miércoles, 24 de junio de 2015

Wilfredo Oscorima

Artículo publicado en La República, domingo 21 de junio de 2015

No debería pasar desapercibido el hecho de que el hoy prófugo de la justicia Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, haya sido sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por delitos contra la administración pública. Ya antes había sido sentenciado a dos años de pena privativa de libertad suspendida, y tiene además varios otros procesos judiciales en curso. En todos los casos se trata de adquisiciones que evadieron irregularmente procesos de licitación, así como de gastos, inversiones o concursos que favorecieron indebidamente a postores o proveedores. Oscorima apareció en Ayacucho como un empresario próspero “surgido desde abajo”, con un capital amasado en el negocio de salas de tragamonedas e inversiones inmobiliarias. A pesar de las denuncias periodísticas y sospechas de que se trataría de una fortuna mal habida (lavado de activos) y de la implementación de estrategias abiertamente clientelísticas en su campaña electoral (llegó a regalar dinero en efectivo y otros bienes en sus actividades proselitistas) llegó a ser elegido presidente regional en 2010 bajo las banderas de Alianza para el Progreso. A pesar de los problemas que tuvo su gestión y de la existencia de serias denuncias de malos manejos y corrupción, fue reelegido en 2014, esta vez con un movimiento ad-hoc, la alianza Renace Ayacucho.

En 2010 comentábamos sobre la creciente intervención de empresarios sin mayores antecedentes políticos en la política regional, surgidos en el marco del ciclo de crecimiento económico iniciado en 2003 en el país, ocurrido en un contexto de extrema debilidad de los partidos políticos. Y nos preguntábamos sobre las posibilidades de éxito y perspectivas de estos personajes: Oscorima en Ayacucho, Picón en Huánuco, Vizcarra en Moquegua, Vásquez en Loreto, entre otros (al respecto, véase el importante trabajo de Mauricio Zavaleta, Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral -Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2014-). Viendo el no muy feliz destino de Oscorima, Picón y Vásquez, y el mejor posicionamiento actual de Vizcarra (aunque no intentó reelegirse en 2014), pareciera que el traslado de prácticas empresariales a la gestión pública termina mal cuando traslada también prácticas “informales” de hacer negocios, por así decirlo. De otro lado, los casos de Vizcarra, o los de Atkins y Hilbeck en Piura, o de Cillóniz en Ica, si bien no están manchados por escándalos de corrupción, sí enfrentan los límites de formas “tecnocráticas” de acción política.

Finalmente, me parece importante resaltar la importancia del Consejo Regional como espacio de fiscalización de la gestión regional, junto a otros órganos de control, como la Contraloría y la Fiscalía. En la elección de 2014 Oscorima obtuvo apenas cuatro de trece consejeros, que ejercieron sus cargos con mayores niveles de independencia. En general, el papel fiscalizador de los consejeros regionales, y también el de los regidores municipales debería ser fortalecido.

Felipe González

Artículo publicado en La República, domingo 14 de junio de 2015

No deberían pasar desapercibidos en nuestro país las acciones de Felipe González, ex Jefe de Gobierno de España (1982-1996) y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Venezuela. Se sumó como abogado a la defensa de los líderes opositores encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos, detenidos en el contexto de las protestas de febrero y marzo de 2014, y del alcalde de Caracas Leopoldo Ledesma, detenido en febrero de este año.

González fue un referente importante para la política peruana entre finales de la década de los años setenta y durante la de los ochenta. Fue elegido Secretario General del PSOE en 1977, a los 35 años, y como tal lideró la adopción de una identidad socialdemócrata del socialismo español, abandonando el marxismo-leninismo y la pretensión de tomar el poder mediante estrategias insurreccionales y violentas. Bajo ese perfil fue elegido Jefe de Gobierno español en 1982, a los cuarenta años. Desde allí lideró la modernización y “europeización” española, que permitió que ese país dejara de ser uno de ingresos medios y se conviertiera en uno desarrollado.

En nuestro país, el joven Alan García, elegido Secretario General del APRA en 1982, a los 33 años, encontró en González una fuente de inspiración. A un partido percibido como agotado tras la muerte de Haya de la Torre, García le dio una nueva identidad, marcada por un socialismo moderno. En esto García le ganó la partida a una izquierda enclada hasta la década de los años ochenta en el marxismo-leninismo, y reticente a renunciar al uso de la violencia como estrategia revolucionaria. Tardíamente, y sin fuerza suficiente, Alfonso Barrantes intentó hacer lo mismo desde la izquierda. Pero García también se extravió en su intento de construir un gran liderazgo histórico en su primer gobierno, excediendo los límites del realismo político, y hundió al país en una de las peores crisis de su historia.

Hoy, González, a los 73 años, ha emprendido una nueva tarea, que tiene repercusiones directas sobre nuestro país: recordarle a las izquierdas latinoamericanas lo importante que es la defensa de las libertades democráticas. En un contexto en el que tanto Evo Morales como Rafael Correa buscan la aprobación de la reelección indefinida, por ser para el primero “expresión de la voluntad popular”, y por ser el principio de la alternancia en el poder para el segundo “una tontería de la oligarquía”, es saludable que desde la izquierda se levante la bandera de la democracia, de la defensa de las libertades políticas, de los equilibrios de poderes republicanos: sería lamentable que ellas quedaran en manos de las derechas.

Las izquierdas latinoamericanas tienen en la actualidad una gran tarea pendiente, que es nada menos que redefinir su identidad, en un contexto en el que una de sus alas, la más radical, desvirtúa las libertades democráticas, y otra (la socialdemócrata) se ve envuelta en escándalos de corrupción a los que condujeron los excesos del realismo político.

Sangre fría

Artículo publicado en La República, domingo 7 de junio de 2015

Según la teoría de la destrucción mutua asegurada, desarrollada durante la guerra fría, la garantía de la paz era contar con un armamento capaz de, si un país era atacado con armas nucleares, contragolpear de una manera tal que pudiera ocasionar daños gigantescos al adversario. Solo la certeza de que un conflicto con armas nucleares llevaría inevitablemente a la destrucción recíproca haría que los actores se abstuvieran de usarlas. El problema es que para que esto funcione, se requería que las potencias contaran con gigantescos arsenales, que ponían en riesgo al planeta entero; y que asumía que los actores eran totalmente racionales.

Sin embargo, Graham Allison mostró, en su célebre libro La esencia de la decisión (1971), dedicado al análisis de la crisis de los misiles en Cuba, que suponer que los actores actúan racionalmente es un supuesto excesivo. Intereses de corto plazo, presiones de organizaciones y de grupos de interés pueden llevar a cursos de acción no racionales y, por supuesto, los actores también cometen errores, resultado de emociones desbordadas, la falta de información respecto a las intenciones del enemigo, o de asumir que este sí estaría dispuesto a actuar irracionalmente. La inquietante conclusión de Allison es que el mundo estuvo realmente al borde de una guerra nuclear en octubre de 1962.

