sábado, 29 de agosto de 2015

A ocho meses de las elecciones

Artículo publicado en La República, domingo 23 de agosto de 2015

En la última encuesta de IPSOS, la gestión del presidente Humala es aprobada por el 17% de los ciudadanos. En agosto de 2010, la aprobación del presidente García llegaba al 31% (llegó a 42% en julio de 2011, al final de su mandato). En julio pasado, según IPSOS, Keiko Fujimori lideraba la intención de voto de cara a las elecciones del próximo año (con 36%), seguida por Pedro Pablo Kuczynski (17%) y Alan García (12%). Se registra además una suerte de empate triple en el tercer lugar, entre Alejandro Toledo (8%), César Acuña (6%) y Daniel Urresti (4%). La suma de las categorías “otro”, “blanco o viciado” y “no precisa”, llegaba al 16%. En julio de 2010, el primer lugar de la encuesta de intención de voto se veía empatado entre Keiko Fujimori y Luis Castañeda (22 y 20%, respectivamente), y por debajo de ellos había otro empate en el tercer lugar entre Alejandro Toledo y Ollanta Humala (14 y 12%, respectivamente). Por debajo de ellos, con porcentajes mínimos, aparecían Mercedes Araoz, Jaime Bayly (ambos con 4%) y Pedro Pablo Kuczynski (con 2%). La suma de las categorías “otro”, “blanco o viciado” y “no precisa”, llegaba al 18%. Recordemos que al final ganó Humala con el 28%, seguido por Fujimori con el 21%; en tercer lugar quedó Kuczynski, con el 16%, en cuarto Toledo con 13%, quinto Castañeda con 9%, mientras que los demás candidatos sacaron porcentajes menores al 0.3% de los votos emitidos. Y que en la elección de 2006 la votación también se concentró en cinco candidatos, que lograron sacar más del 5% de los votos (Humala con 26%, García y Flores con 20%, Martha Chávez con 6% y Valentín Paniagua con 5% de los votos emitidos).

Si estos antecedentes resultan relevantes, podría afirmarse entonces que los protagonistas de las elecciones del próximo año ya deberían estar definidos a estas alturas; algunos se elevarán, otros se desinflarán y otros desaparecerán. Como señaló bien Alfredo Torres hace unas semanas en el diario El Comercio (“Definiendo al próximo presidente”), entre agosto y diciembre estamos jugando algo así como los cuartos de final del campeonato, donde la verdadera disputa es quedar dentro de los cuatro o cinco primeros lugares, para desde allí intentar ya sea entrar a la segunda vuelta, o por lo menos evitar la desaparición política. Concuerdo con Torres en que los tres primeros parecen ya definidos, y el verdadero interés de acá a final de año será la definición del cuarto o quinto lugar. Asumiendo que Toledo y Acuña muy probablemente serán candidatos, no parece haber mucho lugar para las sorpresas. El oficialismo deberá definirse entre Daniel Urresti o Ana Jara, y la izquierda, con suerte, podría perfilar una candidatura, y evitar el desastre de 2006 (Susana Villarán, Javier Diez Canseco y Alberto Moreno apenas obtuvieron poco más del 1% sumando sus votos).

El problema para estos candidatos es que se están quedando sin tiempo. Y necesitan recursos para hacerse llamativos en las pocas semanas que quedan de acá a inicios de diciembre.

La apuesta de Matos

Artículo publicado en La República, domingo 16 de agosto de 2015

Nos dejó José Matos Mar a los 93 años de vida. Con una trayectoria tan larga y fructífera, hay mucho que comentar: su relación con la generación de Tello y Valcárcel, su relación con San Marcos, su papel en la fundación de la antropología como disciplina en el Perú, su relación con Arguedas, el núcleo político-intelectual que fundó el Movimiento Social Progresista y luego el Instituto de Estudios Peruanos, su manera de concebir y desarrollar esa institución, su alejamiento y estancia en México en el Instituto Indigenista, su terca insistencia en los temas que podríamos llamar de antropología urbana, su optimismo respecto a la “hazaña” protagonizada por la población andina migrante, clave de la democratización del país.

Pero me pregunto aquí por el futuro de la apuesta de Matos. Hace unos años reseñé aquí uno de sus últimos libros, Estado desbordado y sociedad nacional emergente. Historia corta del proceso peruano (2012). En él Matos cuenta una epopeya cuya primera etapa arranca en década de los años cuarenta del siglo pasado, en la que los pobladores migrantes andinos se convierten de “migrantes a ciudadanos”; en la segunda, que empezaría en la década de los noventa, se consolidaría la posibilidad de construir una verdadera “sociedad nacional” sobre esa base. La noción de que la población “chola” sería la base de una sociedad “verdaderamente” nacional había sido anunciada por Aníbal Quijano en la década de los sesenta, pero fue Matos quien se mantuvo fiel a esa apuesta política hasta el final. Ese optimismo se basaba en la idea de que los ciudadanos de origen migrante andino llevarían consigo antiguas prácticas culturales, formas de socialidad basadas en el trabajo colectivo, en la reciprocidad y el intercambio, que llevaban a Matos a plantear la posibilidad de un “neosocialismo andino”. Estaríamos hoy en la víspera de una etapa en la que la ciudadanía chola se expresará también en lo político, con lo que lograríamos finalmente una representación más auténtica del país, una institucionalidad reconciliada con la “sociedad nacional emergente y pluricultural”.

Podría decirse que hoy compiten dos imágenes contrapuestas de esa “sociedad emergente”: junto a la optimista que encarnó Matos, hay otra que advierte que en esa misma sociedad lo que prima en realidad es informalidad, vínculos con actividades ilegales, individualismo y pragmatismo exacerbado, resistencia a la autoridad, identidades corporativas. Hugo Neira ha insistido en caracterizar este mundo como anómico.

Podría decirse, sin pretender ser conciliador, que el magma social que tanto entusiasmó a Matos puede tener diferentes maneras de canalizarse, que ninguna está de antemano predefinida, y que el desenlace dependerá de lo que los actores y el Estado hagan en el presente y futuro. Y acaso no quepa como antes apostar por grandes actores colectivos, del sujeto de la revolución o de la historia. Acaso antes que en los sujetos, habría que apostar por las instituciones.

El Perú y la caverna platónica

Artículo publicado en La República, domingo 9 de agosto de 2015

En las últimas dos semanas los peruanos hemos asistido al espectáculo de la representación del poder político: el discurso del Presidente de la República, la elección del Presidente del Congreso, la instalación de su mesa directiva, la asignación de las presidencias de la comisiones, etc.

Sin embargo, como pocas veces antes, este ceremonial ha despertado escaso interés. Y no solo por la escasa legitimidad de nuestras instituciones y la baja popularidad de los líderes que las encarnan. También porque percibimos que el poder real pasa cada vez menos por quienes lo ejercen formalmente. Precisamente, mientras el Congreso y sus comisiones concentran la atención, el ejecutivo está haciendo uso de facultades delegadas para legislar en diversas materias.

Una antigua metáfora puede ser útil para ilustrar esto: la caverna platónica. Mientras los medios nos hacen ver un espectáculo de sombras y apariencias proyectadas en la pantalla, en realidad las decisiones que afectan la vida de todos los peruanos, se están tomando en otro lugar, fuera del escrutinio público, por encima o al lado de los mecanismos de representación formales. En ese mundo los políticos intervienen solo marginalmente: deciden los ministros que no son políticos, sus asesores, los estudios de abogados, y otros grupos de interés. También organismos multilaterales, redes nacionales e internacionales de expertos y tecnócratas; ONGs y universidades, en alguna medida. Cada vez es más claro que la toma de las decisiones más importantes respecto a lo que ocurre en el país no pasa por la política: los políticos están mayormente encerrados en jugadas de muy corto plazo y alcance, asociadas a maximizar sus escasas oportunidades para desarrollar carreras políticas exitosas.

