domingo, 3 de noviembre de 2019

¿Crisis del modelo?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 2 de noviembre de 2019

A propósito de las protestas en Chile, se discute sobre la “crisis del modelo”. El problema con este debate es que se presta en exceso a respuestas ideológicas: si simpatizas con el mismo, pensarás que debe continuar, y si no, que debe ser cambiado. Además, cada quien parece tener en mente cosas diferentes cuando hablamos del “modelo”; por último, una defensa común es diferenciar “el modelo” abstracto de su aplicación concreta. ¿Cómo evaluar su funcionamiento entonces? ¿Cómo abordar esta discusión de manera productiva?

Partamos de aceptar que todos tenemos simpatías ideológicas válidas, de acuerdo a nuestros valores y preferencias. Pero la discusión debe centrarse en cuáles resultan más útiles, pertinentes, adecuadas para los contextos y las situaciones específicas. Por así decirlo, el periodo 1930-60 era bueno para ser keynesiano y malo para ser monetarista, mientras que los años 1970-80 fueron más bien al revés. Una cosa es buscar reactivar la economía y otra estabilizar graves desequilibrios. Segundo, me parece que la aplicación de un modelo no puede desvincularse de los incentivos que establece. Cuando colapsó la Unión Soviética en la década de los años noventa, defensores del comunismo intentaban defender el modelo distinguiéndolo de su aplicación: quien falló fue Stalin, los burócratas del partido, o la corrupción de un sector del politburó. A estas alturas, entendemos que un modelo de decisión altamente centralizado y vertical de toma de decisiones conduce casi inevitablemente a lógicas autoritarias, a la arbitrariedad, la ineficiencia.

Volviendo a Chile, estamos evaluando el funcionamiento del modelo de economía orientada al mercado. Si miramos el contexto de la región, encontramos que sus principios centrales (equilibrio fiscal, acumulación de reservas internacionales, promoción de la inversión privada), rigen a la gran mayoría de países, incluyendo algunos orientados hacia la izquierda. Puede verse que algunos países que siguen ese camino avanzan en medio de sus dificultades (Panamá, Colombia), y también que los que se han alejado de él tampoco la están pasando bien. Y no solo en los casos extremos como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, también Argentina o Ecuador, países con graves desequilibrios macroeconómicos. El caso boliviano es particularmente interesante, porque buena parte de la prosperidad económica que ha favorecido a Evo Morales tiene que ver con cierta ortodoxia macroeconómica y, pese a los conflictos iniciales, a relativamente buenas relaciones con el capital privado nacional y extranjero. La gran diferencia en ese país estuvo en la negociación de condiciones tributarias mucho más exigentes para empresas en el estratégico sector hidrocarburífero. Pero no se ha resuelto el problema de la sostenibilidad y vulnerabilidad económica frente a las variaciones en el precio del gas.

¿Cuál sería el problema en Chile? Me atrevería a decir que la clave está en la implementación del modelo en un contexto autoritario, que dejó el legado de cierta hegemonía conservadora (que la Concertación no logró revertir), y de un sistema político bastante elitista, que a la larga devino en prácticas de corrupción, en la recurrencia de conflictos de interés y colusión entre las esferas económica y política. Ellas efectaron a todo el espectro político, de allí que hoy asistamos a una grave crisis de representación. No se trata de tirar al bebé con el agua sucia de la bañera, pero enfrentar esta crisis parece requerir de una suerte de refundación política que haga viables las correcciones económicas.

¿Qué está pasando en la región?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 26 de octubre de 2019

En las últimas semanas nos han impresionado diferentes sucesos en la región, que generan la percepción de estar viviendo una situación inédita de crisis: las protestas en Chile y en Bolivia, los problemas de seguridad en México (Culiacán), entre otros. Aparece la tentación atribuir una causa o dinámica común a todos estos sucesos. Ciertamente hay factores que recorren a toda la región y que han creado una sensación de malestar generalizado. Según el Barómetro de las Américas de 2019, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la región ha caído notoriamente: en 2012 un 57.8% de los encuestados declaraba sentirse satisfecho, pero en 2019 apenas un 39.6%.

¿Qué explica ese bajón? En primer lugar, está la caída en las tasas de crecimiento, visible desde 2013. Segundo, ese frenazo se da después de un ciclo espectacular de crecimiento entre 2003 y 2012, que redujo la pobreza y la desigualdad, e hizo crecer a una clase media que amplió sus expectativas y exigencias, pero sin llegar a superar una situación de gran precariedad. En este periodo, además, se formó una nueva generación, más exigente y más conectada a través de nuevas tecnologías, y por lo tanto con mayor capacidad de acción colectiva. Según el Barómetro… un 64.4% de los encuestados en todos los países de América es usuario de WhatsApp y un 56.2% de Facebook, y entre los menores de 25 años, un 80% usa las redes sociales de manera frecuente. También se encuentra que entre los que usan más frecuentemente las redes sociales el nivel de satisfacción con la democracia es más bajo que el de los usuarios poco frecuentes. Tercero, están los problemas de corrupción que han recorrido toda la región: hemos tenido más dinero, con instituciones débiles; que luego han dado lugar a escándalos, como consecuencia de investigaciones judiciales y periodísticas. Y cuarto, está el desafío que enfrenta el Estado de actores ilegales, que también crecieron en el marco del boom del precio de los commodities, que han puesto en el centro de la agenda temas de seguridad ciudadana en muchos países.

Entonces, encontramos algunos países en donde las protestas y el malestar se asocian al freno económico y sus consecuencias. En Ecuador o Argentina, el detonante es la necesidad y al mismo tiempo la inviabilidad política de implementar medidas de ajuste después de políticas fiscales irresponsables. O son consecuencia de intentos problemáticos de cambiar esquemas ineficientes de provisión de servicios (educación, salud), como recientemente en Honduras, y hace algunos años en México (Oaxaca), o Perú o Colombia, expresados en grandes protestas magisteriales. En otros países, el malestar está en la frustración de una nueva clase media, desencantada con la élite política, ante subidas en las tarifas de diversos servicios (transporte, salud): Chile en estos días, antes Brasil con las protestas contra Dilma Rousseff, por ejemplo. En otros países, el problema es enteramente otro: el intento de perpetuarse en el poder por parte de líderes autoritarios que se consolidaron durante los años del boom, como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o Morales en Bolivia.

Finalmente, en otros contextos las fuentes de inestabilidad son consecuencia de la acción de mafias o grupos armados que desafían y hasta se imponen sobre la autoridad del Estado, como en Colombia, México, y varios países de Centroamérica.

Como puede verse, estamos ante circunstancias y desafíos comunes, pero con variantes y respuestas muy diferentes entre los países. Lo que lamentablemente no es nada claro es cuáles son los caminos de salida.

Constitución y equilibrio de poderes (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 19 de octubre de 2019

La semana pasada comentaba que la disolución del Congreso debía entenderse en el marco de un diseño constitucional presidencialista, pero con incrustaciones propias de los regímenes parlamentarios. Ellos buscan, de un lado, limitar el poder del ejecutivo cuando este tiene mayoría, y del otro, dar una salida institucional al bloqueo que se produce cuando enfrenta una mayoría hostil en el parlamento (en el pasado, esta situación desencadenó golpes de Estado). Para este último caso se creó la posibilidad de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias, si es que se censuran a dos Consejos de Ministros. Ciertamente es una medida extrema que debe evaluarse con mucha prudencia.

Durante el actual periodo de gobierno, hemos visto por primera vez la puesta en práctica de este mecanismo, dado que desde 1993 siempre hemos tenido gobiernos electos que lograron construir mayorías. Y hemos visto una pedido de confianza respaldando la gestión de una ministra en particular bajo amenaza de censura (Fernando Zavala con Marilú Martens), dos pedidos de confianza referidos a la aprobación de diferentes iniciativas legales y reformas constitucionales (con César Villanueva y con Salvador del Solar), y uno referido a un asunto que es competencia del Congreso, la forma de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. De esta manera, lo que en teoría parecía un mecanismo muy poco práctico (¿por qué un Congreso censuraría dos Consejos de Ministros si sabe que lo pueden disolver?) se ha convertido en un mecanismo muy amplio, sin mayores restricciones, consagrado por la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado.