Me vino todo esto a la mente a propósito de nuestro debate político: parecemos dispuestos a embarcarnos en acciones destructivas y autodestructivas porque nos dejamos irresponsablemente llevar por intereses inmediatísimos, o porque asumimos que es el adversario el que está dispuesto a actuar irracionalmente. Viendo las cosas en frío, al gobierno no le conviene una conflagración con la oposición (cierre del Congreso, “Ollantazo”), y tampoco a esta hacer lo propio con el gobierno (vacancia presidencial). Claro que a cada quien le conviene actuar con fuerza y hasta agresividad en algunas circunstancias, pero todos deberían ser concientes de que hay límites que no se pueden traspasar, porque entonces las cosas se pueden escapar de control y al final todos pierden de manera catastrófica. Acusar de Nadine Heredia de lavado de activos por prácticas “informales” de financiamiento político en el que incurren todos los partidos es un ejemplo de eso. También inventar conspiraciones que apuntan a la destitución del presidente para justificar no dar explicaciones ante cuestionamientos razonables. El costo colectivo ya lo estamos viviendo en un mayor “enfriamiento” de la economía y en un impasse legislativo que podría impedir que el gobierno apruebe cambios legislativos necesarios para salir del atolladero en el que estamos.

Para todo esto se necesitan políticos que sepan distinguir cuándo la búsqueda de los intereses partidarios atenta contra el interés general, que sean capaces de reconocer en los adversarios un mínimo de legitimidad y racionalidad, que sepan cuándo llega el momento de la negociación, de encontrar salidas al laberinto.

Tipos de corrupción

Artículo publicado en La República, domingo 31 de mayo de 2015

La corrupción aparece como un problema político grave para los ciudadanos en toda la región. Desde países con cierta “tradición” de enfrentar este tipo de problemas, como México, hasta otros supuestamente “inmunes” a estos como Chile. Pero si bien la queja es prácticamente unánime, la corrupción asume formas muy diferentes en cada contexto.

Esquematizando, de un lado tenemos países en donde se construyeron redes bien enraizadas que permitieron asociaciones “ventajosas” entre el mundo político, el sector público y privado, que prosperaron en contextos autoritarios. Con sus diferencias, México, Paraguay o Guatemala, podrían entrar dentro de esta caracterización. De otro lado tenemos países en los que la corrupción aparece por la perversión de mecanismos de construcción de coaliciones políticas o de acuerdos en su momento necesarios para asegurar la gobernabilidad. En Brasil, lógicas de negociación política se entremezclaron con prácticas tradicionales clientelistas y de patronazgo, y evolucionaron hacia la compra de votos y sobornos en el Congreso, y con el intercambio de financiamiento de campañas electorales cada vez más caras por posteriores concesiones y contratos estatales. En Chile, país con una tradición institucional más fuerte, los escándalos aparecen asociados a la perversión de lógicas de gobierno amigables con el sector privado, que buscando el desarrollo de una economía de mercado, devinieron en asociaciones que hoy llamaríamos “mercantilistas”.

En este marco, podría decirse que en nuestro país carecemos de redes de corrupción bien asentadas y articuladas (aunque las tuvimos con el montesinismo durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori), dada nuestra dificultad general para actuar colectivamente en todo orden de cosas, y tampoco tenemos la degradación de lógicas pactistas, dada la naturaleza más bien antropófaga de nuestro sistema político. Nuestra corrupción no tiene una organización centralizada, ni redes extensas, y no aparecen, al menos no hasta el momento, lógicas “cartelizadas” por así decirlo. Lo que los escándalos recientes sugieren es que tenemos diferentes núcleos independientes que intentan sacar provecho de contar con “contactos” en mundo político, el sector público y el privado. Esos núcleos pueden tejer pequeñas redes sobre relaciones de tipo partidario (como en los dos gobiernos de Alan García), o sobre vínculos construidos durante el paso por el Estado (redes heredadas del fujimorismo, por ejemplo), como ser empresas particulares, como el caso Belaunde Lossio. Quien sí avanzó en crear una estructura bien montada fue César Alvarez en Ancash, articulando al gobierno regional con el sector privado, medios de comunicación locales, y autoridades judiciales, “proeza” no lograda en otros contextos regionales.

Lo bueno es que las redes de corrupción existentes, al no contar con una dirección centralizada, no parecen capaces de desafiar al Estado central; lo malo es que su dispersión hace su combate mucho más difícil.

lunes, 25 de mayo de 2015

China y América Latina

Artículo publicado en La República, domingo 24 de mayo de 2015

Estuvo de paso por nuestro país el primer ministro chino, Li Kequiang, como parte de una gira que empezó en Brasil y que comprenderá también a Colombia y Chile. En 2001 el presidente chino Jiang Zemin visitó Chile, Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela. En 2013, el vicepresidente Li Yuanchao visitó Argentina y Venezuela. Hace unos años que China es el segundo socio comercial de la región, detrás de los Estados Unidos (en nuestro país China es ya el destino principal de nuestras exportaciones); América Latina representa más del 30% de las exportaciones chinas, y más del 25% de sus importaciones. Pero hay mucho más que flujos comerciales: la liquidez de los bancos chinos y los intereses estratégicos de su Estado en esta parte del mundo hicieron que el financiamiento proveniente de ese país resultara clave para países como Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Por diversas razones, cuando estos países vieron comprometidos flujos crediticios de bancos occidentales, los chinos los sustituyeron. Y luego están las inversiones en diferentes proyectos, de infraestructura, minería, petróleo, y otros. Acá destacan inversiones como la ampliación del canal de Panamá, o la cuestionada construcción de otro canal interoceánico en Nicaragua. En nuestro país, las inversiones chinas en minería representan un tercio de las inversiones totales, en proyectos como Las Bambas, Toromocho o Marcona.

El gran anuncio después de la visita de Li Kequiang es el proyecto de construcción de un “ferrocarril transoceánico” que facilite el flujo comercial entre China y Brasil, a través de territorio peruano. Cabe recordar que China intenta implementar grandes proyectos ferroviarios desde hace algunos años, como el tren bala entre ciudad de México y Querétaro, proyecto suspendido por cuestionamientos al proceso de licitación, ocurridos además en el contexto de la denuncia de la compra de una mansión de siete millones de dólares por parte de la esposa del presidente Peña Nieto a una contratista socia de la empresa ferroviaria china.

¿Cómo pensar la presencia china en América Latina? En el pasado, se analizó la relación de la región con los grandes poderes económicos, como Inglaterra y los Estados Unidos, bajo el lente de la teoría de la dependencia. Una parte de ella parece vigente para pensar nuestra relación con este nuevo gigante económico: exportamos materias primas, importamos productos manufacturados; recibimos grandes préstamos e inversiones; priman los intereses estratégicos del poderoso, y solo nos queda intentar obtener beneficios en los márgenes. Pero China no es capaz de tener, al menos no hasta el momento, la misma influencia política o cultural. Y obviamente, vivimos otros tiempos, en los que valores como la democracia, la transparencia, la defensa de los derechos humanos, de las poblaciones indígenas y del medio ambiente, son valores fundamentales: en ninguno de ellos China es precisamente un adalid. Y por ellos deberíamos velar en cualquier negociación.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Dilemas políticos

Artículo publicado en La República, domingo 17 de mayo de 2015

Tía María. ¿Imponer la autoridad pública frente al desafío de grupos que van más allá de una protesta legítima, o retroceder buscando recuperar legitimidad y estabilidad? ¿Estado de emergencia o suspensión del proyecto? El camino del orden puede terminar en una tragedia; el retroceso puede debilitar la autoridad. Imponer la autoridad puede ser bueno para sectores empresariales y conservadores, pero se pierde legitimidad ante parte importante de la población. La paz y la estabilidad son buenos, pero no al costo de desalentar la inversión. El gobierno todavía no optó por ningún camino, tarde o temprano tendrá que hacerlo, con costos aún más altos. Y ojo que “imponer la ley y el orden” no suena creíble con un Estado que no puede ni asegurar los viáticos y la alimentación de los policías que envía para reprimir desmanes en las protestas.

