sábado, 16 de febrero de 2019

¿Cambia algo en regiones y municipios?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 16 de febrero de 2019

Las elecciones subnacionales de octubre del año pasado parecen marcar algunas pautas de cambio que merecen ser evaluadas en su consistencia. En términos generales, podría decirse que en el ámbito subnacional los movimientos regionales siguen predominando por sobre los partidos nacionales, pero en una menor medida que en las elecciones anteriores. En 2018 los partidos presentaron más candidatos en el ámbito regional, menos en el municipal, pero obtuvieron más votos, tanto en el ámbito regional como en el municipal. Al mismo tiempo, los partidos lograron elegir más Gobernadores Regionales que antes, pero menos alcaldes. Dentro de los partidos nacionales, cabe destacar el buen desempeño (comparativamente hablando) de Alianza para el Progreso y de Acción Popular, y el desplome tanto del APRA como de Fuerza Popular.

¿Por qué este resultados? En estas elecciones no participaron las organizaciones políticas locales y se impidió la reelección de autoridades subnacionales; en el nuevo contexto, los políticos que se desempeñaban en ámbitos distritales y provinciales parecieron optar preferentemente por postular bajo las banderas de los movimientos regionales, pero también de los partidos nacionales. Vista la política desde lo local, más atractivo parece el logo regional que el partidario; con todo, existe una gran variedad de partidos dispuestos a prestar su inscripción para elecciones subnacionales, lo que ayudaría a entender que hayan sacado más votos a pesar de haber obtenido menos cargos. En el mismo sentido, al analizar el nivel regional, tenemos que la imposibilidad de reelección abrió un poco más la competencia política, y en ese marco la gran disponibilidad de partidos “franquicia” hizo que muchos políticos regionales optaran por participar bajo esas banderas. Así, si miramos el porcentaje de votos obtenidos por los partidos principales en las últimas elecciones regionales no encontraremos grandes cambios (más allá de las señaladas en el párrafo anterior), pero sí al mirar la votación obtenida por partidos nacionales pequeños, agrupados en el rubro “otros”: pasó de 3 a 4% entre 2010 y 2014, pero saltó a 12.9% en 2018.

Para ponerlo en una frase, podría decirse que tuvimos algo menos de movimientos regionales, y algo más de partidos nacionales, pero funcionando todos básicamente como franquicias. Es muy probable que para adelante APP y AP sigan en camino ascendente, pero la fragilidad de los movimientos y partidos franquicia hará que los políticos sigan saltando de grupo en grupo para continuar con sus carreras. Si es que no pone un remedio a esta situación, por supuesto.

Pensando en la gestión pública, los pequeños cambios en la superficie política no se traducen en cambios sustantivos, es más, esos cambios pueden haber empeorado la situación en las regiones y municipios. La prohibición de la reelección ha condenado a todas las unidades subnacionales a un cambio administrativo que complica aún más la gestión de autoridades que llegan al poder sin equipos propiamente dichos. Las nuevas autoridades llegaron el 1 de enero, y rápidamente muchas de ellas, algunas en ámbitos muy precarios, tuvieron que enfrentar graves emergencias, como las asociadas a la temporada de lluvias. A errores y problemas del pasado se suma la inexperiencia de muchos de los recién llegados. La solución, junto al impulso de una reforma política, es hacer avanzar la reforma del Estado y del servicio civil a las regiones y municipios. Sin ellas año a año seguiremos quejándonos de lo poco que se avanza en materia de prevención de desastres.

PPK



Artículo publicado en El Comercio, sábado 9 de febrero de 2019 

El 4 de febrero pasado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de su partido, Peruanos por el Kambio (PpK). Que él mismo lo haya tenido que hacer recién ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido cuyo nombre corresponde a sus siglas personales dice mucho de las formas de hacer política que se han extendido en los últimos años. Las controversias que se han desatado en los últimos días a propósito de la relación entre gobierno y bancada de gobierno también son ilustrativas: ¿es el gobierno de Vizcarra el mismo gobierno que ganó las elecciones de 2016? Por supuesto que sí, en tanto Vizcarra es presidente en tanto miembro de la lista presidencial que encabezó Kuczynski. Sin embargo, Vizcarra no es militante del partido PpK; el Presidente del Consejo de Ministros es parlamentario de Alianza para el Progreso; y el Ministro de Justicia pertenece a la bancada liberal. ¿Gobierno de coalición? De otro lado, la bancada de PpK (el partido) se debate entre estrechar sus vínculos con el gobierno, independizarse del mismo, e incluso pasar a la oposición.

Se ha señalado hasta la saciedad que en los últimos años la política se ha poblado de partidos y movimientos personalistas, con débiles perfiles identitarios. En este contexto, si bien PpK no es la excepción, tampoco es que sea una construcción puramente oportunista. Kuczynski es un personaje político de larga trayectoria, de un perfil que podría caracterizarse como de centro derecha, que a lo largo del tiempo tejió una amplia red de contactos, y ya había tentado la presidencia en 2011 con buenos resultados, quedando en tercer lugar con el 18.5% de los votos. En esa ocasión encabezó la “Alianza por el Gran Cambio”; en realidad, esa alianza tenía como socios principales al PPPC y a APP, lo que debe haber persuadido a Kuczynski de la necesidad de contar con un partido propio para las elecciones de 2016. El gran desafío era pasar de un liderazgo capaz de ganar votos en Lima, a ganarlos a nivel nacional.

Pese a los esfuerzos realizados por PPK como candidato y como partido, los resultados en 2016 fueron muy mediocres. Inesperadamente, Kuczynski pasó a la segunda vuelta con apenas el 21% de los votos, después de una serie de accidentes, pero con una votación concentrada en Lima y Arequipa, y obtuvo apenas 18 parlamentarios, con el 16.5% de la votación congresal. El temor y la desconfianza que despertó el fujimorismo, también de manera inesperada, llevaron a la presidencia a Kuczynski. Pero el fujimorismo tuvo un muy buen desempeño en todo el territorio nacional, lo que le permitió, con el 36.3% de los votos parlamentarios, obtener la mayoría absoluta de los escaños. En la carta de renuncia a la que hacíamos alusión más arriba Kuczynski atribuye esta configuración a la cifra repartidora y al voto preferencial, lo que demuestra que, pese al periodo de reflexión por el que debió haber pasado en los últimos meses, todavía no diagnostica bien los eventos que condujeron a su renuncia.

Tampoco es cierto que ese desenlace se explique por “un complot urdido en la entonces arrolladora oposición parlamentaria”. Esa oposición no tenía los votos suficientes para vacarlo. Su caída se explica por su creciente aislamiento, primero respecto a la oposición, después frente a sus propios aliados, producto de una conducta errática e incoherente. Uno esperaría una mejor comprensión de lo ocurrido después de estos meses de introspección.

Partidos y bancadas



Artículo publicado en El Comercio, sábado 3 de febrero de 2019

La proliferación de nuevas bancadas en el Congreso no es más que el síntoma final de una enfermedad que genera una larga cadena de problemas. En nuestro país, en los últimos años, tenemos una situación en la que en un extremo tenemos partidos sin políticos y en el otro políticos sin partido. Los primeros no tienen candidatos suficientes para la elección de Congreso, y los segundos quieren desarrollar sus carreras llegando al Congreso, pero no tienen partido con el cual llegar. Se establecen así diversas negociaciones. Por supuesto, no todos los partidos son iguales: algunos tienen algún perfil ideológico y ciertas redes construidas a lo largo de los años (el APRA, AP, las izquierdas; APP desde la experiencia regional y municipal, por ejemplo), con lo que arman listas con un perfil mínimamente distinguible; otros son puro cascarón y sobreviven a pesar de no ganar asientos en el parlamento. Algunos partidos son más atractivos que otros para los candidatos, según sus posibilidades de ganar votos según las encuentas; para los partidos, algunos candidatos son más atractivos, según sus posibilidades de ganar votos, basados en sus trayectorias previas, y según la magnitud de los aportes que puedan hacer a la campaña nacional. En estas condiciones, la coherencia y disciplina de los partidos resulta extremadamente baja.

