miércoles, 26 de julio de 2017

"Nuestros maestros"


La revista Impresión me pidió un artículo para su último número, dedicado al centenario de la PUCP. En ella aparece una sección que quiere rendir homenaje a varios de los grandes maestros que ha tenido la universidad en las últimas décadas: así, Charles Walker escribe sobre Jeffrey Klaiber, Santiago Pedraglio sobre Gustavo Gutiérrez, Alex Huerta sobre Manuel Marzal, Eduardo Villanueva sobre José León, y este servidor sobre Guillermo Rochabrún.

Año uno

Artículo publicado en La República, domingo 23 de julio de 2017

Sabíamos, basados en la experiencia de los gobiernos anteriores, que el del presidente Kuczynski iba a desgastarse de manera importante a lo largo de su primer año. Con datos de junio, tenemos que la gestión del presidente Kuczynski es aprobada por el 39% de los encuestados, muy por debajo de Humala (48%) ligeramente por debajo de García (42%), pero por encima de Toledo (21%) a la misma altura de sus mandatos. Quizá dentro de lo esperable, considerando que la economía se ha desacelerado claramente desde 2014 y que difícilmente se pueden hacer las cosas peor que Toledo. Además se tuvo que lidiar con eventos inesperados como la ola lava jato y el niño costero. Varias cosas sin embargo resultaron sorprendentes: un manejo macroeconómico muy cuestionado por la comunidad de expertos (supuesta área fuerte del gobierno); segundo, el cuestionamiento a un manejo “tecnocrático” del gobierno, hasta ese momento percibido como supuesta garantía de estabilidad. Ahora se invoca desde sectores diversos un manejo “más político”, se denuncia la ocurrencia de conflictos de interés, la defensa de intereses particularistas, cuando no de abierta ineficacia como consecuencia de la pasada hegemonía tecnocrática. Otra novedad es la ruptura relativa del consenso ortodoxo entre las élites políticas, consecuencia de un fujimorismo reculado hacia posiciones populistas y un estilo confrontacional de hacer oposición.

Sabíamos también que la gestión del Congreso iba a ser muy complicada. En medio de las dificultades, la experiencia de Luz Salgado logró sacarla adelante institucionalmente. En cuanto a las fuerzas políticas allí representadas, llama la atención la velocidad de la ruptura del Frente Amplio, y cómo su discurso crítico frente al modelo económico es disputado ahora por sectores antes más ortodoxos, como el fujimorismo o Acción Popular. Hablando de los grupos menores, la necesidad de Fuerza Popular de no aparecer como unilateralmente impositivo abrió el espacio para el protagonismo en algunas coyunturas del APRA o del AP.

Y Fuerza Popular no logró manejar bien su difícil papel doble: opositor pero leal con la democracia. En ocasiones su conducta excesivamente confrontacional, sumado al número de sus votos y la debilidad del gobierno, alentaron lecturas en las que el fantasma de la vacancia del mandato se convirtió en un escenario realista para el poder ejecutivo. La lógica de la confrontación tuvo costos altos para el fujimorismo entre las elites económicas, medianos ante la opinión pública, pero la nueva estrategia de Keiko Fujimori parecía seguir un rumbo invariable. Logró evitar la división y dispersión de la bancada, e impuso un manejo centralizado relativamente eficiente (mérito nada menor; basta comparar con el funcionamento de las demás bancadas). Pero al final Keiko se vio obligada a reconsiderar la estrategia por un adversario inesperado: su hermano congresista Kenji, usando el indulto de su padre como estrategia de negociación con el poder ejecutivo y canal de expresión del descontento de las víctimas del manejo centralizado. Todavía estamos viendo las consecuencias y evaluando los alcances del terremoto al interior de FP.

Hacia adelante, se abre la posibilidad (solo la posibilidad) de un año menos accidentado, en el que las dinámicas internas concentren la preocupación de los actores, más todavía pensando en las elecciones regionales y municipales del próximo año. Para esto el ejecutivo debe recuperar la iniciativa, poniendo por delante una nueva agenda reformista, y buscar acuerdos específicos con la oposición en torno a la misma.

Lula y Humala

Artículo publicado en La República, domingo 16 de julio de 2017

El expresidente Lula fue sentenciado el pasado miércoles en primera instancia a más de nueve años de prisión, por haber recibido sobornos de la empresa constructora OAS. En nuestro país el ex presidente Humala y su esposa sufren prisión preventiva en medio de una investigación por lavado de activos, en la que habrían recibido dinero de la empresa constructora brasileña ODEBRECHT para financiar la campaña electoral de 2011.

No soy penalista, pero después de haber leído y escuchado todo lo que he podido, llego a la conclusión de que no es para nada evidente que estas decisiones vayan a ser confirmadas en segunda instancia. A Lula se le acusa de ser propietario de un inmueble que habría sido otorgado como soborno, pero no parece haber prueba concluyente de que el departamento en cuestión sea efectivamente suyo, más allá de que Lula haya expresado interés en la propiedad del mismo en algún momento. Y respecto al arresto preventivo, creo que si bien no puede decirse que el fallo sea arbitrario, sí resulta excesivamente duro, y sobre todo, arriesgado: a nadie debería sorprenderle que en unas semanas el ex presidente Humala y su esposa salgan en libertad después de la apelación que presentarán en los próximos días. Y tampoco que durante el juicio, cuando llegue, resulte muy complicado probar concluyentemente la comisión de un delito de lavado de activos.

Una conclusión parcial es que es todavía prematuro declarar “extintos” políticamente a los expresidentes Lula y Humala: si logran construir una narrativa en la que fueron acosados judicialmente de manera arbitraria e injusta podrían relanzar sus carreras políticas. Lamentablemente, el debate y la deliberación política está siendo crecientemente sustituído por lógicas judiciales, por sus procedimientos, formalidades, y pareciera que la única sanción de una inconducta política fuera la cárcel. Y si no fuera posible establecer una sanción penal, parecería que el acusado quedara libre de polvo y paja, y plenamente rehabitado. Hay también sanciones sociales y políticas, que no deberíamos pasar por alto, y para ello hay amplia evidencia.

En el caso del expresidente Lula, más allá de si termine o no en la cárcel, a mí me parece evidente de que es culpable políticamente de haber organizado y encabezado un sistema político basado en la construcción de coaliciones políticas armadas con compra de votos, patronazgo, aceitado con recursos obtenidos por empresas públicas coludidas con empresas privadas en gigantescos esquemas de corrupción. Y todo justificado en nombre de la construcción de un gobierno popular que impida la vuelta de la derecha al poder. La pérdida de brújula absoluta. En el caso de Ollanta Humala, en las últimas semanas hemos obtenido evidencia bastante seria que lo vincula a los crímenes de Madre Mía, a intentos de silenciar a testigos, directa o indirectamente. Sabemos que su partido desarrolló un complejo sistema de encubrimiento de receptación de dinero por parte de ODEBRECHT, más allá de si esté adecuadamente tipificado y sancionado. Todo esto configura una conducta inescrupulosa que ha quedado en evidencia y de la que el expresidente es políticamente responsable, todo en nombre de una “gran transformación” que nunca llegó a ocurrir.

Independientemente de lo que ocurra en el plano judicial, no debemos perder de vista estos hechos. Y sacar las lecciones correspondientes. Nunca más urgente una reforma política que haga transparentes las finanzas partidarias, el patrimonio y los intereses de las altas autoridades, y establezca sanciones drásticas ante el incumplimiento de las normas.

Sobre el fujimorismo


Artículo publicado en La República, domingo 9 de julio de 2017 

En las últimas tres semanas hemos aprendido más sobre el fujimorismo que en los últimos tres años, solo que no logramos descifrar bien la evidencia, ya sea porque vemos en el fujimorismo la pura encarnación del mal, o la esperanza de solución a todos los problemas, mediante la formalización de una megacoalición de derechas. En medio de todo esto está la discusión sobre las consecuencias que tendría un eventual indulto al expresidente Fujimori. El problema es que malas decisiones ahondarán la crispación y la conflictividad política y complicarían mucho la gestión gubernamental, precisamente cuando se vislumbra un camino que podría, al menos por un tiempo, reducir los choques entre el poder ejecutivo y el Congreso.