Poder Judicial, Ministerio Público y CMN. Autonomía vs. control. El Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser autónomos, libres de interferencias y presiones; por ello, se le quitó al Congreso la potestad de aprobar sus nombramientos. Se le dio al Consejo Nacional de la Magistratura esa competencia, y se abrió la participación a organizaciones de la sociedad civil (colegios profesionales, rectores de las universidades), más allá de jueces, fiscales y abogados. ¿Cómo intervenir para que esas instituciones cumplan sus funciones, pero salvaguardando su autonomía? ¿Cómo evitar que esa autonomía se pervierta y el espacio sea capturado por mafias e intereses particularistas? No tomar decisiones nos condenará a seguir en la situación actual. Deberíamos pensar en una reforma constitucional para rediseñar el funcionamiento de estas entidades.

Minorías de vanguardia, mayorías conservadoras. En las últimas semanas y meses, se han discutido temas muy diferentes entre sí, como la Unión Civil, o el cuestionamiento a la construcción de un by-pass en la avenida 28 de Julio en Lima. En ambos casos, tenemos una minoría muy activa, que cuestiona el parecer de la mayoría. Los políticos en busca de popularidad pueden ampararse en el criterio mayoritario, pero a costa de sufrir el embate sistemático de quienes lo cuestionan. Y si tienen buenas razones, como en estos ejemplos, pueden llegar a revertir la idea mayoritaria, o cuando menos ganar el respado de actores clave, con lo que la apelación a la mayoría resulta perjudicial.

Minorías extremistas, mayorías silenciosas. Buena parte del clima de crispación y polarización que vivimos se debe a que el debate público es casi monopolizado por posiciones extremistas, locuaces y movilizadas. El problema es que la mayoría, que busca salidas razonables, no tiene voceros claros. Es en este momento en que necesitamos de liderazgos políticos. Pero nuevamente, quienes aspiran a representarnos en 2016 no tienen mensajes claros ni proponen soluciones de fondo. Acaso la Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, sea la que ha marcado más claramente el camino de salida.

martes, 12 de mayo de 2015

Tía María

Artículo publicado en La República, domingo 10 de mayo de 2015

En la política la confrontación es saludable, en tanto expresa los conflictos y las diferencias sociales; pero cuando deviene en polarización y extremismo, empieza a primar una lógica de liquidación de los adversarios. Resulta entonces que solo hay promineros y antimineros, y para los primeros quienes protestan son terroristas que boicotean el desarrollo para supuestamente “vivir” de la pobreza de una población manipulada, por lo que corresponde es la pura represión; y para los segundos lo único que parece interesar es lograr una victoria política, derrotar a la gran empresa, al gobierno, a la derecha. En medio, una oportunidad de inversión y desarrollo importante se pierde sin razones claras, ciudadanos y polícías muertos y heridos, agricultores empobrecidos, niños sin asistir a la escuela. Urge salir de un escenario de polarización, donde solo ganan los extremistas, y de suponer que una negociación consiste en la amenaza, la extorsión, la manipulación de la información o el soborno.

Como lecciones de fondo, de un lado, llama la atención la dificultad de algunas empresas y del Estado para aprender de los conflictos. Tía María tiene una historia larga que ya en 2011 dejó tres muertos en el camino; el segundo Estudio de Impacto Ambiental no buscó realmente despejar los temores de la población, sino aprovechar la urgencia gubernamental de promover la inversión. Y el Estado ha reaccionado demasiado tarde. Es llamativo el contraste en la misma región Arequipa con el proyecto Cerro Verde, que más bien aparece buscando legitimarse como socio en iniciativas de desarrollo de la región. Los mineros, antes que seguir un falso espíritu de cuerpo poniéndose detrás de la Southern, reclamando orden y espantándose ante las protestas, debieran presionar para que como gremio las relaciones comunitarias se tomen mucho más en serio. Algunas declaraciones del Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, han sido lamentables.

De otro lado, también hemos visto una vez más que, así como no hay representación política en el Perú, tampoco hay representación social. Los supuestos dirigentes aparecen más bien como brokers con intereses propios, distinguibles de los de la población, de los partidos, que quieren desarrollar carreras como mediadores en protestas y conflictos. Las autoridades políticas locales quedan totalmente desbordadas por la acción de estos operadores, que ganan espacio ante la ausencia de otros actores. Las izquierdas tienen que deslindar claramente cuando intereses particularistas pretenden pasar por los de la población. No solo porque ellas deberían estar interesados en representar sus intereses, también porque la izquierda debe condenar enfáticamente el uso de la violencia en las protestas. Ha tomado tiempo abandonar el paradigma revolucionario insurreccional, pero parece haber quedado la idea de que en las protestas sí sería válido. No lo es, y más bien legitima la criminalización de un derecho ciudadano.

lunes, 4 de mayo de 2015

La “derechización” del Perú

Artículo publicado en La República, domingo 3 de mayo de 2015

En el panorama latinoamericano, Perú llama la atención por ser uno de los países más “derechizados”. La hegemonía de la derecha se da en gran medida por el default de la izquierda, por la incapacidad de esta para construir una oferta atractiva, y no tanto porque aquella se haya enraizado en la sociedad y en los sectores populares. Recordemos que en las últimas elecciones ha sido más atractivo para los ciudadanos escuchar discursos de centro-izquierda.

En el Congreso actual, desaparecido Javier Diez Canseco, la izquierda como tal no tiene voceros. Ha habido siempre cuadros muy valiosos, pero dentro de otras organizaciones (Partido Nacionalista, UPP, Perú Posible), pero no hablan ni actúan en nombre la izquierda. Si vemos el escenario regional y local tampoco, salvo Gregorio Santos en Cajamarca y Susana Villarán en Lima metropolitana, pero sabemos que ambas experiencias terminaron mal. La izquierda mantiene presencia en algunos gremios y en algunos movimientos de protesta, pero que no van más allá de sus demandas particulares.

En todas partes existen sectores de derecha ultra conservadores. Pero en la mayoría de lugares existen izquierdas que rebaten esas posturas: sectores de izquierda moderados están en el poder en Brasil, Chile, Uruguay o El Salvador; más radicales en Argentina, Bolivia, Ecuador, y en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y las izquierdas tienen presencia importante en países más derechizados, como México o Colombia. Perú aparece en una categoría de países de predominio de derecha sin cuestionamientos efectivos, como en Paraguay o Guatemala.