Si bien pienso que la disolución del Congreso por parte del Presidente Vizcarra se mueve dentro de los cánones constitucionales, también pienso que sería muy importante que el Tribunal Constitucional establezca parámetros que al mismo tiempo aseguren su viabilidad y aplicación como herramienta del poder ejecutivo, pero también prevengan abusos. Por ejemplo, la Comisión de Venecia recientemente señaló que si bien relacionar una reforma constitucional a una moción de confianza no puede ser definido como inconstitucional, sí expresa preocupación porque las reformas constitucionales requieren amplio debate y consensos, algo que parece reñido con un mecanismo que requiere definiciones inmediatas como la cuestión de confianza. Es una preocupación legítima.

En el corto plazo, considero que sería muy bueno que el Tribunal Constitucional admita a trámite la demanda competencial presentada por el Presidente del Congreso. La decisión del TC debe darse en el mejor clima político posible, por lo cual es un error que el Procurador de la PCM denuncie ante la Fiscalía al Presidente del Congreso por haber presentado la demanda competencial; y es también un gran error que la Comisión Permanente pretenda hacer funcionar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Finalmente, considero que sería un grave error que el Jurado Nacional de Elecciones no defina pronto si es que los congresistas electos en 2016 pueden postular en 2020. Si atendemos al sentido de atar la disolución a la convocatoria de elecciones, deberíamos entender que se deja en manos del ciudadano la definición de quién tuvo razón en el conflicto entre ejecutivo y legislativo; desde este ángulo, debería permitirse que los congresistas disueltos puedan postular. Pero al mismo tiempo, en el referéndum de diciembre pasado, establecimos la no reelección de congresistas. El tema es ambiguo, y corresponde al JNE definirlo pronto.

Constitución y equilibrio de poderes



Artículo publicado en El Comercio, sábado 12 de octubre de 2019

No soy ni pretendo pasar por constitucionalista, pero como politólogo he estudiado los regímenes políticos, las relaciones entre ejecutivo y legislativo y los problemas de gobernabilidad en el contexto del presidencialismo, así que creo que algo podemos aportar a la discusión.

El Perú tiene un diseño constitucional particular: es un régimen presidencialista (el pueblo elije de manera directa al Presidente, quien a su vez es el jefe del gobierno, durante un periodo fijo) pero, dada la desconfianza (fundada) que tenemos por el caudillismo y el autoritarismo, hemos buscado limitar su poder: prohibiendo la reelección inmediata, estableciendo mayorías calificadas para aprobar algunos asuntos clave o estipulando que el Congreso pueda pasar por encima de la observación de una ley por parte del Presidente con solo más de la mitad del número legal de sus miembros. Y además, insertando elementos de sistemas parlamentarios, en los que el Congreso elige al Jefe de Gobierno. Así, hemos creado la necesidad de que el Consejo de Ministros obtenga la confianza del Congreso, las interpelaciones y censuras a los Ministros y al Consejo de Ministros. Esto hace que, visto en perspectiva comparada, y contra el sentido común de muchos, nuestro presidencialismo sea uno de los más débiles frente al poder de control del parlamento.

De la debilidad del ejecutivo frente al parlamento no nos hemos dado cuenta porque tenemos la idea errónea de que la Constitución de 1993 es fuertemente presidencialista y porque los Presidentes lograron construir mayorías en el Congreso en todos los gobiernos, desde entonces hasta 2016. Surge entonces un tema de amplia discusión en la ciencia política: la gobernabilidad de regímenes presidencialistas con Congresos con mayoría opositora beligerante. Perú sufrió esta situación en el primer gobierno de Belaunde (1963-1968), por lo que la Constitución de 1979, y aún más la de 1993, buscaron equilibrar la situación, dándole al ejecutivo la posibilidad de disolver el Congreso si este niega la confianza a dos Consejos de Ministros.

La disolución del Congreso abre la posibilidad para una salida institucional, propia de los regímenes parlamentarios, para solucionar el bloqueo que condujo en nuestro país a golpes de Estado en 1948 (Bustamante), 1968 (Belaunde) ó 1992 (Fujimori). Mi opinión es que nuestro camino constitucional no es tan malo: en todo caso, no me parece peor que las alternativas: hacer más presidencialista nuestro régimen (muy peligroso), o pasar a un régimen parlamentario (del que no tenemos ninguna experiencia, y puede resultar fatal con partidos tan débiles). Hasta hace poco, la disolución parecía un mecanismo poco práctico, hasta que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de noviembre del año pasado, hizo explícito que la cuestión de confianza debía entenderse de manera abierta, sin mayores restricciones, incluyendo la aprobación de normas y procedimientos legislativos.

Así, opino que la reciente disolución se ajusta a los cánones constitucionales, al haber sido desaprobada en los hechos una iniciativa del Presidente del Consejo de Ministros por la que hizo cuestión de confianza, y al haberse acompañado de la convocatoria a elecciones. Lo que sí me parece altamente cuestionable es haberla presentado súbitamente por un asunto (la selección de los magistrados del TC) que solo apareció en la agenda una vez que fracasó la propuesta de adelanto de elecciones. Y también pienso que, dado el carácter altamente controversial de la disolución, sería muy conveniente que merezca un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

lunes, 7 de octubre de 2019

¿Y ahora? (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 5 de octubre de 2019 

La semana pasada decía en este mismo espacio “como en el boxeo, el Presidente recibió un golpe muy difícil de encajar, que lo obligará a replantear su plan de pelea o cambiar de estrategia. La propuesta de cambio en las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional, lamentablemente, no me parece mucho más que un intento de reacción sin muchas posibilidades de éxito”. Una semana después, el Presidente aparece como el triunfador absoluto de la confrontación política iniciada en 2016, y el Congreso está disuelto.

No creo haberme equivocado al pensar que el escenario, vistas las cosas desde apenas la víspera de la disolución, pintaba muy mal para el Presidente. Su propuesta de adelanto de elecciones, presentada el 28 de julio, había sido archivada por la Comisión de Constitución, y el ejecutivo no había logrado presentar una cuestión de confianza sobre este asunto. Proponer una súbitamente sobre el procedimiento de eleccíón de los miembros del Tribunal Constitucional, asunto sobre el cual el gobierno no se había pronunciado hasta ese momento, parecía el intento de anotar una suerte de gol de honor ante una derrota consumada. Vistas las cosas estratégicamente, el fujimorismo exhibía un cómodo control del Congreso a través de una amplia coalición conservadora, por medio de la cual sumaba a los votos del APRA los recuperados de Cambio 21, y además los de Contigo, Acción Republicana, APP y parte de AP, acercándose así a los dos tercios de los votos, lo que hacía que el tema de la declaratoria de la vacancia presidencial fuera una amenaza creíble. Pensé que ante el pedido de confianza presentado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Congreso la aprobaría sin más, para no dar pretextos que llevaran a su disolución, más todavía considerando que en una entrevista el domingo 29 el Presidente había advertido explícitamente que esa era su intención.

¿Cómo explicar la conducta suicida del Congreso? Me parece que no cabe apelar a ninguna forma de cálculo, interés o explicación racional, porque el desenlace ha sido su derrota absoluta. De haberse hecho una pequeña concesión, el Congreso seguiría teniendo hoy la sartén por el mango. La soberbia es muy mala consejera, y el ensimismamiento en sus tesis y posturas, desoyendo otras maneras de ver las cosas, resultó fatal para éste, y le permitió al Presidente imponerse cuando parecía perdido. Es impresionante la manera en que Fuerza Popular dilapidó su enorme capital político en poco más de tres años.

Es de lamentar que se haya llegado a la situación extrema en la que estamos, en la que la legalidad y la constitucionalidad se convierten en una extensión de los conflictos políticos, al uso instrumental de las normas para justificar posiciones de parte. El problema no está tanto en la Constitución o en el Presidencialismo parlamentarizado, sino en la falta de una mínima actitud cooperativa y de un mínimo sentido de la prudencia en los actores políticos.

¿Qué sigue? Si bien la constitucionalidad de lo ocurrido es ampliamente debatible, no lo son sus consecuencias prácticas: el presidente Vizcarra ya juramentó a su nuevo Consejo de Ministros, tenemos elecciones convocadas para enero y el Tribunal Constitucional, si acepta la demanda competencial de la Comisión Permanente, tardará un tiempo en pronunciarse. Mientras tanto, el país no puede parar. ¿Cuál es la agenda que propondrá el poder ejecutivo, ahora que puede gobernar vía decretos de urgencia? Urge un espacio de diálogo y concertación que ocupe el espacio que ha dejado el Congreso: ¿el Acuerdo Nacional podría servir para ello?

¿Y ahora?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 28 de septiembre de 2019

Como en el boxeo, el Presidente recibió un golpe muy difícil de encajar, que lo obligará a replantear su plan de pelea o cambiar de estrategia. La propuesta de cambio en las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional, lamentablemente, no me parece mucho más que un intento de reacción sin muchas posibilidades de éxito.