Esta manera de funcionar la política peruana tiene efectos mixtos y ambiguos: de un lado, ayuda a entender la extraordinaria continuidad de las políticas orientadas al mercado y de ciertas políticas de Estado, que han permitido el crecimiento económico y la reducción de la pobreza; pero también ayudan a explicar la escasa legitimidad de las instituciones representativas, vaciadas de contenido. Esto explica la estabilidad de los últimos años, pero también la creciente dificultad para emprender reformas más ambiciosas; la continuidad, pero también la vulnerabilidad de lo avanzado.

Esto no significa tampoco que los políticos sean absolutamente irrelevantes; mantienen un importante poder de veto, que busca evitar una mayor censura pública y que usan para negociar alguna parcela de poder. Y en tanto representación no funciona, tampoco la sociedad logra ser parte del juego político formal: esto tampoco significa que sea irrelevante, porque también mantiene cierto poder de veto a través de la movilización directa y la protesta callejera.

Entender la política en el Perú requiere dejar de ver el fondo de la caverna, y buscar la verdad allá afuera.

PS. La próxima semana comentaré sobre la partida de José Matos Mar.

martes, 11 de agosto de 2015

Sistemas de partidos en América Latina


Acaba de salir publicado un libro que me parece interesante, que contiene un capítulo de este servidor: Mariano Torcal, coord.: Sistemas de partidos en América Latina. Causas y consecuencias de su equilibrio inestable. Barcelona, Anthropos editorial, 2015, 335 p.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1. Introducción: Institucionalización de sistemas de partidos. Concepto, medición, y consecuencias de su equilibrio inestable (Mariano Torcal)
1.1 Institucionalización de sistema de partidos. Concepto y medición.
1.2 Los procesos explicativos.
1.3 Consecuencias de la falta de institucionalización de los sistemas de partidos.
1.4 Contenido del libro.

Capítulo 2. Institucionalización de sistemas de partidos: ¿por qué es necesario un nuevo concepto? (Juan Pablo Luna)
2.1. Estructura conceptual aditiva y unidimensional: ¿qué problema presenta la medición de la ISP en el espacio y el tiempo?
2.2. Relación entre la estabilidad electoral y el arraigo programático: un modelo alternativo para los casos latinoamericanos.
2.3. Relación empírica entre estabilidad y arraigo (programático): pruebas disponibles y nuevas.
2.4. Factores explicativos institucionales, estructurales y de largo y corto plazo entre la volatilidad electoral y la estructura programática.
2.5. Conclusiones.
Anexo 2.1. Medición de las conexiones programáticas

Capítulo 3. Comparación de distintos indicadores de consolidación de sistemas de partidos. (Brian F. Crisp - Santiago Olivella - Joshua D. Potter)
3.1 Indicadores de la consolidación de sistemas de partidos.
3.1.1 Indicadores no basados en resultados electorales.
3.1.2 Resultados electorales que siguen patrones previsibles.
3.2. Relaciones entre los distintos indicadores electorales de consolidación de los sistemas de partidos en América Latina.
3.3. Una medida compacta de la consolidación de sistema de partidos.
3.4. Conclusiones.

Capítulo 4. Volatilidad endógena y exógena: una nueva medida de institucionalización. (Mariano Torcal e Ignacio Lago)
4.1 El argumento teórico: volatilidad endógena y exógena.
4.2 Operacionalización de la volatilidad endógena y exógena y sus distintos escenarios
4.3 Volatilidad endógena y exógena del sistema de partidos en 43 países: una evidencia empírica.
4.4 Volatilidad exógena y gobernabilidad
4.5 Conclusiones.

Capítulo 5. Estabilidad sin raíces: Institucionalización de sistemas de partidos en Brasil. (Cesar Zucco)
5.1 Institucionalización de sistemas de partidos.
5.1.1. Estabilidad en los patrones de competencia electoral.
5.1.2. Legitimidad.
5.1.3. Organización de los partidos.
5.1.4. Raíces en la sociedad: fisiología de los partidos "hidropónicos".
5.2. La funcionalidad del sistema de partidos.
5.2.1. Rechazo de candidatos externos al sistema.
5.2.2. Gobernabilidad.
5.2.3. Responsabilidad y representación.
5.3. Estabilidad no institucionalizada

Capítulo 6. Retornar a las reglas. El efecto de las instituciones: partidos y parlamentos en Brasil, Chile y Uruguay. (Daniel Chasquetti)
6.1. La consolidación del enfoque sobre la institucionalización.
6.1.1 Retornar a las reglas.
6.2. Institucionalización de los sistemas de partidos y carreras legislativas.
6.3. La institucionalización de los congresos: los casos de Brasil, Chile y Uruguay.
6.4. Institucionalización del sistema de partidos: una explicación integrada.
6.4.1. Un enfoque integrado para explicar institucionalización de sistemas de partidos.

Capítulo 7. Partidos y carreras políticas en Colombia y Chile: algunas de las consecuencias de la falta de institucionalización de los componentes del sistema de partidos. (Felipe Botero)
7.1. Reelección y duración de carreras políticas.
7.2. Reelección y éxito electoral.
7.2.1. Datos y variables.
7.2.2. Resultados de la estimación de los modelos.
7.3. Conclusiones.

Capítulo 8. El cambio político en el Cono Sur: institucionalización partidaria y alternancia en Argentina, Chile y Uruguay. (Daniel Buquet)
8.1. Democracia y sistemas partidarios en América Latina.
8.2. Sistemas de partidos en el Cono Sur.
8.2.1. Sistema de partidos argentino.
8.2.2. Sistema de partidos chileno.
8.2.3. Sistema de partidos uruguayo.
8.3. Estabilidad política y sistemas de partidos en el Cono Sur.
8.4. Conclusiones.

Capítulo 9. Agencia y estructura, y el colapso de los sistemas de partidos en los países andinos. (Martín Tanaka)
9.1. Estructura, instituciones y agencia en los colapsos de los sistemas de partidos.
9.2. Bolivia y Perú: similitudes estructurales, diferencias políticas.
9.3. Venezuela y Ecuador: conductas "suicidas" y la construcción de una legitimación plebiscitaria.
9.4. Colombia: el ejemplo del no colapso.
9.5. Conclusiones.

Capítulo 10. Nacionalización e institucionalización de partidos en la Argentina del siglo XX. (Noam Lupu)
10.1 Marco conceptual.
10.1.1 El concepto de nacionalización.
10.1.2 Nacionalización e institucionalización de partido.
10.2 Datos y métodos.
10.3 Patrones generales de nacionalización.
10.4 Explicaciones de la institucionalización de partido en Argentina.
10.5. Institucionalización de partidos e institucionalización de sistemas de partidos. 10.6. Conclusiones.

Capítulo 11. ¿Partidos hidropónicos en un sistema de partidos muy institucionalizado? El caso de Chile. (David Altman y Juan Pablo Luna)
11.1. Volatilidad electoral sistema de partidos.
11.2. Las raíces de los partidos en la sociedad.
11.3. Las organizaciones de los partidos.
11.4. Legitimidad de los partidos políticos.
11.5. Conclusiones.

Capítulo 12. Nivel de institucionalización del sistema de partidos y personalización de la política en américa latina (1990-2008). (José Enrique Molina Vega)
12.1. Nuevos liderazgos personales.
12.2. Sistema de partidos y resurgimiento del personalismo.
12.3. Volatilidad como indicador de la institucionalización.
12.4. Volatilidad, personalización e institucionalización en América Latina.
12.5. Conclusiones: consecuencias de la personalización radical de la política .