En las últimas semanas hemos asistido a la negación de derechos elementales a población homosexual y de otras orientaciones sexuales; el rechazo a la despenalización del aborto en casos de violación; el rechazo a tomar en serio las cuentas pendientes que tiene el Estado por responsabilidades en la violación de derechos humanos; la descalificación a quienes se oponen a proyectos mineros; la acusación de terroristas a quienes simplemente ejercen su derecho a ser de oposición. Atención que una cosa es discrepar con algunas posiciones, a las cuales se puede legítimamente criticar, y otra es descalificarlas y empujarlas fuera de los márgenes del sistema político.

En la derecha parecen primar los viejos hábitos (ver la tímida reacción de CONFIEP ante el caso Balarezo), la vieja distancia, desconfianza y temor frente a los sectores populares (ver reacciones ante las protestas en Tía María) y frente a quienes de alguna manera desafían el supuesto “orden natural” de las cosas. El problema es que de cara al 2016, las cosas pueden empeorar: ya no existe como en 2006 o en 2011 el temor a Humala, tampoco la mala conciencia del apoyo al fujimorismo de 2001, con lo que la apelación al “principio de autoridad” sin concesiones tenderá a darse más fácilmente que antes, y ese es uno de los mayores riesgos para la democracia peruana. A tomar en cuenta en los debates sobre la necesidad de construir un centro político.

¿Cómo crecer en el corto plazo?

Artículo publicado en La República, domingo 26 de abril de 2015

Continúo con temas que abordé la semana pasada, referidas al peso de factores internos y externos en el crecimiento económico. Es claro que en nuestro país los momentos de bonanza y crisis se explican fundamentalmente por el contexto externo, pero también lo es que en ocasiones nos va mejor o peor que al resto. En la década de los años ochenta nos fue mucho peor, y en los últimos años mucho mejor. Para Waldo Mendoza, (“Milagro peruano: ¿buena suerte o buenas políticas?”, en la revista Economía, vol. XXXVI, n° 72, 2013), la clave estaría en la política monetaria y fiscal, a cargo del Banco Central y del Ministerio de Economía, y su carácter en los años recientes: conservadora en contextos de auge, expansiva en contextos de desaceleración. Esto explicaría además por qué a países tan diferentes en lo político como Perú y Bolivia les ha ido bien recientemente: comparten un manejo macroeconómico ortodoxo y contracíclico. Habría que explorar más este argumento, incorporando más países en la comparación. En todo caso, resulta claro a mi juicio que en el Perú la clave ha estado en la continuidad de esas políticas en los últimos gobiernos, por lo que las críticas del exministro Carranza al manejo económico actual suenan poco razonables.

Ahora bien, también es cierto que deberíamos intentar hacer más en el corto plazo, para intentar crecer más. Lo que aparece más “a la mano” es la cartera de grandes proyectos de inversión minera, que pasa los 60,000 millones de dólares (para tener una idea de cuánto es esto, el PBI total del país es un poco más de 200,000 millones). A corto plazo, buena parte del crecimiento parece jugarse en la viabilidad de grandes proyectos mineros: así, proyectos como Las Bambas, Cerro Verde, o Toromocho parecen avanzar, mientras que Conga, Tía María o Quellaveco se empantanan. Acá la pregunta que surge es, ¿por qué si estos proyectos son tan importantes, ni las empresas directamente involucradas ni el Estado se preocupan suficientemente por asegurar su legitimidad y viabilidad? El gobierno actual creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (octubre 2012), inicialmente a cargo del Vladimiro Huaroc (sustituido a finales del año pasado), en principio, para evitar que sucesos como los de Conga no volvieran a repetirse. Sin embargo, la importancia de la tarea no ha tenido ni por asomo correspondencia con el respaldo otorgado a esa oficina. El resultado está a la vista en estos días en Islay: al final, se pretende resolver los problemas con pura represión, lo que termina “agudizando las contradicciones” y haciendo inviables los proyectos. Sacar adelante los grandes proyectos mineros implica no más represión, sino un paciente y serio trabajo de construcción de su viabilidad social, ambiental, política.

De otro lado, ¿cuáles son las propuestas de desarrollo no minero de corto plazo? Atención que en nuestra economía los sectores de transformación y de servicios pesan más que el extractivo, aunque no tengan “megaproyectos”.

lunes, 20 de abril de 2015

Lo interno y lo externo en el crecimiento

Artículo publicado en La República, domingo 19 de abril de 2015

Quiero aportar algo al debate promovido por Eduardo Dargent en estas mismas páginas sobre el peso de lo externo en la desaceleración económica.

Es indudable que la economía peruana, relativamente pequeña, es altamente sensible al entorno internacional. Nuestra economía es la séptima en tamaño en América Latina, por debajo de Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile; el PBI de Brasil en 2013 fue de más de 2 billones de dólares, apareciendo como la séptima economía del mundo, mientras Perú aparece en el puesto 52 con poco más de 200 mil millones. Así, en situaciones de bonanza (como entre 2002 y 2012), los gobiernos dicen que el crecimiento es fruto de sus buenas políticas, mientras que la oposición dice que se trata solo de buena suerte, de un buen contexto internacional. Por el contrario, en situaciones de desaceleración (desde 2014) o crisis, quienes gobiernan se defienden resaltando el peso de un contexto externo desfavorable, mientras que la oposición señala errores domésticos. En las últimas semanas, el exministro Luis Carranza ha criticado al gobierno por su responsabilidad en el “estancamiento” económico, y el ministro Piero Ghezzi ha respondido diciendo que su origen es externo y que este gobierno está precisamente intentando reducir nuestra vulnerabilidad impulsando la diversificación de la economía. También he escuchado decir muy enfáticamente a Waldo Mendoza recientemente que tanto la prosperidad como el declive de la economía peruana en las últimas décadas pueden explicarse básicamente por factores externos.

Creo que una mirada comparada sirve en esta discusión. Perú creció más que los demás en el periodo de bonanza: entre 2002 y 2010 Perú fue una de las economías latinoamericanas que más creció en el mundo, junto a Panamá. Y en el actual momento de desaceleración, Perú sigue siendo de los que más crece; según el FMI, en 2015 los países con mejores proyecciones son Bolivia, Paraguay y Perú. Los productos de exportación, altamente sensibles a los cambios en los precios internacionales cuentan, pero no explican del todo el panorama: Colombia, Ecuador y Venezuela tienen al petróleo como su principal producto de exportación, pero sus desempeños son muy diferentes; Perú y Chile dependen mucho de las exportaciones de cobre, pero nosotros crecemos más; Paraguay y Argentina tienen a la soya como su principal producto de exportación, pero uno crece y el otro no. México y Brasil tienen economías más diversificadas y menos dependientes de recursos naturales, pero al primero le va mejor que al segundo en los últimos años.