El 28 de julio, el presidente Vizcarra lanzó una inesperada y audaz propuesta para enfrentar la suerte de relativo punto muerto al que se llegó después de la discusión sobre la reforma política. Parecía un planteamiento razonable: adelantar las elecciones, reconociendo el fracaso tanto del ejecutivo como del legislativo en construir una relación mínimamente cooperativa. Probablemente el ejecutivo evaluó que, dado que el Presidente ponía el recorte de su propio mandato por delante, el importante apoyo de la opinión pública, y la eventual movilización ciudadana, el Congreso podría haber respondido haciendo lo propio. No sería fácil, pero mediante una negociación política podría haberse logrado el adelanto y una agenda mínima de transición.

Pero del 28 de julio hasta ahora hemos visto otra cosa. Para empezar, el Congreso mostró una nueva faz: lo que parecía en algún momento un debilitamiento del fujimorismo, con la reducción de su bancada a 54 miembros, ahora resulta un fortalecimiento en clave conservadora. Fuerza Popular aparece como parte de una coalición por medio de la cual recuperó el control de la mesa directiva, y que que suma, para algunos temas clave, hasta dos tercios del Congreso. La ilusión de que la recomposición de fuerzas en la nueva legislatura permitiría un juego más abierto en realidad ha mostrado una convergencia conservadora, que articula a congresistas que llegaron al parlamento dentro de las listas de PPK, APP y hasta del Frente Amplio. El protagonismo de voceros con posturas conservadoras se ha acentuado, de modo tal que, si en la anterior legislatura escuchábamos a Daniel Salaverry en la conducción del Congreso junto a Leila Chihuán, y a Carlos Tubino como vocero del fujimorismo, hoy tenemos que escuchar a Pedro Olaechea junto a Karina Beteta, y a Milagros Salazar como vocera de Fuerza Popular. A quienes se suman voceros de otras bancadas que hoy resultan más relevantes en medio de la consagración de la fragmentación extrema que estamos viviendo en esta legislatura. Y de otro lado, la respuesta de la ciudadanía no fue tan fuerte como se hubiera esperado, acaso saturada y exánime ante una larga y compleja confrontación política que se intuye sin salida sencilla.

Esta nueva hegemonía conservadora es la que hizo imposible gestar un acuerdo, con lo que la propuesta de adelanto de elecciones terminó siendo archivada por la Comisión de Constitución sin llegar si quiera al pleno. El problema es que el ejecutivo nunca llegó a tener un “plan B” viable. No se logró un acuerdo en el Consejo de Ministros para atar la propuesta de adelanto de elecciones a la presentación de una moción de confianza. Finalmente, la respuesta ha sido proponer un cambio en las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional, que podría ser razonable, pero que muy difícilmente podrán impedir la votación que se llevará a cabo el lunes.

Muy probablemente, entonces, el ejecutivo sufra una segunda derrota este lunes, que se sumará a la del viernes. ¿Qué podrá hacer para recuperar la iniciativa y poder poner temas relevantes en la agenda política? La marea se ha puesto claramente en contra, pero podría volver a cambiar. El país necesita recuperar una agenda de reformas y de lucha contra la corrupción.

El Perú en contexto



Artículo publicado en El Comercio, sábado 21 de septiembre de 2019

Si vemos nuestro país en perspectiva comparada regional, ¿qué podríamos decir? A finales de julio, la CEPAL lanzó una proyección de crecimiento para América Latina de apenas 0.5%. Perú tiene un estimado de 3.2%, ciertamente bajo, pero en sudamérica solo estamos debajo de Bolivia (con 4%), y por supuesto miramos con alivio a Argentina (-1.8%) y Venezuela (-23%, una catástrofe). Si incluímos a América Central, solo nos superan Honduras (3.5%), Panamá (4.9%) y República Dominicana (5.5%), subregión en la que Nicaragua tiene crecimiento de -5%. Se ahonda la percepción de estancamiento, pero al menos queda el consuelo de que seguimos estando mucho mejor que otros.

Donde seguimos pésimo es en el ámbito político e institucional. Según el Latinobarómetro de 2018, Perú, con Guatemala y Nicaragua, aparece como uno de los países en donde la mayoría de votantes es incapaz de mencionar alguna preferencia electoral; uno de los países con menor confianza interpersonal (junto a Brasil, Costa Rica y Venezuela), con el menor nivel de confianza en el poder judicial (junto a Nicaragua y El Salvador), en los partidos políticos y en el gobierno (junto a Brasil y El Salvador), y con el más bajo nivel de confianza en el Congreso (más bajo aún que en El Salvador, Brasil o Nicaragua). Al mismo tiempo, tenemos el porcentaje más alto de percepción de que la corrupción es el problema más grave del país, junto a los colombianos y brasileños.

Vivimos una gran incertidumbre respecto a si tendremos elecciones generales en 2020 ó 2021, y respecto a los posibles candidatos; pero no nos estamos jugando tanto como en dos de los tres países que tendrán elecciones en octubre. En Bolivia Evo Morales intentará un cuarto mandato violando flagrantemente la Constitución; en Argentina, en medio de una caída del producto y de gran incertidumbre, el peronismo podría volver al poder. En Uruguay, podemos asistir al final del ciclo del Frente Amplio, con quince años en el poder.

Vistas las cosas en este marco, podría decirse que Perú parece confirmar lo que hemos visto en los últimos años: una notable, para nuestros estándares tradicionales, fortaleza económica (aunque con señales preocupantes de desaceleración), conviviendo extrañamente con una continua precariedad política. La gran pregunta de fondo sería si se va a mantener o no la inercia de los últimos años.

Esa inercia está marcada por una economía, que si bien se enturbia con la incertidumbre política, sale adelante a pesar de todo, gracias a la autonomía tecnocrática en áreas clave como el MEF y otras. A pesar de la incertidumbre electoral, las redes tecnocráticas se terminen imponiendo, estableciendo matices, pero sin rupturas importantes. Los políticos pueden ser vocingleros, pero muchas de las políticas públicas “que verdaderamente importan” se siguen gestando en cenáculos en los que la cooperación internacional, ONGs y redes de expertos definen las cosas. La política interviene en los márgenes, aunque tenga mucha exposición, que genera un ruido que alimenta la desafección política.

El problema es que en los últimos años la legitimidad de los tecnocrátas y su cohesión se ha debilitado significativamente. Las redes de expertise se confunden con grupos de interés y con lobbies. Además, parecemos ya ubicados en la llamada “trampa” de los países de ingresos medios. Y existe la posibilidad de que los políticos no estén más dispuestos a ceder las grandes decisiones a los “expertos”; tendremos un elenco “renovado” de candidatos, dada la “depuración” impuesta por los escándalos del caso lava jato.

Hacia una agenda de transición



Artículo publicado en El Comercio, sábado 14 de septiembre de 2019 

Seguimos en medio de una gran incertidumbre respecto a si el Congreso aprobará o no la propuesta del Presidente de adelanto de elecciones, y que haría éste en el caso de que Congreso no lo hiciera. En cualquier caso, conviene pensar un poco en cuál debería ser una agenda de consenso que permita minimizar los costos de la transición.

Uno de los asuntos de esa agenda debería ser retomar la discusión de la reforma política: no podemos ir a elecciones con las mismas reglas si queremos mejores resultados. Urge completar la reforma del financiamiento de la actividad política, iniciada con la tipificación del delito de financiamiento ilícito. Falta aprobar los otros componentes del proyecto presentado por el poder ejecutivo, donde se norma el financiamiento privado y público, se establecen medidas de transparencia y rendición de cuentas, se imponen sanciones administrativas y políticas frente al incumplimiento, entre otros. Segundo, falta la segunda votación que permita culminar la reforma constitucional que impida que sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos de elección popular, y aprobar la ley respectiva que precise sus alcances. Tercero, quedó pendiente terminar la reforma constitucional referida al ejercicio de la inmunidad parlamentaria. ¿No sería una gran iniciativa del Congreso retomar ese debate para lograr una fórmula de consenso que haga que el levantamiento de la inmunidad quede a cargo de una instancia ajena al Congreso? Acaso ese gesto permitiría destrabar otros.

