jueves, 17 de abril de 2014

ALACIP 22-24 julio 2015


Ya tenemos fecha... separen en la agenda desde ya...

Nueva agenda

Artículo publicado en La República, domingo 13 de abril de 2014

Nuestras ciencias sociales, en la década de los años sesenta, se preocuparon especialmente por los retos de la modernización del país; en la de los setenta, por las reformas del velasquismo y el auge del movimiento campesino y sindical; en la de los ochenta, por la democracia, nuevos movimientos sociales, la violencia política. En los noventa, se trataron los cambios asociados a la adopción de políticas orientadas al mercado, en un contexto autoritario. En la primera década del nuevo siglo, se trató la debilidad de las instituciones democráticas: partidos, Congreso, regiones y descentralización.

Ciertamente es importante continuar con los antiguos temas, que siguen siendo relevantes. Pero cada vez más varios colegas tenemos la sensación de que es necesario dar un salto hacia temas nuevos, temas que tienen que ver cada vez más con un país que entra a la franja de los países de ingreso medio, que crecen, pero en contextos de anomia y debilidad institucional. Esto hace que a los ciudadanos no solo les preocupe la pobreza y el empleo, también cada vez más la seguridad ciudadana y la corrupción, por ejemplo. Desde las ciencias sociales nos hemos ocupado de ellos todavía muy marginalmente.

La seguridad ciudadana, por ejemplo, constituye un nudo de problemas que es imperativo desmadejar, y que permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto de la sociedad y del Estado. Para empezar, cuenta la debilidad estatal en el territorio: la extensión en diferentes zonas del país de actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, que demandan servicios y generan recursos y capacidades que alimentan actividades ilícitas, desde la trata de personas, la importación de servicios vinculados a redes internacionales dedicados al secuestro, la extorsión, y el sicariato, la colusión con las autoridades públicas y políticas. De otro lado, todo esto ocurre en un contexto de crecimiento económico, de cambios en las ciudades, en la estructura de las familias, en las expectativas, cultura y patrones de consumo, especialmente en los jóvenes, con lo que aparecen nuevas formas de delitos.

Los problemas asociados al combate de estos males permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto del Estado. Intervienen la policía, los municipios, las regiones, el Ministerio del Interior; también el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Salen a relucir problemas de corrupción, coordinación entre sectores y niveles de gobierno, problemas de gestión, escasez de recursos, límites en la legislación y problemas de aplicación de la ley, que ciertamente no es igual para todos los ciudadanos. Implícitamente hay también una dimensión política, vinculada al uso del problema para obtener réditos de corto plazo, cómo esto influye en la dinámica entre gobierno y oposición, cómo se construyen discursos en torno a estos temas.

Los científicos sociales, no solo las autoridades públicas, estamos en deuda.

La democracia boba

Artículo publicado en La República, domingo 6 de abril de 2014

Un problema muy serio que dificultaba el combate a la subversión de Sendero Luminoso y del MRTA era la llamada “coladera”; muchos terroristas detenidos eran liberados u obtenían condenas benignas por errores procesales, por ingenuidad de los jueces, o porque eran víctimas de amenazas o cómplices de sobornos. Al mismo tiempo, la administración penitenciaria permitió que los penales se convirtieron en escuelas de adoctrinamiento. Se hablaba en ese momento de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan quienes querían destruirla, utilizando y desnaturalizando sus propias reglas y recursos. La democracia boba termina alentando su destrucción: si la democracia no funciona, se requieren salidas autoritarias. Frente a ello, de lo que se trata es de tener una reacción dentro de la democracia; o ella demuestra que puede ser eficaz, o sucumbe.

En la actualidad no enfrentemos la amenaza del terrorismo, pero estamos también ante señales preocupantes de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan diferentes actores para obtener beneficios particulares, situación que legitima discursos antipolíticos y autoritarios. Así por ejemplo, resulta pasmoso cómo diferentes iniciativas para imponer la ley o un mínimo de orden, combatir la informalidad o la corrupción, suelen paralizarse o neutralizarse mediante acciones de amparo y diferentes recursos procesales. Asombroso también de qué manera nuestros políticos se enfrascan en discusiones estériles y acusaciones sin mayor fundamento que no benefician a ninguno y desprestigian a todos. Cómo nuestra democracia parece al mismo tiempo ineficaz en el combate a la corrupción y desorientada ante la proliferación de denuncias sin mayor fundamento.

En este marco, tenemos que Alan García ha sido presidente del Perú, y como tal, según la Constitución, ha “personificado a la nación” en dos ocasiones; y pretende hacerlo por tercera. Es su deber por ello no solo colaborar con las investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción ocurridos durante su gobierno, sino ser el primer interesado en que lleguen hasta las ultimas consecuencias, y no refugiarse en subterfugios legales. Es absurdo pretender convertir victorias judiciales en victorias políticas; pero también lo es pretender ganar con argumentos judiciales lo que no se ha ganado en lo político. En otras palabras, los problemas penales deben resolverse en el Poder Judicial, y los políticos en el ámbito político; pretender inhabilitar a García sin sentencias judiciales firmes es una forma de antipolítica. Y antipolítico es también pretender ser presidente por tercera vez sin haber dado a la ciudadanía explicaciones convincentes de los casos investigadores por el Congreso.

La democracia boba está conduciendo a un vaciamiento de la política: la deliberación es sustituida por discusiones procesales y tribunales de justicia, por la movilización en las calles, por los lobbies, por un decisionismo tecnocrático, por un cesarismo autoritario.

Seguridad ciudadana: lo que sabemos

Artículo publicado en La República, domingo 30 de marzo de 2014

A finales del año pasado se publicó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, que lleva por título Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina (Nueva York, PNUD). Este trabajo constituye un excelente resumen del conocimiento existente: nos propone un diagnóstico bastante completo de las dimensiones y causas del problema, y sugerencias de políticas para enfrentarlo, que recogen experiencias exitosas implementadas en los últimos años.

Acaso la idea central del informe es que el tema de la seguridad ciudadana tiene múltiples dimensiones; una cosa es el delito callejero o el pandillaje, y otra la delincuencia organizada, que se manifiesta en prácticas como el tráfico de personas (que a su vez lleva a la prostitución y a otras formas de trabajo forzado), el secuestro o la extorsión. Todo suma para generar la sensación de inseguridad en la que vivimos, pero el combate a estos males requiere acciones diferentes.

El aumento de la delincuencia organizada, se nos dice, estaría asociado a la diversificación de actividades ilegales en las que incurrirían algunas bandas anteriormente dedicadas al narcotráfico, como consecuencia de las políticas de combate al mismo. Habría un “efecto globo”: así como las políticas de erradicación en un país trasladan los cultivos a otro, el combate al narcotráfico “empuja” a las bandas a usar sus “habilidades” en otras áreas y países, cambio rentable dados los mayores niveles de actividad económica de los últimos años. Obviamente, combatir este tipo de delincuencia requiere un trabajo de inteligencia y de unidades especializadas muy fino.

