martes, 3 de julio de 2018

Carreras políticas sin partidos

Artículo publicado en La República, domingo 1 de julio de 2018

En las últimas semanas nos han llamado la atención varios hechos: de los 21 candidatos que aspiran a ganar la alcaldía de Lima, 18 ya han sido candidatos a algún otro cargo de elección popular (la experiencia es necesaria antes de tentar un cargo importante), pero apenas 2 de ellos lo hicieron por la misma agrupación política que los presenta hoy. Hemos visto candidatos que primero anuncian su candidatura y después buscan el grupo por el que postularán. Otro dato: para las próximas elecciones regionales, considerando a los partidos con representación en el Congreso, solo Alianza para el Progreso presentó candidaturas en las 25 regiones; Acción Popular en 21, Frente Amplio en 16, Fuerza Popular en 15, el APRA en 13 y Peruanos por el Kambio solamente en 4. Es evidente que los partidos nacionales en general no cuentan con cuadros suficientes para competir en las elecciones, y que incluso cuando presentan candidaturas lo hacen como “vientre de alquiler” para políticos regionales. Finalmente, hemos visto cómo 30 congresistas elegidos por Fuerza Popular han sido denunciados por diversas inconductas ante la Comisión de Etica, que llevaron a que el vocero Becerril tuviera que admitir que “no hicieron una buena selección de candidatos”. Hay que recordar además que solo el 15% de los congresistas electos por FP eran militantes de ese partido.

Todas estas evidencias confirman un patrón estructural de la política peruana desde hace un buen tiempo: tenemos partidos sin políticos, y políticos sin partido. Los partidos son poco más que plataformas de lanzamiento de candidatos, sin mayor consistencia ideológica o programática o vida interna; y tenemos políticos que intentan desarrollar carreras a través de diversos vehículos. En su tesis de licenciatura en Ciencia Política de la PUCP, Julio Gutiérrez calculó que en las últimas elecciones municipales provinciales (2010 y 2014), el promedio de candidatos con algún tipo de experiencia política previa llegó al 71 y 74%, respectivamente, lo que sugiere que en ámbitos provinciales existe una suerte de “clase política” local, con personajes a los que se les suele encontrar en diferentes agrupaciones a lo largo del tiempo.

En la investigación que desarrolla Alonso Barnechea para obtener el título de licenciado en Ciencia Política de la PUCP, encontró que del total de postulantes al Congreso en la elección de 2016, un 40% había tentado algún cargo de elección pública en la última década, y un tercio había postulado en al menos una de las elecciones regionales y municipales de 2006, 2010 o 2014. Entre los 130 congresistas electos, el 65% había participado en alguna de las elecciones celebradas entre 2006 y 2016, y el 29% contaba con alguna experiencia de postulación en algún nivel subnacional. Dentro de ese último grupo, el 61% llegó al Congreso por un grupo distinto al que albergó su última postulación. Nuevamente, hay indicios de desarrollo de carreras políticas, pero a través de diferentes agrupaciones políticas.

No todos los partidos son iguales, por supuesto. El APRA, Acción Popular o el PPC, por ejemplo, suelen tener más cuadros y militantes que los demás; Democracia Directa o UPP parecen mucho más “vientres de alquiler” típicos. Algunos grupos como el Frente Amplio, el APRA o el PPC tienen alguna base doctrinaria, otros son vehículos totalmente personalistas, como Solidaridad Nacional o Alianza para el Progreso. Fuerza Popular parece haber privilegiado, en la confección de sus listas, candidatos con recursos, de allí su relativo éxito electoral y también los muchos cuestionamientos que enfrentan hoy.

La novela de Ortega

Artículo publicado en La República, domingo 24 de junio de 2018

La semana pasada en estas páginas Mario Vargas Llosa escribió el artículo “Nicaragua, hora cero”, y comentó que “la historia del comandante Ortega es digna de ser novelada”. Sin embargo, en su artículo Vargas Llosa hace un buen análisis de la trayectoria política de Ortega y de la crítica situación actual en ese país, pero no se refiere casi a los elementos “novelescos” de su historia. Permítanme referirme a alguno de ellos.

Ortega (1945) proviene de una familia humilde, con parientes que lucharon en la guerrilla de Augusto César Sandino en contra de la ocupación estadounidense de Nicaragua, activamente opositora a la dictadura de la familia Somoza. Entró al activismo político desde muy joven, convirtiéndose en uno de los comandantes del sandinismo. Fue encarcelado, y pasó siete años en prisión; fue liberado mediante una espectacular operación de intercambio de rehenes con la dictadura. Al triunfar la revolución en 1979, Ortega se convirtió en el presidente de la Junta de Gobierno; diversos testimonios indican que Ortega alcanzó el liderazgo no por tener una personalidad arrolladora, sino porque su relativa grisura no despertaba anticuerpos. Además, por su historia familiar y personal parecía una garantía de consecuencia y principismo. En 1990, al perder las elecciones, Ortega aceptó la derrota y cumplió con la promesa de respetar la alternancia democrática.

Sin embargo, la derrota abrió la puerta al oportunismo y la corrupción; en el periodo de cambio de mando, el sandinismo transfirió a particulares allegados importantes bienes públicos; más adelante, bajo su dirección, inició un oscilante camino de alianzas oportunistas, dejando de lado los ideales y perfiles ideológicos primigenios. Al mismo tiempo Ortega se desembarazó progresivamente de sus competidores y se erigió en el líder absoluto del partido. Es en estas condiciones que Ortega volvió al poder en 2007, después de haber sido derrotado en 1996 y 2001. En 1998, Zoilamérica Narváez (1967), hija de la esposa de Ortega, Rosario Murillo, denunció haber sido acosada y abusada sexualmente por éste desde los once años de edad. Lo macabro de la historia es que su madre tomó abiertamente partido por el esposo, y no respaldó la denuncia de su hija. Las investigaciones al respecto se entramparon porque los delitos cometidos habrían prescrito.

Con los años el sandinismo fue convirtiéndose en un partido personalista, y el papel de Rosario Murillo fue haciéndose mayor, hasta convertirse en vicepresidenta, después de la reelección de Ortega en las cuestionadas elecciones de 2016. Murillo participa en la toma de decisiones “aportando” consideraciones no ideológicas, sino esotéricas y espiritualistas. Ortega en el gobierno combina ahora una retórica anticapitalista, un acercamiento a los países del ALBA, junto a una alianza con los principales grupos empresariales, y prácticas conservadoras como la prohibición del aborto y el matrimonio homosexual. Se embarcó en el proyecto quimérico de la construcción de un canal interoceánico, de costos escandalosos, financiamiento oscuro y que implicaría un desastre ecológico. Además, ha limitado seriamente la posibilidad de actuar de la oposición, ha concentrado groseramente el poder violando la autonomía de las instituciones, ha establecido el principio de reelección indefinida, y responde con una represión violenta e indiscriminada a las protestas sociales. El presidente del Congreso, operador de las maniobras gubernamentales, fue ratificado en su cargo después de fallecido en setiembre de 2016.

En efecto, una vida digna de ser novelada.

Sin modelo: ¿qué hacer?

Artículo publicado en La República, domingo 17 de junio de 2018

En las últimas semanas he comentado que hasta no mucho, parecía haber en nuestros países una variedad de modelos disponibles, alternativas de izquierda, de derecha y socialdemócratas que podían reivindicar ciertos éxitos. Hoy, sin embargo, ninguno de ellos luce bien.

¿Qué hacer entonces? ¿Qué lecciones podemos sacar de lo visto en las últimas semanas? Aquí algunas de mis conclusiones:

- disciplina macroeconómica. A pesar de que el “Consenso de Washington” ha sido muy vapuleado, creo que el primer mandamiento del “decálogo”, que prescribía disciplina fiscal se mantiene. En medio de sus grandes diferencias políticas, Bolivia y Perú fueron dos de los países a los que mejor les fue en lo económico; algo en común que tuvieron fue mantener disciplina fiscal (llegando a tener superávits fiscales entre 2006 y 2013), reducir los niveles de endeudamiento, acumular reservas internacionales como porcentaje del producto. Es la gran diferencia que explica la relativa estabilidad boliviana frente a los desórdenes de Venezuela, o las dificultades dejadas a los gobiernos actuales en Ecuador o Argentina.

