miércoles, 26 de julio de 2017

"Nuestros maestros"


La revista Impresión me pidió un artículo para su último número, dedicado al centenario de la PUCP. En ella aparece una sección que quiere rendir homenaje a varios de los grandes maestros que ha tenido la universidad en las últimas décadas: así, Charles Walker escribe sobre Jeffrey Klaiber, Santiago Pedraglio sobre Gustavo Gutiérrez, Alex Huerta sobre Manuel Marzal, Eduardo Villanueva sobre José León, y este servidor sobre Guillermo Rochabrún.

Año uno

Artículo publicado en La República, domingo 23 de julio de 2017

Sabíamos, basados en la experiencia de los gobiernos anteriores, que el del presidente Kuczynski iba a desgastarse de manera importante a lo largo de su primer año. Con datos de junio, tenemos que la gestión del presidente Kuczynski es aprobada por el 39% de los encuestados, muy por debajo de Humala (48%) ligeramente por debajo de García (42%), pero por encima de Toledo (21%) a la misma altura de sus mandatos. Quizá dentro de lo esperable, considerando que la economía se ha desacelerado claramente desde 2014 y que difícilmente se pueden hacer las cosas peor que Toledo. Además se tuvo que lidiar con eventos inesperados como la ola lava jato y el niño costero. Varias cosas sin embargo resultaron sorprendentes: un manejo macroeconómico muy cuestionado por la comunidad de expertos (supuesta área fuerte del gobierno); segundo, el cuestionamiento a un manejo “tecnocrático” del gobierno, hasta ese momento percibido como supuesta garantía de estabilidad. Ahora se invoca desde sectores diversos un manejo “más político”, se denuncia la ocurrencia de conflictos de interés, la defensa de intereses particularistas, cuando no de abierta ineficacia como consecuencia de la pasada hegemonía tecnocrática. Otra novedad es la ruptura relativa del consenso ortodoxo entre las élites políticas, consecuencia de un fujimorismo reculado hacia posiciones populistas y un estilo confrontacional de hacer oposición.

Sabíamos también que la gestión del Congreso iba a ser muy complicada. En medio de las dificultades, la experiencia de Luz Salgado logró sacarla adelante institucionalmente. En cuanto a las fuerzas políticas allí representadas, llama la atención la velocidad de la ruptura del Frente Amplio, y cómo su discurso crítico frente al modelo económico es disputado ahora por sectores antes más ortodoxos, como el fujimorismo o Acción Popular. Hablando de los grupos menores, la necesidad de Fuerza Popular de no aparecer como unilateralmente impositivo abrió el espacio para el protagonismo en algunas coyunturas del APRA o del AP.

Y Fuerza Popular no logró manejar bien su difícil papel doble: opositor pero leal con la democracia. En ocasiones su conducta excesivamente confrontacional, sumado al número de sus votos y la debilidad del gobierno, alentaron lecturas en las que el fantasma de la vacancia del mandato se convirtió en un escenario realista para el poder ejecutivo. La lógica de la confrontación tuvo costos altos para el fujimorismo entre las elites económicas, medianos ante la opinión pública, pero la nueva estrategia de Keiko Fujimori parecía seguir un rumbo invariable. Logró evitar la división y dispersión de la bancada, e impuso un manejo centralizado relativamente eficiente (mérito nada menor; basta comparar con el funcionamento de las demás bancadas). Pero al final Keiko se vio obligada a reconsiderar la estrategia por un adversario inesperado: su hermano congresista Kenji, usando el indulto de su padre como estrategia de negociación con el poder ejecutivo y canal de expresión del descontento de las víctimas del manejo centralizado. Todavía estamos viendo las consecuencias y evaluando los alcances del terremoto al interior de FP.

Hacia adelante, se abre la posibilidad (solo la posibilidad) de un año menos accidentado, en el que las dinámicas internas concentren la preocupación de los actores, más todavía pensando en las elecciones regionales y municipales del próximo año. Para esto el ejecutivo debe recuperar la iniciativa, poniendo por delante una nueva agenda reformista, y buscar acuerdos específicos con la oposición en torno a la misma.

Lula y Humala

Artículo publicado en La República, domingo 16 de julio de 2017

El expresidente Lula fue sentenciado el pasado miércoles en primera instancia a más de nueve años de prisión, por haber recibido sobornos de la empresa constructora OAS. En nuestro país el ex presidente Humala y su esposa sufren prisión preventiva en medio de una investigación por lavado de activos, en la que habrían recibido dinero de la empresa constructora brasileña ODEBRECHT para financiar la campaña electoral de 2011.

