jueves, 26 de diciembre de 2019

Metamemorias, de Alan García (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 21 de diciembre de 2019 

La semana pasada inicié el comentario de Metamemorias, el libro póstumo del expresidente Alan García. Naturalmente, es el último García el que escribe, desde un tono autojustificatorio, aunque con algunos tintes autocríticos y reflexivos, que me parece se van perdiendo conforme avanza el relato.

El último García evalúa críticamente su estilo de liderazgo y decisiones de la década de los años ochenta, pero al mismo tiempo intenta justificarlos, lo que le da tensión e interés al recuento de esos años. Es interesante también una suerte de relectura crítica de las decisiones del APRA que impidieron que Haya de la Torre llegara a la presidencia. García constata que la impaciencia en 1945 y luego la derechización del partido, especialmente a propósito de la alianza con Odría en 1963, lo aislaron y le hicieron perder la hegemonía cultural. En esa línea, evaluando su propia actuación, García considera un error “haberse interpuesto” en la reelección de Alfonso Barrantes en la alcaldía de Lima en 1986, lo que le hizo perder un “aliado fundamental” (p. 189). Más adelante reivindica su papel en la construcción del Instituto de Gobierno de la U. de San Martín de Porres, convocando a “intelectuales del más alto nivel”, con una importante apertura y pluralismo. Finalmente, al hablar de su segundo gobierno, se refiere a su amistad y buena relación con líderes de izquierda como Lula, Michelle Bachelet y Rafael Correa.

Sin embargo, al mismo tiempo, al revisar el nuevo siglo, García señala que la ubicación de su candidatura en 2001 hacia la izquierda fue resultado no deseado del contexto político. Más adelante dice que su ubicación más al centro en 2006 resultó ideal, pero llama entonces la atención el carácter conservador que le imprimió a su segundo gobierno. García reivindica sus logros, y ensaya una autocrítica: “concentrado casi totalmente en las metas numéricas, los resultados sociales y el avance y número de las obras, olvidé que el pueblo siempre espera un ingrediente adicional”. El problema es que la moraleja termina siendo que “faltó el combate contra un sector social, el simulacro de la guerra que la audiencia siempre exige para darle un sino trágico a la escena… vieja conseja: pan y circo” (p. 399). El propio texto implica que ese enemigo era “la amenaza del chavismo”: “esa era entonces la situación en 2006: Venezuela como meta económica e ideológica, Ecuador y Bolivia aliados a ella y Brasil como el ‘gran padrino’ del proyecto social anticapitalista” (p. 333).

Muy poco respecto a lo que hoy vemos como importante: el fortalecimiento de las instituciones, la construcción del Estado, el combate a la corrupción, la reforma de la política, la inclusión social. Una gran ceguera, que explica que en las últimas páginas se imponga un tono de denuncia contra las “persecuciones judiciales” en su contra, sin que García desarrolle una reflexión de las razones de fondo por las cuales, como resultó elocuente por los resultados de las elecciones de 2016, “mi estrella se apagó” (p. 447).

Metamemorias, de Alan García (1)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 14 de diciembre de 2019 

En palabras del autor, su libro trata de la presentación de “hechos y experiencias de varios decenios que transfiero a quienes estudian la política e interpretan la historia” (p. 7), pero desde el punto de vista de una “biografía emocional” (p. 15). ¿Qué motivaciones estaban en la base de las decisiones que tomó García a lo largo de su vida? ¿Qué balance retrospectivo hacía García de las decisiones que tomó?

Se trata de un libro de lectura muy provechosa, más allá de las simpatías o antipatías que despierta el expresidente y del destino final de las muchas acusaciones que hubo y siguen apareciendo en su contra. Podría decirse de García, manteniendo las proporciones, lo mismo que él mismo comenta de Simón Bolívar, “era inmenso aún en sus defectos y vanidades” (p. 297), desmesura que el propio García reconoce e incluso aborda al referirse a “la leyenda de mi vanidad intelectual, que (…) seguramente tuvo mucho de cierto” (p. 141, sección en la que se refiere a su “ego colosal”).

El libro se mueve a medio camino entre un tono autojustificatorio, por supuesto, y ciertos tintes autocríticos y reflexivos, que me parece se van perdiendo conforme avanza el relato. Llama la atención el retrato devoto que hace de Haya de la Torre, más “ideólogo o conductor religioso, no un político”; a pesar de ello, García juzga la conducta del APRA en 1945 como signada por la precipitación y la impaciencia; los acuerdos con Manuel Prado en 1956 como un error, que llevaron a la derrota en 1962; también la alianza con el odriísmo, que hizo perder al APRA la hegemonía cultural del país. También la decisión de no presionar por la salida inmediata de los militares en 1977. Estas decisiones van aislando al APRA y su capacidad de interlocución con otros sectores; lo desconcertante es que García cae un poco en lo mismo en el nuevo siglo.

García parece evaluar que el APRA tiende a izquierdizarse en demasía con la Asamblea Constituyente y en la oposición al segundo belaundismo; sin embargo, llama la atención que luego defienda las acciones de su primer gobierno, amparándose en la impaciencia que le había criticado al APRA en 1948 y antes, y en la supuesta contención del desafío de Sendero Luminoso mediante iniciativas distributivas. Claramente, quien escribe es el García más conservador, pero que al mismo tiempo quiere reivindicar algunas acciones de su gobierno. El García que escribe desde la “madurez”, reconoce que hacia 1987-1988 lo responsable era realizar un proceso de ajuste económico, pero que parece ceder a la tentación “maquiavélica” de pensar “espera hasta 1990, deja que el modelo y la crisis le exploten a otro” (p. 252).

Pero luego, García tiene a considerar las acusaciones en su contra y los problemas del APRA como conjuras de sus adversarios. Como que cae en el ensimismamiento que le había criticado al APRA, incluso a pesar de que intentó en su momento tender puentes a través del Instituto de Gobierno de la U. San Martín desde 2001. ¿Por qué no siguió ese camino?

Bolivia, Chile… ¿y Perú?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 7 de diciembre de 2019 

Toda la región se ha visto impactada por la “ola” de protestas de las últimas semanas o meses: Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia… particularmente llamativos han sido los sucesos de Chile, por afectar al país en el que aparentemente habían menos probabilidades de que ocurriera lo que está pasando: protestas que cuestionan el carácter excluyente del orden social y político, de una masividad, persistencia y niveles de violencia desconcertantes.

Perú tiene ciertamente una larga y continua historia de protestas y conflictos. Según datos del Barómetro de las Américas de 2017, Perú aparece en los primeros lugares en cuanto a participación de los ciudadanos en protestas sociales junto a Bolivia, Venezuela, Paraguay, Colombia y Brasil, muy por encima de los porcentajes de Chile o Ecuador. Sabemos por los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo que tenemos muchos conflictos, en el mes de octubre se registraron 134 activos y 53 latentes, de los que el 67% tiene como causa asuntos socioambientales. Pero la última ola de protestas en Chile y otros lugares llama la atención porque no tienen una convocatoria o liderazgo claro, una estructura organizativa aparente detrás, pero muestran una extraña capacidad de agregar demandas y reivindicaciones muy disímiles, de sectores muy heterogéneos, particularmente jóvenes, logrando movilizar cientos de miles de personas, donde algunos grupos recuren a repertorios que implican prácticas de mucha violencia, y que llegan a conmocionar la institucionalidad política.

En nuestro país hemos visto algo de este tipo de dinámica: el pequeño colectivo No a Keiko fue capaz de movilizar miles de personas en 2016 y después, muy disímiles y sin mayor contacto entre sí, en diferentes partes del país, partiendo de convocatorias en redes sociales; e incidieron poderosamente en los resultados electorales y en coyunturas clave de los gobiernos de PPK y Vizcarra. Otro antecedente son los colectivos de jóvenes en contra de la ley de promoción del empleo juvenil a finales de 2014 e inicios de 2015, que lograron la derogación de esa ley. La encuesta de octubre del Instituto de Estudios Peruanos muestra que un 42% percibe que las marchas son un mecanismo eficaz para lograr cambios; que hay muchas razones por las cuales salir a marchar (incluyendo banderas conservadoras); y que por lo menos un tercio justifica recurrir a diversas formas de disrupción del orden público en las protestas.