- economía de mercado, políticas redistributivas, políticas sociales. En general, la mejor combinación parece ser el mantener la economía de mercado, impulsar medidas redistributivas que permitan mejorar nuestros niveles impositivos, captar mayores recursos fiscales, para ser destinados a la implementación de políticas sociales para beneficiar a la población más vulnerable. Perú es un país que, en el contexto latinoamericano, podría haber hecho mucho más, seguimos siendo uno de los países de la región que menos gasta en educación, en salud, como porcentaje del producto, y con niveles de presión tributaria por debajo del promedio de la región. Lidiar con el tamaño gigantesco de nuestra economía y sociedad informal es el gran desafío.

- participación, democratización. Ciertamente, las instituciones de la democracia representativa liberal, elitista, de partidos, parece claramente insuficiente para expresar a nuestras sociedades, crecientemente complejas. Abrir espacios a la participación y consulta a la sociedad, promover mecanismos de transparencia, control, fiscalización y aporte de ciudadanos resulta imprescindible. Pero también es cierto que en muchos contextos este tipo de prácticas, impuestas de manera vertical, expresan más bien intentos de control de la sociedad, de construcción de estructuras clientelísticas, de manipulación, de limitación a la acción de grupos opositores. Las promesas de democracias “participativas y protagónicas”, terminan en la construcción de regímenes autoritarios. Los peruanos también sabemos de eso, en la década de los noventa, lo que muestra que los riesgos de autoritarismo pueden venir desde la derecha como desde la izquierda.

- pluralismo político, acuerdos y transparencia. Nuestras democracias no están lejos de los riesgos de proyectos hegemonistas, basados en mayorías circunstanciales que pretenden perpetuarse en el poder. Tenemos mucho que recorrer en cuanto al reconocimiento del pluralismo; suena sensato apostar por la construcción de acuerdos y pactos. Al mismo tiempo, si ellos se hacen de maneras poco transparentes, terminan en esquemas elitistas, excluyentes frente a la sociedad, y corruptos.

Al final, resulta que es difícil construir o fundamentar grandes modelos ideales en el momento actual. Acaso para América Latina en los próximos años haya que apostar, antes que por grandes utopías, por una era de sensatez y sentido común. Que lamentablemente, escasea tremendamente en estos tiempos.

Sin modelo: la socialdemocracia

Artículo publicado en La República, domingo 10 de junio de 2018

En las últimas semanas comenté que la izquierda se ha quedado sin modelos. La insurrección armada, la economía planificada y el régimen de partido único resultan inviables; la alternativa fue la construcción partidaria, la relación con los movimientos sociales; la aceptación de la democracia liberal pero su complemento con medidas participacionistas; la aceptación de mecanismos de mercado pero con fuertes medidas impositivas con fines redistributivos. Sin embargo, diferentes gobiernos de izquierda en los últimos años derraparon hacia formas personalistas y autoritarias de ejercicio de poder, prácticas clientelísticas y fuertes desequilibrios económicos. Por el lado de la derecha las cosas no han ido mejor: la crisis 1998-2002 acabó con la “era dorada” neoliberal, que dio origen al “giro a la izquierda”; y la crisis 2008-2009 instaló la idea de que el mercado sin regulación tiene terribles consecuencias para el mundo entero. Entre nuestros países, gobiernos de derecha que propusieron iniciativas ambiciosas en la línea de relanzar una “segunda generación” de reformas terminaron encallando en el descrédito, dejando la impresión de complicidad entre intereses privados y autoridad pública, ineficacia tecnocrática, incapacidad política.

En medio de la izquierda revolucionaria y de la derecha neoliberal, emergió la alternativa socialdemócrata. En Chile, Brasil, Uruguay de los últimos años se buscó construir una opción que combinara las virtudes y evitara los defectos de ambos modelos. Se abrazó la economía de mercado y la inversión privada, al mismo tiempo que se promovió la distribución mediante políticas sociales eficaces. En lo político se puso en el centro de la identidad política a una democracia republicana. El problema de la inestabilidad de gobiernos sin mayoría en el parlamento en contextos presidencialistas se resolvió mediante la construcción de coaliciones; y la orientación al cambio se obtuvo apelando al convencimiento ante la opinión pública.

Por varios años la alternativa socialdemócrata pareció funcionar. En Chile, los partidos de la Concertación, adversarios en la década de los años setenta, pactaron y construyeron mayorías sólidas que le dieron estabilidad a sus gobiernos, mantuvieron altas tasas de crecimiento económico, redistribuyeron la riqueza y redujeron notablemente la pobreza. Se fortalecieron las instituciones democráticas, se amplió el espacio público y se ganó en la promoción de valores más igualitarios. En Brasil la apertura hacia políticas de mercado la inició un líder socialdemócrata como Fernando Henrique Cardoso; el PT moderó progresivamente su plataforma política, y al llegar Lula por primera vez al poder cuidó de transmitir señales de continuidad en materia económica. El PT se esforzó en establecer como marca distintiva un programa ambicioso y agresivo de políticas sociales, que tuvo logros muy importantes, que cambiaron el mapa político brasileño. Y el PT construyó coaliciones amplias que le dieron sostenimiento legislativo. Y le fue muy bien, fue reelecto en dos ocasiones, y en algún momento Brasil parecía firmemente encaminado como potencia mundial emergente.

En los últimos años, sin embargo, vemos ahora que los compromisos asumidos en aras de la gobernabilidad y de ganar la confianza de los mercados llevaron a postergar reformas fundamentales, y a soslayar la búsqueda de mayores niveles de bienestar para la población, sectores populares y también sectores medios. Peor aún, la cercanía con intereses privados y la presión por sostener coaliciones, llevó a caer en muy serios problemas de corrupción.

Sin modelo: la derecha

Artículo publicado en La República, domingo 3 de junio de 2018

La semana pasada comentaba que ni los países en los que primó la continuidad liberal, ni los que experimentaron el “giro a la izquierda”, ni los que ensayaron proyectos socialdemócratas en la región en los últimos años lucen bien.

En México las reformas neoliberales iniciaron con Salinas de Gortari, con la emblemática firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en 1992. Con la derrota del PRI en 2000 logró imponerse la derecha con el PAN, con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón en 2006, a pesar de lo ajustado del resultado electoral frente al candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Pero en 2012 quien volvió al poder fue el PRI, con Enrique Peña Nieto. El inicio de su mandato fue impresionante: implementó por ejemplo una reforma constitucional para abrir a la inversión privada el sector hidrocarburos, acabando con uno de los pilares simbólicos del viejo nacionalismo revolucionario, revirtiendo la nacionalización del petróleo de 1938, de Lázaro Cárdenas. Lanzó una ambiciosa propuesta de reforma educativa que enfrentó directamente al esquema corporativo tradicional del Estado mexicano, de cooptación política a cambio de amplias prerrogativas sindicales, que llevaban a escandalosos esquemas de corrupción; que se expresó en el encarcelamiento de la poderosa dirigente sindical Elba Esther Gordillo. Peña parecía encarnar una nueva generación priísta, alejada de las prácticas del pasado; hoy de cara a las elecciones del 1 de julio, los mexicanos parecen dispuestos a hacer un giro radical, y llevar finalmente a la presidencia a AMLO en su tercer intento. El ímpetu reformista encalló, el crecimiento económico resultó mediocre, Gordillo fue liberada, el PRI volvió a verse involucrado en casos de corrupción, la supuesta renovación generacional no fue tal, y resultó siendo una combinación de las mañas de las generaciones viejas con la ineficacia e inexperiencia de las nuevas.

