viernes, 9 de agosto de 2019

Sorpresas te da la vida


Artículo publicado en El Comercio, sábado 3 de agosto de 2019 

De cara al 28 de julio, el presidente Vizcarra enfrentaba una encrucijada: o daba varios pasos atrás y se conformaba con lo avanzado por el Congreso respecto a la reforma política, a pesar de que claramente una de las iniciativas no se ajustaban al voto de confianza otorgado por éste el 5 de junio, lo que comprometía su credibilidad para el futuro; o apelaba al hecho de que en la práctica esa confianza había sido denegada, lo que lo habilitaría a disolver el Congreso, mediante una interpretación sumamente controversial. El camino de la negociación y la búsqueda de acuerdos, aparentemente, estaba cerrado después de que el Congreso aprobara una propuesta de reforma constitucional referida a la inmunidad parlamentaria que no había seguido ni los lineamientos planteados por el ejecutivo ni fórmulas intermedias propuestas por algunos parlamentarios del propio fujimorismo. En la encuesta de opinión de julio del Instituto de Estudios Peruanos, un 42% de los encuestados se mostraba de acuerdo con la frase “el Congreso y el gobierno tienen que ponerse de acuerdo y conciliar”, frente a un 39% que prefería “el gobierno debería ponerse más firme y no dejar que el Congreso lo obstruya”, mientras que un 14% señalaba que “el Congreso debería ponerse más firme y no dejarse imponer por el Gobierno”. El cálculo del presidente parece haber sido que el camino deseable parecía agotado.

La sorpresiva salida a este entrampamiento político propuesto por el Presidente expresa una suerte de admisión de derrota compartida, a través del adelanto de elecciones sin posibilidades de reelección ni para el parlamento ni para el Presidente. Este reconoce su fracaso en sacar adelante la reforma, pero el Congreso también debe asumir su responsabilidad en frustrar un acuerdo que al final de la legislatura parecía posible. Recordemos que se presentaron fórmulas diversas que sacaban del Congreso la decisión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria ante la presunta comisión de delitos comunes pasándosela a otras entidades (si no la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Comisión Especial a cargo de la elección de la Junta Nacional de Justicia, u otra Comisón creada ad-hoc para ese propósito).

La paradoja es que la salida presidencial, aparentemente salomónica, requiere, para ser implementada, dejar atrás la dinámica de confrontación, no convertirla en un episodio más de ésta. ¿Hay margen para ello? Un gran contratiempo que tiene la propuesta presidencial es precisamente el tiempo. Impone un calendario electoral sumamente ajustado que, para funcionar, requiere una acción rápida y concertada. Por el momento, desde el Congreso no parece haber mucho entusiasmo en seguir ese camino. ¿Podría haber otro? Se ha invocado el antecedente del recorte de mandato y las elecciones generales ocurridas en el año 2001; en esa ocasión se siguió la lógica no de una reforma constitucional aprobada por el Congreso seguida de un referéndum, sino de una reforma constitucional aprobada con mayoría de dos tercios en dos legislaturas sucesivas, para lo cual se cambió de manera excepcional vía reglamento la duración de las mismas. Esa salida ahorraría tiempo y permitiría un proceso electoral un poco más ordenando, pero nuevamente, para esto se requiere de un acuerdo. Ayudaría que el ejecutivo promulgue las leyes de reforma política aprobadas hasta el momento por el parlamento. Prácticamente todo los actores políticos han expresado que nadie “se aferra a sus cargos” y que lo que se busca es la salida menos conflictiva y costosa para el país. ¿No se podría explorar esta posibilidad?

Reforma política: primer balance


Artículo publicado en El Comercio, sábado 27 de julio de 2019 

El jueves 25 culminó en el Congreso una legislatura de arduo trabajo y esfuerzo dedicado al tema de la reforma política, que se debe reconocer. También el esfuerzo de concertación entre éste y el poder ejecutivo, que permitió que asuntos “inadmisibles” al inicio terminaran aprobados. Si miramos lo avanzado a la luz de las reacciones iniciales que suscitó el informe de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, presentado a inicios de marzo, parece mucho lo logrado.

Pero respecto a la propuesta original de la Comsión, ¿cuánto se ha avanzado? Recordemos que la Comisión presentó doce proyectos de ley, que el poder ejecutivo asumió casi en su integridad a inicios de abril, pero dejando de lado un asunto muy importante: la bicameralidad. Se decidió luego priorizar los proyectos que requerían una atención urgente, considerando que la meta es que la reforma se aplique a partir de las elecciones generales del 2021, las del Bicentenario. Así, quedaron por el momento fuera los proyectos referidos a las elecciones regionales y municipales. Luego, dadas las demoras percibidas desde el Congreso, el poder ejecutivo presentó a inicios de junio la cuestión de confianza en torno a la aprobación de seis proyectos durante la legislatura que acaba de terminar.

¿Qué balance se puede hacer? De los seis proyectos priorizados por el poder ejecutivo, tres tienen que ver con temas de lucha contra la corrupción y rendición de cuentas. Se aprobó con apenas los votos suficientes una reforma constitucional (que requiere segunda votación) que impide que los sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos de elección popular; pero para que se aplique en 2021, debe precisarse mediante ley sus alcances. Respecto a la ley referida al financiamiento de la actividad política, solo se aprobó la parte referida a la tipificación en el Código Penal del delito de financiamiento ilícito. Se pueden hacer algunos cuestionamientos a lo aprobado, y además falta discutir y aprobar lo demás, referido a normar el financiamiento privado y público, medidas de transparencia y rendición de cuentas, establecimiento de sanciones administrativas y políticas, entre otros. Finalmente, el gran problema es la revisión de la inmunidad parlamentaria; lo aprobado mantiene en el Congreso la decisión del levantamiento de la inmunidad, mejora en algo los plazos para tomar decisiones, pero se retrocede al ampliar los alcances de la inmunidad de proceso.

Los otros tres proyectos se refieren a temas vinculados al funcionamiento de las organizaciones políticas y temas electorales. Se avanzó en cambiar los requisitos de inscripción (eliminación de firmas de adherentes y sustitución por padrón de afiliados), establecer causales de cancelación un poco más exigentes; establecer elecciones “primarias” abiertas para seleccionar candidatos, pero estableciendo para las elecciones de 2021 un trato diferenciado entre partidos ya inscritos y partidos nuevos. Se avanzó en establecer paridad y alternancia de género en las listas de candidatos al parlamento, pero mediante una disposición transitoria, se mantiene el voto preferencial para las elecciones de 2021.

Así, el balance es muy ambiguo. Una manera de resumirlo sería decir que las elecciones de 2026 se acercan al modelo propuesto por la Comisión de Reforma Política, pero las de 2021 resultan siendo fruto de una transacción entre una aplicación parcial de las reformas con una serie de excepciones que dejan un resultado confuso y contradictorio. No debe perderse de vista que la reforma ha empezado, no debe terminar con esta legislatura.

Toledo: agencia y estructura


Artículo publicado en El Comercio, sábado 20 de julio de 2019 

En los últimos semestres asesoré la tesis de licenciatura de Claudia Beltrán, estudiante de Ciencia Política y Gobierno en la PUCP, en la que se preguntaba qué explica el fracaso de la figura política de Alejandro Toledo. De un lado, podría decirse que éste fue víctima de las difíciles circunstancias que le tocó enfrentar. A inicios de siglo los partidos estaban colapsados, las instituciones extremadamente debilitadas, salíamos de una experiencia traumática de corrupción y de injerencia de poderes oscuros. ¿Cómo gobernar con éxito en estas circunstancias? El propio Toledo, si bien tenía ya cierta trayectoria política, terminó siendo de manera totalmente accidental e inesperada el líder de la oposición al fujimorismo y de la reconstrucción institucional del país, encargo que ciertamente excedía cualquier capacidad individual o colectiva.

