sábado, 30 de marzo de 2019

¿Cooperación o confilicto?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de marzo de 2019 

Cooperación o conflicto fue el dilema que atravesó y en último término destruyó al gobierno del presidente Kuczynski. En reciente entrevista a este diario, declaró que su gobierno “se perdió desde el primer día” dada la existencia de una mayoría opositora; reconoce que “cometí errores” y señala que “me faltó ser mucho más confrontacional. Soy un tipo tranquilo, pensé que hablando se podían lograr resultados”. En realidad, se trata de un diagnóstico equivocado. Ni el destino de Kuczynski estuvo sellado de antemano, ni cayó por no ser más confrontacional. Cayó por groseros errores propios, el principal el no haber optado o seguido consistentemente ningún camino. Ni habló ni confrontó en realidad, y por ello se aisló tanto de la oposición fujimorista como de un bloque que podría haberlo respaldado. El indulto al expresidente Fujimori, acción de la cual Kuczynski dice no arrepentirse y que “volvería a hacer” es precisamente ilustración de ello: no apaciguó al fujimorismo, y enemistó al presidente con quienes lo sostenían, lo que lo llevó a un aislamiento que hizo que un escándalo relativamente menor propiciara su renuncia.

Volver sobre la evaluación de estos hechos es pertinente para el presente y el futuro. El presidente Vizcarra heredó una situación de debilidad, lo que se expresó en una actitud dubitativa entre marzo y julio del año pasado. Entre julio y diciembre, el presidente pareció por el contrario invulnerable, con la iniciativa de referéndum y de lucha contra la corrupción, que le permitió pasar de una aprobación ciudadana del 35% de los encuestados al 66% en esos meses, según IPSOS. Al mismo tiempo, la bancada fujimorista perdía la batalla de impedir la posibilidad de conformar nuevas bancadas, pasando progresivamente de los 73 representantes del inicio a los 55 escaños actuales. El fortalecimiento del presidente y el debilitamiento de la oposición hizo que a mediados de febrero se discutiera en la prensa si es que el presidente Vizcarra realmente necesitaba una bancada en el Congreso para poder gobernar, dado que el respaldo ciudadano parecía suficiente.

Las encuestas de enero, febrero y marzo cambiaron el panorama, al constatarse que se estaba ahora ante una tendencia declinante, que hizo perder diez puntos porcentuales de aprobación entre diciembre y marzo. El gobierno, al mismo tiempo, enfrenta la presión de la necesidad de aprobar en el Congreso diversos proyectos referidos a la reforma de la justicia, y están en la cola los de la reforma política. Emerge entonces nuevamente el dilema que no pudo resolver Kuczynski. ¿Cooperación o conflicto? ¿Debería el presidente blandir el arma de la cuestión de la confianza, confrontar, polarizar para recuperar la iniciativa? No parece razonable, dado que Fuerza Popular no tiene el poder que tenía antes, su discurso ha cambiado parcialmente, y el Presidente del Congreso maneja también un discurso de concertación. El camino de la confrontación suena desmesurado y sin justificación por el momento. El camino de la cooperación tampoco es un lecho de rosas; ahora sí se percibe la necesidad de una bancada en la cual confiar, con operadores capaces de generar los consensos que se requieren. La fragmentación del Congreso, con diez bancadas, deja de ser bendición, y se convierte en un obstáculo.

En este marco, acaso lo que corresponda sea un gran acuerdo político entre los líderes de los principales actores políticos, que establezcan un referente capaz de convocar a los demás. Sin éste, los impulsos reformistas serán inviables.

¿Será posible una reforma política?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de marzo de 2019

Escribo con el seguramente inevitable sesgo de haber tenido el honor de ser parte de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, designada por el Presidente de la República, que terminó sus funciones con la entrega de su informe el 4 de marzo, hecho público el pasado miércoles.

Creo que existe un amplio consenso en la sociedad y en la política de que nuestro orden político es muy poco legítimo, muy poco representativo, muy vulnerable a la corrupción, que genera recurrentes conflictos sin posibilidades de encauzarlos institucionalmente. El presidente Vizcarra y el Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva tomaron la decisión de constituir una Comisión para la elaboración de propuestas de reforma, que faciliten el proceso de construcción de una propuesta integral.

Casi tres meses después, el panorama político luce muy incierto. Nuestra Comisión trabajó con total independencia, aunque de manera coordinada, por supuesto; pero esa autonomía hace que nuestra propuesta no tenga un “propietario”, así decirlo. Tenemos además un nuevo Consejo de Ministros. Hemos presentado un conjunto muy ambicioso de medidas, que buscan iniciar un gran cambio, romper la inercia, apretar el botón de “reset” del sistema político para empezar la construcción de una nueva institucionalidad política. Pero se trata de un conjunto que puede enfrentar resistencias. Al gobierno le preocupa, como es natural, la evolución de su popularidad, y la cantidad de frentes que tiene que atender de manera simultánea. El Congreso no quiere verse presionado o jaqueado por el poder ejecutivo, lo cual también es comprensible. Los expertos discuten sobre el contenido, y por cada tema puede haber una gran diversidad de opiniones, todas legítimas. La ciudadanía puede desconfiar de una propuesta que la saca de sus rutinas, que la llama a involucrarse en un proceso de renovación institucional.

Sin embargo, de cara al Bicentenario, creo que sería una verdadera lástima que dejemos pasar la oportunidad que tenemos a la mano para marcar una diferencia, y poder tener en 2021 el inicio de una mejor democracia y mejores instituciones, que además se complemente con la reforma de la justicia en marcha y diversas iniciativas de desarrollo. Para esto se requiere la voluntad de construir un gran acuerdo político: las reformas constitucionales requieren 87 votos. El presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente del Congreso, la Presidenta de la Comisión de Constitución, los líderes de los Grupos Parlamentarios, deben decidir si vamos a hacer algo, o si dejaremos pasar esta oportunidad. Las organizaciones de la sociedad civil deben decidir si se involucran en el debate o si tiran la toalla de antemano. Los expertos deben decidir si apoyan una reforma o si se pierden en debates que al final entrampen su aprobación. Una vez tomada la decisión de hacer algo, las propuestas de la Comisión son una referencia, no el punto de llegada. Creo que es una referencia útil no porque los excomisionados seamos unos iluminados, sino porque la propuesta recoge mucho de lo expresado por los grupos parlamentarios, iniciativas legislativas anteriores, los aportes de la sociedad civil, el conocimiento acumulado en el debate académico. Y todo esto explicando a la ciudadanía que queremos dejar el clima antipolítico que nos ha atosigado en los últimos años, que queremos que todos se involucren y se interesen nuevamente en la política, pero bajo nuevas reglas.

No es fácil, pero no es imposible. ¿No es un esfuerzo que vale la pena dar juntos pensando en el Bicentenario?

Villanueva – del Solar



Artículo publicado en El Comercio, sábado 17 de marzo de 2019

En nuestro país de una democracia sin partidos, los altos cargos ejecutivos no son definidos por la organización política que ganó las elecciones, con la que los gobiernos tienen relaciones difusas, por así decirlo, cuestión bastante elocuente en el actual período. En un trabajo Paolo Sosa (2014) muestra cómo en los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García, en la década de los años ochenta el porcentaje de ministros con afiliación en el partido de gobierno estuvo por encima del 80%; con Alberto Fujimori en la década de los noventa ese porcentaje bajó a menos del 20%. Desde la transición del 2000, esos porcentajes aumentaron un poco, pero sin pasar de un tercio del total de ministros, en términos generales. En otras palabras, la mayoría de ministros son independientes, reclutados por su vinculación a ciertas redes sociales de influencia, ya sean políticas o tecnocráticas.