Una vez que los congresistas son electos, es difícil lograr que se mantengan juntos. Las bancadas partidarias de origen, conforme el gobierno y el Congreso pierden aprobación ciudadana, dejan de ser un vehículo atractivo para la elección siguiente. Las tendencias centrífugas tienden a hacerse más grandes. Viendo los últimos Congresos, tenemos que en 2001 iniciaron cinco grupos, pero terminaron siendo ocho al final, produciéndose 27 deserciones; en 2006 iniciaron cinco, pero terminaron nueve, con 46 deserciones; en 2011 iniciaron seis, y terminaron nueve, con 47 deserciones; en 2016 iniciaron seis, y ya vamos por diez, con 37 deserciones.

Como se ve, no es un fenómeno nuevo ni esta vez es la que ha tenido más “cambios de camiseta” (hasta el momento). En 2001, las deserciones en Perú Posible (pasó de 47 a 32 miembros) hicieron que el gobierno de Toledo perdiera la mayoría, la presidencia del Congreso y limitaron mucho la capacidad de aprobar leyes; en 2006, el gobierno del APRA no sufrió tanto, porque la fragmentación afectó sobre todo al principal grupo opositor, Unión del Perú, que pasó de 42 a quedarse con solo 7 miembros. En 2011, el Partido Nacionalista perdió la mayoría, al pasar de tener 47 congresistas a solo 26, y también la presidencia del Congreso, limitándose nuevamente su posibilidad de aprobar leyes. En el Congreso actual, es muy probable que Fuerza Popular también pierda la presidencia a partir de julio.

¿El eventual cambio en la presidencia del Congreso (y en las presidencias y composición de comisiones) cambiará mucho las cosas? La capacidad de vetar leyes por parte de FP ha disminuído, pero no desaparecido; esta vez necesita construir puentes con otros sectores, no le basta la fuerza propia, y lo puede hacer. Y la capacidad de aprobar leyes del parte del ejecutivo mejora por el lado del debilitamiento de un eventual veto de FP, pero se ha hecho más trabajoso armar mayoría, al haber ahora más grupos que antes con lo cuales negociar. Las cosas han cambiado, pero no tanto en realidad. Sigue quedando pendiente el reto de fortalecer los partidos y la representación política.

Petkoff y la Venezuela actual



Artículo publicado en El Comercio, sábado 26 de enero de 2019

Hace unos meses, el 31 de octubre del año pasado, falleció Teodoro Petkoff, a los 86 años, después de una larga enfermedad. Para las nuevas generaciones, Petkoff era el director de un combativo periódico venezolano de oposición al chavismo, Tal Cual, que terminó sus días siendo objetivo de varias denuncias por parte del gobierno; Diosdaro Cabello demandó por difamación e injuria no solo a un articulista del diario, también a su director y sus accionistas. Así, Petkoff tuvo una injusta orden de impedimento de salida del país, que no solo le impidió viajar a Madrid a recibir el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística en 2015, sino que lo obligaba a presentarse semanalmente a los juzgados a los 83 años.

Pero Petkoff no solo fue uno de los más duros críticos al autoritarismo de los presidentes Chávez y Maduro. Fue y es también una figura emblemática para la izquierda latinoamericana. Cuando estudiante, participó en acciones de protesta contra la dictadura de Pérez Jiménez (1953-1958). En 1962, bajo la influencia de la revolución cubana, y como parte del Partido Comunista de Venezuela, integró el grupo guerrillero Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN); fue apresado tres veces entre 1963 y 1969, fugándose de prisión en las primeras oportunidades. En la tercera fue amnistiado por el presidente Caldera. En 1968 lideró un giro muy profundo a favor de la democracia.

Diversos académicos peruanos se han referido a la “generación del 68” para explicar la influencia de las ideas de izquierda revolucionaria entre los jóvenes universitarios peruanos, refiréndose a los sucesos de mayo en Francia y al golpe de Estado del General Velasco, entre otros. Para Petkoff, 1968 remite a otro acontecimiento: la “primavera de Praga” y la invasión soviética de la antigua Checoslovaquia. Es decir, la toma de conciencia de la importancia de las libertades democráticas, del rechazo al autoritarismo y a las lógicas que justifican prácticas opresivas en nombre de nobles intenciones revolucionarias, que en realidad encubren la corrupción y el afán de poder de las cúpulas gubernamentales. Esto dio lugar a la publicación de su libro Checoslovaquia: el socialismo como problema, de 1969, un hito fundamental en la historia de las izquierdas en la región, y el primer paso de su conversión democrática.

Acorde a esta nueva orientación, en 1971, fundó el Movimiento al Socialismo, pionero en tener una orientación socialista democrática. Gabriel García Márquez ganó en 1972 el premio Rómulo Gallegos por Cien años de soledad, y donó el dinero del premio al MAS, para apoyar su participación en las elecciones de 1973, en las que Petkoff fue electo diputado. Más adelante fue ministro en el segundo mandato del presidente Caldera (1994 -1999). En las elecciones de 1998 el MAS se integró a la alianza liderada por el Movimiento Quinta República y apoyó la candidatura de Hugo Chávez; Petkoff decidió renunciar al MAS, es decir, desde muy temprano advirtió los riesgos implícitos en la elección de Chávez.

Desde entonces, Petkoff se dedicó al periodismo, con una fuerte línea de oposición al chavismo, que caracterizó como “personalista, con fuertes rasgos de militarismo, mesianismo, caudillismo y autoritarismo”. Criticó a la izquierda “borbónica, conservadora y no democrática” que todavía se encandilaba con sus discursos, animada por su supuesta “resistencia frente al imperialismo”. Nos hace falta Don Teodoro, para darle forma a una línea de rechazo a Maduro y también de “construcción de un destino común frente a la hegemonía norteamericana”.

domingo, 20 de enero de 2019

Maduro y Ortega



Artículo publicado en El Comercio, sábado 19 de enero de 2019

El no reconocimiento de Nicolás Maduro como Presidente por la OEA (19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia) y por el Grupo de Lima es la consecuencia lógica del no reconocimiento de los resultados de la elección no democrática realizada en mayo del año pasado.

Recordemos algunos antecedentes importantes: la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional (Congreso) en las elecciones de diciembre de 2015, y convocó a la realización de un referéndum para revocar al presidente Maduro, que esperaban permitiera un adelanto de la elección presidencial de 2018. La respuesta de éste fue bloquear el referéndum, postergar indefinidamente las elecciones regionales de 2016, y cercenar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia bajo su control. No convocó a elecciones en las que evaluaba que iba a perder, si no a otras en las que sabía que iba a ganar, bajo condiciones construidas para ese objetivo. La oposición se dividió ante el dilema de apelar a la movilización y a la caída del gobierno o participar e intentar ganar espacios incluso bajo esas condiciones. Maduro convocó entonces en julio de 2017 a elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, en la que obtuvo el 100% de la representación, y al instalarse en agosto decidió asumir la función legislativa, “desapareciendo” en la práctica a la Asamblea Nacional. Luego convocó para octubre las postergadas elecciones regionales y para diciembre las elecciones municipales, en las que obtuvo sendos triunfos. Finalmente, adelantó para mayo de 2018 la elección presidencial prevista para diciembre; mediante diversas triquiñuelas impidió la postulación de los candidatos de oposición con alguna posibilidad de triunfo, y ganó con el 67.8% de los votos.

Las maniobras fueron tan descaradas que la mayoría de países desconoció esos resultados. El año pasado la crisis en Venezuela no hizo sino agravarse de manera dramática. Si en nuestro país no estamos satisfechos con un crecimiento económico cercano al 4% en 2018 y también proyectado para 2019, consideremos que esas cifras para Venezuela son -13 y -15%. Con todo, Maduro sigue controlando el poder: mantiene unidas a las Fuerzas Armadas y mediante un amplio sistema clientelístico mantiene el apoyo de una parte importante de la población, especialmente en sectores populares. La necesidad de encontrar una figura que encabece un proceso de negociación llevó al protagonismo de Juan Guaidó, presidente electo de la relegada Asamblea Nacional; puede tener legitimidad, pero no tiene poder.

