jueves, 15 de febrero de 2018

¿Cae PPK?

Artículo publicado en La República, domingo 11 de febrero de 2018

La gran pregunta que flota en el ambiente político peruano es si el presidente Kuczynski será capaz de terminar su mandato, o si el Congreso declarará la vacancia por su supuesta incapacidad moral. Fernando Rospigliosi ha citado los trabajos del colega Aníbal Pérez-Liñán, quien ha estudiado las crisis presidenciales latinoamericanas que han terminado con la caída de los mandatarios a través de juicios políticos en las últimas décadas. Como se ha recordado, para Pérez-Liñán las caídas se dan después de escándalos revelados por la prensa; de que el presidente pierde el control del Congreso; y cuando se dan protestas callejeras masivas, capaces de congregar un conjunto amplio y heterogéneo de sectores.

Si bien tenemos escándalos y denuncias de corrupción, las razones que nos llevaron a oponernos a la declaratoria de vacancia en diciembre desde esta columna siguen siendo las mismas. Las denuncias hasta el momento son ciertamente graves y deben ser investigadas y aclaradas, pero no parece haber mucha novedad en ese frente. Se especula mucho sobre las futuras declaraciones de Jorge Barata, pero las declaraciones de Marcelo Odebrecht señalan que la relación de PPK como consultor con su empresa se dio después de que fue ministro y antes de que fuera candidato presidencial; y que PPK fue una “piedra en el zapato” desde Proinversión para que se adjudicara el contrato de concesión de la carretera interoceánica. En segundo lugar, si bien el presidente no tiene ningún control sobre el Congreso, no es evidente de que existan en este momento los 87 votos necesarios para lograr la vacancia. Están los 61 votos de Fuerza Popular, los veinte de la izquierda (diez del Frente Amplio y diez de Nuevo Perú), que suman 81; los restantes deberían salir de las bancadas de Alianza para el Progreso (8) y de Acción Popular (5), donde no hay una postura clara, y de alguno de los No Agrupados (16, de los cuales a favor de la vacancia podrían estar apenas dos; también parecen contrarios a ésta los cinco del APRA). Y finalmente, la protesta callejera por la vacancia no logra ser amplia y plural, y parece circunscrita a los sectores antifujimoristas.

Por supuesto, todo puede cambiar rápidamente. Y el factor más voluble, a mi juicio, depende esencialmente de la negociación desde el Congreso con el vicepresidente Vizcarra. Como ha sido resaltado por muchos, en muy diversos sectores la imagen de un gobierno encabezado por Martín Vizcarra ha empezado a ser visto como una posibilidad interesante. Acá el asunto es que cada quien construye un Vizcarra a su medida para ilusionarse. Desde el fujimorismo se espera a un presidente sumiso que les allane el camino al triunfo en 2021; desde la orilla opuesta, a un presidente enérgico en el combate a la corrupción y la defensa de las instituciones. Desde la izquierda a un presidente más dialogante y sensible a dimensiones regionales y sociales, y desde la derecha a uno proempresarial y promotor de la inversión privada. Al mismo tiempo, me imagino, Vizcarra debe recordar que fue maltratado por el Congreso, desde diversos frentes, cuando fue ministro durante la negociación del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, por lo que no debe tener ningún apuro para lanzarse al ruedo. De un lado el Congreso espera tener más claro qué tipo de presidente sería, y del otro Vizcarra espera cierta garantía de que lo dejarían gobernar. Hasta que estos asuntos no se aclaren, no es evidente de que las diferentes bancadas en el Congreso lo prefieran a él y no a un presidente débil, pero por lo mismo manejable, presionable y concesivo.

¿Qué hacer en Venezuela? 2018

Artículo publicado en La República, domingo 4 de febrero de 2018

En octubre del año pasado comentábamos cómo el gobierno de Nicolás Maduro parecía recuperar la iniciativa después de aparecer tambaleante. La crisis económica, el creciente desgobierno, la unidad de la oposición, permitió a ésta avanzar, ganando incluso el control del parlamento después de las elecciones parlamentarias de 2015. El paso siguiente fue el pedido de un referéndum revocatorio para el presidente Maduro, que la oposición esperaba se pudiera dar a finales de 2016, de modo que pudiera convocarse inmediatamente después a una nueva elección presidencial. Como sabemos, Maduro, consciente de que había perdido mayoría electoral y control del Congreso, impidió la realización del referéndum, postergó indefinidamente las elecciones regionales de 2016, y cercenó las prerrogativas de la Asamblea Nacional a inicios de 2017, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia. El régimen autoritario de Maduro pasó a una etapa abiertamente dictatorial, y la oposición respondió con la movilización en las calles; entre abril y junio del año pasado Maduro parecía estar a punto de caer.

Pero logró sobrevivir. En julio se realizaron elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente; al instalarse en agosto, una de sus primeras decisiones fue asumir la función legislativa, quitándosela definitivamente a la Asamblea Nacional. Luego convocó para octubre las postergadas elecciones regionales, y para diciembre las elecciones municipales, en las que obtuvo sendos triunfos. Tanto así Maduro confía en que ha recuperado competitividad electoral, que ha propuesto adelantar para abril la elección presidencial prevista para diciembre de este año.

¿Cómo así Maduro logró sobrevivir, a pesar de la dramática crisis venezolana? No es sencillo dar una respuesta, pero entre varios factores habría que mencionar que la gravedad de la crisis minó a la larga las capacidades de resistencia civil y acción colectiva de protesta; hizo a la sociedad, especialmente a los sectores populares, cada vez más dependientes de esquemas clientelísticos para sobrevivir (al respecto son claves los “Carnets de la Patria”, documento que permite el acceso a programas sociales y a los programas de distribución de alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción –CLAPS-). El Estado, en medio de su colapso, se mantiene como aparato eficaz de control y redistribución de rentas. Al mismo tiempo, la oposición perdió credibilidad como alternativa viable, al identificarse durante un periodo largo solamente con la movilización y la protesta, y al ausentarse de los últimos procesos electorales. Además, los dilemas asociados a la decisión de participar o no en éstos dividió a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), actor central en los avances producidos hasta 2015.

¿Qué hacer frente a la elección presidencial de este año, a la que, por supuesto, Maduro se presentará para ser reelecto? Modestamente, me parece que, fracasado por el momento el plan de la confrontación y la protesta, no queda sino dar la batalla electoral. Por supuesto, se trata de elecciones en el contexto de una dictadura, en un escenario amañado y controlado el régimen. El Consejo Nacional Electoral impide participar a los principales grupos de oposición como la MUD, Primero Justicia o Voluntad Popular, que no participaron en las últimas elecciones municipales. La presión de la comunidad internacional es ahora clave para lograr comicios mínimamente plurales, justas y competitivas con plazos razonables y el reestablecimiento de la legalidad constitucional. ¿Qué dice nuestra cancillería?

Justicia y política. Brasil y Perú

Artículo publicado en La República, domingo 28 de enero de 2018

El miércoles pasado, la Corte de Segunda Instancia de Porto Alegre, por unanimidad (tres votos), no solo confirmó la condena a prisión del expresidente Lula expedida por el juez federal Sergio Moro, sino que amplió la pena de nueve a doce años, por delitos de corrupción y lavado de dinero. Esta decisión judicial tiene un gran impacto político, porque la popularidad del expresidente ha ido creciendo en los últimos meses (llegó al 45% de aprobación en diciembre, más del doble que sus más cercanos seguidores), al punto que aparece como el puntero en las encuestas de intención de voto frente a la elección presidencial de octubre de este año.