En nuestro país, a pesar de la estrepitosa caída del fujimorismo en 2000, durante el gobierno de Toledo primó la continuidad económica; en 2006 Humala obtuvo la mayor votación en primera vuelta con una plataforma radical, pero gracias a la segunda volvió al gobierno García. Se temió una vuelta al populismo, pero éste gobernó con una inesperada ortodoxia económica, aún más escrupulosa que la que reclamaban quienes temían al populismo. Humala ganó en 2011 con una plataforma todavía contestataria, pero al llegar al gobierno rápidamente rompió la coalición de izquierda que lo había acompañado, que fue sustituída en parte por una elite tecnocrática, con lo que el modelo continuó. Durante todos esos años el país creció, la pobreza se redujo, logros notables no solo en el contexto de nuestra historia reciente, también en el marco regional. Nuestro país era percibido como un ejemplo a seguir. Tan consolidado parecía el modelo que en 2016 la segunda vuelta terminó siendo disputada por dos candidatos claramente orientados a favor de su continuidad. Ganó Kuczynski, personaje emblemático de las reformas neoliberales; es más, PPK era coautor con John Williamson del libro Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina (2003), con lo que el sueño de la “segunda generación” de reformas parecía hacerse realidad. Al final, su gobierno terminó manchado por acusaciones de corrupción, revelaciones de relaciones indebidas entre autoridades políticas, técnicos e intereses privados ocurridos en los últimos años, y su renuncia precipitada por los límites políticos de un manejo tecnocrático del Estado.

Sin modelo: la izquierda

Artículo publicado en La República, domingo 27 de mayo de 2018

No hace mucho, parecía haber en nuestros países una variedad de modelos disponibles. Para la derecha, Perú, México, Colombia eran modelos de continuidad neoliberal, cuyos éxitos eran capaces de sortear amenazas “populistas”; en la otra orilla, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua Cuba, con sus diferencias, encarnaban la reivindicación de la soberanía, el control nacional de los recursos naturales, pero también el protagonismo de sectores sociales tradicionalmente excluídos, inspiradores incluso de “nuevas formas de vivir”. En el centro, otros países proponían una buena combinación de políticas de mercado y políticas redistributivas: Chile de la Concertación, Brasil con el PT, Uruguay con el Frente Amplio, ilustraban las virtudes de la moderación, la búsqueda de consensos y el gradualismo. Hoy, ninguno de los tres grupos se ve bien.

Empecemos por la izquierda. Cuba inició en 1959 la construcción de una alternativa socialista en el continente; durante los años sesenta la reforma agraria, la universalización del acceso a la educación y a la salud, eran reivindicados con orgullo. Sin embargo, el establecimiento de un régimen de partido único, cada vez más notoriamente personalista y autoritario hicieron que Cuba no pudiera presentarse más como modelo. En 1973 la Unidad Popular propuso la ruta chilena al socialismo, llegar al poder no por medio de una insurrección armada, sino por medio de elecciones, y desde el gobierno cambiar la esencia del Estado. Pero la UP fracasó no solo por el golpe de Pinochet, sino por el extremo desarreglo económico y político previo al mismo. En 1979 en Nicaragua, el sandinismo llegó al poder también por medio de una insurrección armada, pero conscientes de los límites del modelo cubano, se comprometió con el pluralismo político y con el respecto a las instituciones de la democracia liberal. En 1990 la oposición ganó las elecciones, y la debacle del sandinismo inició precisamente con su salida: el personalismo extremo, la pérdida de principios, la extensión de prácticas corruptas, empezaron a caracterizar el sandinismo en los años posteriores.

Las décadas de los años ochenta y noventa parecieron cerrar el espacio para alternativas de izquierda. Intentos de reedición de políticas nacionalistas y estatistas habían llevado a crisis profundas en el México de López Portillo y en el Perú de Alan García; en Bolivia con Paz Estenssoro se había ya optado por una reforma neoliberal, y uno a uno la mayoría de nuestros países empezaron a seguir el nuevo credo de las políticas de promoción de mecanismos de mercado. Cuba en los años noventa vivía el “período especial” y parecía no haber alternativa. Hasta que se dio el “giro a la izquierda”, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999.

Con el “giro…” podría decirse que se buscó una alternativa que mantuviera las instituciones liberales representativas, pero con el complemento de instituciones participativas, abriendo espacios para sectores tradicionalmente excluídos, en particular la población indígena. En lo económico hubo un fuerte énfasis en lo redistributivo, pero sin alterar demasiado la estructura económica. Hoy la evidencia muestra de un lado una gran fragilidad económica: terminado el boom de precios altos de los commodities, las posibilidades distributivas parecen acabarse. Y del otro, la promesa de la participación, la inclusión y formas alternativas de representación, así como el respeto a las instituciones democráticas, parecen haber naufragado debajo de crecientes niveles de personalismo, autoritarismo y prácticas clientelísticas.

¿Cuál es el marxismo de Marx?

Artículo publicado en La República, domingo 20 de mayo de 2018

En una célebre carta de 1890, Federico Engels comenta años después del fallecimiento de Marx (1818-1883, de quien conmemoramos los doscientos años de su nacimiento), que éste habría dicho hacia finales de 1870 que “todo lo que sé es que no soy marxista” al criticar a algunos de sus seguidores, para quienes “la concepción materialista de la historia (…) no es más que un pretexto para no estudiar la historia”. Con los años los conflictos entre Marx y sus supuestos seguidores se harían mayores, porque gran parte de la obra de Marx, incluyendo muchos de sus textos considerados fundamentales, fueron publicados póstumamente, editados por Engels. No es un asunto menor: por ejemplo, la teoría de las clases sociales, que todos consideraríamos central en el análisis marxista, nunca fue expuesta propiamente por Marx, por lo que es deducida a partir del análisis de textos dedicados a otros temas y escritos con otros propósitos. Es más, importantes textos de Marx continuaron apareciendo hasta incluso la década de los años sesenta del siglo pasado, como por ejemplo su correspondencia con diversos personajes rusos (que a su vez recién se traduce al español a inicios de la década de los ochenta). La correspondencia con los rusos no es un asunto menor, más todavía para América Latina, porque en ella Marx discute los desafíos de la lucha política y las posibilidades de que ocurra una revolución en sociedades de capitalismos menos desarrollados, como los de nuestros países.

En suma, la definición de cuáles son las “verdaderas” ideas centrales de Marx es un asunto controversial. Conforme fueron apariendo más textos, se desarrollaron corrientes que consideraron diferentes textos “la clave” de la comprensión del marxismo: para unos se trata del primer volumen de El Capital, para otros el Manifiesto Comunista, para otros los Manuscritos económico-filosóficos, por mencionar algunos. Los primeros enfatizan al Marx de la crítica económica al capitalismo, los segundos al activista sindical denunciando los intereses antagónicos de burgueses y proletarios, los últimos rescatan a un Marx humanista, para el cual el problema del capitalismo es la alienación, y el comunismo una suerte de utopía anarquista. Si esto se puede decir de los escritos de Marx, imagínense cuánto más podría decirse de la relación entre Marx y sus supuestos seguidores en el siglo XX. Lenin, Stalin, Mao Tse-Tung, Fidel Castro y hasta Abimael Guzmán se reclamaron marxistas, en realidad más como reivindicando un legado, antes que por la “aplicación” o “puesta en práctica” de sus ideas. Marx se dedicó a criticar al capitalismo y promover el socialismo como alternativa abstracta (“socialización de los medios de producción”), pero ninguna página en sus textos nos dice cómo hacer la transición de uno al otro, más allá de referencias muy generales, y nada nos dice de qué tipo de régimen político debería erigir un país que se considerara marxista.

Hacer un balance es muy difícil, pero uno podría arriesgarse y decir que, doscientos años después, la teoría económica marxista parece que poco puede aportar a la teoría económica actual; en cambio, su crítica el señalamiento de las contradicciones, tensiones y voracidad al extremo autodestructivo del capitalismo parece vigente, a la luz de las recurrentes crisis financieras y de los desastres ecológicos, por ejemplo. Su visión de la historia parece hoy simplista y su propuesta política anacrónica e impracticable, pero sigue vigente la denuncia de la alienación y de la explotación del ser humano, y de la reivindicación de la dignidad de los trabajadores.