En otras palabras, los factores domésticos cuentan para explicar variaciones importantes: algunos aprovechan mejor que otros el crecimiento, o se defienden mejor cuando la marea baja. En este marco, Perú aparece relativamente bien en ambos contextos. Esto ciertamente no debería llamarnos a la complacencia, pero sí a evaluar con cuidado qué deberíamos cambiar y qué mantener en los próximos años. Seguiré con el tema.

miércoles, 15 de abril de 2015

Convicción, responsabilidad, oportunismo, irrelevancia

Artículo publicado en La República, domingo 12 de abril de 2015

En los últimos días hemos visto diversas facetas de la vida política, que giran alrededor de la clásica distinción que hacía Max Weber entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”. El Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano se ve obligado a reunirse con Keiko Fujimori y con Alan García para solicitar su respaldo político, a pesar de que Cateriano ha sostenido que García tiene graves responsabilidades penales por las que debería comparecer ante la justicia, y que Keiko Fujimori es la “heredera política” de la dictadura corrupta de su padre. Así, desde la ética de la convicción, el Cateriano Ministro de Defensa se enfrentaba cotidianamente al APRA y al fujimorismo desde su cuenta de twitter; pero como Presidente del Consejo de Ministros Cateriano percibe que continuar con una lógica confrontacional podría generar una crisis política mayúscula, inconveniente para el gobierno y para el país, por lo que opta por un camino de moderación. Una ética de responsabilidad, surgida de la evaluación de las consecuencias de los actos.

Ambas cosas están muy bien. Un político capaz de reconocer cuándo dar rienda suelta a las convicciones y cuando limitarlas en nombre de sus consecuencias es un político maduro, capaz de anteponer el bien común a sus beneficios particulares o de grupo, por lo que puede despertar simpatía y respeto. Sin embargo, se trata de un equilibrio extremadamente difícil de lograr, porque inadvertidamente se puede dar la impresión de que la política es una mera escenificación, con actores y papeles, donde no habría nada sustantivo; un mundo de pura impostación y falsedad, que por supuesto deslegitima su ejercicio. Diría que, afortunadamente, los líderes políticos en los últimos días han sabido manejarse bien (exceptuando al propio Presidente de la República, quien parece no darse cuenta de la realidad en la que vive).

El otro riesgo es el de los políticos que, en nombre del realismo, subordinan sus principios de manera que su conducta luce meramente oportunista, no guiada por la responsabilidad, sino por un puro acomodamiento pragmático. La reciente presentación de la Coalición Progresista Unión de Fuerzas de Izquierda (CPUFI) corre el riesgo de ser vista apenas como una sociedad entre quien tiene registro electoral pero carece de figuras públicas (Yehude Simon y su Partido Humanista) y quienes necesitan registro para candidatear y tienen algunas de ellas (Salomón Lerner y Ciudadanos por el Cambio, Susana Villarán y Fuerza Social, Rolando Breña y Patria Roja, etc.). Poner la alianza por delante de algún programa o propuesta política limita la credibilidad del discurso de que se trata de una iniciativa necesaria para frenar el avance de las derechas.

Reafirmar las convicciones evita esas complicaciones, como en el Frente Amplio liderado por Marco Arana, de Tierra y Libertad. El problema es que la buena conciencia puede llevarte a la marginalidad e irrelevancia política. Ese es el desafío que deben superar.

Recapitulando

Artículo publicado en La República, domingo 5 de abril de 2015

- Cuán difícil es construir mayorías en un Congreso fragmentado. Al inicio del gobierno, entre Gana Perú y Perú Posible podían construir mayoría (47 y 21 representantes, respectivamente); hoy el primero tiene 33, y el segundo 11. El gobierno no solo ha acentuado su distancia con la oposición fujimorista y aprista, también se ha distanciado de sus antiguos miembros y aliados. Y esto ha ocurrido no porque haya sido el costo a pagar por la implementación de reformas importantes; es resultado de pugnas sin mayor contenido político.

- Ana Jara, la mejor operadora política del gobierno, termina pagando el costo del clima de crispación: el escándalo que la hace caer, acciones de espionaje por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, no son en realidad responsabilidad suya (más bien ha iniciado una reestructuración de esa entidad). Lo extenso de esas actividades (acentuadas durante el presente gobierno), y el clima de confrontación, dieron lugar a una momentánea y amplia unidad opositora. Una demostración de la insatisfacción en el Congreso con el tipo de liderazgo del presidente Humala, que termina asumiendo Jara.

- Nombrar a Pedro Cateriano Presidente del Consejo de Ministros es la respuesta a la oposición: no nos dejamos atarantar. Por supuesto, se está pensando en dar un mensaje a la oposición, no en la eficacia de las políticas públicas o en un plan de reformas para el último año de gobierno, que no existe.

- En el conflicto entre poder ejecutivo y Congreso, el primero tiene la mano más débil. Supuestamente, tienen a su favor el hecho de que después de dos censuras al Consejo de Ministros, el presidente puede disolver el Congreso. Sin embargo, no es una amenaza creíble, porque muy probablemente el gobierno sería derrotado en las nuevas elecciones parlamentarias. Y segundo, porque el Congreso puede muy fácilmente dar la confianza al nuevo Consejo de Ministros en lo inmediato y quitársela a partir de agosto, considerando que en el último año de mandato ya no es posible la disolución. Y del lado del Congreso, lo que sí es creíble es una Mesa Directiva opositora, que puede complicar seriamente el último año de gobierno.

- En conclusión, lo que el sentido común sugiere es que lo más conveniente, para el gobierno y para el país, hubiera sido privilegiar una línea que buscara consolidar algunas líneas de política pública o de reforma, y una transición ordenada hacia el próximo gobierno, para lo cual construir un clima de distensión era necesario. Tanto es así, que el propio Cateriano ha dado muestras de estar iniciando un nuevo estilo de desempeño político.

- El principal factor que puede empujar al gobierno por el camino de la confrontación es apostar a congregar los votos del sector antifujimorista y antiaprista para las elecciones de 2016. En tanto no se consolide una opción electoral viable alternativa a Keiko Fujimori y Alan García, la candidatura oficialista podría empezar a verse, inesperada y sorprendentemente, como más atractiva.

jueves, 2 de abril de 2015

Perdón y rendición

Artículo publicado en La República, domingo 29 de marzo de 2015

Empiezo como en otras ocasiones por el disclaimer de rigor: trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos y soy miembro de su Consejo Directivo, por lo que intento no comentar nuestras propias publicaciones. Esta vez hago una nueva excepción.

José Carlos Agüero ha publicado un libro que me parece admirable: Los rendidos. Sobre el don de perdonar (Lima, IEP, 2015, 162 p.). Es un libro testimonial, compuesto por relatos cortos, donde el autor reflexiona con una honestidad y valor extraordinarios sobre qué implica ser hijo de padres que militaron en Sendero Luminoso. Su padre fue detenido y ejecutado extrajudicialmente en 1986, en el debelamiento del motín carcelario en el penal El Frontón, y su madre en 1992, aparentemente por miembros del ejército. En 1986 el autor era un niño, y en 1992 un joven adolescente. Como parte de esa familia fue testigo de las actividades de “el Partido”, y vio pasar por su casa armas y la preparación de cartuchos de dinamita. Pero Agüero se desarrolló evitando la identificación de “víctima”, y confiesa con remordimiento el desapego de su historia familiar. Se convirtió en historiador, poeta, activista de derechos humanos e investigador en temas de violencia política y memoria histórica. Hasta este libro, en el que autor descubre que está inevitablemente habitado por la experiencia de sus padres, y desnuda su propia historia, incertidumbres, preguntas, culpas, penas, esperanzas.