En nuestro caso ha ayudado que lo que podría haber articulado el descontento, el rechazo a la elite política, se ha canalizado a través de la disolución del Congreso, las nuevas elecciones y la acción de la justicia. Pero si los resultados de las elecciones de 2020, 2021 y 2022 son decepcionantes, y los procesos judiciales no terminan con sentencias firmes en casos emblemáticos, el riesgo de sufrir escenarios similares no es desdeñable. Está en todos implementar los cambios necesarios para evitarlos; empezando por el próximo Congreso.

Empresas y política



Artículo publicado en El Comercio, sábado 30 de noviembre de 2019

Un tema central en la agenda de discusión es la relación entre empresas y política. Está claro que el gran poder económico incide poderosamente sobre la toma de decisiones de Estado y de política pública; esto a través del financiamiento de las campañas electorales, de la gestión de intereses ante las autoridades electas, o mediante diversos mecanismos informales. Cuando no a través de prácticas abiertamente ilegales y corruptas.

En todas las democracias, se intenta limitar la influencia del poder estructural o poder fáctico, que rompe el principio de igualdad que está en la base de la promesa democrática. En nuestro país hemos optado por prohibir los aportes empresariales, y por imponer topes a los aportes individuales, que deben ser declarados transparentemente, y estar bancarizados. Además, por reducir los costos de las campañas, prohibiendo la publicidad política en televisión y radio; y asumiendo el Estado el financiamiento de espacios gratuitos. Al mismo tiempo, existen normas que intentan limitar presiones o influencias indebidas sobre los funcionarios públicos; para ello tenemos normas que buscan hacer transparentes esas gestiones, hemos establecido incompatibilidades y responsabilidades de los empleados públicos, impuesto la declaración de conflictos de interés, entre otros. Se trata de reformas que recién han empezado y que deberían ser complementada por el próximo Congreso.

En otro ámbito, es inevitable que los diferentes intereses empresariales no tengan canales de expresión directa. Para esto, son imprescindibles gremios sólidos que defiendan principios y orientaciones de política generales, no intereses particulares. Hasta no hace mucho, los gremios empresariales solían ser precarios y dependientes de aportes de grandes empresas. Esto ha cambiado en los últimos años, y otra novedad importante es que en algunos gremios y asociaciones los cargos de dirección están en manos de profesionales, no de grandes empresarios. Eso facilita la distancia entre la lógica del gremio y la de intereses particulares. La actuación de Elena Conterno presidenta de IPAE, y de María Isabel León, presidenta de CONFIEP en la CADE se facilita por la mayor autonomía con la que cuentan. Es una dirección que debería extenderse y profundizarse.

Otra iniciativa, que lamentablemente no tiene mayor tradición en nuestro país, es la búsqueda de incidencia a través de centros de investigación o think tanks. Para esto la elite empresarial debería valorar más las ciencias sociales y la investigación, cediendo a la pura ideología. Y desde el mundo universitario debemos defender y promover más el pluralismo académico y la independencia frente al mundo de la política inmediata.

El debate sobre Bolivia (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de noviembre de 2019

La semana pasada comentaba sobre algunos temas de debate a propósito de los acontecimientos en curso en Bolivia. Uno, la caracterización del gobierno y del régimen político en ese país; segundo, la evaluación de su legado en términos sociales, institucionales y económicos. Terminaba diciendo que era indudable que Morales todavía contaba con un muy importante apoyo popular, pero que, en medio de su declive, la pregunta era si habría una diferencia suficiente para evitar una segunda vuelta. Con un resultado muy ajustado, en un ambiente muy polarizado, se necesitaba una autoridad electoral independiente y confiable, que no existía. Llegamos así al debate sobre el fraude electoral: por la información disponible, parece claro que no había garantías de que el recuento de votos fuera totalmente escrupuloso, pero no queda igualmente claro si los resultados oficiales difieren de manera significativa de los votos “reales” expresados en las actas. A los peruanos esto nos recuerda la elección de 2000: estuvo llena de irregularidades, pero no quedó claro que los resultados oficiales fueran muy diferentes a los “reales”. Se parece mucho también porque las tendencias iniciales en el recuento de votos cambiaron mucho conforme fueron llegando actas del interior del país y de zonas rurales, que cambiaron la expectativa inicial de un triunfo de Toledo. Con todo, en una elección donde las décimas cuentan, se requería de una autoridad electoral muy escrupulosa, que no existió en ninguno de los dos casos. Podría decirse que todo el proceso estuvo desde el inicio lleno de irregularidades que lo viciaron, y aunque no pueda hablarse de fraude, era razonable postular la necesidad de una nueva elección con nuevas autoridades electorales.

El problema es que Morales se proclamó vencedor en primera vuelta antes de que termine el cómputo oficial; luego, ante la indignación y las protestas ciudadanas, aceptó una auditoría de la OEA con resultados vinculantes; en este caso, fue la oposición la que no la aceptó, en un camino de creciente radicalización. Claramente, tanto gobierno como oposición jugaban desde posiciones de fuerza, perdiéndose la oportunidad de una salida institucional. Una vez que la OEA pidió nuevas elecciones, Morales aceptó el pedido, pero esta vez fue la oposición la que siguió presionando por elecciones sin la participación de Morales. En medio de la crisis, Morales no solo enfrentaba la oposición de la extrema derecha, también de sectores medios y parte de sus bases tradicionales de apoyo. No pudo contraponer eficazmente masas contra masas, como en el pasado. En este marco, se produce una insubordinación policial, que da lugar a lo que considero un golpe en efecto “cívico, político y policial”, tal como lo caracterizó Morales, que forzó su renuncia. Un camino institucional hubiera implicado nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales, aún mejor sin la participación del propio Morales, como él mismo habría aceptado, pero sin pasar por su salida de la presidencia.

A estas alturas, las decisiones se toman sobre la base de la presión y de la fuerza, no de la legalidad. La opositora Jeanine Añez asume la presidencia sin quórum en el senado, pero con un MAS boicoteando la sesión. El MAS desconoce al nuevo gobierno, y éste responde con pura represión. Bolivia no es viable excluyendo al MAS, y tampoco a la diversa oposición a éste. Como ha recordado recientemente el expresidente Rodríguez, las negociaciones en 2005, en una situación también crítica, permitieron nuevas elecciones aceptadas por todos, por ahí va el camino de salida.

Debates sobre Bolivia (1)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 16 de noviembre de 2019

El primero, sobre el pasado inmediato. Hace tiempo que los politólogos discutimos sobre cómo caracterizar al régimen político bajo Evo Morales. En el marco de las evaluaciones sobre la calidad de la democracia, solíamos decir que en Bolivia se había avanzado significativamente en democratización social, pero había problemas serios con la dimensión institucional y el equilibrio de poderes. Algunos decíamos que desde que Evo Morales desarrolló una lógica de cooptación y control de las instituciones políticas clave podía hablarse ya de un régimen autoritario. Ya la reelección de 2014 fue fruto de una cuestionable interpretación auténtica a la usanza de la de Alberto Fujimor en 2000, y la de este año resultado de una maniobra por la cual Morales consiguió que el Tribunal Constitucional pasara por encima de la decisión del referéndum de febrero de 2016. Esto mediante una resolución según la cual poner límites a la reelección “viola sus derechos humanos”, amparándose supuestamente en la Convención Americana de Derechos Humanos. A estas alturas, ya era evidente que Morales encabezaba una forma de régimen autoritario. Simpatizantes de concepciones “sustantivas” de la democracia defendían a Morales desdeñando el respeto a los procedimientos democráticos: muchos de ellos ahora denuncian la ocurrencia de un golpe de Estado y exigen el respeto estricto al Estado de derecho. Una gran lección.