Pensando en otros asuntos urgentes que no fueron parte de los seis proyectos referidos a la cuestión de confianza aprobada en junio, uno que me parece muy importante es el proyecto que plantea modificaciones a la ley orgánica de elecciones para facilitar el sufragio y mejorar la gestión del proceso electoral, en el que por ejemplo se establecen pagos a los miembros de mesa, se permite la difusión de encuestas hasta 24 horas antes de las elecciones, se permite asignar miembros de mesa en cualquier mesa dentro del mismo local de votación, se permite la votación en centros penitenciarios o establecimientos de salud, entre otros.

Otra cuestión que podría inesperadamente ganar consenso es retomar el debate sobre la vuelta a la bicameralidad, pero no aquella aprobada por el Congreso en octubre y rechazada en referéndum en diciembre, si no la propuesta consensuada entre legislativo y ejecutivo antes de que se introdujeran las distorsiones que llevaron a que el presidente Vizcarra llamara a votar en contra. Esto implicaría implementar una reforma política de fondo, que expresaría el logro de un consenso relevante entre los poderes del Estado.

En otros frentes institucionales, deberían terminar de aprobarse los proyectos pendientes referidos a la reforma de la justicia; y lograr un acuerdo político para que el Congreso que no impida las investigaciones que propone la Fiscalía contra fiscales y jueces con indicios de inconductas; y para fortalecer las capacidades y respetar la autonomía de jueces y fiscales en su esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

En el terreno económico y social, ya están sobre la mesa el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad presentados por el ejecutivo, la Agenda País propuesta por la CONFIEP, entre otras iniciativas. Urge también acuerdos puntuales en torno a una agenda social (educación, salud, desarrollo social), en la que además podrían involucrarse los gobiernos regionales y locales. Una lástima que esta agenda, siendo posible, se entrampe por la primacía de miradas cortoplacistas.

Sobre el obstruccionismo de Fuerza Popular



Artículo publicado en El Comercio, sábado 7 de septiembre de 2019

Está en estos días en discusión la naturaleza del “obstruccionismo” de Fuerza Popular frente a las iniciativas del poder ejecutivo. En la sesión de la Comisión de Constitución del 4 de septiembre, el congresista Miguel Angel Torres presentó información que abre un debate interesante. Al comparar solicitudes de interpelación presentadas y aprobadas en los periodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019, o el número de mociones de censura presentadas, el porcentaje de proyectos de ley presentados por el poder ejecutivo y archivados por el legislativo, los números no parecen mostrar diferencias muy significativas. También puede verse que en el periodo 2016-2019 las tres solicitudes de delegación de facultades presentadas por el ejecutivo fueron aprobadas, y que de 213 decretos legislativos elaborados por el ejecutivo, solo tres fueron observados en su totalidad por el Congreso. Torres citó también declaraciones recientes del Ministro de Economía, Carlos Oliva, en las que reconocía que “en el MEF hemos tenido una buena relación con el Congreso”.

A mi juicio, en lo que Torres tiene razón es en que la confrontación política actual no tiene mayor sustento programático. Recordemos que Kuczynski llamó a votar por Keiko Fujimori en 2011, y que ésta intentó integrar a Vizcarra a su candidatura presidencial de 2016 (según Martín Riepl en Vizcarra. Una historia de traición y lealtad. Planeta, 2019). En la misma línea, según un informe de ESAN y 50+1, la autopercepción ideológica de los parlamentarios electos de Fuerza Popular y de Peruanos por el Kambio muestra una gran cercanía (Informe Congreso Visible. Encuesta a congresistas electos, 2016-2021, 2016).

Pero la cosa cambia cuando entramos desde una aproximación cualitativa. Para empezar, no debe perderse de vista de que hablamos de un gobierno muy débil, y de un fujimorismo que contaba por sí solo con mayoría absoluta; aún ahora, sigue siendo un actor imprescindible para cualquier decisión. En periodos anteriores la conducta de la oposición no genera los terremotos que causa ahora. Segundo, si miramos áreas esenciales en el ámbito de la reforma institucional, el enfrentamiento ha sido una constante: por ejemplo, en la educación. Jaime Saavedra fue censurado por la mayoría como una expresión de pura fuerza, empujada por sectores que buscaban boicotear una reforma educativa que promueve la equidad de género y la fiscalización de la educación superior. Más adelante, cuestionamientos también desproporcionados contra la ministra Marilú Martens, llevaron al pedido de confianza del Presidente de Consejo de Ministros Fernando Zavala, y a la caída de todo el gabinete. Y los ataques a la reforma educativa continúan.

En otro frente crucial, encontramos que la lucha contra la corrupción y el ejercicio de la función fiscalización parece usarse desde el Congreso como herramienta política: ya sea para arrinconar al gobierno (el presidente Kuczynski fue víctima de ello, y ahora la mira parece puesta sobre el presidente Vizcarra), como para bloquear iniciativas incómodas para la mayoría, como las investigaciones contra los fiscales Chávarry y Gálvez. La lucha contra la corrupción y la reforma judicial es la causa más importante para el actual gobierno, y en este frente no ha primado la colaboración.

Llegar hasta el 2021 y evitar el adelanto de elecciones implicaría un acuerdo político que permita avanzar en la reforma educativa, en la lucha contra la corrupción, en la reforma de la justicia (y en la reforma política), además del frente económico. Si esto se asegurara, enhorabuena. Pero cabe ser escéptico al respecto.

Escenarios y amenazas



Artículo publicado en El Comercio, sábado 31 de agosto de 2019

En una negociación, es por supuesto importante apelar a la buena voluntad, al sentido de la responsabilidad y a la búsqueda del bien colectivo. Pero si una de las partes siente que está en una posición de fuerza, y el oponente de debilidad, es muy probable que busque imponerse. ¿Cómo llegar a una solución consensuada en la que se privilegie el beneficio común? Ayuda que ambas partes perciban que continuar en una lógica de enfrentamiento implica riesgos o costos excesivos para cada uno. Respecto a las relaciones entre ejecutivo y parlamento, ¿cómo estamos?

El poder ejecutivo ha puesto sobre la mesa la propuesta de adelanto de elecciones, mediante una reforma constitucional que acorta el mandato iniciado en 2016, y que luego debe ser sometida a referéndum. ¿Por qué el Congreso tendría que aprobarla y aceptar una derrota? El presidente llega a la mesa de negociación un poco debilitado, después de los sucesos de Tía María y el inicio de las investigaciones fiscales sobre el tema Chinchero.

Si el Congreso no acepta la propuesta, ¿cómo puede responder el ejecutivo? El presidente ya adelantó que podría recurrir a una nueva moción de confianza para forzar su aprobación. Anticipándose a este escenario, el presidente del Congreso ya inició consultas que buscan poner en cuestión la constitucionalidad de una moción de confianza para una reforma constitucional. Es un tema polémico, que probablemente termine con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que necesita cinco votos de siete para declarar inconstitucional una propuesta de ley. Así, la propuesta del presidente es riesgosa, con costos potenciales muy altos; el escenario de un gobierno debilitado y acosado hasta el final. Y en el último año de gobierno no es posible disolver el Congreso, con lo que el arma de la cuestión de confianza deja de funcionar. Así, el presidente no parece tener más alternativa que usar esa arma mientras pueda. Pero aún si gana, y logra disolver el Congreso, recordemos que tendríamos nuevas elecciones para elegir un Congreso que solo llegaría a julio 2021, fecha en la cual tendríamos elecciones generales. En un escenario sin reelección parlamentaria, ¿quiénes se presentarían a esas elecciones? El escenario sería altamente incierto y caótico.

¿Y si se presentara una cuestión de confianza sobre algún asunto que no implique una reforma constitucional? Puede ser, el problema es que el presidente aparecería como buscando cualquier pretexto antojadizo para disolver el Congreso, lo que perjudicaría su imagen y deslegitimaría sus intenciones; además, un Congreso consciente de que lo que se busca es disolverlo, muy difícilmente negaría una confianza. Un presidente deslegitimado a este extremo haría creíble un escenario de vacancia por incapacidad moral, que hasta ahora no existe.

Vistas las cosas desde el Congreso, rechazar el adelanto de elecciones implica también jugar su destino en el Tribunal Constitucional, asumiendo que el presidente presentará una cuestión de confianza sobre su propuesta. Parecería que seguirá ese camino, el de no dejarse doblegar sin pelear. El cálculo sería que mejor el caer peleando que simplemente rendirse; con la posibilidad eventual de imponerse. Pero el costo de este itinerario sería muy alto para el país y muy alto para el Congreso mismo, que consolidaría su imagen de obstruccionista.

Habría una salida razonable para el entrampamiento: adelantar las elecciones, pero evitando el referéndum. Sería una salida consensual, permitiría un proceso electoral más ordenado, y una agenda de transición construida colectivamente.