Capítulo 13. ¿Es importante la institucionalización de los sistemas de partidos? Ataques especulativos y receptividad democrática en Latinoamérica. (Daniela Campello)
13.1. Ataques especulativos y cambios en las políticas económicas.
13.2. Instituciones políticas y responsabilidad democrática.
13.3. Diseño de la investigación y análisis de datos.
13.3.1. Variable dependiente "cambio".
13.3.2. Variables independientes.
13.3.3. Resultados.
13.4. Conclusiones.

Capítulo 14. Institucionalización del sistema de partidos, anclaje electoral y desacuerdo con intermediarios políticos: España, México y Uruguay en perspectiva comparada (Gerardo Maldonado Hernández)
14.1. Marco teórico y argumento
14.2. Selección de casos: España, México y Uruguay en perspectiva comparada
14.3. Datos, operacionalizaciones y modelo
14.3.1. Los datos
14.3.2. La variable dependiente
14.3.3. Operacionalización del anclaje de los votantes
14.3.4. La operacionalización de la intermediación política
14.3.5. Otras variables independientes de control
14.3.6. Especificación del modelo
14.4. Resultados
14.5. Conclusiones

Capítulo 15. Conclusiones tentativas y una futura agenda de investigación. (Mariano Torcal)
15.1 Multidimensionalidad y medida
15.2 Antecedentes de la institucionalización
15.3 Consecuencias de la institucionalización

martes, 4 de agosto de 2015

Provocaciones patrióticas

Artículo publicado en La República, domingo 2 de agosto de 2015

En estas fechas suelen proliferar ciertos tópicos o lugares comunes según los cuales el Perú tendría problemas “de origen” porque empezamos la vida republicana heredando una sociedad dividida, excluyente, por lo que la independencia no habría interesado a las elites criollas limeñas, por lo que nuestra libertad habría sido impuesta por fuerzas militares extranjeras. Así, desde entonces arrastraríamos problemas de serias divisiones entre la élite criolla y la mayoría indígena, que se expresarían hasta hoy en la persistencia del racismo y en la no existencia de una nación: no habría nada que unifique a todos los peruanos.

Creo que es muy cuestionable la base central de ese discurso, que entiende a la nación como una comunidad homogénea y unida, que debe existir desde el inicio de la vida de los Estados, y que constituiría algo así como su “alma”. En realidad, las naciones son narrativas desarrolladas por los Estados para crear una unidad donde existe diversidad, y lo que hay son narrativas más o menos exitosas, como ha insistido Hugo Neira en varios libros recientes. Ciertamente el discurso nacional criollo que apela a la unidad detrás de las banderas del mestizaje no es el más convincente. También es útil mirar más allá de nuestras fronteras. Veríamos entonces que la nación es siempre un proceso inacabado.

Así, veríamos que en toda América se discute la ambigüedad de las elites criollas respecto a la conveniencia de la independencia (incluyendo Argentina, por ejemplo). Entenderíamos que en su momento no era evidente la conveniencia de una ruptura total con el orden colonial; pensemos por ejemplo en Brasil, en donde un orden monárquico de origen colonial se extendió hasta 1889, lo que le permitió una transición más ordenada y evitar lo que el historiador argentino Tulio Halperín llamó “el largo hiato”, el periodo de guerras civiles, inestabilidad y desórdenes institucionales que se dieron en el conjunto de América desde las guerras independentistas, que recién se resuelve hacia la década de 1870. Desde entonces, en todos nuestros países se establecieron órdenes oligárquicos fuertemente excluyentes (también en Chile, por ejemplo), en los que se combinaron concepciones racistas y discriminadoras, de allí que en el siglo XX se diera en toda la región el populismo como práctica política, con precisamente la promesa de la integración de los excluidos. Nuestro problema es que esa integración se dio tardía y desordenadamente con el velasquismo, mucho después que en otros países.

Finalmente, deberíamos repensar nuestro ideal de nación: no aspirar a la homogeneidad, sino igualarnos en el respeto y valoración de nuestras diferencias. El ideal de un Perú de “todas las sangres” al que aspiraba Argüedas es quizá lo que más se acerque a esta idea. En otros países, la búsqueda de la unidad entre lo diverso ha llevado a apelar a la noción de patria antes que de nación. Quizá deberíamos en el futuro aspirar a ser más patriotas antes que nacionalistas.

VER TAMBIÉN:

Gonzalo Portocarrero: "El Perú todavía no es una nación"

lunes, 27 de julio de 2015

¿Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte?




Indice

Introducción
Eduardo Dargent y Martín Tanaka

Primera parte
Hacer investigación desde el sur y desde el norte

El estudio de las políticas de reforma del Estado en América Latina en perspectiva comparada con los países anglosajones, 1990-2014
Jessica Bensa

La medición de la volatilidad electoral en sistemas de partidos escasamente institucionalizados. Análisis del caso peruano
Jorge Aragón y José Luis Incio

Conocimiento denso y política comparada: un aporte desde el sur
Eduardo Dargent y Paula Muñoz

Segunda parte
Las condiciones del trabajo académico en el sur

Producción e impacto de la ciencia política en América Latina
Daniel Buquet

Who Sets the Intellectual Agenda? Foreign Funding and Social Science in Peru
Kelly Bay, Cecilia Perla y Richard Snyder

Tercera parte
El quehacer politológico en el norte y en el sur

The Present Opportunities for Latin American Political Science
Kurt Weyland

Migraciones intelectuales de sur a norte y de norte a sur
Ana María Bejarano

En off-side. Notas sobre la ciencia política contemporánea en América Latina
Juan Pablo Luna

Cuarta parte
La democracia y la ciencia política desde el sur y desde el norte

Olas y tornados: apuntes sobre el uso de la historia en el estudio de la democratización en América Latina
Alberto Vergara

De la crítica política a la ciencia política: notas hacia un balance
Martín Tanaka

Bicentenarios

Artículo publicado en La República, domingo 26 de julio de 2015

Cerca de un nuevo aniversario patrio, y entrando a la carrera que termina en las elecciones generales del próximo año, conviene preguntarse por la relación entre la próxima presidencia y la celebración del bicentenario de vida republicana en 2021.

El Bicentenario debería ser ocasión de celebración, pero también de reflexión sobre nuestra identidad, pasado, presente y futuro. Ocasión para fijarnos grandes metas colectivas que dejen atrás taras del pasado, y así cumplir “la promesa de la vida peruana” de la que habló Jorge Basadre. Los Estados en general, los gobiernos en particular, son los principales llamados a articular los esfuerzos a hacerse en esa dirección. Pero no siempre los hacen.

De hecho, la mayoría de los bicentenarios ya pasó en nuestros países, las celebraciones se concentraron en 2010. No necesariamente porque esos países se hayan “independizado mucho antes”, sino porque toman como referencia del inicio de sus vidas republicanas los primeros “gritos” de independencia, a diferencia del Perú. En esas celebraciones vimos un panorama muy variado. De un lado, hubo países en los que los gobiernos no tenían mayor interés en el asunto; por ejemplo, Alvaro Uribe en Colombia se presentaba a sí mismo como un “refundador” del país, que rechazaba a los partidos y a las instituciones “tradicionales”, por lo que no tenía ninguna narrativa histórica que proponer. Otros países sí tenían gobiernos con fuertes narrativas históricas e identitarias, pero en las que la constitución de la república no aparece como relevantes, como en la Bolivia de Evo Morales. La vida republicana aparece como parte de una historia de opresión de 500 años, por lo que no era motivo de celebración.

