lunes, 3 de agosto de 2020

Ultimo año de gobierno




En circunstancias normales, en el último año, el gobierno saliente debe tener como prioridad ordenar la casa y crear un clima que permita elecciones democráticas limpias, libres, justas, competitivas. No son años de grandes iniciativas, porque los gobiernos llegan muy desgastados al final de su periodo, y porque no corresponde interferir con las iniciativas de un nuevo gobierno, investido de una renovada legitimidad electoral.

Pero no estamos viviendo circunstancias normales. Las propias reglas de juego electorales estarán en discusión en el Congreso hasta el mes de agosto o septiembre, y en ellas se definirá cuán competitivas, democráticas y ordenadas serán las próximas elecciones. Segundo, en los próximos meses se estarán definiendo asuntos centrales referidos a políticas emblemáticas del gobierno saliente: combate a la corrupción, reforma de la justicia, y temas de la reforma política, como el reestablecimiento del sistema bicameral. Tercero, atender la emergencia sanitaria y la reconstrucción del país no puede esperar. Controlar la epidemia, reactivar la economía, y sentar las bases de nuevos sistemas de salud, de inclusión financiera, nuevas iniciativas de política social y educativa, de políticas de transporte y movilidad, no pueden esperar a que se instalen las nuevas autoridades.

La semana pasada proponía lo que a mi modesto juicio deberían ser los pasos siguientes en el campo de la reforma política, para tener elecciones mínimamente ordenadas. La reforma política es resultado de la iniciativa de un gobierno que, al carecer de bancada parlamentaria, requiere entrar en negociación, discusión directa con el Congreso. El diálogo y entendimiento entre los poderes del Estado es crucial. En el terreno de la lucha contra la corrupción y la reforma de la justicia, asuntos y casos emblemáticos serán definidos en los próximos doce meses, resultado de decisiones de la Junta Nacional de Justicia, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de las procuradurías, y del propio Congreso, que deberá nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El poder ejecutivo tampoco puede desentenderse de este asunto en un momento crucial, y deberá hilar fino para, respetando la autonomía de los poderes, lograr avances sustantivos. El papel del Consejo de Estado puede ser clave aquí.

En cuanto a la atención a la epidemia y la reconstrucción del país, es obvio que el ejecutivo no puede “dejarse estar”. Atacar los problemas más inmediatos, haciendo las correcciones necesarias, y sentar las bases para reformas más profundas, resulta imprescindible para poder recuperarnos como país y aprovechar oportunidades que hagan que el sufrimiento por el que hemos pasado no haya sido en vano. En el sector salud por ejemplo se han abierto oportunidades para lograr la anhelada coordinación de los diferentes sistemas bajo la rectoría del MINSA. El Acuerdo Nacional podría servir como espacio para consensuar estas y otras medidas.

Lo que sigue en la reforma política





¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos en cuanto a la reforma política? Con un nuevo Consejo de Ministros, y la posibilidad de una nueva relación entre el Congreso y el poder ejecutivo, la pregunta es pertinente.

El punto de partida es tener objetivos claros. Pienso que la meta es tener un proceso electoral mínimamente representativo y ordenado el próximo año, que permita tener un Congreso 2021-2016 sin congresistas cuestionados por procesos judiciales, con bancadas un poco más coherentes, con un ejecutivo con una mínima base parlamentaria que le permita gobernar. Es a lo mínimo que deberíamos aspirar.

Para ello, es importante completar lo que ya hemos avanzado: como ha sido señalado por muchos, llevar adelante la segunda votación que permita la reforma constitucional que impediría que sentenciados por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular (que obtuvo 111 votos en la primera votación). Luego, volver a la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, archivando el votado el 5 de julio y retomando el aprobado el día anterior, que alcanzó 82 votos en primera votación, para que ella no cubra delitos comunes cometidos antes de ser electos, y que los cometidos durante su mandato, sean evaluados por la Corte Suprema.

Es muy importante además, dado que se han suspendido las elecciones primarias, que las elecciones internas cumplan con el triple propósito que cumplían aquéllas: tener un mecanismo democrático de selección de candidatos, un filtro para las elecciones generales, y la posibilidad de eliminar el voto preferencial. Para esto, debe facilitarse la participación electoral y la actualización de los padrones de los partidos, mediante mecanismos electrónicos; segundo, siguiendo la recomendación de la ONPE, realizar elecciones internas mediante voto electrónico no presencial, con el mecanismo de un militante un voto; tercero, establecer un filtro para sacar de la competencia a los partidos cascarón; y finalmente, eliminar el voto preferencial.

Sobre los dos últimos puntos, debe entenderse que no es razonable una elección con una veintena de listas con 130 candidatos peleando por el voto preferencial en el contexto de la epidemia y sin publicidad pagada en medios masivos. El filtro debería ser, como mínimo, una participación del 50% del número obligatorio de afiliados que establece la ley, es decir, unos 12,000 votantes. Luego, urge normar cuestiones pertinentes a la campaña: la franja electoral debe ser ampliada de manera sustantiva, así como las capacidades de fiscalización y sanción de la ONPE.

Finalmente, para reducir los riesgos de la fragmentación política, y permitir un voto más informado, deberíamos eliminar la prohibición de publicar encuestas de opinión electorales (limitarla a solo 24 horas antes de la elección), y elegir al parlamento con la segunda vuelta presidencial, para que los electores decidamos nuestro voto con más información. Todo esto es posible de hacer, si hubiera voluntad de hacerlo.

Continuidad y cambio (2)





La semana pasada comentaba que estaríamos viviendo el fin de un periodo, que podríamos llamar “postfujimorista”, que se extendió entre 2001 y 2019. En esos años el asunto central era lidiar con la herencia del fujimorismo, marcada por un discurso antipolítico, por el éxito del discurso “neoliberal” entre las elites sociales y políticas, la extrema debilidad de los partidos y de las instituciones democráticas, que permitieron el paradójico fortalecimiento de una élite tecnocrática en áreas clave del Estado.

En lo político, llamó fuertemente la atención la continuidad de la política macroeconómica y de otras “promercado”, a pesar de que en la región se vivía el “giro a la izquierda”. Toledo había prometido en las elecciones de 2000 “construir el segundo piso de la casa” dejado por el fujimorismo; más adelante, inesperadamente, el populista García se convirtió en el ortodoxo García, y el “chavista” Humala rompió rápidamente con el entorno de la “gran transformación”. Es que, si bien en sectores importantes de la ciudadanía existía descontento por lo que se percibía era una distribución injusta de los beneficios del crecimiento, también existía una mayoría, más al centro, que optaba por opciones moderadas. De otro lado, entre los liderazgos políticos primaban consideraciones más bien prudentes y conservadoras, y por supuesto, entre las élites tecnocráticas.

Así, Toledo gobernó con una suerte de coalición de centro; García pudo construir una mayoría parlamentaria con Unidad Nacional y el fujimorismo (a pesar de la oposición de UPP); y Humala, con su viraje, terminó ocupando una posición de centro en la que convergía con Fuerza 2011 y Perú Posible. Con Kuczynski, lo que podría haber sido una supermayoría promercado, con FP con mayoría absoluta en el parlamento y PPK en el ejecutivo… ya sabemos cómo terminó.

Los resultados de la elección parlamentaria de este año abrían la posibilidad de repetir una suerte de mayoría “moderada”, si consideramos la suma de los votos de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y del Partido Morado. Pero la fragmentación del voto, la debilidad de esas bancadas, la ausencia de líderes parlamentarios “de peso”, la escasa relación entre las bancadas y las potenciales candidaturas presidenciales, en el marco de la epidemia, están generando una suerte de “rebelión” de los parlamentarios en contra del consenso ortodoxo. No solo la reforma política parece haber perdido el rumbo, también se desafían abiertamente, sin mayor sustento, los criterios de la actuación del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Banca…

Así como una amplia reacción de los líderes de las instituciones, de los expertos y académicos, y de la opinión ha abierto la posibilidad de que se reconsideren algunas recientes iniciativas en el campo de la reforma institucional, lo mismo debe ocurrir en el de las políticas que han sido clave para la estabilidad del país. Nos estamos jugando demasiado.

Continuidad y cambio






Muchas páginas se han escrito intentando evaluar cuánto cambiará el mundo post Covid-19 o hasta qué punto volveremos a nuestra “normalidad” anterior. En el ámbito político, antes de la pandemia ya discutíamos en el Perú sobre el aparente final del orden “postfujimorista” que podría decirse caracterizó nuestro país entre 2001 y 2019. Ese país era uno en el que un asunto central era lidiar con la herencia del fujimorismo de los noventa, que a su vez buscaba construir una nueva identidad bajo un nuevo liderazgo. Herencia expresada en el predominio de discursos antipartido y antiinstitucionales en la cultura política; el éxito del discurso neoliberal entre las elites sociales y políticas; la extrema debilidad de los partidos y de las instituciones democráticas, que permitieron el paradójico fortalecimiento de una élite tecnocrática en áreas clave del Estado, fundamentales para los logros en crecimiento y reducción de la pobreza.