¿Punto de inflexión? (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 24 de agosto de 2019

La semana pasada comentaba que parte de la explicación del empantanamiento político en el que nos encontramos se entiende por el debilitamiento relativo del presidente Vizcarra, quien corre el riesgo de desarticular la coalición de intereses que lo ha sostenido hasta el momento. Las banderas de la lucha contra la corrupción y la necesidad de una reforma institucional le permitieron encauzar la indignación de la opinión pública, arrinconar a un Congreso desprestigiado y amalgamar un amplio frente, en el que convergía tanto el antifujimorismo como sectores liberales institucionalistas. El manejo del proyecto Tía María está haciéndolo perder puntos ante sectores liberales. Pero además el frente de la lucha contra la corrupción no se percibe tan sólido como antes.

Hasta no hace mucho, el caso de los “cuellos blancos del puerto” y el papel del Fiscal Chávarry permitió muy nítidamente presentar al ejecutivo liderando la lucha contra la corrupción, dentro de la cual el equipo especial de la Fiscalía anticorrupción resultaba siendo el protagonista central. Nuevamente, un muy amplio espectro resultaba siendo parte de este frente, aislando a la mayoría parlamentaria, que incluso parecía actuar en contra de los propios intereses de Keiko Fujimori, en prisión preventiva acusada de obstruir el funcionamiento de la justicia. Luego, avances en la acción de la Fiscalía que permitieron las detenciones de Susana Villarán y Alejandro Toledo legitimaron aún más su accionar, y disiparon los temores de una acción sesgada políticamente.

Pero en las últimas semanas las cosas se han puesto más complicadas. La revelación de la existencia de pago de sobornos por parte de Odebrecht en proyectos no contemplados en el acuerdo de colaboración eficaz puso en debate las estrategias de la Fiscalía; más adelante, la posibilidad de que Odebrecht pueda recibir un reembolso por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla abrió la puerta a más cuestionamientos, que incluyeron el enfrentamiento entre miembros de la Procuraduría anticorrupción e incluso al propio presidente Vizcarra. Finalmente, otro episodio relevante es la controversia en torno al pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía en contra del expresidente Kuczynski.

Quizá estas fisuras ayuden a entender por qué, pese a que el parlamento dilata la discusión de la propuesta del presidente de adelanto de elecciones, la presión pública sobre el Congreso no es tan fuerte como uno se hubiera imaginado el 28 de julio pasado. La mayoría congresal tiene espacio para legitimar un discurso según el cual la Fiscalía comete excesos, con lo cual habría que ser más cuidadosos con la evaluación de su actuación. Esto ha permitido que incluso el fiscal supremo Tomás Gálvez haya ido tan lejos como pedir la remoción de los Fiscales Vela y Pérez del equipo especial.

Entonces, tenemos simultáneamente sobre la mesa la propuesta de adelanto de elecciones, la reforma judicial y política, políticas de crecimiento económico, promoción de la inversión privada, manejo de conflictos sociales, y la lucha contra la corrupción. Obviamente, nada sencillo. Lo más conveniente para el país sería un acuerdo político que permita reducir la incertidumbre permitiendo el adelanto de elecciones evitando un referéndum, y un programa de transición que destrabe la reforma de la justicia, la reforma política, que asegure la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, que fortalezca la lucha contra la corrupción, y que facilite la implementación de iniciativas económicas que permitan lograr mejores niveles de crecimiento. ¿Será posible?

¿Punto de inflexión?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 17 de agosto de 2019

Mirando la gestión del presidente Vizcarra, podría decirse que ha tenido dos grandes etapas: entre marzo y julio del año pasado, el presidente era percibido como débil, relativamente controlado por la mayoría congresal, sin un norte político claro. Parecía sometido a las fuerzas que llevaron a la renuncia del presidente Kuczynski, pero sin ser propiamente un aliado de estas; es decir, sin el apoyo ni del fujimorismo ni del antifujimorismo, y sin una orientación propia, se veía como un globo desinflándose aceleradamente. Pero desde julio del año pasado, la lucha contra la corrupción y la necesidad de una reforma institucional le gobierno sintonizar con la indignación de la opinión pública, arrinconar a un Congreso desprestigiado, y amalgamar un amplio frente en el que convergía tanto el antifujimorismo como sectores liberales institucionalistas, por así decirlo.

Entre agosto y diciembre esta estrategia pareció funcionar muy bien, pero empezó a mostrar signos de erosión desde enero de este año. Llegando a julio, el presidente Vizcarra pareció reconocer el agotamiento de este juego, e hizo una oferta implícita de tablas, como dirían los ajedrecistas. Nos vamos todos, recorte de mandato tanto congresal como presidencial. En las últimas semanas, sin embargo, lo que parecía la salida menos costosa y decorosa para todos los actores políticos, que fracasaron en construir una relación mínimamente viable, se ha debilitado sustancialmente. El factor Tía María ha sido la clave.

Buena parte del agotamiento de la estrategia iniciada en julio del año pasado tiene que ver con la creciente insatisfacción que genera el enfriamiento de la economía; en este marco, para sectores de derecha la promoción y puesta en funcionamiento de los grandes proyectos de inversión privada resulta siendo un objetivo estratégico. Independientemente de qué pensemos de ese proyecto específico, es claro que el asunto fue muy mal manejado: llegó la fecha en la que había que otorgar la licencia de funcionamiento, pero la dimensión política y social del proyecto no había sido atendida. La complicada salida fue el otorgamiento de la licencia pero logrando el acuerdo con la empresa de no iniciar operaciones hasta no conseguir un clima social y político adecuado. Hasta allí, sectores de derecha que hasta entonces habían acompañado al presidente esperaban un gran esfuerzo de convencimiento, persuasión e inversión de capital político para sacar adelante el proyecto; lo que encontraron fue, por el contrario, a un presidente sin convicción en torno a un asunto estratégico.

Esto puede marcar un punto de inflexión significativo. El Presidente corre el riesgo de desarmar la coalición de intereses que lo había sostenido hasta el momento: perder el respaldo de la derecha liberal, pero sin ganar un aliado confiable o con respaldo suficiente por el flanco izquierdo. El debilitamiento de la coalición que lideraba el Presidente le da oxígeno a la oposición en un momento clave, el de la discusión de la propuesta de adelanto de elecciones. En este contexto, se hace menos verosímil un allanamiento del Congreso. ¿Cuál será el siguiente paso del presidente? Todo parece apuntar a un escalamiento en la conflagración, que finalmente parece conducir a callejones sin salida. Se aleja el escenario de una transición ordenada, y el costo a pagar para el país empieza a sonar excesivamente alto. Acaso haya llegado el momento de pensar en una nueva agenda y una nueva estrategia, que permita un mínimo de certidumbre política y económica. Se requieren gestos e iniciativas de todos los lados.

El ánimo del Bicentenario



Artículo publicado en El Comercio, sábado 10 de agosto de 2019

Si bien el Bicentenario es una fecha muy significativa y de gran contenido simbólico, su carácter queda irremediablemente marcado por el ánimo de la coyuntura. Nuestro centenario y sesquicentenario tuvieron un claro espíritu celebratorio y una retórica oficial ambiciosa, de carácter fundacional, con Leguía y la dictadura militar. Entre los países vecinos, Argentina en 2010 tuvo una gran celebración con Cristina Fernández, pero no México, acosado por serios problemas de violencia bajo la presidencia de Felipe Calderón. Nuestro país se acerca al 2021 en medio de una gran incertidumbre política y una sensación de crisis.

En la encuesta de julio del Instituto de Estudios Peruanos, apenas un 34% tiene claro que cuando hablamos del Bicentenario nos referimos al 2021; un 56% no sabe cuándo se celebra, y un 10% da respuestas equivocadas. El reconocimiento del 2021 como fecha es mayor, como era esperable, en los sectores A y B (59%) frente a los sectores D y E (23%); pero también es mayor en la sierra (41%) y mucho menor en la selva (17%). Cuando se pregunta qué debería hacer el gobierno al cumplirse los 200 años de nuestra independencia, un 46% piensa muy pragmáticamente que debería “dedicarse a resolver los problemas económicos y sociales más urgentes del país”. Un 42% piensa que “debería fomentar el desarrollo de la educación y el civismo de los peruanos” (especialmente entre los niveles A y B). Apenas un 8% piensa que “debería construir monumentos, parques o plazas para recordar esta fecha tan importante”. No hay gran ánimo festivo, pero sí se reconoce una oportunidad para realizar un examen colectivo: un 64% considera que “más que celebrar, debemos reflexionar sobre nuestros problemas y posibilidades como país”; solo un 20% entusiasta opta por “celebrar y manifestar nuestro orgullo de ser peruanos”. Finalmente, un 12% es muy pesimista: 8% de los entrevistados piensa que “no hay nada que celebrar porque nuestros problemas no tienen solución”, y un 4% que “no habría nada que celebrar porque no me interesa”.