Balance del fujimorismo

Artículo publicado en La República, domingo 13 de mayo de 2018

¿Cómo han quedado Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) después de la votación de la moción de vacancia presidencial, el indulto a Alberto Fujimori, los mamanivideos, la renuncia del presidente Kuczynski, la neutralización de los Avengers y del proyecto de partido Cambio 21, y el nuevo gobierno del presidente Vizcarra? Ciertamente las aguas estuvieron muy agitadas, y en algún momento algunos creyeron ver naufragar el liderazgo de Keiko Fujimori. Ella y FP aparecían golpeados por la imagen de una oposición obstruccionista, que habría dilapidado buena parte del capital político acumulado en los últimos años; muy debilitados internamente, por la disidencia encabezada por Kenji Fujimori, con un estilo de liderazgo y un discurso que parecían tener cierta capacidad de convocatoria; muy seriamente desafiados por el proyecto de un partido fujimorista alternativo, implícitamente alentado por el propio líder histórico, Alberto Fujimori. Keiko aparecía además cuestionada por la imagen de “mala hija”, alejada de su padre por sus ambiciones políticas.

Todo cambió con los videos: el presidente Kuczynski se vió obligado a renunciar; Fuerza Popular quedó parcialmente “legitimado” en su discurso confrontacional; el aura de los Avengers quedó destrozado; el proyecto de Cambio 21 quedó enterrado, así como la posibilidad de que Alberto Fujimori recupere el liderazgo del fujimorismo. Es más, la principal preocupación de Alberto F. pasó a ser el evitar volver a prisión después de las evidencias de que su indulto fue fruto de una transacción política, y no de consideraciones humanitarias. Finalmente, el nuevo presidente y el nuevo Consejo de Ministros han decidido “pasar la página” de la gestión de Kuczynski, y la acrimonia en el trato entre el poder ejecutivo y la mayoría legislativa parece haber quedado atrás, al menos por el momento. Por supuesto, todo esto tuvo un alto costo. Según IPSOS, el porcentaje de encuestados que aprobó el desempeño de Keiko F. cayó de 30 en enero a 19% en abril, y la desaprobación subió de 65 a 73%.

En el nuevo contexto, ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, y la necesidad de recomponer las huestes, Fuerza Popular parece haber dejado, al menos por el momento, su actitud hostil. Esto puede cambiar si es que el gobierno de Vizcarra entra en problemas, o si es que el frente judicial genera complicaciones, pero no creemos que al extremo de repetir los eventos que llevaron a la renuncia de Kuczynski; un adelanto de elecciones no parece ser conveniente a los propósitos de Fuerza Popular.

¿Podrá Keiko consolidar la conducción del fujimorismo por encima de su propio padre, el fundador y gran referente del mismo? La pregunta me recuerda a la llamada paradoja del barco de Teseo: si reemplazas la mayoría o todas las piezas de un viejo barco, ¿sigue siendo el mismo, o es otro? Aún más, ¿si ensamblas las piezas sustituídas, reconstituyes el barco original? Keiko lideró con FP un cambio en el fujimorismo sustituyendo los liderazgos primigenios, y hasta 2016 nadie dudó que ella era la líder del movimiento. Aún ahora que su liderazgo no parece ser respaldado por su padre, y que este intentó incluso reconstruir el fujimorismo con el proyecto de Cambio 21, Keiko parece haber logrado mantener la conducción del barco del fujimorismo, incluso por encima del propio Alberto. No es poca cosa, pero de cara al 2021 requiere demostrar no solo que puede disciplinar a sus huestes, si no que tiene una idea clara de qué hacer con el país. Y por esa lado, lo que se percibe es no solo orfandad, sino una involución notable.

lunes, 7 de mayo de 2018

Ahí vamos…

Artículo publicado en La República, domingo 6 de mayo de 2018

Está claro que el presidente Vizcarra no cuenta con la legitimidad que tendría un gobierno resultado directamente de elecciones, ni con una bancada parlamentaria propiamente dicha, ni con el beneficio de haber armado con algún tiempo un equipo de trabajo alrededor de objetivos comunes con asentamiento cuando menos en puntos clave del territorio. Al mismo tiempo, tiene por delante más de tres años de gobierno, y como hemos dicho ya, no puede pretender llegar al 2021 simplemente haciéndose el “muertito”.

Después de la presentación del Presidente del Consejo de Ministros esta semana, y del pedido de facultades legislativas ante el Congreso, considero que el balance es positivo, dadas las restricciones existentes. En el discurso de Villanueva el énfasis estuvo puesto en la lucha contra la corrupción, en la reforma política, la reconstrucción y diferentes medidas que buscan la reactivación económica, el combate a la anemia infantil, la protección de la niñez y de las mujeres ante la violencia, entre otros. En general, se percibe un reconocimiento de las prioridades que marca el contexto. En cuanto al pedido de facultades legislativas, ellas giran alrededor de temas económicos, tributarios y financieros; del proceso de reconstrucción y de la inversión en infraestructura; medidas de lucha contra la corrupción; de la protección de personas en situación de vulnerabilidad y violencia; y modernización del Estado. Nuevamente, se percibe un buen diagnóstico de las áreas en las que corresponde acción urgente, que deberían acompañarse de diferentes iniciativas sectoriales concretas en las próximas semanas. Por el momento, los sectores de oposición parecen más preocupados por sus problemas internos que por su relación con el ejecutivo.

Ahora, el clima actual ciertamente no va a funcionar indefinidamente. Conflictos o protestas sociales importantes en algún sector, el manejo político de los efectos de investigaciones fiscales o sentencias judiciales controvertidas, iniciativas ministeriales puntuales, complicarán nuevamente el panorama. Algunos ministros podrán caer (Córdova por ejemplo cayó con muy poco), el propio Villanueva inevitablemente sufrirá el desgaste que implica el ejercicio de su cargo, pero parecería que Vizcarra será quien entregue la banda presidencial al sucesor en 2021 sin los sobresaltos de los que fue víctima el presidente Kuczynski.

Unas palabras respecto a la reforma política, tema al que nos hemos referido anteriormente. Me parece saludable que desde el gobierno se reconozca la importancia del tema; que se hayan presentado propuestas referidas al control de dinero ilegal en la política (sancionar penalmente la no declaración del financiamiento electoral; el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los postulantes a cargos públicos ante la Unidad de Inteligencia Financiera; obligar a las organizaciones políticas a reportar operaciones sospechosas ante ésta); y que se haya propuesto que los organismos electorales supervisen obligatoriamente las elecciones internas de los partidos, y el establecimiento del principio de equidad de género en las listas de candidatos.

Pero el problema con la reforma política es que ella debe contar con un buen diagnóstico y apuntar a reformas viables que ataquen los problemas más urgentes, y no una combinación de propuestas que individualmente podrían estar bien, pero que no resolverán los problemas que se quieren resolver. El bicameralismo, por ejemplo, podría estar bien, pero sin partidos que mejoren el proceso de selección de sus candidatos, estaremos en las mismas.

Enfrentemos la violencia contra las mujeres

Artículo publicado en La República, domingo 29 de abril de 2018

Tenía planeado escribir sobre otra cosa, pero siendo padre no podría dejar de comentar algo a partir del caso de Eyvi Agreda. Muchas personas han comentado que eventos como este y como muchos otros registrados recientemente le hacen pensar a uno cómo criar hijas en nuestro país. Luego vemos que en España hay una masiva indignación por un fallo judicial que caracteriza como “abuso” a una brutal violación grupal a una joven de 18 años, porque la víctima “no habría opuesto resistencia”. Entonces provoca preguntarse si es una buena decisión traer criaturas a este mundo.

Los casos son escalofriantes, pero un científico social debe mirar más allá de los casos particulares, y buscar patrones. Ciertamente estamos muy mal, somos uno de los países con más víctimas de feminicidio en América Latina, después de Honduras, Argentina, Guatemala, República Dominicana y El Salvador (datos de 2014). Los victimarios son principalmente sus parejas o exparejas (en un 87.3% de los casos, según datos de 2016). En 2016 un 68.2% de las mujeres peruanas que han tenido relación de pareja declaran haber sido alguna vez víctimas de violencia por parte de ellas; un 31.7% han sido víctimas de violencia física. Ese porcentaje supera el 40% en Apurímac, Puno y Junín, seguidos de cerca por Cusco y Ayacucho. Y un 72.8% de las víctimas no buscaron ayuda en ninguna institución pública. La gran mayoría de víctimas reportadas por denuncias de violencia sexual son menores de edad (72.6% en promedio entre 2011 y 2016).

