiénes y porqué manejaron y filtraron esta información. Segundo, la reacción ciudadana ha sido muy fuerte: la secuencia de audios permitió encauzar la indignación ciudadana ante el sistema de justicia por su incapacidad, por decirlo de algún modo, para enfrentar casos de violación de menores de edad (primeros audios del juez Hinostroza). Una vez creada la ola, los demás audios tienen una naturaleza más política, y nos llevan a problemas de corrupción y tráfico de influencias, que probablemente no habrían tenido el mismo efecto si el escándalo no hubiera empezado por el tema de un juez que libera a condenados por violación a menores de edad. La ola de destituciones y renuncias es consecuencia de una fuerte marea proveniente de la opinión pública, de la presión del periodismo y de los medios de comunicación; complementada por la reacción de muy diversas organizaciones de la sociedad civil y por la movilización callejera (en ese orden).

¿Qué significa esto respecto a la administración de justicia? La imagen que queda es la de un sistema en donde se enfrentan fuerzas diversas que dominan espacios y cuotas de poder parciales: existen redes mafiosas, pero también actores que hacen bien su trabajo. Están los jueces Hinostroza y Ríos, pero también el juez Cerapio Roque, la fiscal Rocío Sánchez, el grupo “Constelación” de la policía. Lo mismo podría decirse de las lógicas más “políticas”: existen grupos a favor de la impunidad y otros que sí se la juegan porque avancen las investigaciones en curso. Además, no siempre los que quieren pueden, lo que complica más el panorama, porque pareciera que si no pueden es porque no quieren. Así se genera la confusión en la que los diferentes sectores políticos se sienten al mismo tiempo amenazados por un sistema de justicia percibido como parcializado, cuando al mismo tiempo tienen importante influencia sobre otras áreas.

Permítanme terminar con una nota personal. Después de casi ¡diez años! de escribir sin falta semana a semana en las páginas de este diario, llegó el momento de despedirse. Agradezco mucho a La República y a los lectores por haberme permitido contribuir con mi grano de arena a ensanchar los márgenes de la discusión pública en nuestro país.

¿Misión imposible?

Artículo publicado en La República, domingo 15 de julio de 2018

Los últimos días han estado signados por la difusión de audios que desnudan una compleja trama de intercambio de favores indebidos por parte de jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Todo esto permite entender el mecanismo que impide que mejore la administración de justicia en el país: muchos de quienes llegan a ser jueces y fiscales se mantienen y ascienden en sus carreras gracias a sus relaciones con los miembros del CNM, construyéndose un esquema de “intercambio de favores” que les permite a todos obtener diversos beneficios particulares. La abogada cajamarquina Mirtha Vásquez ha señalado a propósito cómo funciona el mecanismo de las “tribus judiciales”, que articula verticalmente al CNM, a jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados; incluso denuncia cómo en la fiscalía se le solicitaron alguna vez “favores sexuales” para acceder a algún puesto.

En mi columna de la semana pasada terminaba señalando cómo para el gobierno de Vizcarra, “sin partido, sin mayoría, sin aprobación ciudadana, frente a un fujimorismo descarrilado, su única base de sostenimiento será el respaldo que puedan suscitar (…) sus propuestas de reforma”. Haciendo de la necesidad virtud, el Presidente ha creado la Comisión de reforma del sistema de justicia. ¿Una comisión más? ¿Apenas doce días para hacer semejante trabajo? Ya el presidente Kuczynski formó la Comisión de Integridad, cuyas recomendaciones han sido implementadas solo a medias, incluso por el propio poder ejecutivo. Es más, una muestra de la precariedad del gobierno para liderar la reforma es la reciente renuncia del Ministro de Justicia, por sus vínculos con jueces sobre quienes hay fundadas sospechas de ser parte de los esquemas corruptos que se quieren erradicar. Además, el Presidente del Poder Judicial anunció la creación de otra iniciativa de reforma, invocando la autonomía del Poder Judicial; y en el Congreso de la República también diversas comisiones (Constitución, Fiscalización, Justicia…) ponen en marcha sus propios mecanismos para implementar sus propias decisiones. Y sectores de la prensa vinculados a la mayoría del Congreso denuncian que la reforma de la justicia sería en realidad una maniobra encubierta para debilitar al fujimorismo. En otras palabras, parece una misión imposible.

A pesar de todo, la Comisión tiene miembros de una calidad indiscutible. Y el Embajador Wagner ha empezado muy bien su trabajo, dando señales de que buscarán la implementación de medidas concretas y significativas, al mismo tiempo que procurarán construir consensos con el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. La única manera de lograr una dinámica que lleve a logros tangibles es elaborar una propuesta muy concreta, al mismo tiempo ambiciosa y realista, que apunte a desarmar las redes de corrupción, estableciendo mecanismos meritocráticos para el nombramiento de jueces y fiscales, y mecanismos de evaluación transparentes, abiertos y objetivos de desempeño. En tanto se haga evidente de que no hay ningún afán de politizar la reforma, es que sus recomendación tendrán la legitimidad que podrá movilizar a la opinión pública, y crear una presión para comprometer al conjunto de poderes y entidades del Estado. Se trata de construir una cruzada nacional por la justicia y contra la corrupción, de la que nadie, salvo los corruptos, puedan oponerse.

Aclaración: Quien escribe tiene el honor de ser miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia.

Cien días

Artículo publicado en La República, domingo 8 de julio de 2018

Se cumplieron cien días del gobierno del presidente Vizcarra. Según GFK, la aprobación a su gestión cayó del 52% de los encuestados en abril a solo 29 en junio, y la desaprobación pasó del 23 al 56%. Terminó la participación de nuestro país en el mundial de fútbol, y de vuelta a las preocupaciones domésticas, el gobierno tiene todavía muy poco que exhibir; nadie espera grandes resultados en tan poco tiempo, el problema es que la orientación general del gobierno no queda clara.

La caída del ministro de la Producción, Daniel Córdova; las idas y vueltas en temas fundamentales como el manejo del impuesto selectivo al consumo; la renuncia del Ministro de Economía, David Tuesta; contradicciones en el manejo de diversos temas en sectores como Educación, Cultura, Desarrollo Social y otros consolidaron la imagen de un gobierno que todavía no sabe lo que quiere. No parece intentarse hacer mucho, parecen hacerse cosas obligados como respuesta a crisis, y que se resuelven concesivamente. Y cuando se intentan hacen cosas, afloran contradicciones que llevan a nuevas parálisis. Todo esto en medio de un entorno fiscal complicado, que está llevando a lógicas de restricción de gasto no siempre bien resueltas, que limitan aún más las posibilidades de implementar políticas.