El Consejo de Ministros presidido por César Villanueva fue resultado de circunstancias muy complicadas que llevaron a transacciones apresuradas: éste llegó al cargo gracias a su relación personal con el Presidente, y porque abría puertas ante el Congreso y ante las regiones. En cuanto a la composición del gabinete, algunos llegaron por su cercanía al presidente (Trujillo), otros por complejos cálculos políticos (Heresi), otros parecían representar el resguardo del modelo económico (Tuesta, Córdova), otros una apertura al flanco izquierdo (Balbuena, Sánchez, La Rosa). La mayoría llegaron porque fueron viceministros, o porque contaban con cierto reconocimiento en su sector. A este Consejo de Ministros se le agotaba el aire rápidamente, hasta que el Presidente le insufló energía con la propuesta de referéndum para iniciar la reforma de la justicia y la reforma política. Pero el déficit en cuanto al manejo político y la eficacia de la gestión sectorial subsistió, con las excepciones correspondientes.

El nuevo Consejo de Ministros presidido por Del Solar parece una muy buena decisión dadas las resticciones de reclutamiento que enfrenta el gobierno. En la práctica, el espacio de selección parece delimitado por lo que se pudiera rescatar del gobierno de Kuczynski, se ha seguido con una lógica de reclutamiento meritocrático basado en el expertise sectorial, pero compensado con el encomiable impacto que genera un gabinete paritario. La necesidad de una conducción política más visible, elocuente, activa, la busca conseguir con algunos ministros mucho más hábiles en ese terreno, desde el propio Del Solar, y las incorporaciones de Montenegro o Bruce). En el saldo, la balanza parece haberse inclinada ligeramente más hacia la izquierda que el gabinete Villanueva, pero ciertamente prima la continuidad antes que el cambio. Insisto, dadas las restricciones de un presidente sin partido, con un relativo aislamiento en el Congreso, con relaciones complicadas con su propia bancada, sin una baraja muy amplia de opciones, la selección luce bastante afortunada.

La gran pregunta por supuesto es qué rumbo seguirá el gobierno con el nuevo Consejo de Ministros y cuán capaz será de lograr lo que se proponga. Vizcarra y Villanueva parecieron tener gran sintonía y afinidad, construída desde los años de sus presidencias regionales; no es el caso con Del Solar. ¿Cederá el presidente algo de protagonismo al nuevo Presidente del Consejo de Ministros? ¿Seguirá más bien este último a las iniciativas ya lanzadas por el Presidente Vizcarra en los últimos meses? Esperemos las definiciones, pero el tiempo se agota muy rápido.

Parte de lo que nos toca



Artículo publicado en El Comercio, sábado 9 de marzo de 2019

Crecí, como muchos de mi generación, sospecho, en una familia en la que las mamás se ocupaban de sus casas, y en las que los padres eran las figuras de autoridad; y en un barrio en el que era parte de una collera de chicos en la que veíamos a las chicas desde una gran lejanía. No era poco frecuente ver que chicas o mujeres caminando por las calles recibieran “piropos” de los hombres, o que incluso alguno “manoseara” a alguna de ellas. Tuve mi educación escolar en un colegio de varones en el que lo que hoy llamaríamos bullying, homofobia, y diversas formas de abuso tanto de profesores contra estudiantes como de estudiantes contra profesores eran parte de la normalidad. Fue recién en la universidad, confieso con vergüenza, siguiendo una carrera asociada a las letras, que al ingresar a un universo con una presencia de mujeres casi paritaria es que pude tomar plena consciencia de lo terrible que había sido mi socialización en cuanto a temas de género.

Pero incluso en la universidad diversas formas de acoso y violencia sexual de profesores a estudiantes y entre estudiantes eran percibidas entonces como parte de cierta normalidad, que no ameritaban un escándalo público. Algunas involucraban a amigos muy cercanos. Luego me formé en un ambiente político de izquierda, estudié una carrera que me asoció al mundo de las ONGs y al mundo académico. Mundo en el que se rechazaba el conservadurismo de los valores tradicionales y se reivindicaban las banderas igualitarias y feministas. Poco a poco fuimos descubriendo también que el sexismo, el acoso y la violencia de género no tienen bandera política, y que son males más profundos, nuevamente, ubicados en una manera de entender los roles de género.

Los años han pasado, felizmente muchas cosas han cambiado para bien. Pero estamos sufriendo los dolores y males de una transición en la que los patrones tradicionales se resisten a desaparecer en un entorno que los evidencia como cada vez más anacrónicos. En los casos de los congresistas Mamani o Lescano, por ejemplo, pareciera que ni ellos ni quienes argumentan a favor de ellos son conscientes de que en la actualidad tenemos que vivir con otros estándares, y que lo que antes era considerado una “picardía” hoy es una conducta abominable. Hoy, donde trabajo, en la PUCP, tenemos una Comisión para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual, que hace un gran trabajo, en medio de sus grandes limitaciones. Toca apoyar decididamente estos espacios. Una vez que se generan espacios seguros para hacer denuncias, pareciera que se destapara una olla a presión.

Algo así está pasando también en nuestra sociedad, y en ocasiones, lamentablemente, las reacciones son violentas. Es por ello que urge que nuestro Estado avance en la implementación de un enfoque de género en las políticas públicas. En sentencia reciente del Tribunal Constitucional, se señala que “el enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal”. De lo que se trata, simplemente, es de buscar “la equidad entre hombres y mujeres”. Un paso más adelante.

Vuelvo a recordar mi formación, y aún hoy me encuentro en los chats de la promoción de mi colegio una profusa circulación de videos pornográficos, comentarios y chistes homofóbicos. Converso sobre esto con un amigo, padre como yo de una hija pequeña, y creo que nos aliviamos al pensar que esto resulta una ridiculez patética a estas alturas, y confiamos en que el futuro resultará mejor para nuestras hijas. Pero tenemos que poner mucho más de nuestra parte.

Mesa o Morales


Artículo publicado en El Comercio, sábado 3 de marzo de 2019 

En los últimos meses, el descalabro político y económico en Venezuela y Nicaragua ha sido más que evidente, y la problemática de esos países ha adquirido configuraciones claramente regionales, expresadas en el gran flujo de emigración desde Venezuela hacia Colombia, nuestro país y muchos otros, y desde Nicaragua hacia Costa Rica, entre otras manifestaciones. Algunos señalan que este descalabro sería consecuencia de haber padecido liderazgos “radicales” de izquierda, con discursos refundacionales y prácticas autoritarias, como los de Chávez y Maduro y de Daniel Ortega. En este marco, Evo Morales aparecía hasta hace algún tiempo como contraejemplo, ilustración de estabilidad y prosperidad económica, un mínimo de consistencia institucional, y un importante apoyo popular, en medio de un proceso de profunda transformación del país. Ecuador con Rafael Correa aparecía también como un caso interesante: también implementó cambios muy profundos en el país, tuvo un manejo económico en el que combinó años muy buenos con otros muy mediocres, pero no llegó al descalabro como en los dos primeros casos mencionados. Si bien tuvo un estilo de gobierno abiertamente autoritario, y las instituciones funcionaron muy al compás del gobierno durante los años de Correa, al final tuvo el tino de no forzar una nueva re-re-re elección en 2017, después de las de 2009 y 2013.

Evo Morales pareció seguir el tino de Correa. Elegido por primera vez en 2005, convocó a una Asamblea Constituyente y aprobó una nueva Constitución, que permitió la reelección inmediata por una sola vez. Culminado su primer mandato, fue reelecto en 2009 y también en 2014, gracias a que el Tribunal Constitucional consideró como primer gobierno al de 2010, no al de 2006 (logró imponer una “interpretación auténtica” siguiendo el patrón de Alberto Fujimori). En medio de las controversias por esa re-re elección, era claro que Morales no podría reelegirse en las elecciones de este año; por ello, convocó en 2016 a un referéndum para cambiar la Constitución y establecer la posibilidad de reelegirse por dos periodos consecutivos, pero perdió. El “no” a la reforma obtuvo el 51.3% de los votos, y el “sí” el 48.7%. El “sí” ganó solamente en La Paz, Cochabamba y Oruro, las tres regiones altiplánicas, tres de las nueve regiones del país, expresando el clivaje andes – oriente tan relevante en los últimos años.