Segundo, sobre los logros de Morales. No se puede negar que a Morales lo acompañó un abrumador respaldo ciudadano: ganó en 2005 con el 53.7%, se reeligió en 2009 con el 64.2%, y nuevamente en 2014 con el 63.4%. Logró un respaldo que iba más allá de los sectores populares, que incluyó a los medios y buena parte de los altos. El crecimiento económico y la reducción de la pobreza legitimaron su gobierno, y es destacable que si bien bajo Morales se renegociaron los contratos de explotación con empresas extranjeras en el sector hidrocarburífero, se mantuvo la ortodoxia macroeconómica. Sin embargo, con el final del boom de los precios de nuestras exportaciones, las cosas cambiaron: desde 2014 Bolivia tiene déficit fiscal como no lo tenía desde 2005, llegó a -8.3% en 2018, el peor de toda la región después de Venezuela (el de Perú fue -2.5%), nivel casi tan malo como el de 2002 (-8.8%), cuando Morales encabezaba las protestas en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y desde 2015 enfrenta un creciente déficit comercial como no lo tenía desde 2003. Es decir, en materia económica, Morales ha incubado una crisis que reventará en un tiempo no muy lejano, como aquella en contra de la cual Morales se levantó a inicios de siglo. El círculo se cierra. Parece claro que el objetivo de la reelección no solo se llevó de encuentro a la institucionalidad democrática, también supeditó un manejo responsable de la economía.

A pesar de todo, el desgaste de Morales abrió la puerta para una elección competitiva en octubre. No se puede negar que, a pesar de haber perdido un respaldo importante, tanto de sectores medios como de sectores populares, Morales y el MAS todavía podían presentarse como la primera fuerza política del país; en octubre, el MAS ganó la mayoría absoluta tanto de los diputados como de los senadores. La definición de un autoritarismo competitivo. La pregunta es si habría una diferencia suficiente para evitar una segunda vuelta, de pronóstico incierto. En medio de un resultado muy ajustado, de un ambiente polarizado, se necesita una autoridad electoral confiable, que no existía. Por ello la controversia sobre si ocurrió o no un fraude (sigo).

Sobre partidos y candidatos



Artículo publicado en El Comercio, sábado 9 de noviembre de 2019

Los partidos políticos han iniciado el proceso de selección de sus candidatos al Congreso que elegiremos el 26 de enero, y un sentimiento de desencanto cunde entre muchos. Era de esperar que el resultado no fuera tan distinto de procesos anteriores: se trata de una elección que debe realizarse muy rápidamente, en la que participan los mismos partidos que ya estaban inscritos (salvo el Partido Morado), la reforma política quedó inconclusa, las reformas que se aprobaron en el Congreso y que fueron promulgadas por el ejecutivo en agosto no entraron en vigencia.

Tenemos un panorama en el que, de un lado, están los partidos algo más estructurados, con algún perfil identitario, con alguna militancia de base. Esto que es un cierto activo para la movilización se convierte en desventaja en tanto los militantes promedio estén alejados del promedio de electores. Así se entiende que las bases de izquierda hayan optado por privilegiar a los líderes más “representativos” de sus sentidos comunes domésticos, a costa de perder atractivo ante la opinión pública. Esto también vale para el fujimorismo, aunque, dado su descrédito en general, se entiende que apuesten a movilizar a su “núcleo duro” para sobrevivir. En el otro extremo, tenemos a los partidos que son apenas combis que recogen pasajeros que harán seguramente un trayecto corto. Hay algunas que circulan por la izquierda, como UPP, otras que van por el lado derecho, como Solidaridad Nacional. Otros van accidentadamente por el medio como APP, Perú Patria Segura o Podemos Perú. Finalmente, tenemos grupos que tienen cierta historia y que han llevado procesos un poco más ordenados, como AP, el PPC, o Somos Perú.

La elección de 2020 debió servir como filtro para las elecciones de 2021, pero el JNE decidió no aplicar la ley de cancelación del registro de organizaciones políticas. Por lo menos deberíamos evitar la burla a los electores de presentar una lista de candidatos y retirarla si es que se evalúa que no se pasará la barrera de obtener el 5% de los votos congresales o seis representantes electos. Y debería sin duda cancelarse el registro de quienes, participando, no son capaces de superar la valla electoral.

Vivimos, como hemos señalado muchas veces, una situación de partidos sin políticos y políticos sin partido. Lamentablemente, ya se ha hecho costumbre aquello de “lanzar” primero una candidatura y después encontrar el vehículo para llegar al parlamento. En el Congreso disuelto apenas 38 de 130 eran militantes incritos en los partidos que los eligieron; nada indica que el próximo vaya a ser muy diferente, con los problemas que eso acarrea después: transfuguismo, dificultad para establecer grupos parlamentarios coherentes, para construir acuerdos. El problema estará, me parece, más en la escasa cohesión de los grupos que en la dispersión del voto en muchos de éstos. Recordemos que en 2001, si bien obtuvieron representación 11 grupos políticos, de aplicarse la valla vigente actualmente, solo habrían entrado cinco; en 2006, entraron siete, y con la valla actual solo habrían sido cinco; en 2011 entraron seis. En 2016, como sabemos, nuevamente seis, pero en el momento de la disolución, teníamos trece.

No sabemos cómo será esta vez, en la que solo elegimos Congreso y no tendremos campaña presidencial, pero dado lo corta que será esta campaña, el peso de los logos más conocidos probablemente influya mucho en la decisión de los electores. Pero si bien dejaremos el escenario del obstruccionismo de una mayoría opositora, pasaremos a los problemas de la atomización individualista. Veremos.

domingo, 3 de noviembre de 2019

¿Crisis del modelo?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 2 de noviembre de 2019

A propósito de las protestas en Chile, se discute sobre la “crisis del modelo”. El problema con este debate es que se presta en exceso a respuestas ideológicas: si simpatizas con el mismo, pensarás que debe continuar, y si no, que debe ser cambiado. Además, cada quien parece tener en mente cosas diferentes cuando hablamos del “modelo”; por último, una defensa común es diferenciar “el modelo” abstracto de su aplicación concreta. ¿Cómo evaluar su funcionamiento entonces? ¿Cómo abordar esta discusión de manera productiva?

Partamos de aceptar que todos tenemos simpatías ideológicas válidas, de acuerdo a nuestros valores y preferencias. Pero la discusión debe centrarse en cuáles resultan más útiles, pertinentes, adecuadas para los contextos y las situaciones específicas. Por así decirlo, el periodo 1930-60 era bueno para ser keynesiano y malo para ser monetarista, mientras que los años 1970-80 fueron más bien al revés. Una cosa es buscar reactivar la economía y otra estabilizar graves desequilibrios. Segundo, me parece que la aplicación de un modelo no puede desvincularse de los incentivos que establece. Cuando colapsó la Unión Soviética en la década de los años noventa, defensores del comunismo intentaban defender el modelo distinguiéndolo de su aplicación: quien falló fue Stalin, los burócratas del partido, o la corrupción de un sector del politburó. A estas alturas, entendemos que un modelo de decisión altamente centralizado y vertical de toma de decisiones conduce casi inevitablemente a lógicas autoritarias, a la arbitrariedad, la ineficiencia.

Volviendo a Chile, estamos evaluando el funcionamiento del modelo de economía orientada al mercado. Si miramos el contexto de la región, encontramos que sus principios centrales (equilibrio fiscal, acumulación de reservas internacionales, promoción de la inversión privada), rigen a la gran mayoría de países, incluyendo algunos orientados hacia la izquierda. Puede verse que algunos países que siguen ese camino avanzan en medio de sus dificultades (Panamá, Colombia), y también que los que se han alejado de él tampoco la están pasando bien. Y no solo en los casos extremos como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, también Argentina o Ecuador, países con graves desequilibrios macroeconómicos. El caso boliviano es particularmente interesante, porque buena parte de la prosperidad económica que ha favorecido a Evo Morales tiene que ver con cierta ortodoxia macroeconómica y, pese a los conflictos iniciales, a relativamente buenas relaciones con el capital privado nacional y extranjero. La gran diferencia en ese país estuvo en la negociación de condiciones tributarias mucho más exigentes para empresas en el estratégico sector hidrocarburífero. Pero no se ha resuelto el problema de la sostenibilidad y vulnerabilidad económica frente a las variaciones en el precio del gas.

¿Cuál sería el problema en Chile? Me atrevería a decir que la clave está en la implementación del modelo en un contexto autoritario, que dejó el legado de cierta hegemonía conservadora (que la Concertación no logró revertir), y de un sistema político bastante elitista, que a la larga devino en prácticas de corrupción, en la recurrencia de conflictos de interés y colusión entre las esferas económica y política. Ellas efectaron a todo el espectro político, de allí que hoy asistamos a una grave crisis de representación. No se trata de tirar al bebé con el agua sucia de la bañera, pero enfrentar esta crisis parece requerir de una suerte de refundación política que haga viables las correcciones económicas.