Se trata por supuesto de un gobierno débil que asumió el poder en medio de una emergencia, es de justicia no olvidarlo. La debilidad no solo es del Consejo de Ministros, también de la complicada relación con el Congreso. Se sabía que era necesario contar con apoyo en el legislativo, pero se era consciente de que la bancada de PPK resultaba insuficiente. El acuerdo con el fujimorismo resulta indispensable, pero el tiempo también mostró que éste no puede ser un apoyo confiable: la ley sobre publicidad estatal, la supervisión de las cooperativas por la Superintendencia de Banca y Seguros, obligan a replantear la relación con el Congreso.

Pero en estos cien días también el fujimorismo debería reevaluar su estrategia. La aprobación a la actuación de Keiko Fujimori ha caído de manera importante, y nuevamente se percibe una actitud “desestabilizadora” frente al ejecutivo por parte de la oposición. Keiko F. tuvo que pagar un precio alto para mantener el control, la unidad y el tamaño de la bancada, lo que se expresa ahora en la libertad que parecen tener iniciativas particularistas que pululan por doquier: intereses conservadores en contra del enfoque de género en educación, a favor de discursos militaristas en cuanto al combate al crimen, al papel de las Fuerzas Armadas en los años del combate al terrorismo, o preocupantemente permisivos, por decirlo de algún modo, con propuestas que en la práctica limitan la posibilidad de controlar mejor la penetración de dineros ilegales en el sistema bancario o en el sistema político. También en el perfil de las alianzas que se establecen en las elecciones regionales y municipales de octubre; Keiko parece haber optado, de manera similar a la elección anterior de 2014, o la congresal de 2016, por contar con candidatos con recursos e influencia ante los poderes locales, antes que por posturas programáticas; la pelea con Fernando Cillóniz es muy elocuente de sus opciones actuales.

Para el gobierno de Vizcarra, pensar en llegar al 28 de julio con mucho más que buenas intenciones resulta fundamental. Sin partido, sin mayoría, sin aprobación ciudadana, frente a un fujimorismo descarrilado, su única base de sostenimiento será el respaldo que puedan suscitar sus iniciativas de política, sus propuestas de reforma. Sin ellas, se queda prácticamente con nada.

martes, 3 de julio de 2018

Carreras políticas sin partidos

Artículo publicado en La República, domingo 1 de julio de 2018

En las últimas semanas nos han llamado la atención varios hechos: de los 21 candidatos que aspiran a ganar la alcaldía de Lima, 18 ya han sido candidatos a algún otro cargo de elección popular (la experiencia es necesaria antes de tentar un cargo importante), pero apenas 2 de ellos lo hicieron por la misma agrupación política que los presenta hoy. Hemos visto candidatos que primero anuncian su candidatura y después buscan el grupo por el que postularán. Otro dato: para las próximas elecciones regionales, considerando a los partidos con representación en el Congreso, solo Alianza para el Progreso presentó candidaturas en las 25 regiones; Acción Popular en 21, Frente Amplio en 16, Fuerza Popular en 15, el APRA en 13 y Peruanos por el Kambio solamente en 4. Es evidente que los partidos nacionales en general no cuentan con cuadros suficientes para competir en las elecciones, y que incluso cuando presentan candidaturas lo hacen como “vientre de alquiler” para políticos regionales. Finalmente, hemos visto cómo 30 congresistas elegidos por Fuerza Popular han sido denunciados por diversas inconductas ante la Comisión de Etica, que llevaron a que el vocero Becerril tuviera que admitir que “no hicieron una buena selección de candidatos”. Hay que recordar además que solo el 15% de los congresistas electos por FP eran militantes de ese partido.

Todas estas evidencias confirman un patrón estructural de la política peruana desde hace un buen tiempo: tenemos partidos sin políticos, y políticos sin partido. Los partidos son poco más que plataformas de lanzamiento de candidatos, sin mayor consistencia ideológica o programática o vida interna; y tenemos políticos que intentan desarrollar carreras a través de diversos vehículos. En su tesis de licenciatura en Ciencia Política de la PUCP, Julio Gutiérrez calculó que en las últimas elecciones municipales provinciales (2010 y 2014), el promedio de candidatos con algún tipo de experiencia política previa llegó al 71 y 74%, respectivamente, lo que sugiere que en ámbitos provinciales existe una suerte de “clase política” local, con personajes a los que se les suele encontrar en diferentes agrupaciones a lo largo del tiempo.

En la investigación que desarrolla Alonso Barnechea para obtener el título de licenciado en Ciencia Política de la PUCP, encontró que del total de postulantes al Congreso en la elección de 2016, un 40% había tentado algún cargo de elección pública en la última década, y un tercio había postulado en al menos una de las elecciones regionales y municipales de 2006, 2010 o 2014. Entre los 130 congresistas electos, el 65% había participado en alguna de las elecciones celebradas entre 2006 y 2016, y el 29% contaba con alguna experiencia de postulación en algún nivel subnacional. Dentro de ese último grupo, el 61% llegó al Congreso por un grupo distinto al que albergó su última postulación. Nuevamente, hay indicios de desarrollo de carreras políticas, pero a través de diferentes agrupaciones políticas.

No todos los partidos son iguales, por supuesto. El APRA, Acción Popular o el PPC, por ejemplo, suelen tener más cuadros y militantes que los demás; Democracia Directa o UPP parecen mucho más “vientres de alquiler” típicos. Algunos grupos como el Frente Amplio, el APRA o el PPC tienen alguna base doctrinaria, otros son vehículos totalmente personalistas, como Solidaridad Nacional o Alianza para el Progreso. Fuerza Popular parece haber privilegiado, en la confección de sus listas, candidatos con recursos, de allí su relativo éxito electoral y también los muchos cuestionamientos que enfrentan hoy.

La novela de Ortega

Artículo publicado en La República, domingo 24 de junio de 2018

La semana pasada en estas páginas Mario Vargas Llosa escribió el artículo “Nicaragua, hora cero”, y comentó que “la historia del comandante Ortega es digna de ser novelada”. Sin embargo, en su artículo Vargas Llosa hace un buen análisis de la trayectoria política de Ortega y de la crítica situación actual en ese país, pero no se refiere casi a los elementos “novelescos” de su historia. Permítanme referirme a alguno de ellos.

Ortega (1945) proviene de una familia humilde, con parientes que lucharon en la guerrilla de Augusto César Sandino en contra de la ocupación estadounidense de Nicaragua, activamente opositora a la dictadura de la familia Somoza. Entró al activismo político desde muy joven, convirtiéndose en uno de los comandantes del sandinismo. Fue encarcelado, y pasó siete años en prisión; fue liberado mediante una espectacular operación de intercambio de rehenes con la dictadura. Al triunfar la revolución en 1979, Ortega se convirtió en el presidente de la Junta de Gobierno; diversos testimonios indican que Ortega alcanzó el liderazgo no por tener una personalidad arrolladora, sino porque su relativa grisura no despertaba anticuerpos. Además, por su historia familiar y personal parecía una garantía de consecuencia y principismo. En 1990, al perder las elecciones, Ortega aceptó la derrota y cumplió con la promesa de respetar la alternancia democrática.