Pero así como vivimos este drama en Venezuela, no debemos perder de vista a Nicaragua. Las masivas protestas de abril y mayo del año pasado fueron reprimidas de manera brutal, recurriendo al uso de fuerzas paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos ocho meses se han contabilizado 325 muertos en eventos de protesta. La reacción del gobierno de Ortega frente a las investigaciones y denuncias de organismos internacionales ha sido sacar expulsar del país a la CIDH y al grupo de expertos nombrado por la OEA que investigó los sucesos de abril y mayo, y que concluyó que “la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas (…) se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil (…) ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.

Chávarry y Fuerza Popular



Artículo publicado en El Comercio, sábado 12 de enero de 2019

La semana pasada veíamos al Fiscal Chávarry aferrado contra viento y marea al cargo de Fiscal de la Nación amparado en el respaldo que parecía tener en la Junta de Fiscales Supremos y en la mayoría en el Congreso de la República. Es más, la controversia por la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público encontraba oposición en esta entidad, y empezaba a generar un espíritu de cuerpo que terminaba favoreciendo a Chávarry. ¿Por qué terminó renunciando? Es difícil decir, pero la decisión de suspender su colegiatura por parte del Consejo de Etica del Colegio de Abogados de Lima, y pedidos para que diera un “paso al costado” por parte de la bancada del APRA y de algunos miembros de Fuerza Popular, deben haberlo convencido de que su permanencia en el cargo era insostenible. Su aislamiento ante la opinión pública se convertía en un pasivo muy difícil de llevar para quienes antes lo sostenían. La misma presión pública permitió que Zoraida Avalos termine asumiendo la conducción del Ministerio Público, que en algún momento también pareció en riesgo.

Esa misma presión pública está asfixiando a muchos miembros de Fuerza Popular. ¿Por qué FP terminó siendo el último en deslindar con Chávarry, incluso después del pedido de Keiko Fujimori de apoyar el proyecto de declaratoria en emergencia del Ministerio Público, y de que el propio APRA decidió marcar distancia? En FP se enfrentan dinámicas en sentidos contrarios: ¿se privilegia la lógica de la defensa judicial de Keiko Fujimori? Este solo camino llevaba por caminos aparentemente contradictorios: apoyar a Chávarry para deshacerse de los fiscales Vela y Pérez, después apoyar la declaratoria en emergencia del Ministerio Público para no generar la imagen de estar obstruyendo la acción de la justicia (ante la inminencia de una decisión frente a la apelación contra la orden de prisión preventiva que padece Keiko), para luego, una vez perdida esta, volver al respaldo a Chávarry. En otro registro, ¿se sigue un camino defensivo ante la tesis de la mega conspiración antifujimorista? Suena delirante, pero algunos parecen convencidos de la tesis de la conspiración financiada por George Soros y por “los socios de Odebrecht”, que articularía a ONGs como IDL, al Grupo El Comerio y a sectores del gobierno. Desde esta óptica, no cabría hacer ninguna concesión a un enemigo que busca su destrucción; más bien, correspondía apoyar al Fiscal que afirmaba no temer enfrentarse a esos intereses.

Al mismo tiempo, está también una lógica puramente política: es decir, los políticos, se supone, buscan popularidad y continuar sus carreras políticas. La lógica judicial y conspiranoica atenta claramente contra ello. Daniel Salavarry ha sido muy consciente de esto, y ha aprovechado el instinto de supervivencia de muchos en FP, ya sea para darles motivo para saltar del barco e intentar una reconversión, como para evitar el debate de una moción de censura sin justificación o viabilidad. Seguiremos evaluando.

Qué hacer con Pedro Chávarry



Artículo publicado en El Comercio, sábado 5 de enero de 2019

Nuevamente hemos vivido unos días de vértigo, que aún no terminan. Al momento de escribir estas líneas, Pedro Chávarry todavía estaba allí. Como a finales de 2017 con el indulto navideño al expresidente Fujimori, esta vez el Fiscal de la Nación en la víspera del año nuevo decidió remover a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial del caso lava jato. En el cálculo de Chávarry debe haber contado la evaluación de tener mayoría a su favor en la Junta de Fiscales Supremos y también en el Congreso de la República, las dos entidades clave para mantenerse en el cargo. Y también que en medio de las festividades, la oposición terminaría por no cuajar. Tuvo que retroceder, en parte, por la indignación que generó su decisión, que en la práctica impedía la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y porque el presidente Vizcarra decidió una vez más jugársela por encabezar esa ola, dándole forma con el proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Pero retrocedió sobre todo porque en ese contexto uno de los Fiscales Supremos, Tomás Gálvez, cuestionó no tanto la separación de los fiscales en sí, sino la oportunidad de hacerlo, antes de la suscripción del acuerdo con Odebrecht; cuestión clave porque Vela y Pérez habían decidido apelar ante la Junta de Fiscales Supremos la decisión de Chávarry. Esto terminó además de persuadir a los reemplazantes de los destituídos, Almanza y Páucar, después de unas horas de duda, de no comprarse el pleito.

Así, la decisión de la destitución resultó inviable, y Chávarry tuvo que asumir el costo del retroceso. Pero esto no significa, al menos hasta ahora, que esté dispuesto a dejar de pelear por mantenerse en el cargo. Tiene con qué: la Junta de Fiscales Supremos puede cuestionarlo, pero no puede destituirlo, ya que la Constitución establece que su nombramiento tiene un periodo fijo de tres años. Luego, la mayoría en el Congreso tiene la posibilidad de seguir postergando la evaluación de las acusaciones Constitucionales que hay en su contra, y de cuestionar la constitucionalidad del proyecto de ley del ejecutivo. Esto a pesar del tweet de Keiko Fujimori llamando a apoyar esta iniciativa, pensando acaso más en no dar motivos para que se diga que usa su poder político para entorpecer la acción de la justicia, en la víspera de la decisión respecto a su recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva que padece. Que finalmente fue declarada infundada.

¿Cuáles son los caminos de salida? El propuesto por el poder ejecutivo tiene, a mi modesto entender, serios problemas de constitucionalidad: la Constitución protege la autonomía de la Fiscalía precisamente para evitar intromisiones del poder ejecutivo. Pensemos en la situación de un Fiscal honesto investigando a un gobierno corrupto: la Constitución busca defender claramente al primero del segundo. Aunque no estemos ante esa situación en este momento, las normas se hacen pensado en situaciones generales, no en coyunturas específicas. La salida de Chávarry pasa en realidad por acelerar la evaluación de las acusaciones por infracción a la Constitución y la destitución por parte del pleno del Congreso. Esto además asegura que éste deje de ser Fiscal Supremo, no solo Fiscal de la Nación. Paralelamente, acelerar la aprobación de la ley orgánica y la constitución de la Junta Nacional de Justicia, que es la permitirá llevar a cabo la reestructuración a fondo del Ministerio Público. Allí se verá en última instancia cuál es el juego del fujimorismo y en qué finalmente ha devenido después de este terremoto.

sábado, 29 de diciembre de 2018

2018 – 2019


(Ilustración: Víctor Aguilar/ El Comercio)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 29 de diciembre de 2018

Revisar los acontecimientos de 2018 genera una sensación de vértigo. Iniciamos el año sabiendo que el presidente Kuczynski era extremadamente débil, pero que tenía algún margen para sobrevivir; hasta que los “mamaniaudios” terminaron de dejarlo en un aislamiento casi total. Luego, con el presidente Vizcarra, veíamos a un presidente aún más precario, con una fuerte tendencia descendente en sus niveles de aprobación ciudadana. Los “CNMaudios” abrieron una oportunidad que el gobierno aprovechó muy audazmente para aparecer encabezando la lucha contra la corrupción y la reformas de las instituciones políticas, lo que le da una apariencia de fortaleza en realidad muy circunstancial.