Con la elección del presidente Kuczynski, cuando parecía que este orden tenía una oportunidad de consolidación, entró en crisis. El final del boom de los precios de los commodities abrió fisuras en el frente neoliberal, llegando a cuestionarse como nunca antes la actuación de los conductores de la política económica; segundo, el caso lava jato afectó gravemente a todos los referentes políticos del orden vigente hasta ese momento, lo que se tradujo en las prisiones preventivas de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, el arresto domiciliario de Pedro Pablo Kuczynski, el suicidio de Alan García y el arresto de Alejandro Toledo. Tercero, Fuerza Popular dejó de ser el “garante” de la herencia de la década de los años noventa, recuperó un discurso claramente antipolítico y populista, con un carácter muy conservador, y atentó contra el gobierno más orgánicamente representativo del consenso neoliberal. Al final, con el cierre del Congreso en septiembre del año pasado, y la derrota del fujimorismo, parecía que asistíamos, en muchos sentidos, al cierre de la etapa iniciada en 2001.

El Covid-19 ha acentuado algunas tendencias registradas anteriormente. Lo que era una desaceleración se ha convertido en una de las caídas económicas más grandes de nuestra historia, y los cuestionamientos a las políticas económicas orientadas al mercado se han acentuado. Los políticos ahora se animan a presentar propuestas que no solo desafían abiertamente el consenso ortodoxo, si no que implican una vuelta a épocas en las que la estabilidad en las cuentas fiscales no importaban. La supuesta fortaleza tecnocrática en áreas claves del Estado está fuertemente mellada por los límites en la respuesta a las necesidades de la epidemia. La debilidad política se ha acentuado con mayores niveles volatilidad y fragmentación. Si antes parecía asegurada la continuidad, ahora prima la incertidumbre. Por ello, se juega mucho en las elecciones de 2021; mayor razón para insistir en la importancia de tener un proceso electoral, por lo menos, un poco más ordenado. 

Semana clave para la reforma política





Esta semana el Congreso aprobó una serie de cambios legales que son un claro avance respecto a la situación actual, estableciendo el principio de paridad y alternancia de género. Este comprende ahora a las candidaturas a la presidencia y vicepresidencias, al Congreso y al Parlamento Andino, a los cargos de gobernador y vicegobernador regional, a los consejos regionales, a los candidatos a regidores, e incluso a las candidaturas para los cargos de dirección de los partidos políticos. Es destacable que la aprobación se haya dado con 111 votos a favor, 15 en contra (Fuerza Popular) y una abstención.

Ahora, lo lamentable es que ni siquiera se haya podido debatir en el pleno la eliminación del voto preferencial, tema fundamental no solo para complementar estos avances en materia de equidad de género, si no también para poder tener en 2021 un proceso electoral más ordenado y avanzar en el fortalecimiento de los partidos políticos. Cabe la posibilidad de que este asunto pueda volver a someterse a consideración del pleno, ojalá no se impida ese debate.

Es cierto que puede argüirse que, de haberse aplicado la paridad y alternancia sin voto preferencial a las listas que participaron en las elecciones congresales de enero de este año, el resultado podría haber sido peor que el que obtuvimos: podríamos haber tenido en efecto solo 26 congresistas mujeres, en vez de las 34 que fueron electas, asumiendo que el cabeza de lista en todas las regiones de todos los partidos representados fuera un hombre. Por esta razón es que es muy importante complementar esta reforma con asegurar procesos democráticos de selección de candidatos, para lo cual es crucial tener elecciones internas bajo el principio de un militante un voto (y mediante voto electrónico no presencial organizado por ONPE). Ciertamente estas reformas no aseguran la paridad de género en cuanto al resultado, pero serían un gran paso adelante; otros podrían ser sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, por ejemplo, entre muchas otras cosas.

Pero la próxima semana es muy importante porque se termina la legislatura ordinaria, extendida hasta el 5 de julio; si queremos hacer cambios constitucionales que rijan para las elecciones del próximo año, se tienen que aprobar en los próximos días, en primera votación, con una mayoría calificada de más de dos tercios de los congresistas (87 votos). En agenda está establecer el impedimento para que sentenciados en primera instancia por delitos graves no puedan postular a cargos de elección popular; y los cambios a la inmunidad parlamentaria. Dos reformas claves para dar una señal de que el Congreso no quiere ser refugio para escapar de la acción de la justicia.

En agenda quedarían, además, cambios que apunten a tener más transparencia y fiscalización sobre gastos de campaña; y la ampliación de la franja electoral, indispensable en el contexto de la epidemia. Y más adelante, no para el 2021 sino para 2022, el reestablecimiento de la bicameralidad.

Epidemia comparada (2)




Artículo publicado en El Comercio, sábado 20 de junio de 2020 

La semana pasada discutía sobre qué factores explicarían la variación del número relativo de fallecidos por Covid-19 en la región. Lamentablemente aparecemos muy mal ubicados, y estamos cerca de ser el país con más muertos por millón de habitantes de América Latina, superando a Ecuador. El tamaño y complejidad de nuestro país, intensos flujos con el exterior, altos niveles de informalidad (desproporcionadamente altos para nuestro nivel de ingreso) ayudarían a entender nuestra posición, pese a que tuvimos mejores respuestas iniciales que otros países al final menos afectados.

Lo dramático es que, según las cifras económicas, también destacamos como el país más duramente golpeado por esta emergencia sanitaria. La semana pasada el Banco Mundial publicó un informe (Global Economic Prospects) según el cual nuestro país tendrá este año la caída del producto más grande del mundo (-12%), solo detrás de Belice y las islas Maldivas. Se dice que nuestra capacidad de “rebotar” también sería alta, por lo que aparecemos con una alta tasa de crecimiento proyectada en 2021, también entre las más altas del mundo.

Hay que mirar las cifras siempre con cuidado, pero parece claro que no solo destacamos como un país con muchos fallecidos, también por el impacto económico sufrido. Después de Perú, las mayores caídas del producto este año serían las de Brasil (-8.0), México (-7.5), Ecuador (-7.4%), y Argentina (-7.3); los países más grandes y Ecuador, fuertemente afectado por la caída en el precio del petróleo. Algunos de los menos golpeados son Panamá, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y Uruguay; salvo Panamá, son también países menos afectados relativamente por la epidemia, y todas son economías relativamente pequeñas.

Entre los países con caídas más grandes encontramos un manejo errático de la pandemia (Brasil, México), o una vulnerabilidad económica previa (Argentina y Ecuador, con serios problemas de endeudamiento). Nuevamente, el Perú parece enigmático: si tuvimos un mejor manejo de la epidemia, una situación fiscal sólida y abundantes reservas internacionales, ¿por qué un golpe tan fuerte? La caída en los precios de nuestros productos de exportación (entre ellos el cobre),  junto a lo estricto de nuestra cuarentena, sería el inicio de la explicación. Y las características de nuestra cuarentena se explican por la extrema precariedad no de nuestros indicadores macroeconómicos, si no de nuestro sistema de salud. 

Mirando para adelante, tenemos que lograr una combinación tremendamente complicada: reanudar las actividades económicas para no perder más empleos y poder recuperarnos más rápido del tremendo golpe sufrido, y a la vez no empeorar nuestras muy malas cifras de infectados y fallecidos. Hacer viable lo que antes parecía incompatible. Lo aprendido en estos 96 días de cuarentena tienen que haber servido para algo…

Epidemia comparada





Si miramos el mapa de América Latina y tratamos de entender la lógica de expansión del Covid-19, surgen más preguntas que respuestas. Para empezar, los datos existentes son poco confiables, y no es posible llegar a conclusiones firmes. Pero intentemos aproximarnos al asunto.

Empecemos mirando los países menos afectados hasta el momento: en sudamérica, Paraguay registra 11 fallecidos, Uruguay y Venezuela 23. Más al norte, Costa Rica 12, Nicaragua 55, El Salvador 68; Cuba 84 y Haití 64. Un grupo de estos países parecen tener en común cierta insularidad, menores niveles de contacto con visitantes que diseminen el virus (Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Haití), mientras que otros parecen destacar por la fortaleza relativa de su Estado y políticas sanitarias (Cuba, Costa Rica, Uruguay; estos dos últimos, además, tienen las tasas de letalidad más bajas de la región). Con todo, se trata en todos los casos de países relativamente pequeños. Casos singulares serían los de Venezuela, donde las cifras oficiales resultan poco creíbles, o Nicaragua, donde el gobierno subestima sistemáticamente el problema; esto plantea la interrogante de si habrá una crisis sanitaria en el futuro, o si resulta que las políticas gubernamentales resultan teniendo poco impacto.

Si miramos a los países más afectados, sobre la base del número de muertos por cada 100,000 habitantes, el que aparece peor es Ecuador; luego, Brasil y Perú; luego, México, Panamá, Chile, República Dominicana, Colombia y Argentina, en ese orden. Ecuador y Panamá (el país más afectado de Centroamérica), países relativamente pequeños, parecen especialmente vulnerables tanto por su precariedad estatal como por tener una alta proporción relativa de tránsito internacional (esto podría extenderse también a República Dominicana).