En otros países sí había e interés de utilizar el bicentenario para plantear un nuevo relato nacional, como en el México con Felipe Calderón, alternativo al relato tradicional del nacionalismo revolucionario priísta. Sin embargo, problemas de gestión, la crisis de inseguridad ciudadana desatada por la guerra del Estado contra el narcotráfico hicieron que las preocupaciones y urgencias del presente inmediato eclipsaran las provenientes del pasado. Donde sí hubo gran interés en celebrar el bicentenario, como un hito dentro de una historia de liberación y emancipación, que llevaba a una relectura del pasado y de las narrativas historiográficas más académicas, fue en Argentina, con Cristina Fernández. La hegemonía presente del peronismo buscó extenderse también hacia el pasado.

¿Y en nuestro país? Para hablar de los que aparecen hoy como candidatos principales, no parece que Keiko Fujimori tenga mayor interés en el bicentenario. Recordemos que su padre dijo en alguna ocasión que no admiraba a ningún personaje de nuestra historia. ¿Pedro Pablo Kuczynski? No parece. Quizá sí Alan García, quien maneja muchas ideas y nociones históricas, expresadas en libros y artículos, aunque no gozan de la simpatía del gremio historiográfico y científico en general, y que augura posible conflictos.

domingo, 19 de julio de 2015

Dos patas conversan

Artículo publicado en La República, domingo 19 de julio de 2015

Ambos nacidos alrededor de 1975, cuando caía el gobierno de Velasco y alcanzaba el poder Morales Bermúdez. El padre de uno era dirigente sindical de izquierda; el padre del otro, Ministro del Interior, cara visible del ala más dura y represiva de la dictadura. El primero participó en las protestas del paro nacional de 1977; el segundo implementó la ley que despidió a todos los líderes sindicales involucrados. La familia del primero quedó condenada a la pobreza, la del segundo era parte del círculo de poder más alto del país.

A inicios de la década de los años ochenta, los padres del primero ingresaron a Sendero Luminoso. El padre del segundo fue nombrado Ministro de Guerra del gobierno de Belaunde. Mientras los primeros eran parte de un movimiento que embosca y asesina policías y militares, el segundo dirige operaciones contrasubversivas (en una de ellas, cabe abatida la líder senderista Edith Lagos). Los primeros son parte de un movimiento que quiere inducir un genocidio, propiciando el involucramiento de las Fuerzas Armadas; el segundo piensa que los militares son “profesionales de la guerra preparados para matar”. El padre del primero es detenido y asesinado extrajudicialmente en el Frontón durante el gobierno de García; el padre del segundo aplaude la represión. La madre del primero es secuestrada y asesinada extrajudicialmente durante el gobierno de Fujimori; el padre del segundo, respecto a casos como este, comentaría, “bien muertos, mal matados”.

El primero de estos patas, de niño, ve pasar por su casa a senderistas, documentos clandestinos, hasta cartuchos de dinamita. El segundo torturadores y asesinos del ejército argentino. Ambos crecen con el temor de que los otros asesinen a sus padres, a sus familias, a ellos mismos; ambos ven a sus padres encarnando retorcidas ideas de integridad y justicia. Van creciendo, y se van distanciando de sus padres: el primero deviene en historiador, activista de derechos humanos. El segundo parece distanciarse más por razones generacionales que políticas, y deviene en periodista y escritor. Con el tiempo, ambos necesitan revisar sus historias, con honestidad brutal, con valentía, con sus inevitables limitaciones. El primero es José Carlos Agüero, su libro es Los rendidos. Sobre el don de perdonar (Lima, IEP, 2015), que ya comenté en esta columna. El otro es Renato Cisneros, quien escribió La distancia que nos separa (Lima, Planeta, 2015).


Hace unas semanas el primero fue entrevistado por el segundo, a propósito de la publicación del libro de aquél. De ese día Cisneros escribió que allí estaban “los hijos de hombres que fueron enemigos declarados, que desearon la muerte del otro sin conocerlo (…) tratando de urdir una conversación que a la generación anterior sencillamente le fue imposible tener”. No sé cuán concientes eran los dos de lo significativo de ese encuentro. Hablaron del libro, apenas de quiénes eran ellos. Pero ese tipo de conversación, abierta, honesta, es la que necesitamos como país.

Foto tomada de Letras en el Tiempo.

El Plan de operaciones Nipón 96 (2)

Artículo publicado en La República, domingo 12 de julio de 2015

Comentaba la semana pasada que era una lástima que el presidente hubiera dejado pasar una gran oportunidad para hacer pedagogía política, recuperar algo de perfil, y distanciarse de sectores hiper-conservadores, a propósito de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso “Cruz Sánchez y otros”. Partiendo de la sentencia, el gobierno podría haber dicho que:

- el Estado no solo tiene el derecho, sino el deber, de defender a la sociedad de las amenazas del terrorismo
- el uso de la violencia, del terror, como armas políticas son inaceptables dentro de una comunidad democrática
- el Plan de operaciones Nipón 96 (después conocido como “Chavín de Huántar”) es un ejemplo de respuesta estatal: una operación militar basada en la inteligencia, en una excelente preparación, que tenía como objetivo primordial rescatar con vida a los rehenes
- el país tiene una deuda con los Comandos (dicho sea de paso, ¿qué fue de los trabajadores mineros que construyeron los túneles?). Por extensión, con todos los militares y policías que nos defendieron de la amenaza del terrorismo
- resulta también inaceptable para un Estado de derecho asesinar a un terrorista desarmado y controlado. Por extensión, torturar, violar, o agredir en cualquier forma a un detenido. Estos son delitos comunes: si los agentes del Estado cometen delitos, pues deben ser sancionados
- así como los acusados por delitos de corrupción tienen derecho a la defensa, también los acusados por terrorismo, más cuando se han violado sus derechos. Sus abogados pueden no caernos simpáticos, pero eso no afecta al derecho a la defensa.

Sobre estas bases, totalmente razonables, podría haberse construído un gran consenso nacional. El Estado debería poner más empeño en detener al prófugo Jesús Zamudio, precisamente para deslindar su actuación en el asesinato de Cruz Sánchez, de la actuación de los Comandos. Y debería asegurar cubrir las necesidades de estos, desde las legales hasta las médicas y sicológicas. Esto podría haber permitido al gobierno tomar distancia de sectores hiperconservadores que piden retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no distinguen las respuestas legítimas del Estado de las violaciones a los Derechos Humanos y de los delitos comunes, la cantaleta de que se está haciendo el juego al terrorismo. Línea trazada, además, por los propios procuradores del Estado César Azabache, Delia Muñoz o Luis Huerta. En vez de esto, se sigue el camino fácil de “ni un sol a los terrucos” o de emprenderla con las ONGs que representan a los familiares de los terroristas.

El gobierno del presidente Humala termina asumiendo posiciones más conservadoras que las que podría tener. Algo parecido podría decirse respecto a temas como la unión civil o el aborto en caso de violación. A estas alturas el gobierno no es capaz de reconocer las oportunidades para hacer política de manera más trascendente cuando se le aparecen.

miércoles, 8 de julio de 2015

El Plan de operaciones Nipón 96

Artículo publicado en La República, domingo 5 de julio de 2015

Lástima que el presidente Humala haya dejado pasar una gran oportunidad para hacer pedagogía política, recuperar algo de perfil, y distanciarse de sectores hiper-conservadores, a propósito de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso “Cruz Sánchez y otros”.

Conviene recordar los hechos. Sumariamente, la sentencia de la Corte nos dice que el Estado usó legítimamente la fuerza militar el 22 de abril de 1997 para liberar a los rehenes secuestrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) el 17 de diciembre de 1996 mediante el “Plan de operaciones Nipón 96”, conocido más tarde como “Chavín de Huántar”. La Corte se apoya en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para reconocer que el MRTA “contribuyó a la violación de derechos fundamentales de los peruanos y las peruanas”, mediante actos como “la toma de rehenes y los secuestros con fines políticos y/o económicos”.