Según muchos analistas, la condena es desproporcionada y refleja la politización y el sesgo político en la acción de la justicia. Según otros, es muestra de su autonomía y de la fortaleza de las instituciones brasileñas. ¿Cómo entender esta situación? Los defensores del presidente señalan que en la condena en cuestión, por haber recibido un departamento de lujo como soborno a cambio de favorecer a la empresa OAS con contratos con la empresa pública Petrobras, no existirían pruebas concluyentes, y que de lo que se trataría es de impedir la candidatura de Lula, que aparece con una opción significativa de alcanzar nuevamente la presidencia. Estaríamos ante un complot de sectores conservadores que controlan las instancias judiciales.

Mi opinión es que no puede perderse de vista que los problemas de corrupción que hemos visto en Brasil en los últimos años, y que tanto han impactado nuestro país, se incubaron, desarrollaron, adquirieron amplias y sofisticadas estructuras, y alcanzaron proporciones gigantescas, durante los años de la presidencia de Lula. Los juicios contra éste son varios, y aquél por el que acaba de ser condenado es apenas uno entre siete. No debería sorprender que los jueces tengan en cuenta el calendario electoral dentro de sus consideraciones. De otro lado, paradójicamente, fue también durante los años de Lula que se dio una legislación y un apoyo político que permitió el fortalecimiento institucional de las instancias judiciales. Ese fortalecimiento se ha expresado en el activismo y la iniciativa judicial que hoy lo condena. Los jueces brasileños han seguido en sus razonamientos la teoría del “dominio del hecho” que conocemos muy bien en nuestro país: existió un vasto esquema de corrupción organizado desde la cúpula del poder; el presidente necesariamente sabía y apoyaba lo que ocurría, el pago de sobornos de empresas privadas para el partido de gobierno y sus dirigentes. Así, no habría necesidad de encontrar una prueba directa concluyente, sino que la concurrencia de múltiples datos indirectos permitirían llegar a esa certeza.

Por supuesto, se puede estar en desacuerdo y criticar las sentencias judiciales, y ciertamente los jueces brasileños han caído en más de un desatino o error. Pero no se puede desacatar las sentencias, más todavía si después de la primera instancia, ha sido ratificada por unanimidad en una segunda, lo que le quita peso al argumento de la manipulación política. Queda todavía pendiente la ratificación de la Corte Suprema y otras instancias. No me parece que se pueda hablar de un quiebre del Estado de derecho en Brasil.

Desde el Perú, creo que el mismo criterio que nos lleva a respaldar la condena al expresidente Fujimori amparándose en la teoría del dominio del hecho nos debería llevar a respaldar la de Lula. No son por supuesto los mismos delitos y son presidentes muy diferentes, pero el esquema delictivo es bastante similar.

2018

Artículo publicado en La República, domingo 21 de enero de 2018

Empezamos en esta columna imaginando el año pasado uno relativamente estable: decíamos que en el segundo año de gobierno las expectativas infundadas se disipan, pero el hartazgo todavía no aparece; y que en cuanto a la gestión, se superan las novatadas iniciales y la nueva administración empieza a funcionar. Las cosas, como sabemos, fueron muy distintas: no pudimos preveer, de un lado, que los niveles de confrontación entre el ejecutivo y el legislativo siguieran un camino ascendente (recordemos las coyunturas de los pedidos de censura a los ministros Thorne y Martens, el pedido de confianza del presidente de consejo Zavala); y del otro, tampoco pudimos preveer cómo el gobierno en general y el Presidente de la República en particular mostraran tal vocación por complicarse la vida y torpedear sus propias iniciativas: recordemos el manejo de la concesión del aeropuerto de Chinchero, la renuncia del ministro Vizcarra, el manejo de la huelga de maestros. Además se presentaron factor exógenos que resultaron decisivos, como los provenientes desde Brasil asociados al caso lava jato, que judicializaron la política y causaron múltiples estragos mayores.

¿Cómo será el 2018? En octubre del año pasado, después de que el Consejo de Ministros presidido por Mercedes Aráoz obtuviera el voto de confianza del Congreso, decíamos que había elementos que hacían pensar que podría durar en el tiempo: la visita del Papa, el mundial de fútbol y las elecciones regionales y municipales, harán que la atención no esté tan centrada en el gobierno; además, una recuperación económica, consecuencia de factores externos, podría repercutir favorablemente en el ánimo ciudadano. Decíamos también que lo que más nos preocupaba es que el gobierno se contentara con solo sobrevivir, y se perdiera cualquier ímpetu reformista.

Hoy pensamos algo parecido, pero con poder ejecutivo mucho más precario y vulnerable (en realidad, cualquier crisis importante podría hacer caer a ministros, a Aráoz y hasta al propio Presidente) y con una preocupación mucho mayor por un gobierno que lleva apenas año y medio y que podría hacer que en los tres y medio que le faltan condene a todo el país a tener una mera administración, no un gobierno propiamente dicho, y aún peor, que en nombre de la estabilidad y la gobernabilidad se retroceda en lo poco que se ha avanzado en los últimos años.

La Presidenta del Consejo de Ministros no solo enfrenta problemas de credibilidad, además encabeza un gabinete donde no hay visos de iniciativas reformistas. Con el gabinete Zavala había cuando menos algunas ideas y personajes que señalaban alguna dirección: “destrabe” de proyectos, desburocratización, por ejemplo. Ministros como Saavedra y Martens en Educación, García en Salud, Basombrío en Interior, Luna en la Cancillería, Pérez Tello en Justicia, Nieto en Defensa, en medio de todo, lideraban iniciativas, marcaban cierta pauta. En la actualidad, no se percibe nada todavía, lamentablemente. Aunque dejándose llevar por la corriente, podríamos llegar hasta julio, fecha en la que podría haber una recomposición del gabinete, jugándose la carta de un Presidente de Consejo de Ministros más político y más fuerte, y de un gabinete de “unidad nacional”.

Esta recurso parece imprescindible en tanto después del indulto al condenado expresidente Fujimori y con las investigaciones todavía en curso respecto a los vínculos del presidente Kuczynski con Odebrecht y otros asuntos, la figura del “paso al costado” de la que se hablaba durante los momentos más críticos del gobierno del presidente Toledo adquiere gran pertinencia.

¿Negociación o coincidencia?

Artículo publicado en La República, domingo 14 de enero de 2018

Los protagonistas centrales del indulto al expresidente Fujimori (24 de diciembre) ocurrido inmediatamente después de la votación de la moción de declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral (21 de diciembre) señalan que uno nada tiene que ver con el otro, y que apenas hay una coincidencia temporal. De otro lado, muchos periodistas se han encargado de hacer minuciosas reconstrucciones de hechos y de buscar contactos entre personajes clave para demostrar que sí hubo una negociación explícita. Me parece que no es necesario hurgar en los detalles como en una investigación detectivesca para entender lo sucedido. Algo de teoría política podría ayudar.