Sin embargo, a finales de 2017 Morales logró que el Tribunal Constitucional declarara que el límite a la reelección “viola sus derechos humanos”, amparándose supuestamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo que está en competencia para las elecciones que se realizarían en octubre. La oposición boliviana está participando en el proceso electoral, confiando en que cuenta con un candidato competitivo, el expresidente Carlos Mesa, y sabiendo que el abstencionismo y la movilización callejera no son herramientas suficientes para imponer la alternancia. El pasado 27 de enero se realizaron elecciones primarias para elegir a los candidatos presidenciales de los partidos que participarán, y Evo Morales quedó apto para participar. Existe una apariencia de normalidad, pero que en realidad encubre una candidatura abiertamente ilegal e inconstitucional. No estamos como en Venezuela o Nicaragua, pero las aparentes diferencias entre los liderazgos “refundacionales” parecen haberse diluído.

Percepciones sobre la corrupción



Artículo publicado en El Comercio, sábado 24 de febrero de 2019

La encuesta de diciembre del Instituto de Estudios Peruanos, dedicada a la percepción que tenemos los peruanos sobre la corrupción, contiene información de mucho interés.

En general, tenemos una pobre opinión sobre nosotros mismos: un 93% considera que los peruanos cumplimos poco o nada las leyes; 82% que somos poco o nada conscientes de nuestras obligaciones; y un 55% considera que toleramos bastante o mucho la corrupción. Nuestra percepción es que, de una encuesta anterior, de octubre de 2013, a la de diciembre de 2018, ha aumentado el porcentaje de peruanos frecuentemente involucrados en conductas corruptas: dando “propinas” para evitar el pago de multas, o usar influencias para obtener atención más rápida en servicios públicos; o no denunciando casos de corrupción.

¿Por qué no se denuncian actores de corrupción? La mayoría de las respuestas apunta a limitaciones en el Estado: 73% considera que denunciar es peligroso; 62% lo considera complicado; y un 60% inútil, porque “igual no pasa nada”. Correlativamente, para combatir la corrupción, la principal medida sería “facilitar las denuncias judiciales” (44%).

La corrupción es un problema muy serio en el país: un 89% considera que la corrupción está “bastante o muy extendida”; lo está en la adjudicación de obras públicas (para un 76% de los encuestados) y en las comisarías (73%), por encima de otros ámbitos. Se halla “bastante o muy extendida” con el Congreso (para el 88% de los encuestados), en partidos políticos (86%), gobiernos regionales (82%) y Poder Judicial (81%). También más de un 80% considera que está “bastante o muy extendida” entre congresistas, políticos, y jueces. En otras palabras, políticos y jueces aparecen como los más comprometidos en problemas de corrupción. El APRA, Fuerza Popular y el Partido Nacionalista aparecen como los partidos más asociados a estos problemas. A pesar de la renovación de autoridades políticas en las regiones, el 68% considera que “continuarán los problemas de corrupción”.

Pese a la queja frente a los problemas de corrupción, hay en un porcentaje significativo de entrevistados cierto fatalismo: un 41% votaría o podría votar por un candidato con acusaciones de corrupción, ya sea porque no se presentan mejores opciones, como por otras consideraciones “pragmáticas”. Más específicamente, un 26% podría votar por un candidato que “en el pasado ha mostrado ser eficiente su gestión, aunque haya tenido también acusaciones de corrupción”; 24% por quien “ofrece puestos de trabajo a quienes lo apoyen en la campaña electoral”; pero solo un 10% por quien “regala cosas en la campaña electoral”.

La encuesta se aplicó del 7 al 12 de diciembre, y los entrevistados en ese momento exhiben bastante escepticismo: solo un 17% considera que “están pasando cosas que permiten tener esperanza”; 38% considera la corrupción solo se podrá solucionar “mediante políticas de mano dura, aunque eso implique violar las leyes y procedimientos”; y un 37% considera que “nunca se podrá solucionar”.

Considerando los acontecimientos de los últimas días, ¿las percepciones ciudadanas habrán cambiado? Seguramente habría aumentado la percepción de que el problema de la corrupción es un fenómeno generalizado, y también de que la impunidad podría estar en retroceso. Sin embargo, esto está todavía por verse, considerando lo iniciales que están los procesos en estos casos, la mayoría en fase preliminar en el campo de la Fiscalía, sin que haya acusación formal o iniciado propiamente los juicios. Con todo, se está jugando en estas semanas la posibilidad de iniciar un punto de quiebre.

sábado, 16 de febrero de 2019

¿Cambia algo en regiones y municipios?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 16 de febrero de 2019

Las elecciones subnacionales de octubre del año pasado parecen marcar algunas pautas de cambio que merecen ser evaluadas en su consistencia. En términos generales, podría decirse que en el ámbito subnacional los movimientos regionales siguen predominando por sobre los partidos nacionales, pero en una menor medida que en las elecciones anteriores. En 2018 los partidos presentaron más candidatos en el ámbito regional, menos en el municipal, pero obtuvieron más votos, tanto en el ámbito regional como en el municipal. Al mismo tiempo, los partidos lograron elegir más Gobernadores Regionales que antes, pero menos alcaldes. Dentro de los partidos nacionales, cabe destacar el buen desempeño (comparativamente hablando) de Alianza para el Progreso y de Acción Popular, y el desplome tanto del APRA como de Fuerza Popular.

¿Por qué este resultados? En estas elecciones no participaron las organizaciones políticas locales y se impidió la reelección de autoridades subnacionales; en el nuevo contexto, los políticos que se desempeñaban en ámbitos distritales y provinciales parecieron optar preferentemente por postular bajo las banderas de los movimientos regionales, pero también de los partidos nacionales. Vista la política desde lo local, más atractivo parece el logo regional que el partidario; con todo, existe una gran variedad de partidos dispuestos a prestar su inscripción para elecciones subnacionales, lo que ayudaría a entender que hayan sacado más votos a pesar de haber obtenido menos cargos. En el mismo sentido, al analizar el nivel regional, tenemos que la imposibilidad de reelección abrió un poco más la competencia política, y en ese marco la gran disponibilidad de partidos “franquicia” hizo que muchos políticos regionales optaran por participar bajo esas banderas. Así, si miramos el porcentaje de votos obtenidos por los partidos principales en las últimas elecciones regionales no encontraremos grandes cambios (más allá de las señaladas en el párrafo anterior), pero sí al mirar la votación obtenida por partidos nacionales pequeños, agrupados en el rubro “otros”: pasó de 3 a 4% entre 2010 y 2014, pero saltó a 12.9% en 2018.

Para ponerlo en una frase, podría decirse que tuvimos algo menos de movimientos regionales, y algo más de partidos nacionales, pero funcionando todos básicamente como franquicias. Es muy probable que para adelante APP y AP sigan en camino ascendente, pero la fragilidad de los movimientos y partidos franquicia hará que los políticos sigan saltando de grupo en grupo para continuar con sus carreras. Si es que no pone un remedio a esta situación, por supuesto.

Pensando en la gestión pública, los pequeños cambios en la superficie política no se traducen en cambios sustantivos, es más, esos cambios pueden haber empeorado la situación en las regiones y municipios. La prohibición de la reelección ha condenado a todas las unidades subnacionales a un cambio administrativo que complica aún más la gestión de autoridades que llegan al poder sin equipos propiamente dichos. Las nuevas autoridades llegaron el 1 de enero, y rápidamente muchas de ellas, algunas en ámbitos muy precarios, tuvieron que enfrentar graves emergencias, como las asociadas a la temporada de lluvias. A errores y problemas del pasado se suma la inexperiencia de muchos de los recién llegados. La solución, junto al impulso de una reforma política, es hacer avanzar la reforma del Estado y del servicio civil a las regiones y municipios. Sin ellas año a año seguiremos quejándonos de lo poco que se avanza en materia de prevención de desastres.