El problema viene porque en diciembre de 2000 el exrehén Hidetaka Ogura declaró haber visto vivos a tres miembros del MRTA después del operativo, que después aparecieron muertos. En 2002 la Fiscalía abrió proceso penal contra Nicolás Hermoza, Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Jesús Zamudio, pero también a los Comandos; el Procurador del Ministerio de Defensa acusó también a los Comandos. La Corte Suprema dirimió la contienda de competencia a favor del fuero militar en relación a los Comandos, y continuó en el fuero civil la acusación contra Hermoza, Montesinos y los agentes del Servicio de Inteligencia. En 2003 la justicia militar señaló que no habían pruebas que vinculen a los Comandos con los delitos; y en 2012 la Corte Superior absolvió a los citados del delito de autoría mediata, salvo al prófugo Zamudio.

Familiares de los emerretistas Cruz Sánchez, Herma Meléndez y Víctor Peceros llevaron el caso a la Corte Interamericana. La sentencia señala claramente que no está en cuestión la operación de rescate ni la acción de los Comandos, sino hechos posteriores a su intervención. La sentencia respalda lo señalado por la justicia peruana, que Cruz Sánchez fue muerto después de la operación. No solo está el testimonio de Ogura, también el de los dos policías (Robles y Arteaga) que lo detuvieron cuando intentaba escapar simulando ser rehén, registraron y entregaron a un militar no identificado. Su cadáver muestra solo dos heridas de bala (cuello y abdomen), patrón muy diferente al del resto de fallecidos. Estos datos son clave, porque marcan la diferencia respecto a los casos de Meléndez y Peceros; el testimonio de Ogura no encuentra corroboración en otros, y la ubicación de sus cadáveres y las heridas de bala recibidas (14 y 9, respectivamente) sugieren que ellas fueron recibidas por un fuego cruzado de múltiples armas, es decir, fallecieron en combate.

Al final, la Corte ordena esclarecer las responsabilidades en la muerte de Cruz Sánchez, para lo cual lo primero es ubicar al prófugo Jesús Zamudio. Seguiré con el tema.

“La plata llega sola”

Artículo publicado en La República, domingo 28 de junio de 2015

Hay muchas modalidades de corrupción, cada cual tiene su dinámica, y por lo tanto formas diferenciadas de prevenirla, combatirla y sancionarla.

Lo más descarado es apropiarse directamente de dinero público. César Alvarez y Martín Belaunde Lossio por ejemplo son acusados, el primero, por haber usado dinero de la región para que la línea editorial de los medios de comunicación asociados al segundo tuvieran una cobertura favorable a aquel. Para la ciudadanía es evidente y escandaloso que ese dinero podría haberse usado a su favor, no a favor de los intereses mafiosos del Gobernador de la Región.

Pero proliferan en los últimos años, de presupuestos más abultados, formas más sutiles. Por ejemplo, cobrar una “comisión” para favorecer a privados a través del gasto o contratación estatal. Cuando estos pagos inflan los costos resulta evidente que se está perdiendo dinero público, pero ello no necesariamente ocurre; el privado puede asumir esos costos y reducir su margen de ganancia, a cambio de tener una relación “privilegiada” con el poder. Aparentemente, “nadie” resulta perjudicado: no se tocan dineros públicos, las obras se contratan y los servicios se proveen. Se pierde eficiencia, se perjudica el clima de negocios, conceptos abstractos y más difíciles de aprehender por los ciudadanos.

Este tipo de corrupción suele desbaratarse por el uso posterior del dinero. Para mantener esos flujos, César Alvarez se propuso perpetuarse en el poder, para lo cual habría financiado una extensa red criminal, que habría llegado hasta el asesinato de opositores. El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, habría empezado a invertir el dinero apropiado en la compra de diversas propiedades, y su pareja en diferentes formas de consumo suntuario.

Pero hay formas más “discretas” de usar el dinero; por ejemplo, financiar la actividad política. Y una vez que el dinero permite construir alternativas políticas viables, “la plata llega sola”, y diversos intereses privados “aportan” para tener “buenas relaciones” con la elite política. Una vez en el poder, hay muchas formas para retribuir esa “buena voluntad”: pequeños ajustes en los términos de la convocatoria de un concurso o licitación, por ejemplo. Ese “intercambio de favores”, es una forma de corrupción, va en contra de la equidad, de la libre competencia y de la transparencia, y nuevamente, es difícil de detectar en tanto no implica apropiación directa de fondos públicos. Esta práctica podría ser denunciada por empresas perjudicadas, pero en ocasiones las empresas se cartelizan (actúan concertadamente) y en otras evalúan que no es conveniente enemistarse con el Estado.

En Brasil los alcances de estas prácticas están empezando a conocerse en toda su magnitud, y sin duda tendrán grandes repercusiones sobre nuestro país. ODEBRECHT, Camargo y Correa, OAS y Queiroz Galvao han tenido relación con los tres últimos gobiernos nacionales, y varios gobiernos regionales y alcaldías provinciales, que cruzan todo el espectro político.

miércoles, 24 de junio de 2015

Wilfredo Oscorima

Artículo publicado en La República, domingo 21 de junio de 2015

No debería pasar desapercibido el hecho de que el hoy prófugo de la justicia Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, haya sido sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por delitos contra la administración pública. Ya antes había sido sentenciado a dos años de pena privativa de libertad suspendida, y tiene además varios otros procesos judiciales en curso. En todos los casos se trata de adquisiciones que evadieron irregularmente procesos de licitación, así como de gastos, inversiones o concursos que favorecieron indebidamente a postores o proveedores. Oscorima apareció en Ayacucho como un empresario próspero “surgido desde abajo”, con un capital amasado en el negocio de salas de tragamonedas e inversiones inmobiliarias. A pesar de las denuncias periodísticas y sospechas de que se trataría de una fortuna mal habida (lavado de activos) y de la implementación de estrategias abiertamente clientelísticas en su campaña electoral (llegó a regalar dinero en efectivo y otros bienes en sus actividades proselitistas) llegó a ser elegido presidente regional en 2010 bajo las banderas de Alianza para el Progreso. A pesar de los problemas que tuvo su gestión y de la existencia de serias denuncias de malos manejos y corrupción, fue reelegido en 2014, esta vez con un movimiento ad-hoc, la alianza Renace Ayacucho.

En 2010 comentábamos sobre la creciente intervención de empresarios sin mayores antecedentes políticos en la política regional, surgidos en el marco del ciclo de crecimiento económico iniciado en 2003 en el país, ocurrido en un contexto de extrema debilidad de los partidos políticos. Y nos preguntábamos sobre las posibilidades de éxito y perspectivas de estos personajes: Oscorima en Ayacucho, Picón en Huánuco, Vizcarra en Moquegua, Vásquez en Loreto, entre otros (al respecto, véase el importante trabajo de Mauricio Zavaleta, Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral -Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2014-). Viendo el no muy feliz destino de Oscorima, Picón y Vásquez, y el mejor posicionamiento actual de Vizcarra (aunque no intentó reelegirse en 2014), pareciera que el traslado de prácticas empresariales a la gestión pública termina mal cuando traslada también prácticas “informales” de hacer negocios, por así decirlo. De otro lado, los casos de Vizcarra, o los de Atkins y Hilbeck en Piura, o de Cillóniz en Ica, si bien no están manchados por escándalos de corrupción, sí enfrentan los límites de formas “tecnocráticas” de acción política.