Con todo, tenemos un terreno desde el cual plantear cambios. Hay un ligera disminución en el número de víctimas de feminicidio entre 2011 y 2015; el número de denuncias por violencia familiar ha ido en aumento entre 2009 y 2016; el número de personas atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer ha ido en aumento entre 2012 y 2016. Hay también un aumento en el número de personas con sentencias condenatorias entre 2014 y 2016 y un aumento en el tamaño de la población penitenciaria condenada por ese delito entre 2012 y 2015. Los índices de violencia psicológica, física, y sexual tienden a disminuir ligeramente entre 2009 y 2016. Y si bien en 2016 un 72.8% de las mujeres no buscaron ayuda en ninguna institución pública, eso es mejor que en 2000, donde el 80.6% no buscó ayuda.

Estamos muy mal, pero parece haber más conciencia y menos tolerancia con el problema: hay más denuncias e indignación con los casos reportados, y algo más de atención por parte del Estado. No es que antes estuviéramos mejor: antes la violencia contra las mujeres estaba “normalizada” y escondida. Y cada vez más las mujeres se ganan a pulso espacios de autonomía y libertad. La violencia machista parece últimamente fuera de control precisamente como la reacción de un sentido patriarcal ante la pérdida de control y privilegios.

Las mujeres están haciendo su parte. Los hombres debemos hacer la nuestra y reconocernos como parte del problema y de su solución. Pero sobre todo el Estado: uno esperaría del Ministerio de Justicia, de la Mujer, del Interior, de Educación, junto al Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso (por lo menos) el lanzamiento de un paquete integral de medidas con carácter de urgencia para enfrentar el problema. A esto se deberían sumar campañas de los medios de comunicación, aportes desde el conocimiento de las universidades, centros de investigación. Una iniciativa que podría plantear el nuevo Consejo de Ministros cuando se presente ante el Congreso. Medidas concretas con su respectivo presupuesto.

Vizcarra – Villanueva (2)

Artículo publicado en La República, domingo 22 de abril de 2018

Retomo el comentario sobre el nuevo presidente y su flamante Consejo de Ministros. Para no caer en la pura especulación, puede ser útil remitirse a experiencias cercanas de los últimos años.

Mirando el vecindario, encontramos una gran diversidad de situaciones. De un lado, tenemos vicepresidentes que asumieron el poder y no hicieron sino prolongar las crisis que los llevaron al poder. Recordemos a Ecuador con la crisis iniciada con la elección de Abdalá Bucaram en agosto de 1996, que solo terminaría con la elección de Rafael Correa diez años después, a finales de 2006. Caído Bucaram a los seis meses de gestión, el Congreso pasó por encima de la vicepresidenta Arteaga y nombró presidente al congresista Fabián Alarcón, quien gobernó solo un año y seis meses. En las nuevas elecciones ganó Jamil Mahuad, quien apenas gobernó un año y cinco meses, entre agosto de 1998 y enero de 2000; completó su periodo el vicepresidente Gustavo Noboa. En las elecciones de finales de 2002 ganó Lucio Gutiérrez, quien gobernó dos años y tres meses; terminó el periodo Alfredo Palacio, durante un año y ocho meses. Todo esto en medio de una grave crisis económica, altos niveles de confrontación política, y de protesta social.

Otro ejemplo de sucesión caótica es el que tuvo Bolivia con la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, apenas a un año y dos meses de haber asumido el cargo; sustituido por el vicepresidente Carlos Mesa, quien solo pudo gobernar un año y siete meses; ante su renuncia habrían tenido que asumir la presidencia el presidente del senado y de la cámara de diputados, quienes también renunciaron, por lo que asumió el poder el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, quien básicamente cumplió con la obligación de realizar nuevas elecciones en los siete meses en los que estuvo a cargo. Digamos que la crisis iniciada con Sánchez de Lozada solo se resolvió tres años y cuatro meses después, con la llegada de Evo Morales a inicios de 2006.

Pero también hay casos exitosos, aún en contextos de crisis muy graves. En Brasil, escándalos de corrupción llevaron a la destitución de Fernando Collor a finales de 1992, después de un año y nueve meses de gestión. El vicepresidente Itamar Franco asumió la presidencia, en medio no solo de una grave crisis política, sino también económica. El éxito en estabilizar la economía, con la gestión del ministro de hacienda Fernando Henrique Cardoso, permitió que Franco tuviera una gestión exitosa, que Cardoso fuera elegido y reelegido presidente, que gobernara entre 1995 y 2002, y que iniciara el periodo que hasta no mucho era percibido como el del “milagro brasileño”, que como sabemos se desbarrancó años más tarde.

Vizcarra llega al poder después de un año y ocho meses de gestión de Kuczynski, y los tres años y cuatro meses que tiene por delante son un periodo muy largo como para solo hacerse el muertito y dejarse llevar por la corriente. A favor cuenta con un buen entorno económico, y cierta buena voluntad de los actores políticos, interesados en llegar al 2021 en las condiciones más favorables. Pero también es cierto que al fujimorismo le sigue preocupando el escenario judicial y la izquierda sigue siendo crítica con el modelo económico como durante Kuczynski, por lo que puede terminar igual de atenazado. Por ello debería intentar ganar espacio y legitimidad ante la opinión pública con iniciativas anticorrupción, con la reconstrucción y la recuperación económica, con el combate a la inseguridad, recuperando iniciativas de reforma en educación y salud. ¿Le alcanzará con el equipo que tiene?

Corrupción y Lula

Artículo publicado en La República, domingo 15 de abril de 2018

He intentado leer todo lo que he podido sobre el encarcelamiento del expresidente Lula, buscando las fuentes más confiables y las opiniones de colegas brasileños que más respeto, tratando de ser lo más comprensivo. Necesario para hacerse una opinión en medio de la polarización existente y no quedarse en los clichés de cada sector.

Empecemos por la negación del hábeas corpus presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por la defensa de Lula: en medio de las complejidades legales, me parece claro que lo reñido de la votación (seis votos contra cinco) refleja lo controversial del asunto; que no es que los magistrados conservadores hayan votado en contra de Lula, o que los moderados lo hayan hecho a favor; y que el encarcelamiento del presidente expresa un activismo judicial (por contraposición a posiciones más tradicionales “garantistas”) consecuencia de una creciente autonomía y fortalecimiento de las instituciones del sistema anticorrupción en Brasil, que se gestó, desde los años de la presidencia de Lula. Por supuesto que se pueden cometer excesos y errores, pero de allí a decir que las sentencias son arbitrarias y sin sustento hay un gran trecho.

Amigos de izquierda suelen repetir que “no existen pruebas” contra Lula, que su sentencia condenatoria en primera y segunda instancia, y la negación del hábeas corpus es resultado de una maniobra política de la derecha. Desde el Perú podríamos decirles que con un garantismo extremo no podríamos haber encarcelado ni a Abimael Guzmán ni a Alberto Fujimori, salvando las distancias entre los casos. El famoso triplex en São Paulo no está a nombre de Lula en los registros públicos; pero por testimonios, información indirecta y contextual se puede inferir que era parte de un soborno. Por supuesto, se puede discutir la validez de la inferencia, pero no la legitimidad de la argumentación. Y el hecho de que la sentencia de Lula haya sido ratificada y ampliada en segunda instancia por unanimidad, no debería ser pasado por alto.

Se señala también que la justicia sería selectiva y sesgada, drástica y rápida con Lula, pero ineficiente con por ejemplo el presidente Temer, sobre quien penden también graves acusaciones (argumento que en nuestro país usan los fujimoristas para criticar al fiscal José Domingo Pérez, por cierto). Puede ser, pero no puede obviarse que Lula como candidato presidencial hubiera tenido muchas maneras de obstruir la acción de la justicia; que uno de los impulsores de la destitución de Dilma Rousseff, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, dirigente del PMDB, está en prisión condenado a quince años; que la mayoría de procesos judiciales relevantes todavía tienen para largo; y que si Temer no es procesado es porque cuenta con la protección constitucional del “fuero privilegiado”, amparado por el Congreso.