Brasil y México, los países más grandes, se puede entender que sean más vulnerables por su tamaño, a lo que hay que sumar el estilo del liderazgo de sus gobiernos: el manejo de Bolsonaro ha sido penosamente negligente, y López Obrador ha sido por lo menos negligente. En este marco, la posición de Perú aparece ciertamente llamativa, porque tiene menos población que Colombia y Argentina, y recibe menos visitantes que Chile. Se ha argumentado que la diferencia la marcaría nuestro nivel de informalidad: en efecto, en esta dimensión estamos dentro de un rango que nos emparenta con los países más pobres de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay), y claramente por encima de países como Colombia, México o Ecuador.

Las posiciones relativas de Colombia, Chile y Argentina resultan enigmáticas. Se esperaría que a Chile le fuera mejor, y le va peor, lo que podría atribuirse a las indecisiones del presidente Piñera. A Argentina le va inesperadamente mejor, y se habla de un liderazgo eficaz del presidente Fernández. En Colombia la gestión de Duque no ha estado exenta de críticas, pero la acción de algunos gobernadores y alcaldes parece haber cubierto las falencias iniciales.

La “latinoamericanización” de los EE.UU





En los últimos tiempos se discute, con mucho desconcierto, sobre la creciente presencia en la política de los Estados Unidos de elementos supuestamente lejanos a sus tradiciones, y más cercanos a las de los países “al sur del río grande”. No solo está la obvia importancia demográfica de la población de origen “latino” (desde hace algún tiempo el segundo grupo “racial” más grande después del “blanco”), están también crecientes niveles de confrontación y polarización, una intensa dinámica de protesta social, una creciente desconfianza con los liderazgos políticos tradicionales, la emergencia de discursos políticos populistas. La similitud entre los EE.UU. y los países latinoamericanos puede verse elocuentemente en los bajos niveles de confianza en los partidos políticos, la percepción de la existencia de altos niveles de corrupción y de un escaso compromiso gubernamental para combatirla en los Estados Unidos, en niveles cercanos a los promedios latinoamericanos. Esto queda demostrado en los informes del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), con información sobre casi todos los países de las Américas.

Pero las similitudes son más profundas. Como se sabe, compartimos pasados coloniales, relaciones “conflictivas” con nuestras poblaciones indígenas, la presencia de una importante migración africana que llegó en condiciones de esclavitud, esquemas de explotación agrícola bajo regímenes de hacienda, un pesado legado de relaciones sociales marcadas por el racismo y la discriminación, importantes niveles de desigualdad y exclusión social, etc.

Con todo, los EE.UU. América Latina siguieron patrones claramente diferenciados desde el siglo XIX. Según Francis Fukuyama, el crecimiento del producto per cápita en los EE.UU fue de un promedio anual de 1.39 entre 1820 y 1870, mientras que en América Latina fue de -0.05; pero entre 1870 y 1920 nuestra región creció más que los Estados Unidos, y también entre 1950 y 1970. En otras palabras, el impacto prolongado de las guerras y el desorden político posterior a la independencia, el impacto de las crisis económicas de 1929 y la de las décadas de 1970s-1980s explican buena parte de nuestras diferencias. Malas decisiones de política, instituciones débiles, y altos niveles de desigualdad explicarían nuestro círculo vicioso.

Al mismo tiempo, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han llamado la atención sobre los riesgos de procesos de erosión de democracias que creíamos estables. En cualquier país pueden aparecer liderazgos demagógicos, pero no logran superar el veto del sistema político ni despertar la confianza de los electores. Pero si lo logran, y llegan al poder, la fortaleza y la autonomía de las instituciones deberían contenerlos. Eso parecía estar ocurriendo en los EE.UU: pero la pandemia y la respuesta del presidente Trump a ella, y a la dinámica de las protestas sociales de los últimos días, aumentan la inquietud sobre una convergencia en las Américas en un sentido menos democrático.

jueves, 30 de julio de 2020

Poder legislativo y poder ejecutivo




 A propósito de la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso, se ha suscitado un debate sobre la calidad del parlamento, las relaciones entre los poderes y las correcciones que debe implementar el ejecutivo en el crítico contexto actual.

En cuanto a las relaciones entre ambos poderes, primó por el momento la sensatez. El Consejo de Ministros necesitaba políticamente la aprobación del Congreso, no solo de los actos realizados durante el interregno parlamentario, también sobre la política general y la estrategia de combate al Covid-19. Y más allá de las estridencias inevitables, los grupos más moderados votaron a favor (AP, APP, SP, PM, pero también FREPAP y PP), y los abiertamente contrarios al gobierno y sus políticas, en contra (FP, UPP y FA).

En los días previos al debate se comentó mucho sobre el temor que despertaban diversas iniciativas “populistas” del nuevo Congreso. Esto es consecuencia de la debilidad de los partidos, de las bancadas, y de la lógica del voto preferencial, que tiende a generar conductas individualistas. Enfrentar este problema requiere actuar en dos frentes; de un lado, se debería modificar el reglamento del Congreso para darle más previsibilidad al proceso legislativo. La Mesa Directiva y los portavoces deberían fijar prioridades legislativas, así como todas las Comisiones. Todos los proyectos deberían pasar por éstas, y tener plazos y procedimientos claros de aprobación; y los proyectos con dictamen favorable deberían tener siempre dos votaciones. No “normalizar” las excepciones a las reglas.

Del otro lado, se debe mejorar el mecanismo de selección de candidaturas, apuntando a fortalecer los partidos y las carreras dentro de ellos, no a favorecer el oportunismo. Como hemos dicho anteriormente, para esto debe haber un padrón realista y transparente, mecanismos democráticos de selección, y con ellos, la desaparición del voto preferencial. Si no hacemos esos cambios, el Congreso seguirá funcionando como hasta ahora.

Mejorar la relación ejecutivo – legislativo requiere además que el primero tenga una agenda más clara respecto a lo que se viene. Me parece que el gobierno debe salir del esquema ampliar la cuarentena – entrega de bonos – intervención en mercados – ampliación de respuesta hospitalaria. Ahora el esquema debe centrarse en reforzar prácticas sanitarias en el contexto de la progresiva reanudación de actividades. Facilitar el acceso a mascarillas, agua y jabón, alcohol en gel, para toda la población; señalización y pautas para facilitar el mantenimiento de la distancia social en espacios públicos y laborales. Los temas centrales ahora están en cómo evitar que el transporte público sea la nueva fuente de contagios, los protocolos de reinicio de actividades para todos (no solo empresas formales), la implementación de campañas publicitarias agresivas para asentar las reglas de la “nueva convivencia”. Invertir aquí podría resultar más rentable que extender la lógica de bonos y créditos.

El nuevo escenario político




En los dos últimos meses, inevitablemente, nuestra atención ha estado centrada en el combate al Covid-19. A inicios de marzo, veíamos a un ejecutivo sin agenda clara, víctima de sus propios tropiezos (recuerden la crisis ministerial de mediados de febrero); del Congreso, recién elegido, preocupaba su inexperiencia, pero parecía perfilarse una mayoría “moderada” y extremos sin capacidad de construir mayorías.

En las primeras semanas del estado de emergencia el ejecutivo proyectó liderazgo y audacia, que se expresó en muy altos niveles de aprobación a la gestión del Presidente y de su Consejo de Ministros. Con el paso de las semanas, sin embargo, y ya instalado el Congreso, enfrentamos un nuevo escenario: el de las retos de la reanudación de actividades, lo que implica un manejo más fino, donde la implementación en el terreno es clave, en el que es fundamental la coordinación entre entidades y niveles de gobierno, así como con gremios y organizaciones sociales, escenario en el que se han hecho evidentes las limitaciones del gobierno. Además, debemos enfrentar con pesar que nuestros enormes esfuerzos como país no han resultado suficientes para compensar décadas de desinstitucionalización, informalidad, y falta de decisión para emprender reformas fundamentales; no hemos podido evitar que las tasas de contagios desborden nuestra capacidad de atención, que se expresan en un dramático número de fallecimientos.

En este marco, el Congreso parece haber encontrado un sentido de propósito: convertirse en un actor importante para “aliviar” los efectos de la epidemia, pero de una manera apresurada y voluntarista. Antes que presenciar un enfrentamiento entre moderados y radicales, vemos una mayoría que busca sintonizar con expectativas de la población, aunque sin el debate, la convocatoria a los actores involucrados, sin un examen más detenido de las consecuencias a mediano plazo de las decisiones que se toman; que busca hacerse un espacio frente a la actividad del ejecutivo, lo que ha llevado a choques entre ambos poderes del Estado. En contextos “normales”, la existencia de una bancada oficialista mayoritaria o por lo menos importante ordena mínimamente el proceso legislativo; además, la presencia de líderes parlamentarios que a su vez son dirigentes partidarios ayuda a disciplinar el exceso de entusiasmo de los representantes y a establecer vínculos con actores sociales fuera del recinto parlamentario. Lamentablemente no contamos con ninguno de los dos, y si sumamos el contexto de la epidemia, y la proximidad de las elecciones de 2021 y 2022, entenderemos por qué hemos terminado teniendo el escenario caótico que tenemos.