Sin embargo, la derrota abrió la puerta al oportunismo y la corrupción; en el periodo de cambio de mando, el sandinismo transfirió a particulares allegados importantes bienes públicos; más adelante, bajo su dirección, inició un oscilante camino de alianzas oportunistas, dejando de lado los ideales y perfiles ideológicos primigenios. Al mismo tiempo Ortega se desembarazó progresivamente de sus competidores y se erigió en el líder absoluto del partido. Es en estas condiciones que Ortega volvió al poder en 2007, después de haber sido derrotado en 1996 y 2001. En 1998, Zoilamérica Narváez (1967), hija de la esposa de Ortega, Rosario Murillo, denunció haber sido acosada y abusada sexualmente por éste desde los once años de edad. Lo macabro de la historia es que su madre tomó abiertamente partido por el esposo, y no respaldó la denuncia de su hija. Las investigaciones al respecto se entramparon porque los delitos cometidos habrían prescrito.

Con los años el sandinismo fue convirtiéndose en un partido personalista, y el papel de Rosario Murillo fue haciéndose mayor, hasta convertirse en vicepresidenta, después de la reelección de Ortega en las cuestionadas elecciones de 2016. Murillo participa en la toma de decisiones “aportando” consideraciones no ideológicas, sino esotéricas y espiritualistas. Ortega en el gobierno combina ahora una retórica anticapitalista, un acercamiento a los países del ALBA, junto a una alianza con los principales grupos empresariales, y prácticas conservadoras como la prohibición del aborto y el matrimonio homosexual. Se embarcó en el proyecto quimérico de la construcción de un canal interoceánico, de costos escandalosos, financiamiento oscuro y que implicaría un desastre ecológico. Además, ha limitado seriamente la posibilidad de actuar de la oposición, ha concentrado groseramente el poder violando la autonomía de las instituciones, ha establecido el principio de reelección indefinida, y responde con una represión violenta e indiscriminada a las protestas sociales. El presidente del Congreso, operador de las maniobras gubernamentales, fue ratificado en su cargo después de fallecido en setiembre de 2016.

En efecto, una vida digna de ser novelada.

Sin modelo: ¿qué hacer?

Artículo publicado en La República, domingo 17 de junio de 2018

En las últimas semanas he comentado que hasta no mucho, parecía haber en nuestros países una variedad de modelos disponibles, alternativas de izquierda, de derecha y socialdemócratas que podían reivindicar ciertos éxitos. Hoy, sin embargo, ninguno de ellos luce bien.

¿Qué hacer entonces? ¿Qué lecciones podemos sacar de lo visto en las últimas semanas? Aquí algunas de mis conclusiones:

- disciplina macroeconómica. A pesar de que el “Consenso de Washington” ha sido muy vapuleado, creo que el primer mandamiento del “decálogo”, que prescribía disciplina fiscal se mantiene. En medio de sus grandes diferencias políticas, Bolivia y Perú fueron dos de los países a los que mejor les fue en lo económico; algo en común que tuvieron fue mantener disciplina fiscal (llegando a tener superávits fiscales entre 2006 y 2013), reducir los niveles de endeudamiento, acumular reservas internacionales como porcentaje del producto. Es la gran diferencia que explica la relativa estabilidad boliviana frente a los desórdenes de Venezuela, o las dificultades dejadas a los gobiernos actuales en Ecuador o Argentina.

- economía de mercado, políticas redistributivas, políticas sociales. En general, la mejor combinación parece ser el mantener la economía de mercado, impulsar medidas redistributivas que permitan mejorar nuestros niveles impositivos, captar mayores recursos fiscales, para ser destinados a la implementación de políticas sociales para beneficiar a la población más vulnerable. Perú es un país que, en el contexto latinoamericano, podría haber hecho mucho más, seguimos siendo uno de los países de la región que menos gasta en educación, en salud, como porcentaje del producto, y con niveles de presión tributaria por debajo del promedio de la región. Lidiar con el tamaño gigantesco de nuestra economía y sociedad informal es el gran desafío.

- participación, democratización. Ciertamente, las instituciones de la democracia representativa liberal, elitista, de partidos, parece claramente insuficiente para expresar a nuestras sociedades, crecientemente complejas. Abrir espacios a la participación y consulta a la sociedad, promover mecanismos de transparencia, control, fiscalización y aporte de ciudadanos resulta imprescindible. Pero también es cierto que en muchos contextos este tipo de prácticas, impuestas de manera vertical, expresan más bien intentos de control de la sociedad, de construcción de estructuras clientelísticas, de manipulación, de limitación a la acción de grupos opositores. Las promesas de democracias “participativas y protagónicas”, terminan en la construcción de regímenes autoritarios. Los peruanos también sabemos de eso, en la década de los noventa, lo que muestra que los riesgos de autoritarismo pueden venir desde la derecha como desde la izquierda.

- pluralismo político, acuerdos y transparencia. Nuestras democracias no están lejos de los riesgos de proyectos hegemonistas, basados en mayorías circunstanciales que pretenden perpetuarse en el poder. Tenemos mucho que recorrer en cuanto al reconocimiento del pluralismo; suena sensato apostar por la construcción de acuerdos y pactos. Al mismo tiempo, si ellos se hacen de maneras poco transparentes, terminan en esquemas elitistas, excluyentes frente a la sociedad, y corruptos.

Al final, resulta que es difícil construir o fundamentar grandes modelos ideales en el momento actual. Acaso para América Latina en los próximos años haya que apostar, antes que por grandes utopías, por una era de sensatez y sentido común. Que lamentablemente, escasea tremendamente en estos tiempos.

Sin modelo: la socialdemocracia

Artículo publicado en La República, domingo 10 de junio de 2018

En las últimas semanas comenté que la izquierda se ha quedado sin modelos. La insurrección armada, la economía planificada y el régimen de partido único resultan inviables; la alternativa fue la construcción partidaria, la relación con los movimientos sociales; la aceptación de la democracia liberal pero su complemento con medidas participacionistas; la aceptación de mecanismos de mercado pero con fuertes medidas impositivas con fines redistributivos. Sin embargo, diferentes gobiernos de izquierda en los últimos años derraparon hacia formas personalistas y autoritarias de ejercicio de poder, prácticas clientelísticas y fuertes desequilibrios económicos. Por el lado de la derecha las cosas no han ido mejor: la crisis 1998-2002 acabó con la “era dorada” neoliberal, que dio origen al “giro a la izquierda”; y la crisis 2008-2009 instaló la idea de que el mercado sin regulación tiene terribles consecuencias para el mundo entero. Entre nuestros países, gobiernos de derecha que propusieron iniciativas ambiciosas en la línea de relanzar una “segunda generación” de reformas terminaron encallando en el descrédito, dejando la impresión de complicidad entre intereses privados y autoridad pública, ineficacia tecnocrática, incapacidad política.