Los límites de la gestión política se han revelado estructurales, de allí que pueda observarse que tanto con Toledo, García y Humala (y después), el porcentaje de ciudadanos que apoya a la gestión de los presidentes empieza alto, declina rápidamente a lo largo del segundo año, y se mantiene en niveles muy bajos entre el tercer y el cuarto año, a pesar de que la economía haya crecido y la pobreza se haya reducido de manera importante a lo largo de esos años. El hecho de que Toledo, García, Humala y otros importantes líderes políticos hayan tenido problemas judiciales sugiere que los problemas de corrupción también requieren explicaciones más de fondo.

Pero del otro lado, también está el papel que juega el personaje. Toledo al llegar a la presidencia tenía un enorme respaldo popular, tenía adversarios debilitados y dispersos, tenía de su lado la adhesión y buena voluntad de múltiples sectores comprometidos con la reconstrucción democrática. Y no solo dilapidó ese enorme capital político, además, por lo que hemos sabido después, lo habría traicionado incurriendo en las mismas prácticas en contra de las cuales construyó su liderazgo. No sólo no pudo evitar la proliferacion de esas prácticas corruptas, sino que las habría liderado de manera personalísima.

Pero la historia te otorga nuevas oportunidades. Pese a todas las crisis, escándalos y niveles de aprobación de apenas un dígito hacia la mitad de su periodo gubernamental, una encuesta de Apoyo de agosto de 2006 señalaba que un 42% de los encuestados aprobaba la gestión de Toledo como Presidente al final de su mandato. Si bien no llegó a tener una gran iniciativa reformista, tampoco la ciudadanía le reprochaba errores o escándalos mayúsculos. Esto permitió que Toledo apareciera como candidato favorito para ganar la presidencia en 2011. Si bien al final obtuvo apenas el 15.6% de los votos, hasta un mes antes de la votación las encuestas lo ubicaban liderando la intención de voto. Nuevamente, errores de campaña impidieron que entre a la segunda vuelta, cuando tuvo cierta base para aspirar a un segundo periodo presidencial. Después de 2011, fueron apareciendo los indicios que llevaron a la actual detención del expresidente. La candidatura de 2016 fue patética, Toledo obtuvo el 1.3%, Perú Posible perdió su inscripción, y su participación en esa campaña solo parece haber servido para engrosar la lista de memes y bromas asociadas a la figura del expresidente.

En suma: es correcto afirmar que Toledo enfrentó límites institucionales y estructurales que le pusieron muy difícil, pero también lo es que cae sobre su responsabilidad personal haber desperdiciado oportunidades que la historia le puso al frente, y de haber traicionado la causa que lo encumbró.

Reforma política: temas de atención


Artículo publicado en El Comercio, sábado 13 de julio de 2019 

El jueves el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen referido a los requisitos de inscripción y las causales de cancelación del registro de organizaciones políticas. Se eliminó el requisito de firmas de adherentes para la inscripción y se estableció la presentación de un padrón de afiliados; pero a diferencia de lo propuesto por la Comisión de Reforma Política, se elevó el número de éstos de unos 14 mil a más de 22 mil para los partidos y se mantuvo y amplió el requisito de la existencia de Comités provinciales (nosotros pensamos que era mejor dar libertad a las organizaciones para que se organicen como estimaran conveniente). De otro lado, se acogieron casi todas las propuestas del proyecto del ejecutivo en cuanto a las causales de cancelación, salvo uno muy importante: no superar el 1.5% de los votos en las elecciones primarias. Finalmente, no queda claro cómo los partidos ya inscritos se adecuarán a los nuevos requisitos.

Pero el jueves también debió aprobarse la propuesta de reforma constitucional que busca impedir que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular: apenas pudo alcanzarse el quórum, y la votación debió suspenderse. Hablando de fechas, considerando que los proyectos de ley deben tener segundas votaciones, y que la legislatura termina el 25 de julio, esto implica que solo hasta el 18 podrían aprobarse los proyectos que faltan. Atención con eso.

De otro lado, el martes pasado la Comisión de Constitución aprobó un nuevo dictamen sobre la democracia interna en las organizaciones políticas, que contiene algunos elementos preocupantes. La Comisión de Reforma Política planteaba elecciones internas simultáneas, abiertas y obligatorias para elegir candidatos, lo que luego permitiría eliminar el voto preferencial. Se nos criticó diciendo que sería costoso sumar la elección interna a las elecciones generales que ya conocemos; y que estaríamos copiando un modelo cuestionable, las PASO de Argentina. Nuestra respuesta fue que el problema allá es que en varias provincias los partidos presentan listas únicas cerradas, lo que hace que los electores no tengan posibilidades de elegir, de allí se algunos propongan cancelar las PASO cuando no exista competencia. Nosotros no tendríamos ese problema, porque propusimos una votación por candidatos individuales, siguiendo nuestra tradición de voto preferencial.

El dictamen aprobado, si bien aceptó la realización de elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, estableció que para el 2021 los partidos ya inscritos podrían tener una elección más, una interna de candidatos solo para afiliados; de allí saldrían listas únicas y cerradas que irían a la elecciones primarias. Es decir, se terminó haciendo precisamente aquello que se criticaba. El problema es que, si la elección interna implica la eliminación del voto preferencial, esto podría ser visto como un retroceso: antes teníamos la posibilidad de elegir a los candidatos dentro de una lista, ahora no necesariamente. De otro lado, se permite que los partidos que no pasen el 1.5% de los votos en la elección primaria mantengan la inscripción (lo que pierden es el derecho a participar en la elección general), lo que no tiene sentido considerando que los que no obtienen el 5% en la elección del Congreso la pierden.

Corremos el riesgo de que en 2021 los ciudadanos perciban que la reforma ha sido un retroceso parcial, y que los legisladores han privilegiado la sobrevivencia de sus organizaciones antes que la necesidad de renovar la representación política.

Cómo avanzar en la democracia interna


Artículo publicado en El Comercio, sábado 6 de julio de 2019

Esta semana tuve la oportunidad de fundamentar ante la Comisión de Constitución del Congreso el proyecto de ley que regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos.

Mi percepción es que el escollo principal que dificulta avanzar en la generación de un acuerdo político es la percepción, por parte de los representantes de la mayoría, de que el proyecto, por provenir del poder ejecutivo, buscaría avasallar al Congreso, y que solo sería un pretexto para forzar su disolución. Esa percepción impide analizar el proyecto en sí mismo, que en realidad lo que busca es fortalecer y legitimar a los partidos.

¿Hay margen para avanzar respecto a la situación actual y llegar a una reforma sustantiva? Por el debate en el que participé, podría haber un acuerdo en torno a que el proceso de selección de candidatos sea organizado por los organismos electorales, y no cada partido. De esa manera se evitarían muchas controversias y se contaría con una capacidad logística que es imposible para los partidos desarrollar individualmente. Si la ONPE organiza el proceso de selección de candidatos, entonces las elecciones deberían ser simultáneas, para ordenar el proceso. Avanzar en evitar los problemas de legitimidad de este proceso implicarían dejar atrás el proceso de designación de candidaturas mediante asambleas de delegados, e ir hacia un proceso más participativo.