En el campo del fujimorismo, tuvimos también grandes convulsiones. Empezamos el año preguntándonos por los efectos que tendría el indulto al expresidente Fujimori; algunos pensaban que éste asumiría un liderazgo que opacaría al de Keiko, y que Kenji podría ser un nuevo referente político. Sin embargo, después de la caída de Kuczynski, lo peor parecía haber quedado atrás para Keiko: Alberto más preocupado por sus problemas de salud y por evitar la reversión del indulto, una FP “depurada” con la expulsión de Kenji, la renuncia de los avengers y el fracaso del proyecto de partido, Cambio 21; y un nuevo gobierno procurando no caer nuevamente en una dinámica de confrontación con el Congreso. Las cosas empezaron a cambiar con la inesperada iniciativa política del gobierno después de los CNMaudios, y con los avances en las investigaciones fiscales sobre lavado de activos, que cobraron fuerza después de la declaración de Jorge Barata de haber entregado un millón de dólares a la campaña fujimorista de 2011.

Empezamos el 2019 con una gran incertidumbre: las reformas de la administración de justicia y las iniciativas de lucha contra la corrupción, ¿llegarán a buen puerto? Dependerá del poder ejecutivo, pero también del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, que atraviesan una profunda crisis. Este año también vence el mandato de cinco de seis miembros del Tribunal Constitucional, institución clave. Además, está el justo reclamo de varios sectores en el sentido de que el gobierno debe gobernar: la reactivación de la economía, la lucha contra contra la inseguridad, la reconstrucción del norte, la continuación de la reforma de la educación, la reforma de la salud, entre muchos otros, no esperan. Me parece que la clave del 2019 está en aprovechar la pequeña ventana de oportunidad que se abrió con el llamado de Keiko Fujimori en octubre de contruir una agenda de “reencuentro nacional”, mediante un diálogo “sin condiciones”; y con el mensaje a la nación del Presidente Vizcarra del pasado 12 de diciembre, en el que anunció el inicio de una ronda de diálogos con los diferentes partidos, para dejar atrás “la etapa de enfrentamientos”. Difícil, no imposible.

Termino con un breve comentario personal: como se sabe, he tenido el honor de ser designado miembro de la Comisión Consultiva para la Reforma Política por el Presidente de la República; por ello, mientras dure ese encargo, no me referiré a los temas de la reforma. Solo diré que en la Comisión somos muy conscientes de que nuestra tarea es sumar iniciativas producidas por los actores políticos, por la academia, y por la sociedad civil; elaborar una agenda acotada y relevante de propuestas basadas en un diagnóstico bien fundamentado; y que la reforma solo será posible si es capaz de generar consensos amplios, si es capaz de lograr que los actores políticos representados en el Congreso la hagan propia.

viernes, 28 de diciembre de 2018

Un 2019 más tranquilo, por favor



Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de diciembre de 2018

Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski vivimos un ambiente de crispación y enfrentamiento expresado en la pugna entre ejecutivo y legislativo, que movilizaba especialmente una suerte de clivaje alrededor del fujimorismo. Con el presidente Vizcarra las cosas parecieron calmarse un poco, a costa de la percepción de que éste habría estado un tanto “a merced” del fujimorismo, por carecer de una base propia de sustentación. Sin embargo, los “CNMaudios” y las revelaciones provenientes desde Brasil respecto al financiamiento de las campañas electorales pusieron al fujimorismo en jaque, y crearon la oportunidad para que el gobierno resulte teniendo un inusitado respaldo popular.

Fortalecido el gobierno, fragmentado el fujimorismo, con Keiko Fujimori en prisión preventiva, se podría haber esperado un tiempo de cierto apaciguamiento, la aparición de un espacio de concertación. De hecho lo primero ocurrió durante unas semanas, y aún ahora se anuncia el inicio de una rueda de diálogos y conversaciones entre las principales fuerzas políticas. El problema es que diversos frentes conspiran contra esa necesidad. El frente judicial contamina el frente político, y pareciera que la agenda de la mayoría congresal estuviera marcada por la necesidad de brindar protección a su lideresa, al margen de las consecuencias políticas de esas decisiones. De otro lado, la polarización que aún genera el fujimorismo contamina también decisiones que ameritarían mayor debate.

Un par de ejemplos. Todos como sociedad estamos o deberíamos estar de acuerdo con impulsar la lucha contra la corrupción, y respaldar el trabajo de los Fiscales a cargo de las investigaciones más importantes. Sin embargo, las pugnas al interior de la Fiscalía y las implicancias políticas de las decisiones fiscales y judiciales hacen que frente a ellas se tome partido según las preferencias políticas. Este es un asunto que debiera dar lugar a un gran acuerdo político: asegurar la autonomía de las investigaciones, fortalecer la lucha contra la impunidad, implantar una lógica de “caiga quien caiga” sin sesgos, al mismo tiempo respetando escrupulosamente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. ¿Podría construirse una mayoría en torno a eso?

Otro ejemplo. Se ha generado una gran controversia sobre la formación de nuevas bancadas en el Congreso, resultantes de representantes que abandonan sus grupos parlamentarios originales por razones de conciencia. Tema delicado, porque en un extremo el transfuguismo y el oportunismo de algunos representantes constituye una burla a la voluntad popular expresada en las elecciones, y en el otro hay maniobras que buscan preservar una mayoría que ya no corresponde con la realidad política del Congreso, y de la sociedad. Hilar fino para distinguir la renuncia por razones de conciencia del puro oportunismo requiere una discusión y un acuerdo de cara a recuperar la confianza del Congreso ante la ciudadanía. Pero se sigue cayendo en el camino de la confrontación y en el cálculo político estrecho.

Terminamos el año, pero en realidad este se estirará hasta finales de enero, dada la ampliación de la actual legislatura. Esperemos que tras el breve receso de fiestas volvamos todos con los ánimos más sosegados. El éxito de la reforma del sistema de justicia y de muchos otros asuntos fundamentales para el país depende de ello. Los cambios en la composición política del Congreso abren oportunidades para todos que no debemos desaprovechar.

domingo, 16 de diciembre de 2018

La iniciativa de Vizcarra


Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de diciembre de 2018 
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Los resultados del referéndum del 9 de diciembre arrojaron una contundente victoria para el gobierno del presidente Vizcarra, y una suerte de derrota del Congreso, en tanto éste perdió la iniciativa de las propuestas de reforma y resultó siendo víctima de la molestia ciudadana frente a los escándalos de corrupción, de un extendido sentimiento antipolítico. En los días previos, muchos nos preguntábamos, “y después del referéndum, qué?, y nos quedábamos sin respuesta. Pues el miércoles 12 el presidente Vizcarra demostró que no andaba de espaldas a las preguntas que muchos ciudadanos nos hacíamos. Anunció que tiene listo el proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y que lo remitirá pronto al Congreso; y que observaría la ley de financiamiento de partidos aprobada apresuradamente por el Congreso. Lo interesante es que esta vez la “pechada” al Congreso no está llevando a un nuevo episodio de confrontación, sino a una inusitada colaboración por parte de este. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, un día antes, ya había anunciado la convocatoria a una legislatura extraordinaria para ver esos temas. Días antes, había calificado de “nefasta” la ley de financiamiento ilícito de partidos, anunció que no firmaría la autógrafa, y que sometería a votación una reconsideración de la misma.

Salaverry pidió una licencia temporal a la bancada de Fuerza Popular en el mes de octubre, y está sacando mucho provecho de esa independencia. Mientras Fuerza Popular sigue con una conducta ya sea políticamente suicida o basada exclusivamente en procurar la mejor defensa judicial de Keiko Fujimori sin importarle nada más, Salaverry parece tener muy claro que el desprestigio del Congreso y de Fuerza Popular lo termina afectando directa y personalmente, lo que abre un espacio para una cooperación con el poder ejecutivo que no debe subestimarse. Hace unos días el presidente Vizcarra se juntó con varios de los integrantes de lo que en el futuro podría ser el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el que compartió la mesa con Salaverry, el presidente del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional, que son también responsables de la implementación de la Junta Nacional de Justicia. Además, el ejecutivo ha anunciado la conformación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que deberá presentar propuestas que terminarán en manos del Congreso.