En medio de la izquierda revolucionaria y de la derecha neoliberal, emergió la alternativa socialdemócrata. En Chile, Brasil, Uruguay de los últimos años se buscó construir una opción que combinara las virtudes y evitara los defectos de ambos modelos. Se abrazó la economía de mercado y la inversión privada, al mismo tiempo que se promovió la distribución mediante políticas sociales eficaces. En lo político se puso en el centro de la identidad política a una democracia republicana. El problema de la inestabilidad de gobiernos sin mayoría en el parlamento en contextos presidencialistas se resolvió mediante la construcción de coaliciones; y la orientación al cambio se obtuvo apelando al convencimiento ante la opinión pública.

Por varios años la alternativa socialdemócrata pareció funcionar. En Chile, los partidos de la Concertación, adversarios en la década de los años setenta, pactaron y construyeron mayorías sólidas que le dieron estabilidad a sus gobiernos, mantuvieron altas tasas de crecimiento económico, redistribuyeron la riqueza y redujeron notablemente la pobreza. Se fortalecieron las instituciones democráticas, se amplió el espacio público y se ganó en la promoción de valores más igualitarios. En Brasil la apertura hacia políticas de mercado la inició un líder socialdemócrata como Fernando Henrique Cardoso; el PT moderó progresivamente su plataforma política, y al llegar Lula por primera vez al poder cuidó de transmitir señales de continuidad en materia económica. El PT se esforzó en establecer como marca distintiva un programa ambicioso y agresivo de políticas sociales, que tuvo logros muy importantes, que cambiaron el mapa político brasileño. Y el PT construyó coaliciones amplias que le dieron sostenimiento legislativo. Y le fue muy bien, fue reelecto en dos ocasiones, y en algún momento Brasil parecía firmemente encaminado como potencia mundial emergente.

En los últimos años, sin embargo, vemos ahora que los compromisos asumidos en aras de la gobernabilidad y de ganar la confianza de los mercados llevaron a postergar reformas fundamentales, y a soslayar la búsqueda de mayores niveles de bienestar para la población, sectores populares y también sectores medios. Peor aún, la cercanía con intereses privados y la presión por sostener coaliciones, llevó a caer en muy serios problemas de corrupción.

Sin modelo: la derecha

Artículo publicado en La República, domingo 3 de junio de 2018

La semana pasada comentaba que ni los países en los que primó la continuidad liberal, ni los que experimentaron el “giro a la izquierda”, ni los que ensayaron proyectos socialdemócratas en la región en los últimos años lucen bien.

En México las reformas neoliberales iniciaron con Salinas de Gortari, con la emblemática firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en 1992. Con la derrota del PRI en 2000 logró imponerse la derecha con el PAN, con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón en 2006, a pesar de lo ajustado del resultado electoral frente al candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Pero en 2012 quien volvió al poder fue el PRI, con Enrique Peña Nieto. El inicio de su mandato fue impresionante: implementó por ejemplo una reforma constitucional para abrir a la inversión privada el sector hidrocarburos, acabando con uno de los pilares simbólicos del viejo nacionalismo revolucionario, revirtiendo la nacionalización del petróleo de 1938, de Lázaro Cárdenas. Lanzó una ambiciosa propuesta de reforma educativa que enfrentó directamente al esquema corporativo tradicional del Estado mexicano, de cooptación política a cambio de amplias prerrogativas sindicales, que llevaban a escandalosos esquemas de corrupción; que se expresó en el encarcelamiento de la poderosa dirigente sindical Elba Esther Gordillo. Peña parecía encarnar una nueva generación priísta, alejada de las prácticas del pasado; hoy de cara a las elecciones del 1 de julio, los mexicanos parecen dispuestos a hacer un giro radical, y llevar finalmente a la presidencia a AMLO en su tercer intento. El ímpetu reformista encalló, el crecimiento económico resultó mediocre, Gordillo fue liberada, el PRI volvió a verse involucrado en casos de corrupción, la supuesta renovación generacional no fue tal, y resultó siendo una combinación de las mañas de las generaciones viejas con la ineficacia e inexperiencia de las nuevas.

En nuestro país, a pesar de la estrepitosa caída del fujimorismo en 2000, durante el gobierno de Toledo primó la continuidad económica; en 2006 Humala obtuvo la mayor votación en primera vuelta con una plataforma radical, pero gracias a la segunda volvió al gobierno García. Se temió una vuelta al populismo, pero éste gobernó con una inesperada ortodoxia económica, aún más escrupulosa que la que reclamaban quienes temían al populismo. Humala ganó en 2011 con una plataforma todavía contestataria, pero al llegar al gobierno rápidamente rompió la coalición de izquierda que lo había acompañado, que fue sustituída en parte por una elite tecnocrática, con lo que el modelo continuó. Durante todos esos años el país creció, la pobreza se redujo, logros notables no solo en el contexto de nuestra historia reciente, también en el marco regional. Nuestro país era percibido como un ejemplo a seguir. Tan consolidado parecía el modelo que en 2016 la segunda vuelta terminó siendo disputada por dos candidatos claramente orientados a favor de su continuidad. Ganó Kuczynski, personaje emblemático de las reformas neoliberales; es más, PPK era coautor con John Williamson del libro Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina (2003), con lo que el sueño de la “segunda generación” de reformas parecía hacerse realidad. Al final, su gobierno terminó manchado por acusaciones de corrupción, revelaciones de relaciones indebidas entre autoridades políticas, técnicos e intereses privados ocurridos en los últimos años, y su renuncia precipitada por los límites políticos de un manejo tecnocrático del Estado.

Sin modelo: la izquierda

Artículo publicado en La República, domingo 27 de mayo de 2018

No hace mucho, parecía haber en nuestros países una variedad de modelos disponibles. Para la derecha, Perú, México, Colombia eran modelos de continuidad neoliberal, cuyos éxitos eran capaces de sortear amenazas “populistas”; en la otra orilla, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua Cuba, con sus diferencias, encarnaban la reivindicación de la soberanía, el control nacional de los recursos naturales, pero también el protagonismo de sectores sociales tradicionalmente excluídos, inspiradores incluso de “nuevas formas de vivir”. En el centro, otros países proponían una buena combinación de políticas de mercado y políticas redistributivas: Chile de la Concertación, Brasil con el PT, Uruguay con el Frente Amplio, ilustraban las virtudes de la moderación, la búsqueda de consensos y el gradualismo. Hoy, ninguno de los tres grupos se ve bien.