PPK



Artículo publicado en El Comercio, sábado 9 de febrero de 2019 

El 4 de febrero pasado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de su partido, Peruanos por el Kambio (PpK). Que él mismo lo haya tenido que hacer recién ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido cuyo nombre corresponde a sus siglas personales dice mucho de las formas de hacer política que se han extendido en los últimos años. Las controversias que se han desatado en los últimos días a propósito de la relación entre gobierno y bancada de gobierno también son ilustrativas: ¿es el gobierno de Vizcarra el mismo gobierno que ganó las elecciones de 2016? Por supuesto que sí, en tanto Vizcarra es presidente en tanto miembro de la lista presidencial que encabezó Kuczynski. Sin embargo, Vizcarra no es militante del partido PpK; el Presidente del Consejo de Ministros es parlamentario de Alianza para el Progreso; y el Ministro de Justicia pertenece a la bancada liberal. ¿Gobierno de coalición? De otro lado, la bancada de PpK (el partido) se debate entre estrechar sus vínculos con el gobierno, independizarse del mismo, e incluso pasar a la oposición.

Se ha señalado hasta la saciedad que en los últimos años la política se ha poblado de partidos y movimientos personalistas, con débiles perfiles identitarios. En este contexto, si bien PpK no es la excepción, tampoco es que sea una construcción puramente oportunista. Kuczynski es un personaje político de larga trayectoria, de un perfil que podría caracterizarse como de centro derecha, que a lo largo del tiempo tejió una amplia red de contactos, y ya había tentado la presidencia en 2011 con buenos resultados, quedando en tercer lugar con el 18.5% de los votos. En esa ocasión encabezó la “Alianza por el Gran Cambio”; en realidad, esa alianza tenía como socios principales al PPPC y a APP, lo que debe haber persuadido a Kuczynski de la necesidad de contar con un partido propio para las elecciones de 2016. El gran desafío era pasar de un liderazgo capaz de ganar votos en Lima, a ganarlos a nivel nacional.

Pese a los esfuerzos realizados por PPK como candidato y como partido, los resultados en 2016 fueron muy mediocres. Inesperadamente, Kuczynski pasó a la segunda vuelta con apenas el 21% de los votos, después de una serie de accidentes, pero con una votación concentrada en Lima y Arequipa, y obtuvo apenas 18 parlamentarios, con el 16.5% de la votación congresal. El temor y la desconfianza que despertó el fujimorismo, también de manera inesperada, llevaron a la presidencia a Kuczynski. Pero el fujimorismo tuvo un muy buen desempeño en todo el territorio nacional, lo que le permitió, con el 36.3% de los votos parlamentarios, obtener la mayoría absoluta de los escaños. En la carta de renuncia a la que hacíamos alusión más arriba Kuczynski atribuye esta configuración a la cifra repartidora y al voto preferencial, lo que demuestra que, pese al periodo de reflexión por el que debió haber pasado en los últimos meses, todavía no diagnostica bien los eventos que condujeron a su renuncia.

Tampoco es cierto que ese desenlace se explique por “un complot urdido en la entonces arrolladora oposición parlamentaria”. Esa oposición no tenía los votos suficientes para vacarlo. Su caída se explica por su creciente aislamiento, primero respecto a la oposición, después frente a sus propios aliados, producto de una conducta errática e incoherente. Uno esperaría una mejor comprensión de lo ocurrido después de estos meses de introspección.

Partidos y bancadas



Artículo publicado en El Comercio, sábado 3 de febrero de 2019

La proliferación de nuevas bancadas en el Congreso no es más que el síntoma final de una enfermedad que genera una larga cadena de problemas. En nuestro país, en los últimos años, tenemos una situación en la que en un extremo tenemos partidos sin políticos y en el otro políticos sin partido. Los primeros no tienen candidatos suficientes para la elección de Congreso, y los segundos quieren desarrollar sus carreras llegando al Congreso, pero no tienen partido con el cual llegar. Se establecen así diversas negociaciones. Por supuesto, no todos los partidos son iguales: algunos tienen algún perfil ideológico y ciertas redes construidas a lo largo de los años (el APRA, AP, las izquierdas; APP desde la experiencia regional y municipal, por ejemplo), con lo que arman listas con un perfil mínimamente distinguible; otros son puro cascarón y sobreviven a pesar de no ganar asientos en el parlamento. Algunos partidos son más atractivos que otros para los candidatos, según sus posibilidades de ganar votos según las encuentas; para los partidos, algunos candidatos son más atractivos, según sus posibilidades de ganar votos, basados en sus trayectorias previas, y según la magnitud de los aportes que puedan hacer a la campaña nacional. En estas condiciones, la coherencia y disciplina de los partidos resulta extremadamente baja.

Una vez que los congresistas son electos, es difícil lograr que se mantengan juntos. Las bancadas partidarias de origen, conforme el gobierno y el Congreso pierden aprobación ciudadana, dejan de ser un vehículo atractivo para la elección siguiente. Las tendencias centrífugas tienden a hacerse más grandes. Viendo los últimos Congresos, tenemos que en 2001 iniciaron cinco grupos, pero terminaron siendo ocho al final, produciéndose 27 deserciones; en 2006 iniciaron cinco, pero terminaron nueve, con 46 deserciones; en 2011 iniciaron seis, y terminaron nueve, con 47 deserciones; en 2016 iniciaron seis, y ya vamos por diez, con 37 deserciones.

Como se ve, no es un fenómeno nuevo ni esta vez es la que ha tenido más “cambios de camiseta” (hasta el momento). En 2001, las deserciones en Perú Posible (pasó de 47 a 32 miembros) hicieron que el gobierno de Toledo perdiera la mayoría, la presidencia del Congreso y limitaron mucho la capacidad de aprobar leyes; en 2006, el gobierno del APRA no sufrió tanto, porque la fragmentación afectó sobre todo al principal grupo opositor, Unión del Perú, que pasó de 42 a quedarse con solo 7 miembros. En 2011, el Partido Nacionalista perdió la mayoría, al pasar de tener 47 congresistas a solo 26, y también la presidencia del Congreso, limitándose nuevamente su posibilidad de aprobar leyes. En el Congreso actual, es muy probable que Fuerza Popular también pierda la presidencia a partir de julio.

¿El eventual cambio en la presidencia del Congreso (y en las presidencias y composición de comisiones) cambiará mucho las cosas? La capacidad de vetar leyes por parte de FP ha disminuído, pero no desaparecido; esta vez necesita construir puentes con otros sectores, no le basta la fuerza propia, y lo puede hacer. Y la capacidad de aprobar leyes del parte del ejecutivo mejora por el lado del debilitamiento de un eventual veto de FP, pero se ha hecho más trabajoso armar mayoría, al haber ahora más grupos que antes con lo cuales negociar. Las cosas han cambiado, pero no tanto en realidad. Sigue quedando pendiente el reto de fortalecer los partidos y la representación política.

Petkoff y la Venezuela actual



Artículo publicado en El Comercio, sábado 26 de enero de 2019

Hace unos meses, el 31 de octubre del año pasado, falleció Teodoro Petkoff, a los 86 años, después de una larga enfermedad. Para las nuevas generaciones, Petkoff era el director de un combativo periódico venezolano de oposición al chavismo, Tal Cual, que terminó sus días siendo objetivo de varias denuncias por parte del gobierno; Diosdaro Cabello demandó por difamación e injuria no solo a un articulista del diario, también a su director y sus accionistas. Así, Petkoff tuvo una injusta orden de impedimento de salida del país, que no solo le impidió viajar a Madrid a recibir el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística en 2015, sino que lo obligaba a presentarse semanalmente a los juzgados a los 83 años.

Pero Petkoff no solo fue uno de los más duros críticos al autoritarismo de los presidentes Chávez y Maduro. Fue y es también una figura emblemática para la izquierda latinoamericana. Cuando estudiante, participó en acciones de protesta contra la dictadura de Pérez Jiménez (1953-1958). En 1962, bajo la influencia de la revolución cubana, y como parte del Partido Comunista de Venezuela, integró el grupo guerrillero Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN); fue apresado tres veces entre 1963 y 1969, fugándose de prisión en las primeras oportunidades. En la tercera fue amnistiado por el presidente Caldera. En 1968 lideró un giro muy profundo a favor de la democracia.