Otra es la dinámica del pandillaje, consecuencia del deterioro de los entornos familiares y urbanos; acá la clave estaría en la intervención comunitaria y en la promoción de oportunidades. Combatir el abandono escolar, mejorar las escuelas, prevenir el maltrato infantil y la violencia doméstica, crear y visibilizar mejores alternativas de vida y socialización. Y otra es la dinámica del robo callejero, en la que se nos habla del “delito aspiracional”: el aumento de expectativas de consumo, combinadas con falta de movilidad social y altos niveles de segregación en las ciudades, llevarían al aumento de esta modalidad delictiva. Nuevamente, este delito sería consecuencia de un crecimiento económico ocurrido en un contexto de crisis social y de escasa legitimidad del orden institucional. Cabe destacar que Perú aparece como el segundo país con más víctimas de robos de la región, detrás de Ecuador. La prevención pasa nuevamente por prestar atención a la familia, la escuela, la vida comunitaria.

Todo esto es magnificado o no por la disponibilidad de armas de fuego, alcohol, drogas; así como por el tipo de respuesta institucional, donde la corrupción, la impunidad, la desproporción en las sanciones son factores clave. ¿Y ahora? ¿Tendrá el ministro Albán la fuerza para iniciar el gran esfuerzo que se requiere?

miércoles, 26 de marzo de 2014

Una agenda para el nuevo gabinete

Artículo publicado en La República, domingo 23 de marzo de 2014

¿Qué se propone hacer el gobierno de Ollanta Humala, en la segunda mitad de su gestión? ¿Cuál es el norte que orienta al Consejo de Ministros presidido por René Cornejo? Antes se hablaba de consolidar el crecimiento y complementarlo con políticas de inclusión social, de allí que los programas sociales fueran “las niñas de los ojos” del presidente. Sin embargo, parece que hace rato que se perdió el entusiasmo en las políticas sociales, al punto que las críticas que recibe Qali Warma, por ejemplo, ya ni se responden.

¿Cuál es el norte? ¿La promoción de la inversión privada? No parece que a Ollanta Humala le interese mimetizarse con el segundo gobierno de Alan García. Una de las demandas más grandes de la ciudadanía es la mejora en la seguridad ciudadana: sin embargo, hasta el momento no hemos escuchado demasiado del ministro Albán. ¿La reforma de la educación, de la salud, de la carrera pública? Puede ser, pero hasta ahora no hay mucho más que los esfuerzos aislados de los responsables sectoriales.

Por esto creo útil para el gobierno revisar el libro del Ministro de la Producción, Piero Ghezzi, escrito con José Gallardo, uno de los directores del BCR y ahora Jefe del Gabinete de asesores del ministerio: ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo (Lima, Universidad del Pacífico – Fondo Editorial PUCP, 2013). Los autores cuestionan miradas complacientes con el desempeño económico del país de los últimos años, pero no les parece razonable arriesgarse a un cambio de modelo, por lo que proponen correcciones y reformas. Algunas, en la política económica, que pasan por un aumento y mejora en la eficiencia del gasto público; la implementación de una política fiscal contracíclica, y una política monetaria contractiva; la creación de “superburocracias técnicas” en educación, desarrollo rural y lucha contra actividades delictivas; finalmente, políticas sectoriales o territoriales que promuevan el crecimiento regional y el desarrollo industrial, “allí donde tenga sentido”.

Los autores partien de asumir la inviabilidad de plantear grandes reformas sistémicas, así como la inexistencia de grandes coaliciones políticas o sociales de cambio, por lo que correspondería a la elite tecnocrática del Estado empujar un programa “realista”, pero decisivo de reformas. Alberto Vergara ha señalado que la apuesta tecnocrática tiene límites cada vez más evidentes, y que lo que se necesita es más política; apunte más que pertinente después del accidentado voto de confianza que recibió por parte del Congreso. Los autores replican que la apuesta tecnocrática se daría más por default que por convicción, como puede verse en el debate ocurrido en las páginas de la revista Poder.

Yo diría que estoy de acuerdo con Vergara en el mediano y largo plazo, pero en el corto, mirando al gabinete Cornejo, lo mejor que podría pasar es que, al menos, las ideas de Ghezzi y Gallardo sean tomadas en cuenta.

martes, 18 de marzo de 2014

Tecnócratas y “captura del Estado”

Artículo publicado en La República, domingo 16 de marzo de 2014

Hace un mes comentaba sobre el último libro de Francisco Durand, dedicada al estudio de la familia Romero y cómo construyó a lo largo de cuatro generaciones su liderazgo económico. Prometí seguir con el tema, recién puedo hacerlo ahora.

Decía que una de las tesis centrales de Durand es la de la “captura del Estado” por intereses privados. Durand habla del funcionamiento de la “puerta giratoria” (funcionarios que pasan del sector privado al público y de vuelta al privado), la intervención de “gestores de intereses”, y también de prácticas de presión directa de líderes empresariales o indirectas a través de estudios de abogados y la presión de medios de comunicación.

Con la conformación del nuevo gabinete, podría decirse que esa tesis parece encontrar gran sustento. El presidente del Consejo de Ministros saliente, César Villanueva, pretendió reemplazar al Ministro de Economía Miguel Castilla, pero al final quien salió fue aquél. Y la saliente ministra de la Producción, Gladys Triveño, en entrevista con IDL-Reporteros, denunció intensas presiones de la Sociedad de Pesquería en contra del ordenamiento del sector, a través de gestores de intereses tanto sobre el poder ejecutivo como sobre el Congreso; dio cuenta de la debilidad de un Estado que se ve forzado a contratar empresas supervisoras financiadas por compañías fiscalizadas, y que se enfrenta a empresas que judicializan procesos de sanción. La judicialización sería una estrategia hábil en tanto los más importantes estudios de abogados solo trabajan para los privados, no para el sector público; estrategia que se complementa con el uso de consultoras de comunicación y la implementación de campañas de desprestigio a cargo de “sicarios comunicacionales”. Al final, los funcionarios que se allanan son recompensados: la ministra habla de exministros condecorados por dar favores políticos, o contratados por el sector privado con muy buenas remuneraciones. Todo esto, ciertamente debería investigarse y, eventualmente, sancionarse. Sin embargo, el reemplazo de la ministra ha sido Piero Ghezzi, quien ha anunciado la continuidad de los esfuerzos de reordenamiento del sector.

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

lunes, 10 de marzo de 2014

¿Cómo se enfrenta al autoritarismo?