Agüero nos permite entrar al mundo senderista de carne y hueso, inaccesible a través de su discurso fanático, al que no podemos llegar a través del negacionismo del MOVADEF, ni a través del discurso condenatorio en el que estamos todos los que rechazamos las acciones terroristas. Entramos a través del niño y del joven que escucha las historias sobre su padre, y que sufre las consecuencias del activismo de su madre. Y que vuelve a esa experiencia no para justificar, no para exculpar, sino para entender mejor lo que pasó. Así uno se encuentra con cuadros de izquierda que ingresan al senderismo y cometen o justifican crímenes no por ser psicópatas, sino en nombre de una retorcida idea de justicia. ¿Por qué esos impetus no se canalizaron de otras maneras? Ciertamente porque desde la propia izquierda se alentaron, muy irresponsablemente, discursos extremistas.

Pero airear estas historias es importante también para romper con una cadena de violencia. Agüero cuenta que un par de veces pidió perdón en nombre de sus padres, sin tener que hacerlo. Lo inapropiado del gesto lo llevó a prometerse no volver a hacerlo, aunque con este libro, de alguna manera lo hace. Pero intenta otro camino: asume el papel de víctima; diría que tanto de sus propios padres, como de quienes los ejecutaron extrajudicialmente. Pero lo hace para ponerse en posición de perdonar. Y no para erigirse en una conciencia moral superior, sino para rendirse, para romper un ciclo de agresión y revancha. Hay mucho más para comentar de este libro, lo que no hay es más espacio.


ADEMÁS:

El libro puede conseguirse acá y acá (versión física y electrónica).

lunes, 23 de marzo de 2015

Pasiones y odios

Artículo publicado en La República, domingo 22 de marzo de 2015

Las emociones en la política son muy importantes, mucho más en contextos tan personalistas y escasamente institucionalizados como el peruano. En algunas coyunturas, humores pasajeros en las alturas del poder pueden llevar a tomar decisiones con graves consecuencias para todos los ciudadanos. Los políticos deben ser, necesariamente, apasionados. Sin el ansia por el poder, ya sea por sí mismo, como para usarlo en nombre de ideales, principios o ideologías, un político no lograría sobrevivir. Pero al mismo tiempo, los políticos deben ser capaces de impedir que sus pasiones les impidan identificar sus intereses, cuándo emprender batallas y cuándo negociar y hacer concesiones. Como dice la famosa frase, coraje para emprender cambios, resignación para aceptar lo que no se puede cambiar, y sabiduría para distinguir la diferencia.

Acaso Susana Villarán cometió el error, en nombre de la limpieza y la transparencia en la política, de enfrentarse a Luis Castañeda, un alcalde saliente muy popular, cuando no contaba con evidencia suficiente que justificara una acusación penal por el caso Comunicore ni con un modelo alternativo de gestión bien definido. Su declive terminó reivindicando la figura de su adversario, facilitando su vuelta al poder con más del 50% de los votos, y que cuenta con más de 60% de aprobación al tercer mes de su gestión. Llama la atención por ello que al inicio de su gestión Castañeda pareciera guiado por la intención de deshacer todo aquello que privilegió la gestión de Villarán.

Nunca odies a tus enemigos. El odio afecta tu buen juicio” decía Michael Corleone en El Padrino III. En vez de desarrollar y consolidar el perfil obrista a favor de la población más pobre de Lima, perfil que le permitió volver a la alcaldía, en esta primera etapa de su gestión Castañeda parece dispuesto a traicionar ese perfil en nombre de la destrucción de las iniciativas de Villarán. El caso más clamoroso es el inicio de la construcción de tres bypass en la avenida 28 de julio, a costa de suspender el proyecto Río Verde. Es decir, se privilegia una obra de muy inciertos resultados, en una zona que no es la más crítica de la ciudad, cuyos problemas de circulación pueden ser mejorados con opciones más económicas (entre muchos otros problemas adicionales), por encima de un proyecto de construcción de un espacio público verde en las riberas del río Rímac, que beneficiará a los vecinos de San Juan de Lurigancho, Cercado, Rímac, El Agustino y San Martín de Porres, urgidos de espacios de recreación y entretenimiento, recuperando para la ciudad zonas abandonadas e inseguras. Es decir, Castañeda parece traicionar el perfil que lo hace popular en nombre de deshacer una de las obras emblemáticas de Villarán. ¿No es mejor potenciar y mejorar esa iniciativa?

Parecía que Castañeda tenía la clave del éxito de la gestión municipal con un populismo de derecha. Pero el odio podría hacerlo perder la brújula. El problema es que su ruina es también la de todos los limeños.

Las claves del éxito (y del fracaso)

Artículo publicado en La República, domingo 15 de marzo de 2015

La semana pasada preguntaba por las razones que explican algunos éxitos que el Perú puede exhibir en los últimos años: una reducción notable en la mortalidad, desnutrición crónica y anemia infantiles; la mejora en comprensión lectora y matemáticas en estudiantes de segundo grado de primaria; el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, entre otros. Decía que una clave es la continuidad de algunos esfuerzos, por encima de los cambios gubernamentales; y que esos esfuerzos se basan en un consenso pluralista, encabezado por una comunidad de expertos, que funcionan como “empresarios de políticas”, capaces de convencer a los políticos de que vale la pena seguir por un camino iniciado por otros. Los partidos hace rato que dejaron de ser productores de ideas y de iniciativas de política, ese ámbito ha terminado siendo ocupado por estos actores.

Ahora, esto no quiere decir que ese consenso sea de hierro, o que este no sea un camino lleno de accidentes y paradojas. Ya desde 1959 Charles Lindblom decía que buena parte de las políticas públicas avanzan “a salto de mata” (muddling through). Los políticos pueden ser indiferentes o pueden hacer avanzar ciertas reformas no porque crean en ellas, sino porque les sirven para otros propósitos. Y puede que a lo largo del tiempo haya diferencias de énfasis o iniciativas que se desvían un poco del sentido original. El asunto es que, a lo largo del tiempo, los esfuerzos resulten acumulativos, convergentes; entonces empiezan a aparecer los resultados.

Podría decirse que estas experiencias también sugieren las razones del fracaso de ciertas iniciativas: puede haber consenso político, pero que no recoge el consenso de los expertos; esto hace que las reformas sean inútiles. Piénsese por ejemplo en la actual “reforma electoral” emprendida por el Congreso: ni la “curul vacía” ni la prohibición de la reelección de presidentes regionales y alcaldes, tendrán efecto alguno en la mejora de la calidad de la representación política. Peor, puede empeorarla. Esto no debe llevar a despreciar a los políticos: el consenso entre expertos, sin respaldo político, no llega a ninguna parte. O el consenso puede no ser lo suficientemente amplio y plural, con lo que arriesga la continuidad con los cambios políticos.