Finalmente, argumentos del tipo de que Lula es muy popular, que es el favorito para ganar las elecciones de este año, que la derecha más reaccionaria pretende volver al poder, que no hay que caer en la ingenuidad del honestismo, etc., me parece que no hacen más que ilustrar cuánto ha perdido la brújula nuestra izquierda continental y cuánto se parece a los adversarios que dice combatir. ¿Desde cuándo la izquierda normalizó tanto la corrupción y la justificó en nombre del realismo político? El primer paso para salir del hoyo debe ser reconocer que los esquemas de corrupción que asolaron Brasil y a muchos países de la región se gestaron durante los más de quince años de gobiernos del PT, y particularmente, durante los años de Lula. Y que ello es inaceptable.

El gobierno Vizcarra – Villanueva

Artículo publicado en La República, domingo 8 de abril de 2018

Hace unas semanas comentábamos que los diferentes sectores que pensaban que la caída de Kuczynski era preferible, imaginaban cada uno un Vizcarra a la medida. Una vez juramentado el nuevo presidente, estas expectativas se expresaron en la desaforada lista de nombres, trascendidos, consultas, que despertaban indignación o entusiasmo, según quien mirase. Ciertamente, era imposible que el nuevo gabinete satisfaciera a todos; lo importante era que el presidente y el presidente del Consejo de Ministros pudieran ensamblar uno que les permitiera gobernar.

Que la cabeza sea Villanueva resulta una opción lógica: existe una relación personal con el Presidente, tiende un puente al Congreso, abre una puerta a las regiones. Villanueva es un prototípico político regional, que alcanzó dimensión nacional, al igual que Vizcarra: presidente de la región San Martín, reelecto con una gestión exitosa (2006-2010, 2011-2014), Presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales en dos ocasiones (2008-2009, 2012-13, expresiva del ascendiente que despertaba entre sus pares). Pero atención que el salto desde San Martín o Moquegua a la implacable Lima no es nada sencillo, y Villanueva lo sufrió en su breve paso por la Presidencia del Consejo de Ministros (octubre 2013 – febrero 2014). Desde su elección al Congreso, por su región y con Alianza para el Progreso (APP), esperamos haya aprendido las artes necesarias para sobrevivir en la capciosa y traicionera Lima.

Dicho sea de paso, creo que no puede deducirse del liderazgo de Villanueva un mayor poder de APP, ni ninguna influencia partidaria de la presencia de alguno de los ministros. Hace tiempo que nuestra política vive de políticos sin partido, o que usan diferentes políticos para desarrollar sus propias carreras políticas. Villanueva empezó postulando en 1980 a diputado por la UDP de Carlos Malpica, luego postuló en 2001 al Congreso por Somos Perú – Causa Democrática. Consolidó su carrera con su movimiento regional Nueva Amazonía (NM), para terminar en APP. En el camino, NM tuvo relación, en las elecciones de 2006, tanto con Unidad Nacional como con el partido de Susana Villarán, y en 2011 con Perú Posible. No es una crítica, así se hace política en nuestros tiempos.

¿Qué decir del Consejo de Ministros? Algunos están allí por la cercanía con el presidente, como Trujillo en Transportes; está el político Heresi, puente con el Congreso, PPK (el partido) y el fujimorismo en un sector clave; luego están los ministros “a la derecha”, guardianes del modelo (Tuesta en el MEF, Córdova en Producción, Ismodes en Energía); contrapesados por el “ala izquierda”, en ámbitos “sociales” (Balbuena en Cultura, Sánchez en Trabajo, La Rosa en MIDIS; los demás llegan porque han sido viceministros, directores generales o tienen cierto reconocimiento en su sector.

Vistas las cosas en perspectiva, se trata de un Consejo que sigue el patrón que vemos sin interrupciones desde 2001: un ala ortodoxa que maneja la economía, en ocasiones complementada con un ala progresista en algunas áreas, últimamente las sociales. Balance que se inclina ligeramente en un sentido u otro según las coyunturas (Toledo y Humala más a la izquierda; García a la derecha; Zavala a la izquierda, Aráoz a la derecha; Villanueva otra vez a la izquierda), pero donde pesa más en los nombramientos la influencia del expertise técnico y de sus redes locales e internacionales antes que presiones partidarias. Tan fuerte es esta inercia que, como se ha señalado, cambia todo pero el dólar no se mueve y la bolsa sube.

¿Cómo le irá a la dupla V-V? Seguimos la próxima semana.

lunes, 2 de abril de 2018

La Ciencia Política sobre América Latina


Hace algunos meses apareció el libro editado por Flavia Freidenberg, La Ciencia Política sobre AméricaLatina. Docencia e investigación en perspectiva comparada. (Santo Domingo yCiudad de México, ed. FUNGLODE e Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2017), un muy importante volumen que da cuenta de diversos aspectos del desarrollo de la disciplina. En él encontrarán también un capítulo mío, “De la crítica política a la ciencia política: notas hacia un balance”, que es una versión ligeramente modificada del texto que publiqué también en el libro del que soy editor, junto a Eduardo Dargent, ¿Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte? (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 2015).

A continuación el índice:

Leonel Fernández
Prólogo

Flavia Freidenberg
Introducción: La Ciencia Política sobre América Latina: los desafíos de la docencia y la investigación en perspectiva comparada

I: La enseñanza de la Ciencia Política

Martín Lardone †
Nicolás Liendo
La Ciencia Política y su enseñanza en Argentina. Una evaluación de los planes de estudio

Mauricio Morales Quiroga
Alberto Espinoza Iturra
Las escuelas de Ciencia Política en Chile. Evolución, aranceles y mallas curriculares

Carmen Pérez Baralt
La enseñanza de la Ciencia Política en Venezuela: las licenciaturas

Enrique Gutiérrez Márquez
Karla Valverde Viesca
El proceso de institucionalización de la Ciencia Política a sesenta años de su desarrollo en México

Jean-Paul Vargas
Rigoberto González Badilla
Diferencias institucionales y retos profesionales de los politólogos en Centroamérica

Salvador Sánchez
David Bernal
Experiencias de docencia e investigación de la Ciencia Política en Panamá

Octavio Amorim Neto
Fabiano Santos
La Ciencia Política en el Brasil: el desafío de la expansión

Cecilia Rocha Carpiuc
La Ciencia Política en Uruguay: profesión, enseñanza e investigación

Stephanie Rodríguez
La Ciencia Política en la República Dominicana: desarrollo y retos actuales

II: La investigación politológica sobre América Latina

Aníbal Pérez Liñán
Temas de investigación y perspectivas de la Ciencia Política latinoamericanista en Estados Unidos

Flavia Freidenberg
La docencia y la investigación española en Ciencia Política sobre América Latina

Olivier Dabène
Los retos de la disciplina de la ciencia política latinoamericanista en Francia. Temas y enfoques

Peter Birle
La Ciencia Política latinoamericanista en Alemania

Marcus Buck
La Ciencia Política latinoamericanista en Noruega: temas y enfoques

Tomáš Došek
Karel Kouba
Pavlína Springerová
El doble reto de la Ciencia Política latinoamericanista en la República Checa

III: Sobre las publicaciones

Porfirio Cardona-Restrepo
Luis Guillermo Patiño Aristizábal
Patricia Muñoz Yi
La Ciencia Política colombiana en el contexto mundial y local: un análisis de dominio

Daniel Chasquetti
Una explicación sobre la supervivencia de la política comparada en la región

IV: Sobre la profesión y sus niveles de institucionalización

Pablo Alberto Bulcourf
Nelson Dionel Cardozo
La Ciencia Política en América Latina: un análisis comparado de su desarrollo

David Altman
Enseñando y entrenando: ¿dónde se genera conocimiento? Sobre la productividad e impacto de los departamentos de Ciencia Política en América Latina

Víctor Alarcón Olguín
La evaluación y promoción de las Ciencias Sociales en México. El caso de los politólogos y los administradores públicos

Andrés Malamud
Flavia Freidenberg
Politólogos en fuga: patrones divergentes de emigración y retorno en el Cono Sur

Martín Tanaka
De la crítica política a la Ciencia Política: notas hacia un balance

Presidents and Democracy in Latin America


Hace poco apareció este interesante libro, que contiene una contribución de este servidor, en coautoría con Jorge Morel, donde analizamos los casos de los expresidentes Alan García y Alberto Fujimori. Una ocasión para explorar el papel del liderazgo político para explicar el rumbo político de nuestros países.