Finalmente, me parece importante resaltar la importancia del Consejo Regional como espacio de fiscalización de la gestión regional, junto a otros órganos de control, como la Contraloría y la Fiscalía. En la elección de 2014 Oscorima obtuvo apenas cuatro de trece consejeros, que ejercieron sus cargos con mayores niveles de independencia. En general, el papel fiscalizador de los consejeros regionales, y también el de los regidores municipales debería ser fortalecido.

Felipe González

Artículo publicado en La República, domingo 14 de junio de 2015

No deberían pasar desapercibidos en nuestro país las acciones de Felipe González, ex Jefe de Gobierno de España (1982-1996) y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Venezuela. Se sumó como abogado a la defensa de los líderes opositores encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos, detenidos en el contexto de las protestas de febrero y marzo de 2014, y del alcalde de Caracas Leopoldo Ledesma, detenido en febrero de este año.

González fue un referente importante para la política peruana entre finales de la década de los años setenta y durante la de los ochenta. Fue elegido Secretario General del PSOE en 1977, a los 35 años, y como tal lideró la adopción de una identidad socialdemócrata del socialismo español, abandonando el marxismo-leninismo y la pretensión de tomar el poder mediante estrategias insurreccionales y violentas. Bajo ese perfil fue elegido Jefe de Gobierno español en 1982, a los cuarenta años. Desde allí lideró la modernización y “europeización” española, que permitió que ese país dejara de ser uno de ingresos medios y se conviertiera en uno desarrollado.

En nuestro país, el joven Alan García, elegido Secretario General del APRA en 1982, a los 33 años, encontró en González una fuente de inspiración. A un partido percibido como agotado tras la muerte de Haya de la Torre, García le dio una nueva identidad, marcada por un socialismo moderno. En esto García le ganó la partida a una izquierda enclada hasta la década de los años ochenta en el marxismo-leninismo, y reticente a renunciar al uso de la violencia como estrategia revolucionaria. Tardíamente, y sin fuerza suficiente, Alfonso Barrantes intentó hacer lo mismo desde la izquierda. Pero García también se extravió en su intento de construir un gran liderazgo histórico en su primer gobierno, excediendo los límites del realismo político, y hundió al país en una de las peores crisis de su historia.

Hoy, González, a los 73 años, ha emprendido una nueva tarea, que tiene repercusiones directas sobre nuestro país: recordarle a las izquierdas latinoamericanas lo importante que es la defensa de las libertades democráticas. En un contexto en el que tanto Evo Morales como Rafael Correa buscan la aprobación de la reelección indefinida, por ser para el primero “expresión de la voluntad popular”, y por ser el principio de la alternancia en el poder para el segundo “una tontería de la oligarquía”, es saludable que desde la izquierda se levante la bandera de la democracia, de la defensa de las libertades políticas, de los equilibrios de poderes republicanos: sería lamentable que ellas quedaran en manos de las derechas.

Las izquierdas latinoamericanas tienen en la actualidad una gran tarea pendiente, que es nada menos que redefinir su identidad, en un contexto en el que una de sus alas, la más radical, desvirtúa las libertades democráticas, y otra (la socialdemócrata) se ve envuelta en escándalos de corrupción a los que condujeron los excesos del realismo político.

Sangre fría

Artículo publicado en La República, domingo 7 de junio de 2015

Según la teoría de la destrucción mutua asegurada, desarrollada durante la guerra fría, la garantía de la paz era contar con un armamento capaz de, si un país era atacado con armas nucleares, contragolpear de una manera tal que pudiera ocasionar daños gigantescos al adversario. Solo la certeza de que un conflicto con armas nucleares llevaría inevitablemente a la destrucción recíproca haría que los actores se abstuvieran de usarlas. El problema es que para que esto funcione, se requería que las potencias contaran con gigantescos arsenales, que ponían en riesgo al planeta entero; y que asumía que los actores eran totalmente racionales.

Sin embargo, Graham Allison mostró, en su célebre libro La esencia de la decisión (1971), dedicado al análisis de la crisis de los misiles en Cuba, que suponer que los actores actúan racionalmente es un supuesto excesivo. Intereses de corto plazo, presiones de organizaciones y de grupos de interés pueden llevar a cursos de acción no racionales y, por supuesto, los actores también cometen errores, resultado de emociones desbordadas, la falta de información respecto a las intenciones del enemigo, o de asumir que este sí estaría dispuesto a actuar irracionalmente. La inquietante conclusión de Allison es que el mundo estuvo realmente al borde de una guerra nuclear en octubre de 1962.

Me vino todo esto a la mente a propósito de nuestro debate político: parecemos dispuestos a embarcarnos en acciones destructivas y autodestructivas porque nos dejamos irresponsablemente llevar por intereses inmediatísimos, o porque asumimos que es el adversario el que está dispuesto a actuar irracionalmente. Viendo las cosas en frío, al gobierno no le conviene una conflagración con la oposición (cierre del Congreso, “Ollantazo”), y tampoco a esta hacer lo propio con el gobierno (vacancia presidencial). Claro que a cada quien le conviene actuar con fuerza y hasta agresividad en algunas circunstancias, pero todos deberían ser concientes de que hay límites que no se pueden traspasar, porque entonces las cosas se pueden escapar de control y al final todos pierden de manera catastrófica. Acusar de Nadine Heredia de lavado de activos por prácticas “informales” de financiamiento político en el que incurren todos los partidos es un ejemplo de eso. También inventar conspiraciones que apuntan a la destitución del presidente para justificar no dar explicaciones ante cuestionamientos razonables. El costo colectivo ya lo estamos viviendo en un mayor “enfriamiento” de la economía y en un impasse legislativo que podría impedir que el gobierno apruebe cambios legislativos necesarios para salir del atolladero en el que estamos.

Para todo esto se necesitan políticos que sepan distinguir cuándo la búsqueda de los intereses partidarios atenta contra el interés general, que sean capaces de reconocer en los adversarios un mínimo de legitimidad y racionalidad, que sepan cuándo llega el momento de la negociación, de encontrar salidas al laberinto.

Tipos de corrupción

Artículo publicado en La República, domingo 31 de mayo de 2015

La corrupción aparece como un problema político grave para los ciudadanos en toda la región. Desde países con cierta “tradición” de enfrentar este tipo de problemas, como México, hasta otros supuestamente “inmunes” a estos como Chile. Pero si bien la queja es prácticamente unánime, la corrupción asume formas muy diferentes en cada contexto.

Esquematizando, de un lado tenemos países en donde se construyeron redes bien enraizadas que permitieron asociaciones “ventajosas” entre el mundo político, el sector público y privado, que prosperaron en contextos autoritarios. Con sus diferencias, México, Paraguay o Guatemala, podrían entrar dentro de esta caracterización. De otro lado tenemos países en los que la corrupción aparece por la perversión de mecanismos de construcción de coaliciones políticas o de acuerdos en su momento necesarios para asegurar la gobernabilidad. En Brasil, lógicas de negociación política se entremezclaron con prácticas tradicionales clientelistas y de patronazgo, y evolucionaron hacia la compra de votos y sobornos en el Congreso, y con el intercambio de financiamiento de campañas electorales cada vez más caras por posteriores concesiones y contratos estatales. En Chile, país con una tradición institucional más fuerte, los escándalos aparecen asociados a la perversión de lógicas de gobierno amigables con el sector privado, que buscando el desarrollo de una economía de mercado, devinieron en asociaciones que hoy llamaríamos “mercantilistas”.