¿Qué está pasando en la región?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 26 de octubre de 2019

En las últimas semanas nos han impresionado diferentes sucesos en la región, que generan la percepción de estar viviendo una situación inédita de crisis: las protestas en Chile y en Bolivia, los problemas de seguridad en México (Culiacán), entre otros. Aparece la tentación atribuir una causa o dinámica común a todos estos sucesos. Ciertamente hay factores que recorren a toda la región y que han creado una sensación de malestar generalizado. Según el Barómetro de las Américas de 2019, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la región ha caído notoriamente: en 2012 un 57.8% de los encuestados declaraba sentirse satisfecho, pero en 2019 apenas un 39.6%.

¿Qué explica ese bajón? En primer lugar, está la caída en las tasas de crecimiento, visible desde 2013. Segundo, ese frenazo se da después de un ciclo espectacular de crecimiento entre 2003 y 2012, que redujo la pobreza y la desigualdad, e hizo crecer a una clase media que amplió sus expectativas y exigencias, pero sin llegar a superar una situación de gran precariedad. En este periodo, además, se formó una nueva generación, más exigente y más conectada a través de nuevas tecnologías, y por lo tanto con mayor capacidad de acción colectiva. Según el Barómetro… un 64.4% de los encuestados en todos los países de América es usuario de WhatsApp y un 56.2% de Facebook, y entre los menores de 25 años, un 80% usa las redes sociales de manera frecuente. También se encuentra que entre los que usan más frecuentemente las redes sociales el nivel de satisfacción con la democracia es más bajo que el de los usuarios poco frecuentes. Tercero, están los problemas de corrupción que han recorrido toda la región: hemos tenido más dinero, con instituciones débiles; que luego han dado lugar a escándalos, como consecuencia de investigaciones judiciales y periodísticas. Y cuarto, está el desafío que enfrenta el Estado de actores ilegales, que también crecieron en el marco del boom del precio de los commodities, que han puesto en el centro de la agenda temas de seguridad ciudadana en muchos países.

Entonces, encontramos algunos países en donde las protestas y el malestar se asocian al freno económico y sus consecuencias. En Ecuador o Argentina, el detonante es la necesidad y al mismo tiempo la inviabilidad política de implementar medidas de ajuste después de políticas fiscales irresponsables. O son consecuencia de intentos problemáticos de cambiar esquemas ineficientes de provisión de servicios (educación, salud), como recientemente en Honduras, y hace algunos años en México (Oaxaca), o Perú o Colombia, expresados en grandes protestas magisteriales. En otros países, el malestar está en la frustración de una nueva clase media, desencantada con la élite política, ante subidas en las tarifas de diversos servicios (transporte, salud): Chile en estos días, antes Brasil con las protestas contra Dilma Rousseff, por ejemplo. En otros países, el problema es enteramente otro: el intento de perpetuarse en el poder por parte de líderes autoritarios que se consolidaron durante los años del boom, como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o Morales en Bolivia.

Finalmente, en otros contextos las fuentes de inestabilidad son consecuencia de la acción de mafias o grupos armados que desafían y hasta se imponen sobre la autoridad del Estado, como en Colombia, México, y varios países de Centroamérica.

Como puede verse, estamos ante circunstancias y desafíos comunes, pero con variantes y respuestas muy diferentes entre los países. Lo que lamentablemente no es nada claro es cuáles son los caminos de salida.

Constitución y equilibrio de poderes (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 19 de octubre de 2019

La semana pasada comentaba que la disolución del Congreso debía entenderse en el marco de un diseño constitucional presidencialista, pero con incrustaciones propias de los regímenes parlamentarios. Ellos buscan, de un lado, limitar el poder del ejecutivo cuando este tiene mayoría, y del otro, dar una salida institucional al bloqueo que se produce cuando enfrenta una mayoría hostil en el parlamento (en el pasado, esta situación desencadenó golpes de Estado). Para este último caso se creó la posibilidad de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias, si es que se censuran a dos Consejos de Ministros. Ciertamente es una medida extrema que debe evaluarse con mucha prudencia.

Durante el actual periodo de gobierno, hemos visto por primera vez la puesta en práctica de este mecanismo, dado que desde 1993 siempre hemos tenido gobiernos electos que lograron construir mayorías. Y hemos visto una pedido de confianza respaldando la gestión de una ministra en particular bajo amenaza de censura (Fernando Zavala con Marilú Martens), dos pedidos de confianza referidos a la aprobación de diferentes iniciativas legales y reformas constitucionales (con César Villanueva y con Salvador del Solar), y uno referido a un asunto que es competencia del Congreso, la forma de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. De esta manera, lo que en teoría parecía un mecanismo muy poco práctico (¿por qué un Congreso censuraría dos Consejos de Ministros si sabe que lo pueden disolver?) se ha convertido en un mecanismo muy amplio, sin mayores restricciones, consagrado por la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado.

Si bien pienso que la disolución del Congreso por parte del Presidente Vizcarra se mueve dentro de los cánones constitucionales, también pienso que sería muy importante que el Tribunal Constitucional establezca parámetros que al mismo tiempo aseguren su viabilidad y aplicación como herramienta del poder ejecutivo, pero también prevengan abusos. Por ejemplo, la Comisión de Venecia recientemente señaló que si bien relacionar una reforma constitucional a una moción de confianza no puede ser definido como inconstitucional, sí expresa preocupación porque las reformas constitucionales requieren amplio debate y consensos, algo que parece reñido con un mecanismo que requiere definiciones inmediatas como la cuestión de confianza. Es una preocupación legítima.

En el corto plazo, considero que sería muy bueno que el Tribunal Constitucional admita a trámite la demanda competencial presentada por el Presidente del Congreso. La decisión del TC debe darse en el mejor clima político posible, por lo cual es un error que el Procurador de la PCM denuncie ante la Fiscalía al Presidente del Congreso por haber presentado la demanda competencial; y es también un gran error que la Comisión Permanente pretenda hacer funcionar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Finalmente, considero que sería un grave error que el Jurado Nacional de Elecciones no defina pronto si es que los congresistas electos en 2016 pueden postular en 2020. Si atendemos al sentido de atar la disolución a la convocatoria de elecciones, deberíamos entender que se deja en manos del ciudadano la definición de quién tuvo razón en el conflicto entre ejecutivo y legislativo; desde este ángulo, debería permitirse que los congresistas disueltos puedan postular. Pero al mismo tiempo, en el referéndum de diciembre pasado, establecimos la no reelección de congresistas. El tema es ambiguo, y corresponde al JNE definirlo pronto.

Constitución y equilibrio de poderes



Artículo publicado en El Comercio, sábado 12 de octubre de 2019

No soy ni pretendo pasar por constitucionalista, pero como politólogo he estudiado los regímenes políticos, las relaciones entre ejecutivo y legislativo y los problemas de gobernabilidad en el contexto del presidencialismo, así que creo que algo podemos aportar a la discusión.

El Perú tiene un diseño constitucional particular: es un régimen presidencialista (el pueblo elije de manera directa al Presidente, quien a su vez es el jefe del gobierno, durante un periodo fijo) pero, dada la desconfianza (fundada) que tenemos por el caudillismo y el autoritarismo, hemos buscado limitar su poder: prohibiendo la reelección inmediata, estableciendo mayorías calificadas para aprobar algunos asuntos clave o estipulando que el Congreso pueda pasar por encima de la observación de una ley por parte del Presidente con solo más de la mitad del número legal de sus miembros. Y además, insertando elementos de sistemas parlamentarios, en los que el Congreso elige al Jefe de Gobierno. Así, hemos creado la necesidad de que el Consejo de Ministros obtenga la confianza del Congreso, las interpelaciones y censuras a los Ministros y al Consejo de Ministros. Esto hace que, visto en perspectiva comparada, y contra el sentido común de muchos, nuestro presidencialismo sea uno de los más débiles frente al poder de control del parlamento.