Artículo publicado en La República, domingo 9 de marzo de 2014

Vistas las cosas desde Perú, muchos de quienes piensan que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, creen que avanzar hacia la democratización en Venezuela requiere rechazar la institucionalidad del régimen (cuestionar los resultados de las elecciones de 2013, no aceptar como alternativa un referéndum revocatorio, Asamblea Constituyente, o esperar hasta las próximas elecciones), y más bien apelar a la movilización social y a la presión internacional; la pérdida de legitimidad política llevaría a la fractura del gobierno, a nuevas elecciones y al cambio de régimen. Se toma como referencia la “transición peruana”: se denunció como fraudulentas las elecciones de 2000 y se organizaron grandes movilizaciones (“los cuatro suyos”); el gobierno tuvo que aceptar la instalación de una misión de la OEA; la pérdida de legitimidad política llevó a divisiones internas, a la renuncia del presidente, y a nuevas elecciones. Por ello, se insiste en mantener vivas las protestas, que desnudarían la naturaleza autoritaria y represiva del gobierno, y por ello la decepción reciente por lo que se considera una posición tímida de la OEA en estos asuntos.

Sin embargo, se trata de un recuento muy parcial y distorsionado de los hechos, tanto para Perú como para Venezuela. En realidad, esta mirada obvia varias cosas; primero, que el boicot a la institucionalidad del régimen es muy costoso. Es lo que hizo parte de la oposición peruana en las elecciones de 1995, y la venezolana en 2005, que más bien facilitó la consolidación de Fujimori y Chávez. Segundo, se pasa por alto el significativo apoyo popular que tienen estos gobiernos; puede no ser mayoritario, pero es muy alto. Fujimori en 1999-2000 era muy popular, y también lo es Maduro. Tercero, la presión internacional tiene cierto valor simbólico, pero poco efecto práctico: en Perú, justo antes de la caída de Fujimori, la Mesa de Diálogo de la OEA empezaba a percibirse como un espacio desgastado, que más cumplía la función de legitimar al gobierno, antes que arrinconarlo. La presión internacional difícilmente puede ir más allá de hacer llamados al diálogo y a un respecto mínimo al Estado de derecho. ¿Qué hay más allá? ¿Sanciones económicas? ¿Aislamiento de foros internacionales? En realidad, la creación de un enemigo externo más bien tiende a cohesionar al régimen. Lo contraproducente de las medidas de aislamiento frente a Cuba deberían servir de lección. Finalmente, las manifestaciones callejeras, si no configuran una alternativa clara y viable políticamente, a la larga desgastan y aislan a quienes protestan y generan demandas de orden que favorecen al gobierno.

En suma, el gran reto para la oposición venezolana es configurar claramente cuál es la alternativa, y dentro de ella, cuál es el lugar que ocuparán los chavistas; cómo se asegura no perder lo avanzado dentro de este, cómo no se trata de una simple vuelta al pasado, de una “restauración” reaccionaria.

sábado, 8 de marzo de 2014

Technopols

Artículo publicado en La República, domingo 2 de marzo de 2014

Uno de los temas comentados a propósito del nuevo Consejo de Ministros es la importancia que habrían adquirido los “tecnócratas” dentro de éste, y cómo se echa de menos la presencia de personajes con más recorrido y habilidades “políticas”. Es que si bien los tecnócratas tienen ideas fuertes sobre qué debería hacerse, basados en estudios y teorías, no sabrían cómo llevarlas a la práctica. En el “mundo real” hay actores, intereses, percepciones, que hacen viables o no las políticas que se proponen. Los políticos supuestamente cuentan con un expertise en el que el cómo es la clave: generación de consensos, construcción de coaliciones, negociación e intercambio, sensibilidad frente a las mareas de la opinión pública, etc. Algunos han señalado que lo ideal sería contar con “tecnopolíticos”: técnicos con sensibilidad y habilidad política.

Esta discusión tiene cierta tradición; en 1997 Jorge Domínguez publicó Technopols. Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s. La preocupación era cómo hacer posible la implementación de políticas de ajuste y reforma estructural en sociedades con tradiciones populistas. Sociedades acostumbradas a retóricas en las que el Estado se legitimaba con políticas redistributivas, ¿cómo aceptarían ideas como disciplina fiscal, estímulo a la competitividad y competencia en los mercados? Políticos temerosos de la pérdida de popularidad, ¿cómo iba a atraverse a tomar decisiones audaces? Para Domínguez, la aparición de los technopols resultó crucial. Los ejemplos del libro son Domingo Cavallo en Argentina, Pedro Aspe en México, Fernando Henrique Cardoso en Brazil, y Evelyn Matthei y Alexandro Foxley en Chile.

De ese quinteto, Cardoso y Foxley mantienen su prestigio, aunque ni el “modelo brasileño” ni el chileno despiertan el entusiasmo de antes; las supuestas habilidades políticas de Matthei también están en entredicho. Cavallo, si bien hacia 1997 mantenía la reputación de ser uno de los artífices de la derrota de la hiperinflación argentina, en 2001 ya era visto como corresponsable de la debacle que llevó a la renuncia de De la Rúa. Con Aspe fue peor: ya con el libro publicado era visto como uno de los responsables de la crisis mexicana de finales de 1994. Está también el problema, nada menor, de la asociación de estos personajes con gobiernos con altos niveles de corrupción (y autoritarismo), como los de Menem y Salinas de Gortari. Lo mismo puede decirse de otros personajes vistos en su momento como tecnopolíticos, como Alberto Dahik en Ecuador y nuestro Carlos Boloña.

Por ello, creo que más que esperanzarnos en la aparición de personajes providenciales, deberíamos proponer que cada quien haga bien su trabajo: los políticos deben proponer los proyectos de país, los técnicos deberían trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas, y el liderazgo político debería hacerlos posibles. El problema no está en los límites políticos de un técnico como René Cornejo, sino la falta de liderazgo del presidente.

jueves, 27 de febrero de 2014

La revolución bolivariana

Artículo publicado en La República, domingo 23 de febrero de 2014

A estas alturas, solo quienes piensan que la democracia representativa no es más que la fachada de la dictadura de la burguesía, y que para acabar con ella es necesario imponer la dictadura del proletariado en nombre de los intereses de la mayoría, pueden estar conformes con lo que pasa en Venezuela. Perciben una revolución defendiéndose de sus enemigos.

Sin embargo, creo que para quienes de buena fe simpatizaban con la “revolución boliviariana” porque veían el final de una etapa percibida como corrupta y elitista, el inicio del final de la hegemonía neoliberal en América Latina, y esperaban cambios que llevarían al bienestar de la mayoría y a la prosperidad de Venezuela, tendrán que reconocer que con Chávez se construyó un proyecto personalista, que afianzó el clientelismo tradicional, la dependencia de la renta petrolera, la ineficiencia estatal, entre otros males que supuestamente desaparecerían. Es cierto que politizó y movilizó a sectores populares antes excluidos, pero dentro de esquemas populistas convencionales; por ello también impuso una lógica de confrontación, polarizó al país, se nutrió de generar antagonismos. En el camino, destruyó las instituciones estatales, erosionó seriamente las libertades civiles y políticas.