Veamos. Entre 2011 y 2016, con la construcción de Fuerza Popular, Keiko Fujimori erigió un partido bajo su mando, en el que el papel de Alberto Fujimori quedó claramente subordinado, a diferencia de la campaña de 2010-2011; bajo su liderazgo, el indulto a su padre quedó claramente relegado como bandera política. Reclutó a una amplia camada de fujimoristas de “nueva generación”, basada en una gran diversidad de intereses regionales, y articuló un núcleo dirigente de su confianza. El trabajo de base rindió abundantes frutos, que se expresaron en el logro de la mayoría parlamentaria. Keiko intentó también una estrategia de moderación que le funcionó hasta cierto punto, pero en algún momento habría llegado a la conclusión de que no valía la pena seguir por ese camino, y reculó a posturas tradicionales, duras y conservadoras, que en última instancia le hicieron perder la segunda vuelta electoral. Esas mismas posiciones tiñeron la relación con el gobierno del presidente Kuczynski.

El manejo de la bancada mayoritaria ha sido ciertamente complicado. Según 50+1, hacia finales de 2016 encontramos que la mayoría de proyectos de ley de Fuerza Popular consistían en diversos pedidos de “declaratorias de interés”. Desde entonces Keiko impuso un manejo más centralizado y estratégico de las iniciativas legislativas, en las que el núcleo central, el del mototaxi, tuvo el protagonismo. Así se fue generando una tensión con un grupo importante de congresistas provincianos, de muy variados intereses. En este marco Kenji Fujimori actuó con gran astucia: cosechó el descontento de los congresistas provincianos, levantó el pedido del indulto para su padre como parte de una estrategia de negociación en la que se ofrecía la moderación de un sector del fujimorismo, afirmaba su presencia y liderazgo cuestionando el manejo vertical y conservador de Keiko, levantaba su imagen apelando a la estrategia más liberal y moderada que Keiko abandonó.

Sin embargo, Keiko reaccionó. Consciente de la imagen de intransigencia y obstruccionismo, pidió un diálogo directo con el Presidente de la República. Reunió a la bancada y sometió a Kenji a un proceso disciplinario. Logró que los congresistas fujimoristas provincianos firmen una declaración en la que reafirman su identificación con la bancada. Así, el tema del indulto se ha desinflado por ahora, porque se ha hecho evidente de que éste no solo es incorrecto, si no también inconveniente tanto para el gobierno como para FP. Kenji no cuenta, por ahora, como un interlocutor creíble dentro de una estrategia de negociación con el ejecutivo. Lo que nos lleva a la reunión del martes entre el Presidente y la líder de FP. Seguramente nada muy concreto saldrá de esa reunión, pero ojalá fuera el inicio de una nueva forma de hacer oposición por parte de FP, y de un gobierno más claro en sus prioridades.

En nombre del gobierno


Artículo publicado en La República, domingo 2 de julio de 2017 

Recomiendo enfáticamente la lectura de un libro fundamental, En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina, del antropólogo Ponciano del Pino (Lima, La Siniestra Ensayos – Universidad Nacional de Juliaca, 2017). El libro es resultado de meses de permanencia del autor a lo largo de varios años en Uchuraccay y en otras comunidades en las alturas de Huanta, del diálogo con los comuneros en Uchuraccay y en sus diferentes destinos en Ayacucho y en Lima, un amplio trabajo de archivo, en fin, fruto de una reflexión que ha madurado a lo largo de los años.

El libro empieza volviendo al “caso Uchuraccay”, el asesinato de ocho periodistas, su guía y un comunero, del 26 de enero de 1983. Desde allí Del Pino devela los límites que teníamos (y tenemos) para comprender los trágicos sucesos de ese día, pero también para entender el mundo andino y popular en general, me atrevería a decir. La Comisión Vargas Llosa maneja una imagen en la que los campesinos aparecen como “arcaicos”, víctimas del abandono del Estado; asesinan a los periodistas como consecuencia de un error, en medio de un clima de tensión y violencia. La izquierda maneja una imagen según la cual los comuneros son víctimas de la política represiva del Estado, siendo manipulados para encubrir otras responsabilidades. Años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación esbozó una imagen en la cual los campesinos resultaron atrapados “entre dos fuegos”, el de la violencia senderista y el de la represión de las fuerzas del orden.

Del Pino construye un argumento que desnuda los límites de esas interpretaciones y rescata lo que podríamos llamar la “agencia” de los comuneros uchuraccaínos: no son solo víctimas o entes pasivos, sino actores que, en medio de contextos muy adversos, son capaces de desarrollar estrategias, implementar acciones, tomar iniciativas. Esto suena muy bien y muy correcto, pero no crea el lector que encontrará una nueva visión idealizada de los comuneros andinos: en realidad, la visión de Del Pino no es nada reconfortante. Esa “agencia” implica también la decisión de encubrir una larga y violenta historia de conflictos inter e intracomunales, y en los sucesos de enero de 1983, el hecho de que sectores de la comunidad habían tenido vínculos con Sendero Luminoso. Del Pino muestra una cara perturbadora de la historia del conflicto armado interno, la de una población que en medio de la violencia de Sendero y de la represión del Estado ventila sus conflictos internos y se vale de esa dinámica para obtener ventajas.

Entender ese mundo comunitario fragmentado y conflictivo, pero también muy activo y dinámico, implica remitirse a las décadas de los años sesenta y setenta, para tomar conciencia de los dramáticos cambios que sufrió el mundo rural con la reforma agraria, y aún más atrás, a la década de los años veinte, para entender el proceso de formación y crisis del régimen de hacienda. Nuevamente, en ese recuento histórico el autor nos ofrece una interpretación distante tanto de la imagen de unas comunidades integradas dentro de una nación mestiza, como de la tradición radical de izquierda, en la cual primarían relaciones de pura confrontación con el Estado. Para Del Pino las comunidades históricamente buscaron actuar en nombre del gobierno, es decir, exigiendo al Estado el cumplimiento de sus promesas de inclusión incumplidas, mediante complejas formas de negociación. Esta lógica no es la de Flor de retama, sino la del Picaflorcito que vuela desde Chungui hasta Palacio de Gobierno para hacer presente a las autoridades su demanda por justicia.

El indulto a Fujimori


Artículo publicado en La República, domingo 25 de junio de 2017

El día miércoles pasado, el ministro de economía no logró la confianza del Congreso, y se vio obligado a renunciar; y el ministro del interior inició la respuesta al pliego interpelatorio presentado por éste. Hasta ese momento, parecía que la crisis política había sido superada. Cayó Thorne, pero sobreviviría Basombrío. Un nuevo ministro de economía, y con el 28 de julio cerca, hacía pensar en la posibilidad de una renovación integral más ordenada del gabinete, y el replanteamiento de la lógica del gobierno y de sus estrategias políticas. También el fujimorismo parecía obligado a repensar su actuación: en la caída de Thorne dieron razones para reforzar el argumento de que actúan de manera prepotente, y además mostraron importantes fisuras internas. Tiempo de replegarse.

Sin embargo, al día siguiente, se hacieron públicas unas declaraciones del presidente del 13 de junio pasado a la revista The Economist, en la que señala que estaría estudiando la posibilidad de un indulto al expresidente Fujimori, en el marco una negociación con la oposición, y que el momento para hacerlo “sería ahora”. La reacción del fujimorismo no se hizo esperar, alentando al presidente a tomar esa decisión; mientras que se desataron una serie de especulaciones sobre qué estaría buscando el gobierno. Para algunos, sería solamente una declaración desafortunada más del presidente, como varias anteriores. Para otros el indulto va en serio, y sería parte de una elaborada estrategia que buscaría debilitar al fujimorismo, fraccionándolo, ubicando a Kenji F. como interlocutor, pasando por encima de Keiko F. (ver artículo de Américo Zambrano en Hildebrandt en sus trece). Para otros el indulto también sería inminente, pero expresaría más bien una capitulación del gobierno ante el fujimorismo, una negociación en la que se les otorga un bien preciado a cambio de una actitud colaborativa o cuando menos no obstruccionista.