Robert Axelrod, en La evolución de la cooperación (1984) contó cómo durante la primera guerra mundial, en las trincheras franco – alemanas, los soldados se las arreglaban para desarrollar conductas cooperativas contrarias a los deseos de sus mandos, y sin necesidad de pactarlas de manera directa, mediante la estrategia del tit-for-tat, quid pro quo, o “una por otra”, como querramos llamarla. Al recibir la orden de atacar, un bando disparaba al aire. El bando contrario respondía haciendo lo mismo, y así ambos salvaban sus vidas. Cooperación sin acuerdo previo. Pero sí se trata de una negociación: porque a la iniciativa de cooperación se puede responder atacando, con lo que la guerra se reanuda.

Kenji Fujimori ofreció claramente sus votos en el Congreso a cambio del indulto de su padre desde los primeros meses del año pasado. Pero era una promesa poco creíble: ¿de cuántos votos hablábamos? Kenji estaba siendo objeto de un proceso disciplinario en Fuerza Popular; entonces, el 11 de julio logró la presentación de una carta firmada por 23 parlamentario de FP solicitando suspender el proceso. No era suficiente, porque el 18 de julio resultó suspendido por 60 días, sin que se produjera ningún cisma.

Kenji necesitaba hacer creíble que contaba con una parte relevante de la “bankada”, y la oportunidad se presentó con la moción de vacancia del presidente del 15 de diciembre. Al mismo tiempo, el gobierno debía dar señales de que tendría el indulto listo para usarlo si es que se presentaba la ocasión, de allí el nombramiento de Mendoza en el Ministerio de Justicia en setiembre, y los posteriores cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Una vez que Kenji demostró que contaba con diez votos, que resultaron claves para impedir la caída del presidente, se dio la señal que se esperaba desde Palacio. Disparar al aire al recibir la orden de disparar a matar. El presidente reciprocó “cooperando” también, tres días después, con el indulto. No necesariamente hubo una negociación explícita directa, bastó que los protagonistas lancen y entiendan las señales del otro; pero sí hubo una negociación implícita, un tit-for-tat. El problema para el presidente, como ya hemos dicho, es que el indulto no impide para nada que le sigan disparando fuego graneado desde el frente, y ahora le disparan también con entusiasmo desde su propio lado.

Puede haber cooperación sin negociación, por ejemplo, la relación entre el APRA y el fujimorismo desde el segundo gobierno del presidente García. Algunos decían que la “alianza aprofujimorista” se basaba en la promesa del indulto, que nunca se dio. Si esto hubiera sido cierto, las relaciones entre ambos serían hostiles, y como es evidente, eso no es así. El ejemplo de una iniciativa de cooperación no reciprocada que genera animosidad es la del antifujimorismo con el presidente. Los primeros sienten que le salvaron el pellejo, para luego ser pagados por una traición.

Los Fujimori

Artículo publicado en La República, domingo 7 de enero de 2018

Como en la historia de las monarquías, el análisis político del Perú de hoy requiere referirnos a la familia Fujimori. Quizá sea útil revisar la trayectoria que nos condujo a la situación actual.

Cuando Alberto Fujimori postuló a la presidencia en 1990, Susana Higuchi no solo era cónyuge, también socia política. Esto es importante para entender cuánto gravita la política en toda la familia y sus conflictos. El nuevo presidente, al distanciarse de su núcleo de campaña, lo hizo también de su esposa. Hacia 1992 Higuchi denunció malos manejos gubernamentales, que implicaban a los hermanos del presidente; después denunció maltratos y hasta secuestros y torturas. El divorcio se consumó en 1995, año en el que Higuchi pretendió sin éxito postular al Congreso; postuló y fue electa en 2000 y reelecta en 2001. Llamó la atención el que todos los hijos tomaran partido por el padre, a pesar de la gravedad de las denuncias. Keiko, la mayor, tenía 20 años en 1995, y Kenji, el menor, 15. Un año antes Keiko había asumido las funciones de primera dama. Alberto como presidente no descuidó la relación con los hijos, más bien usufructuó los recursos de la presidencia para ganar su lealtad. Además, en 1995 estaba en su momento más alto de popularidad, lo que le permitió ser reelecto con el 64.4% de los votos.

Keiko acompañó a su padre en la ilegal campaña del 2000, asumiendo el activo y el pasivo de su gobierno. Ahora, cuando Alberto Fujimori huyó a Japón no solo abandonó al país, también a sus hijos, que tuvieron que enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2005 el prófugo, de manera desconcertante, viajó a Chile, y en julio de 2007 postuló ignominiosamente al senado japonés, intentando impedir el proceso de extradición que se concretó en el mes de septiembre y que culminó con su sentencia a 25 años de prisión en abril de 2009. Paralelamente, Keiko terminó estudios en los Estados Unidos, logró ser elegida congresista en 2006 con la más alta votación, se casó, tuvo dos hijas, y emergió como la heredera de un fujimorismo que su padre resultaba incapaz de liderar. Hasta la elección de 2011 Alberto mantuvo control importante en Fuerza 2011, pero desde la creación de Fuerza Popular, Keiko emergió como la líder indiscutible. Kenji además logró ser elegido en 2011 y luego en 2016 como el congresista más votado, pero sin la credibilidad suficiente como para aspirar a ser propiamente un sucesor.

Puede entenderse que Alberto Fujimori aspirara a su libertad, no tanto que por ella conspirara contra la consolidación de su propia herencia política a través de su hija. El liderazgo de Keiko implicaba necesariamente distanciarse de su padre, y que su liberación no fuera el punto central de la agenda política de FP. El propio Alberto careció de una estrategia clara para lograr su excarcelación, de allí los numerosos cambios de abogados y de posturas al respecto. Cuando en la campaña de 2016 Keiko prometió no usar el poder político para liberar a su padre hacía mucho más que una promesa de campaña. La derrota en la campaña presidencial y la mayoría congresal de FP cambió el escenario: Alberto y Kenji empezaron a presionar para obtener un indulto por vías políticas. Un desafío a la hija y la hermana, y una lidereza que no supo manejar ni su derrota ni el gran poder que adquirió.

En lo inmediato parece que a todos les interesa mantener la familia unida, acaso condición necesaria para triunfos políticos en 2018 y 2021. ¿Aceptará Alberto que su tiempo hace tiempo pasó, o su ambición liquidará a su propia hija y a su propio legado con ella?

martes, 2 de enero de 2018

Qué pasó, qué viene (3)

Artículo publicado en La República, domingo 31 de diciembre de 2017

La semana pasada comentábamos sobre la inesperada sobrevivencia del presidente Kuczynski a la moción de vacancia presidencial, donde la actuación de Kenji Fujimori resultó clave, y preveíamos “un indulto humanitario, previo informe de una junta médica calificada, en un plazo no muy lejano, escenario anunciado más de una vez por el presidente”. Después del 21 se abría la posibilidad una recomposición de fuerzas en el Congreso que le diera cierto aire al poder ejecutivo, al terminar la mayoría absoluta de FP; esto implicaba aislar a los sectores más “termocéfalos” que votaron por la vacancia, y construir una mayoría recuperando una iniciativa política reformista, sobre la base de un gabinete basado en figuras con trayectoria y peso político propio. Esto implicaba también, en un plazo razonable, un indulto humanitario que resultara inobjetable en su justificación y procedimientos.