Ahora, esas elecciones, ¿deberían ser cerradas solo a los afiliados o abiertas todos los ciudadanos? Cerrar el proceso de selección de candidatos sería un retroceso respecto a lo que tenemos hoy: cada cinco años, todos los ciudadanos, afiliados o no a un partido, decidimos qué candidatos de las listas partidarias ingresan al parlamento, mediante el voto preferencial. Cerrar ese proceso reforzaría la idea de que la “partidocracia”, o un número muy reducido de militantes, toma decisiones de espaldas a la ciudadanía. Por ello, es imperativo que esas elecciones sean, como es ahora, abiertas a la participación de todos. Una vez realizada esa selección, se puede cerrar la lista para la elección general. Es importante, para no reproducir los problemas que se observan hoy con el voto preferencial, aprobar también el proyecto de ley que regula el financiamiento de la actividad política; y los partidos deben normar el proceso de inscripción de precandidaturas, para así evitar la proliferación de liderazgos oportunistas.

La pregunta siguiente es si esas elecciones simultáneas y abiertas deben ser voluntarias u obligatorias para la ciudadanía. Deben ser obligatorias, dada la debilidad de las identidades partidarias, para evitar muy bajas tasas de participación, y la proliferación de prácticas clientelísticas. En este esquema, es importante también establecer una barrera electoral del 1.5% de los votos para mantener la inscripción y así depurar el sistema de partidos sin representación.

Ciertamente esto impone condiciones de competencia que justificarían mecanismos transitorios de adaptación. Una iniciativa interesante es la presentada por el Presidente de Consejo de Ministros, de destinar optativamente hasta un 20% de cupos para candidaturas de designación libre por parte de las autoridades partidarias, destinadas a invitados o militantes notables de sus organizaciones. Podría justificarse también permitirse alianzas entre partidos y movimientos regionales.

Es posible y necesario encontrar un espacio de acuerdo para avanzar en una reforma política que fortalezca la institucionalidad del país y evite una nueva crisis política.

El debate sobre la democracia interna


Artículo publicado en El Comercio, sábado 29 de junio de 2019

La semana pasada comentaba que la Comisión de Constitución del Congreso de la República había realizado avances importantes en la aprobación de la reforma política; pero la semana que viene está programado el debate sobre la democracia interna en las organizaciones políticas, tema más complicado y controversial.

¿Qué propone el poder ejecutivo? Empecemos por el diagnóstico: tenemos organizaciones políticas que seleccionan candidatos mediante procesos opacos, que generan muchas controversias; es decir, la democracia interna no funciona. Al no funcionar, el voto preferencial se ha convertido en la manera en que los partidos definen qué candidatos entran al Congreso, apelando a la decisión ciudadana. Eso tiene un lado positivo, ya que compensa las carencias de la democracia interna; pero tiene varios lados negativos: establece una lucha fratricida al interior de la lista partidaria en medio de la elección general; desordena el proceso electoral; debilita la cohesión de la lista, que se expresa luego en la escasa cohesión de las bancadas congresales; abre la puerta al ingreso de financiamiento sin controles efectivos; entre otras cuestiones.

Por estas razones, se plantea tener un mecanismo democrático de selección de candidatos, organizado por los organismos electorales, sobre la base de un padrón público y escrutable de afiliados. Solo los afiliados podrían postular a los cargos de elección popular; y deben tener una afiliación de por lo menos un año. De lo que se trata es de fortalecer e incentivar las carreras políticas dentro de los partidos; además, los estatutos partidarios podrían normar mejor y con autonomía el proceso de presentación de precandidaturas, el control y el reporte de los gastos y actividades de campaña. Dado que ya hoy todos los ciudadanos decidimos qué candidatos de una lista partidaria ingresan al Congreso, entonces la votación para seleccionar candidatos deberá seguir siendo abierta como lo es ahora. Se ha expresado el temor de que los militantes de un partido podrían ir a votar por otro partido para incidir en su resultado: ese temor es infundado, porque la propuesta es que las elecciones sean simultáneas; además, se propone una barrera del 1.5% de los votos para mantener la inscripción, por lo que no tiene sentido quitarle votos a tu partido para regalárselos a otro.

Es bueno precisar que esta elección se parecería mucho a la elección general: iríamos a nuestro local de votación, a nuestra mesa, donde recibiríamos una cédula de votación, donde marcaríamos un símbolo y el número de nuestro candidato de preferencia. Se ha expresado también el temor de que se incurra el prácticas clientelísticas: acarreo de votantes, compra de votos. Por ello, la propuesta contempla que la votación siga siendo obligatoria.

Si se sigue esta lógica, se podría eliminar el voto preferencial y establecer una lista cerrada de candidatos de un partido al parlamento, evitando sus males y manteniendo la participación ciudadana en la selección de congresistas. Al cerrar la lista, se hace imperativo además establecer la paridad y alternancia de género. Hay que recordar que la cuota de género ya existe, y es del 30%. No se cumple de manera efectiva porque no se aplica el criterio de alternancia.

Finalmente, es cierto que estos son temas complejos y debatibles. Pero el norte de la discusión debe estar marcado por la necesidad de avanzar en la democratización de las organizaciones políticas, expresado en la aprobación por parte del Congreso de la cuestión de confianza del 5 de junio.

Reforma política: ¿dos de seis?


Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de junio de 2019

¿Cómo va el debate sobre la reforma política? En principio, tenemos hasta el 25 de julio, fecha del final de la legislatura ampliada, para aprobar seis proyectos de ley. De estos, dos ya han sido dictaminados favorablemente por la Comisión de Constitución; y en términos generales, podría decirse que sí se respeta su “esencia mínima irrenunciable”.

Creo que no es desdeñable lo avanzado. En medio de la persistencia de los conflictos políticos asociados a la idea, en un extremo, de que el presidente Vizcarra pretende cerrar sí o sí el Congreso, y que lo de la reforma es un mero pretexto; y del otro, de que con la mayoría fujimorista es imposible llegar a un acuerdo razonable, es destacable que la Comisión de Constitución haya aprobado esos dos dictámenes y se haya establecido una buena dinámica de trabajo, en medio de sus accidentes.

El primer dictamen se refiere a la propuesta de reforma del artículo 34 de la Constitución; el ejecutivo proponía impedir la postulación a cargos de elección popular a quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos con pena privativa de libertad. Importante como muestra de compromiso en la lucha contra la corrupción. El texto aprobado asume la exclusión de sentenciados en primera instancia por “delito doloso, de acuerdo con los términos establecidos en la ley”. Se aprobó, pero está pendiente precisar esos términos legales.

El segundo dictamen se refiere al proyecto que norma el proceso de inscripción y cancelación de las organizaciones políticas. Muy importante porque en la actualidad tenemos muchas, pero poco representantivas: 24 partidos inscritos, pero solo seis con representación parlamentaria; 181 movimientos regionales, pero solo 64 cuentan con un consejero regional. Se trata de facilitar el acceso y permitir la renovación de la representación, pero con requisitos exigentes para la permanencia en el sistema. El Presidente del Consejo de Ministros definió “la esencia de esta reforma” en eliminar el requisito de firmas de adherentes para inscribir un partido (actualmente más de 750,000 firmas), y sustituirlo por la presentación de un padrón de afiliados, de naturaleza pública, de alrededor de 14,000 miembros. Asimismo, el requisito de tener al menos el 1.5% de los votos en un proceso de elecciones internas abiertas.

Esta semana se aprobó la eliminación del requisito de las firmas, cosa que está muy bien; pero al mismo tiempo se elevaron los requisitos de inscripción: pasamos de los 14,000 de la propuesta del ejecutivo a más de 22,000 afiliados para los partidos nacionales; además, se mantiene y amplía el requisito de acreditar comités partidarios. No quedó claro si los partidos actualmente inscritos deben adecuarse a las nuevas exigencias, o si solo serían aplicables a los partidos nuevos. Y quedó pendiente el debate sobre las elecciones internas.