En palabras de la colega Mariana Llanos, "Written by renowned specialists and country experts, Presidents and Democracy in Latin America appropriately acknowledges the equal importance of political institutions, governmental constructions, and leadership traits in shaping political processes and policy decisions in contemporary Latin America. The authors analyze three decades of unprecedented democratic continuity in the region, where established presidential institutions alternatively coexist with a great deal of political innovation and long-term traditions of strong personal rule. Presidents and Democracy in Latin America represents a groundbreaking contribution to the study of presidentialism in Latin America".

Presidents and Democracy in Latin America
Edited by Manuel Alcántara, Jean Blondel and Jean-Louis Thiébault
(NY, Routledge, 2018).

Table of Contents

Part 1: Presidentialism and Political Capital in Latin America

1. Politics in Latin America in the Past Third of a Century (1978-2015)
Manuel Alcántara

2. Presidential Leadership in Latin America
Jean-Louis Thiébault

3. The Character of the ‘Government’ in Latin American Presidential Republics
Jean Blondel

4. Political Career Trajectories and Social Backgrounds: Latin American Presidents in Comparative Perspective (1978-2015)
Manuel Alcántara, Mélany Barragán and Francisco Sánchez

Part 2: Personal Power and Institutional Constraints: Case Studies

5. Mexico. Zedillo and Calderón: The Challenges of Governing under Adversity
Marisol Reyes

6. Colombia. Political Leadership in a Turbulent Environment. César Gaviria and Álvaro Uribe Vélez Javier Duque

7. The singularity of Peruvian Politics and the Role of Presidential Leadership. The Cases of Alberto Fujimori and Alan García
Martín Tanaka and Jorge Morel

8. Presidential Leadership in a Robust Presidency: the Brazilian Case
Magna Inácio

9. Menem and Kirchner. The Two Faces of Peronism?
Mario D. Serrafero

10. The Presidential Government of Chile
Carlos Huneeus

11. Conclusion

¿Por qué tantos expresidentes?

Artículo publicado en La República, domingo 1 de abril de 2018

Visto el Perú en el contexto internacional, llama la atención por qué en un país percibido como estable, y que ha tenido un razonablemente buen desempeño económico y político en los últimos años, tenemos tantos expresidentes en problemas. Fujimori preso, Toledo enfrentando un proceso de extradición, Humala en prisión preventiva, Kuczynski con impedimento de salida del país. ¿Somos un país particularmente corrupto? Según Transparencia Internacional, Perú aparece entre 2012 y 2017 con pequeñas variaciones con un puntaje de entre 38 y 35, obteniendo 37 en 2017, ubicándose en el puesto 96 de 181 países del mundo en cuanto a integridad. Dentro de América Latina Perú aparece como a media tabla, siendo los casos con más corrupción los de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y México.

Perú tampoco es el país más afectado por el pago de sobornos por parte de Odebrecht en los últimos años. Según confesión de directivos de esta empresa en los Estados Unidos, después de Brasil, se habría pagado, en orden de magnitudes, más en Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina y Ecuador. De esos países, solo en Brasil tenemos al expresidente Lula con una condena a doce años de prisión, quedando pendiente por resolverse un recurso de hábeas corpus interpuesto por su defensa; y en Ecuador el vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión el diciembre pasado por haber recibido sobornos de Odebrecht.

Los países con más expresidentes acusados de corrupción junto a Perú son El Salvador y Guatemala. En el primer caso, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) falleció cumpliendo arresto domiciliario mientras era enjuiciado en 2016; el expresidente Elías Saca (2004-2009) está en prisión preventiva desde 2016 enfrentando diversos juicios; y Mauricio Funes (2009-2014) se encuentra asilado en Nicaragua, y fue declardo culpable de enriquecimiento ilícito en noviembre del año pasado. Guatemala, por su lado, tiene el récord de nueve expresidentes investigados o encarcelados. El actual presidente, Jimmy Morales enfrenta acusaciones de financiación ilícita de su campaña electoral por parte del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fue desaforado por el Congreso, tuvo que presentar su renuncia, y se encuentra actualmente procesado en prisión preventiva; Alvaro Colom (2008-2012) también está en prisión preventiva desde febrero de este año; Alfonso Portillo (2000-2004) fue extraditado a los Estados Unidos acusado de lavado de dinero, se declaró culpable y purgó una pena de prisión en ese país en 2014. El expresidente Alvaro Arzú (1996-2000) y alcalde de Guatemala desde 2004, reelecto en tres ocasiones, fue acusado el año pasado por la CICIG de utilizar fondos municipales con fines particulares.

El que haya tantos expresidentes con problemas en estos tres países y no tanto en otros sugiere pistas para entender por qué; primero, la extrema debilidad institucional y del sistema de partidos en Perú y Guatemala no debe ser casual (El Salvador, con sus particularidades, no está tan lejos). La política se puebla de aventureros y proliferan conductas oportunistas. Al mismo tiempo, la extrema volatilidad política hace a los expresidentes muy vulnerables a los ataques de sus opositores una vez que dejan el poder. Además, resulta clave también el activismo de entidades como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, el CICIG guatemalteco o el Sistema anticorrupción peruano, que con todas sus limitaciones, desarrollan sus investigaciones.

¿Por qué cayó PPK?

Artículo publicado en La República, domingo 25 de marzo de 2018

No hace mucho, llamaba la atención la constatación de una inédita, para nuestros parámetros, continuidad y estabilidad en el país. Desde la década de los años noventa en lo económico teníamos neoliberalismo, y en lo político orientaciones de centro derecha. En medio del “giro a la izquierda” latinoamericano, Perú eligió como presidentes a Alan García y a Ollanta Humala, pero la fortaleza del establishment se impuso y ninguno implementó políticas populistas o heterodoxas. Los resultados de las elecciones de 2016 podían ser leídos como una suerte de consolidación de ese orden. Hechas las sumas y las restas, al final el tecnopolítico Kuczynski, candidato “orgánico” de la elite empresarial asumía directamente el gobierno, y la mayoría fujimorista en el Congreso configuraba una amplia hegemonía de derecha. ¿Qué podría salir mal?

Para empezar, está la profunda mutación del fujimorismo, además ganador inesperado de una mayoría absoluta en el Congreso. De ser promotor de las reformas neoliberales en la década de los años noventa, y garante de la continuidad de ese legado durante los gobiernos de García y Humala, asumió con Kuczynski un rol de oposición que implicó involucionar hacia posiciones abiertamente populistas, arriar las banderas de las reformas de “segunda generación”, para defender intereses conservadores. Implementó un estilo agresivo de hacer oposición que implicó censuras a ministros clave, censura a un Consejo de Ministros en el que muchos de sus integrantes, en otras circunstancias, bien podrían haber sido parte de su gobierno, y que terminó con las dos mociones de declaratoria de vacancia del presidente.

Ahora bien, también es cierto que el presidente cayó porque, en ese contexto adverso, se aisló totalmente y al final no quedó prácticamente nadie dispuesto a defenderlo. Para empezar, como supuesto tecnopol fue una completa decepción. Malas decisiones económicas conspiraron contra el crecimiento, abrió una brecha entre tecnócratas y gerentes importados del sector privado, entre gobierno y empresarios. A lo postre se rompió el frente de derecha unido durante 25 años.