Diversos académicos peruanos se han referido a la “generación del 68” para explicar la influencia de las ideas de izquierda revolucionaria entre los jóvenes universitarios peruanos, refiréndose a los sucesos de mayo en Francia y al golpe de Estado del General Velasco, entre otros. Para Petkoff, 1968 remite a otro acontecimiento: la “primavera de Praga” y la invasión soviética de la antigua Checoslovaquia. Es decir, la toma de conciencia de la importancia de las libertades democráticas, del rechazo al autoritarismo y a las lógicas que justifican prácticas opresivas en nombre de nobles intenciones revolucionarias, que en realidad encubren la corrupción y el afán de poder de las cúpulas gubernamentales. Esto dio lugar a la publicación de su libro Checoslovaquia: el socialismo como problema, de 1969, un hito fundamental en la historia de las izquierdas en la región, y el primer paso de su conversión democrática.

Acorde a esta nueva orientación, en 1971, fundó el Movimiento al Socialismo, pionero en tener una orientación socialista democrática. Gabriel García Márquez ganó en 1972 el premio Rómulo Gallegos por Cien años de soledad, y donó el dinero del premio al MAS, para apoyar su participación en las elecciones de 1973, en las que Petkoff fue electo diputado. Más adelante fue ministro en el segundo mandato del presidente Caldera (1994 -1999). En las elecciones de 1998 el MAS se integró a la alianza liderada por el Movimiento Quinta República y apoyó la candidatura de Hugo Chávez; Petkoff decidió renunciar al MAS, es decir, desde muy temprano advirtió los riesgos implícitos en la elección de Chávez.

Desde entonces, Petkoff se dedicó al periodismo, con una fuerte línea de oposición al chavismo, que caracterizó como “personalista, con fuertes rasgos de militarismo, mesianismo, caudillismo y autoritarismo”. Criticó a la izquierda “borbónica, conservadora y no democrática” que todavía se encandilaba con sus discursos, animada por su supuesta “resistencia frente al imperialismo”. Nos hace falta Don Teodoro, para darle forma a una línea de rechazo a Maduro y también de “construcción de un destino común frente a la hegemonía norteamericana”.

domingo, 20 de enero de 2019

Maduro y Ortega



Artículo publicado en El Comercio, sábado 19 de enero de 2019

El no reconocimiento de Nicolás Maduro como Presidente por la OEA (19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia) y por el Grupo de Lima es la consecuencia lógica del no reconocimiento de los resultados de la elección no democrática realizada en mayo del año pasado.

Recordemos algunos antecedentes importantes: la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional (Congreso) en las elecciones de diciembre de 2015, y convocó a la realización de un referéndum para revocar al presidente Maduro, que esperaban permitiera un adelanto de la elección presidencial de 2018. La respuesta de éste fue bloquear el referéndum, postergar indefinidamente las elecciones regionales de 2016, y cercenar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia bajo su control. No convocó a elecciones en las que evaluaba que iba a perder, si no a otras en las que sabía que iba a ganar, bajo condiciones construidas para ese objetivo. La oposición se dividió ante el dilema de apelar a la movilización y a la caída del gobierno o participar e intentar ganar espacios incluso bajo esas condiciones. Maduro convocó entonces en julio de 2017 a elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, en la que obtuvo el 100% de la representación, y al instalarse en agosto decidió asumir la función legislativa, “desapareciendo” en la práctica a la Asamblea Nacional. Luego convocó para octubre las postergadas elecciones regionales y para diciembre las elecciones municipales, en las que obtuvo sendos triunfos. Finalmente, adelantó para mayo de 2018 la elección presidencial prevista para diciembre; mediante diversas triquiñuelas impidió la postulación de los candidatos de oposición con alguna posibilidad de triunfo, y ganó con el 67.8% de los votos.

Las maniobras fueron tan descaradas que la mayoría de países desconoció esos resultados. El año pasado la crisis en Venezuela no hizo sino agravarse de manera dramática. Si en nuestro país no estamos satisfechos con un crecimiento económico cercano al 4% en 2018 y también proyectado para 2019, consideremos que esas cifras para Venezuela son -13 y -15%. Con todo, Maduro sigue controlando el poder: mantiene unidas a las Fuerzas Armadas y mediante un amplio sistema clientelístico mantiene el apoyo de una parte importante de la población, especialmente en sectores populares. La necesidad de encontrar una figura que encabece un proceso de negociación llevó al protagonismo de Juan Guaidó, presidente electo de la relegada Asamblea Nacional; puede tener legitimidad, pero no tiene poder.

Pero así como vivimos este drama en Venezuela, no debemos perder de vista a Nicaragua. Las masivas protestas de abril y mayo del año pasado fueron reprimidas de manera brutal, recurriendo al uso de fuerzas paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos ocho meses se han contabilizado 325 muertos en eventos de protesta. La reacción del gobierno de Ortega frente a las investigaciones y denuncias de organismos internacionales ha sido sacar expulsar del país a la CIDH y al grupo de expertos nombrado por la OEA que investigó los sucesos de abril y mayo, y que concluyó que “la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas (…) se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil (…) ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.

Chávarry y Fuerza Popular



Artículo publicado en El Comercio, sábado 12 de enero de 2019

La semana pasada veíamos al Fiscal Chávarry aferrado contra viento y marea al cargo de Fiscal de la Nación amparado en el respaldo que parecía tener en la Junta de Fiscales Supremos y en la mayoría en el Congreso de la República. Es más, la controversia por la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público encontraba oposición en esta entidad, y empezaba a generar un espíritu de cuerpo que terminaba favoreciendo a Chávarry. ¿Por qué terminó renunciando? Es difícil decir, pero la decisión de suspender su colegiatura por parte del Consejo de Etica del Colegio de Abogados de Lima, y pedidos para que diera un “paso al costado” por parte de la bancada del APRA y de algunos miembros de Fuerza Popular, deben haberlo convencido de que su permanencia en el cargo era insostenible. Su aislamiento ante la opinión pública se convertía en un pasivo muy difícil de llevar para quienes antes lo sostenían. La misma presión pública permitió que Zoraida Avalos termine asumiendo la conducción del Ministerio Público, que en algún momento también pareció en riesgo.

Esa misma presión pública está asfixiando a muchos miembros de Fuerza Popular. ¿Por qué FP terminó siendo el último en deslindar con Chávarry, incluso después del pedido de Keiko Fujimori de apoyar el proyecto de declaratoria en emergencia del Ministerio Público, y de que el propio APRA decidió marcar distancia? En FP se enfrentan dinámicas en sentidos contrarios: ¿se privilegia la lógica de la defensa judicial de Keiko Fujimori? Este solo camino llevaba por caminos aparentemente contradictorios: apoyar a Chávarry para deshacerse de los fiscales Vela y Pérez, después apoyar la declaratoria en emergencia del Ministerio Público para no generar la imagen de estar obstruyendo la acción de la justicia (ante la inminencia de una decisión frente a la apelación contra la orden de prisión preventiva que padece Keiko), para luego, una vez perdida esta, volver al respaldo a Chávarry. En otro registro, ¿se sigue un camino defensivo ante la tesis de la mega conspiración antifujimorista? Suena delirante, pero algunos parecen convencidos de la tesis de la conspiración financiada por George Soros y por “los socios de Odebrecht”, que articularía a ONGs como IDL, al Grupo El Comerio y a sectores del gobierno. Desde esta óptica, no cabría hacer ninguna concesión a un enemigo que busca su destrucción; más bien, correspondía apoyar al Fiscal que afirmaba no temer enfrentarse a esos intereses.

Al mismo tiempo, está también una lógica puramente política: es decir, los políticos, se supone, buscan popularidad y continuar sus carreras políticas. La lógica judicial y conspiranoica atenta claramente contra ello. Daniel Salavarry ha sido muy consciente de esto, y ha aprovechado el instinto de supervivencia de muchos en FP, ya sea para darles motivo para saltar del barco e intentar una reconversión, como para evitar el debate de una moción de censura sin justificación o viabilidad. Seguiremos evaluando.