Lo que no esperábamos era que el indulto llegara el día 24, de la manera torpe en la que ocurrió, que incineró la legitimidad que podría haber tenido. No concebíamos que fuera posible que un presidente dijera el día 20 que tenía que ser más confrontacional con el fujimorismo para luego ofrendarle su destino el día 24; que despertara a la movilización antifujimorista, su apoyo en casos de emergencia, para luego convertirse en su enemigo; que armara su defensa recurriendo a personajes de clara filiación antifujimorista como Alberto Borea o Pedro Cateriano, para inmediatamente después ganarse su desprecio; que implementara un “indulto express” en una operación no solo encubierta si no que también incluía maniobras distractivas (como las del Ministerio de Justicia); que desautorizara tan groseramente a la Presidenta del Consejo de Ministros y al vocero de la bancada parlamentaria que negaron explícitamente la negociación del indulto. Que hiciera todo ello precisamente después de haberse defendido de la moción de vacancia denunciando el apresuramiento, la falta de transparencia y la violación al debido proceso. Que confirmara a ojos de muchos que mintió cuando acababan de acusarlo de haber mentido en su relación con Odebrecht. Que actuara sin mayores escrúpulos precisamente cuando se acababa de librar de una vacancia por incapacidad moral.

Quienes piensan que este indulto podría funcionar se basan en tres premisas, todas cuestionables. Primero, que una abrumadora mayoría del país apoyaría el indulto, basándose en encuestas de opinión previas. El problema es que la forma en que se dio mella seriamente la presentación del indulto como un medio de “reconciliación”, para ser visto como una negociación burda para salvar a un presidente con rabo de paja. Segundo, que la respuesta contraria no será a la larga significativa: no parece sabio jugar con fuego, mucho más siendo un presidente tan débil. Y tercero, que a partir de ahora el fujimorismo será liderado por Alberto, y que se comportará más “cooperativamente”. Si bien Keiko ha quedado ciertamente muy golpeada, no me la imagino como una niña pequeña bajando la cabeza y yendo al rincón de los castigos después de los regaños de su padre, junto a su mototaxi. Tampoco me imagino a Kenji como un candidato presidencial viable, ni a un fujimorismo abiertamente roto. Después de una negociación y un acomodo, emergerá nuevamente con sus mismos intereses: ganar el 2018 y el 2021, para lo cual resulta imprescindible salir bien librados de las investigaciones de casos de corrupción, y no ser asociados con un gobierno impopular, desprestigiado, sin credibilidad. Los problemas no se han resuelto, pasamos apenas por el ojo del huracán.

Qué pasó, qué viene (2)

Artículo publicado en La República, domingo 24 de diciembre de 2017

El viernes 15 la moción de vacancia presidencial presentada por el Frente Amplio se aprobó con 93 votos a favor, es decir, con casi unanimidad descontando a la bancada oficialista. Hasta el lunes 18, inclusive, después de la presentación del presidente en televisión nacional, la previsión era que la suerte del presidente estaba echada. No había logrado dar explicaciones satisfactorias respecto a los conflictos de interés en los que habría incurrido, se especulaba sobre su renuncia y sobre la viabilidad de un gobierno de Martín Vizcarra. ¿Cómo así logró evitar la vacancia en tres días?

En primer lugar, el gobierno empezó a defenderse con más energía. Si bien no lograron persuadir a la opinión pública de la inocencia o integridad del presidente, sí lograron convencer a muchos de que el Congreso actuaba con excesivo apresuramiento. Segundo, para mí lo más importante, el énfasis de la discusión se desplazó de la moralidad del presidente a la prepotencia del fujimorismo, por obra de ellos mismos. El intento de conseguir 104 votos para votar la vacancia lo antes posible, declaraciones altisonantes, por llamarlas de alguna manera, de Héctor Becerril, de Luis Galarreta (contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y luego de Daniel Salaverry, reavivaron la imagen de un fujimorismo golpista, que a la larga hicieron que Keiko Fujimori pierda por tercera vez el propósito de controlar el poder ejecutivo. Si en 2011 se puede atribuir a Jorge Trelles o Alejandro Aguinaga, y en 2016 a José Chlimper, el cometer errores de último minuto que cambiaron tendencias que parecían firmes, esta vez ese sitial corresponde a estos voceros parlamentarios. Su locuacidad generó el espacio para que Kenji Fujimori pudiera retomar un discurso alternativo basado en privilegiar la gobernabilidad sobre la confrontación, unificó a la bancada de PPK, sacó al antifujimorismo a la calle, permitió que Nuevo Perú privilegiara la lucha contra el fujimorismo a sus cuestionamientos al neoliberalismo, que APP pudiera presentarse como una fuerza política responsable, y dividió los votos del APRA, de AP y de los no agrupados. Tercero, el encono de Fuerza Popular arrinconó tanto al gobierno que lo obligó a jugarse el todo por el todo: jugar la carta del antifujimorismo, denunciar la existencia de un plan de golpe de Estado parlamentario el miércoles 20, anunciar que la vacancia implicaría la renuncia de los vicepresidentes y el adelanto de elecciones generales, al mismo tiempo que llamaba a actuar con prudencia y tendía un puente a los “jóvenes congresistas” de FP y de otras fuerzas políticas en la intervención de Alberto Borea.

Esta estrategia, si bien no doblegó al Frente Amplio, sí consiguió diez abstenciones en FP. Los votos “kenjistas”, antes que desnudar una negociación a cambio del indulto de Alberto Fujimori, mostrarían la consolidación del liderazgo de Kenji, con la bendición de su padre, y exhibió su importancia crucial en el juego político congresal. Esto hace verosímil la posibilidad de un indulto humanitario, previo informe de una junta médica calificada, en un plazo no muy lejano, escenario anunciado más de una vez por el presidente.

¿Qué viene? Aparentemente la lección sacada después de esta experiencia es la importancia de contar con políticos con trayectoria y peso político como aliados, capaces de generar cierto consenso y enfrentar los excesos fujimoristas, pero sin necesariamente buscar confrontaciones gratuitas (Alberto Borea, Antero Flores, Lourdes Flores, el mismo Pedro Cateriano). Una futura recomposición del gabinete podría expresar esta idea.

Qué pasó, qué viene

Artículo publicado en La República, domingo 17 de diciembre de 2017

- Estamos discutiendo declarar la vacancia del Presidente de la República como consecuencia de un misil lanzado por Odebrecht directo sobre la línea de flotación de su credibilidad como mandatario. Por qué lo hizo es la gran pregunta. Aparentemente esto expresaría la insatisfacción por la implementación del Decreto de Urgencia 003; sin embargo, empoderar al fujimorismo, quien precisamente boicoteaba esa implementación, resulta contradictorio. ¿Es consecuencia de un nuevo pacto por la impunidad de empresas corruptas? Mucha atención a esto. ¿Vamos a dejar que los intereses de Odebrecht marquen la dinámica del país?

- El presidente está a punto de ser vacado por sus persistentes, por decir lo menos, ambigüedades y débiles explicaciones dadas respecto a sus relaciones con Odebrecht, que han generado la convicción de que tiene demasiado que ocultar. En el peor caso estamos ante delitos graves, en el mejor ante un pésimo manejo de patentes conflictos de interés. De allí el total aislamiento de la bancada oficialista en el Congreso. Tiene en los próximos días la oportunidad (¿hoy domingo? El mismo jueves parecería demasiado tarde) de dar ¡por fin! explicaciones cabales. De su capacidad de crear la noción de darle el “beneficio de la duda” depende su única esperanza de sobrevivir a la próxima semana.