El papel de Salaverry ha adquirido mayor importancia para el ejecutivo dadas las complicaciones de la relación entre el gobierno y la bancada oficialista, que se ha quejado públicamente de falta de comunicación con el ejecutivo. Pero no puede reemplazarla, por supuesto. Porque la agenda del ejecutivo tiene que ser, por definición, más amplia y requiere no solo viabilidad legislativa, también voceros y operadores de la misma. La relación con las nuevas autoridades regionales y municipales, la agenda de la Competitividad, la Reconstrucción con Cambios, los temas de salud, educación y seguridad, la lucha contra la anemia y la violencia de género, requieren de aliados en el Congreso y en la sociedad. El anunciado diálogo político podría abrir oportunidades también para coordinar estas acciones y darle contenido específico, para que no quede solamente en una foto.

Veremos qué pasa. Hasta el momento, sólo la reforma de la justicia tiene contornos claros. Pero al menos el gobierno parece consciente de las limitaciones que tiene que superar.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Crispación, conspiraciones y ajenidad



Artículo publicado en El Comercio, sábado 8 de diciembre de 2018

Que el ambiente político en el Perú está crecientemente crispado parece una constatación obvia. Muestras de intolerancia por doquier, acusaciones cruzadas, indignaciones, desconfianza, proliferación de teorías conspirativas. “Nada es casual en política”, “en política no se puede ser ingenuo”, “piensa mal y acertarás”.

En medio de todo esto, conviene no perder la perspectiva, intentar entender lo que estamos viviendo, y cómo llegamos a esto. Para empezar, este clima es relativamente nuevo. Hasta no hace mucho, lo que nos llamaba la atención es cómo primaba la continuidad del modelo económico instaurado en la década de los años noventa, y la fortaleza del establishment para “poner en vereda” al Alan García que se movilizó en contra de la suscripción del TLC con los Estados Unidos en 2004 y que derrotó a la “candidata de los ricos”, Lourdes Flores, en la primera vuelta de las elecciones de 2006 (con quien luego formaría alianza en 2016); mucho más elocuente fue el abandono por parte de Ollanta Humala de la “gran transformación” de 2006 y luego de toda su coalición de izquierda despúes de los sucesos en Conga, a poco más de cuatro meses de haber llegado al gobierno en 2011. A lo largo de esos años, el fujimorismo pasó de ser marginal en 2001 a ser socio importante del gobierno de García en 2006, y luego protagonista de la segunda vuelta presidencial en 2011. El fujimorismo reaparecía de la mano de la continuidad y legitimación de las políticas orientadas al mercado, de allí que el candidato Pedro Pablo Kuczynski llamara entusiastamente a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de ese año. Es más, después de los resultados de las elecciones de 2016, sin un candidato crítico con el modelo económico en segunda vuelta, una pax neoliberal parecía asegurada. Hasta 2016, la conflictividad oponía a los críticos con el modelo económico con quienes apostaban por su continuidad, con un claro predominio de los segundos. Así vivió el país el “giro a la izquierda” que movió las aguas de todo el continente.

En realidad, la conflictividad reciente es consecuencia del quiebre de la coalición promodelo económico vigente desde la caída del fujimorismo; el propio fujimorismo se enfrascó en una confrontación muy destructiva con acaso la mejor personificación de la continuidad del modelo, Pedro Pablo Kuczynski. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. De otro lado, la onda sísmica proveniente del terremoto de lava jato en Brasil puso en el centro de la agenda el problema de la corrupción; inesperadamente, quienes ocuparon el gobierno y quienes recibieron importantes fondos de campaña, los más fuertes en el pasado, pasaron a estar en el banquillo de los acusados, y quienes lograron montarse sobre la ola de indignación de la opinión pública aparecen fuertes ahora, aunque en realidad no cuenten con ninguna base de sustentación propia.

En este río revuelto, tenemos en realidad un sálvense quien pueda generalizado, pero algunos creen ver acciones cuidadosamente planificadas, coordinadas y desarrollan asombrosas teorías conspiracionales. Pero ni el gobierno ni las ONGs controlan el poder judicial o los medios de comunicación, ni los corruptos las tienen todas consigo. Estamos ante actores diversos con alineamientos cambiantes que se mueven en múltiples frentes. En medio de esto, no perder vista que crispación no implica en realidad polarización: no es que la sociedad esté alineada detrás de los actores en pugna. En realidad, la sociedad mira el espectáculo de este enfrentamiento con creciente distancia, ajenidad e irritación.

¿Presidente débil o fuerte?


Vuelvo a las columnas semanales, esta vez todos los sábados en la sección política del diario El Comercio. Agradezco la invitación de María Alejandra Campos.


Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de diciembre de 2018

A inicios de julio de este año, al cumplir el presidente Vizcarra cien días en el cargo, la percepción general era que se trataba de un gobierno precario y débil, En ese tiempo analizábamos las renuncias de los ministros de la Producción, Daniel Córdova, del ministro de Economía, David Tuesta, y poco tiempo después del ministro de Justicia, Salvador Heresi, así como la evidencia de graves contradicciones en el manejo de diversos temas. El gobierno aparecía sin liderazgo y sin rumbo. La encuesta de IPSOS mostraba una caída de 57 a 35 en el porcentaje de ciudadanos que aprobaba la gestión del presidente entre abril y julio. Algunos medios hablaban de una aprobación en “caída libre”. Con indulgencia decíamos que no cabía esperar mucho de un gobierno que tuvo que asumir inesperadamente las riendas del país en medio de una emergencia, la renuncia del presidente Kuczynski, justo cuando parecía que iba a superar la votación de una segunda moción de declaratoria de vacancia. Inesperadamente, el 28 de julio el gobierno retomó la iniciativa, levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. Tuvo la intuición y habilidad de capitalizar la ola de indignación que generaron los “CNMaudios”, que le han permitido levantar su porcentaje de aprobación hasta 65 puntos. Cuatro meses después, hemos pasado de la “caída libre” a imaginar un presidente todopoderoso.

En realidad, creo que seguimos ante el mismo gobierno precario y débil de hace unos meses; detrás de la iniciativa expresada en el referéndum del 9 de diciembre, no hay ningún tema sectorial en el que destaque, como muestra la última encuesta del IEP. Es más, ni siquiera hay claridad de cuál es la estrategia o el plan del ejecutivo en los temas del referéndum para después de esa fecha. Buena parte de las iniciativas presentadas por la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia están en la congeladora en el Congreso, y la búsqueda de acuerdos para establecer una agenda legislativa está postergada. Y se vienen cambios fundamentales por la renovación de la Presidencia del Poder Judicial y de varios miembros del Tribunal Constitucional (¿también en la Fiscalía de la Nación?), de los que depende que la Junta Nacional de Justicia llegue a buen puerto. Y en cuanto a la reforma política, en realidad solo llevar a la Constitución algunas disposiciones de la ley electoral referida al financiamiento de las organizaciones políticas es una avance; prohibir la reelección de congresistas es un error, y el propio gobierno llama ahora a votar en contra de la propuesta del bicameralismo que aprobó en el Congreso. En otras palabras, la agenda de la reforma política se ha perdido y distorsionado.

En realidad, la percepción de estar ante un gran poder presidencial es consecuencia de la coincidencia entre la retórica de Vizcarra en contra la corrupción y el activismo judicial de un puñado de fiscales y jueces, en casos de gran visibilidad pública. Pero ese activismo tiene una dinámica propia, que puede llevar a cometer excesos y errores, pero que también ha permitido avances. Es ese mismo activismo judicial el que con sus avances y errores ha llevado a Lula a prisión y llevará al juez Sérgio Moro al ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro en Brasil.

Se habla de una supuesta falta de democracia en el país como consecuencia de fallos judiciales cuestionables. En realidad, lo que no es democrático es no aceptarlos, y renunciar al camino de impugnarlos por las vías que el mismo orden legal establece. Lo que vale para la Constitución o los resultados electorales vale también para los fallos judiciales.

lunes, 23 de julio de 2018

¿Cómo llegamos a esto?