Qué hacer con Pedro Chávarry



Artículo publicado en El Comercio, sábado 5 de enero de 2019

Nuevamente hemos vivido unos días de vértigo, que aún no terminan. Al momento de escribir estas líneas, Pedro Chávarry todavía estaba allí. Como a finales de 2017 con el indulto navideño al expresidente Fujimori, esta vez el Fiscal de la Nación en la víspera del año nuevo decidió remover a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial del caso lava jato. En el cálculo de Chávarry debe haber contado la evaluación de tener mayoría a su favor en la Junta de Fiscales Supremos y también en el Congreso de la República, las dos entidades clave para mantenerse en el cargo. Y también que en medio de las festividades, la oposición terminaría por no cuajar. Tuvo que retroceder, en parte, por la indignación que generó su decisión, que en la práctica impedía la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y porque el presidente Vizcarra decidió una vez más jugársela por encabezar esa ola, dándole forma con el proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Pero retrocedió sobre todo porque en ese contexto uno de los Fiscales Supremos, Tomás Gálvez, cuestionó no tanto la separación de los fiscales en sí, sino la oportunidad de hacerlo, antes de la suscripción del acuerdo con Odebrecht; cuestión clave porque Vela y Pérez habían decidido apelar ante la Junta de Fiscales Supremos la decisión de Chávarry. Esto terminó además de persuadir a los reemplazantes de los destituídos, Almanza y Páucar, después de unas horas de duda, de no comprarse el pleito.

Así, la decisión de la destitución resultó inviable, y Chávarry tuvo que asumir el costo del retroceso. Pero esto no significa, al menos hasta ahora, que esté dispuesto a dejar de pelear por mantenerse en el cargo. Tiene con qué: la Junta de Fiscales Supremos puede cuestionarlo, pero no puede destituirlo, ya que la Constitución establece que su nombramiento tiene un periodo fijo de tres años. Luego, la mayoría en el Congreso tiene la posibilidad de seguir postergando la evaluación de las acusaciones Constitucionales que hay en su contra, y de cuestionar la constitucionalidad del proyecto de ley del ejecutivo. Esto a pesar del tweet de Keiko Fujimori llamando a apoyar esta iniciativa, pensando acaso más en no dar motivos para que se diga que usa su poder político para entorpecer la acción de la justicia, en la víspera de la decisión respecto a su recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva que padece. Que finalmente fue declarada infundada.

¿Cuáles son los caminos de salida? El propuesto por el poder ejecutivo tiene, a mi modesto entender, serios problemas de constitucionalidad: la Constitución protege la autonomía de la Fiscalía precisamente para evitar intromisiones del poder ejecutivo. Pensemos en la situación de un Fiscal honesto investigando a un gobierno corrupto: la Constitución busca defender claramente al primero del segundo. Aunque no estemos ante esa situación en este momento, las normas se hacen pensado en situaciones generales, no en coyunturas específicas. La salida de Chávarry pasa en realidad por acelerar la evaluación de las acusaciones por infracción a la Constitución y la destitución por parte del pleno del Congreso. Esto además asegura que éste deje de ser Fiscal Supremo, no solo Fiscal de la Nación. Paralelamente, acelerar la aprobación de la ley orgánica y la constitución de la Junta Nacional de Justicia, que es la permitirá llevar a cabo la reestructuración a fondo del Ministerio Público. Allí se verá en última instancia cuál es el juego del fujimorismo y en qué finalmente ha devenido después de este terremoto.

sábado, 29 de diciembre de 2018

2018 – 2019


(Ilustración: Víctor Aguilar/ El Comercio)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 29 de diciembre de 2018

Revisar los acontecimientos de 2018 genera una sensación de vértigo. Iniciamos el año sabiendo que el presidente Kuczynski era extremadamente débil, pero que tenía algún margen para sobrevivir; hasta que los “mamaniaudios” terminaron de dejarlo en un aislamiento casi total. Luego, con el presidente Vizcarra, veíamos a un presidente aún más precario, con una fuerte tendencia descendente en sus niveles de aprobación ciudadana. Los “CNMaudios” abrieron una oportunidad que el gobierno aprovechó muy audazmente para aparecer encabezando la lucha contra la corrupción y la reformas de las instituciones políticas, lo que le da una apariencia de fortaleza en realidad muy circunstancial.

En el campo del fujimorismo, tuvimos también grandes convulsiones. Empezamos el año preguntándonos por los efectos que tendría el indulto al expresidente Fujimori; algunos pensaban que éste asumiría un liderazgo que opacaría al de Keiko, y que Kenji podría ser un nuevo referente político. Sin embargo, después de la caída de Kuczynski, lo peor parecía haber quedado atrás para Keiko: Alberto más preocupado por sus problemas de salud y por evitar la reversión del indulto, una FP “depurada” con la expulsión de Kenji, la renuncia de los avengers y el fracaso del proyecto de partido, Cambio 21; y un nuevo gobierno procurando no caer nuevamente en una dinámica de confrontación con el Congreso. Las cosas empezaron a cambiar con la inesperada iniciativa política del gobierno después de los CNMaudios, y con los avances en las investigaciones fiscales sobre lavado de activos, que cobraron fuerza después de la declaración de Jorge Barata de haber entregado un millón de dólares a la campaña fujimorista de 2011.

Empezamos el 2019 con una gran incertidumbre: las reformas de la administración de justicia y las iniciativas de lucha contra la corrupción, ¿llegarán a buen puerto? Dependerá del poder ejecutivo, pero también del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, que atraviesan una profunda crisis. Este año también vence el mandato de cinco de seis miembros del Tribunal Constitucional, institución clave. Además, está el justo reclamo de varios sectores en el sentido de que el gobierno debe gobernar: la reactivación de la economía, la lucha contra contra la inseguridad, la reconstrucción del norte, la continuación de la reforma de la educación, la reforma de la salud, entre muchos otros, no esperan. Me parece que la clave del 2019 está en aprovechar la pequeña ventana de oportunidad que se abrió con el llamado de Keiko Fujimori en octubre de contruir una agenda de “reencuentro nacional”, mediante un diálogo “sin condiciones”; y con el mensaje a la nación del Presidente Vizcarra del pasado 12 de diciembre, en el que anunció el inicio de una ronda de diálogos con los diferentes partidos, para dejar atrás “la etapa de enfrentamientos”. Difícil, no imposible.

Termino con un breve comentario personal: como se sabe, he tenido el honor de ser designado miembro de la Comisión Consultiva para la Reforma Política por el Presidente de la República; por ello, mientras dure ese encargo, no me referiré a los temas de la reforma. Solo diré que en la Comisión somos muy conscientes de que nuestra tarea es sumar iniciativas producidas por los actores políticos, por la academia, y por la sociedad civil; elaborar una agenda acotada y relevante de propuestas basadas en un diagnóstico bien fundamentado; y que la reforma solo será posible si es capaz de generar consensos amplios, si es capaz de lograr que los actores políticos representados en el Congreso la hagan propia.

viernes, 28 de diciembre de 2018

Un 2019 más tranquilo, por favor



Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de diciembre de 2018

Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski vivimos un ambiente de crispación y enfrentamiento expresado en la pugna entre ejecutivo y legislativo, que movilizaba especialmente una suerte de clivaje alrededor del fujimorismo. Con el presidente Vizcarra las cosas parecieron calmarse un poco, a costa de la percepción de que éste habría estado un tanto “a merced” del fujimorismo, por carecer de una base propia de sustentación. Sin embargo, los “CNMaudios” y las revelaciones provenientes desde Brasil respecto al financiamiento de las campañas electorales pusieron al fujimorismo en jaque, y crearon la oportunidad para que el gobierno resulte teniendo un inusitado respaldo popular.