Al momento de escribir estas líneas, parece que estamos ante una declaración desafortunada más. El propio Presidente y el Presidente del Consejo de Ministros tuvieron que salir a declarar para desinflar las expectativas respecto a un posible indulto inminente; un error más, que enturbia la relación con el fujimorismo. Ahora, el que haya quienes piensen que el indulto dividiría y fraccionaría al fujimorismo y favorecería al gobierno, y que haya otros que piensan que el indulto sería un triunfo del fujimorismo y una “rendición” del gobierno muestra lo poca claridad que existe respecto a qué ocurre con la principal fuerza de oposición.

Algunas cosas a mí me parecen claras: Fuerza Popular es básicamente controlada por Keiko Fujimori, con intereses claramente distinguibles de los de su padre (eso era claro desde la campaña electoral de 2016, por cierto); ese control es complicado, porque FP es también una colección muy grande y disímil de intereses; Kenji F., antes que expresar un “albertismo” encubierto, expresa más bien el descontento ante el manejo centralizado de Keiko; y el tema del indulto a Alberto F. es cada vez menos un tema político, y más un asunto humanitario: es decir, el que sea indultado o no, no cambiaría en esencia la relación entre el gobierno y FP. La relación con el fujimorismo hoy es complicada no porque Alberto F. esté preso (al punto que FP no es el que pide el indulto, es el gobierno el que pone el tema en la agenda), y su liberación no solucionaría el problema. Al contrario, tendría más puntos de controversia con las diferentes posturas dentro del fujimorismo, y despertaría la movilización del antifujimorismo. Perdería soga y cabra.

Thorne y después


Artículo publicado en La República, domingo 18 de junio de 2017 

¿Han escuchado completo el audio de la conversación entre el ministro Thorne, el Contralor Alarcón y sus respectivos asesores? Es una conversación de más de treinta minutos, que transcurre en todo momento con cordialidad y naturalidad. Hacia el minuto 25, el ministro dice “… solo falta la firma del presidente [para atender un pedido de fondos hecho por la Contraloría], pero el presidente me ha pedido, habla tú con el contralor y explícale un poco en qué estamos, que el contralor nos ayude en los casos que estamos involucrados, que nos ayude a dar un empujón, él quiere que haya un ejemplo, no quiere un proyecto específico, quiere que se muestre de que hay un compromiso de este gobierno por promover la inversión”. El contralor responde “no hay ningún problema (…). Lo que sí más bien es que yo no sé hasta el momento los resultados de la auditoría [del caso Chinchero], cómo concluye el equipo” (…) Porque no quisiera que el resultado de la auditoría esté sujeto a la firma del presidente”. A lo que Thorne responde, “no, lo discutiremos en su momento con Martín [Vizcarra]. Martín creo que en eso ha sido muy estricto y él ha dicho que va hacer lo que contraloría le pida que haga [todos los énfasis míos] (…), lo que sería bueno que usted explique en esa reunión por dónde va un poco la cosa, y él tendrá que hacer las correcciones que tiene que hacer. No creo que haya nada, ninguna sorpresa por ese lado. Como le digo lo importante es que trabajemos juntos”. Alarcón cierra esta parte diciendo “yo estoy muy gustoso, y además es mi trabajo, esta gestión la hemos enfocado, orientado, y gracias por el apoyo, no queremos ser solo los policías, sino que también queremos ayudar a que la gestión sea efectiva, eficiente, eso en todos los sectores”.

En otras palabras, el audio no muestra una extorsión al contralor, o un intento de condicionar desembolsos a cambio de un informe favorable de la contraloría respecto al caso Chinchero. Es más, buena parte de la conversación gira en torno a encontrar un buen esquema de financimiento para la Contraloría, para lo cual se cuenta con el apoyo del Banco Mundial, para encontrar las mejores prácticas internacionales al respecto. Por supuesto, a lo largo de los treinta minutos hay pasajes con frases desafortunadas, pero no se debe olvidar que se trata de una conversación privada grabada y difundida indebidamente.

El audio no justifica una censura al ministro. En realidad, la oposición aprovecha el audio para mantener la narrativa de un gobierno al servicio de lobbies encubiertos, de allí la convergencia de las bancadas fujimorista, aprista, frenteamplista y de Acción Popular. Se trata de un ministro débil, tanto por errores políticos previos como por cuestionamientos al propio manejo económico, incluso desde sectores ortodoxos. La suerte del ministro por eso está echada (y ojo que el tema Chinchero está lejos de estar resuelto). El gobierno no tiene salida en el corto plazo: la renuncia de Thorne equivale a una capitulación, ir a la censura implica alargar la agonía, y no tiene la fuerza para plantear la confianza por Thorne y poner en juego a todo el Consejo de Ministros.

¿Qué hacer? En el cortísimo plazo, me parece que se debe pensar en la mejor estrategia para proteger al ministro del interior, quien tampoco merece una censura. Y de cara al 28 de julio, se impone una reestructuración muy de fondo del gabinete y de la lógica del gobierno: se debe pensar en cómo relanzar un perfil reformista, y desde esas reformas relacionarse con la oposición. Es la única manera de conseguir oxígeno para los cuatro años que siguen.

¿Los tiempos están cambiando?


Artículo publicado en La República, domingo 11 de junio de 2017 

Desde 2001 manejábamos un esquema que gruesamente podría enunciarse así: caído el fujimorismo, cambiamos en cuanto a institucionalización política democrática, pero no en cuanto a la continuidad del modelo económico, a diferencia de países vecinos que hicieron un “giro a la izquierda”. En medio de la debilidad de los partidos, la debilidad de las fuerzas de izquierda, la fortaleza de los “poderes fácticos”, el consenso relativo entre las élites y expertos más influyentes, grandes áreas de decisión quedaron en manos de independientes o tecnócratas. Esta influencia nos hizo perder en cuanto a representación; el poder de esos personajes no surge de la deliberación política, y muchas veces se implementaron políticas contrarias a las sostenidas durante las campañas electorales, notoriamente con los gobiernos de García y Humala. Pero al mismo tiempo, gracias a las “islas de eficiencia” es que el país pudo crecer y reducir la pobreza en magnitudes importantes. Esta convivencia entre partidos sin técnicos y técnicos sin partido hizo que el país siguiera una orientación de centro, más inclinada hacia la izquierda con Toledo, luego mucho más hacia la derecha con García, luego nuevamente más hacia la izquierda con Humala.

En este marco, el discurso de izquierda reapareció primero de la mano de Humala en 2006 y 2011, y el fujimorismo de la de Keiko Fujimori desde 2006, cuando resultó la congresista con mayor votación. Pero la izquierda no logró imponer su programa, y el fujimorismo funcionó tanto durante el gobierno de García como del de Humala como garantía de estabilidad del legado económico de los noventas. Con el gobierno actual, no se esperaba que las cosas cambiaran demasiado; es más, dada la trayectoria del presidente, era esperable más bien la profundización de una lógica tecnocrática, y cierta impronta reformista: los técnicos finalmente tomaban directamente el poder, sin intermediaciones partidarias.

Sin embargo, muchas cosas parecen estar cambiando. Primero, el núcleo central del consenso tecnocrático, referido al manejo macroeconómico, está en cuestión por primera vez. Al ministro Thorne se le critica tanto decisiones referidas al manejo del gasto y de la inversión pública, de la recaudación, de la promoción de la inversión privada. Y el fujimorismo, antes garante de la estabilidad económica, ahora juega con la posibilidad de una censura del ministro por temas que no lo ameritan. Segundo, del reformismo tecnocrático no parece quedar demasiado. Con la censura del ministro Saavedra, la renuncia de Gisella Orjeda en CONCYTEC, el sector educación se muestra ahora mucho más cauto; en el sector salud, esa cautela parece tornarse en conservadurismo, a juzgar por el cese de Edmundo Beteta en la jefatura del Seguro Integral de Salud. En el Ministerio de la Producción el Plan de Diversificación Productiva está abandonado. ¿En qué frentes se avanza? En general, parece haber un desplazamiento de un manejo tecnocrático a uno más empresarial (el énfasis en el destrabe). El único sector donde se avanza es Interior, pero también está en riesgo. Además, la imagen de la eficiencia tecnocrática perdió brillo después de los escándalos de Odebrecht, los problemas de Chinchero y otros. Tercero, con el desgaste del gobierno está dándose una suerte de vaciamiento del centro político, ya advertido por Juan Carlos Tafur. El fujimorismo muta en populista; el conservadurismo se activa y busca formas de representación más directas; el izquierdismo más radical se fortalece también como opción. Y no se ve todavía quién y cómo intentará ocupar ese espacio.