En este marco, podría decirse que en nuestro país carecemos de redes de corrupción bien asentadas y articuladas (aunque las tuvimos con el montesinismo durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori), dada nuestra dificultad general para actuar colectivamente en todo orden de cosas, y tampoco tenemos la degradación de lógicas pactistas, dada la naturaleza más bien antropófaga de nuestro sistema político. Nuestra corrupción no tiene una organización centralizada, ni redes extensas, y no aparecen, al menos no hasta el momento, lógicas “cartelizadas” por así decirlo. Lo que los escándalos recientes sugieren es que tenemos diferentes núcleos independientes que intentan sacar provecho de contar con “contactos” en mundo político, el sector público y el privado. Esos núcleos pueden tejer pequeñas redes sobre relaciones de tipo partidario (como en los dos gobiernos de Alan García), o sobre vínculos construidos durante el paso por el Estado (redes heredadas del fujimorismo, por ejemplo), como ser empresas particulares, como el caso Belaunde Lossio. Quien sí avanzó en crear una estructura bien montada fue César Alvarez en Ancash, articulando al gobierno regional con el sector privado, medios de comunicación locales, y autoridades judiciales, “proeza” no lograda en otros contextos regionales.

Lo bueno es que las redes de corrupción existentes, al no contar con una dirección centralizada, no parecen capaces de desafiar al Estado central; lo malo es que su dispersión hace su combate mucho más difícil.

lunes, 25 de mayo de 2015

China y América Latina

Artículo publicado en La República, domingo 24 de mayo de 2015

Estuvo de paso por nuestro país el primer ministro chino, Li Kequiang, como parte de una gira que empezó en Brasil y que comprenderá también a Colombia y Chile. En 2001 el presidente chino Jiang Zemin visitó Chile, Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela. En 2013, el vicepresidente Li Yuanchao visitó Argentina y Venezuela. Hace unos años que China es el segundo socio comercial de la región, detrás de los Estados Unidos (en nuestro país China es ya el destino principal de nuestras exportaciones); América Latina representa más del 30% de las exportaciones chinas, y más del 25% de sus importaciones. Pero hay mucho más que flujos comerciales: la liquidez de los bancos chinos y los intereses estratégicos de su Estado en esta parte del mundo hicieron que el financiamiento proveniente de ese país resultara clave para países como Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Por diversas razones, cuando estos países vieron comprometidos flujos crediticios de bancos occidentales, los chinos los sustituyeron. Y luego están las inversiones en diferentes proyectos, de infraestructura, minería, petróleo, y otros. Acá destacan inversiones como la ampliación del canal de Panamá, o la cuestionada construcción de otro canal interoceánico en Nicaragua. En nuestro país, las inversiones chinas en minería representan un tercio de las inversiones totales, en proyectos como Las Bambas, Toromocho o Marcona.

El gran anuncio después de la visita de Li Kequiang es el proyecto de construcción de un “ferrocarril transoceánico” que facilite el flujo comercial entre China y Brasil, a través de territorio peruano. Cabe recordar que China intenta implementar grandes proyectos ferroviarios desde hace algunos años, como el tren bala entre ciudad de México y Querétaro, proyecto suspendido por cuestionamientos al proceso de licitación, ocurridos además en el contexto de la denuncia de la compra de una mansión de siete millones de dólares por parte de la esposa del presidente Peña Nieto a una contratista socia de la empresa ferroviaria china.

¿Cómo pensar la presencia china en América Latina? En el pasado, se analizó la relación de la región con los grandes poderes económicos, como Inglaterra y los Estados Unidos, bajo el lente de la teoría de la dependencia. Una parte de ella parece vigente para pensar nuestra relación con este nuevo gigante económico: exportamos materias primas, importamos productos manufacturados; recibimos grandes préstamos e inversiones; priman los intereses estratégicos del poderoso, y solo nos queda intentar obtener beneficios en los márgenes. Pero China no es capaz de tener, al menos no hasta el momento, la misma influencia política o cultural. Y obviamente, vivimos otros tiempos, en los que valores como la democracia, la transparencia, la defensa de los derechos humanos, de las poblaciones indígenas y del medio ambiente, son valores fundamentales: en ninguno de ellos China es precisamente un adalid. Y por ellos deberíamos velar en cualquier negociación.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Dilemas políticos

Artículo publicado en La República, domingo 17 de mayo de 2015

Tía María. ¿Imponer la autoridad pública frente al desafío de grupos que van más allá de una protesta legítima, o retroceder buscando recuperar legitimidad y estabilidad? ¿Estado de emergencia o suspensión del proyecto? El camino del orden puede terminar en una tragedia; el retroceso puede debilitar la autoridad. Imponer la autoridad puede ser bueno para sectores empresariales y conservadores, pero se pierde legitimidad ante parte importante de la población. La paz y la estabilidad son buenos, pero no al costo de desalentar la inversión. El gobierno todavía no optó por ningún camino, tarde o temprano tendrá que hacerlo, con costos aún más altos. Y ojo que “imponer la ley y el orden” no suena creíble con un Estado que no puede ni asegurar los viáticos y la alimentación de los policías que envía para reprimir desmanes en las protestas.

Poder Judicial, Ministerio Público y CMN. Autonomía vs. control. El Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser autónomos, libres de interferencias y presiones; por ello, se le quitó al Congreso la potestad de aprobar sus nombramientos. Se le dio al Consejo Nacional de la Magistratura esa competencia, y se abrió la participación a organizaciones de la sociedad civil (colegios profesionales, rectores de las universidades), más allá de jueces, fiscales y abogados. ¿Cómo intervenir para que esas instituciones cumplan sus funciones, pero salvaguardando su autonomía? ¿Cómo evitar que esa autonomía se pervierta y el espacio sea capturado por mafias e intereses particularistas? No tomar decisiones nos condenará a seguir en la situación actual. Deberíamos pensar en una reforma constitucional para rediseñar el funcionamiento de estas entidades.

Minorías de vanguardia, mayorías conservadoras. En las últimas semanas y meses, se han discutido temas muy diferentes entre sí, como la Unión Civil, o el cuestionamiento a la construcción de un by-pass en la avenida 28 de Julio en Lima. En ambos casos, tenemos una minoría muy activa, que cuestiona el parecer de la mayoría. Los políticos en busca de popularidad pueden ampararse en el criterio mayoritario, pero a costa de sufrir el embate sistemático de quienes lo cuestionan. Y si tienen buenas razones, como en estos ejemplos, pueden llegar a revertir la idea mayoritaria, o cuando menos ganar el respado de actores clave, con lo que la apelación a la mayoría resulta perjudicial.

Minorías extremistas, mayorías silenciosas. Buena parte del clima de crispación y polarización que vivimos se debe a que el debate público es casi monopolizado por posiciones extremistas, locuaces y movilizadas. El problema es que la mayoría, que busca salidas razonables, no tiene voceros claros. Es en este momento en que necesitamos de liderazgos políticos. Pero nuevamente, quienes aspiran a representarnos en 2016 no tienen mensajes claros ni proponen soluciones de fondo. Acaso la Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, sea la que ha marcado más claramente el camino de salida.

martes, 12 de mayo de 2015

Tía María

Artículo publicado en La República, domingo 10 de mayo de 2015

En la política la confrontación es saludable, en tanto expresa los conflictos y las diferencias sociales; pero cuando deviene en polarización y extremismo, empieza a primar una lógica de liquidación de los adversarios. Resulta entonces que solo hay promineros y antimineros, y para los primeros quienes protestan son terroristas que boicotean el desarrollo para supuestamente “vivir” de la pobreza de una población manipulada, por lo que corresponde es la pura represión; y para los segundos lo único que parece interesar es lograr una victoria política, derrotar a la gran empresa, al gobierno, a la derecha. En medio, una oportunidad de inversión y desarrollo importante se pierde sin razones claras, ciudadanos y polícías muertos y heridos, agricultores empobrecidos, niños sin asistir a la escuela. Urge salir de un escenario de polarización, donde solo ganan los extremistas, y de suponer que una negociación consiste en la amenaza, la extorsión, la manipulación de la información o el soborno.