Fortalecido el gobierno, fragmentado el fujimorismo, con Keiko Fujimori en prisión preventiva, se podría haber esperado un tiempo de cierto apaciguamiento, la aparición de un espacio de concertación. De hecho lo primero ocurrió durante unas semanas, y aún ahora se anuncia el inicio de una rueda de diálogos y conversaciones entre las principales fuerzas políticas. El problema es que diversos frentes conspiran contra esa necesidad. El frente judicial contamina el frente político, y pareciera que la agenda de la mayoría congresal estuviera marcada por la necesidad de brindar protección a su lideresa, al margen de las consecuencias políticas de esas decisiones. De otro lado, la polarización que aún genera el fujimorismo contamina también decisiones que ameritarían mayor debate.

Un par de ejemplos. Todos como sociedad estamos o deberíamos estar de acuerdo con impulsar la lucha contra la corrupción, y respaldar el trabajo de los Fiscales a cargo de las investigaciones más importantes. Sin embargo, las pugnas al interior de la Fiscalía y las implicancias políticas de las decisiones fiscales y judiciales hacen que frente a ellas se tome partido según las preferencias políticas. Este es un asunto que debiera dar lugar a un gran acuerdo político: asegurar la autonomía de las investigaciones, fortalecer la lucha contra la impunidad, implantar una lógica de “caiga quien caiga” sin sesgos, al mismo tiempo respetando escrupulosamente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. ¿Podría construirse una mayoría en torno a eso?

Otro ejemplo. Se ha generado una gran controversia sobre la formación de nuevas bancadas en el Congreso, resultantes de representantes que abandonan sus grupos parlamentarios originales por razones de conciencia. Tema delicado, porque en un extremo el transfuguismo y el oportunismo de algunos representantes constituye una burla a la voluntad popular expresada en las elecciones, y en el otro hay maniobras que buscan preservar una mayoría que ya no corresponde con la realidad política del Congreso, y de la sociedad. Hilar fino para distinguir la renuncia por razones de conciencia del puro oportunismo requiere una discusión y un acuerdo de cara a recuperar la confianza del Congreso ante la ciudadanía. Pero se sigue cayendo en el camino de la confrontación y en el cálculo político estrecho.

Terminamos el año, pero en realidad este se estirará hasta finales de enero, dada la ampliación de la actual legislatura. Esperemos que tras el breve receso de fiestas volvamos todos con los ánimos más sosegados. El éxito de la reforma del sistema de justicia y de muchos otros asuntos fundamentales para el país depende de ello. Los cambios en la composición política del Congreso abren oportunidades para todos que no debemos desaprovechar.

domingo, 16 de diciembre de 2018

La iniciativa de Vizcarra


Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de diciembre de 2018 
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Los resultados del referéndum del 9 de diciembre arrojaron una contundente victoria para el gobierno del presidente Vizcarra, y una suerte de derrota del Congreso, en tanto éste perdió la iniciativa de las propuestas de reforma y resultó siendo víctima de la molestia ciudadana frente a los escándalos de corrupción, de un extendido sentimiento antipolítico. En los días previos, muchos nos preguntábamos, “y después del referéndum, qué?, y nos quedábamos sin respuesta. Pues el miércoles 12 el presidente Vizcarra demostró que no andaba de espaldas a las preguntas que muchos ciudadanos nos hacíamos. Anunció que tiene listo el proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y que lo remitirá pronto al Congreso; y que observaría la ley de financiamiento de partidos aprobada apresuradamente por el Congreso. Lo interesante es que esta vez la “pechada” al Congreso no está llevando a un nuevo episodio de confrontación, sino a una inusitada colaboración por parte de este. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, un día antes, ya había anunciado la convocatoria a una legislatura extraordinaria para ver esos temas. Días antes, había calificado de “nefasta” la ley de financiamiento ilícito de partidos, anunció que no firmaría la autógrafa, y que sometería a votación una reconsideración de la misma.

Salaverry pidió una licencia temporal a la bancada de Fuerza Popular en el mes de octubre, y está sacando mucho provecho de esa independencia. Mientras Fuerza Popular sigue con una conducta ya sea políticamente suicida o basada exclusivamente en procurar la mejor defensa judicial de Keiko Fujimori sin importarle nada más, Salaverry parece tener muy claro que el desprestigio del Congreso y de Fuerza Popular lo termina afectando directa y personalmente, lo que abre un espacio para una cooperación con el poder ejecutivo que no debe subestimarse. Hace unos días el presidente Vizcarra se juntó con varios de los integrantes de lo que en el futuro podría ser el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el que compartió la mesa con Salaverry, el presidente del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional, que son también responsables de la implementación de la Junta Nacional de Justicia. Además, el ejecutivo ha anunciado la conformación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que deberá presentar propuestas que terminarán en manos del Congreso.

El papel de Salaverry ha adquirido mayor importancia para el ejecutivo dadas las complicaciones de la relación entre el gobierno y la bancada oficialista, que se ha quejado públicamente de falta de comunicación con el ejecutivo. Pero no puede reemplazarla, por supuesto. Porque la agenda del ejecutivo tiene que ser, por definición, más amplia y requiere no solo viabilidad legislativa, también voceros y operadores de la misma. La relación con las nuevas autoridades regionales y municipales, la agenda de la Competitividad, la Reconstrucción con Cambios, los temas de salud, educación y seguridad, la lucha contra la anemia y la violencia de género, requieren de aliados en el Congreso y en la sociedad. El anunciado diálogo político podría abrir oportunidades también para coordinar estas acciones y darle contenido específico, para que no quede solamente en una foto.

Veremos qué pasa. Hasta el momento, sólo la reforma de la justicia tiene contornos claros. Pero al menos el gobierno parece consciente de las limitaciones que tiene que superar.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Crispación, conspiraciones y ajenidad



Artículo publicado en El Comercio, sábado 8 de diciembre de 2018

Que el ambiente político en el Perú está crecientemente crispado parece una constatación obvia. Muestras de intolerancia por doquier, acusaciones cruzadas, indignaciones, desconfianza, proliferación de teorías conspirativas. “Nada es casual en política”, “en política no se puede ser ingenuo”, “piensa mal y acertarás”.

En medio de todo esto, conviene no perder la perspectiva, intentar entender lo que estamos viviendo, y cómo llegamos a esto. Para empezar, este clima es relativamente nuevo. Hasta no hace mucho, lo que nos llamaba la atención es cómo primaba la continuidad del modelo económico instaurado en la década de los años noventa, y la fortaleza del establishment para “poner en vereda” al Alan García que se movilizó en contra de la suscripción del TLC con los Estados Unidos en 2004 y que derrotó a la “candidata de los ricos”, Lourdes Flores, en la primera vuelta de las elecciones de 2006 (con quien luego formaría alianza en 2016); mucho más elocuente fue el abandono por parte de Ollanta Humala de la “gran transformación” de 2006 y luego de toda su coalición de izquierda despúes de los sucesos en Conga, a poco más de cuatro meses de haber llegado al gobierno en 2011. A lo largo de esos años, el fujimorismo pasó de ser marginal en 2001 a ser socio importante del gobierno de García en 2006, y luego protagonista de la segunda vuelta presidencial en 2011. El fujimorismo reaparecía de la mano de la continuidad y legitimación de las políticas orientadas al mercado, de allí que el candidato Pedro Pablo Kuczynski llamara entusiastamente a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de ese año. Es más, después de los resultados de las elecciones de 2016, sin un candidato crítico con el modelo económico en segunda vuelta, una pax neoliberal parecía asegurada. Hasta 2016, la conflictividad oponía a los críticos con el modelo económico con quienes apostaban por su continuidad, con un claro predominio de los segundos. Así vivió el país el “giro a la izquierda” que movió las aguas de todo el continente.