Empecemos por la izquierda. Cuba inició en 1959 la construcción de una alternativa socialista en el continente; durante los años sesenta la reforma agraria, la universalización del acceso a la educación y a la salud, eran reivindicados con orgullo. Sin embargo, el establecimiento de un régimen de partido único, cada vez más notoriamente personalista y autoritario hicieron que Cuba no pudiera presentarse más como modelo. En 1973 la Unidad Popular propuso la ruta chilena al socialismo, llegar al poder no por medio de una insurrección armada, sino por medio de elecciones, y desde el gobierno cambiar la esencia del Estado. Pero la UP fracasó no solo por el golpe de Pinochet, sino por el extremo desarreglo económico y político previo al mismo. En 1979 en Nicaragua, el sandinismo llegó al poder también por medio de una insurrección armada, pero conscientes de los límites del modelo cubano, se comprometió con el pluralismo político y con el respecto a las instituciones de la democracia liberal. En 1990 la oposición ganó las elecciones, y la debacle del sandinismo inició precisamente con su salida: el personalismo extremo, la pérdida de principios, la extensión de prácticas corruptas, empezaron a caracterizar el sandinismo en los años posteriores.

Las décadas de los años ochenta y noventa parecieron cerrar el espacio para alternativas de izquierda. Intentos de reedición de políticas nacionalistas y estatistas habían llevado a crisis profundas en el México de López Portillo y en el Perú de Alan García; en Bolivia con Paz Estenssoro se había ya optado por una reforma neoliberal, y uno a uno la mayoría de nuestros países empezaron a seguir el nuevo credo de las políticas de promoción de mecanismos de mercado. Cuba en los años noventa vivía el “período especial” y parecía no haber alternativa. Hasta que se dio el “giro a la izquierda”, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999.

Con el “giro…” podría decirse que se buscó una alternativa que mantuviera las instituciones liberales representativas, pero con el complemento de instituciones participativas, abriendo espacios para sectores tradicionalmente excluídos, en particular la población indígena. En lo económico hubo un fuerte énfasis en lo redistributivo, pero sin alterar demasiado la estructura económica. Hoy la evidencia muestra de un lado una gran fragilidad económica: terminado el boom de precios altos de los commodities, las posibilidades distributivas parecen acabarse. Y del otro, la promesa de la participación, la inclusión y formas alternativas de representación, así como el respeto a las instituciones democráticas, parecen haber naufragado debajo de crecientes niveles de personalismo, autoritarismo y prácticas clientelísticas.

¿Cuál es el marxismo de Marx?

Artículo publicado en La República, domingo 20 de mayo de 2018

En una célebre carta de 1890, Federico Engels comenta años después del fallecimiento de Marx (1818-1883, de quien conmemoramos los doscientos años de su nacimiento), que éste habría dicho hacia finales de 1870 que “todo lo que sé es que no soy marxista” al criticar a algunos de sus seguidores, para quienes “la concepción materialista de la historia (…) no es más que un pretexto para no estudiar la historia”. Con los años los conflictos entre Marx y sus supuestos seguidores se harían mayores, porque gran parte de la obra de Marx, incluyendo muchos de sus textos considerados fundamentales, fueron publicados póstumamente, editados por Engels. No es un asunto menor: por ejemplo, la teoría de las clases sociales, que todos consideraríamos central en el análisis marxista, nunca fue expuesta propiamente por Marx, por lo que es deducida a partir del análisis de textos dedicados a otros temas y escritos con otros propósitos. Es más, importantes textos de Marx continuaron apareciendo hasta incluso la década de los años sesenta del siglo pasado, como por ejemplo su correspondencia con diversos personajes rusos (que a su vez recién se traduce al español a inicios de la década de los ochenta). La correspondencia con los rusos no es un asunto menor, más todavía para América Latina, porque en ella Marx discute los desafíos de la lucha política y las posibilidades de que ocurra una revolución en sociedades de capitalismos menos desarrollados, como los de nuestros países.

En suma, la definición de cuáles son las “verdaderas” ideas centrales de Marx es un asunto controversial. Conforme fueron apariendo más textos, se desarrollaron corrientes que consideraron diferentes textos “la clave” de la comprensión del marxismo: para unos se trata del primer volumen de El Capital, para otros el Manifiesto Comunista, para otros los Manuscritos económico-filosóficos, por mencionar algunos. Los primeros enfatizan al Marx de la crítica económica al capitalismo, los segundos al activista sindical denunciando los intereses antagónicos de burgueses y proletarios, los últimos rescatan a un Marx humanista, para el cual el problema del capitalismo es la alienación, y el comunismo una suerte de utopía anarquista. Si esto se puede decir de los escritos de Marx, imagínense cuánto más podría decirse de la relación entre Marx y sus supuestos seguidores en el siglo XX. Lenin, Stalin, Mao Tse-Tung, Fidel Castro y hasta Abimael Guzmán se reclamaron marxistas, en realidad más como reivindicando un legado, antes que por la “aplicación” o “puesta en práctica” de sus ideas. Marx se dedicó a criticar al capitalismo y promover el socialismo como alternativa abstracta (“socialización de los medios de producción”), pero ninguna página en sus textos nos dice cómo hacer la transición de uno al otro, más allá de referencias muy generales, y nada nos dice de qué tipo de régimen político debería erigir un país que se considerara marxista.

Hacer un balance es muy difícil, pero uno podría arriesgarse y decir que, doscientos años después, la teoría económica marxista parece que poco puede aportar a la teoría económica actual; en cambio, su crítica el señalamiento de las contradicciones, tensiones y voracidad al extremo autodestructivo del capitalismo parece vigente, a la luz de las recurrentes crisis financieras y de los desastres ecológicos, por ejemplo. Su visión de la historia parece hoy simplista y su propuesta política anacrónica e impracticable, pero sigue vigente la denuncia de la alienación y de la explotación del ser humano, y de la reivindicación de la dignidad de los trabajadores.

Balance del fujimorismo

Artículo publicado en La República, domingo 13 de mayo de 2018

¿Cómo han quedado Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) después de la votación de la moción de vacancia presidencial, el indulto a Alberto Fujimori, los mamanivideos, la renuncia del presidente Kuczynski, la neutralización de los Avengers y del proyecto de partido Cambio 21, y el nuevo gobierno del presidente Vizcarra? Ciertamente las aguas estuvieron muy agitadas, y en algún momento algunos creyeron ver naufragar el liderazgo de Keiko Fujimori. Ella y FP aparecían golpeados por la imagen de una oposición obstruccionista, que habría dilapidado buena parte del capital político acumulado en los últimos años; muy debilitados internamente, por la disidencia encabezada por Kenji Fujimori, con un estilo de liderazgo y un discurso que parecían tener cierta capacidad de convocatoria; muy seriamente desafiados por el proyecto de un partido fujimorista alternativo, implícitamente alentado por el propio líder histórico, Alberto Fujimori. Keiko aparecía además cuestionada por la imagen de “mala hija”, alejada de su padre por sus ambiciones políticas.