No soy penalista, pero después de haber leído y escuchado todo lo que he podido, llego a la conclusión de que no es para nada evidente que estas decisiones vayan a ser confirmadas en segunda instancia. A Lula se le acusa de ser propietario de un inmueble que habría sido otorgado como soborno, pero no parece haber prueba concluyente de que el departamento en cuestión sea efectivamente suyo, más allá de que Lula haya expresado interés en la propiedad del mismo en algún momento. Y respecto al arresto preventivo, creo que si bien no puede decirse que el fallo sea arbitrario, sí resulta excesivamente duro, y sobre todo, arriesgado: a nadie debería sorprenderle que en unas semanas el ex presidente Humala y su esposa salgan en libertad después de la apelación que presentarán en los próximos días. Y tampoco que durante el juicio, cuando llegue, resulte muy complicado probar concluyentemente la comisión de un delito de lavado de activos.

Una conclusión parcial es que es todavía prematuro declarar “extintos” políticamente a los expresidentes Lula y Humala: si logran construir una narrativa en la que fueron acosados judicialmente de manera arbitraria e injusta podrían relanzar sus carreras políticas. Lamentablemente, el debate y la deliberación política está siendo crecientemente sustituído por lógicas judiciales, por sus procedimientos, formalidades, y pareciera que la única sanción de una inconducta política fuera la cárcel. Y si no fuera posible establecer una sanción penal, parecería que el acusado quedara libre de polvo y paja, y plenamente rehabitado. Hay también sanciones sociales y políticas, que no deberíamos pasar por alto, y para ello hay amplia evidencia.

En el caso del expresidente Lula, más allá de si termine o no en la cárcel, a mí me parece evidente de que es culpable políticamente de haber organizado y encabezado un sistema político basado en la construcción de coaliciones políticas armadas con compra de votos, patronazgo, aceitado con recursos obtenidos por empresas públicas coludidas con empresas privadas en gigantescos esquemas de corrupción. Y todo justificado en nombre de la construcción de un gobierno popular que impida la vuelta de la derecha al poder. La pérdida de brújula absoluta. En el caso de Ollanta Humala, en las últimas semanas hemos obtenido evidencia bastante seria que lo vincula a los crímenes de Madre Mía, a intentos de silenciar a testigos, directa o indirectamente. Sabemos que su partido desarrolló un complejo sistema de encubrimiento de receptación de dinero por parte de ODEBRECHT, más allá de si esté adecuadamente tipificado y sancionado. Todo esto configura una conducta inescrupulosa que ha quedado en evidencia y de la que el expresidente es políticamente responsable, todo en nombre de una “gran transformación” que nunca llegó a ocurrir.

Independientemente de lo que ocurra en el plano judicial, no debemos perder de vista estos hechos. Y sacar las lecciones correspondientes. Nunca más urgente una reforma política que haga transparentes las finanzas partidarias, el patrimonio y los intereses de las altas autoridades, y establezca sanciones drásticas ante el incumplimiento de las normas.

Sobre el fujimorismo


Artículo publicado en La República, domingo 9 de julio de 2017 

En las últimas tres semanas hemos aprendido más sobre el fujimorismo que en los últimos tres años, solo que no logramos descifrar bien la evidencia, ya sea porque vemos en el fujimorismo la pura encarnación del mal, o la esperanza de solución a todos los problemas, mediante la formalización de una megacoalición de derechas. En medio de todo esto está la discusión sobre las consecuencias que tendría un eventual indulto al expresidente Fujimori. El problema es que malas decisiones ahondarán la crispación y la conflictividad política y complicarían mucho la gestión gubernamental, precisamente cuando se vislumbra un camino que podría, al menos por un tiempo, reducir los choques entre el poder ejecutivo y el Congreso.

Veamos. Entre 2011 y 2016, con la construcción de Fuerza Popular, Keiko Fujimori erigió un partido bajo su mando, en el que el papel de Alberto Fujimori quedó claramente subordinado, a diferencia de la campaña de 2010-2011; bajo su liderazgo, el indulto a su padre quedó claramente relegado como bandera política. Reclutó a una amplia camada de fujimoristas de “nueva generación”, basada en una gran diversidad de intereses regionales, y articuló un núcleo dirigente de su confianza. El trabajo de base rindió abundantes frutos, que se expresaron en el logro de la mayoría parlamentaria. Keiko intentó también una estrategia de moderación que le funcionó hasta cierto punto, pero en algún momento habría llegado a la conclusión de que no valía la pena seguir por ese camino, y reculó a posturas tradicionales, duras y conservadoras, que en última instancia le hicieron perder la segunda vuelta electoral. Esas mismas posiciones tiñeron la relación con el gobierno del presidente Kuczynski.