De la debilidad del ejecutivo frente al parlamento no nos hemos dado cuenta porque tenemos la idea errónea de que la Constitución de 1993 es fuertemente presidencialista y porque los Presidentes lograron construir mayorías en el Congreso en todos los gobiernos, desde entonces hasta 2016. Surge entonces un tema de amplia discusión en la ciencia política: la gobernabilidad de regímenes presidencialistas con Congresos con mayoría opositora beligerante. Perú sufrió esta situación en el primer gobierno de Belaunde (1963-1968), por lo que la Constitución de 1979, y aún más la de 1993, buscaron equilibrar la situación, dándole al ejecutivo la posibilidad de disolver el Congreso si este niega la confianza a dos Consejos de Ministros.

La disolución del Congreso abre la posibilidad para una salida institucional, propia de los regímenes parlamentarios, para solucionar el bloqueo que condujo en nuestro país a golpes de Estado en 1948 (Bustamante), 1968 (Belaunde) ó 1992 (Fujimori). Mi opinión es que nuestro camino constitucional no es tan malo: en todo caso, no me parece peor que las alternativas: hacer más presidencialista nuestro régimen (muy peligroso), o pasar a un régimen parlamentario (del que no tenemos ninguna experiencia, y puede resultar fatal con partidos tan débiles). Hasta hace poco, la disolución parecía un mecanismo poco práctico, hasta que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de noviembre del año pasado, hizo explícito que la cuestión de confianza debía entenderse de manera abierta, sin mayores restricciones, incluyendo la aprobación de normas y procedimientos legislativos.

Así, opino que la reciente disolución se ajusta a los cánones constitucionales, al haber sido desaprobada en los hechos una iniciativa del Presidente del Consejo de Ministros por la que hizo cuestión de confianza, y al haberse acompañado de la convocatoria a elecciones. Lo que sí me parece altamente cuestionable es haberla presentado súbitamente por un asunto (la selección de los magistrados del TC) que solo apareció en la agenda una vez que fracasó la propuesta de adelanto de elecciones. Y también pienso que, dado el carácter altamente controversial de la disolución, sería muy conveniente que merezca un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

lunes, 7 de octubre de 2019

¿Y ahora? (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 5 de octubre de 2019 

La semana pasada decía en este mismo espacio “como en el boxeo, el Presidente recibió un golpe muy difícil de encajar, que lo obligará a replantear su plan de pelea o cambiar de estrategia. La propuesta de cambio en las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional, lamentablemente, no me parece mucho más que un intento de reacción sin muchas posibilidades de éxito”. Una semana después, el Presidente aparece como el triunfador absoluto de la confrontación política iniciada en 2016, y el Congreso está disuelto.

No creo haberme equivocado al pensar que el escenario, vistas las cosas desde apenas la víspera de la disolución, pintaba muy mal para el Presidente. Su propuesta de adelanto de elecciones, presentada el 28 de julio, había sido archivada por la Comisión de Constitución, y el ejecutivo no había logrado presentar una cuestión de confianza sobre este asunto. Proponer una súbitamente sobre el procedimiento de eleccíón de los miembros del Tribunal Constitucional, asunto sobre el cual el gobierno no se había pronunciado hasta ese momento, parecía el intento de anotar una suerte de gol de honor ante una derrota consumada. Vistas las cosas estratégicamente, el fujimorismo exhibía un cómodo control del Congreso a través de una amplia coalición conservadora, por medio de la cual sumaba a los votos del APRA los recuperados de Cambio 21, y además los de Contigo, Acción Republicana, APP y parte de AP, acercándose así a los dos tercios de los votos, lo que hacía que el tema de la declaratoria de la vacancia presidencial fuera una amenaza creíble. Pensé que ante el pedido de confianza presentado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Congreso la aprobaría sin más, para no dar pretextos que llevaran a su disolución, más todavía considerando que en una entrevista el domingo 29 el Presidente había advertido explícitamente que esa era su intención.

¿Cómo explicar la conducta suicida del Congreso? Me parece que no cabe apelar a ninguna forma de cálculo, interés o explicación racional, porque el desenlace ha sido su derrota absoluta. De haberse hecho una pequeña concesión, el Congreso seguiría teniendo hoy la sartén por el mango. La soberbia es muy mala consejera, y el ensimismamiento en sus tesis y posturas, desoyendo otras maneras de ver las cosas, resultó fatal para éste, y le permitió al Presidente imponerse cuando parecía perdido. Es impresionante la manera en que Fuerza Popular dilapidó su enorme capital político en poco más de tres años.

Es de lamentar que se haya llegado a la situación extrema en la que estamos, en la que la legalidad y la constitucionalidad se convierten en una extensión de los conflictos políticos, al uso instrumental de las normas para justificar posiciones de parte. El problema no está tanto en la Constitución o en el Presidencialismo parlamentarizado, sino en la falta de una mínima actitud cooperativa y de un mínimo sentido de la prudencia en los actores políticos.

¿Qué sigue? Si bien la constitucionalidad de lo ocurrido es ampliamente debatible, no lo son sus consecuencias prácticas: el presidente Vizcarra ya juramentó a su nuevo Consejo de Ministros, tenemos elecciones convocadas para enero y el Tribunal Constitucional, si acepta la demanda competencial de la Comisión Permanente, tardará un tiempo en pronunciarse. Mientras tanto, el país no puede parar. ¿Cuál es la agenda que propondrá el poder ejecutivo, ahora que puede gobernar vía decretos de urgencia? Urge un espacio de diálogo y concertación que ocupe el espacio que ha dejado el Congreso: ¿el Acuerdo Nacional podría servir para ello?

¿Y ahora?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 28 de septiembre de 2019

Como en el boxeo, el Presidente recibió un golpe muy difícil de encajar, que lo obligará a replantear su plan de pelea o cambiar de estrategia. La propuesta de cambio en las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional, lamentablemente, no me parece mucho más que un intento de reacción sin muchas posibilidades de éxito.

El 28 de julio, el presidente Vizcarra lanzó una inesperada y audaz propuesta para enfrentar la suerte de relativo punto muerto al que se llegó después de la discusión sobre la reforma política. Parecía un planteamiento razonable: adelantar las elecciones, reconociendo el fracaso tanto del ejecutivo como del legislativo en construir una relación mínimamente cooperativa. Probablemente el ejecutivo evaluó que, dado que el Presidente ponía el recorte de su propio mandato por delante, el importante apoyo de la opinión pública, y la eventual movilización ciudadana, el Congreso podría haber respondido haciendo lo propio. No sería fácil, pero mediante una negociación política podría haberse logrado el adelanto y una agenda mínima de transición.

Pero del 28 de julio hasta ahora hemos visto otra cosa. Para empezar, el Congreso mostró una nueva faz: lo que parecía en algún momento un debilitamiento del fujimorismo, con la reducción de su bancada a 54 miembros, ahora resulta un fortalecimiento en clave conservadora. Fuerza Popular aparece como parte de una coalición por medio de la cual recuperó el control de la mesa directiva, y que que suma, para algunos temas clave, hasta dos tercios del Congreso. La ilusión de que la recomposición de fuerzas en la nueva legislatura permitiría un juego más abierto en realidad ha mostrado una convergencia conservadora, que articula a congresistas que llegaron al parlamento dentro de las listas de PPK, APP y hasta del Frente Amplio. El protagonismo de voceros con posturas conservadoras se ha acentuado, de modo tal que, si en la anterior legislatura escuchábamos a Daniel Salaverry en la conducción del Congreso junto a Leila Chihuán, y a Carlos Tubino como vocero del fujimorismo, hoy tenemos que escuchar a Pedro Olaechea junto a Karina Beteta, y a Milagros Salazar como vocera de Fuerza Popular. A quienes se suman voceros de otras bancadas que hoy resultan más relevantes en medio de la consagración de la fragmentación extrema que estamos viviendo en esta legislatura. Y de otro lado, la respuesta de la ciudadanía no fue tan fuerte como se hubiera esperado, acaso saturada y exánime ante una larga y compleja confrontación política que se intuye sin salida sencilla.

Esta nueva hegemonía conservadora es la que hizo imposible gestar un acuerdo, con lo que la propuesta de adelanto de elecciones terminó siendo archivada por la Comisión de Constitución sin llegar si quiera al pleno. El problema es que el ejecutivo nunca llegó a tener un “plan B” viable. No se logró un acuerdo en el Consejo de Ministros para atar la propuesta de adelanto de elecciones a la presentación de una moción de confianza. Finalmente, la respuesta ha sido proponer un cambio en las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional, que podría ser razonable, pero que muy difícilmente podrán impedir la votación que se llevará a cabo el lunes.