Si bien lo avanzado no es desdeñable, lo más complicado está por venir, el debate sobre las elecciones internas. Como he señalado antes, acá están relacionadas la propuesta de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que luego eliminen el voto preferencial, y que establezcan la paridad y alternancia de género. Lo escuchado hasta ahora no da pie para ser muy optimista, pero sería importante que el debate sobre estos temas no quede solo en la Comisión de Constitución, y que se involucren el ejecutivo y los voceros de las diferentes bancadas, para que se cumpla con el compromiso expresado en la confianza otorgada al Presidente del Consejo de Ministros el pasado 5 de junio y así evitar una nueva crisis política.

lunes, 17 de junio de 2019

Para legitimar a los partidos políticos



Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de junio de 2019 

En los próximos días entraremos al debate de la reforma política referida al fortalecimiento de las organizaciones políticas.

Se trata de un conjunto de medidas relacionadas unas con otras. El punto de partida es la inscripción: tenemos 24 partidos inscritos, pero solo seis con representación parlamentaria; y 181 movimientos regionales, pero apenas 64 cuentan con un consejero regional. Las firmas de adherentes, principal requisito de acceso, es excesivamente alto y se ha prestado para prácticas ilegales y clientelísticas. La propuesta es cambiar de dinámica: se deben acreditar militantes o afiliados, dando lugar a un padrón público, actualizado, de donde surja necesariamente la lista de candidatos a los diferentes cargos de elección. No es un asunto trivial, considerando que la manipulación del padrón es la causa fundamental de conflictos dentro de las organizaciones políticas.

Se ha dicho que el requisito de unos 14,000 afiliados para inscribir un partido, en vez de las 750,000 firmas de adherentes, multiplicaría excesivamente su número; no es cierto, primero, porque el padrón de afiliados definirá el universo de posibles candidatos de la organizacíón y el de votantes para la elección de sus autoridades, por lo que no podrá ser hecho a la ligera; y segundo, porque la propuesta contempla un proceso de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos, con una barrera del 1.5% del total de electores. La barrera no es alta, porque ya existe una barrera del 5% para entrar al Congreso que, si no pasas, pierdes la inscripción.

¿Cuál es la lógica de la propuesta? El punto de partida es el diagnóstico de que el voto preferencial es una de las más grandes causas de la precariedad de los partidos. Establece la competencia al interior, no entre los partidos, rompe la unidad programática, establece una lógica individualista que debilita la cohesión, que luego se traduce en la fragilidad de los grupos parlamentarios; y hace a la política muy vulnerable a la financiación de campañas con intereses oscuros. Con todo, los ciudadanos definimos con el voto qué candidatos ingresan al parlamento y quiénes quedan fuera; sería un retroceso quitarles ese poder. Por ello, se plantea que la selección de candidatos se realice mediante una elección abierta a todos los ciudadanos; y que el resultado de la misma defina el orden de una lista de candidatos cerrada, para así eliminar el voto preferencial. Si en cierto modo el voto preferencial es “trasladado” a la elección interna, ¿qué se gana? Pues una elección del Congreso más ordenada, centrada en las agendas parlamentarias de las listas, en vez de las ofertas individualistas que tenemos actualmente, y basadas en una selección de candidatos legitimada mediante el voto ciudadano.

La lista cerrada impone la paridad y alternacia de género. En la actualidad existe un cuota del 30%, que no es efectiva porque no contempla la alternancia, por lo que resulta fundamental. Se ha dicho que ello podría hacer que candidatas con menos votos puedan desplazar a candidatos con más votos; podría ocurrir, pero eso ya ocurre normalmente en nuestro sistema electoral. Tenemos una barrera del 5% de votos nacionales para entrar el Congreso, que hace que queden fuera candidatos de algunas regiones que obtuvieron más votos que otros que sí entraron. Tenemos un voto por lista que hace que candidatos con más votos preferenciales, dentro de una lista con menos votos, queden fuera de carrera. Se justifica hacer esto en nombre de promover la igualdad de género, tema fundamental para nuestro país.

Después de la confianza



Artículo publicado en El Comercio, sábado 8 de junio de 2019 

El miércoles el país se salvó de enfrentar un escenario político de consecuencias imprevisibles. Primó una elemental sensatez y el Presidente del Consejo de Ministros obtuvo la confianza del Congreso para la aprobación de los seis proyectos que conforman lo que aquél considera los elementos centrales de la propuesta de reforma política.

Ahora, como ha sido advertido por muchos, la incertidumbre está muy lejos de haberse disipado, porque ahora viene la controversia sobre los alcances de la “esencia mínima irrenunciable” de los proyectos aprobados. Por todo ello sigue siendo urgente y necesaria la gestación de un gran acuerdo político a favor de la reforma. Ante el límite de las normas y de los procedimientos, debe ser la responsabilidad y el sentido de Estado de las élites las que marquen el rumbo de salida. Esto implica, de un lado, consecuencia por parte del Congreso con la aprobación de la confianza y la esencia de los proyectos; y de parte del ejecutivo, cierta apertura para encontrar consensos que hagan viable la reforma. Al final, lo ideal sería que no caiga el Consejo de Ministros, que no se llegue al salto al vacío que implicaría la disolución del Congreso y nuevas elecciones, y que la reforma salga adelante, dentro de los cauces de su “esencia mínima”.

Como hemos dicho muchas veces antes, difícil, no imposible. Hoy viernes en que escribo esto se dio un avance en la discusión sobre la reforma constitucional que evitaría que sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, con pena privativa de la libertad mayor a cuatro años, puedan ser candidatos a cargos de elección popular. Respecto al proyecto de ley sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, no se han oído hasta el momento objeciones de fondo (otro día comentamos sobre la inmunidad parlamentaria).

El proyecto sobre inscripción y cancelación de organizaciones políticas podría avanzar: eliminar el requisito de presentación de firmas de adherentes y sustituirlo por la presentación de un padrón público de afiliados. Esto va amarrado con el proyecto de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que establece una barrera del 1.5% de los votos para mantener el registro. Estas elecciones tendrían carácter vinculante, lo que permitiría eliminar el voto preferencial; por lo que hace necesario también establecer el criterio de paridad y alternancia de género, para lo cual también debe aprobarse el proyecto que modifica el sistema electoral. Este es pues un conjunto de medidas que deben pensarse de manera integral.

Buena parte de las objeciones que he escuchado sobre estos asuntos responden, me parece, a que no se ha entendido bien todavía el sentido de la propuesta; confío por ello en que pueden ser subsanadas. La objeción que me parece válida es la que llama la atención sobre lo difícil que le resultará a partidos muy débiles cumplir con las exigencias establecidas; acá podría pensarse creativamente en fórmulas flexibles que no desnaturalicen las propuestas. Podría pensarse, por ejemplo, en mecanismos que combinen el resultado de la elección abierta con cupos para candidatos elegidos entre militantes, siempre y cuando hayan sido elegidos de manera democrática; y como concesión transitoria solo para la elección de 2021. Respecto al tema de género, la alternancia es imprescindible con la desaparición del voto preferencial; pero podrían pensarse en mecanismos flexibles transitorios, atendiendo al tamaño de las circunscripciones electorales, que es otro tema que amerita consideración, y al tipo de elección (congresal, regional, municipal).

Cuestión de confianza: escenarios



Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de junio de 2019 

En este y otros espacios he insistido sobre la necesidad de un diálogo entre los poderes del Estado y evitar lógicas de pura confrontación. Pero entiendo por qué el poder ejecutivo ha planteado la cuestión de confianza: la actitud de la mayoría en la Comisión Permanente respecto a la acusación constitucional contra los Fiscales Chávarry y Gálvez pone en cuestión la voluntad de ésta para procesar las propuestas de reforma política presentadas por el ejecutivo, que incluyen medidas a favor de la transparencia y la integridad.