En realidad, la conflictividad reciente es consecuencia del quiebre de la coalición promodelo económico vigente desde la caída del fujimorismo; el propio fujimorismo se enfrascó en una confrontación muy destructiva con acaso la mejor personificación de la continuidad del modelo, Pedro Pablo Kuczynski. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. De otro lado, la onda sísmica proveniente del terremoto de lava jato en Brasil puso en el centro de la agenda el problema de la corrupción; inesperadamente, quienes ocuparon el gobierno y quienes recibieron importantes fondos de campaña, los más fuertes en el pasado, pasaron a estar en el banquillo de los acusados, y quienes lograron montarse sobre la ola de indignación de la opinión pública aparecen fuertes ahora, aunque en realidad no cuenten con ninguna base de sustentación propia.

En este río revuelto, tenemos en realidad un sálvense quien pueda generalizado, pero algunos creen ver acciones cuidadosamente planificadas, coordinadas y desarrollan asombrosas teorías conspiracionales. Pero ni el gobierno ni las ONGs controlan el poder judicial o los medios de comunicación, ni los corruptos las tienen todas consigo. Estamos ante actores diversos con alineamientos cambiantes que se mueven en múltiples frentes. En medio de esto, no perder vista que crispación no implica en realidad polarización: no es que la sociedad esté alineada detrás de los actores en pugna. En realidad, la sociedad mira el espectáculo de este enfrentamiento con creciente distancia, ajenidad e irritación.

¿Presidente débil o fuerte?


Vuelvo a las columnas semanales, esta vez todos los sábados en la sección política del diario El Comercio. Agradezco la invitación de María Alejandra Campos.


Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de diciembre de 2018

A inicios de julio de este año, al cumplir el presidente Vizcarra cien días en el cargo, la percepción general era que se trataba de un gobierno precario y débil, En ese tiempo analizábamos las renuncias de los ministros de la Producción, Daniel Córdova, del ministro de Economía, David Tuesta, y poco tiempo después del ministro de Justicia, Salvador Heresi, así como la evidencia de graves contradicciones en el manejo de diversos temas. El gobierno aparecía sin liderazgo y sin rumbo. La encuesta de IPSOS mostraba una caída de 57 a 35 en el porcentaje de ciudadanos que aprobaba la gestión del presidente entre abril y julio. Algunos medios hablaban de una aprobación en “caída libre”. Con indulgencia decíamos que no cabía esperar mucho de un gobierno que tuvo que asumir inesperadamente las riendas del país en medio de una emergencia, la renuncia del presidente Kuczynski, justo cuando parecía que iba a superar la votación de una segunda moción de declaratoria de vacancia. Inesperadamente, el 28 de julio el gobierno retomó la iniciativa, levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. Tuvo la intuición y habilidad de capitalizar la ola de indignación que generaron los “CNMaudios”, que le han permitido levantar su porcentaje de aprobación hasta 65 puntos. Cuatro meses después, hemos pasado de la “caída libre” a imaginar un presidente todopoderoso.

En realidad, creo que seguimos ante el mismo gobierno precario y débil de hace unos meses; detrás de la iniciativa expresada en el referéndum del 9 de diciembre, no hay ningún tema sectorial en el que destaque, como muestra la última encuesta del IEP. Es más, ni siquiera hay claridad de cuál es la estrategia o el plan del ejecutivo en los temas del referéndum para después de esa fecha. Buena parte de las iniciativas presentadas por la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia están en la congeladora en el Congreso, y la búsqueda de acuerdos para establecer una agenda legislativa está postergada. Y se vienen cambios fundamentales por la renovación de la Presidencia del Poder Judicial y de varios miembros del Tribunal Constitucional (¿también en la Fiscalía de la Nación?), de los que depende que la Junta Nacional de Justicia llegue a buen puerto. Y en cuanto a la reforma política, en realidad solo llevar a la Constitución algunas disposiciones de la ley electoral referida al financiamiento de las organizaciones políticas es una avance; prohibir la reelección de congresistas es un error, y el propio gobierno llama ahora a votar en contra de la propuesta del bicameralismo que aprobó en el Congreso. En otras palabras, la agenda de la reforma política se ha perdido y distorsionado.

En realidad, la percepción de estar ante un gran poder presidencial es consecuencia de la coincidencia entre la retórica de Vizcarra en contra la corrupción y el activismo judicial de un puñado de fiscales y jueces, en casos de gran visibilidad pública. Pero ese activismo tiene una dinámica propia, que puede llevar a cometer excesos y errores, pero que también ha permitido avances. Es ese mismo activismo judicial el que con sus avances y errores ha llevado a Lula a prisión y llevará al juez Sérgio Moro al ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro en Brasil.

Se habla de una supuesta falta de democracia en el país como consecuencia de fallos judiciales cuestionables. En realidad, lo que no es democrático es no aceptarlos, y renunciar al camino de impugnarlos por las vías que el mismo orden legal establece. Lo que vale para la Constitución o los resultados electorales vale también para los fallos judiciales.

lunes, 23 de julio de 2018

¿Cómo llegamos a esto?


La última columna en La República...

Artículo publicado en La República, domingo 22 de julio de 2018

Nuestro querido país, de crecimiento y acumulación con instituciones débiles y políticos precarios, con una ciudadanía con mayores expectativas y que siente una distancia sideral con la esfera oficial, nunca dejará de sorprendernos. Hace dos semanas en esta columna comentábamos los cien días del presidente Vizcarra, nos referíamos a su debilidad y lamentábamos su falta de iniciativa; desde entonces toda la atención está puesta en el sistema de administración de justicia. Han caído el presidente del Poder Judicial, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministro de Justicia, un juez supremo, se declaró en emergencia la Corte Superior del Callao y su expresidente está en prisión preventiva. Todo al descubrirse una compleja y extensa red de corrupción e intercambio de favores, a los más altos niveles. Un verdadero terremoto. Como se sabe, este se produce como consecuencia no intencional de una investigación sobre una organización delictiva en el Callao, que resulta develando inesperadamente una trama mucho más compleja, y cuyos resultados terminan filtrándose a la prensa.

El impacto de los audios revela varias cosas: primero, una suerte de planificación y administración de la información que busca maximizar su impacto y desarmar a los implicados en actos indebidos o ilegales. Algún día, espero, sabremos sobre quiénes y porqué manejaron y filtraron esta información. Segundo, la reacción ciudadana ha sido muy fuerte: la secuencia de audios permitió encauzar la indignación ciudadana ante el sistema de justicia por su incapacidad, por decirlo de algún modo, para enfrentar casos de violación de menores de edad (primeros audios del juez Hinostroza). Una vez creada la ola, los demás audios tienen una naturaleza más política, y nos llevan a problemas de corrupción y tráfico de influencias, que probablemente no habrían tenido el mismo efecto si el escándalo no hubiera empezado por el tema de un juez que libera a condenados por violación a menores de edad. La ola de destituciones y renuncias es consecuencia de una fuerte marea proveniente de la opinión pública, de la presión del periodismo y de los medios de comunicación; complementada por la reacción de muy diversas organizaciones de la sociedad civil y por la movilización callejera (en ese orden).

¿Qué significa esto respecto a la administración de justicia? La imagen que queda es la de un sistema en donde se enfrentan fuerzas diversas que dominan espacios y cuotas de poder parciales: existen redes mafiosas, pero también actores que hacen bien su trabajo. Están los jueces Hinostroza y Ríos, pero también el juez Cerapio Roque, la fiscal Rocío Sánchez, el grupo “Constelación” de la policía. Lo mismo podría decirse de las lógicas más “políticas”: existen grupos a favor de la impunidad y otros que sí se la juegan porque avancen las investigaciones en curso. Además, no siempre los que quieren pueden, lo que complica más el panorama, porque pareciera que si no pueden es porque no quieren. Así se genera la confusión en la que los diferentes sectores políticos se sienten al mismo tiempo amenazados por un sistema de justicia percibido como parcializado, cuando al mismo tiempo tienen importante influencia sobre otras áreas.

Permítanme terminar con una nota personal. Después de casi ¡diez años! de escribir sin falta semana a semana en las páginas de este diario, llegó el momento de despedirse. Agradezco mucho a La República y a los lectores por haberme permitido contribuir con mi grano de arena a ensanchar los márgenes de la discusión pública en nuestro país.