Muy probablemente, entonces, el ejecutivo sufra una segunda derrota este lunes, que se sumará a la del viernes. ¿Qué podrá hacer para recuperar la iniciativa y poder poner temas relevantes en la agenda política? La marea se ha puesto claramente en contra, pero podría volver a cambiar. El país necesita recuperar una agenda de reformas y de lucha contra la corrupción.

El Perú en contexto



Artículo publicado en El Comercio, sábado 21 de septiembre de 2019

Si vemos nuestro país en perspectiva comparada regional, ¿qué podríamos decir? A finales de julio, la CEPAL lanzó una proyección de crecimiento para América Latina de apenas 0.5%. Perú tiene un estimado de 3.2%, ciertamente bajo, pero en sudamérica solo estamos debajo de Bolivia (con 4%), y por supuesto miramos con alivio a Argentina (-1.8%) y Venezuela (-23%, una catástrofe). Si incluímos a América Central, solo nos superan Honduras (3.5%), Panamá (4.9%) y República Dominicana (5.5%), subregión en la que Nicaragua tiene crecimiento de -5%. Se ahonda la percepción de estancamiento, pero al menos queda el consuelo de que seguimos estando mucho mejor que otros.

Donde seguimos pésimo es en el ámbito político e institucional. Según el Latinobarómetro de 2018, Perú, con Guatemala y Nicaragua, aparece como uno de los países en donde la mayoría de votantes es incapaz de mencionar alguna preferencia electoral; uno de los países con menor confianza interpersonal (junto a Brasil, Costa Rica y Venezuela), con el menor nivel de confianza en el poder judicial (junto a Nicaragua y El Salvador), en los partidos políticos y en el gobierno (junto a Brasil y El Salvador), y con el más bajo nivel de confianza en el Congreso (más bajo aún que en El Salvador, Brasil o Nicaragua). Al mismo tiempo, tenemos el porcentaje más alto de percepción de que la corrupción es el problema más grave del país, junto a los colombianos y brasileños.

Vivimos una gran incertidumbre respecto a si tendremos elecciones generales en 2020 ó 2021, y respecto a los posibles candidatos; pero no nos estamos jugando tanto como en dos de los tres países que tendrán elecciones en octubre. En Bolivia Evo Morales intentará un cuarto mandato violando flagrantemente la Constitución; en Argentina, en medio de una caída del producto y de gran incertidumbre, el peronismo podría volver al poder. En Uruguay, podemos asistir al final del ciclo del Frente Amplio, con quince años en el poder.

Vistas las cosas en este marco, podría decirse que Perú parece confirmar lo que hemos visto en los últimos años: una notable, para nuestros estándares tradicionales, fortaleza económica (aunque con señales preocupantes de desaceleración), conviviendo extrañamente con una continua precariedad política. La gran pregunta de fondo sería si se va a mantener o no la inercia de los últimos años.

Esa inercia está marcada por una economía, que si bien se enturbia con la incertidumbre política, sale adelante a pesar de todo, gracias a la autonomía tecnocrática en áreas clave como el MEF y otras. A pesar de la incertidumbre electoral, las redes tecnocráticas se terminen imponiendo, estableciendo matices, pero sin rupturas importantes. Los políticos pueden ser vocingleros, pero muchas de las políticas públicas “que verdaderamente importan” se siguen gestando en cenáculos en los que la cooperación internacional, ONGs y redes de expertos definen las cosas. La política interviene en los márgenes, aunque tenga mucha exposición, que genera un ruido que alimenta la desafección política.

El problema es que en los últimos años la legitimidad de los tecnocrátas y su cohesión se ha debilitado significativamente. Las redes de expertise se confunden con grupos de interés y con lobbies. Además, parecemos ya ubicados en la llamada “trampa” de los países de ingresos medios. Y existe la posibilidad de que los políticos no estén más dispuestos a ceder las grandes decisiones a los “expertos”; tendremos un elenco “renovado” de candidatos, dada la “depuración” impuesta por los escándalos del caso lava jato.

Hacia una agenda de transición



Artículo publicado en El Comercio, sábado 14 de septiembre de 2019 

Seguimos en medio de una gran incertidumbre respecto a si el Congreso aprobará o no la propuesta del Presidente de adelanto de elecciones, y que haría éste en el caso de que Congreso no lo hiciera. En cualquier caso, conviene pensar un poco en cuál debería ser una agenda de consenso que permita minimizar los costos de la transición.

Uno de los asuntos de esa agenda debería ser retomar la discusión de la reforma política: no podemos ir a elecciones con las mismas reglas si queremos mejores resultados. Urge completar la reforma del financiamiento de la actividad política, iniciada con la tipificación del delito de financiamiento ilícito. Falta aprobar los otros componentes del proyecto presentado por el poder ejecutivo, donde se norma el financiamiento privado y público, se establecen medidas de transparencia y rendición de cuentas, se imponen sanciones administrativas y políticas frente al incumplimiento, entre otros. Segundo, falta la segunda votación que permita culminar la reforma constitucional que impida que sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos de elección popular, y aprobar la ley respectiva que precise sus alcances. Tercero, quedó pendiente terminar la reforma constitucional referida al ejercicio de la inmunidad parlamentaria. ¿No sería una gran iniciativa del Congreso retomar ese debate para lograr una fórmula de consenso que haga que el levantamiento de la inmunidad quede a cargo de una instancia ajena al Congreso? Acaso ese gesto permitiría destrabar otros.

Pensando en otros asuntos urgentes que no fueron parte de los seis proyectos referidos a la cuestión de confianza aprobada en junio, uno que me parece muy importante es el proyecto que plantea modificaciones a la ley orgánica de elecciones para facilitar el sufragio y mejorar la gestión del proceso electoral, en el que por ejemplo se establecen pagos a los miembros de mesa, se permite la difusión de encuestas hasta 24 horas antes de las elecciones, se permite asignar miembros de mesa en cualquier mesa dentro del mismo local de votación, se permite la votación en centros penitenciarios o establecimientos de salud, entre otros.

Otra cuestión que podría inesperadamente ganar consenso es retomar el debate sobre la vuelta a la bicameralidad, pero no aquella aprobada por el Congreso en octubre y rechazada en referéndum en diciembre, si no la propuesta consensuada entre legislativo y ejecutivo antes de que se introdujeran las distorsiones que llevaron a que el presidente Vizcarra llamara a votar en contra. Esto implicaría implementar una reforma política de fondo, que expresaría el logro de un consenso relevante entre los poderes del Estado.

En otros frentes institucionales, deberían terminar de aprobarse los proyectos pendientes referidos a la reforma de la justicia; y lograr un acuerdo político para que el Congreso que no impida las investigaciones que propone la Fiscalía contra fiscales y jueces con indicios de inconductas; y para fortalecer las capacidades y respetar la autonomía de jueces y fiscales en su esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

En el terreno económico y social, ya están sobre la mesa el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad presentados por el ejecutivo, la Agenda País propuesta por la CONFIEP, entre otras iniciativas. Urge también acuerdos puntuales en torno a una agenda social (educación, salud, desarrollo social), en la que además podrían involucrarse los gobiernos regionales y locales. Una lástima que esta agenda, siendo posible, se entrampe por la primacía de miradas cortoplacistas.

Sobre el obstruccionismo de Fuerza Popular



Artículo publicado en El Comercio, sábado 7 de septiembre de 2019

Está en estos días en discusión la naturaleza del “obstruccionismo” de Fuerza Popular frente a las iniciativas del poder ejecutivo. En la sesión de la Comisión de Constitución del 4 de septiembre, el congresista Miguel Angel Torres presentó información que abre un debate interesante. Al comparar solicitudes de interpelación presentadas y aprobadas en los periodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019, o el número de mociones de censura presentadas, el porcentaje de proyectos de ley presentados por el poder ejecutivo y archivados por el legislativo, los números no parecen mostrar diferencias muy significativas. También puede verse que en el periodo 2016-2019 las tres solicitudes de delegación de facultades presentadas por el ejecutivo fueron aprobadas, y que de 213 decretos legislativos elaborados por el ejecutivo, solo tres fueron observados en su totalidad por el Congreso. Torres citó también declaraciones recientes del Ministro de Economía, Carlos Oliva, en las que reconocía que “en el MEF hemos tenido una buena relación con el Congreso”.