Como lecciones de fondo, de un lado, llama la atención la dificultad de algunas empresas y del Estado para aprender de los conflictos. Tía María tiene una historia larga que ya en 2011 dejó tres muertos en el camino; el segundo Estudio de Impacto Ambiental no buscó realmente despejar los temores de la población, sino aprovechar la urgencia gubernamental de promover la inversión. Y el Estado ha reaccionado demasiado tarde. Es llamativo el contraste en la misma región Arequipa con el proyecto Cerro Verde, que más bien aparece buscando legitimarse como socio en iniciativas de desarrollo de la región. Los mineros, antes que seguir un falso espíritu de cuerpo poniéndose detrás de la Southern, reclamando orden y espantándose ante las protestas, debieran presionar para que como gremio las relaciones comunitarias se tomen mucho más en serio. Algunas declaraciones del Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, han sido lamentables.

De otro lado, también hemos visto una vez más que, así como no hay representación política en el Perú, tampoco hay representación social. Los supuestos dirigentes aparecen más bien como brokers con intereses propios, distinguibles de los de la población, de los partidos, que quieren desarrollar carreras como mediadores en protestas y conflictos. Las autoridades políticas locales quedan totalmente desbordadas por la acción de estos operadores, que ganan espacio ante la ausencia de otros actores. Las izquierdas tienen que deslindar claramente cuando intereses particularistas pretenden pasar por los de la población. No solo porque ellas deberían estar interesados en representar sus intereses, también porque la izquierda debe condenar enfáticamente el uso de la violencia en las protestas. Ha tomado tiempo abandonar el paradigma revolucionario insurreccional, pero parece haber quedado la idea de que en las protestas sí sería válido. No lo es, y más bien legitima la criminalización de un derecho ciudadano.

lunes, 4 de mayo de 2015

La “derechización” del Perú

Artículo publicado en La República, domingo 3 de mayo de 2015

En el panorama latinoamericano, Perú llama la atención por ser uno de los países más “derechizados”. La hegemonía de la derecha se da en gran medida por el default de la izquierda, por la incapacidad de esta para construir una oferta atractiva, y no tanto porque aquella se haya enraizado en la sociedad y en los sectores populares. Recordemos que en las últimas elecciones ha sido más atractivo para los ciudadanos escuchar discursos de centro-izquierda.

En el Congreso actual, desaparecido Javier Diez Canseco, la izquierda como tal no tiene voceros. Ha habido siempre cuadros muy valiosos, pero dentro de otras organizaciones (Partido Nacionalista, UPP, Perú Posible), pero no hablan ni actúan en nombre la izquierda. Si vemos el escenario regional y local tampoco, salvo Gregorio Santos en Cajamarca y Susana Villarán en Lima metropolitana, pero sabemos que ambas experiencias terminaron mal. La izquierda mantiene presencia en algunos gremios y en algunos movimientos de protesta, pero que no van más allá de sus demandas particulares.

En todas partes existen sectores de derecha ultra conservadores. Pero en la mayoría de lugares existen izquierdas que rebaten esas posturas: sectores de izquierda moderados están en el poder en Brasil, Chile, Uruguay o El Salvador; más radicales en Argentina, Bolivia, Ecuador, y en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y las izquierdas tienen presencia importante en países más derechizados, como México o Colombia. Perú aparece en una categoría de países de predominio de derecha sin cuestionamientos efectivos, como en Paraguay o Guatemala.

En las últimas semanas hemos asistido a la negación de derechos elementales a población homosexual y de otras orientaciones sexuales; el rechazo a la despenalización del aborto en casos de violación; el rechazo a tomar en serio las cuentas pendientes que tiene el Estado por responsabilidades en la violación de derechos humanos; la descalificación a quienes se oponen a proyectos mineros; la acusación de terroristas a quienes simplemente ejercen su derecho a ser de oposición. Atención que una cosa es discrepar con algunas posiciones, a las cuales se puede legítimamente criticar, y otra es descalificarlas y empujarlas fuera de los márgenes del sistema político.

En la derecha parecen primar los viejos hábitos (ver la tímida reacción de CONFIEP ante el caso Balarezo), la vieja distancia, desconfianza y temor frente a los sectores populares (ver reacciones ante las protestas en Tía María) y frente a quienes de alguna manera desafían el supuesto “orden natural” de las cosas. El problema es que de cara al 2016, las cosas pueden empeorar: ya no existe como en 2006 o en 2011 el temor a Humala, tampoco la mala conciencia del apoyo al fujimorismo de 2001, con lo que la apelación al “principio de autoridad” sin concesiones tenderá a darse más fácilmente que antes, y ese es uno de los mayores riesgos para la democracia peruana. A tomar en cuenta en los debates sobre la necesidad de construir un centro político.

¿Cómo crecer en el corto plazo?

Artículo publicado en La República, domingo 26 de abril de 2015

Continúo con temas que abordé la semana pasada, referidas al peso de factores internos y externos en el crecimiento económico. Es claro que en nuestro país los momentos de bonanza y crisis se explican fundamentalmente por el contexto externo, pero también lo es que en ocasiones nos va mejor o peor que al resto. En la década de los años ochenta nos fue mucho peor, y en los últimos años mucho mejor. Para Waldo Mendoza, (“Milagro peruano: ¿buena suerte o buenas políticas?”, en la revista Economía, vol. XXXVI, n° 72, 2013), la clave estaría en la política monetaria y fiscal, a cargo del Banco Central y del Ministerio de Economía, y su carácter en los años recientes: conservadora en contextos de auge, expansiva en contextos de desaceleración. Esto explicaría además por qué a países tan diferentes en lo político como Perú y Bolivia les ha ido bien recientemente: comparten un manejo macroeconómico ortodoxo y contracíclico. Habría que explorar más este argumento, incorporando más países en la comparación. En todo caso, resulta claro a mi juicio que en el Perú la clave ha estado en la continuidad de esas políticas en los últimos gobiernos, por lo que las críticas del exministro Carranza al manejo económico actual suenan poco razonables.

Ahora bien, también es cierto que deberíamos intentar hacer más en el corto plazo, para intentar crecer más. Lo que aparece más “a la mano” es la cartera de grandes proyectos de inversión minera, que pasa los 60,000 millones de dólares (para tener una idea de cuánto es esto, el PBI total del país es un poco más de 200,000 millones). A corto plazo, buena parte del crecimiento parece jugarse en la viabilidad de grandes proyectos mineros: así, proyectos como Las Bambas, Cerro Verde, o Toromocho parecen avanzar, mientras que Conga, Tía María o Quellaveco se empantanan. Acá la pregunta que surge es, ¿por qué si estos proyectos son tan importantes, ni las empresas directamente involucradas ni el Estado se preocupan suficientemente por asegurar su legitimidad y viabilidad? El gobierno actual creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (octubre 2012), inicialmente a cargo del Vladimiro Huaroc (sustituido a finales del año pasado), en principio, para evitar que sucesos como los de Conga no volvieran a repetirse. Sin embargo, la importancia de la tarea no ha tenido ni por asomo correspondencia con el respaldo otorgado a esa oficina. El resultado está a la vista en estos días en Islay: al final, se pretende resolver los problemas con pura represión, lo que termina “agudizando las contradicciones” y haciendo inviables los proyectos. Sacar adelante los grandes proyectos mineros implica no más represión, sino un paciente y serio trabajo de construcción de su viabilidad social, ambiental, política.

De otro lado, ¿cuáles son las propuestas de desarrollo no minero de corto plazo? Atención que en nuestra economía los sectores de transformación y de servicios pesan más que el extractivo, aunque no tengan “megaproyectos”.