Con Maduro estas características no han hecho sino hacerse evidentes; podría decirse que Maduro es víctima de las decisiones tomadas y dejadas de tomar por Chávez. Ahora, a los males del autoritarismo hay que sumar el agotamiento de un modelo económico controlista, y la percepción de que Maduro no tiene capacidad de ofrecer nada nuevo. Acaso la gran diferencia del actual ciclo de protestas respecto de años anteriores (más grandes fueron las del ciclo 2001-2004) es que ahora al gobierno no parece quedarle más respuesta que el endurecimiento y la pura represión (para lo cual la beligerencia de la oposición le resulta funcional). Pienso por ello que, aún a pesar de que Maduro probablemente logre pasar esta coyuntura (la oposición tampoco tiene un proyecto viable y su radicalidad unifica, no debilita la coalición de gobierno), la recordaremos como la del final del sueño revolucionario “bolivariano”, tal como el caso Padilla en 1971 acabó con las ilusiones respecto a Cuba, o el descubrimiento de la “piñata” nicaraguense en 1990 con las de la revolución sandinista.

Vistas las cosas en perspectiva, la conclusión es que el voluntarismo revolucionario, cuando no acepta las realidades políticas que enfrenta (en este caso, un gobierno débil, que ya no puede proclamarse como mayoritario, que enfrenta un descontento real), deviene en un proyecto conservador y represivo. Otros proyectos de izquierda, más flexibles, que supieron aceptar espacios para la oposición, que reconocieron problemas de legitimidad política y optaron cuando fue necesario por caminos conciliadores, han logrado mejores resultados. Por ejemplo, Evo Morales parece que logrará su segunda reelección en octubre sin mayores dificultades.

VER TAMBIÉN

Más sobre Venezuela en Virtù e Fortuna.

martes, 18 de febrero de 2014

Durand y los Romero

Artículo publicado en La República, domingo 16 de febrero de 2014

Intento no comentar libros de colegas de las instituciones a las que pertenezco, pero es necesario hacer excepciones. El colega Francisco Durand, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú publicó en noviembre del año pasado Los Romero. Fe, fama y fortuna (Lima, DESCO – Ed. El Virrey, 2013); el libro, de más de 500 páginas, reconstruye la historia de la familia Romero, desde sus inicios como “modestos labriegos” en Castilla la Vieja, siguiendo el recorrido de Calixto Romero desde España hasta Puerto Rico, y de allí a Piura en nuestro país, alrededor de 1888, hasta la actualidad, cuando el Grupo Romero aparece como uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. Esto se hace reconstruyendo la historia de cuatro generaciones, dando cuenta del traspaso del liderazgo a Feliciano del Campo Romero en 1934, a Dionisio Romero Seminario en 1959, hasta Dionisio Romero Paoletti, en 2009.

Aparecen muchos temas de interés en el libro. Me llama la atención la imagen de relativa precariedad del poder empresarial en medio de los vaivenes económicos y políticos del país. El libro revisa, entre otras, algunas coyunturas muy especiales: las reformas del gobierno militar del General Velasco; las reformas neoliberales de la década de los años noventa; y la crisis de los años 1998-2000. Durand añade al final otro ejemplo de precariedad, de los años recientes, contraponiendo la debilidad del capital peruano frente al capital transnacional. Cada una de estas coyunturas resultaron cataclísmicas: buena parte de los “dueños del Perú” que analizó Carlos Malpica desaparecieron con Velasco, la mayoría de los “doce apóstoles” que se reunían con García en su primer gobierno desaparecieron con su crisis y la adopción de políticas neoliberales con Fujimori, y varios de los que prosperaron con el fujimorismo cayeron con la crisis financiera del último cambio de siglo. El mérito de los Romero fue aprovechar las oportunidades que se les presentaron, primero con Velasco, y luego modernizarse y hacerse más competitivos en medio de las reformas orientadas al mercado.
 

La crisis de 1998 sí tomó a los Romero en una situación de gran vulnerabilidad, lo que llevó a Dionisio Romero a establecer relaciones con Vladimiro Montesinos, cuyo alcance está todavía por dilucidar. Durand, a propósito de esta coyuntura, explora la relación entre poder empresarial y poder político, y propone la tesis de la “captura del Estado”, a través de gestores y lobistas, del uso de la “puerta giratoria” (funcionarios que pasan del sector privado al público y de vuelta al privado), y la intervención personal de los líderes empresariales, prácticas complementadas con la intimidación a sectores opositores mediante abogados y la presión de medios de comunicación. El problema es que esa tesis va un poco a contracorriente de lo que el libro mismo presenta, que es más bien un empresariado vulnerable frente a los cambios políticos y económicos. Seguiré la próxima semana.

VER TAMBIÉN:

Entrevista a Francisco Durand en Que Hacer (abril  2013)

miércoles, 12 de febrero de 2014

El IEP y las miradas del país

Artículo publicado en La República, domingo 9 de febrero de 2014

Hace 50 años, el 7 de febrero de 1964, se fundó el Instituto de Estudios Peruanos, institución a la que pertenezco y que me dio el gran honor de ser su Director General, siguiendo los pasos de José Matos Mar, Julio Cotler, Efraín Gonzales de Olarte, Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Carolina Trivelli. Después de mi dirección se sumaron a esta lista Marcos Cueto y nuestra actual directora, Roxana Barrantes. Es necesario empezar diciendo esto, porque escribir sobre la casa propia es obviamente difícil.

Amigos del instituto han tenido la generosidad de resaltar en estos días los aportes hechos a lo largo de estas cinco décadas en disciplinas tan variadas como la historia, la antropología, la economía, la sociología, la ciencia política, la lingüística, la arqueología. Me pregunto si es posible, en medio de esta diversidad, encontrar una imagen global que perfile una manera de pensar el país.

Creo que si hubiera que mencionar una idea fuerza que pueda constituirse como un referente en medio de esta producción plural y disímil, sería que el Perú estaría marcado por una suerte de precaria “articulación jerárquica”. Es decir, frente a visiones que tendían o tienden a mirar lo moderno y tradicional, lo criollo y lo andino, la costa y la sierra, las clases altas y las bajas, etc., como distantes y hasta enfrentadas, creo que las imágenes de muchos de los libros clásicos del instituto van en la dirección de resaltar más bien la estrecha relación entre ambos ámbitos; relación que ciertamente establecía relaciones jerárquicas y excluyentes, pero también porosas y flexibles.