¿Por qué nos ha ido mal como país? Un 68% de las respuestas atribuye nuestro subdesarrollo a la corrupción de nuestros gobernantes, en la vena antipolítica actual; un tercio, con un sentido más crítico con el “sistema”, “al egoísmo de las élites económicas y sociales” y a “la explotación de potencias extranjeras” (22 y 16% respectivamente); y otro tercio, atribuye los problemas a los propios peruanos, resaltando el “conformismo de los peruanos” y nuestro “escaso civismo” (22 y 11%, respectivamente).

En otro orden de cosas, un 55% tiene una visión optimista de nuestro país, en la que nuestra “diversidad es parte de nuestra riqueza”, y en la que “todos somos iguales y prima la igualdad” (41 y 14%, respectivamente); pero un 40% identifica nuestra heterogeneidad como un obstáculo: la diversidad “dificulta nuestra integración”, o aparecemos con “diferencias irreconciliables” (20% en cada caso).

¿Cómo entendemos nuestra identidad? En la pasada inauguración de los juegos panamericanos, vimos una puesta en escena de la peruanidad compuesta por la fusión entre lo indígena, español, europeo, africano y asiático. Un 33% de los encuestados se identifica con esa narrativa, una suerte de “mestizaje abierto”, especialmente en Lima; pero un porcentaje cercano al 20% considera que nuestra identidad tiene su base principalmente en “la cultura indígena prehispánica”; porcentajes cercanos centran esa base en “el idioma español y la religión católica” (23%) o “en el mestizaje entre lo indígena y lo español” (18%). Ciertamente somos un país muy diverso.

viernes, 9 de agosto de 2019

Sorpresas te da la vida


Artículo publicado en El Comercio, sábado 3 de agosto de 2019 

De cara al 28 de julio, el presidente Vizcarra enfrentaba una encrucijada: o daba varios pasos atrás y se conformaba con lo avanzado por el Congreso respecto a la reforma política, a pesar de que claramente una de las iniciativas no se ajustaban al voto de confianza otorgado por éste el 5 de junio, lo que comprometía su credibilidad para el futuro; o apelaba al hecho de que en la práctica esa confianza había sido denegada, lo que lo habilitaría a disolver el Congreso, mediante una interpretación sumamente controversial. El camino de la negociación y la búsqueda de acuerdos, aparentemente, estaba cerrado después de que el Congreso aprobara una propuesta de reforma constitucional referida a la inmunidad parlamentaria que no había seguido ni los lineamientos planteados por el ejecutivo ni fórmulas intermedias propuestas por algunos parlamentarios del propio fujimorismo. En la encuesta de opinión de julio del Instituto de Estudios Peruanos, un 42% de los encuestados se mostraba de acuerdo con la frase “el Congreso y el gobierno tienen que ponerse de acuerdo y conciliar”, frente a un 39% que prefería “el gobierno debería ponerse más firme y no dejar que el Congreso lo obstruya”, mientras que un 14% señalaba que “el Congreso debería ponerse más firme y no dejarse imponer por el Gobierno”. El cálculo del presidente parece haber sido que el camino deseable parecía agotado.

La sorpresiva salida a este entrampamiento político propuesto por el Presidente expresa una suerte de admisión de derrota compartida, a través del adelanto de elecciones sin posibilidades de reelección ni para el parlamento ni para el Presidente. Este reconoce su fracaso en sacar adelante la reforma, pero el Congreso también debe asumir su responsabilidad en frustrar un acuerdo que al final de la legislatura parecía posible. Recordemos que se presentaron fórmulas diversas que sacaban del Congreso la decisión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria ante la presunta comisión de delitos comunes pasándosela a otras entidades (si no la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Comisión Especial a cargo de la elección de la Junta Nacional de Justicia, u otra Comisón creada ad-hoc para ese propósito).

La paradoja es que la salida presidencial, aparentemente salomónica, requiere, para ser implementada, dejar atrás la dinámica de confrontación, no convertirla en un episodio más de ésta. ¿Hay margen para ello? Un gran contratiempo que tiene la propuesta presidencial es precisamente el tiempo. Impone un calendario electoral sumamente ajustado que, para funcionar, requiere una acción rápida y concertada. Por el momento, desde el Congreso no parece haber mucho entusiasmo en seguir ese camino. ¿Podría haber otro? Se ha invocado el antecedente del recorte de mandato y las elecciones generales ocurridas en el año 2001; en esa ocasión se siguió la lógica no de una reforma constitucional aprobada por el Congreso seguida de un referéndum, sino de una reforma constitucional aprobada con mayoría de dos tercios en dos legislaturas sucesivas, para lo cual se cambió de manera excepcional vía reglamento la duración de las mismas. Esa salida ahorraría tiempo y permitiría un proceso electoral un poco más ordenando, pero nuevamente, para esto se requiere de un acuerdo. Ayudaría que el ejecutivo promulgue las leyes de reforma política aprobadas hasta el momento por el parlamento. Prácticamente todo los actores políticos han expresado que nadie “se aferra a sus cargos” y que lo que se busca es la salida menos conflictiva y costosa para el país. ¿No se podría explorar esta posibilidad?

Reforma política: primer balance


Artículo publicado en El Comercio, sábado 27 de julio de 2019 

El jueves 25 culminó en el Congreso una legislatura de arduo trabajo y esfuerzo dedicado al tema de la reforma política, que se debe reconocer. También el esfuerzo de concertación entre éste y el poder ejecutivo, que permitió que asuntos “inadmisibles” al inicio terminaran aprobados. Si miramos lo avanzado a la luz de las reacciones iniciales que suscitó el informe de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, presentado a inicios de marzo, parece mucho lo logrado.

Pero respecto a la propuesta original de la Comsión, ¿cuánto se ha avanzado? Recordemos que la Comisión presentó doce proyectos de ley, que el poder ejecutivo asumió casi en su integridad a inicios de abril, pero dejando de lado un asunto muy importante: la bicameralidad. Se decidió luego priorizar los proyectos que requerían una atención urgente, considerando que la meta es que la reforma se aplique a partir de las elecciones generales del 2021, las del Bicentenario. Así, quedaron por el momento fuera los proyectos referidos a las elecciones regionales y municipales. Luego, dadas las demoras percibidas desde el Congreso, el poder ejecutivo presentó a inicios de junio la cuestión de confianza en torno a la aprobación de seis proyectos durante la legislatura que acaba de terminar.

¿Qué balance se puede hacer? De los seis proyectos priorizados por el poder ejecutivo, tres tienen que ver con temas de lucha contra la corrupción y rendición de cuentas. Se aprobó con apenas los votos suficientes una reforma constitucional (que requiere segunda votación) que impide que los sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos de elección popular; pero para que se aplique en 2021, debe precisarse mediante ley sus alcances. Respecto a la ley referida al financiamiento de la actividad política, solo se aprobó la parte referida a la tipificación en el Código Penal del delito de financiamiento ilícito. Se pueden hacer algunos cuestionamientos a lo aprobado, y además falta discutir y aprobar lo demás, referido a normar el financiamiento privado y público, medidas de transparencia y rendición de cuentas, establecimiento de sanciones administrativas y políticas, entre otros. Finalmente, el gran problema es la revisión de la inmunidad parlamentaria; lo aprobado mantiene en el Congreso la decisión del levantamiento de la inmunidad, mejora en algo los plazos para tomar decisiones, pero se retrocede al ampliar los alcances de la inmunidad de proceso.

Los otros tres proyectos se refieren a temas vinculados al funcionamiento de las organizaciones políticas y temas electorales. Se avanzó en cambiar los requisitos de inscripción (eliminación de firmas de adherentes y sustitución por padrón de afiliados), establecer causales de cancelación un poco más exigentes; establecer elecciones “primarias” abiertas para seleccionar candidatos, pero estableciendo para las elecciones de 2021 un trato diferenciado entre partidos ya inscritos y partidos nuevos. Se avanzó en establecer paridad y alternancia de género en las listas de candidatos al parlamento, pero mediante una disposición transitoria, se mantiene el voto preferencial para las elecciones de 2021.