Repensar el antiguo Perú


Artículo publicado en La República, domingo 4 de junio de 2017

Creo que a varias generaciones se nos enseñó a manejar ciertas ideas básicas sobre el Perú antiguo: no hubo nada muy relevante antes de Chavín; luego desarrollos regionales donde destacan los Paracas, Nazca, Mochica y Tiahuanaco; luego el imperio Wari, luego nuevos desarrollos regionales, especialmente Chimú; para llegar finalmente a los Incas. Un esquema de horizontes e intermedios regionales que marcan una suerte de camino evolutivo, coronado por los Incas, algo así como la máxima expresión de la civilización antigua. Y en donde habría habido una sucesión de formas de gobierno que asumieron la forma de “señoríos”, formas más complejas estatales y hasta imperios. Para gente de mi generación, estas grandes imágenes estuvieron además muy marcadas por la influencia de intelectuales como Luis Guillermo Lumbreras y Pablo Macera, grandes académicos y divulgadores, que además lograron enlazar la investigación arqueológica con preocupaciones del presente, construir discursos bajo la influencia del marxismo y de las ideas de izquierda; en los que el Perú antiguo era motivo de reivindicación y orgullo (que resaltaba lo perdido por la colonización española) pero que al mismo tiempo llamaba la atención sobre la persistencia de patrones autoritarios y de opresión de las clases populares, que desde hace muchos siglos siguen anhelando su liberación.

En los últimos años, sin embargo, la investigación arqueológica ha derruido buena parte de estos esquemas: Caral resultó ser mucho más antiguo que Chavín y tuvo una alta complejidad; el descubrimiento del Señor de Sipán o la Señora de Cao mostró que al interior de lo que considerábamos cultura Mochica hubo desarrollos “subregionales” muy relevantes, entre muchas otras cosas. A estas alturas, un lego como yo no tiene ya una imagen que reemplace la perfilada líneas arriba, pero que ya quedó desactualizada. Acaba de salir publicado un libro utilísimo para todo aquel que quiera estar al tanto de los últimos desarrollos de la investigación arqueológica: Repensar el antiguo Perú. Aportes desde la arqueología, editado por Rafael Vega-Centeno, y publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Fondo Editorial de la PUCP. Además, como dice Gabriel Ramón en el capítulo final, los autores del libro pertenecen a la “nueva generación”, casi todos entre los 30 y 50 años, formados en la Universidad de San Marcos y en la PUCP, con maestrías y doctorados en universidades del extranjero. El libro tiene por ello, aunque no necesariamente sea el propósito de los autores, el sabor de una suerte de manifiesto generacional.

El libro tiene catorce capítulos y arranca con trabajos sobre los primeros habitantes de nuestro territorio y llega hasta el Tawantinsuyu, pasa por Caral, los Mochica, Wari, Chimú y otros, y cubre espacialmente a la costa, los andes centrales, el altiplano sureño, en fin, el libro permitirá tener una visión muy completa y actualizada del saber existente, de las interpretaciones predominantes, de los debates en curso. Algunos capítulos resultan más accesibles que otros para los legos, pero todos resultan pertinentes.

Una gran idea que me queda de una lectura rápida del libro es cuán difícil ha sido siempre articular nuestro territorio; se habla de grandes desarrollos y autonomías locales, de la discontinuidad del espacio, de intentos de articulación basados en formas de “segmentación política” antes que en grandes modelos estatales centralizados, en medio de complejos y precarios procesos de negociación, de la gestación de alianzas inestables y cambiantes. Todo suena inesperadamente contemporáneo.

Sobre la coyuntura reciente


Artículo publicado en La República, domingo 28 de mayo de 2017

- El contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero de junio de 2014, lleno de problemas, vacíos; ¿dónde queda la supuesta eficiencia tecnocrática a cargo del país desde la década de los años noventa? Como decía en artículos anteriores, la justificación de que el país estaba en buenas manos, libre de interferencias políticas y mercantilistas, no resulta creíble más. En todo caso, las islas de excelencia tecnocrática muestran forados impresionantes.

- El cierre financiero del contrato de concesión se demora desde finales del gobierno anterior: el gobierno saliente se da cuenta de que el contrato deja un amplio margen de maniobra para el concesionario, que toma ventaja de los límites del mismo. La resolución del contrato implicaba para el gobierno el reconocimiento de un error, y para el concesionario una pérdida económica… por lo que el tema se deja para el nuevo gobierno.

- El gobierno de Kuczynski actúa, fundamentalmente, motivado por la filosofía del destrabe de inversiones en un contexto de parálisis de la inversión privada y la amenaza de una recesión en el horizonte. La salida de la adenda es poco ortodoxa, pero resultaba al mismo tiempo más económica, más segura (frente al riesgo de un juicio entablado por el concesionario) y sobre todo, más rápida. La ejecución inmediata ayudaría a la economía, y permitiría ganar algunos puntos en el sur. Era también un camino riesgoso: se le acusaría, como ocurrió, de lobbista, dada la familiaridad entre el mundo privado y público en un ambiente como el peruano, y dada la altísima desconfianza que hay en el país. Según una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, Perú es el país en el que la confianza en el gobierno es la más baja; la desconfianza en los políticos y en los funcionarios públicos la más alta; y la percepción de existencia de corrupción entre éstos la más alta de una muestra de 35 países (datos de 2014-2015). Creemos menos en el compromiso público y en la honestidad de nuestros funcionarios que en Croacia, Lituania, Rusia o Venezuela.

- Intentando curarse en salud, el gobierno cometió el error de apoyarse en el respaldo de la Contraloría. Si se acusaba al gobierno de querer favorecer indebidamente al concesionario, qué mejor que desnudar esa crítica que con el acompañamiento de la Contraloría. Frente a una oposición intransigente, pareció una buena estrategia de contención. Sin embargo, el informe de la Contraloría no solo no respaldó la adenda, sino que presentó cuestionamientos deleznables, recomendaciones que no resuelven el problema original, y incluso halló responsabilidades penales de manera temeraria. Si bien sabíamos que el Contralor era un poco imprevisible, esta vez batió ampliamente su marca personal.

- Al ministro Vizcarra no le quedó más remedio que renunciar. La moraleja política debe ser que nada reemplaza la tarea de debate y convencimiento ante la opinión pública, la movilización de los sectores beneficiados de las decisiones de política, estrategias de contención de los adversarios.

- Voceros del fujimorismo hablando de la renuncia de Vizcarra también a la vicepresidencia, sin fundamento alguno, y conscientes de la debilidad del presidente, muestran una conducta desleal con el régimen democrático, y deben ser censurados. ¿Keiko Fujimori respalda esa postura? ¿Y cuál es su propuesta de salida de este entuerto?

- Finalmente, los últimos cambios ministeriales insinúan un cambio de énfasis en el carácter del gobierno: más que tecnocrático aparece crecientemente empresarial. Menos orientación hacia lo público, más hacia el mundo privado.

Plan mínimo


Artículo publicado en La República, domingo 21 de mayo de 2017

Todos sabemos que uno de los grandes límites al desarrollo del país está en nuestra extrema precariedad institucional y política; y en principio, todos queremos una reforma política integral que ayude a mejorar el funcionamiento del sistema político y de partidos. Sin embargo, los políticos, quienes deben sacar adelante la reforma, tienden muchas veces a pensar en su propio beneficio antes que en el bienestar colectivo, de allí que sacar una reforma sea tan complicado.

En el actual Congreso, afortunadamente, se ha logrado avanzar en la dirección de una reforma política integral bajo el liderazgo de Patricia Donayre, quien ha presentado un meritorio anteproyecto de ley electoral, con apoyo multipartidario, de XVI títulos y 423 artículos. Aprobarlo sería un avance: en general, se ordena mejor el proceso electoral, se establecen normas para fortalecer a los partidos, se establecen requisitos más exigentes para postular a cargos de elección (no pueden postular sentenciados por delitos graves, por ejemplo); se ponen requisitos más exigentes para mantener el registro, tanto para los partidos políticos como para los movimientos regionales; se regulan las finanzas partidarias (obligación de bancarizar aportes a partidos por encima de una UIT), y se establecen sanciones efectivas (la cancelación del registro de los partidos); además, se eleva de la cuota de género, con criterio de alternancia, entre otras cosas.