Todo cambió con los videos: el presidente Kuczynski se vió obligado a renunciar; Fuerza Popular quedó parcialmente “legitimado” en su discurso confrontacional; el aura de los Avengers quedó destrozado; el proyecto de Cambio 21 quedó enterrado, así como la posibilidad de que Alberto Fujimori recupere el liderazgo del fujimorismo. Es más, la principal preocupación de Alberto F. pasó a ser el evitar volver a prisión después de las evidencias de que su indulto fue fruto de una transacción política, y no de consideraciones humanitarias. Finalmente, el nuevo presidente y el nuevo Consejo de Ministros han decidido “pasar la página” de la gestión de Kuczynski, y la acrimonia en el trato entre el poder ejecutivo y la mayoría legislativa parece haber quedado atrás, al menos por el momento. Por supuesto, todo esto tuvo un alto costo. Según IPSOS, el porcentaje de encuestados que aprobó el desempeño de Keiko F. cayó de 30 en enero a 19% en abril, y la desaprobación subió de 65 a 73%.

En el nuevo contexto, ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, y la necesidad de recomponer las huestes, Fuerza Popular parece haber dejado, al menos por el momento, su actitud hostil. Esto puede cambiar si es que el gobierno de Vizcarra entra en problemas, o si es que el frente judicial genera complicaciones, pero no creemos que al extremo de repetir los eventos que llevaron a la renuncia de Kuczynski; un adelanto de elecciones no parece ser conveniente a los propósitos de Fuerza Popular.

¿Podrá Keiko consolidar la conducción del fujimorismo por encima de su propio padre, el fundador y gran referente del mismo? La pregunta me recuerda a la llamada paradoja del barco de Teseo: si reemplazas la mayoría o todas las piezas de un viejo barco, ¿sigue siendo el mismo, o es otro? Aún más, ¿si ensamblas las piezas sustituídas, reconstituyes el barco original? Keiko lideró con FP un cambio en el fujimorismo sustituyendo los liderazgos primigenios, y hasta 2016 nadie dudó que ella era la líder del movimiento. Aún ahora que su liderazgo no parece ser respaldado por su padre, y que este intentó incluso reconstruir el fujimorismo con el proyecto de Cambio 21, Keiko parece haber logrado mantener la conducción del barco del fujimorismo, incluso por encima del propio Alberto. No es poca cosa, pero de cara al 2021 requiere demostrar no solo que puede disciplinar a sus huestes, si no que tiene una idea clara de qué hacer con el país. Y por esa lado, lo que se percibe es no solo orfandad, sino una involución notable.

lunes, 7 de mayo de 2018

Ahí vamos…

Artículo publicado en La República, domingo 6 de mayo de 2018

Está claro que el presidente Vizcarra no cuenta con la legitimidad que tendría un gobierno resultado directamente de elecciones, ni con una bancada parlamentaria propiamente dicha, ni con el beneficio de haber armado con algún tiempo un equipo de trabajo alrededor de objetivos comunes con asentamiento cuando menos en puntos clave del territorio. Al mismo tiempo, tiene por delante más de tres años de gobierno, y como hemos dicho ya, no puede pretender llegar al 2021 simplemente haciéndose el “muertito”.

Después de la presentación del Presidente del Consejo de Ministros esta semana, y del pedido de facultades legislativas ante el Congreso, considero que el balance es positivo, dadas las restricciones existentes. En el discurso de Villanueva el énfasis estuvo puesto en la lucha contra la corrupción, en la reforma política, la reconstrucción y diferentes medidas que buscan la reactivación económica, el combate a la anemia infantil, la protección de la niñez y de las mujeres ante la violencia, entre otros. En general, se percibe un reconocimiento de las prioridades que marca el contexto. En cuanto al pedido de facultades legislativas, ellas giran alrededor de temas económicos, tributarios y financieros; del proceso de reconstrucción y de la inversión en infraestructura; medidas de lucha contra la corrupción; de la protección de personas en situación de vulnerabilidad y violencia; y modernización del Estado. Nuevamente, se percibe un buen diagnóstico de las áreas en las que corresponde acción urgente, que deberían acompañarse de diferentes iniciativas sectoriales concretas en las próximas semanas. Por el momento, los sectores de oposición parecen más preocupados por sus problemas internos que por su relación con el ejecutivo.

Ahora, el clima actual ciertamente no va a funcionar indefinidamente. Conflictos o protestas sociales importantes en algún sector, el manejo político de los efectos de investigaciones fiscales o sentencias judiciales controvertidas, iniciativas ministeriales puntuales, complicarán nuevamente el panorama. Algunos ministros podrán caer (Córdova por ejemplo cayó con muy poco), el propio Villanueva inevitablemente sufrirá el desgaste que implica el ejercicio de su cargo, pero parecería que Vizcarra será quien entregue la banda presidencial al sucesor en 2021 sin los sobresaltos de los que fue víctima el presidente Kuczynski.

Unas palabras respecto a la reforma política, tema al que nos hemos referido anteriormente. Me parece saludable que desde el gobierno se reconozca la importancia del tema; que se hayan presentado propuestas referidas al control de dinero ilegal en la política (sancionar penalmente la no declaración del financiamiento electoral; el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los postulantes a cargos públicos ante la Unidad de Inteligencia Financiera; obligar a las organizaciones políticas a reportar operaciones sospechosas ante ésta); y que se haya propuesto que los organismos electorales supervisen obligatoriamente las elecciones internas de los partidos, y el establecimiento del principio de equidad de género en las listas de candidatos.

Pero el problema con la reforma política es que ella debe contar con un buen diagnóstico y apuntar a reformas viables que ataquen los problemas más urgentes, y no una combinación de propuestas que individualmente podrían estar bien, pero que no resolverán los problemas que se quieren resolver. El bicameralismo, por ejemplo, podría estar bien, pero sin partidos que mejoren el proceso de selección de sus candidatos, estaremos en las mismas.

Enfrentemos la violencia contra las mujeres

Artículo publicado en La República, domingo 29 de abril de 2018

Tenía planeado escribir sobre otra cosa, pero siendo padre no podría dejar de comentar algo a partir del caso de Eyvi Agreda. Muchas personas han comentado que eventos como este y como muchos otros registrados recientemente le hacen pensar a uno cómo criar hijas en nuestro país. Luego vemos que en España hay una masiva indignación por un fallo judicial que caracteriza como “abuso” a una brutal violación grupal a una joven de 18 años, porque la víctima “no habría opuesto resistencia”. Entonces provoca preguntarse si es una buena decisión traer criaturas a este mundo.