El manejo de la bancada mayoritaria ha sido ciertamente complicado. Según 50+1, hacia finales de 2016 encontramos que la mayoría de proyectos de ley de Fuerza Popular consistían en diversos pedidos de “declaratorias de interés”. Desde entonces Keiko impuso un manejo más centralizado y estratégico de las iniciativas legislativas, en las que el núcleo central, el del mototaxi, tuvo el protagonismo. Así se fue generando una tensión con un grupo importante de congresistas provincianos, de muy variados intereses. En este marco Kenji Fujimori actuó con gran astucia: cosechó el descontento de los congresistas provincianos, levantó el pedido del indulto para su padre como parte de una estrategia de negociación en la que se ofrecía la moderación de un sector del fujimorismo, afirmaba su presencia y liderazgo cuestionando el manejo vertical y conservador de Keiko, levantaba su imagen apelando a la estrategia más liberal y moderada que Keiko abandonó.

Sin embargo, Keiko reaccionó. Consciente de la imagen de intransigencia y obstruccionismo, pidió un diálogo directo con el Presidente de la República. Reunió a la bancada y sometió a Kenji a un proceso disciplinario. Logró que los congresistas fujimoristas provincianos firmen una declaración en la que reafirman su identificación con la bancada. Así, el tema del indulto se ha desinflado por ahora, porque se ha hecho evidente de que éste no solo es incorrecto, si no también inconveniente tanto para el gobierno como para FP. Kenji no cuenta, por ahora, como un interlocutor creíble dentro de una estrategia de negociación con el ejecutivo. Lo que nos lleva a la reunión del martes entre el Presidente y la líder de FP. Seguramente nada muy concreto saldrá de esa reunión, pero ojalá fuera el inicio de una nueva forma de hacer oposición por parte de FP, y de un gobierno más claro en sus prioridades.

En nombre del gobierno


Artículo publicado en La República, domingo 2 de julio de 2017 

Recomiendo enfáticamente la lectura de un libro fundamental, En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina, del antropólogo Ponciano del Pino (Lima, La Siniestra Ensayos – Universidad Nacional de Juliaca, 2017). El libro es resultado de meses de permanencia del autor a lo largo de varios años en Uchuraccay y en otras comunidades en las alturas de Huanta, del diálogo con los comuneros en Uchuraccay y en sus diferentes destinos en Ayacucho y en Lima, un amplio trabajo de archivo, en fin, fruto de una reflexión que ha madurado a lo largo de los años.

El libro empieza volviendo al “caso Uchuraccay”, el asesinato de ocho periodistas, su guía y un comunero, del 26 de enero de 1983. Desde allí Del Pino devela los límites que teníamos (y tenemos) para comprender los trágicos sucesos de ese día, pero también para entender el mundo andino y popular en general, me atrevería a decir. La Comisión Vargas Llosa maneja una imagen en la que los campesinos aparecen como “arcaicos”, víctimas del abandono del Estado; asesinan a los periodistas como consecuencia de un error, en medio de un clima de tensión y violencia. La izquierda maneja una imagen según la cual los comuneros son víctimas de la política represiva del Estado, siendo manipulados para encubrir otras responsabilidades. Años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación esbozó una imagen en la cual los campesinos resultaron atrapados “entre dos fuegos”, el de la violencia senderista y el de la represión de las fuerzas del orden.

Del Pino construye un argumento que desnuda los límites de esas interpretaciones y rescata lo que podríamos llamar la “agencia” de los comuneros uchuraccaínos: no son solo víctimas o entes pasivos, sino actores que, en medio de contextos muy adversos, son capaces de desarrollar estrategias, implementar acciones, tomar iniciativas. Esto suena muy bien y muy correcto, pero no crea el lector que encontrará una nueva visión idealizada de los comuneros andinos: en realidad, la visión de Del Pino no es nada reconfortante. Esa “agencia” implica también la decisión de encubrir una larga y violenta historia de conflictos inter e intracomunales, y en los sucesos de enero de 1983, el hecho de que sectores de la comunidad habían tenido vínculos con Sendero Luminoso. Del Pino muestra una cara perturbadora de la historia del conflicto armado interno, la de una población que en medio de la violencia de Sendero y de la represión del Estado ventila sus conflictos internos y se vale de esa dinámica para obtener ventajas.