Quisiera presentar a continuación, si me permiten, algunas sugerencias, con un criterio “minimalista”, conciente de las dificultades que conlleva aprobar la reforma en un Congreso con las carácterísticas que tiene, marcado por una débil cohesión partidaria en todas las bancadas. Me parece importante, para mejorar la propuesta realizada, primero, elevar la barrera de entrada para los partidos que integran alianzas políticas, del 1% adicional por partido que se propuso al 2.5%; segundo, reducir el tamaño de la circunscripción electoral de Lima, actualmente de 36 congresistas, número a todas lueces excesivo: existen propuestas para dividir la actual circunscripción en cinco (norte, centro, sur, este y oeste), y así acercar a los representantes a las problemáticas más específicas de sus representados; y tercero, permitir la reelección inmediata de los alcaldes, siempre y cuando no acumulen más de dos periodos consecutivos.

De otro lado, el anteproyecto de ley no considera algunos asuntos que me parecen muy importantes. Siguiendo un criterio minimalista, si tuviera que elegir solo un asunto que me parece que tendría consecuencias positivas importantes, y que podría marcar un cambio de dinámica, es el establecer elecciones primarias simultáneas y obligatorias para todos los partidos y movimientos regionales, para elegir sus candidatos a elección popular. Esto permitiría dinamizar la vida interna de las agrupaciones políticas, tener mejor control de los candidatos, tener un indicio del respaldo relativo de los grupos a través del nivel de participación, democratizarlos internamente, y además eliminar la votación preferencial. Además permitiría cancelar el registro a las agrupaciones que, en la elección primaria, desnuden que solo son un cascarón sin militantes ni simpatizantes.

Ahora bien, también es cierto que las primarias pueden ser fuente de muchas complicaciones, por lo que la “sintonía fina” en este asunto es fundamental. En Uruguay y en Argentina se ha implementado este sistema en los últimos años y conviene estudiar muy de cerca esa experiencia, así como los casos nacionales, como los del Frente Amplio y Acción Popular.

martes, 16 de mayo de 2017

Herederos del autoritarismo

Artículo publicado en La República, domingo 14 de mayo de 2017

La semana pasada comenté sobre los retos de una transición democrática en Venezuela, sobre la base de apuntes realizados en el último congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos (LASA, por sus siglas en inglés), realizado en la Pontificia Universidad Católica. Esta semana, en la que se discute sobre el pedido de hábeas corpus de Alberto Fujimori presentado por Keiko Fujimori, me parece útil reseñar un trabajo del colega James Loxton, dedicado al estudio de los partidos “herederos” de gobiernos autoritarios.

Existen en las democracias del mundo un peculiar tipo de partido, basado en la herencia que dejan gobiernos dictatoriales o autoritarios. Según Loxton, en más de la mitad de las democracias surgidas desde la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo pasado, esos partidos han vuelto al poder mediante el voto popular, como el Kuomintang de Taiwan, o el Partido Popular de España. En América Latina tenemos a la ADN boliviana con Bánzer, a la alianza RN-UDI en Chile con Piñera, al PRSC de Balaguer en República Dominicana, a la ARENA en El Salvador, al FRG guatemalteco con Ríos Montt, al PRI mexicano, al sandinismo en Nicaragua, al PRD nicaragüense, al Partido Colorado paraguayo. Y está también, por supuesto, el fujimorismo, que sin haber logrado volver al poder, ocupa una posición prominente. La clave del éxito de estos partidos estaría en que heredan una marca partidaria, una fuente de cohesión, base territorial, redes clientelísticas y fuentes de financiamiento; en el resurgimiento del fujimorismo parece contar sobre todo la fuerza de la marca y de la identidad fujimorista; el legado del gobierno de la década de los noventa dejó la posibilidad de erigir una organización en todo el país y acceder a financiamiento, que fue aprovechada por Keiko Fujimori en la construcción de Fuerza Popular.

El asunto problemático es cómo manejar la herencia del pasado, que resulta tanto un activo como una “mochila” muy pesada. Loxton identifica cuatro estrategias: el arrepentimiento, romper simbólicamente con al menos los aspectos más negativos del pasado; la minimización o negación de esos aspectos; el uso de chivos expiatorios; y por último, la reivindicación abierta del pasado, apostando a segmentos del electorado. El fujimorismo hoy oscila contradictoriamente en el uso de esas cuatro estrategias, como resulta elocuente al constatar la dificultad de elaborar un discurso coherente respecto al tratamiento de la situación legal de Alberto Fujimori. ¿Se le reivindica como líer o se trata su situación como estrictamente humanitaria? ¿Hay lugar para la autocrítica frente a los gobiernos de la década de los noventa, o todo es negar las acusaciones en contra de Alberto Fujimori, la validez de sus condenas y apelar al recurso de culpar a Montesinos? Keiko Fujimori intenta consolidar un movimiento bajo su control, pero es claro que la figura de Alberto Fujimori todavía es capaz de proyectar una sombra sobre ella. Y además, por supuesto, es su padre.

La presencia de este tipo de partidos es por supuesto una complicación para las democracias. Podría no serlo tanto si abren las puertas de la representación a sectores antes excluídos y los encauzan por vías institucionales. En los últimos tiempos la conducción de Keiko Fujimori involucionó hacia posiciones crecientemente conservadoras, que acentuaron el peso de la imagen autoritaria de su padre. Por ello el manejo de su situación legal la complica ahora tanto. En esta nueva encrucijada, ¿intentará algo diferente? ¿Tiene a estas alturas margen para ello?

¿Transición en Venezuela?

Artículo publicado en La República, domingo 7 de mayo de 2017

¿Qué pasará en Venezuela? ¿Las masivas movilizaciones y protestas callejeras harán colapsar al régimen? ¿O serán las fracturas y divisiones al interior de éste los que marcarán su caída, en un contexto de descrédito e inviabilidad a mediano plazo? ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Deberá mantenerse unida o deberá dejar que sus diferentes tendencias se expresen libremente? ¿Será capaz el madurismo de sobrevivir? Si cae, ¿cómo será la transición? ¿Sectores del chavismo podrán negociar condiciones para su salida, o serán impotentes frente al derrumbe del régimen? Y si hay transición, ¿sobrevivirá el chavismo como fuerza política, o desaparecerá del futuro de Venezuela?

Por supuesto, es imposible predecir qué sucederá, pero desde la academia se han hecho contribuciones que permiten pensar en algunos escenarios. Sabemos que un régimen como el del chavismo venezolano corresponde a la categoría de regímenes autoritarios, pero que en el contexto contemporáneo están “obligados” a mantener ciertas formalidades democráticas; que se pueden permitir en tanto son competitivos electoralmente, tomando provecho, por supuesto, de reglas de juego y condiciones de competencia totalmente favorables al régimen.

Frente a una situación de estas características, estrategias de pura confrontación desde la oposición se revelaron contraproducentes. La colega colombiana Laura Gamboa ha mostrado convincentemente que la apelación al golpe de Estado en 2002 y la estrategia de confrontación y boicot hasta 2005 debilitaron a la oposición y facilitaron la continuidad de Chávez en el poder; mientras que en años recientes, la constitución de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ayuda a entender que la oposición haya podido aprovechar el desgaste del régimen y ganar las elecciones legislativas de 2015. No basta con el descrédito del gobierno: debe haber también una alternativa razonable.

Sin embargo, desde que Maduro decidió impedir la realización del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales y locales, y se convirtió en una dictadura abierta, las cosas han cambiado sustantivamente. Ya no tiene sentido aspirar a derrotar al régimen en el terreno electoral, porque éste sabe que no tiene ya respaldo popular, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente es un celada sin credibilidad. En este marco, la literatura que estudió las transiciones desde regímenes autoritarios en la década de los años ochenta adquiere vigencia. Esa literatura llamó la atención sobre la importancia de la negociación entre gobierno y oposición para moldear los desenlaces posibles. En un célebre trabajo, O’Donnell y Schmitter señalaron que la convergencia entre los “blandos” de los bandos opuestos son los que facilitan la transición. Cuando priman los “duros”, la pura confrontación violenta, el gobierno parece tener las de ganar; el régimen se cohesiona, y la oposición encuentra que puede tener la legitimidad, pero no la fuerza material suficiente. Por el contrario, con estrategias de negociación se revela que el régimen tiene disidencias y fisuras, que hay sectores más y otros menos comprometidos con la corrupción, que algunos estarían dispuestos a desertar si es que encontraran algún tipo de futuro con la transición. De otro lado, la oposición enfrenta el dilema de ser magnánima con grupos disidentes, facilitando la transición, pero con el precio de tolerar cierta impunidad para estos; o ser más principista, pero arriesgar alargar la continuidad del régimen. En todo caso, resulta fundamental que la oposición se mantenga unida, para que pueda presionar y negociar con firmeza.