Los casos son escalofriantes, pero un científico social debe mirar más allá de los casos particulares, y buscar patrones. Ciertamente estamos muy mal, somos uno de los países con más víctimas de feminicidio en América Latina, después de Honduras, Argentina, Guatemala, República Dominicana y El Salvador (datos de 2014). Los victimarios son principalmente sus parejas o exparejas (en un 87.3% de los casos, según datos de 2016). En 2016 un 68.2% de las mujeres peruanas que han tenido relación de pareja declaran haber sido alguna vez víctimas de violencia por parte de ellas; un 31.7% han sido víctimas de violencia física. Ese porcentaje supera el 40% en Apurímac, Puno y Junín, seguidos de cerca por Cusco y Ayacucho. Y un 72.8% de las víctimas no buscaron ayuda en ninguna institución pública. La gran mayoría de víctimas reportadas por denuncias de violencia sexual son menores de edad (72.6% en promedio entre 2011 y 2016).

Con todo, tenemos un terreno desde el cual plantear cambios. Hay un ligera disminución en el número de víctimas de feminicidio entre 2011 y 2015; el número de denuncias por violencia familiar ha ido en aumento entre 2009 y 2016; el número de personas atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer ha ido en aumento entre 2012 y 2016. Hay también un aumento en el número de personas con sentencias condenatorias entre 2014 y 2016 y un aumento en el tamaño de la población penitenciaria condenada por ese delito entre 2012 y 2015. Los índices de violencia psicológica, física, y sexual tienden a disminuir ligeramente entre 2009 y 2016. Y si bien en 2016 un 72.8% de las mujeres no buscaron ayuda en ninguna institución pública, eso es mejor que en 2000, donde el 80.6% no buscó ayuda.

Estamos muy mal, pero parece haber más conciencia y menos tolerancia con el problema: hay más denuncias e indignación con los casos reportados, y algo más de atención por parte del Estado. No es que antes estuviéramos mejor: antes la violencia contra las mujeres estaba “normalizada” y escondida. Y cada vez más las mujeres se ganan a pulso espacios de autonomía y libertad. La violencia machista parece últimamente fuera de control precisamente como la reacción de un sentido patriarcal ante la pérdida de control y privilegios.

Las mujeres están haciendo su parte. Los hombres debemos hacer la nuestra y reconocernos como parte del problema y de su solución. Pero sobre todo el Estado: uno esperaría del Ministerio de Justicia, de la Mujer, del Interior, de Educación, junto al Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso (por lo menos) el lanzamiento de un paquete integral de medidas con carácter de urgencia para enfrentar el problema. A esto se deberían sumar campañas de los medios de comunicación, aportes desde el conocimiento de las universidades, centros de investigación. Una iniciativa que podría plantear el nuevo Consejo de Ministros cuando se presente ante el Congreso. Medidas concretas con su respectivo presupuesto.

Vizcarra – Villanueva (2)

Artículo publicado en La República, domingo 22 de abril de 2018

Retomo el comentario sobre el nuevo presidente y su flamante Consejo de Ministros. Para no caer en la pura especulación, puede ser útil remitirse a experiencias cercanas de los últimos años.

Mirando el vecindario, encontramos una gran diversidad de situaciones. De un lado, tenemos vicepresidentes que asumieron el poder y no hicieron sino prolongar las crisis que los llevaron al poder. Recordemos a Ecuador con la crisis iniciada con la elección de Abdalá Bucaram en agosto de 1996, que solo terminaría con la elección de Rafael Correa diez años después, a finales de 2006. Caído Bucaram a los seis meses de gestión, el Congreso pasó por encima de la vicepresidenta Arteaga y nombró presidente al congresista Fabián Alarcón, quien gobernó solo un año y seis meses. En las nuevas elecciones ganó Jamil Mahuad, quien apenas gobernó un año y cinco meses, entre agosto de 1998 y enero de 2000; completó su periodo el vicepresidente Gustavo Noboa. En las elecciones de finales de 2002 ganó Lucio Gutiérrez, quien gobernó dos años y tres meses; terminó el periodo Alfredo Palacio, durante un año y ocho meses. Todo esto en medio de una grave crisis económica, altos niveles de confrontación política, y de protesta social.

Otro ejemplo de sucesión caótica es el que tuvo Bolivia con la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, apenas a un año y dos meses de haber asumido el cargo; sustituido por el vicepresidente Carlos Mesa, quien solo pudo gobernar un año y siete meses; ante su renuncia habrían tenido que asumir la presidencia el presidente del senado y de la cámara de diputados, quienes también renunciaron, por lo que asumió el poder el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, quien básicamente cumplió con la obligación de realizar nuevas elecciones en los siete meses en los que estuvo a cargo. Digamos que la crisis iniciada con Sánchez de Lozada solo se resolvió tres años y cuatro meses después, con la llegada de Evo Morales a inicios de 2006.

Pero también hay casos exitosos, aún en contextos de crisis muy graves. En Brasil, escándalos de corrupción llevaron a la destitución de Fernando Collor a finales de 1992, después de un año y nueve meses de gestión. El vicepresidente Itamar Franco asumió la presidencia, en medio no solo de una grave crisis política, sino también económica. El éxito en estabilizar la economía, con la gestión del ministro de hacienda Fernando Henrique Cardoso, permitió que Franco tuviera una gestión exitosa, que Cardoso fuera elegido y reelegido presidente, que gobernara entre 1995 y 2002, y que iniciara el periodo que hasta no mucho era percibido como el del “milagro brasileño”, que como sabemos se desbarrancó años más tarde.

Vizcarra llega al poder después de un año y ocho meses de gestión de Kuczynski, y los tres años y cuatro meses que tiene por delante son un periodo muy largo como para solo hacerse el muertito y dejarse llevar por la corriente. A favor cuenta con un buen entorno económico, y cierta buena voluntad de los actores políticos, interesados en llegar al 2021 en las condiciones más favorables. Pero también es cierto que al fujimorismo le sigue preocupando el escenario judicial y la izquierda sigue siendo crítica con el modelo económico como durante Kuczynski, por lo que puede terminar igual de atenazado. Por ello debería intentar ganar espacio y legitimidad ante la opinión pública con iniciativas anticorrupción, con la reconstrucción y la recuperación económica, con el combate a la inseguridad, recuperando iniciativas de reforma en educación y salud. ¿Le alcanzará con el equipo que tiene?

Corrupción y Lula

Artículo publicado en La República, domingo 15 de abril de 2018

He intentado leer todo lo que he podido sobre el encarcelamiento del expresidente Lula, buscando las fuentes más confiables y las opiniones de colegas brasileños que más respeto, tratando de ser lo más comprensivo. Necesario para hacerse una opinión en medio de la polarización existente y no quedarse en los clichés de cada sector.