Entender ese mundo comunitario fragmentado y conflictivo, pero también muy activo y dinámico, implica remitirse a las décadas de los años sesenta y setenta, para tomar conciencia de los dramáticos cambios que sufrió el mundo rural con la reforma agraria, y aún más atrás, a la década de los años veinte, para entender el proceso de formación y crisis del régimen de hacienda. Nuevamente, en ese recuento histórico el autor nos ofrece una interpretación distante tanto de la imagen de unas comunidades integradas dentro de una nación mestiza, como de la tradición radical de izquierda, en la cual primarían relaciones de pura confrontación con el Estado. Para Del Pino las comunidades históricamente buscaron actuar en nombre del gobierno, es decir, exigiendo al Estado el cumplimiento de sus promesas de inclusión incumplidas, mediante complejas formas de negociación. Esta lógica no es la de Flor de retama, sino la del Picaflorcito que vuela desde Chungui hasta Palacio de Gobierno para hacer presente a las autoridades su demanda por justicia.

El indulto a Fujimori


Artículo publicado en La República, domingo 25 de junio de 2017

El día miércoles pasado, el ministro de economía no logró la confianza del Congreso, y se vio obligado a renunciar; y el ministro del interior inició la respuesta al pliego interpelatorio presentado por éste. Hasta ese momento, parecía que la crisis política había sido superada. Cayó Thorne, pero sobreviviría Basombrío. Un nuevo ministro de economía, y con el 28 de julio cerca, hacía pensar en la posibilidad de una renovación integral más ordenada del gabinete, y el replanteamiento de la lógica del gobierno y de sus estrategias políticas. También el fujimorismo parecía obligado a repensar su actuación: en la caída de Thorne dieron razones para reforzar el argumento de que actúan de manera prepotente, y además mostraron importantes fisuras internas. Tiempo de replegarse.

Sin embargo, al día siguiente, se hacieron públicas unas declaraciones del presidente del 13 de junio pasado a la revista The Economist, en la que señala que estaría estudiando la posibilidad de un indulto al expresidente Fujimori, en el marco una negociación con la oposición, y que el momento para hacerlo “sería ahora”. La reacción del fujimorismo no se hizo esperar, alentando al presidente a tomar esa decisión; mientras que se desataron una serie de especulaciones sobre qué estaría buscando el gobierno. Para algunos, sería solamente una declaración desafortunada más del presidente, como varias anteriores. Para otros el indulto va en serio, y sería parte de una elaborada estrategia que buscaría debilitar al fujimorismo, fraccionándolo, ubicando a Kenji F. como interlocutor, pasando por encima de Keiko F. (ver artículo de Américo Zambrano en Hildebrandt en sus trece). Para otros el indulto también sería inminente, pero expresaría más bien una capitulación del gobierno ante el fujimorismo, una negociación en la que se les otorga un bien preciado a cambio de una actitud colaborativa o cuando menos no obstruccionista.

Al momento de escribir estas líneas, parece que estamos ante una declaración desafortunada más. El propio Presidente y el Presidente del Consejo de Ministros tuvieron que salir a declarar para desinflar las expectativas respecto a un posible indulto inminente; un error más, que enturbia la relación con el fujimorismo. Ahora, el que haya quienes piensen que el indulto dividiría y fraccionaría al fujimorismo y favorecería al gobierno, y que haya otros que piensan que el indulto sería un triunfo del fujimorismo y una “rendición” del gobierno muestra lo poca claridad que existe respecto a qué ocurre con la principal fuerza de oposición.

Algunas cosas a mí me parecen claras: Fuerza Popular es básicamente controlada por Keiko Fujimori, con intereses claramente distinguibles de los de su padre (eso era claro desde la campaña electoral de 2016, por cierto); ese control es complicado, porque FP es también una colección muy grande y disímil de intereses; Kenji F., antes que expresar un “albertismo” encubierto, expresa más bien el descontento ante el manejo centralizado de Keiko; y el tema del indulto a Alberto F. es cada vez menos un tema político, y más un asunto humanitario: es decir, el que sea indultado o no, no cambiaría en esencia la relación entre el gobierno y FP. La relación con el fujimorismo hoy es complicada no porque Alberto F. esté preso (al punto que FP no es el que pide el indulto, es el gobierno el que pone el tema en la agenda), y su liberación no solucionaría el problema. Al contrario, tendría más puntos de controversia con las diferentes posturas dentro del fujimorismo, y despertaría la movilización del antifujimorismo. Perdería soga y cabra.