Luego está el manejo de las relaciones con la oposición, o las oposiciones. Intentó con Zavala, razonablemente, construir una relación mínimamente cooperativa con el fujimorismo, asumiendo grandes costos, pero al menos algunos objetivos propios estaban sobre el tablero. Pero con Aráoz las concesiones llevaron al inmovilismo y, lo que es peor, no tuvieron ningún resultado favorable. Diversos escándalos amplificados por los medios de comunicación llevaron a la presentación de las mociones de declaratoria de vacancia del presidente. El error garrafal fue creer que el indulto al expresidente Fujimori podría tener un efecto apaciguador y “reconciliador”. Todo lo contrario: exacerbó la furia en Fuerza Popular, se ganó la enemistad y el encono del antifujimorismo, que lo salvó de la primera moción de vacancia, y construyó una alianza informal con un aliado muy endeble, los disidentes encabezados por Kenji Fujimori. A la postre, lo que hizo que la renuncia del presidente fuera inevitable fue el afán de construir una alianza con sectores tan poco confiables.

No creo que ninguna de las múltiples denuncias y acusaciones lanzadas contra el expresidente expliquen su caída. Ninguna de ellas constituye de por sí un delito flagrante, o una falta inexcusable. Si aplicáramos el mismo estándar a los expresidentes Toledo, García o Humala, ninguno de ellos podría haber gobernado. Kuczynski cayó por haber tomado pésimas decisiones, que lo llevaron a la soledad absoluta.

¿Y después del jueves, qué?

Artículo publicado en La República, domingo 18 de marzo de 2018

No hay manera de saber cuál será el resultado de la votación de la moción de vacancia del presidente Kuczynski del jueves 22. La balanza parece ligeramente inclinada a favor de la sobrevivencia del presidente, pero estamos ante una moneda en el aire, prácticamente.

¿Por qué la oposición se ha lanzado a esta aventura de resultado incierto? Nuevo Perú quiere borrar la abstención de la votación de diciembre, que la hizo quedar muy mal después del indulto al expresidente Fujimori, y junto al Frente Amplio no quieren aparecer como cómplices de un gobierno “corrupto y neoliberal” y arriesgar ser rebasados por la banda izquierda. El fujimorismo no puede negar su actuación de diciembre, y espera recuperar la iniciativa, su imagen como luchadores contra la corrupción, dejar de estar en el bando de los acusados, afianzar a sus huestes después de las deserciones que ha sufrido. Otros calculan ganar más buscando buena ubicación frente a un hipotético gobierno de Vizcarra que aceptando las ofertas que lanza un gobierno con cada vez menor credibilidad.

El problema es que para la ciudadanía estamos ante una pura disputa de poder en las alturas de la política, jugada entre actores, todos ellos, manchados por acusaciones de corrupción, que intentan limpiarse acusando a otros de ser los verdaderos corruptos. De allí que la indignación y la molestia ciudadana no se exprese de manera visible: ella no logra ser canalizada por nadie, porque todos aparecen igualmente comprometidos.

Hay que reconocer que el presidente ha hecho méritos para llegar al entredicho en el que está atrapado. Aún parado en el cadalso en el que se discute su ejecución, es incapaz de dar explicaciones claras y convincentes respecto a su actuación pública. Al punto que incluso muchos que piensan que sería inconveniente para el país que se declare la vacancia del presidente Kuczynski la próxima semana, tampoco pueden imaginar cómo éste presidente podría ser capaz de gobernar hasta el 2021, llevando apenas poco más de un año y siete meses (me incluyo en ese grupo).

Y es que el drama de la situación actual es que estamos muy mal con la situación actual, pero tampoco es claro que con un cambio vayamos a estar algo mejor. Y que hemos quedado atrapados en una disputa puramente política, sin vínculo con los problemas del país y sus necesidades. En medio de la trifulca, las pocas iniciativas reformistas que intentó, mal que bien, implementar este gobierno se han perdido: ¿qué pasó con la reforma policial y del sector interior intentada por el ministro Basombrío? ¿Y la reforma educativa de los ministros Saavedra y Martens? ¿El acuerdo nacional por la justicia de la ministra Pérez Tello? ¿La reforma de la salud de la ministra García? ¿La reconstrucción con cambios liderada por De la Flor? En medio de los problemas, cuando menos se percibía cierta intención, la existencia de un rumbo. Ahora, prácticamente nada. Y la inercia de temas importantes heredados del gobierno anterior (política social, diversificación productiva, ley SERVIR) también parecen haber naufragado en el último año. Así que el saldo es depriment y la sensación es que país va al garete.

Desde este punto de vista, no interesa tanto lo que pase el jueves; podemos estar a la larga en las mismas con Kuczynski o con Vizcarra. Encerrados en una pura disputa de poder en las alturas, sin enfrentar los problemas que desvelan a los ciudadanos. Por ello, después del jueves urge gestar a quien esté a cargo del ejecutivo, al Congreso y a la sociedad civil un amplio acuerdo político que permita que el país deje la parálisis en que se encuentra.

El que puede, puede

Artículo publicado en La República, domingo 11 de marzo de 2018

Para tener una convivencia civilizada, que permita resolver los conflictos sin violencia, convenimos en establecer algunas reglas, que nos dan un mínimo de orden y certidumbre, nos protegen de la tiranía del más fuerte. Esto vale para todo tipo de reglas, desde las más elementales y cotidianas, hasta las Constituciones de las repúblicas. No se trata de quedar atrapados por las reglas: la sociedad, las circunstancias cambian, y cuando las reglas nos estorban o nos resultan insuficientes, llega el momento de cambiarlas. Pero para hacerlo debemos también respetar ciertos procedimientos, para no caer, precisamente, en la arbitrariedad y la incertidumbre. Para que la vida en la sociedad, o en la comunidad política funcione, necesitamos reglas adecuadas, pero también ciudadanos y políticos sensatos que entiendan el sentido de las mismas, sepan cómo aplicarlas, cuándo cabe hacer excepciones, cuándo corresponde cambiarlas; pensando en el bien común y no en obtener beneficios particulares.

En estos días estamos viendo cómo nuestros políticos están torciendo, en ocasiones groseramente, el sentido de las normas constitucionales para obtener beneficios particulares, de muy corto plazo, que nos acercan peligrosamente a la tiranía de la mayoría. Se acaba de presentar, nuevamente, una moción para declarar la vacancia del presidente Kuczynski, por “permanente incapacidad moral”. En un régimen presidencial el mandato del presidente tiene un periodo fijo, y su interrupción solo corresponde en circunstancias muy excepcionales, y no debería darse simplemente porque el presidente pierde el control de sus relaciones con la oposición en el Congreso. Si la vacancia se da, ocurrirá simplemente porque los diferentes grupos de oposición tienen los votos necesarios, abriéndose la puerta peligrosamente a situaciones de arbitrariedad.

Venimos en América Latina de un ola de presidencias interrumpidas mediante destituciones de dudosa constitucionalidad orquestadas por los Congresos de sus países; justo es reconocer que muchas veces esto sucedió porque los presidentes perdieron el control de la situación política, con lo que las destituciones fueron percibidas más como una manera de resolver un impasse político antes que como una violación al orden constitucional, con lo que terminaron siendo avaladas por todos los actores relevantes. En nuestro país estamos a un paso de ello; todo depende de la aritmética congresal y de las señales que de el vicepresidente Vizcarra.

El problema es que se abren también las puertas de la arbitrariedad. Recientemente, por ejemplo, en Bolivia Evo Morales y el presidente hondureño Juan Hernández lograron, a pesar de que sus Constituciones lo prohiben expresamente, abrir el camino para postularse a la reelección, bajo el artificioso argumento de que limitar la reelección limita los derechos humanos de los presidentes. Argumento absurdo, pero si tienes los votos en el Congreso y controlas las cortes, lo puedes hacer.

El reciente cambio del Reglamento del Congreso sobre la moción de censura y la cuestión de confianza, pasando por alto todos los procedimientos, es expresión de un juego de cortísimo plazo para avanzar hacia la vacancia del presidente, sin que importe llevarse de encuentro en el camino una institución esencial del régimen político y del equilibrio de poderes establecido en la Constitución. Terrible que haya sido aprobada con 81 votos, lo que muestra que los intereses de corto plazo están por encima de las diferencias políticas. ¿El que puede, puede? Esperemos que este atropello sea evitado por el Tribunal Constitucional.