Empecemos por la negación del hábeas corpus presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por la defensa de Lula: en medio de las complejidades legales, me parece claro que lo reñido de la votación (seis votos contra cinco) refleja lo controversial del asunto; que no es que los magistrados conservadores hayan votado en contra de Lula, o que los moderados lo hayan hecho a favor; y que el encarcelamiento del presidente expresa un activismo judicial (por contraposición a posiciones más tradicionales “garantistas”) consecuencia de una creciente autonomía y fortalecimiento de las instituciones del sistema anticorrupción en Brasil, que se gestó, desde los años de la presidencia de Lula. Por supuesto que se pueden cometer excesos y errores, pero de allí a decir que las sentencias son arbitrarias y sin sustento hay un gran trecho.

Amigos de izquierda suelen repetir que “no existen pruebas” contra Lula, que su sentencia condenatoria en primera y segunda instancia, y la negación del hábeas corpus es resultado de una maniobra política de la derecha. Desde el Perú podríamos decirles que con un garantismo extremo no podríamos haber encarcelado ni a Abimael Guzmán ni a Alberto Fujimori, salvando las distancias entre los casos. El famoso triplex en São Paulo no está a nombre de Lula en los registros públicos; pero por testimonios, información indirecta y contextual se puede inferir que era parte de un soborno. Por supuesto, se puede discutir la validez de la inferencia, pero no la legitimidad de la argumentación. Y el hecho de que la sentencia de Lula haya sido ratificada y ampliada en segunda instancia por unanimidad, no debería ser pasado por alto.

Se señala también que la justicia sería selectiva y sesgada, drástica y rápida con Lula, pero ineficiente con por ejemplo el presidente Temer, sobre quien penden también graves acusaciones (argumento que en nuestro país usan los fujimoristas para criticar al fiscal José Domingo Pérez, por cierto). Puede ser, pero no puede obviarse que Lula como candidato presidencial hubiera tenido muchas maneras de obstruir la acción de la justicia; que uno de los impulsores de la destitución de Dilma Rousseff, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, dirigente del PMDB, está en prisión condenado a quince años; que la mayoría de procesos judiciales relevantes todavía tienen para largo; y que si Temer no es procesado es porque cuenta con la protección constitucional del “fuero privilegiado”, amparado por el Congreso.

Finalmente, argumentos del tipo de que Lula es muy popular, que es el favorito para ganar las elecciones de este año, que la derecha más reaccionaria pretende volver al poder, que no hay que caer en la ingenuidad del honestismo, etc., me parece que no hacen más que ilustrar cuánto ha perdido la brújula nuestra izquierda continental y cuánto se parece a los adversarios que dice combatir. ¿Desde cuándo la izquierda normalizó tanto la corrupción y la justificó en nombre del realismo político? El primer paso para salir del hoyo debe ser reconocer que los esquemas de corrupción que asolaron Brasil y a muchos países de la región se gestaron durante los más de quince años de gobiernos del PT, y particularmente, durante los años de Lula. Y que ello es inaceptable.

El gobierno Vizcarra – Villanueva

Artículo publicado en La República, domingo 8 de abril de 2018

Hace unas semanas comentábamos que los diferentes sectores que pensaban que la caída de Kuczynski era preferible, imaginaban cada uno un Vizcarra a la medida. Una vez juramentado el nuevo presidente, estas expectativas se expresaron en la desaforada lista de nombres, trascendidos, consultas, que despertaban indignación o entusiasmo, según quien mirase. Ciertamente, era imposible que el nuevo gabinete satisfaciera a todos; lo importante era que el presidente y el presidente del Consejo de Ministros pudieran ensamblar uno que les permitiera gobernar.

Que la cabeza sea Villanueva resulta una opción lógica: existe una relación personal con el Presidente, tiende un puente al Congreso, abre una puerta a las regiones. Villanueva es un prototípico político regional, que alcanzó dimensión nacional, al igual que Vizcarra: presidente de la región San Martín, reelecto con una gestión exitosa (2006-2010, 2011-2014), Presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales en dos ocasiones (2008-2009, 2012-13, expresiva del ascendiente que despertaba entre sus pares). Pero atención que el salto desde San Martín o Moquegua a la implacable Lima no es nada sencillo, y Villanueva lo sufrió en su breve paso por la Presidencia del Consejo de Ministros (octubre 2013 – febrero 2014). Desde su elección al Congreso, por su región y con Alianza para el Progreso (APP), esperamos haya aprendido las artes necesarias para sobrevivir en la capciosa y traicionera Lima.

Dicho sea de paso, creo que no puede deducirse del liderazgo de Villanueva un mayor poder de APP, ni ninguna influencia partidaria de la presencia de alguno de los ministros. Hace tiempo que nuestra política vive de políticos sin partido, o que usan diferentes políticos para desarrollar sus propias carreras políticas. Villanueva empezó postulando en 1980 a diputado por la UDP de Carlos Malpica, luego postuló en 2001 al Congreso por Somos Perú – Causa Democrática. Consolidó su carrera con su movimiento regional Nueva Amazonía (NM), para terminar en APP. En el camino, NM tuvo relación, en las elecciones de 2006, tanto con Unidad Nacional como con el partido de Susana Villarán, y en 2011 con Perú Posible. No es una crítica, así se hace política en nuestros tiempos.

¿Qué decir del Consejo de Ministros? Algunos están allí por la cercanía con el presidente, como Trujillo en Transportes; está el político Heresi, puente con el Congreso, PPK (el partido) y el fujimorismo en un sector clave; luego están los ministros “a la derecha”, guardianes del modelo (Tuesta en el MEF, Córdova en Producción, Ismodes en Energía); contrapesados por el “ala izquierda”, en ámbitos “sociales” (Balbuena en Cultura, Sánchez en Trabajo, La Rosa en MIDIS; los demás llegan porque han sido viceministros, directores generales o tienen cierto reconocimiento en su sector.

Vistas las cosas en perspectiva, se trata de un Consejo que sigue el patrón que vemos sin interrupciones desde 2001: un ala ortodoxa que maneja la economía, en ocasiones complementada con un ala progresista en algunas áreas, últimamente las sociales. Balance que se inclina ligeramente en un sentido u otro según las coyunturas (Toledo y Humala más a la izquierda; García a la derecha; Zavala a la izquierda, Aráoz a la derecha; Villanueva otra vez a la izquierda), pero donde pesa más en los nombramientos la influencia del expertise técnico y de sus redes locales e internacionales antes que presiones partidarias. Tan fuerte es esta inercia que, como se ha señalado, cambia todo pero el dólar no se mueve y la bolsa sube.

¿Cómo le irá a la dupla V-V? Seguimos la próxima semana.