Thorne y después


Artículo publicado en La República, domingo 18 de junio de 2017 

¿Han escuchado completo el audio de la conversación entre el ministro Thorne, el Contralor Alarcón y sus respectivos asesores? Es una conversación de más de treinta minutos, que transcurre en todo momento con cordialidad y naturalidad. Hacia el minuto 25, el ministro dice “… solo falta la firma del presidente [para atender un pedido de fondos hecho por la Contraloría], pero el presidente me ha pedido, habla tú con el contralor y explícale un poco en qué estamos, que el contralor nos ayude en los casos que estamos involucrados, que nos ayude a dar un empujón, él quiere que haya un ejemplo, no quiere un proyecto específico, quiere que se muestre de que hay un compromiso de este gobierno por promover la inversión”. El contralor responde “no hay ningún problema (…). Lo que sí más bien es que yo no sé hasta el momento los resultados de la auditoría [del caso Chinchero], cómo concluye el equipo” (…) Porque no quisiera que el resultado de la auditoría esté sujeto a la firma del presidente”. A lo que Thorne responde, “no, lo discutiremos en su momento con Martín [Vizcarra]. Martín creo que en eso ha sido muy estricto y él ha dicho que va hacer lo que contraloría le pida que haga [todos los énfasis míos] (…), lo que sería bueno que usted explique en esa reunión por dónde va un poco la cosa, y él tendrá que hacer las correcciones que tiene que hacer. No creo que haya nada, ninguna sorpresa por ese lado. Como le digo lo importante es que trabajemos juntos”. Alarcón cierra esta parte diciendo “yo estoy muy gustoso, y además es mi trabajo, esta gestión la hemos enfocado, orientado, y gracias por el apoyo, no queremos ser solo los policías, sino que también queremos ayudar a que la gestión sea efectiva, eficiente, eso en todos los sectores”.

En otras palabras, el audio no muestra una extorsión al contralor, o un intento de condicionar desembolsos a cambio de un informe favorable de la contraloría respecto al caso Chinchero. Es más, buena parte de la conversación gira en torno a encontrar un buen esquema de financimiento para la Contraloría, para lo cual se cuenta con el apoyo del Banco Mundial, para encontrar las mejores prácticas internacionales al respecto. Por supuesto, a lo largo de los treinta minutos hay pasajes con frases desafortunadas, pero no se debe olvidar que se trata de una conversación privada grabada y difundida indebidamente.

El audio no justifica una censura al ministro. En realidad, la oposición aprovecha el audio para mantener la narrativa de un gobierno al servicio de lobbies encubiertos, de allí la convergencia de las bancadas fujimorista, aprista, frenteamplista y de Acción Popular. Se trata de un ministro débil, tanto por errores políticos previos como por cuestionamientos al propio manejo económico, incluso desde sectores ortodoxos. La suerte del ministro por eso está echada (y ojo que el tema Chinchero está lejos de estar resuelto). El gobierno no tiene salida en el corto plazo: la renuncia de Thorne equivale a una capitulación, ir a la censura implica alargar la agonía, y no tiene la fuerza para plantear la confianza por Thorne y poner en juego a todo el Consejo de Ministros.

¿Qué hacer? En el cortísimo plazo, me parece que se debe pensar en la mejor estrategia para proteger al ministro del interior, quien tampoco merece una censura. Y de cara al 28 de julio, se impone una reestructuración muy de fondo del gabinete y de la lógica del gobierno: se debe pensar en cómo relanzar un perfil reformista, y desde esas reformas relacionarse con la oposición. Es la única manera de conseguir oxígeno para los cuatro años que siguen.

¿Los tiempos están cambiando?