- Si el presidente cae, asume la jefatura de Estado el vicepresidente Vizcarra. Por la estabilidad del país es un escenario mejor que el del adelanto de elecciones. ¿Podrá gobernar Vizcarra? Difícil, no imposible. Recordemos que si caen los dos vicepresidentes tenemos el adelanto de las elecciones generales, y me parece que a los congresistas actuales, naturalmente, no les entusiasma la idea. Keiko Fujimori podría pensar que un adelanto de elecciones bajo un gobierno provisional encabezado por el presidente del Congreso Galarreta sería beneficioso, pero no necesariamente su bancada. Otro mecanismo con el que podría contar Vizcarra para incentivar la cooperación es el de la cuestión de confianza. Por supuesto, Vizcarra deberá gobernar con un esquema de coalición muy amplio y consensual, recogiendo su experiencia de gobernador, dando oportunidad a liderazgos regionales, pero no por ello menos firme.

- Vizcarra tendría el reto de, a pesar de encabezar eventualmente un gobierno extremadamente débil, sin ninguna base de sostenimiento propia (ni la propia bancada PPK), sostenido solo porque para sus adversarios es peor dejarlo caer, asegurar un mínimo de gobernabilidad democrática. Esto en lo inmediato significa enfrentar al tractor a toda máquina y sin conductor que parece el fujimorismo en los últimos tiempos. Implica evitar la destitución del Fiscal de la Nación, el descabezamiento del Tribunal Constitucional, la obstrucción a la acción de la justicia en los casos que los involucran. Atención que Víctor Andrés Ponce, con su habitual elocuencia, sugiere al fujimorismo no cometer el error de propiciar un adelanto de elecciones, porque lo que debería ocuparlos es “ejercer su mayoría para desmontar el establishment izquierdista”, que “ha llegado a controlar y mangonear (…) el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación”. Es decir, aplanar el camino hacia el 2021.

- Si el gobierno transitorio de Paniagua tuvo como gran misión desarmar el andamiaje heredado del autoritarismo fujimorista, la de Vizcarra sería defender y fortalecer la autonomía, profesionalización y eficiencia del sistema de administración de justicia, para que de toda esta nefasta experiencia quede una limpieza a fondo. La única forma de que algo bueno salga de todo esta desgracia.

Sobre la Fiscalía y el Poder Judicial

Artículo publicado en La República, domingo 10 de diciembre de 2017

¿Cómo entender la conducta de Fiscales y Jueces en casos de gran importancia política? De un lado, sería ingenuo pensar que sus decisiones siguen una lógica de “estricto apego al derecho”. Ciertamente las presiones de la opinión pública y de los actores políticos cuentan, e incluso la propia lógica jurídica está sujeta a diferentes interpretaciones y mediada por marcos ideológicos. Del otro lado, parece exagerado asumir que estas decisiones se explican por la manipulación de actores políticos. Se asume indistintamente que el poder ejecutivo, el APRA, el fujimorismo o la izquierda tienen poderosas influencias para dirigir a fiscales y jueces. Como puede verse, la diversidad de estos pretendidos hilos sugiere lo poco productiva que es esa tesis.

¿Cómo entender entonces el asunto? Para empezar, tenemos la historia de una extrema precariedad institucional. En tanto ser fiscal o juez implicaba un salario muy bajo y muy poco reconocimiento social, los mejores estudiantes o profesionales del derecho evitaban seguir esas carreras. Esto hizo que en promedio primara en ámbitos judiciales una concepción del derecho muy conservadora, pegada a la literalidad de las normas y reglamentos, y que quedara en segundo plano visiones más integrales que privilegiaran el acceso a la justicia. Los bajos salarios y la precariedad institucional hicieron también a estas instancias muy vulnerables a la corrupción. Además, estos ámbitos fueron ocupados en gran medida por egresados de universidades privadas más populares o públicas en las que grupos como el APRA, el fujimorismo o la izquierda mantienen cierta influencia, de allí la imagen de su “control”. Otras universidades privadas más elitistas, de mayor reputación académica, influyen a través de cursos y seminarios de capacitación. Pero influencia no es sinónimo de control, en todo caso se puede registrar una pluralidad de influencias.

En los últimos años las cosas han cambiado. Los presupuestos y remuneraciones han aumentado de manera importante; las instituciones se han profesionalizado, los procesos se han modernizado; a través de convenios y contactos internacionales fiscales y jueces tienen más claro el estándar al que deben aspirar, aunque por supuesto hay muchísimo más por hacer. Al parecer las mejoras se han dado más en el Poder Judicial que en el Ministerio Público, precisamente cuando la implementación del nuevo Código Procesal Penal requiere tener una fiscalía mucho más profesional, eficiente y ágil. Además, los delitos se han sofisticado mucho en los últimos años, con complejas operaciones financieras y tecnológicas que comprenden varios países.

En este marco, la fiscalía (y el PJ) enfrenta la herencia de una debilidad institucional que no logra superar del todo (a veces quieren pero no pueden); se ve obligada a responder ante fuertes presiones políticas y de la opinión pública (deben combinar agendas propias con agendas que les vienen de afuera para las que no están suficientemente preparados); y además debe actual allí donde puede construir casos suficientemente sólidos, y esto depende no solamente de sus capacidades, también de con cuánta información cuenta. Y esta suele provenir de otros países, como Brasil, o de delaciones o confesiones que tienen sesgos muy particulares, o de cuán desprolijas sean las redes corruptas para encubrir sus operaciones. En otras palabras, caen sobre quien pueden, no necesariamente sobre quien deberían. Todo esto genera la imagen de la existencia de “intereses oscuros” detrás de las decisiones, cuando en realidad ellas son fruto de múltiples vectores.

Caminos de corrupción

Artículo publicado en La República, domingo 3 de diciembre de 2017

Ante las recientes revelaciones, básicamente provenientes de Brasil, referidas a la participación de políticos y empresarios en sofisticados esquemas de corrupción, algunos comentaristas han esgrimido el argumento de que no todos los casos son iguales, que no es justo generalizar o equiparar situaciones.

Por supuesto, todos los casos son muy diferentes, y resulta útil distinguirlos. Existen por ejemplo los corruptos oportunistas de poca monta: actores diversos que “aprovechan” oportunidades que se presentan, que suelen actuar con bastante desprolijidad. Pero están también los corruptos más sofisticados, actores que tienen relaciones más estables con el Estado. Para que estos esquemas funcionen se requiere discreción, cierta disciplina, cumplir con ciertos procedimientos. Por ejemplo, el llamado “club de la construcción”. Los primeros manejan montos menores, pero son muchos más, están más expuestos y tienen un gran efecto negativo sobre la moral pública; los segundos roban muchísimo más, pero están más cubiertos ante el gran público.

Entre los políticos, más específicamente, están quienes participan en esquemas de corrupción por pura vanidad y ambición personal: son los que luego compran yates y su consumo suntuario los delata. Otros entienden la política como una extensión de sus negocios, más ahora que ante la crisis de los políticos profesionales muchos empresarios, en muy diversos rubros, participan directamente en la política.