El Perú, con sus ventajas y problemas, ha logrado una importante continuidad en la esfera macro-económica y está logrando avances en las políticas sociales, aunque todavía precarios y vulnerables. Nuestro déficit más clamoroso está en área política e institucional. No tengo esperanzas de que el actual Congreso pueda llevarla a cabo (ni siquiera se muestra claridad sobre la orientación de los cambios que se necesitan). Este debería ser uno de los grandes temas de la próxima campaña electoral, y un punto de compromiso entre los principales actores políticos, para implementar iniciativas ambiciosas en los primeros cien días del próximo gobierno. El trabajo de construcción de consensos debería tener ese horizonte.

lunes, 9 de marzo de 2015

Las claves del éxito

Artículo publicado en La República, domingo 8 de marzo de 2015

Hace unas semanas Alberto Vergara decía bien que nuestro país vivía una crispación sin crisis, es decir, “los peruanos (…) hemos inventado una situación peculiar donde nos odiamos políticamente sin que nada sustantivo se discuta en el país”. Este clima dificulta que nos detengamos un momento y veamos que algunas cosas están funcionando, mínimamente. Algunos ejemplos: UNICEF consideró el año pasado al Perú un modelo por sus logros en reducción de la mortalidad, así como en desnutrición crónica y anemia infantiles; la evaluación censal de estudiantes 2014 muestra mejoras importantes en comprensión lectora y matemáticas; hace poco, en la ceremonia de presentación del nuevo embajador peruano en Washington, el Presidente de los Estados Unidos dijo que Perú “es la envidia del mundo [por su] sobresaliente crecimiento económico en la última década, que ha permitido sacar de la pobreza a millones de peruanos”.

¿Qué tienen en común estos avances en salud, educación y política económica? En primer lugar, continuidad. Se trata de políticas iniciadas durante el gobierno del presidente Toledo, continuadas durante el de García, ampliadas durante el de Humala. En educación por ejemplo, con Toledo se instauró una política de mejora en las remuneraciones a los maestros, con García se aprobó la ley de Reforma Magisterial, que estableció concursos y evaluaciones para regir el ingreso y ascenso en la carrera docente, y se amplió la inversión en infraestructura educativa; esfuerzos que fueron redoblados durante el actual gobierno, y acompañados por capacitaciones y otras iniciativas. Las mejoras en salud y educación tienen además como importante complemento una política social, basada en transferencias condicionadas de dinero, que promueven controles preventivos y asistencia a las escuelas. Esto fue iniciado por Toledo bajo en nombre de “Juntos”, fue enmarcado con García bajo la estrategia “Crecer”, y con Humala potenciado dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En cuanto a la política económica, la continuidad rompió el tradicional “péndulo peruano” del que hablaba Efraín Gonzales de Olarte; el modelo económico iniciado en la década de los años noventa no cambió con la “transición democrática” de 2000, a pesar de la crisis económica del periodo 1998-2002, a pesar de las diferentes orientaciones e inconsistencias de los tres últimos gobiernos.

Pero no es solo la continuidad. Ella debe ser resultado de lo que llamaría un cierto consenso pluralista. Es decir, la necesidad de implementar y persistir en ciertas políticas surge de cierto consenso entre expertos y especialistas, respaldados por pares internacionales y organismos multilaterales; consenso fruto de la deliberación entre posiciones diferentes, pero basadas en un mínimo de investigación y evidencia. Si el consenso es demasiado sesgado, se arriesga la continuidad; pero tampoco debe ser demasiado amplio, porque entoces las reformas corren el riesgo de ser intrascendentes. Seguiré con el tema.

Sin referentes (2)

Artículo publicado en La República, domingo 1 de marzo de 2015

La semana pasada comentaba que después de varias décadas nos hemos quedado sin referentes en América Latina. Para la izquierda, la experiencia cubana empezó a mostrar sus serios problemas políticos desde la década de los años setenta y económicos desde la de los noventa; la nicaragüense se perdió en un laberinto de corrupción y personalismo. Venezuela con Chávez devolvió la ilusión a muchos, una combinación de mayoritarismo e intensa movilización, basada en redistribución y un liderazgo carismático. Hoy parece una combinación de todos esos males con poco o nada de sus virtudes. Desde la derecha, el pinochetismo, el fujimorismo, el uribismo, en sus versiones “clásicas”, digámoslo así, resultan incompatibles con esquemas democráticos: requieren una reinvención, por decir lo menos, para que sus énfasis en el orden y la seguridad sean compatibles con un Estado de derecho. En los últimos años, experiencias de corte socialdemócrata parecían lograr una combinación virtuosa entre políticas económicas orientadas al mercado que lograban altas tasas de crecimiento, y políticas redistributivas con Estados activos en el terreno social. El socialismo chileno y el PT brasileño eran entonces los referentes. Desde la derecha se veían como la prueba de la sensatez de las políticas promercado, y desde la izquierda de la necesidad y viabilidad de Estados liderando políticas sociales ambiciosas.

En los últimos años, sin embargo, también estos referentes han perdido su calidad de tales. En Chile el lamento habitual es que la construcción de mayorías resulta tan precaria e implica tantas transacciones que han terminando deslegitimando y haciendo impotente al sistema político. Pero Brasil, acaso el modelo más admirado, ha caído más bajo aún: las concesiones necesarias para construir mayorías llevaron a la compra de votos en el Congreso, a la “repartija” de cargos públicos, a pura corrupción. Y las políticas de libre mercado por sí mismas no han logrado asegurar la sostenibilidad del crecimiento.

Por el momento parecemos estar en un lugar en el que las respuestas y propuestas ideológicas quedaron totalmente insuficientes frente a los nuevos desafíos que nos toca enfrentar. Octavio Paz decía en su discurso de aceptación del premio Nobel en 1990 que “el derrumbe de las utopías ha dejado un gran vacío (…) en aquellos [países] en los que muchos la abrazaron con entusiasmo y esperanza. Por primera vez en la historia los hombres viven en una suerte de intemperie espiritual y no, como antes, a la sombra de esos sistemas religiosos y políticos que, simultáneamente, nos oprimían y nos consolaban”. En este mundo, no tiene sentido la esperanza en “soluciones globales”, y lo que se impone es la búsqueda de “remedios limitados para resolver problemas concretos”.

Para un país con una historia de extrema ideologización como el nuestro, se trata de un desafío y de una oportunidad. Ahora más que antes se abre un espacio de centro, para que propuestas y soluciones se basen en “evidencia”.

Sin referentes

Artículo publicado en La República, domingo 22 de febrero de 2015

En América Latina pasamos de la “década perdida” (la de los ochenta, el final del modelo de desarrollo impulsado por el Estado, originado en la de los años treinta) a la de la hegemonía neoliberal (la de los noventa, con “estrellas” como Salinas de Gortari en México, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Sánchez de Lozada en Bolivia). De allí tuvimos una “media década perdida” (1998-2002) en donde nos decepcionamos de las promesas neoliberales y se dio un “giro hacia la izquierda” con variada intensidad, configurándose desde entonces una suerte de disputa entre dos grandes “modelos”, expresados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, con Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y otros) y la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Unos más orientados hacia la izquierda, otros hacia la derecha, por ponerlo en simple. En este marco, Brasil y Chile aparecían como una suerte de virtuoso punto intermedio: políticas económicas favorables al mercado, pero con Estados que hacían grandes esfuerzos para promover el desarrollo social.

Luego vino la “década dorada” (2003-2013), en la que a todos nos fue bien, favorecidos por los precios altos de nuestros productos de exportación. Los líderes en crecimiento y en reducción de la pobreza fueron Bolivia y Perú, muestra elocuente de que la locomotora externa fue capaz de arrastrarnos a todos, independientemente de la orientación ideológica, siempre y cuando se hicieran las cosas mínimamente bien. Los problemas vienen ahora, con el final de los precios internacionales altos; ahora resulta que dependemos más de nosotros mismos, y nuestras limitaciones se hacen más evidentes.