Artículo publicado en La República, domingo 11 de junio de 2017 

Desde 2001 manejábamos un esquema que gruesamente podría enunciarse así: caído el fujimorismo, cambiamos en cuanto a institucionalización política democrática, pero no en cuanto a la continuidad del modelo económico, a diferencia de países vecinos que hicieron un “giro a la izquierda”. En medio de la debilidad de los partidos, la debilidad de las fuerzas de izquierda, la fortaleza de los “poderes fácticos”, el consenso relativo entre las élites y expertos más influyentes, grandes áreas de decisión quedaron en manos de independientes o tecnócratas. Esta influencia nos hizo perder en cuanto a representación; el poder de esos personajes no surge de la deliberación política, y muchas veces se implementaron políticas contrarias a las sostenidas durante las campañas electorales, notoriamente con los gobiernos de García y Humala. Pero al mismo tiempo, gracias a las “islas de eficiencia” es que el país pudo crecer y reducir la pobreza en magnitudes importantes. Esta convivencia entre partidos sin técnicos y técnicos sin partido hizo que el país siguiera una orientación de centro, más inclinada hacia la izquierda con Toledo, luego mucho más hacia la derecha con García, luego nuevamente más hacia la izquierda con Humala.

En este marco, el discurso de izquierda reapareció primero de la mano de Humala en 2006 y 2011, y el fujimorismo de la de Keiko Fujimori desde 2006, cuando resultó la congresista con mayor votación. Pero la izquierda no logró imponer su programa, y el fujimorismo funcionó tanto durante el gobierno de García como del de Humala como garantía de estabilidad del legado económico de los noventas. Con el gobierno actual, no se esperaba que las cosas cambiaran demasiado; es más, dada la trayectoria del presidente, era esperable más bien la profundización de una lógica tecnocrática, y cierta impronta reformista: los técnicos finalmente tomaban directamente el poder, sin intermediaciones partidarias.

Sin embargo, muchas cosas parecen estar cambiando. Primero, el núcleo central del consenso tecnocrático, referido al manejo macroeconómico, está en cuestión por primera vez. Al ministro Thorne se le critica tanto decisiones referidas al manejo del gasto y de la inversión pública, de la recaudación, de la promoción de la inversión privada. Y el fujimorismo, antes garante de la estabilidad económica, ahora juega con la posibilidad de una censura del ministro por temas que no lo ameritan. Segundo, del reformismo tecnocrático no parece quedar demasiado. Con la censura del ministro Saavedra, la renuncia de Gisella Orjeda en CONCYTEC, el sector educación se muestra ahora mucho más cauto; en el sector salud, esa cautela parece tornarse en conservadurismo, a juzgar por el cese de Edmundo Beteta en la jefatura del Seguro Integral de Salud. En el Ministerio de la Producción el Plan de Diversificación Productiva está abandonado. ¿En qué frentes se avanza? En general, parece haber un desplazamiento de un manejo tecnocrático a uno más empresarial (el énfasis en el destrabe). El único sector donde se avanza es Interior, pero también está en riesgo. Además, la imagen de la eficiencia tecnocrática perdió brillo después de los escándalos de Odebrecht, los problemas de Chinchero y otros. Tercero, con el desgaste del gobierno está dándose una suerte de vaciamiento del centro político, ya advertido por Juan Carlos Tafur. El fujimorismo muta en populista; el conservadurismo se activa y busca formas de representación más directas; el izquierdismo más radical se fortalece también como opción. Y no se ve todavía quién y cómo intentará ocupar ese espacio.

Repensar el antiguo Perú


Artículo publicado en La República, domingo 4 de junio de 2017

Creo que a varias generaciones se nos enseñó a manejar ciertas ideas básicas sobre el Perú antiguo: no hubo nada muy relevante antes de Chavín; luego desarrollos regionales donde destacan los Paracas, Nazca, Mochica y Tiahuanaco; luego el imperio Wari, luego nuevos desarrollos regionales, especialmente Chimú; para llegar finalmente a los Incas. Un esquema de horizontes e intermedios regionales que marcan una suerte de camino evolutivo, coronado por los Incas, algo así como la máxima expresión de la civilización antigua. Y en donde habría habido una sucesión de formas de gobierno que asumieron la forma de “señoríos”, formas más complejas estatales y hasta imperios. Para gente de mi generación, estas grandes imágenes estuvieron además muy marcadas por la influencia de intelectuales como Luis Guillermo Lumbreras y Pablo Macera, grandes académicos y divulgadores, que además lograron enlazar la investigación arqueológica con preocupaciones del presente, construir discursos bajo la influencia del marxismo y de las ideas de izquierda; en los que el Perú antiguo era motivo de reivindicación y orgullo (que resaltaba lo perdido por la colonización española) pero que al mismo tiempo llamaba la atención sobre la persistencia de patrones autoritarios y de opresión de las clases populares, que desde hace muchos siglos siguen anhelando su liberación.