Entender al fujimorismo (y al gobierno)

Artículo publicado en La República, domingo 30 de abril de 2017

Esta semana se discutió sobre la posibilidad de que el presidente Kuczynski “liberara” al ex presidente Fujimori. La discusión se dio en el contexto del debate de la creación de la “Autoridad para la reconstrucción con cambios”; inicia con una declaración a favor de la liberación de A. Fujimori de Carlos Bruce, a lo que se suma la presentación del proyecto de ley de Roberto Vieira, que permitiría un arresto domiciliario del expresidente. Días antes Kuczynski había coincidido con Keiko Fujimori en la ceremonia de homenaje a los Comandos Chavín de Huántar, ocasión en la que dijo que había que “voltear la página” y estar unidos como país. Siguieron otras declaraciones ambiguas de Kuczynski diciendo que se estaría “estudiando el caso” del expresidente, a las que siguieron declaraciones de la segunda vicepresidenta, coincidiendo con la opinión de Bruce. Se habló entonces de la gestación de un gran acuerdo político, la liberación de A. Fujimori a cambio de apoyo legislativo. Sectores de izquierda antifujimoristas se escandalizaron; sectores conservadores se ilusionaron. Ambas reacciones revelaron una gran incomprensión de lo que estaba sucediendo.

En realidad, esta historia es producto de iniciativas interesadas de personajes individuales, que se magnifican por declaraciones desafortunadas, que no hacen sino reflejar la precariedad del gobierno. Estamos ante una muestra más de mal manejo de situaciones, no ante un complejo ajedrez político. Días después el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Justicia tienen que aclarar que en realidad el tema no está en agenda. Y no puede estarlo, porque el gobierno no tiene nada que ganar con esa iniciativa. Para empezar, la encuesta de GFK de marzo muestra que solo un 26% estaría de acuerdo con la liberación de Fujimori, frente a un 33% que piensa que debe seguir en la cárcel. Un 37% piensa que podría cumplir su condena en su casa, porcentaje mucho menor que el 50% de hace cuatro años. La liberación de Fujimori no significaría ganarse a la opinión pública, y lo que es peor, despertaría el antifujimorismo y lo lanzaría contra el gobierno.

Pero lo más importante es que hoy ni Alberto ni Keiko Fujimori desean la liberación del ex presidente. Alberto porque tiene la vana ilusión de conseguir la anulación de sus sentencias y ser declarado inocente; y lo último que quisiera Keiko como líder es que su padre melle su autoridad y su carácter de “gran timonel”. Más todavía en un contexto en el que su hermano Kenji ha encontrado, con una agenda “liberal”, evidenciar las inconsistencias y limitaciones del camino de endurecimiento y conservadurización que ha seguido desde la segunda vuelta. Tanto así es claro que los intereses de Keiko no son los de su padre que algunos consideran que la verdadera intención del gobierno al ventilar el tema de la liberación del reo es dividir e incomodar al fujimorismo.

Hace un año, en el contexto electoral, mientras colegas como Nelson Manrique y otros sostenían que el objetivo central del fujimorismo era la liberación de Alberto Fujimori, y que Keiko no tenía una identidad distinguible de la de su padre, decía por el contrario que ella tenía un proyecto claramente diferenciado, convertir al fujimorismo en un partido democrático de centro derecha populista. Y que el proceso iba a resultar accidentado, “no solo por las resistencias que genera en la sociedad, acaso sobre todo por el acoso de sus propios socios, tanto antiguos como nuevos. En esos tiras y aflojas definirá su identidad y futuro político”. La evidencia posterior me hace seguir pensando lo mismo.

Repensar la descentralización (2)

Artículo publicado en La República, domingo 23 de abril de 2017

Decía la semana pasada que escándalos de corrupción recientes y los retos de la reconstrucción después de los desastres “naturales” nos obligaban a repensar la descentralización. A estas alturas, resulta claro que el gran supuesto de este, que desde lo local o regional la gestión pública resultaría más eficiente que desde el gobierno central, y que la representación política se legitimaría, no siempre funciona. Muchas veces los gobiernos locales y regionales no tienen las capacidades necesarias, en el mejor de los casos, o no tienen interés en asumir sus responsabilidades. Además, la fragmentación extrema de la autoridad pública en regiones, provincias y distritos dificulta la coordinación y exacerba el localismo. Peor aún, estos espacios pueden ser capturados por grupos de poder particularistas o intereses mafiosos. En los últimos años el aumento de los presupuestos públicos ha hecho más “atractiva” la política local y regional para todo tipo de intereses, al mismo tiempo que el crecimiento de actividades informales e ilegales ha hecho que, para mantenerse y expandirse, se requiera el control de la autoridad política.

Habría que atacar el problema desde varios ángulos; fortalecer los organismos de control, por supuesto. Luego, mejorar los controles políticos: los regidores y consejeros regionales deberían ejercer funciones de fiscalización, pero la legislación actual no ayuda. La mayoría automática con que cuentan los alcaldes y la elección del consejo regional en circunscripciones provinciales favorece la cooptación de la oposición y la arbitrariedad de los gobernantes. Tercero, una reforma política que incluya más transparencia en el financiamiento de las campañas, prevención de conflictos de interés y más exigencia en la selección e inscripción de candidatos ayudaría. Respecto a esto último, lamentablemente, parece que el Congreso dejará escapar la oportunidad de mejorar las reglas aplicables a las elecciones municipales y regionales de 2018.

De otro lado, en cuanto a la reconstrucción post-desastres, el gobierno parece ser consciente de la experiencia fallida de Pisco e Ica después del terremoto de 2007. Alan García pareció seguir los consejos de Alvaro Uribe y creó FORSUR, ente especial dirigido por el empresario Julio Favre, buscando mayor rapidez y eficacia. En Colombia, el FOREC, creado después del terremoto de 1999, aparecía como modelo, con una institucionalidad especial, autónoma, con participación privada y de la sociedad civil. Sin embargo, la ley de creación de FORSUR redujo a éste a un papel coordinador, y colocó a ministerios, regiones y municipios como ejecutores. Careció de los recursos necesarios y cayó presa en la maraña burocrática. No contó con el apoyo del ejecutivo, ni con el de las regiones y gobiernos locales, ni tuvo capacidades propias. Rápidamente entró en conflicto con el gobierno regional de Ica y el municipio provincial de Pisco, que impidieron una acción coordinada, y luego en el uso de los recursos asignados proliferaron los problemas de corrupción (en los tres niveles de gobierno, ciertamente).

Afortunadamente, el Perú de hoy no es el de 2007. El gobierno central parece más consciente de la magnitud del desafío que tiene por delante, y el regional de Piura, por ejemplo, parece un muy buen socio. El Estado cuenta con mejores instrumentos para empadronar damnificados y diseñar políticas. Y en cuanto a la descentralización parece claro que el criterio debe ser que ella debe avanzar solo en la medida en que haya capacidad de sustituir y mejorar la acción del Estado central.

Repensar la descentralización

Artículo publicado en La República, domingo 16 de abril de 2017

Los desafíos de la reconstrucción después de los desastres “naturales”, la orden de prisión preventiva del gobernador del Callao Félix Moreno, la detención del alcalde de Chilca, Richard Ramos, la constatación de que tenemos unos quince gobernadores regionales y más de veinte alcaldes provinciales y distritales sentenciados por la comisión de delitos diversos, o enfrentando investigaciones muy serias, obligan a repensar el proceso de descentralización.