Así, desde las investigaciones de María Rostworowski sobre la costa peruana prehispánica (vista como parte del mundo andino), pasando por la idea de John Murra sobre el “control vertical de pisos ecológicos”; visiones históricas de larga duración como las de Julio Cotler; el análisis de los cambios en el mundo rural por la ampliación de mercados y el papel de la escuela pública en Cotler, Giorgio Alberti o Carlos Iván Degregori; el retrato de las migraciones en Jürgen Golte y José Matos; la manera de entender la estructuración del poder en torno a una “cadena arborescente” (Fuenzalida, Matos, Cotler); hasta más recientemente, la caracterización de Sendero Luminoso como un proyecto moderno, fruto de modernizaciones truncas, de Degregori, por mencionar algunos ejemplos, me parece que apuntan en la dirección que señalo (es también la intuición que se encuentra en El zorro de arriba y el zorro de abajo, de José María Arguedas, otro de los fundadores del IEP).

Lo que se desprende de este diagnóstico es que, pese a las jerarquías y exclusión, la articulación y porosidad del sistema ha permitido una modernización y democratización sustancial de la sociedad, aunque fragmentaria y caótica (el “desborde popular” de Matos); lo que urge es modernizar y democratizar el poder y el Estado. El desfase entre sociedad y política y Estado sería la gran tarea pendiente.

sábado, 8 de febrero de 2014

Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy



Acaba de aparecer un libro importante, en el que tengo el honor de participar: Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy, de Diego Abente y Larry Diamond, eds. (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2014). A continuación el índice:

Contents

Contributors

Preface
by Larry Diamond

Introduction: Evaluating Political Clientelism
Diego Abente-Brun

Part One: Lessons in Clientelism from Latin America

Chapter 1: Partisan Linkages and Social Policy Delivery in Argentina and Chile
Ernesto Calvo and Maria Victoria Murillo

Chapter 2: Chile’s Education Transfers, 2001-2009
Juan Pablo Luna and Rodrigo Mardones

Chapter 3: The Future of Peru’s Brokered Democracy
Martin Tanaka and Carlos Meléndez

Chapter 4: Teachers, Mayors, and the Transformation of Clientelism in Colombia
Kent Eaton and Christopher Chambers-Ju

Chapter 5: Lessons Learned While Studying Clientelistic Politics in the Gray Zone
Javier Auyero

Chapter 6: Political Clientelism and Social Policy in Brazil
Simeon Nichter

Part Two: Lessons in Clientelism from Other Regions

Chapter 7: Patronage, Democracy, and Ethnic Politics in India
Kanchan Chandra

Chapter 8: Linking Capital and Countryside in Japan, Thailand, and the Philippines Paul D. Hutchcroft

Chapter 9: Eastern European Postcommunist Approaches to Political Clientelism and Social Policy
Linda Cook

Chapter 10: The Democratization of Clientelism in Sub-Saharan Africa
Nicholas Van de Walle

Conclusion: Defining Political Clientelism’s Persistence
Beatriz Magaloni

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What happens when vote buying becomes a means of social policy? Although one could cynically ask this question just as easily about the United States’s mature democracy, Diego Abente Brun and Larry Diamond ask this question about democracies in the developing world through an assessment of political clientelism, or what is commonly known as patronage.

Studies of political clientelism, whether deployed through traditional vote-buying techniques or through the politicized use of social spending, were a priority in the 1970s, when democratization efforts around the world flourished. With the rise of the Washington Consensus and neoliberal economic policies during the late-1980s, clientelism studies were moved to the back of the scholarly agenda.

Abente Brun and Diamond invited some of the best social scientists in the field to systematically explore how political clientelism works and evolves in the context of modern developing democracies, with particular reference to social policies aimed at reducing poverty.

Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy is balanced between a section devoted to understanding clientelism’s infamous effects and history in Latin America and a section that draws out implications for other regions, specifically Africa, Southeast Asia, and Eastern and Central Europe. These rich and instructive case studies glean larger comparative lessons that can help scholars understand how countries regulate the natural sociological reflex toward clientelistic ties in their quest to build that most elusive of all political structures—a fair, efficient, and accountable state based on impersonal criteria and the rule of law.

In an era when democracy is increasingly snagged on the age-old practice of patronage, students and scholars of political science, comparative politics, democratization, and international development and economics will be interested in this assessment, which calls for the study of better, more efficient, and just governance.

Ver también:

Clientelismo, política social y calidad democrática

Chile y Perú (2)

Artículo publicado en La República, domingo 2 de febrero de 2014

La semana pasada proponía explorar algunas ideas que surgen de la comparación entre nuestros países.

Desde la llamada “tercera ola” democratizadora, Chile y Perú parecen seguir trayectorias divergentes. Chile tuvo una dictadura muy dura pero con un importante apoyo interno, lo que le permitió plantear una transición democrática larga y controlada. Las fuerzas antidictatoriales fracasaron en sus intentos iniciales de plantear estrategias de confrontación, y optaron por la negociación política. En el camino, enfrentaron también la necesidad de la unidad, con lo que surgieron dos grandes bloques alineados gruesamente en torno a la continuidad o ruptura frente a la herencia del gobierno militar. Con la democracia vinieron la reconstitución de las instituciones democráticas, con una dinámica de desmontaje gradual de los “enclaves autoritarios”, y la prosperidad económica. En esto, ciertamente, pesó la tradición histórica chilena de fortaleza estatal e institucional. Todo esto ocurría mientras que en nuestro país las décadas de los años ochenta y noventa fueron nefastas, la primera por la catástrofe económica y la violencia, la segunda por la destrucción de las instituciones democráticas, en medio de una dinámica de confrontación política.

Pero el gradualismo y la negociación entre las elites minaron la legitimidad política; según el Latinobarómetro de 2011, Chile era el país con menor satisfacción con las políticas educativas y de salud de la región, y con el funcionamiento del poder judicial, junto al Perú. Según el informe de 2013, Chile es el país, junto a Perú, donde hay menor interés en la política, y donde más se percibe que hay una injusta distribución de la riqueza (junto a Paraguay y Honduras). Además Chile es el país con la peor percepción de la política de privatizaciones (con El Salvador). Por estas razones, en las última elección presidencial, entraron en agenda temas como la necesidad de una profunda reforma política (Asamblea Constituyente o reforma constitucional, reforma del sistema electoral, renovación de los partidos políticos), y la implementación de reformas que enfrenten lo que se interpreta como el fracaso de políticas públicas en áreas fundamentales como educación, salud, o la política previsional.