En los últimos años, sin embargo, la investigación arqueológica ha derruido buena parte de estos esquemas: Caral resultó ser mucho más antiguo que Chavín y tuvo una alta complejidad; el descubrimiento del Señor de Sipán o la Señora de Cao mostró que al interior de lo que considerábamos cultura Mochica hubo desarrollos “subregionales” muy relevantes, entre muchas otras cosas. A estas alturas, un lego como yo no tiene ya una imagen que reemplace la perfilada líneas arriba, pero que ya quedó desactualizada. Acaba de salir publicado un libro utilísimo para todo aquel que quiera estar al tanto de los últimos desarrollos de la investigación arqueológica: Repensar el antiguo Perú. Aportes desde la arqueología, editado por Rafael Vega-Centeno, y publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Fondo Editorial de la PUCP. Además, como dice Gabriel Ramón en el capítulo final, los autores del libro pertenecen a la “nueva generación”, casi todos entre los 30 y 50 años, formados en la Universidad de San Marcos y en la PUCP, con maestrías y doctorados en universidades del extranjero. El libro tiene por ello, aunque no necesariamente sea el propósito de los autores, el sabor de una suerte de manifiesto generacional.

El libro tiene catorce capítulos y arranca con trabajos sobre los primeros habitantes de nuestro territorio y llega hasta el Tawantinsuyu, pasa por Caral, los Mochica, Wari, Chimú y otros, y cubre espacialmente a la costa, los andes centrales, el altiplano sureño, en fin, el libro permitirá tener una visión muy completa y actualizada del saber existente, de las interpretaciones predominantes, de los debates en curso. Algunos capítulos resultan más accesibles que otros para los legos, pero todos resultan pertinentes.

Una gran idea que me queda de una lectura rápida del libro es cuán difícil ha sido siempre articular nuestro territorio; se habla de grandes desarrollos y autonomías locales, de la discontinuidad del espacio, de intentos de articulación basados en formas de “segmentación política” antes que en grandes modelos estatales centralizados, en medio de complejos y precarios procesos de negociación, de la gestación de alianzas inestables y cambiantes. Todo suena inesperadamente contemporáneo.

Sobre la coyuntura reciente


Artículo publicado en La República, domingo 28 de mayo de 2017

- El contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero de junio de 2014, lleno de problemas, vacíos; ¿dónde queda la supuesta eficiencia tecnocrática a cargo del país desde la década de los años noventa? Como decía en artículos anteriores, la justificación de que el país estaba en buenas manos, libre de interferencias políticas y mercantilistas, no resulta creíble más. En todo caso, las islas de excelencia tecnocrática muestran forados impresionantes.

- El cierre financiero del contrato de concesión se demora desde finales del gobierno anterior: el gobierno saliente se da cuenta de que el contrato deja un amplio margen de maniobra para el concesionario, que toma ventaja de los límites del mismo. La resolución del contrato implicaba para el gobierno el reconocimiento de un error, y para el concesionario una pérdida económica… por lo que el tema se deja para el nuevo gobierno.

- El gobierno de Kuczynski actúa, fundamentalmente, motivado por la filosofía del destrabe de inversiones en un contexto de parálisis de la inversión privada y la amenaza de una recesión en el horizonte. La salida de la adenda es poco ortodoxa, pero resultaba al mismo tiempo más económica, más segura (frente al riesgo de un juicio entablado por el concesionario) y sobre todo, más rápida. La ejecución inmediata ayudaría a la economía, y permitiría ganar algunos puntos en el sur. Era también un camino riesgoso: se le acusaría, como ocurrió, de lobbista, dada la familiaridad entre el mundo privado y público en un ambiente como el peruano, y dada la altísima desconfianza que hay en el país. Según una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, Perú es el país en el que la confianza en el gobierno es la más baja; la desconfianza en los políticos y en los funcionarios públicos la más alta; y la percepción de existencia de corrupción entre éstos la más alta de una muestra de 35 países (datos de 2014-2015). Creemos menos en el compromiso público y en la honestidad de nuestros funcionarios que en Croacia, Lituania, Rusia o Venezuela.

- Intentando curarse en salud, el gobierno cometió el error de apoyarse en el respaldo de la Contraloría. Si se acusaba al gobierno de querer favorecer indebidamente al concesionario, qué mejor que desnudar esa crítica que con el acompañamiento de la Contraloría. Frente a una oposición intransigente, pareció una buena estrategia de contención. Sin embargo, el informe de la Contraloría no solo no respaldó la adenda, sino que presentó cuestionamientos deleznables, recomendaciones que no resuelven el problema original, y incluso halló responsabilidades penales de manera temeraria. Si bien sabíamos que el Contralor era un poco imprevisible, esta vez batió ampliamente su marca personal.