Se ha comentado mucho sobre los límites de ambos modelos de desarrollo económico: hacia la izquierda, el énfasis en la distribución termina limitando el crecimiento, lo que termina impidiendo la distribución; hacia la derecha, el énfasis en el crecimiento genera desigualdad y problemas de legitimidad política que terminan haciendo inviable el crecimiento (de allí que Brasil y Chile fueran vistos como referentes exitosos). Sin embargo, no se ha comentado tanto otro problema, ubicado en la dimensión política: el dilema entre lo que podríamos llamar “mayoritarismo” de un lado, y los problemas asociados a la construcción de consensos en contextos plurales. Venezuela en estos días ilustra dramáticamente los límites del mayoritarismo: en nombre de la mayoría expresada en el voto, se avasallan los derechos de la oposición, se copan y manipulan las instituciones, se establece una dinámica autoritaria. Pero del otro lado, Brasil ilustra los altos costos que implican las concesiones necesarias para construir consensos. Se termina deslizando uno por una pendiente en la que se termina legitimando la compra de votos en el Congreso, la “repartija” de cargos públicos, prácticas clientelísticas, la corrupción. Lo que antes era tolerable apenas en los socios, termina siendo parte de uno. Seguiré con el tema.

Banda sonora e íconos

Artículo publicado en La República, domingo 15 de febrero de 2015

El jueves pasado falleció el gran violinista Máximo Damián. Las nuevas generaciones tuvieron quizá ocasión de conocerlo a través del documental Kachkaniraqmi (Sigo siendo) de Javier Corcuera (2012). En él Corcuera “viaja por los mundos del Perú a través de la vida de sus músicos”, haciendo una suerte de llamado a revalorar y recuperar un riquísmo patrimonio cultural vivo al que muchas veces parecemos darle la espalda como país. Los últimos días de Damián parecen una metáfora de esta desidia.

Kachkaniraqmi podría también verse como un intento de proporcionar una “banda sonora” a la identidad peruana. Somos, me parece, un país sin una banda sonora en la que todos nos reconozcamos; peor, tampoco tenemos imágenes icónicas que nos representen, y todo esto podría verse como expresión de las fracturas de nuestra identidad colectiva.

Existe una banda sonora e imágenes “de exportación” (la de la publicidad de PromPerú), con imágenes de Machu Picchu y otras construcciones o vestigios prehispánicos, generalmente acompañadas de sonidos de zampoñas, quenas y charangos. Esta versión, acaso eficaz para atraer turistas y promocionar nuestros principales atractivos arqueológicos, descansa en un consenso nacional de glorificación del pasado prehispánico, pero no es capaz de construir una narrativa sobre nuestro presente. De otro lado tenemos una agotada narrativa criolla tradicional, del vals criollo, la marinera y la música negra, cuyas bases fueron “desbordadas” por las migraciones desde mediados del siglo pasado. Y la hermosa banda sonora de Kachkaniraqmi expresa la riqueza y diversidad de nuestra música popular, pero ciertamente no la del consumo de masas.

Desde la sociología se ha hablado desde los años sesenta del “grupo cholo” como el germen de una identidad verdaderamente nacional, y acaso la llamada “cumbia peruana” sea su mejor expresión musical, que en los últimos años ha logrado ser popular también entre sectores altos, con lo que podría efectivamente expresar una suerte de síntesis en medio de las grandes diferencias del país. Sin embargo, nuestra cumbia no tiene (¿todavía?) el status de “música nacional” ni sus cultores el reconocimiento oficial que sí han logrado los músicos criollos o andinos.

En cuanto a las imágenes, ¿qué podemos proponer como alternativa o complemento a monumentos prehispánicos o al retrato de nuestra variedad geográfica (playas y desierto, montañas, bosque tropical)? La falta de imágenes obvias revela acaso la precariedad urbanística de nuestras ciudades, la falta de espacios públicos, nuestras divisiones sociales, la ausencia de íconos urbanos notorios y legitimados. Lima, la ciudad capital y urbe más desarrollada, tampoco tiene un perfil icónico, un skyline reconocible. ¿El cerro San Cristóbal? ¿El circuito de playas?

Me parece que estas cuestiones no pertenecen solamente al mundo de la publicidad, por así decirlo. Remiten a un debate necesario sobre la definición de nuestra cultura e identidad como peruanos.

Imágenes del futuro

Artículo publicado en La República, domingo 8 de febrero de 2015

Grandes y cada vez más reiteradas alteraciones del clima: niveles de calor y frío a los que no estábamos acostumbrados. Grandes lluvias e inundaciones, que obligan a grandes desplazamientos de la población, seguidas de largas sequías, que causan la muerte de animales, pérdida de cosechas, escasez de alimentos, racionamiento del agua, cortes de energía. Diferencias sociales que se ahondan: algunos pueden almacenar agua y alimentos, generar su propia energía, aislarse en barrios relativamente autosuficientes, otros enfrentan una vida cada vez más precaria. Todo lo cual deteriora la convivencia, desata el pillaje, así como las respuestas represivas del Estado.

¿Y los gobiernos? Cada vez más encerrados en negociaciones “en las alturas” y juegos políticos autoreferentes, con altos niveles de ineficiencia y corrupción, lejos de las preocupaciones de una ciudadanía que, si bien rechaza a los políticos, tampoco es capaz de generar alternativas viables para un manejo de lo público crecientemente complejo y especializado. Con lo cual lo que tiende a darse como respuesta no es tanto un cuestionamiento global al sistema, sino episodios de resistencia puntuales, esporádicos y violentos.

Parece el bosquejo de una “distopia” de ciencia ficción, de las muchas producidas en los últimos años. El asunto es que se trata de un escenario que se presenta alarmantemente cerca, y que nos afectará directamente. En Brasil, una sequía inédita afecta a gran parte del país, en particular a São Paulo, donde 20 millones de personas se enfrentan a la necesidad de un estricto plan de racionamiento: dos días de agua, cinco de corte a la semana, con planes de corte de energía concomitantes. Enfrentar de veras una situación como esta requiere de cambios muy profundos: cambiar los hábitos de consumo de la población, las formas de generación de energía, una revisión del impacto de la construcción de hidroeléctricas en la amazonía sobre las alteraciones del clima, un cambio en la lógica de producción para limitar las demandas de energía y sus efectos ambientales, es decir la lógica entera del desarrollo económico.

Sin embargo, el gobierno de Dilma Rousseff se encuentra acosado por graves y cada vez más escandalosas denuncias de corrupción: empresas públicas que reciben sistemáticamente sobornos de empresas contratistas con contratos millonarios, dineros sucios que financian campañas electorales cada vez más caras e inaccesibles, que también financian el uso de sobornos empleados para “construir” mayorías en un parlamento cada vez más mercantilizado y clientelizado. Como es obvio, no es el liderazgo que la población está dispuesta a seguir cuando pide sacrificios. Pero es el liderazgo que la propia población puso en el poder, temerosa de que quienes se proclaman como líderes alternativos no sean capaces de lidiar con la complejidad del sistema. El conocido dilema entre corruptos pero con experiencia frente a limpios pero incapaces. Suena inquietantemente conocido.