No es una pura especulación. La propuesta referida al levantamiento de la inmunidad parlamentaria fue archivada; se ha dicho que el tema se retomará con una propuesta de cambio en el reglamento del Congreso, pero una lectura del proyecto presentado por Luz Salgado, Milagros Salazar y otros es muy decepcionante: mejora un poco los plazos según los cuales el Congreso debe resolver el tema, pero en este momento también existen plazos que no se cumplen; deja dentro de los márgenes del Congreso la decisión del levantamiento, y marca un retroceso al establecer que solo procede ante sentencias firmes.

Al mismo tiempo, ya existen en la Comisión de Constitución predictámenes sobre temas parte del “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas” que desdeñan las propuestas del ejecutivo. La reforma constitucional para impedir la postulación de sentenciados en primera instancia por delitos dolosos se cambia por “sentencia condenatoria firme”. En cuanto a democracia interna, otro predictamen mejora un poco la normativa actual, pero deja a los partidos definir la modalidad de sus elecciones internas. Respecto a los requisitos de inscripción y cancelación de organizaciones políticas, nuevamente, hay algunos ajustes positivos, pero se mantiene el requisito de las firmas de adherentes. Es decir, no se recoge la propuesta de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, ni la eliminación del voto preferencial, ni la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Finalmente, existe un predictamente en líneas generales positivo referido al tema del financimiento de las organizaciones políticas, que sería el único punto de avance. En suma, al poder ejecutivo solo le quedaba ver con resignación cómo prácticamente todo aquello que ha definido como importante iba a ser descartado por el Congreso.

Con la presentación de la cuestión de confianza se abren algunos escenarios. Si es negada y se disuelve el Congreso, el ejecutivo podría aprobar vía decretos de urgencia una parte marginal de la reforma, promover el debate durante la breve campaña electoral de los temas sustantivos, y luego proponer que el nuevo Congreso apruebe la parte legal de la misma, que es muy sustantiva, y que incluye buena parte del “núcleo mínimo”: requisitos de inscripción y cancelación de organizaciones políticas, democracia interna, paridad y alternancia, eliminación del voto preferencial, normas de financiamiento.

El mejor escenario es que la confianza sea otorgada y se pueda gestar un acuerdo político que permita aprobar el “núcleo mínimo irrenunciable”; al que se le podría incluir el rescate de la propuesta de bicameralidad aprobada por el Congreso en octubre, pero corrigiendo los “contrabandos” de última hora, y otros elementos. El peor, caer en la triquiñuela de votar a favor de la confianza, y luego destrozar la propuesta de reforma, que también desnaturalizaría la esencia del pedido de confianza como mecanismo de defensa del ejecutivo y de desbloqueo de una situación de entrampamiento político.

Flexibilidad y voluntad



Artículo publicado en El Comercio, sábado 25 de mayo de 2019

Permítanme escribir este artículo como exmiembro de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, pero a título personal. No sé si mis colegas compartan lo que a continuación expondré, aunque creo que sí.

En las últimas semanas hemos escuchado diferentes críticas a la propuesta de reforma presentada por el presidente Vizcarra, sobre la base de las recomendaciones de nuestra Comisión. En medio de ellas, y del clima de confrontación que vivimos, ¿es posible avanzar? Se ha dicho que se debe priorizar y negociar una agenda inmediata de reformas. ¿Cómo?

Propongo empezar por lo urgente, que requiere cambios constitucionales, en dos legislaturas, para que las modificaciones incidan sobre las elecciones generales del Bicentenario. De los cuatro proyectos que presentamos que implican cambios constitucionales, uno podría esperar un poco, el que extiende el mandato de gobernadores y alcaldes a cinco años. Pero uno que podría ser aprobado ya mismo es el que propone modificar el artículo 34 de la Constitución, para que no puedan postular a cargos de elección popular “quienes cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro años”. No he escuchado mayores críticas a esta propuesta.

El proyecto sobre la inmunidad parlamentaria ha generado mucho debate, pero un punto de acuerdo podría ser que, ante delitos cometidos antes de haber sido electos, el Congreso no tiene por qué pronunciarse en absoluto. Eso ya sería un gran avance. Y respecto a los delitos cometidos durante la función, hemos propuesto que sea la Corte Suprema la que levante la inmunidad; otros han propuesto que sea el TC. Mucho menos ambiciosa es la propuesta de dejar la decisión del levantamiento de la inmunidad en el Congreso, pero dando un plazo de 30 ó 60 días para emitir un pronunciamiento; pasado ese tiempo, la inmunidad se levantaría automáticamente. La primera propuesta me gusta más, la última es muy minimalista, pero igual sería un avance.

Luego está la Bicameralidad. Siendo pragmáticos, un punto de partida podría ser el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso en octubre del año pasado, con 91 votos a favor; pero por supuesto corrigiendo las observaciones presentadas por el presidente Vizcarra, y que motivaron su rechazo en el referédum de diciembre. En particular, deberían eliminarse los cambios impuestos al funcionamiento de los pedidos de confianza y censuras ministeriales. Esto dejaría también de lado los cambios propuestos por la Comisión sobre ese mismo tema, pero contar con dos cámaras con funciones diferenciadas sería un gran avance respecto a la situación actual. Y sin reelección, por supuesto.

En cuanto a los demás proyectos de ley, dado el contexto de graves escándalos de corrupción asociados al financiamiento de las campañas electorales, resulta imprescindible ocuparse del proyecto que regula el uso del financiamiento público directo e indirecto, del financiamiento privado, que establece sanciones administrativas y políticas, y que incorpora al código penal el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Tampoco he escuchado mayores críticas a este proyecto.

Bien vistas las cosas, no hay obstáculos de fondo para aprobar este paquete inmediato de proyectos, que podrían dar una señal clara de compromiso contra la impunidad y la corrupción, y con una reforma política sustantiva. Basta tener la voluntad de hacerlo. Inmediatamente después podríamos discutir las propuestas que giran alrededor de la democratización de los partidos, también imprescindible.

Las derrotas de Villarán



Artículo publicado en El Comercio, sábado18 de mayo de 2019 

El caso de Susana Villarán podría verse como la triste excepción a una regla según la cual con una persona con trayectoria, experiencia, reconocimiento, ideología, valores, se minimizan los riesgos de caer en esquemas de corrupción. Mucho más si construyó su identidad política apelando a las “manos limpias” y al lavado de banderas. Pero más bien muestra cómo esa misma trayectoria se pierde por la entronización de una lógica personalista.

El golpe a los discursos de izquierda identificados con Villarán es ciertamente muy fuerte; un golpe más específico a la propuesta de una izquierda “socialdemócrata”. En 2006 Villarán compitió a la presidencia con Javier Diez Canseco, ilustrando dos caminos posibles para la izquierda; en esa ocasión ambos fueron duramente derrotados, obteniendo sumados apenas el 1.1%. Pero el golpe reciente es uno que se suma al que dejó como saldo su gestión municipal, el de la identificación de izquierdismo con ineficacia. Existe en ciertos discursos la fantasía de que las malas gestiones de las autoridades se explicarían por su subordinación a los grandes intereses empresariales, por lo que una gestión de izquierda, libre de esas presiones, tendría automáticamente mejores desempeños. La pedestre realidad es que buena parte de los problemas se originan en las marañas de la gestión pública dentro de un Estado como el peruano. El fracaso de su gobierno expresó también los límites de las visiones del Estado y de las prácticas de gestión habituales en el mundo de izquierda en los últimos años. A esto hay que sumarle un muy mal manejo político: voluntarismo excesivo, subestimación de adversarios, sobreestimación de las propias capacidades, muy mal manejo de las expectativas ciudadanas. Al final, la experiencia municipal en la capital del país, que podría haber catapultado a la izquierda, la terminó desacreditando muy profundamente.