- Al ministro Vizcarra no le quedó más remedio que renunciar. La moraleja política debe ser que nada reemplaza la tarea de debate y convencimiento ante la opinión pública, la movilización de los sectores beneficiados de las decisiones de política, estrategias de contención de los adversarios.

- Voceros del fujimorismo hablando de la renuncia de Vizcarra también a la vicepresidencia, sin fundamento alguno, y conscientes de la debilidad del presidente, muestran una conducta desleal con el régimen democrático, y deben ser censurados. ¿Keiko Fujimori respalda esa postura? ¿Y cuál es su propuesta de salida de este entuerto?

- Finalmente, los últimos cambios ministeriales insinúan un cambio de énfasis en el carácter del gobierno: más que tecnocrático aparece crecientemente empresarial. Menos orientación hacia lo público, más hacia el mundo privado.

Plan mínimo


Artículo publicado en La República, domingo 21 de mayo de 2017

Todos sabemos que uno de los grandes límites al desarrollo del país está en nuestra extrema precariedad institucional y política; y en principio, todos queremos una reforma política integral que ayude a mejorar el funcionamiento del sistema político y de partidos. Sin embargo, los políticos, quienes deben sacar adelante la reforma, tienden muchas veces a pensar en su propio beneficio antes que en el bienestar colectivo, de allí que sacar una reforma sea tan complicado.

En el actual Congreso, afortunadamente, se ha logrado avanzar en la dirección de una reforma política integral bajo el liderazgo de Patricia Donayre, quien ha presentado un meritorio anteproyecto de ley electoral, con apoyo multipartidario, de XVI títulos y 423 artículos. Aprobarlo sería un avance: en general, se ordena mejor el proceso electoral, se establecen normas para fortalecer a los partidos, se establecen requisitos más exigentes para postular a cargos de elección (no pueden postular sentenciados por delitos graves, por ejemplo); se ponen requisitos más exigentes para mantener el registro, tanto para los partidos políticos como para los movimientos regionales; se regulan las finanzas partidarias (obligación de bancarizar aportes a partidos por encima de una UIT), y se establecen sanciones efectivas (la cancelación del registro de los partidos); además, se eleva de la cuota de género, con criterio de alternancia, entre otras cosas.

Quisiera presentar a continuación, si me permiten, algunas sugerencias, con un criterio “minimalista”, conciente de las dificultades que conlleva aprobar la reforma en un Congreso con las carácterísticas que tiene, marcado por una débil cohesión partidaria en todas las bancadas. Me parece importante, para mejorar la propuesta realizada, primero, elevar la barrera de entrada para los partidos que integran alianzas políticas, del 1% adicional por partido que se propuso al 2.5%; segundo, reducir el tamaño de la circunscripción electoral de Lima, actualmente de 36 congresistas, número a todas lueces excesivo: existen propuestas para dividir la actual circunscripción en cinco (norte, centro, sur, este y oeste), y así acercar a los representantes a las problemáticas más específicas de sus representados; y tercero, permitir la reelección inmediata de los alcaldes, siempre y cuando no acumulen más de dos periodos consecutivos.

De otro lado, el anteproyecto de ley no considera algunos asuntos que me parecen muy importantes. Siguiendo un criterio minimalista, si tuviera que elegir solo un asunto que me parece que tendría consecuencias positivas importantes, y que podría marcar un cambio de dinámica, es el establecer elecciones primarias simultáneas y obligatorias para todos los partidos y movimientos regionales, para elegir sus candidatos a elección popular. Esto permitiría dinamizar la vida interna de las agrupaciones políticas, tener mejor control de los candidatos, tener un indicio del respaldo relativo de los grupos a través del nivel de participación, democratizarlos internamente, y además eliminar la votación preferencial. Además permitiría cancelar el registro a las agrupaciones que, en la elección primaria, desnuden que solo son un cascarón sin militantes ni simpatizantes.

Ahora bien, también es cierto que las primarias pueden ser fuente de muchas complicaciones, por lo que la “sintonía fina” en este asunto es fundamental. En Uruguay y en Argentina se ha implementado este sistema en los últimos años y conviene estudiar muy de cerca esa experiencia, así como los casos nacionales, como los del Frente Amplio y Acción Popular.