Así, el balance es muy ambiguo. Una manera de resumirlo sería decir que las elecciones de 2026 se acercan al modelo propuesto por la Comisión de Reforma Política, pero las de 2021 resultan siendo fruto de una transacción entre una aplicación parcial de las reformas con una serie de excepciones que dejan un resultado confuso y contradictorio. No debe perderse de vista que la reforma ha empezado, no debe terminar con esta legislatura.

Toledo: agencia y estructura


Artículo publicado en El Comercio, sábado 20 de julio de 2019 

En los últimos semestres asesoré la tesis de licenciatura de Claudia Beltrán, estudiante de Ciencia Política y Gobierno en la PUCP, en la que se preguntaba qué explica el fracaso de la figura política de Alejandro Toledo. De un lado, podría decirse que éste fue víctima de las difíciles circunstancias que le tocó enfrentar. A inicios de siglo los partidos estaban colapsados, las instituciones extremadamente debilitadas, salíamos de una experiencia traumática de corrupción y de injerencia de poderes oscuros. ¿Cómo gobernar con éxito en estas circunstancias? El propio Toledo, si bien tenía ya cierta trayectoria política, terminó siendo de manera totalmente accidental e inesperada el líder de la oposición al fujimorismo y de la reconstrucción institucional del país, encargo que ciertamente excedía cualquier capacidad individual o colectiva.

Los límites de la gestión política se han revelado estructurales, de allí que pueda observarse que tanto con Toledo, García y Humala (y después), el porcentaje de ciudadanos que apoya a la gestión de los presidentes empieza alto, declina rápidamente a lo largo del segundo año, y se mantiene en niveles muy bajos entre el tercer y el cuarto año, a pesar de que la economía haya crecido y la pobreza se haya reducido de manera importante a lo largo de esos años. El hecho de que Toledo, García, Humala y otros importantes líderes políticos hayan tenido problemas judiciales sugiere que los problemas de corrupción también requieren explicaciones más de fondo.

Pero del otro lado, también está el papel que juega el personaje. Toledo al llegar a la presidencia tenía un enorme respaldo popular, tenía adversarios debilitados y dispersos, tenía de su lado la adhesión y buena voluntad de múltiples sectores comprometidos con la reconstrucción democrática. Y no solo dilapidó ese enorme capital político, además, por lo que hemos sabido después, lo habría traicionado incurriendo en las mismas prácticas en contra de las cuales construyó su liderazgo. No sólo no pudo evitar la proliferacion de esas prácticas corruptas, sino que las habría liderado de manera personalísima.

Pero la historia te otorga nuevas oportunidades. Pese a todas las crisis, escándalos y niveles de aprobación de apenas un dígito hacia la mitad de su periodo gubernamental, una encuesta de Apoyo de agosto de 2006 señalaba que un 42% de los encuestados aprobaba la gestión de Toledo como Presidente al final de su mandato. Si bien no llegó a tener una gran iniciativa reformista, tampoco la ciudadanía le reprochaba errores o escándalos mayúsculos. Esto permitió que Toledo apareciera como candidato favorito para ganar la presidencia en 2011. Si bien al final obtuvo apenas el 15.6% de los votos, hasta un mes antes de la votación las encuestas lo ubicaban liderando la intención de voto. Nuevamente, errores de campaña impidieron que entre a la segunda vuelta, cuando tuvo cierta base para aspirar a un segundo periodo presidencial. Después de 2011, fueron apareciendo los indicios que llevaron a la actual detención del expresidente. La candidatura de 2016 fue patética, Toledo obtuvo el 1.3%, Perú Posible perdió su inscripción, y su participación en esa campaña solo parece haber servido para engrosar la lista de memes y bromas asociadas a la figura del expresidente.

En suma: es correcto afirmar que Toledo enfrentó límites institucionales y estructurales que le pusieron muy difícil, pero también lo es que cae sobre su responsabilidad personal haber desperdiciado oportunidades que la historia le puso al frente, y de haber traicionado la causa que lo encumbró.

Reforma política: temas de atención


Artículo publicado en El Comercio, sábado 13 de julio de 2019 

El jueves el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen referido a los requisitos de inscripción y las causales de cancelación del registro de organizaciones políticas. Se eliminó el requisito de firmas de adherentes para la inscripción y se estableció la presentación de un padrón de afiliados; pero a diferencia de lo propuesto por la Comisión de Reforma Política, se elevó el número de éstos de unos 14 mil a más de 22 mil para los partidos y se mantuvo y amplió el requisito de la existencia de Comités provinciales (nosotros pensamos que era mejor dar libertad a las organizaciones para que se organicen como estimaran conveniente). De otro lado, se acogieron casi todas las propuestas del proyecto del ejecutivo en cuanto a las causales de cancelación, salvo uno muy importante: no superar el 1.5% de los votos en las elecciones primarias. Finalmente, no queda claro cómo los partidos ya inscritos se adecuarán a los nuevos requisitos.

Pero el jueves también debió aprobarse la propuesta de reforma constitucional que busca impedir que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular: apenas pudo alcanzarse el quórum, y la votación debió suspenderse. Hablando de fechas, considerando que los proyectos de ley deben tener segundas votaciones, y que la legislatura termina el 25 de julio, esto implica que solo hasta el 18 podrían aprobarse los proyectos que faltan. Atención con eso.

De otro lado, el martes pasado la Comisión de Constitución aprobó un nuevo dictamen sobre la democracia interna en las organizaciones políticas, que contiene algunos elementos preocupantes. La Comisión de Reforma Política planteaba elecciones internas simultáneas, abiertas y obligatorias para elegir candidatos, lo que luego permitiría eliminar el voto preferencial. Se nos criticó diciendo que sería costoso sumar la elección interna a las elecciones generales que ya conocemos; y que estaríamos copiando un modelo cuestionable, las PASO de Argentina. Nuestra respuesta fue que el problema allá es que en varias provincias los partidos presentan listas únicas cerradas, lo que hace que los electores no tengan posibilidades de elegir, de allí se algunos propongan cancelar las PASO cuando no exista competencia. Nosotros no tendríamos ese problema, porque propusimos una votación por candidatos individuales, siguiendo nuestra tradición de voto preferencial.

El dictamen aprobado, si bien aceptó la realización de elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, estableció que para el 2021 los partidos ya inscritos podrían tener una elección más, una interna de candidatos solo para afiliados; de allí saldrían listas únicas y cerradas que irían a la elecciones primarias. Es decir, se terminó haciendo precisamente aquello que se criticaba. El problema es que, si la elección interna implica la eliminación del voto preferencial, esto podría ser visto como un retroceso: antes teníamos la posibilidad de elegir a los candidatos dentro de una lista, ahora no necesariamente. De otro lado, se permite que los partidos que no pasen el 1.5% de los votos en la elección primaria mantengan la inscripción (lo que pierden es el derecho a participar en la elección general), lo que no tiene sentido considerando que los que no obtienen el 5% en la elección del Congreso la pierden.

Corremos el riesgo de que en 2021 los ciudadanos perciban que la reforma ha sido un retroceso parcial, y que los legisladores han privilegiado la sobrevivencia de sus organizaciones antes que la necesidad de renovar la representación política.

Cómo avanzar en la democracia interna


Artículo publicado en El Comercio, sábado 6 de julio de 2019

Esta semana tuve la oportunidad de fundamentar ante la Comisión de Constitución del Congreso el proyecto de ley que regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos.

Mi percepción es que el escollo principal que dificulta avanzar en la generación de un acuerdo político es la percepción, por parte de los representantes de la mayoría, de que el proyecto, por provenir del poder ejecutivo, buscaría avasallar al Congreso, y que solo sería un pretexto para forzar su disolución. Esa percepción impide analizar el proyecto en sí mismo, que en realidad lo que busca es fortalecer y legitimar a los partidos.

¿Hay margen para avanzar respecto a la situación actual y llegar a una reforma sustantiva? Por el debate en el que participé, podría haber un acuerdo en torno a que el proceso de selección de candidatos sea organizado por los organismos electorales, y no cada partido. De esa manera se evitarían muchas controversias y se contaría con una capacidad logística que es imposible para los partidos desarrollar individualmente. Si la ONPE organiza el proceso de selección de candidatos, entonces las elecciones deberían ser simultáneas, para ordenar el proceso. Avanzar en evitar los problemas de legitimidad de este proceso implicarían dejar atrás el proceso de designación de candidaturas mediante asambleas de delegados, e ir hacia un proceso más participativo.