Otro elemento disruptor está en el hecho de que candidatos presidenciales potenciales como Forsyth, del Solar o Mendoza no tienen representación; que Urresti o Acuña la tienen, pero la utilizan como plataforma electoral. Y que AP, la fuerza mayoritaria, tiene representación, pero no candidaturas definidas, por lo que carece de rumbo claro.

“La culpa es de la gente”



Estamos pasando por una etapa muy difícil en el combate al Covid-19, en la que dejamos atrás una lógica con énfasis en la toma de grandes decisiones en las “alturas”, a cargo de equipos pequeños y altamente calificados: imponer una cuarentena drástica, diseñar un programa de reparto de bonos para la población vulnerable, aumentar la capacidad de atención de unidades de cuidados intensivos, principalmente. En poco tiempo se logró diseñar y poner en ejecución iniciativas de gran magnitud, lo que fue un gran logro. Pero las tareas del momento necesitan coordinación horizontal entre entidades del gobierno y vertical con autoridades regionales y municipales; coordinación con organizaciones de la sociedad civil, negociación con actores que no tienen opiniones convergentes. Así, el expresidente del Banco de la Nación señala que el pago de los bonos no fue suficientemente coordinado, o el alcalde de Lima que tampoco se han coordinado iniciativas referidas al ámbito municipal. Además, son tareas que requieren manejo de campo, implementación en el terreno, y para ello se necesita identificar y convocar a operadores que tampoco son abundantes.

Ante las crecientes dificultades para que el aislamiento y la inmovilización social obligatoria reduzcan suficientemente la tasa de contagios, se están concentrando los esfuerzos en la administración de los mercados y en el control de la ocupación en el transporte público. Se escucha entonces el comentario, en diferentes niveles, de que uno de los puntos débiles en el combate a la epidemia estaría en la “falta de cooperación” de la ciudadanía. En los medios aparece como pregunta, “¿por qué la gente no respeta las disposiciones del gobierno?” y se desarrollan diversos argumentos, algunos de los cuales la atribuyen a la falta de civismo o responsabilidad.

Considero importante tomar distancia de esa línea de razonamiento (aunque por supuesto siempre podrá encontrarse evidencia anecdótica elocuente en cualquier dirección), mucho más en la nueva etapa de combate a la epidemia. Como también ha sido dicho, buena parte de la ciudadanía no respeta la epidemia porque no está en condiciones de hacerlo: se vive en condiciones de hacinamiento, no se ha podido recibir ninguna ayuda estatal, no se cuenta con ingresos o ahorros o capacidad de hacer compras en mayor volumen, no hay muchas opciones para alcanzar puntos de compra, y se recurre a los que hay aunque brinden servicios de manera desordenada, y las personas están obligadas a salir a obtener recursos, y a transportarse en medios atestados.

Si queremos mejorar las condiciones de salubridad, parece claro que el camino no es radicalizar la inmovilización o el discurso de la censura, si no asegurar la disponibilidad de mascarillas, agua o alcohol en gel para el lavado de manos para toda la población, reordenar y ampliar los mercados, habilitar más unidades y opciones de transporte, etc. Ayúdame a ayudar, sería el pedido que la población podría hacerle a nuestras autoridades.

Estado y necrosis (2)




La semana pasada comentaba que uno de los grandes límites en el combate al Covid-19 reside en las carencias de nuestro Estado. Tenemos cierta autonomía y capacidad para diseñar y financiar políticas, pero graves problemas de implementación. Afloran problemas de coordinación entre entidades del mismo gobierno y entre niveles de gobierno; precisamente por ello hubo necesidad de crear un Comando de operaciones Covid-19, problema que también ha sido elocuente con la atención a la población retornante desde las grandes ciudades a sus regiones de origen. Al mismo tiempo resulta que tenemos recursos para comprar diversos suministros, pero estas se demoran, se cancelan, y peor aún, afloran serios problemas de corrupción. En este marco, los funcionarios públicos temen tomar decisiones, enfrentados a lógicas de control que funcionan para bloquear procesos que deberían ser más rápidos, pero no para desincentivar prácticas corruptas. Además ha sido elocuente el drama de no contar con información, bases de datos, registros de la población que nos permita conocer sus necesidades y hacerle llegar la ayuda que necesita. Hablé por eso de un Estado necrosado.

Hoy hablamos con razón de la necesidad de un nuevo pacto social o de un nuevo acuerdo nacional, por un Estado que garantice el ejercicio de derechos y el acceso a servicios básicos para todos los peruanos. Ciertamente necesitamos establecer nuevas prioridades, acompañadas de una asignación presupuestal correspondiente. Pero sin una profunda reforma del Estado, la eficacia a la que aspiramos será imposible. Esa es también una de las lecciones de la crisis que sufrimos.

¿Qué hacer? Para empezar, retomar la reforma del servicio civil, establecer una carrera pública meritocrática, que cubra el conjunto del sector público, incluyendo gobiernos regionales y municipales, al menos los más grandes; ampliando sus alcances, reduciendo el número de cargos de confianza. Mejores funcionarios facilitarán las capacidades de coordinación entre instituciones, donde debe haber orientaciones, liderazgo y responsabilidades claras; priorizando la salud, la educación, la creación de sistemas de información, la inclusión financiera de toda la ciudadanía.

De otro lado, urge retomar la discusión sobre la descentralización del país. Es claro que el gobierno nacional no será capaz de llegar hasta el último rincón del territorio, pero al mismo tiempo tenemos una extrema fragmentación y “feudalización” del territorio. Así, donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo para estar más presente, es precisamente donde la capacidad institucional es más precaria. Necesitamos un nuevo esquema. Al mismo tiempo, urge atender la mejora en la representación política a nivel subnacional. Algo hemos discutido sobre partidos nacionales y el Congreso, pero muy poco sobre movimientos regionales, consejos regionales, concejos municipales. En la Comisión de Reforma Política hicimos una propuesta al respecto, que podría servir como punto de partida. 

Estado y necrosis





En términos generales, la respuesta del Estado peruano ante el gigantesco desafío de la pandemia del Covid-19 ha sido positivo. Conscientes de la gran debilidad de nuestro sistema de salud, optamos rápidamente por una cuarentena rígida. Nuestro gasto en salud como porcentaje del PBI está por debajo del promedio latinoamericano, aunque también es cierto que ha ido en aumento, de manera importante, a lo largo de los últimos veinte años. Las carencias son muy grandes, y se han hecho grandes esfuerzos por cubrirlas en una angustiante carrera contra el tiempo: empezamos la emergencia con 276 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), y hoy tenemos más de 800. La cuarentena rígida implicó una decisión rápida privilegiando la salud pública contraria a quienes temían sus efectos sobre la actividad económica; así como el diseño de una compleja operación de ayuda económica a los más pobres, al sector informal, a las familias rurales, que culminó con el otorgamiento de un bono familiar universal, así como políticas de alivio a las empresas, implementadas en muy poco tiempo. En términos de los recursos dedicados al ataque a la pandemia como porcentaje del producto, Perú y Chile aparecen como los líderes de la región.

Pero hoy viernes en que escribo esta columna, 47 días después de iniciada la cuarentena, encontramos que la demanda por camas UCI ha empezado a crecer rápidamente desde el 20 de abril, y ya estamos al borde de nuestra capacidad (atención con que en la gran mayoría de esos casos el contagio se produjo durante la cuarentena). Al mismo tiempo, el número de fallecidos ha ido en rápido aumento desde el 18 de abril, y a estas alturas, si miramos el número de fallecidos por millón de habitantes, nos acercamos cada vez más a Ecuador, el país más crítico. Esto no significa que la cuarentena no haya funcionado: si miramos el incremento porcentual diario del número de infectados antes y después de la cuarentena y el toque de queda, veremos una caída importante. El drama es que no ha sido suficiente. Ocurre que es muy difícil que todos los bonos asignados lleguen efectivamente a las manos de las familias, o que el proceso de cobro pueda darse con orden y distancia sanitaria; que las líneas de crédito garantizadas por el Estado lleguen efectivamente a las empresas que lo necesitan. Que quienes obtienen recursos y pueden acudir a los mercados puedan abastecerse sin contagiarse. Diversas entidades públicas reciben recursos para la compra de artículos esenciales, pero estos se pierden en el camino por ineficiencia o corrupción.

La imagen que le viene a uno es la de un corazón que bombea la sangre que el cuerpo necesita, pero ésta no llega a los órganos o extremidades. Un Estado necrosado. Fallamos no tanto por la falta de recursos, o por su no asignación, sino por la falta de reformas institucionales que permitan que esos recursos fluyan a quienes realmente los necesitan. Para esto, la reforma del Estado es la clave. Seguiremos con el tema.

¿Qué hacer con las elecciones del 2021? (2)




Continúo con algunas ideas presentadas la semana pasada. ¿Cómo adecuar las elecciones de 2021 al contexto de emergencia sanitaria?