Podría decirse que Chile converge con nuestro país en la crisis política y en el malestar con el funcionamiento de políticas fundamentales, aunque provenga de una historia de fortaleza institucional. Lo paradójico es que con esas debilidades, a Perú le ha ido mejor económicamente en la última década, basándose apenas en algunas islas de eficiencia dentro del Estado. El desafío para el Perú es construir las instituciones que ganan viable el desarrollo en el mediano plazo, el de Chile es romper con una dinámica política percibida como elitista y exluyente, que podría erosionar su fortaleza institucional. Esa es la verdadera agenda de nuestros países, no atender problemas de fronteras.

viernes, 31 de enero de 2014

Coaliciones territoriales y desarrollo rural

Les recomiendo este libro, donde encontrarán un modesto capítulo de este servidor...

¿UNIDOS PODEMOS? COALICIONES TERRITORIALES Y DESARROLLO RURAL EN AMERICA LATINA
FERNANDEZ, M. Ignacia; ASENSIO, Raúl H, eds.
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2014.

¿Cómo cambian las sociedades rurales? ¿Qué procesos sociales están detrás de las transformaciones recientes que observamos en los territorios rurales de América Latina? Este libro encara estas cuestiones a partir del análisis de una particular modalidad de acción colectiva: las coaliciones territoriales. Las coaliciones territoriales son alianzas explícitas o implícitas entre diferentes actores, basadas en intereses compartidos, que apuntan a transformaciones de mediano y largo plazo en las dinámicas territoriales. Los autores analizan cómo estas coaliciones se conforman, qué retos enfrentan, qué diferentes tipos de coaliciones existen en la práctica y cómo encaran los desafíos relativos al desarrollo rural. Un tema central, estudiado con detalle, son los dilemas entre crecimiento económico, generación de ingresos, desigualdad e inclusión social. Para responder estas cuestiones, el libro incluye estudios de casos de coaliciones territoriales realmente existentes procedentes de seis países de nuestra región: Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.

Índice

Prólogo;
por Claudia Serrano

Introducción

1. Las coaliciones territoriales transformadoras y los dilemas del desarrollo inclusivo en las zonas rurales de América Latina
M. I. Fernández, R. H. Asensio, C. Trivelli y A. Schejtman

2. En busca del eslabón perdido. Coaliciones sociales y procesos políticos
Martín Tanaka

3. Coaliciones, dinámicas territoriales y desarrollo: el caso de la coalición salmonera (Chiloé central, Chile)
M. Ignacia Fernández y Daniela Miranda

4. Éxito y límites de una “coalición de poderosos” (Ostúa-Güija, Guatemala)
Raúl H. Asensio

5. La coalición de sindicatos rurales del noreste del valle de Jiquiriçá (Brasil) y sus aliados
Francisca Meynard Vivar

6. Cohesión, identidad e incentivos externos en una coalición de larga duración (Cerrón Grande, El Salvador)
Raúl H. Asensio

7. La promesa de crecer juntos. Coaliciones sociales y políticas públicas en Tungurahua (Ecuador)
Patric Hollenstein y Pablo Ospina

8. Política y hegemonía ideológica en una coalición territorial transformadora (Quispicanchi, Perú)
Raúl H. Asensio

VER TAMBIÉN:

Coaliciones y desarrollo rural

miércoles, 29 de enero de 2014

Chile y Perú

Artículo publicado en el diario La República, domingo 26 de enero de 2014

En estos días en los que se comentará mucho sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación de la frontera marítima con Chile, podría ser interesante pensar en algunas ideas que surgen de la comparación entre nuestros países.

En primer lugar, está la pregunta de qué explica las diferencias que se registran desde las primeras décadas de la vida republicana, más notorias considerando que durante la colonia, el Virreynato del Perú tenía preeminencia sobre la Capitanía de Chile. En las primeras décadas de vida independiente padecimos de una gran inestabilidad; las cosas empezaron a cambiar alrededor de 1830 en Chile y de 1845 en Perú. En esos años se da un primer despegue económico, que da pie a un notable desarrollo estatal e institucional en Chile, que se da muy precariamente en Perú. Esa diferencia de desarrollo relativo ayuda a entender, por supuesto, el resultado de la Guerra del Pacífico. En general, desde el Perú ha tendido a pensarse que esto se explica por la división de nuestras élites, mientras que las chilenas habrían estado imbuídas tempranamente por un sentido de proyecto. Sin embargo, la colega Maritza Paredes en diversos trabajos ha mostrado que la prosperidad chilena está basada en una estructura económica más diversificada y equilibrada, que ayudó a sentar las bases de una comunidad política más proclive a negociar y llegar a consensos, que facilitaron la construcción de instituciones con mayor autonomía y eficiencia. Esto también permitió crear un sistema de representación política más estable. Por el contrario, la prosperidad peruana de mediados del siglo XIX se debió casi exclusivamente en la renta guanera, lo que generó una cultura rentista, una disputa exacerbada por el control del Estado, una comunidad política más dividida.

Lo que no suele contarse en esta historia es que la consolidación de la elite chilena llevó también a que esa comunidad política fuera más oligárquica y excluyente; por el contrario, la precariedad de nuetras elites las hizo siempre más proclives a hacer concesiones e incorporaciones parciales; de allí la persistencia de agudos problemas de desigualdad en Chile, más fuertes que en el Perú. Los problemas distributivos y una arena política competitiva ayuda a entender la grave polarización social de ese país en las décadas de los años sesenta y setenta, que explican también a una dictadura como la de Pinochet. Estos conflictos debilitaron el crecimiento de Chile, que permitieron que Perú alcanzara su producto percápita a mediados de los años setenta del siglo pasado. Por el contrario, el populismo ha sido un elemento central en nuestra práctica política, a diferencia de Chile, y nostros tuvimos una dictadura reformista como la de Velasco, que continuó la lógica de concesiones e incorporaciones parciales de sectores excluidos.

Con la transición a la democracia se pueden también explorar otras comparaciones, que espero poder hacer la próxima semana.

Ver también:

STATE FORMATION, TAX STRUCTURES AND MINERAL ABUNDANCE CHILE AND PERU, 1850-1930s
Agosto, 2010
Paredes, Maritza

martes, 21 de enero de 2014

Crispación política

Publicado en el diario La República, domingo 19 de enero de 2014

En las últimas semanas se habla de la existencia de un clima de “crispación política” que deberíamos dejar atrás, especialmente considerando la inminencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación de la frontera marítima con Chile. Como que nos hemos estado peleando innecesariamente, exagerando la importancia de problemas menores, maximizando conflictos cotidianos, desarrollando razonamientos conspirativos en los que los adversarios están preparándose para perpetrar grandes atentados contra la libertad y la democracia. Termocélafos de derecha piensan que el presidente Humala revelará su escondida identidad chavista e iniciará el plan de imponer una dictadura reeleccionista, mientras que termocéfalos de izquierda piensan que la derecha, que supuestamente controla al gobierno, es tan rapaz y codiciosa que pretende eliminar el más mínimo asomo de pensamiento crítico, para lo cual emplea mecanismos de mercado para eliminar la libertad de prensa y de acceso a la información, y amenaza veladamente con un boicot empresarial. El paso de los días, me parece, ha abierto espacio, al menos momentáneamente para la sensatez, y el reconocimiento de que solemos preveer catástrofes con demasiada facilidad.