A mi juicio, en lo que Torres tiene razón es en que la confrontación política actual no tiene mayor sustento programático. Recordemos que Kuczynski llamó a votar por Keiko Fujimori en 2011, y que ésta intentó integrar a Vizcarra a su candidatura presidencial de 2016 (según Martín Riepl en Vizcarra. Una historia de traición y lealtad. Planeta, 2019). En la misma línea, según un informe de ESAN y 50+1, la autopercepción ideológica de los parlamentarios electos de Fuerza Popular y de Peruanos por el Kambio muestra una gran cercanía (Informe Congreso Visible. Encuesta a congresistas electos, 2016-2021, 2016).

Pero la cosa cambia cuando entramos desde una aproximación cualitativa. Para empezar, no debe perderse de vista de que hablamos de un gobierno muy débil, y de un fujimorismo que contaba por sí solo con mayoría absoluta; aún ahora, sigue siendo un actor imprescindible para cualquier decisión. En periodos anteriores la conducta de la oposición no genera los terremotos que causa ahora. Segundo, si miramos áreas esenciales en el ámbito de la reforma institucional, el enfrentamiento ha sido una constante: por ejemplo, en la educación. Jaime Saavedra fue censurado por la mayoría como una expresión de pura fuerza, empujada por sectores que buscaban boicotear una reforma educativa que promueve la equidad de género y la fiscalización de la educación superior. Más adelante, cuestionamientos también desproporcionados contra la ministra Marilú Martens, llevaron al pedido de confianza del Presidente de Consejo de Ministros Fernando Zavala, y a la caída de todo el gabinete. Y los ataques a la reforma educativa continúan.

En otro frente crucial, encontramos que la lucha contra la corrupción y el ejercicio de la función fiscalización parece usarse desde el Congreso como herramienta política: ya sea para arrinconar al gobierno (el presidente Kuczynski fue víctima de ello, y ahora la mira parece puesta sobre el presidente Vizcarra), como para bloquear iniciativas incómodas para la mayoría, como las investigaciones contra los fiscales Chávarry y Gálvez. La lucha contra la corrupción y la reforma judicial es la causa más importante para el actual gobierno, y en este frente no ha primado la colaboración.

Llegar hasta el 2021 y evitar el adelanto de elecciones implicaría un acuerdo político que permita avanzar en la reforma educativa, en la lucha contra la corrupción, en la reforma de la justicia (y en la reforma política), además del frente económico. Si esto se asegurara, enhorabuena. Pero cabe ser escéptico al respecto.

Escenarios y amenazas



Artículo publicado en El Comercio, sábado 31 de agosto de 2019

En una negociación, es por supuesto importante apelar a la buena voluntad, al sentido de la responsabilidad y a la búsqueda del bien colectivo. Pero si una de las partes siente que está en una posición de fuerza, y el oponente de debilidad, es muy probable que busque imponerse. ¿Cómo llegar a una solución consensuada en la que se privilegie el beneficio común? Ayuda que ambas partes perciban que continuar en una lógica de enfrentamiento implica riesgos o costos excesivos para cada uno. Respecto a las relaciones entre ejecutivo y parlamento, ¿cómo estamos?

El poder ejecutivo ha puesto sobre la mesa la propuesta de adelanto de elecciones, mediante una reforma constitucional que acorta el mandato iniciado en 2016, y que luego debe ser sometida a referéndum. ¿Por qué el Congreso tendría que aprobarla y aceptar una derrota? El presidente llega a la mesa de negociación un poco debilitado, después de los sucesos de Tía María y el inicio de las investigaciones fiscales sobre el tema Chinchero.

Si el Congreso no acepta la propuesta, ¿cómo puede responder el ejecutivo? El presidente ya adelantó que podría recurrir a una nueva moción de confianza para forzar su aprobación. Anticipándose a este escenario, el presidente del Congreso ya inició consultas que buscan poner en cuestión la constitucionalidad de una moción de confianza para una reforma constitucional. Es un tema polémico, que probablemente termine con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que necesita cinco votos de siete para declarar inconstitucional una propuesta de ley. Así, la propuesta del presidente es riesgosa, con costos potenciales muy altos; el escenario de un gobierno debilitado y acosado hasta el final. Y en el último año de gobierno no es posible disolver el Congreso, con lo que el arma de la cuestión de confianza deja de funcionar. Así, el presidente no parece tener más alternativa que usar esa arma mientras pueda. Pero aún si gana, y logra disolver el Congreso, recordemos que tendríamos nuevas elecciones para elegir un Congreso que solo llegaría a julio 2021, fecha en la cual tendríamos elecciones generales. En un escenario sin reelección parlamentaria, ¿quiénes se presentarían a esas elecciones? El escenario sería altamente incierto y caótico.

¿Y si se presentara una cuestión de confianza sobre algún asunto que no implique una reforma constitucional? Puede ser, el problema es que el presidente aparecería como buscando cualquier pretexto antojadizo para disolver el Congreso, lo que perjudicaría su imagen y deslegitimaría sus intenciones; además, un Congreso consciente de que lo que se busca es disolverlo, muy difícilmente negaría una confianza. Un presidente deslegitimado a este extremo haría creíble un escenario de vacancia por incapacidad moral, que hasta ahora no existe.

Vistas las cosas desde el Congreso, rechazar el adelanto de elecciones implica también jugar su destino en el Tribunal Constitucional, asumiendo que el presidente presentará una cuestión de confianza sobre su propuesta. Parecería que seguirá ese camino, el de no dejarse doblegar sin pelear. El cálculo sería que mejor el caer peleando que simplemente rendirse; con la posibilidad eventual de imponerse. Pero el costo de este itinerario sería muy alto para el país y muy alto para el Congreso mismo, que consolidaría su imagen de obstruccionista.

Habría una salida razonable para el entrampamiento: adelantar las elecciones, pero evitando el referéndum. Sería una salida consensual, permitiría un proceso electoral más ordenado, y una agenda de transición construida colectivamente.

¿Punto de inflexión? (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 24 de agosto de 2019

La semana pasada comentaba que parte de la explicación del empantanamiento político en el que nos encontramos se entiende por el debilitamiento relativo del presidente Vizcarra, quien corre el riesgo de desarticular la coalición de intereses que lo ha sostenido hasta el momento. Las banderas de la lucha contra la corrupción y la necesidad de una reforma institucional le permitieron encauzar la indignación de la opinión pública, arrinconar a un Congreso desprestigiado y amalgamar un amplio frente, en el que convergía tanto el antifujimorismo como sectores liberales institucionalistas. El manejo del proyecto Tía María está haciéndolo perder puntos ante sectores liberales. Pero además el frente de la lucha contra la corrupción no se percibe tan sólido como antes.

Hasta no hace mucho, el caso de los “cuellos blancos del puerto” y el papel del Fiscal Chávarry permitió muy nítidamente presentar al ejecutivo liderando la lucha contra la corrupción, dentro de la cual el equipo especial de la Fiscalía anticorrupción resultaba siendo el protagonista central. Nuevamente, un muy amplio espectro resultaba siendo parte de este frente, aislando a la mayoría parlamentaria, que incluso parecía actuar en contra de los propios intereses de Keiko Fujimori, en prisión preventiva acusada de obstruir el funcionamiento de la justicia. Luego, avances en la acción de la Fiscalía que permitieron las detenciones de Susana Villarán y Alejandro Toledo legitimaron aún más su accionar, y disiparon los temores de una acción sesgada políticamente.

Pero en las últimas semanas las cosas se han puesto más complicadas. La revelación de la existencia de pago de sobornos por parte de Odebrecht en proyectos no contemplados en el acuerdo de colaboración eficaz puso en debate las estrategias de la Fiscalía; más adelante, la posibilidad de que Odebrecht pueda recibir un reembolso por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla abrió la puerta a más cuestionamientos, que incluyeron el enfrentamiento entre miembros de la Procuraduría anticorrupción e incluso al propio presidente Vizcarra. Finalmente, otro episodio relevante es la controversia en torno al pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía en contra del expresidente Kuczynski.