Las elecciones implican movilizar a casi 25 millones de personas, ciertamente son una preocupación desde el punto de visto sanitario. En teoría, debería haber elecciones primaras hacia noviembre de este año, y deberían haber sido convocadas ya por el Presidente de la República; resulta evidente que no existen condiciones para que estas elecciones se realicen. Las primarias tenían dos grandes propósitos: contar con un mecanismo democrático de selección de candidatos (evitar una selección arbitraria y altamente vulnerable al oportunismo y la corrupción), y establecer una barrera que impidiera llegar a las elecciones generales con 24 candidatos. Imagínense una campaña con 24 candidatos presidenciales, además con voto preferencial para las listas al Congreso, en la que la posibilidad de hacer actividades proselitistas estarán severamente limitadas, sin posibilidad de contratar publicidad en medios masivos… una elección altamente caótica.

Si por esta vez renunciamos a las elecciones primarias, el papel que tenían debería ser cubierto por las elecciones internas de los partidos, previstas en principio para el mes de julio o agosto. Para esas elecciones, los partidos ya inscritos deberían ya haber registrado un padrón de por lo menos 24800 afiliados, y 66 comités distribuidos en todo el territorio; y hacia el mes de julio, deberían haber cumplido también con esos requisitos los partidos nuevos que aspiran a participar en 2021.

Es claro a mi juicio que si no queremos que las elecciones internas sean puramente formales, y que se termine excluyendo a los partidos nuevos, se hace necesario, primero, mover la fecha de las elecciones internas hacia finales de año o, de ser posible, hasta inicios del próximo. Segundo, dar más tiempo y flexibilizar la adecuación de los partidos registrados y el proceso de inscripción de los nuevos. Para empezar, la acreditación de afiliados y de comités debería poder seguir procesos virtuales, no presenciales. Incluso podría reducirse el número de afiliados o comités requeridos, para facilitar la participación. Pero la contraparte debe ser que el padrón de afiliados debe ser validado y hecho público por RENIEC, y debe ser la base para la realización de elecciones internas bajo el principio de “un militante un voto”, y a través del voto electrónico no presencial, organizado por la ONPE. Al mismo tiempo, debería haber un mínimo de participación para que la elección sea válida y el partido pueda seguir en carrera. Al final, la lista de candidatos debería tener efectos vinculantes, se debe respetar el principio de paridad y altenancia de género; y deberíamos también llevar a la eliminación del voto preferencial.

El paso siguiente debería ser terminar la reforma del financiamiento político, para ampliar la franja electoral, que cubra la necesidad de comunicación durante una campaña que será atípica.

¿Qué hacer con las elecciones del 2021?




En las últimas semanas, como es lógico, toda nuestra atención ha estado centrada en el Covid-19; sin embargo, los plazos establecidos para el proceso electoral 2021 igual siguen corriendo. Urge una discusión sobre cómo enfrentar las elecciones del Bicentenario en el contexto de la epidemia, cómo salvar lo avanzado de la reforma política, y cómo evitar retrocesos que tomen como pretexto la situación de emergencia.

Un primer punto es el relativo a la adecuación de los partidos inscritos a los nuevos requisitos: aquí lo más importante es contar con un padrón “realista” de militantes, no solo de adherentes. Relacionado con esto, está el tema de qué hacer con los partidos que estaban realizando esfuerzos para inscribirse, plazo que vence en principio hacia el mes de julio. Dada la cuarentena y las futuras restricciones a la movilidad, suena inevitable ser flexibles con el requisito de llegar a 24800 afiliados, más cuando en la propuesta de la Comisión de Reforma Política sugeríamos poco más de la mitad de ese número. Ahora, si se flexibiliza ese requisito para los partidos inscritos, sería injusto excluir a nuevos partidos en condiciones de pasar esas exigencias.  

Luego vendrían las elecciones internas de los partidos, previstas en principio para el mes de agosto, y luego las elecciones primarias, para el mes de noviembre. En efecto, ambas se ven bastante complicadas en este año, pero son fundamentales para asegurar un mecanismo democrático de selección de candidatos, y como un filtro para quitar de la competencia a los partidos cascarón, y no llegar a una elección general con más de 24 candidaturas presidenciales. Si además consideramos las restricciones que habrá para hacer campañas y la prohibición de contratar publicidad en medios masivos, nos daremos cuenta que sería un sinsentido; más todavía si además mantuviéramos el voto preferencial.

Por ello la salida es garantizar, como un mínimo indispensable, elecciones internas de todos los partidos para el próximo año, organizadas por la ONPE, sobre la base de un padrón de militantes elaborado por RENIEC, con la información brindada por los partidos; los candidatos deberían elegirse con el criterio de “un militante un voto”, y debería establecerse un mínimo de participación para permitir que los partidos mantengan su inscripción y participen en la elección general. Los resultados de esas elecciones deberían ser vinculantes, y las listas finales de candidatos deberían asegurar la paridad y alternancia de género. Bajo estas condiciones, debería también eliminarse el voto preferencial en la elección general. Estas elecciones internas podrían darse bajo la modalidad de voto electrónico no presencial, que ya ha utilizado la ONPE en elecciones de colegios profesionales. Además, si fuera necesario, la elección general podría moverse de abril a mayo.

Lo que no podemos hacer es tener una elección caótica con candidatos elegidos a dedo, llena de partidos cascarón. Nos jugamos demasiado como para permitirlo.

Lo que se viene (2)




Conforme han ido pasando los días, y la extensión de la pandemia ha seguido aumentando, en el mundo entero hemos tenido que asimilar, cada país y cada quien a su modo, que sus efectos serán más duros, profundos y duraderos.

El gobierno se vio obligado a extender por segunda vez la cuarentena, hasta el 26 de abril. Como sabemos, la cuarentena inició el 16 de marzo, diez días después de la detección del primer caso, y con 86 casos confirmados. Fuimos de los primeros países en tomar una decisión tan drástica como esta, y podemos felicitarnos porque funcionó: logramos evitar que la ola que se estaba formando se convirtiera en un tsunami. Sin darnos mucha cuenta, hacia finales de marzo y primeros días de abril pasamos la ola que se generó entre los días previos y los primeros días inciertos de la cuarentena, con picos de 17 y 20 fallecidos por Covid-19 los días 31 de marzo y 4 de abril.

El problema que tenemos es que la cuarentena no parece ser suficiente. Si el acatamiento fuera perfecto, teóricamente, después de 15 días de cuarentena, deberíamos haber detenido los contagios y aislado a los casos positivos. Pero el número de infectados sigue siendo alto, y los contagios siguen ocurriendo. No solo es irresponsabilidad, también intervienen problemas estructurales: la precariedad económica, el hacinamiento y las condiciones de nuestras viviendas, la falta de servicios básicos, la precaria infraestructura pública, etc. Por ello la necesidad del toque de queda y de sus posteriores ampliaciones; y por ello también, el gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco, el más grande de la región, para otorgar subsidios directos a la población más vulnerable, que progresivamente han ido llegando a sus beneficiarios. Enfrentaremos ahora una nueva ola en las próximas semanas, producto de las dificultades para implementar una cuarentena más firme, de la que deberíamos salir si efectivamente ella mejora en su cumplimiento en los próximos días.

Si todos hacemos nuestra parte, no habría necesidad de extender la cuarentena mucho más: no solo está el enorme costo económico que implica; además, inevitablemente, empezará a tener rendimientos decrecientes sobre la tasa de contagios si se extiende demasiado. La agenda que viene por lo tanto es cómo se reanudan algunas actividades, que permitan un mínimo respiro económico, pero que no pongan en riesgo un aumento en la tasa de contagios que haga que el esfuerzo hecho hasta el momento haya sido inútil.

En general, nuestras formas de relacionarnos tendrán que ser otras a partir de ahora. Actividades que rompan con el aislamiento social serán inviables; y un grave cuello de botella es el transporte público. Después de la cuarentena, vendrá una etapa aún más complicada: retomar algunas actividades sin elevar el número de infectados. “Quedarse en casa” es fácil. Tenemos que prepararnos para la etapa en que se podrá empezar a salir, pero sin infectar o ser infectado. Y seguir apoyando los grandes esfuerzos del sector salud.

Demasiado importante como para…





Se atribuye al Jefe de Gobierno francés Georges Clemenceau la frase “la guerra es un asunto demasiado importante como para confiársela a los generales”. La frase ha tenido innumerables recreaciones, todas apuntan válidamente a que asuntos complejos y con alto impacto requieren ser examinados desde sus múltiples aristas.