Con todo, ineficiencia no implicaba corrupción. Pero ahora resulta que además de ineficiencia, hubo corrupción. Lo que nos lleva al punto con el que empecé el artículo. ¿Cómo alguien como Villarán ha terminado donde está, una celda contigua a la de Keiko Fujimori? Dicho sea de paso, los delitos imputados a ésta última parecen pequeños frente a los de Villarán, con lo que la comparación inevitablemente parece favorecerla. Volviendo a la pregunta, algunos han apelado a la ideologización: en 2012 Villarán habría tomado la decisión de aceptar aportes ilegales de campaña en nombre de una cruzada moralizadora para enfrentar una mafia. En realidad, esto más bien me suena a una retórica justificatoria de lógicas personalistas. No se trataba de salvar a la ciudad de una mafia (de haber triunfado el Sí a la revocatoria de Villarán la gestión de Fuerza Social igual habría continuado), se trató de salvar una gestión mediocre de un papelón político.

Este personalismo es el que explica la ruptura de la coalición de izquierda que la llevó al Municipio en 2010 tan temprano como en las elecciones presidenciales de 2011; el alejamiento de su núcleo más cercano en la campaña en contra de la revocatoria de 2013; el improvisado armado de una lista para una ilusa campaña de reelección en 2014; y la finalmente patética candidatura presidencial en 2016 con el Partido Nacionalista. Ese personalismo explica el aislamiento en el que ahora se encuentra.

Lo único rescatable en medio de esta triste historia es que la actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial ha podido despejar las versiones de que habría una actuación selectiva y parcializada. La justicia está llegando para todos, y está muy bien que así sea.

¿Presidencialismo coyuntural?




En el debate sobre la reforma política, algunos críticos de la propuesta de la Comisión de Reforma Política señalan que existiría la intención de fortalecer el presidencialismo, y que ello sería consecuencia de haberse dejado llevar por la coyuntura política actual. Es decir, habría un ánimo contrario a la mayoría fujimorista del Congreso actual, por lo que la propuesta buscaría debilitar al Congreso y fortalecer al poder ejecutivo. Falso.

En la Comisión discutimos el problema de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, y diagnosticamos que el diseño constitucional peruano actual podría caracterizarse como de un "presidencialismo parlamentarizado", en el que, contrariamente a lo que algunos colegas piensan, en un contexto de conflicto incontrolado, el diseño constitucional otorga demasiadas armas a las partes en conflicto, lo que estimula la conflagración, y además claramente inclinan la balanza a favor del Congreso y en contra del Presidente. Eso es un problema porque nuestro sistema es presidencialista, con un presidente electo directamente por voto popular por un periodo fijo de cinco años. Si el presidente enfrenta un Congreso adverso, no tiene herramientas suficientes para defenderse, lo que genera serios problemas de gobernabilidad. Una razón dentrás del quiebre de la democracia en 1948 y en 1968 es precisamente esa crisis de gobernabilidad. La literatura académica ha llamado la atención sobre los problemas asociados a tener presidentes sin mayoría, el drama del presidencialismo latinoamericano en contextos de multipartidismo y sistemas electorales de representación proporcional.

Contrariamente a lo que algunos colegas piensan, una mirada comparada de la Constitución peruana de 1993 muestra que los poderes presidenciales son menores, no mayores, a los de otras Constituciones de la región, por lo que urge atenuar el componente parlamentarizado de nuestro presidencialismo. Es un argumento que desarrollamos en nuestra propuesta. La propuesta responde pues a la comparación de nuestra Constitución con otras de la región, y al análisis de las crisis políticas de 1948 y 1968. No a la antipatía al fujimorismo. En 2005 publiqué un libro, Democracia sin partidos, Perú 2000 - 2005. Los problemas de representación y las propuestas de reforma política (Lima, Instituto de Estudios Peruanos), en el que decía precisamente eso. Así, el problema del autoritarismo fujimorista no estaba en la Constitución, si no en el hecho de que el fujimorismo tenía una mayoría parlamentaria abultada y un control corrupto de las instituciones. No se trataba por tanto de cambiar la Constitución para debilitar el presidencialismo. Por decir eso en 2005, algunos despistados me acusaron de fujimorista, por supuesto. Ahora, en 2019, por plantear exactamente lo mismo, ahora me acusan de plantear las cosas por tenerle tirria al Congreso de mayoría fujimorista. Ni no uno ni lo otro es cierto...

Una cita de mi libro:

“Otro de los debates que merece atención es el de la necesidad de cambios para combatir el supuesto "hiperpresidencialismo" del régimen político y el paso hacia un régimen parlamentario. Con esto estamos ante otra buena ilustración de un mal diagnóstico. En primer lugar, no está claro en absoluto que en el Perú la presidencia sea fuerte; por el contrario, la evidencia sugiere exactamente lo contrario. Si miramos los datos comparados presentados en el PNUD, 2004, la presidencia en el Perú aparece con poderes no legislativos muy bajos (el indicador contempla la existencia de voto de censura legislativa al gabinete y los límites que tiene el presidente para disolver el Congreso) y con poderes legislativos de nivel medio alto (indicador que contempla la existencia de vetos presidenciales parciales o totales, la facultad de expedir decretos, el mecanismo de aprobación del presupuesto, la existencia de exclusividad para introducir legislación sobre algunos temas y la facultad de convocar a plebiscito), lo que arroja un promedio medio bajo de poderes presidenciales formales, que se complementa, además, con un nivel medio bajo de poderes presidenciales partidistas (indicador que considera el control partidario sobre los legisladores y control partidario del Ejecutivo sobre su bancada en el Legislativo ). 

En términos generales, en cuanto a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, es claro que en un caso de conflicto abierto de poderes, el Congreso tiene todas las de ganar. Lo que ocurre es que la evaluación del contenido de la Constitución de 1993 está distorsionada por la impresión que dejó un gobierno autoritario como el de Fujimori; el asunto es que la clave del autoritarismo no estuvo en las reglas del régimen, sino en el uso abusivo de una mayoría en el Congreso. Tanto es así que la misma Constitución hace ver al presidente Toledo débil y vulnerable frente a un Congreso que lo amenaza permanentemente con el fantasma de la declaratoria de vacancia, como consecuencia de la precariedad de su mayoría” (p. 88-89). 

lunes, 13 de mayo de 2019

Sobre Susana Villarán


Hace algún tiempo escribí unos textos con Paolo Sosa, que podrían ser lecturas relevantes en el contexto actual. Uno es:

“¿Por qué, Susana, por qué?”. En: Revista Argumentos, n° 5, año 8, noviembre 2014.

Y el otro es:

“La política de otro mundo: la fallida reelección de Susana Villarán” (coautor con Paolo Sosa). En: Fernando Tuesta, ed., Partidos políticos y elecciones. Representación política en América Latina. Lima, JNE, 2016, p. 419-435. A continuación la versión preliminar de ese trabajo.

“La política de otro mundo:... by on Scribd


sábado, 11 de mayo de 2019

Liberales y conservadores en El Comercio



Artículo publicado en El Comercio, sábado 11 de mayo de 2019

Hace una semana este diario cumplió su aniversario 180. Buena ocasión para reflexionar sobre esta empresa, que se ha ganado por su longevidad e importancia la consideración de ser prácticamente una institución republicana.