La última columna en La República...

Artículo publicado en La República, domingo 22 de julio de 2018

Nuestro querido país, de crecimiento y acumulación con instituciones débiles y políticos precarios, con una ciudadanía con mayores expectativas y que siente una distancia sideral con la esfera oficial, nunca dejará de sorprendernos. Hace dos semanas en esta columna comentábamos los cien días del presidente Vizcarra, nos referíamos a su debilidad y lamentábamos su falta de iniciativa; desde entonces toda la atención está puesta en el sistema de administración de justicia. Han caído el presidente del Poder Judicial, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministro de Justicia, un juez supremo, se declaró en emergencia la Corte Superior del Callao y su expresidente está en prisión preventiva. Todo al descubrirse una compleja y extensa red de corrupción e intercambio de favores, a los más altos niveles. Un verdadero terremoto. Como se sabe, este se produce como consecuencia no intencional de una investigación sobre una organización delictiva en el Callao, que resulta develando inesperadamente una trama mucho más compleja, y cuyos resultados terminan filtrándose a la prensa.

El impacto de los audios revela varias cosas: primero, una suerte de planificación y administración de la información que busca maximizar su impacto y desarmar a los implicados en actos indebidos o ilegales. Algún día, espero, sabremos sobre quiénes y porqué manejaron y filtraron esta información. Segundo, la reacción ciudadana ha sido muy fuerte: la secuencia de audios permitió encauzar la indignación ciudadana ante el sistema de justicia por su incapacidad, por decirlo de algún modo, para enfrentar casos de violación de menores de edad (primeros audios del juez Hinostroza). Una vez creada la ola, los demás audios tienen una naturaleza más política, y nos llevan a problemas de corrupción y tráfico de influencias, que probablemente no habrían tenido el mismo efecto si el escándalo no hubiera empezado por el tema de un juez que libera a condenados por violación a menores de edad. La ola de destituciones y renuncias es consecuencia de una fuerte marea proveniente de la opinión pública, de la presión del periodismo y de los medios de comunicación; complementada por la reacción de muy diversas organizaciones de la sociedad civil y por la movilización callejera (en ese orden).

¿Qué significa esto respecto a la administración de justicia? La imagen que queda es la de un sistema en donde se enfrentan fuerzas diversas que dominan espacios y cuotas de poder parciales: existen redes mafiosas, pero también actores que hacen bien su trabajo. Están los jueces Hinostroza y Ríos, pero también el juez Cerapio Roque, la fiscal Rocío Sánchez, el grupo “Constelación” de la policía. Lo mismo podría decirse de las lógicas más “políticas”: existen grupos a favor de la impunidad y otros que sí se la juegan porque avancen las investigaciones en curso. Además, no siempre los que quieren pueden, lo que complica más el panorama, porque pareciera que si no pueden es porque no quieren. Así se genera la confusión en la que los diferentes sectores políticos se sienten al mismo tiempo amenazados por un sistema de justicia percibido como parcializado, cuando al mismo tiempo tienen importante influencia sobre otras áreas.

Permítanme terminar con una nota personal. Después de casi ¡diez años! de escribir sin falta semana a semana en las páginas de este diario, llegó el momento de despedirse. Agradezco mucho a La República y a los lectores por haberme permitido contribuir con mi grano de arena a ensanchar los márgenes de la discusión pública en nuestro país.

¿Misión imposible?

Artículo publicado en La República, domingo 15 de julio de 2018

Los últimos días han estado signados por la difusión de audios que desnudan una compleja trama de intercambio de favores indebidos por parte de jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Todo esto permite entender el mecanismo que impide que mejore la administración de justicia en el país: muchos de quienes llegan a ser jueces y fiscales se mantienen y ascienden en sus carreras gracias a sus relaciones con los miembros del CNM, construyéndose un esquema de “intercambio de favores” que les permite a todos obtener diversos beneficios particulares. La abogada cajamarquina Mirtha Vásquez ha señalado a propósito cómo funciona el mecanismo de las “tribus judiciales”, que articula verticalmente al CNM, a jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados; incluso denuncia cómo en la fiscalía se le solicitaron alguna vez “favores sexuales” para acceder a algún puesto.

En mi columna de la semana pasada terminaba señalando cómo para el gobierno de Vizcarra, “sin partido, sin mayoría, sin aprobación ciudadana, frente a un fujimorismo descarrilado, su única base de sostenimiento será el respaldo que puedan suscitar (…) sus propuestas de reforma”. Haciendo de la necesidad virtud, el Presidente ha creado la Comisión de reforma del sistema de justicia. ¿Una comisión más? ¿Apenas doce días para hacer semejante trabajo? Ya el presidente Kuczynski formó la Comisión de Integridad, cuyas recomendaciones han sido implementadas solo a medias, incluso por el propio poder ejecutivo. Es más, una muestra de la precariedad del gobierno para liderar la reforma es la reciente renuncia del Ministro de Justicia, por sus vínculos con jueces sobre quienes hay fundadas sospechas de ser parte de los esquemas corruptos que se quieren erradicar. Además, el Presidente del Poder Judicial anunció la creación de otra iniciativa de reforma, invocando la autonomía del Poder Judicial; y en el Congreso de la República también diversas comisiones (Constitución, Fiscalización, Justicia…) ponen en marcha sus propios mecanismos para implementar sus propias decisiones. Y sectores de la prensa vinculados a la mayoría del Congreso denuncian que la reforma de la justicia sería en realidad una maniobra encubierta para debilitar al fujimorismo. En otras palabras, parece una misión imposible.

A pesar de todo, la Comisión tiene miembros de una calidad indiscutible. Y el Embajador Wagner ha empezado muy bien su trabajo, dando señales de que buscarán la implementación de medidas concretas y significativas, al mismo tiempo que procurarán construir consensos con el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. La única manera de lograr una dinámica que lleve a logros tangibles es elaborar una propuesta muy concreta, al mismo tiempo ambiciosa y realista, que apunte a desarmar las redes de corrupción, estableciendo mecanismos meritocráticos para el nombramiento de jueces y fiscales, y mecanismos de evaluación transparentes, abiertos y objetivos de desempeño. En tanto se haga evidente de que no hay ningún afán de politizar la reforma, es que sus recomendación tendrán la legitimidad que podrá movilizar a la opinión pública, y crear una presión para comprometer al conjunto de poderes y entidades del Estado. Se trata de construir una cruzada nacional por la justicia y contra la corrupción, de la que nadie, salvo los corruptos, puedan oponerse.

Aclaración: Quien escribe tiene el honor de ser miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia.

Cien días

Artículo publicado en La República, domingo 8 de julio de 2018

Se cumplieron cien días del gobierno del presidente Vizcarra. Según GFK, la aprobación a su gestión cayó del 52% de los encuestados en abril a solo 29 en junio, y la desaprobación pasó del 23 al 56%. Terminó la participación de nuestro país en el mundial de fútbol, y de vuelta a las preocupaciones domésticas, el gobierno tiene todavía muy poco que exhibir; nadie espera grandes resultados en tan poco tiempo, el problema es que la orientación general del gobierno no queda clara.

La caída del ministro de la Producción, Daniel Córdova; las idas y vueltas en temas fundamentales como el manejo del impuesto selectivo al consumo; la renuncia del Ministro de Economía, David Tuesta; contradicciones en el manejo de diversos temas en sectores como Educación, Cultura, Desarrollo Social y otros consolidaron la imagen de un gobierno que todavía no sabe lo que quiere. No parece intentarse hacer mucho, parecen hacerse cosas obligados como respuesta a crisis, y que se resuelven concesivamente. Y cuando se intentan hacen cosas, afloran contradicciones que llevan a nuevas parálisis. Todo esto en medio de un entorno fiscal complicado, que está llevando a lógicas de restricción de gasto no siempre bien resueltas, que limitan aún más las posibilidades de implementar políticas.