La situación actual de emergencia y qué hacer respecto a ella es un ejemplo perfecto de esto. Es indispensable considerar el punto de vista de los expertos; pero ocurre que no siempre estos coinciden en trazar un único camino. El gobierno británico habría seguido recomendaciones de expertos políticamente afines en análisis del comportamiento, según las cuales una cuarentena temprana habría sido socialmente inaceptable, y de directores médicos que propusieron la estrategia de “inmunidad colectiva”, aislando a los grupos vulnerables. Al final, resulta que esas recomendaciones “técnicas” terminaron revelándose como ideológicas, y llevaron a adoptar con tardanza políticas con énfasis en el aislamiento social. Al mismo tiempo, es cierto que la implementación de esas medias debe tomar en cuenta la cultura y la idiosincrasia nacionales, para que puedan ser viables. Pero no se trata de mirar todo con ojos de epidemiólogo: se deben considerar los impactos que la emergencia tendrá sobre la actividad económica, y sobre el bienestar de las familias. No se puede poner a la población a elegir entre el contagio y el hambre. Las decisiones implican también dimensiones valorativas y éticas: ¿privilegiamos la salud y la seguridad de los más vulnerables a costa del sacrificio de todo el país? ¿Restringimos nuestra libertad en nombre del interés colectivo? ¿Cómo los más acomodados expresamos nuestra solidaridad con los más necesitados?

En última instancia, las decisiones las toma la autoridad política. Allí se deben sopesar las diferentes aristas del problema y proponer un rumbo, privilegiando el interés común. Por supuesto, en la vida real intervienen más cálculos: ¿cómo afectará la aprobación ciudadana tomar tal o cual camino? ¿Qué efecto tendrá en los próximos procesos electorales? En los Estados Unidos, por ejemplo, es inevitable que las decisiones del presidente Trump y las críticas de la oposición no tengan un ojo puesto en las elecciones de noviembre. A presidentes como Trump o Bolsonaro en Brasil, que han desarrollado sus carreras e imagen sobre la base del menosprecio a la opinión del “establishment”, de los académicos y expertos, les cuesta mucho hacer un viraje.

En nuestro país, afortunadamente, tenemos un presidente pragmático, que encuentra sentido y propósito en las crisis, y comunidades de expertos no tan divididas por sesgos ideológicos; de allí que se haya generado un amplio consenso en torno a las principales decisiones del gobierno. Conforta por ejemplo ver en el sector salud al Ministro Zamora convocando a exministros de salud en posiciones clave, como recientemente Pilar Mazetti, Oscar Ugarte y otros. Ese es el camino.

Lo que se viene


Artículo publicado en El Comercio, sábado 28 de marzo de 2020 

En una de sus conferencias del mediodía, el presidente Vizcarra señaló que la lucha contra el coronavirus no es una carrera de 100 metros planos que termina con la cuarentena, sino que es más bien una maratón; después de la cuarentena vendrán etapas igualmente duras.

Esta emergencia global ha evolucionado de manera dramática día a día, y todavía estamos terminando de asimilar la magnitud de la crisis. No sabemos si el mundo vaya a ser muy diferente después de esto, pero sí podemos estar seguros de que la emergencia que estamos viviendo se va a extender mucho más allá del 12 de abril. Para empezar, las medidas de aislamiento social tendrán que extenderse para evitar rebrotes y una nueva ola de contagios; no será posible volver sin más a la “normalidad” previa. Muy probablemente habrá que establecer etapas, distinguir sectores y actividades, nuevas prácticas dentro de nuestros quehaceres, y un largo etcétera. Es más, de acuerdo a la evolución de la epidemia, probablemente habrá necesidad de volver a cuarentenas parciales o totales; en medio de ella, habría que intentar intervenciones más acotadas para minimizar los daños económicos y sociales.

En medio de esto, la preocupación por la magnitud de esos daños son totalmente justificadas. Lo bueno es que el gobierno está reaccionando y tomando decisiones para aliviar la situación de la población y las unidades económicas más vulnerables; la pregunta es si será suficiente y qué más habría que hacer. Tomemos por ejemplo la decisión de implementar medidas complementarias de asistencia social a través de regiones y municipios; todos recordamos la experiencia del papel de gobernadores y alcaldes durante la reconstrucción de Pisco y otras zonas de Ica. Esperemos que las malas experiencias sirvan como “vacuna” para que no se repitan; hasta este momento, ya se están implementando razonablemente medidas de distribución de alimentos a domicilios de barrios identificados como más necesitados. Más desafíos para un Estado que suele fallar en la implementación. Cabe destacar que el poder ejecutivo ha mostrado un muy bien manejo en la relación con gobernadores y alcaldes, que han correctamente apoyado las medidas de emergencia. Solo hubo un conato de rebelión de algún alcalde despistado en Lima, pero tuvo que rápidamente reconocer su error.

Por lo visto, los efectos de las medidas de aislamiento tendrán un gran efecto económico y social; ¿a qué se terminará pareciendo? Referencias recientes son las crisis económicas de 2009 o la de 1998-2002, que requirieron medidas de salvataje financiero, o si vamos más atrás, la crisis de 1990-1991, que puso en agenda la necesidad de un enorme esfuerzo de compensación social. La diferencia a nuestro favor es que hoy tenemos una solidez macroeconómica que no teníamos antes, una institucionalidad social que atiende a la población en situación de pobreza, y algunas islas de eficiencia dentro del Estado capaces de diseñar e implementar decisiones complejas para atender las urgencias.

domingo, 22 de marzo de 2020

Coronavirus y respuestas de política (2)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 21 de marzo de 2020 

Analizar cómo responden los Estados al desafío de la pandemia en curso resulta bastante instructivo. Tres grandes factores ayudan a entender las reacciones y sus resultados: la capacidad estatal, la autonomía gubernamental, y también, las orientaciones particulares de los presidentes.

China, donde inició el brote, es un Estado con una capacidad estatal alta, que tomó decisiones muy duras con mucha autonomía, con autoridades políticas que se alinearon en privilegiar el interés común. Claro que les tocó tomar decisiones en un contexto de muy alta incertidumbre y desconocimiento; los demás países hemos tenido la ventaja de poder aprender de ellos. Cerca de China, en Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón o Corea se desarrollaron respuestas duras y eficaces basados en la experiencia China, y en sus propias experiencias con epidemias previas como el SARS. Europa podría haberse beneficiado de esa experiencia, pero al parecer primó entre las élites la percepción de que la realidad asiática sería muy diferente a la europea, o que los costos de medidas de aislamiento drásticas serían excesivas para la economía e inaceptables por la población. Precisamente confiar en sus capacidades estatales habría llevado a pensar que medidas de contención específicas centradas en los infectados y población vulnerable bastarían; pero el número de muertos aumenta en Italia (superó de largo a China), España, Francia y el Reino Unido, y la perspectiva que se anuncia es que a la larga todos tendrán que implementar medidas de aislamiento radicales.

Esto sugiere que no solo la capacidad estatal cuenta: también la autonomía de las élites respecto a intereses económicos. Dentro del vecindario, la demora en Chile con Piñera, por ejemplo, para tomar medidas más drásticas de aislamiento social resulta ilustrativa; Argentina, por el contrario, bajo un gobierno peronista se presenta como privilegiando el interés público por sobre el interés de los privados. Lo interesante es que Perú con Vizcarra se anticipó en buena medida a lo que otros países de la región están haciendo. Finalmente, también cuentan los presidentes: Trump en los Estados Unidos, Johnson en el Reino Unido, Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, Ortega en Nicaragua, muestran lo desafortunado que resulta tener a la cabeza del gobierno a personajes que no toman en serio las opiniones de los expertos, que están convencidos de ideas extravagantes, formados en actitudes prepotentes y personalistas.

En nuestro país, hemos visto a un Presidente y a un gobierno que si bien nunca mostró un rumbo claro, sí ha confirmado que sabe reaccionar con firmeza, en la dirección correcta, en situaciones de crisis; que ha demostrado autonomía para privilegiar el interés público sobre el interés privado. Y un Estado que, en medio de todas sus dificultades, está siendo capaz de implementar las duras decisiones que toma, de altísima complejidad. Como Estado, en medio de todo, hemos mejorado en los últimos años.

Coronavirus y respuestas de política



Artículo publicado en El Comercio, sábado 14 de marzo de 2020 

Las respuestas de los diferentes gobiernos respecto a la expansión del Coronavirus ha sido muy interesante de seguir, por usar una expresión. El problema inicia en Hubei, como se sabe. La enfermedad empieza a manifestarse hacia diciembre, se identifica como tal el 7 de enero, y el 13 empiezan a hacerse las pruebas de descarte. Recién hacia el 21 de enero el número de infectados empieza a aparecer como descontrolado (cien casos en un día); el 23 de enero, la ciudad de Wuhan ordena el cese total de actividades no esenciales, al registrarse 400 nuevos casos. Hoy sabemos que cuando las autoridades chinas tenían registrados 100 casos nuevos, en realidad estaban lidiando con unos 1500 nuevos infectados, solo que no registrados. El día 24, quince ciudades chinas más toman medidas de cese de actividades. Recién el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de atención internacional, cuando se estaba llegando a los 2000 casos nuevos diariamente. Como el virus puede tardar hasta 14 días en manifestarse, el número de infectados registrados siguió aumentando hasta más de 3500 casos nuevos el 4 de febrero, cuando en realidad el número de contagios estaba empezando a bajar como consecuencia de las medidas de aislamiento social.