Decía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte que en ocasiones los actores creen ser libres y actuar sin prejuicios, pero en realidad “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”. Así, cuando desde la derecha se mira a Humala emergen los fantasmas del 5 de abril de 1992, el intento de estatización de la banca de julio de 1987, el gobierno entero de Velasco Alvarado. Desde la izquierda se piensa en El Comercio y en la derecha de los tiempos de la más rancia oligarquía de mediados del siglo pasado, aparece la imagen de Haya de la Torre departiendo con Pedro Beltrán y el exdictador Odría, y todos se sienten partícipes de una cruzada en la que valores fundamentales están en juego.

De otro lado, el que razonamientos conspirativos extravagantes prosperen y sean auténticamente creíbles creo que nos dice algo sobre la escasa comunicación y los pocos vínculos que existen entre los diferentes sectores de nuestra elite social y política. Cada grupo vive relativamente encerrado en un círculo de conversación, lecturas, influencias, alimentando sus propias convicciones y prejuicios respecto a los otros. Así, cada grupo se percibe como depositario de la razón y le resulta incomprensible la actuación de los otros, que solo puede ser explicada asumiendo que los demás o son irracionales o se mueven sirviendo intereses particularistas. La derecha es bruta o achorada, y la izquierda es caviar o jurásica. El carácter excluyente en términos sociales que sufre el Perú afecta también su dinámica política. Hay pocos espacios de encuentro entre izquierda y derecha, empresarios y trabajadores, civiles y militares, periodistas y académicos, políticos y analistas, etc.

martes, 14 de enero de 2014

Sobre la inestabilidad política

Artículo publicado en La República, domingo 14 de enero de 2014

La situación política actual está muy marcada por movimientos hechos considerando sus efectos sobre las elecciones presidenciales de 2016, lo que explica en parte su virulencia, más propia de contextos electorales. La dinámica de acusaciones, denuncias y descalificaciones mutuas termina desacreditando al conjunto de actores políticos, lo que abre nuevamente el espacio para la irrupción de figuras alternativas, que se presentan como no políticas, outsiders de distinto tipo. Esto por supuesto ahonda la sensación de incertidumbre y precariedad institucional; algunos llegan al extremo de hablar de la posibilidad de una interrupción del régimen democrático. Al respecto cabe mencionar que, en una investigación en curso, el politólogo norteamericano Michael Coppedge encontraba que Perú es uno de los países con mayor inestabilidad institucional del mundo a lo largo del siglo XX, marcado por constantes cambios de régimen (paso de democracia a dictadura y de dictadura a democracia), junto a Argentina y Tailandia.

Sin embargo, creo que lo que debería llamarnos la atención no es tanto la confirmación de nuestra inestabilidad, sino nuestra sorprendente, y no siempre percibida, estabilidad y continuidad política de los últimos años. Si miramos la política más allá de la volatilidad electoral y de la debilidad de los partidos, encontramos continuidad en las lógicas y preferencias de los electores (estabilidad por el lado de la demanda, no de la oferta política): se quiere renovación y se critica a la elite política, se demanda más reconocimiento y cercanía, pero no se está a la búsqueda de un modelo político alternativo propiamente dicho.

Pero sobre todo, hay una importante continuidad en la manera en la que se toman las decisiones gubernamentales más importantes. Ellas están marcadas por lógicas tecnocráticas, impulsadas por redes de expertos locales, ONGs y organismos internacionales, con diferentes sesgos ideológicos, que expresan ciertos consensos globales sobre las “mejores prácticas” en diferentes campos y que han florecido en diferentes nichos o islas de eficiencia dentro del Estado. El peso de estas redes ayuda a entender nuestra dinámica de crecimiento económico dentro de los límites de nuestra precariedad institucional. La debilidad de nuestros partidos hace que estos no interfiera en las grandes decisiones, a menos que perciban altos costos en términos de imagen, con lo que la política partidaria queda reducida a transacciones e intercambios de poca monta. Por ello, la precariedad de nuestra representación no afecta el crecimiento económico, al menos hasta ahora.

Esto es bueno y es malo. Es bueno porque nos ha dado la estabilidad y el crecimiento, es malo porque la mejor tecnocracia nunca reemplazará la necesidad de hacer política, lo que explica que algunas reformas imprescindibles en áreas del Estado fundamentales nunca se acomentan, o que terminen naufragando. ¿Habrá cambios en estos términos pensando en 2016?

domingo, 5 de enero de 2014

La delgada línea que divide

Artículo publicado en La República, domingo 5 de enero de 2013

La discusión planteada por el gobierno en torno a la concentración de la propiedad en medios de comunicación, la elección de Nadine Heredia como presidenta del Partido Nacionalista y otros asuntos parecen configurar un nuevo escenario que debe ser seguido de cerca, que puede tener importantes consecuencias tanto sobre el rumbo del gobierno como sobre el escesario electoral de 2016.

El gobierno de Ollanta Humala ha sido catalogado por sus opositores de izquierda como neoliberal y este ha sido acusado de haber “traicionado” los ideales de una “gran transformación”. Sin embargo, a pesar de haber sido supuestamente “capturado” por la derecha económica y política, todavía mantiene ciertos reflejos de izquierda, por así decirlo, que la ponen nerviosa: el intento de compra de REPSOL, la modernización de la refinería de Talara, el fortalecimiento de PETROPERU, el anuncio del lanzamiento de un plan de desarrollo industrial, entre otros, y el reciente enfrentamiento con el Grupo El Comercio no deben subestimarse, aunque vayan en contra de esa caracterización. A luz de estos hechos, la reciente elección de Nadine Heredia como presidenta del Partido Nacionalista podría implicar el inicio de una movida política muy audaz por parte del gobierno.

¿Nadine candidata en 2016 como líder de un frente antiderechista? Aparentemente, el 64% de desaprobación a la gestión de Humala y el escaso 29% de aprobación en diciembre harían inviable esa pretensión. Sin embargo, recordemos que a la mitad de sus mandatos las aprobaciones de Toledo y García eran de 11 y 25%, y terminaron con 33 y 42%, respectivamente. Y en la última encuesta de IPSOS, detrás del 27% de intención de voto por Keiko Fujimori aparece Nadine Heredia, con 13%. Con un campo derecho congestionado entre K. Fujimori, Pedro P. Kuczynski, Alan García y otros, sin candidatos de centro o de izquierda que aparezcan como viables, ubicarse como un referente antiderechista suena electoralmente razonable. Para quienes una segunda vuelta entre K.Fujimori y García parece una pesadilla, probablemente considerarán mañana una bendición la candidatura de Heredia, a pesar de las suspicacias y resquemores de hoy.