Pero están también los políticos más ideológicos, que todavía los hay, que entran a la política principalmente para defender ciertas ideas y causas, pero que derrapan hacia esquemas de corrupción. Algunos terminan usando la ideología como disfraz para el enriquecimiento personal; en el mundo de la derecha se resbala siguiendo la pendiente de la promoción de la economía de mercado, hacia negocios específicos. Desde la izquierda se cae como consecuencia de una retorcida noción de justicia redistributiva (si la derecha lo hace, ¿por qué no lo puede hacer la izquierda? Si ellos disfrutan del poder, ¿por qué no nosotros?). Acaso el ejemplo emblemático latinoamericano de esto es la famosa “piñata” al fin del gobierno sandinista en Nicaragua. Hay otras formas de corrupción más “principistas”, si cabe el término: asegurar recursos para la sobrevivencia política. El dinero robado al Estado no va necesariamente al patrimonio de los líderes (que pueden argüir que son austeros y modestos), sino a un fondo para financiar campañas o actividades partidarias. Acaso el caso emblemático de esto sea el de Agustín Mantilla recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos.

Entre los corruptos hay muchas formas de minimizar el daño de la misma y vivir con la conciencia tranquila: en ocasiones la justificación es ideológica (“no es para mí, es para el partido”); en otras práctica (“el soborno lo paga un privado, no el Estado”; o “me cae algo pero proveo un buen servicio”); en otras naif (“si todos lo hacen, ¿cuál es el problema?”; o “lo mío no es nada comparado con otros”). Así, si bien es cierto que no todas las formas de corrupción son iguales, la realidad es que se puede hacer daño al país de múltiples maneras.

Visto el asunto más globalmente, tomamos conciencia de que el auge económico con instituciones débiles y sin actores mínimamente constituídos de los últimos años dejó un saldo de descomposición moral que afectó al conjunto de la elite del país. Afortunadamente, a diferencia de otros periodos de la historia, no nos dejó además arruinados económicamente. Y hay una ola de indignación ciudadana que no debemos desaprovechar.

¿Y el fujimorismo? (2)

Artículo publicado en La República, domingo 26 de noviembre de 2017

Sigo con algunas reflexiones iniciadas la semana pasada. ¿Cómo entender la lógica del fujimorismo? Señalaba que no me parecía convincente la tesis de la implementación de un plan que implicaba someter a todos los poderes del Estado para al final lograr la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones. Esto implica la existencia de un actor muy coherente, dotado de un propósito claro, actuando con una racionalidad estratégica. Dadas las conocidas debilidades en la organización y conducción de Fuerza Popular, me parece que su actuación se entiende mejor asumiendo que siguen lógicas reactivas, defensivas, de corto plazo. Así, ante acusaciones, investigaciones fiscales, cuestionamientos, responden con rudeza, haciendo manifestaciones de fuerza, buscando amedrentar a sus adversarios.

Ahora bien, esto no quiere decir en absoluto que este patrón de comportamiento sea menos nocivo para nuestra precaria democracia que uno racional - estratégico. Es más, diría que el primero es más peligroso y nocivo que el segundo. Porque un actor racional, en la posición del fujimorismo, entendería que acusar constitucionalmente al Fiscal de la Nación sin ningún fundamento legal es totalmente contrario a sus propios intereses: los presenta como prepotentes y arbitrarios, refuerza la imagen de que no son democráticos, genera la percepción de que temen el avance de las investigaciones en la Fiscalía que los comprometen, cohesionan a sus adversarios (considerar la respuesta de la Junta de Fiscales Supremos y la reacción del conjunto Ministerio Público), y todo esto por una iniciativa en la que además les resultará muy complicado conseguir los votos necesarios. Digamos que si Aníbal Quiroga, Juan Paredes Castro, César Nakasaki, Aldo Mariátegui y Pablo Bustamante, por mencionar algunos nombres, ninguno de ellos sospechoso de “caviarismo”, te dicen que es un grave error acusar al Fiscal de la Nación, pues hace rato debieron haberse dado cuenta de ello.

Carlos Meléndez en El Comercio ayer caracteriza al fujimorismo más como antiestablishment que como autoritario. Puede ser, pero habría que recordar que ese perfil lo manejó Alberto Fujimori entre 1990 y 1992 y Keiko desde la segunda vuelta electoral del año pasado, pero en el medio el fujimorismo fue más bien un garante del establishment político y de la continuidad del modelo neoliberal. Hoy no solo choca frontalmente con las instituciones democráticas, también contra la estabilidad del modelo económico, mediante diversas iniciativas, cuando en algún momento encarnaron la esperanza de ser un gran partido de derecha popular. Su renovado populismo les puede favorecer en el corto plazo, pero los desprestigia como opción frente al 2021.

Podría ser útil releer en estos momentos el célebre libro del historiador Carlo Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana (1976), especialmente en la parte en la que decía que el estúpido es más peligroso que el malvado, en tanto suele causar considerable daño sin obtener beneficios, o peor aún, incluso perjudicándose a sí mismo.

Urge entonces respaldar el trabajo de la Fiscalía, a pesar de las múltiples críticas que podamos tener con su trabajo. Porque ella no va a mejorar descabezándola y amedrentando a los Fiscales desde el poder político, sino fortaleciento su autonomía e independencia, permitiendo la continuidad en sus esfuerzos, también ejerciendo la crítica ante limitaciones. El que tengamos bajo investigación a prácticamente el conjunto de nuestra elite gobiernante de los últimos años hace que haya múltiples intereses en debilitar su actuación.

¿Y el fujimorismo?

Artículo publicado en La República, domingo 19 de noviembre de 2017

En las últimas semanas y días, pasada la euforia mundialista, vuelve a la palestra la discusión sobre la conducta política del fujimorismo. ¿Estamos ante la implementación de un plan que tiene como propósito hacerse de un control total de las instituciones del Estado y terminar con la destitución del Presidente de la República? Ciertamente hay elementos para construir ese argumento. Ya tienen el control del parlamento, y desde allí pueden destituir al Fiscal de la Nación y amedrentar a los fiscales que investigan casos de financiamiento ilegal de campañas electorales, que pueden afectar a Fuerza Popular. Pueden también conseguir los votos para destituir a miembros “incómodos” del Tribunal Constitucional y así establecer una suerte de “autoritarismo parlamentario”. Pueden presionar, desde comisiones investigadoras, al propio Presidente de la República y contribuir a debilitar su imagen y crear las condiciones que faciliten el escenario de una declaratoria de vacancia. Además amenazan con denuncias penales a medios de comunicación, que buscarían silenciar voces discrepantes. La editorial de este diario, el domingo pasado, llamó a “defender la democracia” y “parar este golpe de Estado en proceso”. De otro lado, la editorial de Semana Económica de esta semana señala que “todo esto ha hecho especular nuevamente sobre un supuesto plan fujimorista para tumbar la democracia. Pero estas reacciones resultan tan torpes que más bien sugieren la desorientación de un liderazgo inmaduro que aún no resuelve cómo utilizar el enorme poder que se le ha confiado”.