Una importante publicación reciente nos ayuda a reflexionar sobre el diario, se trata de El Comercio y la política peruana del siglo XXI. Pugnas entre liberales y conservadores detrás de las portadas (Lima, IEP, 2019), de José Alejandro Godoy. El autor hace una revisión de la evolución política del diario y ubica una etapa liberal, asociada al civilismo durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX; luego, una más conservadora, entre las décadas de los años treinta y cincuenta, marcadas por la lógica de enfrentamiento con el APRA, al que se le atribuyó el asesinato del director del diario, Antonio Miró Quesada, y de su esposa, María Enriqueta Laos, en 1935. Es la etapa del “diario de la oligarquía”. Los sesentas serían más desarrollistas y nacionalistas, donde destaca la figura del director Francisco Miró Quesada Cantuarias, y los ochentas, recuperado el diario después de la expropiación del gobierno militar (1974-1980), nuevamente más conservadores.

En los ochentas, cuando empecé a leer el diario con más regularidad y consciencia, debo confesar que mis preferencias políticas estaban más cerca de El Observador, La República o El diario de Marka (hasta la dirección de Sinesio López), que de El Comercio. Sin embargo, en sus páginas culturales y científicas era posible leer a Oscar Miró Quesada de la Guerra (RACSO), a Tomás Unger, a Ricardo González Vigil, y con alguna frecuencia textos de Carlos Germán Belli, Jorge Eduardo Eielson, Javier Sologuren, y muchos otros, un lujo que era impensable en otros diarios. El único suplemento cultural equiparable en calidad fue El Caballo Rojo de Antonio Cisneros en El diario de Marka, pero esa es otra historia.

Los noventas fueron años de una suerte de transición, y el libro de Godoy se concentra en el nuevo siglo. Nuevamente tenemos una etapa más liberal entre 1999 y 2008, bajo la dirección de Alejandro Miró Quesada Cisneros, muy marcada por la crítica a la etapa final del fujimorismo y el apoyo al proceso de transición. Recuerdo alguna de las marchas en contra de la segunda reelección de Fujimori, al pasar por la esquina de Lampa y Miró Quesada, haber oído la consigna “Comercio combativo, el pueblo está contigo”, inimaginable para quien se formó con la idea de que se trataba de un diario conservador. Godoy registra un nuevo giro conservador entre 2008 y 20014, bajo las direcciones de Francisco Miró Quesada Rada y Fritz Du Bois. Sin embargo, éste último marca el inicio de la búsqueda de una gestión más profesional y menos de empresa familiar, lógica que se consolida bajo la dirección de Fernando Berckemeyer (2014-2018), y con una orientación, nuevamente, más liberal en lo político.

Godoy se propone explicar las razones de los virajes del diario a lo largo de su trayectoria reciente. Para el autor, el papel del Director es la clave para la determinación de la línea del diario, que ha ido ganando autonomía y espacio más allá del papel de los propietarios, “conglomerado con decenas de accionistas, cinco ramas familiares y tendencias que han sido contrapuestas”. Esa dispersión fortalece al director y a los editores, lo que abona a favor de una línea más profesional y periodística que intenta consolidarse.

Así, El Comercio parece enfrentar con relativo buen pie los muchos desafíos del futuro. Es una gran satisfacción ser un colaborador más en sus páginas.

¿Crispación otra vez?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 4 de mayo de 2019 

Viendo las noticias en los últimos días, un observador despistado podría haber imaginado que nuestro país estaba nuevamente al borde de una gran conmoción política. ¡Cierre del Congreso! ¡Moción de vacancia! ¡Interpelaciones ministeriales! ¡Mociones de censura! En realidad, pareciera que algunos se mueven con los antiguos reflejos, cuando el contexto es totalmente otro. El Congreso no puede amenazar como antes con la vacancia o con censuras ministeriales no solo porque no hay ninguna razón que las justifique, sino porque la fragmentación del mismo las hace poco creíbles. Una cosa es un Congreso con seis bancadas y con Fuerza Popular con 73 votos, y otra uno con diez bancadas, FP con 55 votos, pero muy dividido a su interior. De otro lado, el ejecutivo no puede amenazar con presentar una moción de confianza porque no se puede identificar ninguna iniciativa con la que esté profundamente comprometido y que sea obstaculizada por el Congreso; y con una popularidad en caída, nada asegura que las cosas fueran a ir mejor en las hipotéticas nuevas elecciones parlamentarias. La desaprobación a la gestión del Presidente sigue aumentando y también la del Congreso. Contrariamente, en estos días dominados por revelaciones y decisiones en el ámbito judicial contra connotados líderes políticos, lo que aumenta es la aprobación del desempeño del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos.

No hay motivos entonces para la aparente crispación, que debería disiparse en los próximos días, a pesar de algunos anuncios de grandes confrontaciones y catástrofes. Pero conviene reflexionar un poco sobre el por qué de estas tormentas cuando el suelo está parejo. De un lado, si bien el fujimorismo ha dejado de verse tan atemorizante como antes, se siente ahora amenazado y a la defensiva, con lo que no sabe si apostar por un perfil más dialogante, o si defenderse atacando. Atención que el frente judicial, tan complicado para otros, no luce ahora tan así para Keiko Fujimori, con lo que podría darse un cambio de escenario.

De otro lado, el trágico fallecimiento del expresidente García obviamente ha puesto las emociones a flor de piel entre sus defensores y detractores. Las investigaciones deben profundizarse y las afirmaciones corroborarse, pero el argumento de que las iniciativas de la Fiscalía carecían de sustento claramente han perdido sustento. En el corto plazo eso exacerba las posiciones, pero es cuestión de tiempo para que las evidencias se abran paso y obliguen a los actores a aceptar la realidad. Llama la atención la cerrada defensa de García por parte de comentaristas en la orilla de la derecha, más papistas que el APRA. La conversión pro empresarial de García ganó desconcertantes lealtades entre quienes lo denostaban por su desempeño en su primer gobierno.

Finalmente, algunos fujimoristas, alanistas y comentaristas de derecha se desgañitan reclamando “igualdad de trato” reclamando prisión preventiva para Susana Villarán. Se olvidan de que una injusticia no se soluciona con otra injusticia más. En todo caso, nuevamente, parece solo cuestión de tiempo para que quede claro que la lógica de la Fiscalía no tiene el sesgo político que algunos le atribuyen en este caso, y que ha tenido el valor de rectificar errores, como el cometido como el pedido de prisión preventiva para el expresidente Kuczynski y sus colaboradores.

En suma, no hay en realidad motivos para una renovada crispación. Si los actores fueran más perspicaces, verían oportunidades para una colaboración en la que podrían ganar todos.

De la indignación a la acción



Artículo publicado en El Comercio, sábado 27 de abril de 2019 

En los últimos días nuestra capacidad de asombro e indignación está sido puesta a prueba. Andamos desconcertados por la cantidad de acontecimientos y revelaciones, y paralizados por las preguntas y dudas que genera el huaico de información que recibimos (que literalmente trae barro, piedras, y demás), y la incertidumbre frente al futuro. Una reacción es concentrarse en la necesidad de que la acción de la justicia no se detenga y que sea implacable. Ciertamente hay mucho que mejorar, corregir, pero continuando con el ímpetu de la lucha contra la corrupción.