Más allá de China, otros países asiáticos reaccionaron con medidas rápidas de contención: por ello, el problema no ha sido tan grave en Japón, Hong Kong, Singapur, o Tailandia. El manejo de epidemias en años pasados permitieron una reacción rápida. Pero Occidente miró esta dinámica con una suerte de lógica “orientalista”. Los países con mayor número de visitantes extranjeros empezaron a registrar altos números de infectados, como Italia, Francia, Alemania o España. Acá las autoridades enfrentaron un dilema: ¿reaccionan con medidas drásticas como en China, o implementan estrategias graduales? Existía cierto sentido común según el cual medidas de paralización total de actividades “solo podrían ocurrir en China, no en países democráticos”. Ciertamente, el riesgo de “sobrereaccionar” existe, y también la oposición de algunos sectores. El asunto es que Italia, España y otros países tuvieron finalmente que adoptar medidas similares a las de China, pero mucho más tarde, cuando ya tenían más de 4000 ó 5000 casos confirmados. A la fecha, Italia tiene 1016 fallecidos, España 122, Francia 66, y probablemente las cifras aumenten (China registra 3,180).

En América Latina, nuestras condiciones sanitarias son muy malas. La ventaja es que podemos aprender de los demás: en varios de nuestros países estamos tomando medidas intermedias (prohibición de vuelos desde ciertos países, de actividades públicas masivas, postergación de actividades en colegios y universidades, etc.), cuando tenemos casos contados por decenas, no por miles. Si somos responsables y disciplinados, podríamos pasar por esta crisis con costos menores, en vidas y en perjuicios económicos. Tarea para todos.

Políticas públicas y violencia de género



Artículo publicado en El Comercio, sábado 7 de marzo de 2020 

En los últimos días nos han conmocionado nuevos casos de violencia de género y de violencia contra niños y niñas, a pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como Estado, ¿estamos haciendo lo necesario? Según un trabajo de Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero (Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género; CIES, 2019), algunos avances ha habido, especialmente desde 2015, con la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y con el Plan Nacional contra la violencia de género de 2016. Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres, pasamos de 114 Centros de Emergencia Mujer en 2010 a 396 en este año; el número de casos atendidos más que se duplicó en ese periodo; se han creado 49 Hogares de Refugio Temporal en todo el país; hay cada vez más atenciones a denuncias de violencia familiar en las Comisarías; el Poder Judicial reporta que aumenta el número de expedientes por violencia familiar, y la creación en 2018 de ocho módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres; el MINSA reporta que ha duplicado entre 2009 y 2016 las atenciones a personas en situación de violencia. Así, registros de violencia familiar en mujeres ejercida por el esposo o compañero muestran una tendencia decreciente entre el 2009 y el 2017, aunque el número de tentativas de feminicidio han ido clara y alarmantemente en aumento.

Rousseau, Dargent y Escudero muestran que, pese a los avances generales, la realidad “micro” sigue siendo muy decepcionante. Los CEM, las Comisarías, los Hogares de Refugio, carecen de espacios adecuados, insuficiencia de personal y recursos, lo que limita las capacidades de hacer efectivas medidas de protección, seguimiento de procesos judiciales, posibilidades de implementar acciones de prevención, proporcionar apoyo sicológico o programas de inserción laboral a las víctimas. De otro lado, llaman la atención sobre lo difícil que resulta ir en contra de prejuicios y visiones tradicionalistas, enfoques “familistas” (privilegiar a toda costa la “unión familiar”) o concepciones que privilegian la protección de los imputados antes que de los denunciantes.

Este último punto me parece central. Acaso el escollo principal que limita los avances es atacar con más decisión los prejuicios y estereotipos de género. Esas concepciones que en última instancia convierten a los varones en agresores, a los entornos familiares, amicales y barriales en cómplices o testigos silenciosos, a las instituiciones en ineficaces. Hemos avanzado mucho en la conciencia de estos temas gracias a la indignación que despiertan casos emblemáticos. Ayudaría que el gobierno levante como elemento central de su discurso y acción política el combate a la violencia de género y la defensa de los derechos de nuestras niñas y niños. Esta podría ser una cruzada en la que podría unirse todo el país. El tipo de iniciativas que nos hacen falta.

¿Peor que el anterior?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 29 de febrero de 2020 

Algo que no podemos permitirnos es que dentro de un año y cinco meses sentenciemos que el Congreso próximo a instalarse terminó siendo “peor que el anterior”, lo que parecería una meta muy difícil de superar. Las fuerzas políticas del Congreso que viene pueden no ser capaces de ponerse de acuerdo para aprobar grandes cosas, con lo que diríamos que se trató de un Congreso mediocre; pero no deberían echar para atrás los avances que se produjeron en el Congreso disuelto.

El Congreso anterior avanzó en establecer la paridad y la alternancia, y de elevar la cuota de género a un 40% para el 2021; también estableció elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir las candidaturas a elección popular, lo que permitió eliminar el voto preferencial. Ya hemos señalado que para las elecciones de 2021, mediante disposiciones transitorias, se establece una distinción insostenible entre organizaciones antiguas y nuevas, que exime a las primeras de implementar mecanismos democráticos abiertos de selección de candidaturas, limita la aplicación de la paridad y la alternancia, y además mantiene el voto preferencial. Mejorar lo hecho por el Congreso anterior implicaría derogar esas disposiciones transitorias y tener las nuevas reglas de juego desde ya.

Pero se escuchan voces con posiciones que implicarían retrocesos: por ejemplo, eliminar las elecciones internas abiertas, y cerrar el proceso de selección de candidaturas a solo los militantes. En ese caso, si mantenemos el voto preferencial, poco habremos avanzado; y si eliminamos el último, le habremos quitado la oportunidad que ya tiene el ciudadano de expresar sus preferencias para definir los candidatos que ingresan al parlamento. Un retroceso que afectaría aún más la escasa legitimidad que tienen los partidos. Tiene sentido que, para definir sus cuadros directivos o reglamentación interna, decidan exclusivamente los afiliados; pero cuando hablamos de candidaturas, resulta imprescindible que éstos tengan sintonía con las preferencias de los ciudadanos en general. Cerrar la definición de candidaturas a solo militantes haría que los cuadros con capacidad de movilización interna, los apparátchik, sean los que definan las candidaturas; y existe evidencia de que cuando priman los criterios internos de los aparatos partidarios, estos se suelen alejar de las preferencias de los ciudadanos comunes. Y buscar equilibrar esto con mantener el voto preferencial equivale a cambiar muy poco respecto al sistema muy malo que tenemos actualmente.

Abrir el proceso de selección de candidaturas de los partidos a los ciudadanos tiene la ventaja de que establece un mecanismo claro de resolución de las disputas intrapartidarias; e involucra a los ciudadanos en general, aprovechando nuestra tradición de voto preferencial. Luego, eliminar este para las elecciones generales permite en un segundo momento fortalecer la identidad de las partidaria de las listas y favorecer la cohesión de los futuros grupos parlamentarios.

Dos preocupaciones



Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de febrero de 2020 

Una referida al poder ejecutivo y otra al Congreso. Respecto del gobierno, ya se ha dicho que, dada su precariedad (sin partido, bancada ni bases sociales), solo descansa en el respaldo de la opinión pública; de allí que sea extremadamente “sensible” ante situaciones que puedan afectar sus niveles de aprobación. El problema es que la dinámica de la opinión pública es muy volátil, y en buena parte depende de cómo los medios y los “formadores de opinión” se posicionen frente al gobierno. En los años sesenta Karl Deutsch hablaba de la importancia de las élites, de los medios de comunicación y núcleos formadores de opinión para moldear las percepciones de la población, y es un asunto que no debe descuidarse.

Bien visto, los saltos en la popularidad del presidente Vizcarra se explican por la capacidad de sintonizar con expectativas populares, pero también por la capacidad de alinear detrás de sus iniciativas a intereses y corrientes de opinión políticamente relevantes. Esto corrió el riesgo de resquebrajarse con las indecisiones alrededor de la continuidad del proyecto Tía María; un gobierno con un manejo económico ortodoxo corrió el riesgo de perder el apoyo del mundo liberal y empresarial. La situación no llegó a mayores por la expectativa que despierta el Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, así como la conformación de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que acaba de entregar su informe; pero está lejos estar resuelta. El problema se presenta nuevamente con las indecisiones alrededor de qué postura tomar frente a todos los asuntos vinculados al trato con la empresa Odebrecht; el gobierno siguió un rumbo, a partir de salida del procurador Ramírez, que lo ha alejado de sectores ligados a la lucha contra la corrupción. El gobierno corre el riesgo de, intentando no perder popularidad, terminar perdiendo respaldo de sectores clave para su estabilidad, y también popularidad.

En cuanto a los partidos representados en el Congreso, me pregunto si son plenamente conscientes de la necesidad de completar y hacer correcciones al proceso de reforma política iniciado por el Congreso anterior. Si no hay cambios, todos los partidos inscritos antes de agosto de 2019 (es decir, todos salvo el Partido Morado) participarían en elecciones internas cerradas para seleccionar candidatos; luego, deberían presentar las listas resultantes a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde no elegiríamos nada (el único que elegiría a sus candidatos en la primaria sería el Partido Morado), con lo que esas elecciones solo servirían para depurar a las listas que no pasen la muy baja valla de 1.5%. Para luego ir a la elección Congresal con voto preferencial: ¿entonces para qué hicimos la elección interna y luego la primaria? No tiene sentido. Urge asumir desde ya una primaria abierta a la ciudadanía en la que se definan a los candidatos, que permita eliminar el voto preferencial en la votación congresal.