Me inclino más por la segunda interpretación, sin descartar que más adelante, según cambien las circunstancias, las estrategias de los actores puedan cambiar. Es una lectura más coherente con la evidencia previa disponible. Hace pocas semanas, cuando Kenji Fujimori aparecía como un liderazgo capaz de generar fisuras importantes en Fuerza Popular, el diagnóstico compartido era que este grupo estaba dividido, fragmentado, carente de conducción. ¿Ahora súbitamente estamos ante un grupo capaz de diseñar e implementar complejas estrategias en múltiples frentes? Creo que uno entiende mejor la política peruana si parte del supuesto de que los actores actúan muy reactivamente basados en consideraciones muy de corto plazo, y esto parece especialmente válido en el caso del fujimorismo. Se les han presentado por diversas razones y flancos oportunidades, que han coincidido en el tiempo, para hacer demostraciones de fuerza; que buscan ciertamente amedrentar a fuerzas que consideran manejadas por adversarios. ¿Qué es lo que buscan? El poder, por supuesto, ganar gobiernos regionales el próximo año y el gobierno nacional en 2021; y perciben que quienes pueden impedir el triunfo de Keiko en una tercera postulación (que puede ser la última) son algunos medios de comunicación, y una ofensiva fiscal y judicial que buscaría llevarlos con la marea de lava jato. Sienten que es un atropello, porque esa marea debería arrastrar a quienes fueron gobierno en los últimos años, no a ellos, que más bien habrían padecido del acoso de un establishment político, judicial y mediático que supuestamente habría tenido la hegemonía después del año 2000, que desde esa trinchera llaman despectivamente “caviar”. No digo que tengan razón en esa lectura: sí me parece que parecen muy convencidos de que es cierta.

La pregunta es hasta qué punto pueden ser concientes de los problemas en los que hacen incurrir al país por sus lecturas sesgadas de la realidad, y de los costos en los que incurren en función de sus propios intereses.

Justicia y política

Artículo publicado en La República, domingo 12 de noviembre de 2017

Vivimos un muy complicado panorama político como consecuencia de los escándalos asociados al caso lava jato y otros, que tienen como fondo el financiamiento de la actividad política. Buena parte de nuestra elite política está bajo fundadas sospechas de haber recibido dinero para solventar gastos de campaña y otros a cambio de favores gubernamentales. Esclarecer responsabilidades, culpabilidades, exige un manejo muy fino, complicado por varias razones: la opinión pública exige acusaciones y sanciones de manera indiscriminada, los políticos pretenden impunidad propia o sacar provecho de las desgracias ajenas, los fiscales se debaten entre atender las presiones cruzadas de la opinión pública y de los políticos, y la necesidad de hacer bien su trabajo en condiciones adversas, para que pueda haber juicios con casos sólidos, y que luego no terminen en el Poder Judicial en absoluciones, penas mínimas o en condenas que pagan los “eslabones débiles” en la cadena de la corrupción, y no los “peces gordos”.

Vistas las cosas muy en general, obviamente quienes tuvieron responsabilidades de gobierno en los últimos años están bajo sospecha. Sobre funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo y sobre él mismo penden acusaciones muy graves, con un esquema más o menos claro: dinero de campaña y sobornos a cambio de ventajas vinculadas a la construcción de la carretera interoceánica. Pero el proceso de extradición no es sencillo y vale la pena tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Durante el gobierno de García tenemos ya funcionarios procesados relacionados con la concesión de la línea 2 del metro de Lima, y está pendiente saber si se encuentran responsabilidades a un nivel más alto. También están involucrados los gobiernos regionales y locales, notoriamente la Municipalidad de Lima, durante las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Durante el gobierno de Humala, el caso más sólido parece estar relacionado con la concesión del Gasoducto del Sur; el problema está en que el expresidente y su esposa están en prisión no por ese caso, sino por haber participado en una supuesta operación de lavado de activos, al haber recibido dinero no declarado para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Mi impresión es que la detención del expresidente y de su esposa es un exceso, no solo porque no es claro que haya peligro de fuga o de obstrucción a la acción de la justicia, sino porque el solo hecho de recibir dinero y no declararlo, pese a estar prohibido, no implica un delito penal ni tiene mayores consecuencias. Es más, en esta semana el Congreso podría haber cambiado la legislación existente para castigar esa mala práctica con sanciones drásticas, pero no lo hizo. Siguiendo con esta línea de razonamiento, no conduciría necesariamente a la comisión de un delito el que Keiko Fujimori hubiera recibido dinero de Odebrecht en su campaña electoral de 2011.

¿Cómo explicar entonces la destemplada respuesta de K. Fujimori frente a las recientes declaraciones de Odebrecht ante los fiscales peruanos? Atención que el problema no creo que sea Odebrecht: lo que preocupa a los fujimoristas es la acusación de lavado de activos que involucra a Joaquín Ramírez, ex Secretario General de Fuerza Popular. Es para defenderse de esa acusación que el fujimorismo pecha al Fiscal de la Nación, al Presidente de la República, al Tribunal Constitucional, al diario El Comercio, y por extensión, a toda la prensa. Acaso quien debería preocuparse más por lo que viene de Brasil es “AG”, quien sí tuvo responsabilidades de gobierno. Debemos respaldar la acción de la Fiscalía.

viernes, 10 de noviembre de 2017

Sistema político subnacional

Artículo publicado en La República, domingo 5 de noviembre de 2017

En el debate sobre la reforma política y electoral, el Congreso decidió abandonar el camino de una reforma integral y optar por privilegiar en el corto plazo lo urgente, referido a las próximas elecciones regionales y municipales. En esa dirección, se aprobaron cambios en el cronograma electoral que apuntan a establecer plazos más razonables y evitar el cambio en las reglas de competencia una vez iniciada ésta (lo que está muy bien en general); también la prohibición para competir por parte de sentenciados por delitos graves (resultaba imprescindible). Hay dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución que todavía no llegan a ser debatidos en el pleno del Congreso, como la iniciativa que busca hacer más transparente el financiamiento de las campañas electorales, acaso el tema más importante del paquete de iniciativas en debate. Como ya se ha mencionado aquí, hay aspectos positivos, como la prohibición de aportes anónimos y la obligación de bancarizarlos, pero el problema es que no hay sanciones efectivas al incumplimiento: la sanción debería ser política, y en última instancia debería llevar a la pérdida de registro de los partidos infractores.

Además, el Congreso acaba de aprobar la eliminación de las organizaciones políticas locales (provinciales y distritales) para las próximas elecciones, salvo las que hayan iniciado ya su proceso de inscripción. Puede ser razonable a mediano plazo, dado que estas organizaciones existen solamente para una elección y luego pierden su registro y dan pie a una excesiva fragmentación, pero no es evidente la urgencia de una medida como ésta, considerando que ya de manera “natural” estas organizaciones están siendo desplazadas por los movimientos regionales (en las elecciones de 2002, las organizaciones locales eligieron 54 alcaldes provinciales, pero en las de 2010 y 2014 apenas 6 y 5, respectivamente, mientras que los movimientos regionales pasaron de elegir 30 en 2002 a 141 en 2014; los partidos nacionales pasaron de 110 en 2001 a 47 en 2014, como referencia). Está también el dictamen que eleva la valla requerida para ser elegido gobernador en primera vuelta, del 30 al 40% de los votos; se trata de una medida inútil, porque no ayudará a dar más legitimidad a las autoridades, y más bien estimulará la fragmentación que se quiere supuestamente reducir. Al ser más exigente el requisito para ganar en primera vuelta se estimula la pelea por el segundo lugar, meta más accesible para los actores secundarios.

Si la preocupación es la legitimidad de las autoridades regionales, deberíamos pensar en cómo funcionan los gobiernos regionales, en particular la relación entre el Gobernador y el Consejo Regional. La experiencia sugiere que en las malas gestiones regionales los Gobernadores suelen actuar con extrema discrecionalidad y arbitrariedad, lo que termina dando lugar a malas administraciones, cuando no a extrema corrupción. Los consejos no funcionan como espacios de fiscalización y control; y así como no existen los partidos nacionales, tampoco los movimientos regionales son representativos, los consejos se eligen sobre la base de las provincias, con lo que los que llegan al consejo básicamente se representan a sí mismos, antes que a colectividades. Para los gobernadores torcidos resulta sencillo cooptar a los consejeros mediante prebendas destinadas a las provincias que representan los consejeros. Si se quisiera hacer algo para mejorar la legitimidad de los gobiernos regionales, se debería pensar en iniciativas que fortalezcan la transparencia y el control de las decisiones de las autoridades.