Se trata por supuesto de un gobierno débil que asumió el poder en medio de una emergencia, es de justicia no olvidarlo. La debilidad no solo es del Consejo de Ministros, también de la complicada relación con el Congreso. Se sabía que era necesario contar con apoyo en el legislativo, pero se era consciente de que la bancada de PPK resultaba insuficiente. El acuerdo con el fujimorismo resulta indispensable, pero el tiempo también mostró que éste no puede ser un apoyo confiable: la ley sobre publicidad estatal, la supervisión de las cooperativas por la Superintendencia de Banca y Seguros, obligan a replantear la relación con el Congreso.

Pero en estos cien días también el fujimorismo debería reevaluar su estrategia. La aprobación a la actuación de Keiko Fujimori ha caído de manera importante, y nuevamente se percibe una actitud “desestabilizadora” frente al ejecutivo por parte de la oposición. Keiko F. tuvo que pagar un precio alto para mantener el control, la unidad y el tamaño de la bancada, lo que se expresa ahora en la libertad que parecen tener iniciativas particularistas que pululan por doquier: intereses conservadores en contra del enfoque de género en educación, a favor de discursos militaristas en cuanto al combate al crimen, al papel de las Fuerzas Armadas en los años del combate al terrorismo, o preocupantemente permisivos, por decirlo de algún modo, con propuestas que en la práctica limitan la posibilidad de controlar mejor la penetración de dineros ilegales en el sistema bancario o en el sistema político. También en el perfil de las alianzas que se establecen en las elecciones regionales y municipales de octubre; Keiko parece haber optado, de manera similar a la elección anterior de 2014, o la congresal de 2016, por contar con candidatos con recursos e influencia ante los poderes locales, antes que por posturas programáticas; la pelea con Fernando Cillóniz es muy elocuente de sus opciones actuales.

Para el gobierno de Vizcarra, pensar en llegar al 28 de julio con mucho más que buenas intenciones resulta fundamental. Sin partido, sin mayoría, sin aprobación ciudadana, frente a un fujimorismo descarrilado, su única base de sostenimiento será el respaldo que puedan suscitar sus iniciativas de política, sus propuestas de reforma. Sin ellas, se queda prácticamente con nada.

martes, 3 de julio de 2018

Carreras políticas sin partidos

Artículo publicado en La República, domingo 1 de julio de 2018

En las últimas semanas nos han llamado la atención varios hechos: de los 21 candidatos que aspiran a ganar la alcaldía de Lima, 18 ya han sido candidatos a algún otro cargo de elección popular (la experiencia es necesaria antes de tentar un cargo importante), pero apenas 2 de ellos lo hicieron por la misma agrupación política que los presenta hoy. Hemos visto candidatos que primero anuncian su candidatura y después buscan el grupo por el que postularán. Otro dato: para las próximas elecciones regionales, considerando a los partidos con representación en el Congreso, solo Alianza para el Progreso presentó candidaturas en las 25 regiones; Acción Popular en 21, Frente Amplio en 16, Fuerza Popular en 15, el APRA en 13 y Peruanos por el Kambio solamente en 4. Es evidente que los partidos nacionales en general no cuentan con cuadros suficientes para competir en las elecciones, y que incluso cuando presentan candidaturas lo hacen como “vientre de alquiler” para políticos regionales. Finalmente, hemos visto cómo 30 congresistas elegidos por Fuerza Popular han sido denunciados por diversas inconductas ante la Comisión de Etica, que llevaron a que el vocero Becerril tuviera que admitir que “no hicieron una buena selección de candidatos”. Hay que recordar además que solo el 15% de los congresistas electos por FP eran militantes de ese partido.

Todas estas evidencias confirman un patrón estructural de la política peruana desde hace un buen tiempo: tenemos partidos sin políticos, y políticos sin partido. Los partidos son poco más que plataformas de lanzamiento de candidatos, sin mayor consistencia ideológica o programática o vida interna; y tenemos políticos que intentan desarrollar carreras a través de diversos vehículos. En su tesis de licenciatura en Ciencia Política de la PUCP, Julio Gutiérrez calculó que en las últimas elecciones municipales provinciales (2010 y 2014), el promedio de candidatos con algún tipo de experiencia política previa llegó al 71 y 74%, respectivamente, lo que sugiere que en ámbitos provinciales existe una suerte de “clase política” local, con personajes a los que se les suele encontrar en diferentes agrupaciones a lo largo del tiempo.

En la investigación que desarrolla Alonso Barnechea para obtener el título de licenciado en Ciencia Política de la PUCP, encontró que del total de postulantes al Congreso en la elección de 2016, un 40% había tentado algún cargo de elección pública en la última década, y un tercio había postulado en al menos una de las elecciones regionales y municipales de 2006, 2010 o 2014. Entre los 130 congresistas electos, el 65% había participado en alguna de las elecciones celebradas entre 2006 y 2016, y el 29% contaba con alguna experiencia de postulación en algún nivel subnacional. Dentro de ese último grupo, el 61% llegó al Congreso por un grupo distinto al que albergó su última postulación. Nuevamente, hay indicios de desarrollo de carreras políticas, pero a través de diferentes agrupaciones políticas.

No todos los partidos son iguales, por supuesto. El APRA, Acción Popular o el PPC, por ejemplo, suelen tener más cuadros y militantes que los demás; Democracia Directa o UPP parecen mucho más “vientres de alquiler” típicos. Algunos grupos como el Frente Amplio, el APRA o el PPC tienen alguna base doctrinaria, otros son vehículos totalmente personalistas, como Solidaridad Nacional o Alianza para el Progreso. Fuerza Popular parece haber privilegiado, en la confección de sus listas, candidatos con recursos, de allí su relativo éxito electoral y también los muchos cuestionamientos que enfrentan hoy.

La novela de Ortega

Artículo publicado en La República, domingo 24 de junio de 2018

La semana pasada en estas páginas Mario Vargas Llosa escribió el artículo “Nicaragua, hora cero”, y comentó que “la historia del comandante Ortega es digna de ser novelada”. Sin embargo, en su artículo Vargas Llosa hace un buen análisis de la trayectoria política de Ortega y de la crítica situación actual en ese país, pero no se refiere casi a los elementos “novelescos” de su historia. Permítanme referirme a alguno de ellos.

Ortega (1945) proviene de una familia humilde, con parientes que lucharon en la guerrilla de Augusto César Sandino en contra de la ocupación estadounidense de Nicaragua, activamente opositora a la dictadura de la familia Somoza. Entró al activismo político desde muy joven, convirtiéndose en uno de los comandantes del sandinismo. Fue encarcelado, y pasó siete años en prisión; fue liberado mediante una espectacular operación de intercambio de rehenes con la dictadura. Al triunfar la revolución en 1979, Ortega se convirtió en el presidente de la Junta de Gobierno; diversos testimonios indican que Ortega alcanzó el liderazgo no por tener una personalidad arrolladora, sino porque su relativa grisura no despertaba anticuerpos. Además, por su historia familiar y personal parecía una garantía de consecuencia y principismo. En 1990, al perder las elecciones, Ortega aceptó la derrota y cumplió con la promesa de respetar la alternancia democrática.

Sin embargo, la derrota abrió la puerta al oportunismo y la corrupción; en el periodo de cambio de mando, el sandinismo transfirió a particulares allegados importantes bienes públicos; más adelante, bajo su dirección, inició un oscilante camino de alianzas oportunistas, dejando de lado los ideales y perfiles ideológicos primigenios. Al mismo tiempo Ortega se desembarazó progresivamente de sus competidores y se erigió en el líder absoluto del partido. Es en estas condiciones que Ortega volvió al poder en 2007, después de haber sido derrotado en 1996 y 2001. En 1998, Zoilamérica Narváez (1967), hija de la esposa de Ortega, Rosario Murillo, denunció haber sido acosada y abusada sexualmente por éste desde los once años de edad. Lo macabro de la historia es que su madre tomó abiertamente partido por el esposo, y no respaldó la denuncia de su hija. Las investigaciones al respecto se entramparon porque los delitos cometidos habrían prescrito.