¿Es viable esta apuesta? El problema es que puede ser muy razonable pensando en las elecciones de 2016, pero resulta muy problemática para un gobierno que acaba de pasar la mitad del periodo. Implica una tensión muy difícil de manejar con los poderes de facto; una dinámica de confrontación y ruptura en algunos asuntos que haga creíble un frente antiderechista, pero al mismo tiempo una lógica de negociación y continuidad que le dé estabilidad a un gobierno débil. Hay una delgada línea que pone de un lado a un gobierno que termina mejor que los anteriores y que presenta una candidatura competitiva, y del otro a un gobierno que repite las decepciones anteriores, y al final termina haciendo un papelón electoral (¿se acuerdan de las candidaturas de Jeanette Enmanuel y de Mercedes Aráoz?).

lunes, 30 de diciembre de 2013

2013-2014

Artículo publicado en La República, domingo 29 de diciembre de 2013

El 31 de marzo decía que este año que termina iba a resultar “corto”: empezó tarde, porque la dinámica de finales de 2012 se extendió hasta marzo, marcada por el aumento en la aprobación a la gestión presidencial iniciada en julio de 2012, con la llegada de Juan Jiménez a la Presidencia del Consejo de Ministros, y la atención puesta en la iniciativa de revocatoria de la alcaldesa y del Consejo Municipal en Lima. Y terminó temprano, digamos que a finales de octubre, con la designación de César Villanueva como reemplazo de Jiménez, decisión que cobra sentido pensando que hasta octubre de 2014 el escenario regional y local estará muy movido por las elecciones en esos ámbitos.

En marzo pensaba que este podría haber sido un buen año para el gobierno, considerando que iba a ser corto, y que este podría haber explotado la continuidad de la dinámica de crecimiento económico y una mayor visibilidad de iniciativas en áreas sociales. Como sabemos, el año terminó siendo muy malo: mientras que en marzo un 53% de los encuestados aprobaba la gestión del presidente, en octubre solo un 26% lo hacía; en diciembre, según IPSOS, este número llegó a 29%. Es pertinente recordar que en diciembre de 2003 apenas un 11% aprobaba la gestión de Toledo, y que en diciembre de 2008 un 25% de encuestados aprobaba la gestión de García.

El hecho de que la economía haya crecido por encima del 5% este año y las consideraciones esbozadas arriba apuntan a que las razones de la caída en la aprobación a la gestión del presidente Humala están en complicaciones, innecesarias, añadiría yo, generadas por un mal manejo político. Durante gran parte del año las especulaciones en torno a la candidatura presidencial de Nadine Heredia desgastaron al gobierno, así como un manejo un tanto politizado de la Comisión Investigadora de probables casos de corrupción durante el último gobierno de Alan García; a esto hay que sumar la decisión de negar el indulto a Alberto Fujimori recién en junio. El resultado fue que se activó y dio munición a la acción de la oposición, generándose un clima de confrontación política que creó una sensación de pérdida de control y desgobierno. Por ello en agosto el Presidente del Consejo de Ministros debió convocar a una diálogo nacional, torpedeado inexplicablemente por el propio Presidente de la República. Las posibilidades inmediatas de recuperación política del gobierno están en alejar ese clima de confrontación y volver a generar la percepción de que se está invirtiendo el tiempo en “trabajar” y no en pelearse con la oposición.

La experiencia previa de los gobiernos de Toledo y García sugiere que el tercer año de gobierno se caracteriza por la detención de una tendencia declinante, y una estabilización en un nivel bajo. Pienso que lo más probable es que esa tendencia se repita. Después de julio la dinámica estará muy marcada por las elecciones regionales y municipales de octubre, con lo cual podría decirse que terminará el año que empezó en octubre pasado.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Navidad

Artículo publicado en La República, domingo 22 de diciembre de 2013

Hace unos días se comentaba que Uruguay (“modesto pero audaz, liberal y amante de la diversión"), había sido elegido “país del año” por la revista The Economist. Se resaltó la implementación de “reformas pioneras”, como la legalización del matrimonio homosexual y de la producción, venta y consumo de marihuana, que podrían beneficiar al mundo entero en caso de ser emuladas, así como el liderazgo de su presidente. A propósito, cabe recordar que en ese país el 24 de diciembre no se celebra oficialmente la navidad, sino el “día de la familia”. Como Estado laico, la Semana Santa se asume como Semana de Turismo, la Inmaculada Concepción como Día de las Playas, por ejemplo. Si bien alrededor de la mitad de los uruguayos se define como católicos, el Estado tiene una fuerte definición como laico, y eso marca la personalidad del país.

En Perú la relación entre el Estado y la iglesia católica se define por la Constitución como una de “independencia y autonomía”, pero donde se reconoce la importancia de esta y se establece que aquel “le presta su colaboración”. En nuestro medio suele haber cierto consenso en que los símbolos religiosos deberían estar ausentes en ceremonias oficiales, pero no se ha cuestionado mayormente que la navidad sea el eje de las celebraciones de fin de año. Recordemos que durante la dictadura de Velasco, y bajo el influjo de una ambiciosa reforma educativa, el gobierno intentó censurar manifestaciones “foráneas” de la navidad (Santa Claus, renos, y demás simbología de Europa septentrional) y promover una celebración católica “peruanizada”, representada emblemáticamente en el nacimiento del “niño manuelito”. Al mismo tiempo, la imagen del niño en el pesebre iba mejor con la austeridad que se preconizaba en situaciones de crisis, relegando al nórdico Santa Claus, que calza mejor con el carácter comercial de la festividad, y también, curiosamente, con su dimensión más laica, a pasar de lo inadecuado de su atuendo para el hemisferio sur.

En los últimos años, vivimos un ambiente en el que la revalorización de “lo peruano” gana cada vez más audiencia. En estas fiestas, esto acaso queda representado con el arbol navideño con motivos andinos propuesto por la Municipalidad de Lima que se luce en la Plaza Mayor. Pero se extrañan más ideas y propuestas sobre cómo los peruanos hemos de celebrar la navidad. ¿Resaltamos lo laico o lo católico? ¿Lo familiar (y el rito de la entrega de regalos) o lo religioso? En medio del “boom” gastronómico” y del nuevo discurso identitario con el que suele ir acompañado, no hemos visto una discusión sobre cómo redefinir la “tradicional” cena navideña hacia un menú más acorde al inicio del verano y a los productos de estación. Tampoco la asociación, acaso más bien limeña, entre la celebración de la navidad y del año nuevo, y el peligroso y letal despliegue individualista de fuegos pirotécnicos. Tal vez esta afición debería ser asumida por los municipios distritales, prohibiéndosela a los particulares.