Ahora, esas elecciones, ¿deberían ser cerradas solo a los afiliados o abiertas todos los ciudadanos? Cerrar el proceso de selección de candidatos sería un retroceso respecto a lo que tenemos hoy: cada cinco años, todos los ciudadanos, afiliados o no a un partido, decidimos qué candidatos de las listas partidarias ingresan al parlamento, mediante el voto preferencial. Cerrar ese proceso reforzaría la idea de que la “partidocracia”, o un número muy reducido de militantes, toma decisiones de espaldas a la ciudadanía. Por ello, es imperativo que esas elecciones sean, como es ahora, abiertas a la participación de todos. Una vez realizada esa selección, se puede cerrar la lista para la elección general. Es importante, para no reproducir los problemas que se observan hoy con el voto preferencial, aprobar también el proyecto de ley que regula el financiamiento de la actividad política; y los partidos deben normar el proceso de inscripción de precandidaturas, para así evitar la proliferación de liderazgos oportunistas.

La pregunta siguiente es si esas elecciones simultáneas y abiertas deben ser voluntarias u obligatorias para la ciudadanía. Deben ser obligatorias, dada la debilidad de las identidades partidarias, para evitar muy bajas tasas de participación, y la proliferación de prácticas clientelísticas. En este esquema, es importante también establecer una barrera electoral del 1.5% de los votos para mantener la inscripción y así depurar el sistema de partidos sin representación.

Ciertamente esto impone condiciones de competencia que justificarían mecanismos transitorios de adaptación. Una iniciativa interesante es la presentada por el Presidente de Consejo de Ministros, de destinar optativamente hasta un 20% de cupos para candidaturas de designación libre por parte de las autoridades partidarias, destinadas a invitados o militantes notables de sus organizaciones. Podría justificarse también permitirse alianzas entre partidos y movimientos regionales.

Es posible y necesario encontrar un espacio de acuerdo para avanzar en una reforma política que fortalezca la institucionalidad del país y evite una nueva crisis política.

El debate sobre la democracia interna


Artículo publicado en El Comercio, sábado 29 de junio de 2019

La semana pasada comentaba que la Comisión de Constitución del Congreso de la República había realizado avances importantes en la aprobación de la reforma política; pero la semana que viene está programado el debate sobre la democracia interna en las organizaciones políticas, tema más complicado y controversial.

¿Qué propone el poder ejecutivo? Empecemos por el diagnóstico: tenemos organizaciones políticas que seleccionan candidatos mediante procesos opacos, que generan muchas controversias; es decir, la democracia interna no funciona. Al no funcionar, el voto preferencial se ha convertido en la manera en que los partidos definen qué candidatos entran al Congreso, apelando a la decisión ciudadana. Eso tiene un lado positivo, ya que compensa las carencias de la democracia interna; pero tiene varios lados negativos: establece una lucha fratricida al interior de la lista partidaria en medio de la elección general; desordena el proceso electoral; debilita la cohesión de la lista, que se expresa luego en la escasa cohesión de las bancadas congresales; abre la puerta al ingreso de financiamiento sin controles efectivos; entre otras cuestiones.

Por estas razones, se plantea tener un mecanismo democrático de selección de candidatos, organizado por los organismos electorales, sobre la base de un padrón público y escrutable de afiliados. Solo los afiliados podrían postular a los cargos de elección popular; y deben tener una afiliación de por lo menos un año. De lo que se trata es de fortalecer e incentivar las carreras políticas dentro de los partidos; además, los estatutos partidarios podrían normar mejor y con autonomía el proceso de presentación de precandidaturas, el control y el reporte de los gastos y actividades de campaña. Dado que ya hoy todos los ciudadanos decidimos qué candidatos de una lista partidaria ingresan al Congreso, entonces la votación para seleccionar candidatos deberá seguir siendo abierta como lo es ahora. Se ha expresado el temor de que los militantes de un partido podrían ir a votar por otro partido para incidir en su resultado: ese temor es infundado, porque la propuesta es que las elecciones sean simultáneas; además, se propone una barrera del 1.5% de los votos para mantener la inscripción, por lo que no tiene sentido quitarle votos a tu partido para regalárselos a otro.

Es bueno precisar que esta elección se parecería mucho a la elección general: iríamos a nuestro local de votación, a nuestra mesa, donde recibiríamos una cédula de votación, donde marcaríamos un símbolo y el número de nuestro candidato de preferencia. Se ha expresado también el temor de que se incurra el prácticas clientelísticas: acarreo de votantes, compra de votos. Por ello, la propuesta contempla que la votación siga siendo obligatoria.

Si se sigue esta lógica, se podría eliminar el voto preferencial y establecer una lista cerrada de candidatos de un partido al parlamento, evitando sus males y manteniendo la participación ciudadana en la selección de congresistas. Al cerrar la lista, se hace imperativo además establecer la paridad y alternancia de género. Hay que recordar que la cuota de género ya existe, y es del 30%. No se cumple de manera efectiva porque no se aplica el criterio de alternancia.

Finalmente, es cierto que estos son temas complejos y debatibles. Pero el norte de la discusión debe estar marcado por la necesidad de avanzar en la democratización de las organizaciones políticas, expresado en la aprobación por parte del Congreso de la cuestión de confianza del 5 de junio.

Reforma política: ¿dos de seis?


Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de junio de 2019

¿Cómo va el debate sobre la reforma política? En principio, tenemos hasta el 25 de julio, fecha del final de la legislatura ampliada, para aprobar seis proyectos de ley. De estos, dos ya han sido dictaminados favorablemente por la Comisión de Constitución; y en términos generales, podría decirse que sí se respeta su “esencia mínima irrenunciable”.

Creo que no es desdeñable lo avanzado. En medio de la persistencia de los conflictos políticos asociados a la idea, en un extremo, de que el presidente Vizcarra pretende cerrar sí o sí el Congreso, y que lo de la reforma es un mero pretexto; y del otro, de que con la mayoría fujimorista es imposible llegar a un acuerdo razonable, es destacable que la Comisión de Constitución haya aprobado esos dos dictámenes y se haya establecido una buena dinámica de trabajo, en medio de sus accidentes.

El primer dictamen se refiere a la propuesta de reforma del artículo 34 de la Constitución; el ejecutivo proponía impedir la postulación a cargos de elección popular a quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos con pena privativa de libertad. Importante como muestra de compromiso en la lucha contra la corrupción. El texto aprobado asume la exclusión de sentenciados en primera instancia por “delito doloso, de acuerdo con los términos establecidos en la ley”. Se aprobó, pero está pendiente precisar esos términos legales.

El segundo dictamen se refiere al proyecto que norma el proceso de inscripción y cancelación de las organizaciones políticas. Muy importante porque en la actualidad tenemos muchas, pero poco representantivas: 24 partidos inscritos, pero solo seis con representación parlamentaria; 181 movimientos regionales, pero solo 64 cuentan con un consejero regional. Se trata de facilitar el acceso y permitir la renovación de la representación, pero con requisitos exigentes para la permanencia en el sistema. El Presidente del Consejo de Ministros definió “la esencia de esta reforma” en eliminar el requisito de firmas de adherentes para inscribir un partido (actualmente más de 750,000 firmas), y sustituirlo por la presentación de un padrón de afiliados, de naturaleza pública, de alrededor de 14,000 miembros. Asimismo, el requisito de tener al menos el 1.5% de los votos en un proceso de elecciones internas abiertas.

Esta semana se aprobó la eliminación del requisito de las firmas, cosa que está muy bien; pero al mismo tiempo se elevaron los requisitos de inscripción: pasamos de los 14,000 de la propuesta del ejecutivo a más de 22,000 afiliados para los partidos nacionales; además, se mantiene y amplía el requisito de acreditar comités partidarios. No quedó claro si los partidos actualmente inscritos deben adecuarse a las nuevas exigencias, o si solo serían aplicables a los partidos nuevos. Y quedó pendiente el debate sobre las elecciones internas.

Si bien lo avanzado no es desdeñable, lo más complicado está por venir, el debate sobre las elecciones internas. Como he señalado antes, acá están relacionadas la propuesta de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que luego eliminen el voto preferencial, y que establezcan la paridad y alternancia de género. Lo escuchado hasta ahora no da pie para ser muy optimista, pero sería importante que el debate sobre estos temas no quede solo en la Comisión de Constitución, y que se involucren el ejecutivo y los voceros de las diferentes bancadas, para que se cumpla con el compromiso expresado en la confianza otorgada al Presidente del Consejo de Ministros el pasado 5 de junio y así evitar una nueva crisis política.