¿Qué hacer en Venezuela?

Artículo publicado en La República, domingo 29 de octubre

En un contexto autoritario, ¿cómo debe obrar la oposición? Hasta hace muy poco, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) parecía el ejemplo del que las oposiciones de otras partes del mundo debían aprender. Hasta hace poco, la evaluación era que la apelación al golpe de Estado por parte de la oposición en 2002 y la estrategia de confrontación y boicot hasta 2005 facilitaron la continuidad de Chávez en el poder. La oposición no participó en las elecciones parlamentarias de 2005, con lo que el chavismo logró el control total. La MUD se formó en 2009, y en las elecciones parlamentarias de 2010 obtuvo más del 47% de los votos, quitándolo al chavismo la mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea; en las elecciones regionales de 2012 y en las municipales de 2013 obtuvo más del 44% y del 42% de los votos nacionales, respectivamente, ganando la alcaldía de Caracas; en la elección presidencial de 2013, Henrique Capriles obtuvo más del 44% de los votos. Y en las elecciones parlamentarias de 2015, la MUD obtuvo más del 56%, lo que le permitió ganar dos tercios de la Asamblea Nacional.

Estos avances permitieron desnudar el autoritarismo del régimen, y deslegitimarlo interna y externamente. Ante los avances de la oposición en el nivel municipal y regional, la respuesta fue quitar competencias y recursos a las autoridades electas, y establecer entidades y autoridades designada paralelas. Después de perder el control del parlamento en 2015, y la hegemonía electoral, el presidente Maduro entró a una etapa abiertamente autoritaria, cerrando los mecanismos de competencia: bloqueó la realización de un referéndum revocatorio, suspendió la convocatoria a elecciones regionales, y desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional. Convocó para ello la elección de una Asamblea Constituyente con mecanismos amañados que le permitieron al Gran Polo Patriótico obtener el 100% de la representación.

El asunto es que después de estas arbitrariedades, y en medio de un colapso económico, la oposición pasó a una etapa de movilización y confrontación entre abril y julio, con la esperanza de propiciar el derrumbe del régimen. La combinación de la pérdida de legitimidad electoral, el colapso económico, sus evidentes arbitrariedades, su aislamiento internacional, hacían versímil ese escenario. El problema es que no ocurrió. Maduro ha consolidado, aparentemente, el control interno del régimen, y a pesar de algunos indicios de fisura, pudo capear el temporal, a un alto costo. En este marco convocó a las postergadas elecciones regionales, para el pasado 15 de octubre. La oposición dudó en participar o no, con lo que la unidad se resquebrajó; con todo, se confiaba en lograr un triunfo importante. Al final, la MUD obtuvo dos millones de votos menos que los obtenidos en diciembre de 2015, y ganó apenas cinco de las 23 gobernaciones en disputa. Hay todo tipo de explicaciones para este resultado, desde un abierto fraude (poco creíble), una competencia electoral abiertamente manipulada a favor del régimen (totalmente cierto), donde resulta clave el uso clientelístico masivo de un sistema de reparto de alimentos casa por casa, fundamental en medio de la crisis económica. A esto hay que sumar el hecho de la oposición perdió credibilidad como alternativa viable, al identificarse en el último tiempo solamente con la movilización y la protesta.

Maduro parece evaluar que ha recuperado competitividad electoral, con lo que planea convocar a elecciones municipales para finales de año, y está la próxima elección presidencial de finales de 2018. ¿Qué camino seguirá la oposición?

¿Qué queda del giro a la izquierda?

Artículo publicado en La República, domingo 22 de octubre de 2017 

Con el final del “boom” de los precios altos de nuestros productos de exportación primarios, parece llegar también el final del “giro a la izquierda” que atravesó la región. La crisis económica del cambio de siglo desprestigió al sentido común neoliberal e incentivó la búsqueda de opciones de cambio; allí donde las fuerzas de izquierda llegaron al gobierno, tomaron ventaja del boom para implementar políticas redistributivas que les dieron amplia popularidad. A estas alturas, el gobierno de Nicolás Maduro tiene cada vez menos defensores, y se impone el consenso de que se trata de un gobierno descalabrado y abiertamente autoritario. En Ecuador Rafael Correa aceptó la legalidad institucional, el principio de alternancia en el poder y dejó el gobierno después de más de diez años; su sucesor fue Lenin Moreno, el vicepresidente de su primer mandato, con lo que parecía que el correísmo se mantendría en el poder. Sin embargo, Moreno está dando muestras saludables de distanciarse de una pesada herencia económica y política, y Correa habla abiertamente de “traición”.

En Bolivia la todavía hegemónica presencia de Evo Morales y la relativa estabilidad del país parecerían un bastión izquierdista, pero Morales perdió en febrero del año pasado el referéndum que pretendía cambiar la Constitución para permitir la reelección indefinida (51.3% contra 48.7%). El problema es que ahora el gobierno implementa diversas maniobras para pasar encima del referéndum y violar la propia normatividad creada bajo su hegemonía. Esto podría llevar a Bolivia por una deriva abiertamente autoritaria, como en Venezuela. En cuanto a los otros países que fueron también parte del “giro”, encontramos en Chile no solo la posibilidad del triunfo de la derecha con la vuelta de Sebastián Piñera en las elecciones de noviembre, sino también la ruptura de la Concertación de Partidos que protagonizó la hegemonía de centro izquierda de las últimas décadas. En Brasil el giro a la derecha del presidente Temer parecía extremadamente precario y reversible, sin embargo el rebote económico, el “desinfle” de algunas acusaciones de corrupción y su habilidad para construir una nueva mayoría en el Congreso parecen consolidarlo, a pesar de su muy baja popularidad. Y en Argentina hoy domingo se realizan las elecciones legislativas de medio término, que confirmarían el bien momento del gobierno de Macri.

¿Significa esto que la resaca se llevará del todo lo que dejó la “ola” del giro a la izquierda? No parece tan claro. Me parece que los resultados de las recientes elecciones estaduales en Venezuela, con todo lo amañadas que hayan podido ser, muestran que el chavismo sigue siendo, a pesar de su catástrofe, una fuerza electoral significativa. Morales sigue siendo una figura popular, y claramente mantiene bastiones políticos en la Bolivia rural y altiplánica. Correa sigue siendo un referente central en la política ecuatoriana. En Argentina, las elecciones primarias de agosto pasado muestran a un peronismo todavía en condiciones de dar la pelea; en Brasil, Lula, a pesar de todas las acusaciones en su contra, sigue apareciendo como un candidato electoralmente viable. Mi conclusión es que en el futuro cercano, la clave para nuestros países es encontrar alguna fórmula de convivencia entre los movimientos que dejó la ola izquierdista y los nuevos actores políticos, y evitar caer en una lógica de pura “reinstauración” del pasado. Para ello se requieren pasos desde ambas orillas. Difícil por los altos niveles de polarización, pero imprescindible para la estabilidad y desarrollo de nuestros países.