Con los años el sandinismo fue convirtiéndose en un partido personalista, y el papel de Rosario Murillo fue haciéndose mayor, hasta convertirse en vicepresidenta, después de la reelección de Ortega en las cuestionadas elecciones de 2016. Murillo participa en la toma de decisiones “aportando” consideraciones no ideológicas, sino esotéricas y espiritualistas. Ortega en el gobierno combina ahora una retórica anticapitalista, un acercamiento a los países del ALBA, junto a una alianza con los principales grupos empresariales, y prácticas conservadoras como la prohibición del aborto y el matrimonio homosexual. Se embarcó en el proyecto quimérico de la construcción de un canal interoceánico, de costos escandalosos, financiamiento oscuro y que implicaría un desastre ecológico. Además, ha limitado seriamente la posibilidad de actuar de la oposición, ha concentrado groseramente el poder violando la autonomía de las instituciones, ha establecido el principio de reelección indefinida, y responde con una represión violenta e indiscriminada a las protestas sociales. El presidente del Congreso, operador de las maniobras gubernamentales, fue ratificado en su cargo después de fallecido en setiembre de 2016.

En efecto, una vida digna de ser novelada.

Sin modelo: ¿qué hacer?

Artículo publicado en La República, domingo 17 de junio de 2018

En las últimas semanas he comentado que hasta no mucho, parecía haber en nuestros países una variedad de modelos disponibles, alternativas de izquierda, de derecha y socialdemócratas que podían reivindicar ciertos éxitos. Hoy, sin embargo, ninguno de ellos luce bien.

¿Qué hacer entonces? ¿Qué lecciones podemos sacar de lo visto en las últimas semanas? Aquí algunas de mis conclusiones:

- disciplina macroeconómica. A pesar de que el “Consenso de Washington” ha sido muy vapuleado, creo que el primer mandamiento del “decálogo”, que prescribía disciplina fiscal se mantiene. En medio de sus grandes diferencias políticas, Bolivia y Perú fueron dos de los países a los que mejor les fue en lo económico; algo en común que tuvieron fue mantener disciplina fiscal (llegando a tener superávits fiscales entre 2006 y 2013), reducir los niveles de endeudamiento, acumular reservas internacionales como porcentaje del producto. Es la gran diferencia que explica la relativa estabilidad boliviana frente a los desórdenes de Venezuela, o las dificultades dejadas a los gobiernos actuales en Ecuador o Argentina.

- economía de mercado, políticas redistributivas, políticas sociales. En general, la mejor combinación parece ser el mantener la economía de mercado, impulsar medidas redistributivas que permitan mejorar nuestros niveles impositivos, captar mayores recursos fiscales, para ser destinados a la implementación de políticas sociales para beneficiar a la población más vulnerable. Perú es un país que, en el contexto latinoamericano, podría haber hecho mucho más, seguimos siendo uno de los países de la región que menos gasta en educación, en salud, como porcentaje del producto, y con niveles de presión tributaria por debajo del promedio de la región. Lidiar con el tamaño gigantesco de nuestra economía y sociedad informal es el gran desafío.

- participación, democratización. Ciertamente, las instituciones de la democracia representativa liberal, elitista, de partidos, parece claramente insuficiente para expresar a nuestras sociedades, crecientemente complejas. Abrir espacios a la participación y consulta a la sociedad, promover mecanismos de transparencia, control, fiscalización y aporte de ciudadanos resulta imprescindible. Pero también es cierto que en muchos contextos este tipo de prácticas, impuestas de manera vertical, expresan más bien intentos de control de la sociedad, de construcción de estructuras clientelísticas, de manipulación, de limitación a la acción de grupos opositores. Las promesas de democracias “participativas y protagónicas”, terminan en la construcción de regímenes autoritarios. Los peruanos también sabemos de eso, en la década de los noventa, lo que muestra que los riesgos de autoritarismo pueden venir desde la derecha como desde la izquierda.

- pluralismo político, acuerdos y transparencia. Nuestras democracias no están lejos de los riesgos de proyectos hegemonistas, basados en mayorías circunstanciales que pretenden perpetuarse en el poder. Tenemos mucho que recorrer en cuanto al reconocimiento del pluralismo; suena sensato apostar por la construcción de acuerdos y pactos. Al mismo tiempo, si ellos se hacen de maneras poco transparentes, terminan en esquemas elitistas, excluyentes frente a la sociedad, y corruptos.

Al final, resulta que es difícil construir o fundamentar grandes modelos ideales en el momento actual. Acaso para América Latina en los próximos años haya que apostar, antes que por grandes utopías, por una era de sensatez y sentido común. Que lamentablemente, escasea tremendamente en estos tiempos.

Sin modelo: la socialdemocracia

Artículo publicado en La República, domingo 10 de junio de 2018

En las últimas semanas comenté que la izquierda se ha quedado sin modelos. La insurrección armada, la economía planificada y el régimen de partido único resultan inviables; la alternativa fue la construcción partidaria, la relación con los movimientos sociales; la aceptación de la democracia liberal pero su complemento con medidas participacionistas; la aceptación de mecanismos de mercado pero con fuertes medidas impositivas con fines redistributivos. Sin embargo, diferentes gobiernos de izquierda en los últimos años derraparon hacia formas personalistas y autoritarias de ejercicio de poder, prácticas clientelísticas y fuertes desequilibrios económicos. Por el lado de la derecha las cosas no han ido mejor: la crisis 1998-2002 acabó con la “era dorada” neoliberal, que dio origen al “giro a la izquierda”; y la crisis 2008-2009 instaló la idea de que el mercado sin regulación tiene terribles consecuencias para el mundo entero. Entre nuestros países, gobiernos de derecha que propusieron iniciativas ambiciosas en la línea de relanzar una “segunda generación” de reformas terminaron encallando en el descrédito, dejando la impresión de complicidad entre intereses privados y autoridad pública, ineficacia tecnocrática, incapacidad política.

En medio de la izquierda revolucionaria y de la derecha neoliberal, emergió la alternativa socialdemócrata. En Chile, Brasil, Uruguay de los últimos años se buscó construir una opción que combinara las virtudes y evitara los defectos de ambos modelos. Se abrazó la economía de mercado y la inversión privada, al mismo tiempo que se promovió la distribución mediante políticas sociales eficaces. En lo político se puso en el centro de la identidad política a una democracia republicana. El problema de la inestabilidad de gobiernos sin mayoría en el parlamento en contextos presidencialistas se resolvió mediante la construcción de coaliciones; y la orientación al cambio se obtuvo apelando al convencimiento ante la opinión pública.

Por varios años la alternativa socialdemócrata pareció funcionar. En Chile, los partidos de la Concertación, adversarios en la década de los años setenta, pactaron y construyeron mayorías sólidas que le dieron estabilidad a sus gobiernos, mantuvieron altas tasas de crecimiento económico, redistribuyeron la riqueza y redujeron notablemente la pobreza. Se fortalecieron las instituciones democráticas, se amplió el espacio público y se ganó en la promoción de valores más igualitarios. En Brasil la apertura hacia políticas de mercado la inició un líder socialdemócrata como Fernando Henrique Cardoso; el PT moderó progresivamente su plataforma política, y al llegar Lula por primera vez al poder cuidó de transmitir señales de continuidad en materia económica. El PT se esforzó en establecer como marca distintiva un programa ambicioso y agresivo de políticas sociales, que tuvo logros muy importantes, que cambiaron el mapa político brasileño. Y el PT construyó coaliciones amplias que le dieron sostenimiento legislativo. Y le fue muy bien, fue reelecto en dos ocasiones, y en algún momento Brasil parecía firmemente encaminado como potencia mundial emergente.

En los últimos años, sin embargo, vemos ahora que los compromisos asumidos en aras de la gobernabilidad y de ganar la confianza de los mercados llevaron a postergar reformas fundamentales, y a soslayar la búsqueda de mayores niveles de bienestar para la población, sectores populares y también sectores medios. Peor aún, la cercanía con intereses privados y la presión por sostener coaliciones, llevó a caer en muy serios problemas de corrupción.