Política y conflictos de interés



Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de febrero de 2020 

Se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo sobre la reciente y confusa crisis ministerial. Más allá de los temas asociados a cuál es la estrategia del gobierno respecto a todos los asuntos vinculados al trato con la empresa Odebrecht, un tema de fondo que merece atención es el asunto de la recurrencia de potenciales conflictos de interés entre funcionarios públicos.

El ministro Juan Carlos Liu fue destituído, aparentemente, por haber incurrido en un conflicto de interés del que no estaba al tanto el Presidente de la República. Liu había prestado servicios de capacitación a la empresa Odebrecht en el año 2010; posteriormente, se desempeñó como asesor y consultor del Ministerio de Energía entre 2010 y 2014, y en cuanto tal, participó de un estudio referido a la viabilidad del proyecto de gasoducto del sur. Que es precisamente el proyecto por el cual Odebrecht ha presentado una demanda contra el Estado peruano ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Hace unos días, el portal Ojo Público informaba que la exjefa de la SUNAT, Tania Quispe (2011-2015), representó a la CONFIEP ante la propia SUNAT en una reunión en la que se discutieron problemas relativos a la práctica de elusión tributaria.

Se ha hablado mucho de los conflictos de interés y de la existencia de una negativa “puerta giratoria” entre el sector público y privado. Cuadros del sector privado ingresarían al sector público para, supuestamente, defender los intereses y negocios privados, no el interés general de la sociedad; y más adelante, volverán al sector privado, aprovechando el conocimiento adquirido en el Estado, para fortalecer la defensa de los intereses privados.

Ciertamente se trata de un problema y por supuesto hemos conocido de casos que justifican la preocupación por este tema. En los últimos años contamos con normas que han permitido avanzar en la dirección correcta: contamos con un Código de Etica de la Función Pública, y con una ley que establece prohibiciones e incompatibilidades para funcionarios y servidores públicos; además, tenemos la obligación, para todos los funcionarios públicos, de presentar declaraciones juradas de intereses, de naturaleza pública, que cubren los cinco años anteriores a la asunción del cargo.

En un mundo ideal, la carrera pública y el desarrollo profesional en el sector privado están claramente diferenciados; sin embargo, en países como el nuestro no es así. Resulta frecuente que el Estado esté interesado en reclutar profesionales destacados en la actividad privada para el servicio público, dado su conocimiento y expertise; y también que, dada la inestabilidad y precariedad de los nombramientos públicos, esos mismos cuadros regresen al sector privado, cuando menos un año después de haber dejado su cargo, según la ley. Combatir las puertas giratorias no debería implicar ampliar ese plazo a diez años, sino fortalecer una carrera pública meritocrática y bien remunerada.

Una mirada a la región



Artículo publicado en El Comercio, sábado 8 de febrero de 2020 

Si miramos el conjunto de países latinoamericanos, podría pensarse que estaríamos ante el final de una etapa. No solo resulta claro que el ciclo del boom de los precios de los productos de exportación (2003-2012) terminó, con la declinación de las tasas de crecimiento y sus múltiples efectos; también que ese ciclo generó unas nuevas clases medias y nuevas expectativas y demandas, que reclaman nuevas formas de expresión política. Así, en México el gobierno de López Obrador cierra el ciclo PRI-PAN-PRI, y se presenta como el líder de una “gran transformación”; en Brasil parece haber quedado atrás la lógica de coaliciones de izquierda o socialdemocrátas; en Chile, asistiríamos al final del orden “postpinochetista” y de las coaliciones políticas de izquierda y derecha bajo cuyo manto se desarrollaron. En Bolivia, aparentemente, estaríamos ante el final del ciclo de Evo Morales, así como antes pasamos por el final del ciclo de Rafael Correa en Ecuador, y del Frente Amplio en Uruguay. En nuestro país, con la renuncia del presidente Kuczynski, la disolución del Congreso y la conformación de uno nuevo marcado por una nueva configuración de fuerzas políticas, parecemos también estar viviendo el cierre de una etapa.

En realidad, todavía no queda claro cuánto de continuidad y cambio se terminará produciendo. Donde se presentan discursos refundacionales (México, Chile), se podría terminar con grandes frustraciones y con más continuidad de la que se esperaría; de otro lado, quienes hoy parecen actores fuera de carrera podrían eventualmente volver o continuar gravitando poderosamente en la escena política (Morales, Correa). Lo que no puede negarse es que tenemos un escenario muy volátil, ante sociedades más complejas, con nuevos sectores que no encuentran representación, donde aparecen con cada vez más frecuencia e impacto formas de movilización y acción colectiva espontáneas y fugaces, donde se generaliza el desencanto ciudadano con los partidos y las instituciones democráticas. Salvo unos cuantos países en los que las culturas partidarias y redes clientelísticas siguen estando vigentes (Argentina, Uruguay), surge en toda la región la pregunta por qué nuevas formas de representación política emergerán en el futuro.

Por lo pronto, la inquietante respuesta es que parte de esas formas se expresarán en discursos populistas y formas de acción política signadas por el cortoplacismo por encima de la planeación, la espectacularidad, la manipulación de la imagen y de las formas por encima de los contenidos y de la búsqueda de soluciones de fondo, por la apelación a y el manejo de las emociones. A pesar de todos los reparos que podamos poner, presidentes como Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México (y Trump en los Estados Unidos), de identidades políticas contrapuestas, se perfilan como referentes del tipo de liderazgo político en gestación en nuestros países. Urge pensar en alternativas democráticas que puedan competir eficazmente con éstas.

Los resultados del 26 de enero



Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de febrero de 2020 

Afortunadamente, el porcentaje de ausentismo, voto blanco y nulo fue mucho menor al esperado. La encuesta de IPSOS del 19 de enero registraba un 43.1% de votos blancos y nulos. El ausentismo al final (25.3%) fue muy alto comparado a elecciones congresales previas, pero menor al del referéndum 2018, donde llegó al 27.68%. Tuvimos el porcentaje más bajo de votos en blanco de las últimas elecciones (un poco más del 2%), y un 16% de votos nulos, algo cercano a resultados anteriores (resultados preliminares). Buena parte de los indecisos se decidieron en los últimos días, no a favor de quienes llevaban ventaja, sino de FREPAP, Podemos Perú y Unión por el Perú. Está claro que en esta ocasión ningún grupo entusiasmó a los electores, y los resultados muestran por mucho la mayor fragmentación del periodo democrático iniciado en 2001.

Una manera de ver esta fragmentación es que la suma de los grupos que alcanzaron representación en 2020 llega apenas a un 68.53% de los votos válidos, cuando ese porcentaje superó el 90% en 2016 y en 2011. Unos partidos resultaron obteniendo las votaciones más altas en algunas regiones, pero al no pasar la valla quedaron sin representación: Perú Libre en Junín, Democracia Directa en Cusco, Avanza País en Madre de Dios. En el mismo sentido, tenemos varios candidatos con votaciones preferenciales altas que quedarán fuera: Ciro Castillo, Alberto Beingolea, Beatriz Mejía, Julio Arbizu, Mauricio Mulder, Renzo Reggiardo. Algunos de ellos, probablemente, serán candidatos al Congreso de 2021, y algunos eventualmente con otra camiseta.

Dentro de los que alcanzaron representación, Acción Popular, el partido con mayor votación, concentró apenas poco más del 10% de los votos válidos, mientras que Fuerza Popular obtuvo el 36.34% en 2016, Gana Perú el 25.27% en 2011, Unión por el Perú el 21.2% en 2006, y Perú Posible el 26% en 2001. Llaman también la atención ciertos patrones de votación: Acción Popular tiene más votos y más parejamente distribuidos en el país, con bolsones importantes en San Martín y Huánuco; luego FREPAP, con Ucayali y Lima Provincias como bolsones principales. Con una distribución cercana al promedio, están Fuerza Popular, con un bolsón en Piura; el Partido Morado, más relevante en Lima y Arequipa; Frente Amplio, en Amazonas, Apurímac y Puno; Somos Perú, en Ancash, Amazonas y Ucayali. Más regionalizados aparecen APP, con bolsones en Cajamarca, Loreto, La Libertad, Ica, Moquegua y Tumbes, pero muy débil en Lima; Podemos al revés, el más votado en Lima, pero muy débil fuera; y Unión por el Perú, el más votado en Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Puno y Tacna, pero casi inexistente en el resto del país. Mi colega en la PUCP Tomás Dosek ha hecho un excelente análisis de los datos preliminares, disponibles en su cuenta de twitter.

De los congresistas electos, apenas quince, según Milagros Campos, tiene experiencia parlamentaria previa: algo que complicará la gestión de este periodo tan corto. Urge consensuar una agenda.