En principio, la descentralización es una excelente idea. El centralismo limita las posibilidades de un desarrollo más balanceado y equilibrado. El centro debería transferir recursos y responsabilidades a autoridades regionales y locales, asumiendo que ellas, “más cerca” a los problemas y a los ciudadanos, serán capaces de diseñar e implementar mejores políticas, de ejecutar más eficientemente el gasto público. En el vecindario regional se encuentra que la descentralización apareció en las últimas décadas como una solución a los problemas de legitimidad de los sistemas políticos. En algunos casos la descentralización expresó la pugna entre elites regionales (como en Ecuador o Bolivia), lo que efectivamente forzó un reparto más equitativo del poder; y en otros permitió democratizar el sistema político desde la periferia. Es la historia de la democratización política en México, iniciada desde las gubernaturas, culminada en el gobierno federal.

Pero con el tiempo hemos visto también la cara oscura de la descentralización. En ocasiones, los poderes más retardatarios, discriminadores, y hasta corruptos y criminales están en la periferia, y se resisten a las lógicas modernizadoras del centro. En América Latina se extendió la literatura sobre el autoritarismo subnacional, enclaves excluyentes en un contexto nacional democrático. En muchos ámbitos en nuestros países persisten viejos poderes de oligarquías, cacicazgos, como en México, Brasil o Colombia.

En nuestro país las viejas oligarquías y elites regionales fueron prácticamente barridas por la reforma agraria y el velasquismo, pero no fueron sustituídas por otras. En este vacío de poder se consolidó el centralismo, como ha descrito muy bien Alberto Vergara en su libro, que ya hemos comentado, La danza hostil (2015). En las últimas décadas, en algunos lugares, se ha gestado una mínima elite regional, y una sociedad civil con alguna capacidad de interacción con el poder político; Arequipa, Piura, San Martín, serían ilustraciones positivas de ello, con todas sus limitaciones. En otros no hay elites propiamente dichas, pero existen algunos controles que si bien no pueden impedir, limitan la proliferación y extensión de prácticas corruptas, como en Cusco o Ayacucho.

El drama es que en muchas regiones y localidades no se ha gestado una nueva elite, y ha aparecido un nuevo poder asociado a la proliferación de prácticas informales y hasta abiertamente ilegales. El crecimiento económico de los últimos años fue de la mano en esos espacios de la extensión de actividades empresariales muy diversas y muy informales por decir lo menos, cuando no de actividades abiertamente delincuenciales (narcotráfico, contrabando, minería y tala ilegal). Y todo esto coincidió con el proceso descentralización, que además, en el contexto de crecimiento, aumentó los recursos públicos disponibles para las autoridades. La política se convirtió entonces en un objetivo apetitoso para estos intereses, que han capturado o permeado el poder político regional y local, que se ha expresado en improvisación, ineficiencia, clientelismo, corrupción. Seguiremos con el tema.

25 años del 5 de abril

Artículo publicado en La República, domingo 9 de abril de 2017

Alberto Fujimori fue electo sorpresivamente en 1990 en medio de una situación caótica; no tenía mayor experiencia política o de gestión, encabezaba un movimiento improvisado y estaba en minoría en el Congreso. Empezó su gobierno intentando crear un gobierno de concertación, encabezado por el acciopopulista Juan Carlos Hurtado. Ciertamente enfrentaba una de las peores crisis de nuestra historia, la relación con la oposición era accidentada, y también la relación con el Poder Judicial y otras instituciones. Pero la salida implicaba continuar o profundizar la lógica de concertación, como la que intentaba el presidente del Consejo de Ministros Alfonso de los Heros en el momento del golpe. En lo económico las bases de las reformas de mercado habían sido puestas ya por Hurtado Miller y Boloña antes del golpe; recordemos que en toda América Latina las reformas neoliberales se implementaron sin interrupciones constitucionales. Y en cuanto a la lucha contrasubversiva, un amplio acuerdo reformista estaba siendo gestado por de los Heros.

Fue el propio Fujimori quien cerró esa posibilidad, y optó por el golpe de Estado. Quienes defienden esa opción seguramente no aceptarían hoy que el presidente Kuczynski, en minoría en el Congreso, en un contexto económico difícil, enfrentando serios problemas de seguridad ciudadana, con los retos de la reconstrucción por delante, optara por cerrar el Congreso y reorganizar el poder judicial. Y no hay manera de rechazar a Nicolás Maduro y aprobar el 5 de abril (y viceversa) y mantener un mínimo de coherencia.

Aún cuando consideráramos que Fujimori actuaba motivado por la necesidad de derrotar al terrorismo e impulsar las reformas de mercado, que supuestamente peligraban por la oposición del Congreso y la inoperancia de las instituciones, los hechos posteriores demuestran la falsedad de esa idea. Después del golpe Fujimori no hizo consolidar una lógica crecientemente arbitraria, autoritaria y corrupta. Con ese derrotero comprometió la política contrasubversiva, desmantelando el GEIN, consolidando el poder del SIN y de grupos paramilitares, incurriendo en violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, generando problemas que arrastramos hasta hoy; también abandonó la continuidad de las reformas de mercado, que sufrieron un estancamiento y retrocesos abiertos en muchas áreas.

Con todo, el fujimorismo tuvo éxito en construir una narrativa según la cual el 5 de abril fue el momento fundacional de un movimiento dispuesto a privilegiar el contenido de las decisiones por encima de los procedimientos, la eficacia por encima de los principios. El desgaste del gobierno de Toledo y la decepción frente a la promesa de la “institucionalización democrática” ayudan a entender la reaparición del fujimorismo en 2006; su “normalización” como fuerza política fue facilitada por la conversión conservadora de Alan García durante su segundo gobierno; hasta convertirse en el partido mayoritario en el Congreso que es hoy. Si no volvió al poder con Keiko Fujimori es porque su vuelta despertó también un antifujimorismo que se constituyó en una suerte de barrera de contención.

25 años eran un buen momento para que el fujimorismo repiense su trayectoria, y evalúe el significado de esa fecha. No solo no hubo ningún intento serio de reflexión, sino que aún peor, el fujimorismo liderado por Keiko F. parece estar en un proceso de penosa involución hacia posiciones crecientemente conservadoras y hasta reaccionarias, que no hace sino destruir su credibilidad y acrecentar el rechazo que le impidió llegar al poder en sus dos candidaturas.

Autogolpe en Venezuela

Artículo publicado en La República, domingo 2 de abril de 2017 

Pensaba esta semana continuar con algunas reflexiones sobre el centenario de la PUCP, pero los recientes sucesos en Venezuela ameritan un comentario.

En Venezuela hemos vivido un régimen autoritario desde los años de Chávez, que mantenía una apariencia democrática en virtud a su popularidad, a su capacidad de concitar apoyo electoral. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, su entonces partido tenía apenas el 26% de la representación en el Congreso. Desde el gobierno construyó un nuevo poder: llamó a un referéndum para convocar a elecciones de una Asamblea Constituyente, que ganó con el 80% de los votos; y en la elección de la Asamblea logró, con un sistema electoral mayoritario, elegir al 95% de los asambleístas, con el 65.5% de los votos. La nueva Constitución fue aprobada en un nuevo referéndum con el 72% de los votos. El problema empieza cuando la Asamblea, yendo más allá de sus competencias, disolvió el Congreso, la Corte Suprema, las asambleas legislativas regionales, y convocó a nuevas elecciones en 2000. Chávez fue reelecto con el 60% y el chavismo logró la mayoría en el Congreso, y a través de los nombramientos de éste, también el control de la Corte Suprema, del organismo electoral, de la fiscalía, etc. Dicho sea de paso, lo mismo hizo Alberto Fujimori después del golpe de 1992: reconstruir las instituciones bajo su hegemonía y asegurarse su control.

Durante el chavismo las cosas funcionaron en tanto éste se mantuvo como una máquina electoral eficaz: Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998, 2000, 2006 y 2012; las elecciones de Congreso de 2000, 2005 y 2010; y los referéndums de 1999 (para convocar la Asamblea Constituyente y luego para aprobar la nueva Constitución), el revocatorio de 2004, y el que aprobó la reelección indefinida de autoridades en 2009. Perdió el referéndum de 2007 para cambiar la Constitución y declarar a Venezuela un Estado socialista, lo que anunciaba que las cosas estaban empezando a cambiar.