Quizá estas fisuras ayuden a entender por qué, pese a que el parlamento dilata la discusión de la propuesta del presidente de adelanto de elecciones, la presión pública sobre el Congreso no es tan fuerte como uno se hubiera imaginado el 28 de julio pasado. La mayoría congresal tiene espacio para legitimar un discurso según el cual la Fiscalía comete excesos, con lo cual habría que ser más cuidadosos con la evaluación de su actuación. Esto ha permitido que incluso el fiscal supremo Tomás Gálvez haya ido tan lejos como pedir la remoción de los Fiscales Vela y Pérez del equipo especial.

Entonces, tenemos simultáneamente sobre la mesa la propuesta de adelanto de elecciones, la reforma judicial y política, políticas de crecimiento económico, promoción de la inversión privada, manejo de conflictos sociales, y la lucha contra la corrupción. Obviamente, nada sencillo. Lo más conveniente para el país sería un acuerdo político que permita reducir la incertidumbre permitiendo el adelanto de elecciones evitando un referéndum, y un programa de transición que destrabe la reforma de la justicia, la reforma política, que asegure la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, que fortalezca la lucha contra la corrupción, y que facilite la implementación de iniciativas económicas que permitan lograr mejores niveles de crecimiento. ¿Será posible?

¿Punto de inflexión?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 17 de agosto de 2019

Mirando la gestión del presidente Vizcarra, podría decirse que ha tenido dos grandes etapas: entre marzo y julio del año pasado, el presidente era percibido como débil, relativamente controlado por la mayoría congresal, sin un norte político claro. Parecía sometido a las fuerzas que llevaron a la renuncia del presidente Kuczynski, pero sin ser propiamente un aliado de estas; es decir, sin el apoyo ni del fujimorismo ni del antifujimorismo, y sin una orientación propia, se veía como un globo desinflándose aceleradamente. Pero desde julio del año pasado, la lucha contra la corrupción y la necesidad de una reforma institucional le gobierno sintonizar con la indignación de la opinión pública, arrinconar a un Congreso desprestigiado, y amalgamar un amplio frente en el que convergía tanto el antifujimorismo como sectores liberales institucionalistas, por así decirlo.

Entre agosto y diciembre esta estrategia pareció funcionar muy bien, pero empezó a mostrar signos de erosión desde enero de este año. Llegando a julio, el presidente Vizcarra pareció reconocer el agotamiento de este juego, e hizo una oferta implícita de tablas, como dirían los ajedrecistas. Nos vamos todos, recorte de mandato tanto congresal como presidencial. En las últimas semanas, sin embargo, lo que parecía la salida menos costosa y decorosa para todos los actores políticos, que fracasaron en construir una relación mínimamente viable, se ha debilitado sustancialmente. El factor Tía María ha sido la clave.

Buena parte del agotamiento de la estrategia iniciada en julio del año pasado tiene que ver con la creciente insatisfacción que genera el enfriamiento de la economía; en este marco, para sectores de derecha la promoción y puesta en funcionamiento de los grandes proyectos de inversión privada resulta siendo un objetivo estratégico. Independientemente de qué pensemos de ese proyecto específico, es claro que el asunto fue muy mal manejado: llegó la fecha en la que había que otorgar la licencia de funcionamiento, pero la dimensión política y social del proyecto no había sido atendida. La complicada salida fue el otorgamiento de la licencia pero logrando el acuerdo con la empresa de no iniciar operaciones hasta no conseguir un clima social y político adecuado. Hasta allí, sectores de derecha que hasta entonces habían acompañado al presidente esperaban un gran esfuerzo de convencimiento, persuasión e inversión de capital político para sacar adelante el proyecto; lo que encontraron fue, por el contrario, a un presidente sin convicción en torno a un asunto estratégico.

Esto puede marcar un punto de inflexión significativo. El Presidente corre el riesgo de desarmar la coalición de intereses que lo había sostenido hasta el momento: perder el respaldo de la derecha liberal, pero sin ganar un aliado confiable o con respaldo suficiente por el flanco izquierdo. El debilitamiento de la coalición que lideraba el Presidente le da oxígeno a la oposición en un momento clave, el de la discusión de la propuesta de adelanto de elecciones. En este contexto, se hace menos verosímil un allanamiento del Congreso. ¿Cuál será el siguiente paso del presidente? Todo parece apuntar a un escalamiento en la conflagración, que finalmente parece conducir a callejones sin salida. Se aleja el escenario de una transición ordenada, y el costo a pagar para el país empieza a sonar excesivamente alto. Acaso haya llegado el momento de pensar en una nueva agenda y una nueva estrategia, que permita un mínimo de certidumbre política y económica. Se requieren gestos e iniciativas de todos los lados.

El ánimo del Bicentenario



Artículo publicado en El Comercio, sábado 10 de agosto de 2019

Si bien el Bicentenario es una fecha muy significativa y de gran contenido simbólico, su carácter queda irremediablemente marcado por el ánimo de la coyuntura. Nuestro centenario y sesquicentenario tuvieron un claro espíritu celebratorio y una retórica oficial ambiciosa, de carácter fundacional, con Leguía y la dictadura militar. Entre los países vecinos, Argentina en 2010 tuvo una gran celebración con Cristina Fernández, pero no México, acosado por serios problemas de violencia bajo la presidencia de Felipe Calderón. Nuestro país se acerca al 2021 en medio de una gran incertidumbre política y una sensación de crisis.

En la encuesta de julio del Instituto de Estudios Peruanos, apenas un 34% tiene claro que cuando hablamos del Bicentenario nos referimos al 2021; un 56% no sabe cuándo se celebra, y un 10% da respuestas equivocadas. El reconocimiento del 2021 como fecha es mayor, como era esperable, en los sectores A y B (59%) frente a los sectores D y E (23%); pero también es mayor en la sierra (41%) y mucho menor en la selva (17%). Cuando se pregunta qué debería hacer el gobierno al cumplirse los 200 años de nuestra independencia, un 46% piensa muy pragmáticamente que debería “dedicarse a resolver los problemas económicos y sociales más urgentes del país”. Un 42% piensa que “debería fomentar el desarrollo de la educación y el civismo de los peruanos” (especialmente entre los niveles A y B). Apenas un 8% piensa que “debería construir monumentos, parques o plazas para recordar esta fecha tan importante”. No hay gran ánimo festivo, pero sí se reconoce una oportunidad para realizar un examen colectivo: un 64% considera que “más que celebrar, debemos reflexionar sobre nuestros problemas y posibilidades como país”; solo un 20% entusiasta opta por “celebrar y manifestar nuestro orgullo de ser peruanos”. Finalmente, un 12% es muy pesimista: 8% de los entrevistados piensa que “no hay nada que celebrar porque nuestros problemas no tienen solución”, y un 4% que “no habría nada que celebrar porque no me interesa”.

¿Por qué nos ha ido mal como país? Un 68% de las respuestas atribuye nuestro subdesarrollo a la corrupción de nuestros gobernantes, en la vena antipolítica actual; un tercio, con un sentido más crítico con el “sistema”, “al egoísmo de las élites económicas y sociales” y a “la explotación de potencias extranjeras” (22 y 16% respectivamente); y otro tercio, atribuye los problemas a los propios peruanos, resaltando el “conformismo de los peruanos” y nuestro “escaso civismo” (22 y 11%, respectivamente).

En otro orden de cosas, un 55% tiene una visión optimista de nuestro país, en la que nuestra “diversidad es parte de nuestra riqueza”, y en la que “todos somos iguales y prima la igualdad” (41 y 14%, respectivamente); pero un 40% identifica nuestra heterogeneidad como un obstáculo: la diversidad “dificulta nuestra integración”, o aparecemos con “diferencias irreconciliables” (20% en cada caso).

¿Cómo entendemos nuestra identidad? En la pasada inauguración de los juegos panamericanos, vimos una puesta en escena de la peruanidad compuesta por la fusión entre lo indígena, español, europeo, africano y asiático. Un 33% de los encuestados se identifica con esa narrativa, una suerte de “mestizaje abierto”, especialmente en Lima; pero un porcentaje cercano al 20% considera que nuestra identidad tiene su base principalmente en “la cultura indígena prehispánica”; porcentajes cercanos centran esa base en “el idioma español y la religión católica” (23%) o “en el mestizaje entre lo indígena y lo español” (18%). Ciertamente somos un país muy diverso.