Después de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro logró elegirse en 2013, pero perdió la elección del Congreso de 2015. El desastre económico ya era evidente, y ha sido cada vez peor. El pilar de sostenibilidad de este régimen autoritario, su capacidad de concitar apoyo popular y ganar elecciones, se perdió. La oposición intentó convocar a un referéndum revocatorio presidencial para diciembre del año pasado, pero las autoridades electorales y judiciales, electas por el Congreso antes de 2015, lo impidieron arbitrariamente. No solo eso, también suspendieron indefinidamente la realización de las elecciones regionales previstas también para finales de 2016. Para mí es desde este momento que Venezuela puede considerarse una dictadura abierta. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, no es sino la confirmación de que estamos ante un régimen incapaz de mantener siquiera las formalidades con las que antes pretendía legitimarse. Se argumentó que la Asamblea no acató la desincorporación de tres diputados supuestamente electos de manera irregular, cuestión que es manifiestamente falsa, pues esos tres diputados fueron desincorporados en enero de este año.

En las últimas horas, nos enteramos de que el TSJ retrocedió parcialmente en la decisión de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. La inesperada, para Maduro, reacción y presión internacional hizo aflorar las tensiones al interior del chavismo. El juego político no solo se da entre gobierno y oposición, cada vez más resultan decisivos los conflictos al interior del chavismo, de los que sabemos poco.

La PUCP: su centenario y sus cambios

Artículo publicado en La República, domingo 26 de marzo de 2017

La PUCP (universidad en la que estudié y en la que orgullosamente soy Profesor Principal) fue la primera universidad privada del país, fundada por un grupo de religiosos y laicos; al no tener un “dueño”, con el paso del tiempo, ha logrado funcionar como asociación sin fines de lucro y casi como una universidad pública, es decir, con autonomía, autoridades elegidas democráticamente y representación estudiantil. Toda su historia la hace muy excepcional.

En sus orígenes, se trataba de una universidad que promovía una enseñanza inspirada en la fe Católica y valores conservadores, en un contexto muy adverso para estos. Recordemos que en 1919 los estudiantes universitarios apoyaban las luchas obreras por la jornada laboral de ocho horas, en 1922 creaban las universidades populares y en 1923 se oponían a la consagración del país al Corazón de Jesús, reivindicando el carácter laico del Estado. Es decir, años en los que las ideas anarquistas y socialistas ganaban influencia en las universidades públicas, y se daba una creciente politización.

La Universidad Católica empezó a crecer como centro de irradiación intelectual en la década de los años treinta, terminado el leguiísimo, cuando se incorporan personalidades como Víctor Andrés Belaunde, José de la Riva Agüero o Adolfo Winternitz, y más adelante, José Agustín de la Puente. En 1942, al cumplir 25 años, obtuvo el rango de universidad Pontificia, y en 1944 la PUCP recibe una importante herencia de Riva Agüero, que incluye el fundo Pando, donde está actualmente instalada.

Las cosas empiezan a cambiar en la década de los años sesenta, con la modernización impulsada durante el rectorado de Felipe MacGregor, con un apoyo importante de la Fundación Ford. En 1964 se creó la Facultad de Ciencias Sociales, con lo cual la presencia de ideas de izquierda entonces en boga empezó a ser más notoria. En esa década se consolidan los estudios teológicos, con fuerte influencia de la teología de la liberación. La Facultad de Derecho cambió también bajo la influencia de los “Wisconsin boys”, reformándose la enseñanza y la concepción del derecho, como una disciplina más social. Es desde entonces que la PUCP empezó a ser más netamente una universidad diversa y plural en lo político. En 1972 se crearon los estudios generales, dos años de estudios integrales y humanistas que con el tiempo se convertirían en marca de identidad de sus egresados.

Hasta la década de los años ochenta podría decirse que la PUCP era una universidad bastante elitista en lo social, junto a otras universidades privadas como las de Lima y del Pacífico, fundadas en 1962. Afortunadamente, el sistema de pensiones diferenciadas, vigente desde 1968, permitió contar con un estudiantado más diverso en lo socioeconómico. Pero desde la década de los años noventa, acabada la crisis económica, aparecen universidades privadas como las de Ciencias Aplicadas y San Ignacio de Loyola como opciones para la élite, al mismo tiempo que se da una explosión de la demanda educativa de sectores medios, que hacen que la fisonomía social PUCP sea cada vez más representativa del país. En otro orden de cosas, pero complementario, Salomón Lerner, siendo rector de la universidad, fue nombrado presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2001, con lo que la PUCP terminó siendo fuertemente identificada con la causa de la defensa de los derechos humanos.

En suma, en cien años la PUCP pasó de ser la universidad conservadora de las elites católicas limeñas a una universidad muy plural y hasta identificada con banderas progresistas. Seguiré con el tema.

martes, 21 de marzo de 2017

Más sobre desastres

Artículo publicado en La República, domingo 19 de marzo de 2017

En los últimos años, como Estado nos hemos preparando, algo, para responder ante desastres naturales. Todos sabemos que un terremoto de grandes proporciones ocurrirá en la costa de Lima, y que vendrá acompañado de un tsunami; hemos hecho simulacros y establecido protocolos de actuación. Entre 2014 y 2016 ocurrió un fenómeno del niño en el Océano Pacífico que esperábamos iba a golpear fuertemente a nuestro país: afortunadamente, sus efectos fueron limitados. Aunque suene totalmente contraintuitivo en este momento, en los últimos años aumentó el presupuesto en gestión de desastres, trabajos de prevención, desarrollo de protocolos de respuesta, compra de maquinaria y equipos para atender diversas contingencias. Es poco consuelo, pero las cosas pudieron ser peores: se hicieron trabajos de prevención en Chosica, Tumbes, Piura, por mencionar algunos casos, que alguna utilidad han tenido.

¿Por qué estamos tan mal entonces? Primero, porque la magnitud de las lluvias ha superado ampliamente las expectativas. Hasta hace algunas semanas la preocupación era la sequía, no el exceso de lluvia. Y en cuanto a éstas, mirando lo ocurrido en enero y febrero, se pensaba hacia la segunda semana de marzo que no llovería mucho más. El niño costero apareció rápida e inesperadamente, y cogió a todos desprevenidos; en poco tiempo, se convirtió en un “niño” en cierto modo equivalente al de 1998. Segundo, está por supuesto también la irresponsabilidad o incapacidad de algunas autoridades: como ha sido recordado, en la mayoría de casos los presupuestos asignados a prevención de desastres en regiones y municipios no son utilizados. Ya sea por desidia o por problemas de gestión: para gastar hay que tener establecido un plan, prioridades, identificados proyectos de inversión concretos, y todo esto supera muchas veces lo que la burocracia regional o municipal es capaz o tiene interés de hacer.

Salen también a relucir problemas estructurales. Lo “inesperado” de lo que estamos viviendo deja de serlo si asumimos una perspectiva histórica más amplia (“niños” en 1998 y 1983; “niños costeros” en 1925 y 1891); y si es que consideramos que en el contexto del cambio climático el carácter errático y extremo del clima debe ya considerarse algo “previsible”. Pero pensar con perspectivas temporales y lógicas más amplias resulta algo difícilmente al alcance de nuestra administración pública. Y constatamos también la enorme distancia que hay entre todo lo que se tendría que hacer y las capacidades e incentivos para hacerlo. Arrastramos décadas de crecimiento desordenado que ha erosionado y contaminado nuestros ríos, la consolidación de viviendas en quebradas y cauces de huaicos, la construcción de estructuras sin considerar las contingencias que deben ser capaces de afrontar, la ausencia de infraestructura urbana elemental (alcantarillado, por ejemplo). A esto se suman lógicas políticas: no es rentable invertir en prevención, porque nadie se siente beneficiado por ella cuando no pasa nada, y si es que algo ocurre, probablemente legitime a la autoridad siguiente. Mientras que desalojar y reubicar implica costos y problemas aquí y ahora.

Algo bueno que podría salir de esta experiencia es una intervención integral de la cuenca del río Rímac. Descontaminarla, hacerla más segura, embellecerla, sería una gran iniciativa después de este desastre. Una iniciativa ampliada y mejorada del proyecto Río Verde sería una buena combinación de reconstrucción y prevención, inversión en seguridad hídrica y puesta en valor, un magnífico proyecto en el marco del bicentenario de nuestra independencia.