Con todo, este ímpetu no debe hacernos perder de vista que de lo que se trata no solo es de castigar a los culpables, sino de evitar que estos sucesos se repitan. Porque si bien la lógica penal pone el énfasis en las responsabilidades y acciones individuales, pensando en la sociedad y el Estado, debemos por el contrario entender que la magnitud y extensión de las prácticas corruptas, que involucran al conjunto de la elite política, cruzando partidos, ideologías, trayectorias, no responden a pulsiones individuales. Estamos ante un sistema político, una institucionalidad política, no solo altamente vulnerable a prácticas corruptas, sino que tiene una lógica de funcionamiento que en cierto modo incentiva estas prácticas. Si no queremos seguir asistiendo al lamentable espectáculo de estos días, la moraleja es que debemos emprender una profunda reforma institucional.

Las revelaciones de los últimos días son consecuencia de una actividad política en el que el alto costo de las campañas electorales hacen a los partidos altamente dependientes de aportes privados, y altamente vulnerables a la penetración de intereses ilegales o corruptores. Además, esto ocurre porque los partidos son altamente personalistas y oportunistas, en los cuales el manejo de las cuentas de campaña se realiza de manera prácticamente secreta por parte de un grupo reducido de leales a los líderes del partido. Al mismo tiempo, la capacidad de investigación, control y sanción de los organismos electorales es prácticamente nula. ¿Qué hacer? En la Comisión de Reforma Política (que tuve el honor de integrar) y en la propuesta de reforma política presentada recientemente por el poder ejecutivo existen propuestas específicas destinadas a enfrentar estos problemas: limitar la existencia de partidos cascarón, fortalecer a los partidos y la participación de sus afiliados mediante mecanismos democráticos, hacerlos responsables colectivamente del financiamiento de sus campañas, mejorar la asignación del financiamiento público directo, ampliar el indirecto durante los procesos electorales, otorgar a los organismos electorales capacidades efectivas de imponer sanciones administrativas y políticas, y establecer como delito el financiamiento ilícito de la actividad política, entre otros. Esperemos que el Congreso haga su parte para adecentar la política y evitar que estos escándalos se sigan repitiendo.

Otra dimensión en la que urge actuar concierne a las normas referentes a las decisiones de inversión pública, y a los procesos de contratación, licitación, adjudicación de obras públicas, y su posterior control. Adendas, arbitrajes, han sido también parte de esquemas de corrupción. ¿Cómo lograr eliminar la corrupción sin paralizar la obra pública? La Contraloría, y el Estado en general, los expertos en estos asuntos tienen mucho que aportar. Estamos también ante una gran oportunidad para que la nueva generación de líderes gremiales (CONFIEP, AFIN, Empresarios por la Integridad, entre otras), demuestren que pueden marcar una diferencia.

Alan García (1949 – 2019)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 21 de abril de 2019

Más allá de las pasiones que el expresidente desata, no cabe duda de que la historia de nuestro país de los últimos cuarenta años ha estado marcada profundamente por su figura.

1980. Muerto Haya de la Torre, profundamente dividido el APRA, derrotado en las elecciones generales de ese año, percibido como un partido de octogenarios, su sobrevivencia estaba en duda. En este marco, el joven diputado Alan García lidera la sorprendente renovación del partido, siguiendo una orientación socialdemócrata; se le compara con Felipe González. Logró liderar la oposición al segundo belaundismo, y ganó las elecciones generales de 1985. Logró llevar al APRA al gobierno, objetivo que Haya nunca pudo alcanzar.

1985-1990. García pretende erigirse no solo como líder revolucionario nacional, también continental. Tuvo dos años de popularidad excepcional. Hacia 1987, la realidad imponía ajustes, prudencia, moderación; en vez de ello, redobló la apuesta, pretendiendo estatizar la banca. El plan fracasó; nuevamente, en vez de ajustar y abandonar sus pretensiones refundacionales, optó por un manejo político y electoral de la economía. Consecuencia, la hiperinflación, la peor crisis económica del siglo XX; también la capacidad de impedir el triunfo de Mario Vargas Llosa y de lograr para el APRA el 22.5% de los votos. Intentó un populismo radical cuando el mundo viraba hacia la economía de mercado, privilegió sus intereses políticos de corto plazo a lo que necesitaba el país.

1990s y el nuevo siglo. Graves acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Investigaciones interrumpidas por el golpe de Estado de abril de 1992. García pasa de inculpado a perseguido político. Logra exiliarse y reinventarse. El desgaste y desplome del fujimorismo lo reivindica a la luz de muchos. Increíblemente, estuvo muy cerca de ganar las elecciones de 2001. García se reinventa como candidato con un discurso contrario al neoliberalismo. Pasa a segunda vuelta en 2006 criticando a los ricos y reivindicando a los pobres, pero gana la presidencia invocando la responsabilidad.

2006-2011. García evoca la figura de Nicolás de Piérola: “gran presidente después de un primer gobierno desastroso”. Son los años del “giro a la izquierda” en América Latina. Pudiendo hacerlo, no encabezó un gobierno de centro-izquierda, ni tuvo una práctica republicana. Fue excesivamente conservador (recordar la retórica del “Perro del Hortelano”), y asumió un modelo de gobierno “obrista”, desdeñando la dimensión institucional (aunque algunos logros puede exhibir en este campo). Debilitó a su partido, y no pudo evitar que escándalos de corrupción salpicaran su gobierno. Con todo, se benefició del crecimiento económico regional y mantuvo la continuidad y estabilidad de las políticas económicas, logrando cifras de crecimiento y reducción de la pobreza muy estimables. Y logró evitar que diversas comisiones investigadoras hallaran responsabilidades en su contra.

2011 en adelante. García maltrecho, pero no podía descartarse una nueva reinvención política. Pero desde entonces las estrategias del pasado dejaron de funcionar. Pretendió capitalizar el desgaste del gobierno de Humala, pero terminó siendo perjudicado por el clima de confrontación en el que se vio envuelto: 5.8% en 2016. Después, las revelaciones asociadas al caso lava jato fueron destruyendo su credibilidad. Al respecto, dejemos que las investigaciones y los juicios avancen para poder opinar con fundamento. Solo entonces podremos entender el sentido de su decisión final. Mis condolencias a sus familiares y correligionarios.

Pinceladas de Julio Cotler (1932 – 2019)



Artículo publicado en El Comercio, sábado 14 de abril de 2019

Década de los años treinta y cuarenta. Peruano de primera generación, hijo de una familia de emigrados judíos de Moldavia, marcados por las noticias sobre la evolución de la segunda guerra mundial y la persecución judía.

Década de los cincuenta. Cotler, estudiante sanmarquino, se acerca al comunismo, como muchos en su generación. Se involucra en la lucha contra el odriísmo. Participa en la revolución de Arequipa en 1950. El activismo y la represión lo llevan a la cárcel, donde coincide con Guillermo Lobatón, el futuro guerrillero del MIR, y se hacen muy amigos. Cotler comparte el rechazo al autoritarismo y la causa de la justicia social, pero no siguió caminos insurreccionales.

50s – 60s. Estudiar en Europa, trabajar en Venezuela y en los Estados Unidos. Cotler descubre propiamente el mundo, la academia global, los latinoamericanistas extranjeros, los colegas latinoamericanos. De vuelta a Lima, se integra al novísimo Instituto de Estudios Peruanos. Su primer intento de entender el Perú es “La mecánica de la dominación interna y del cambio social” (1968). Tres ideas clave: la necesidad de dar cuenta de las relaciones de explotación, exclusión, discriminación; al mismo tiempo, las cosas están cambiando de manera acelerada; y tres, los explotados están muy segmentados y divididos entre ellos. En una pincelada, la injusticia y su perpetuación. La denuncia y la distancia frente al voluntarismo revolucionario.

1968. Una generación marcada por el mayo francés. Para Cotler, 1968 no es París ni mayo, es Praga, agosto, con los tanques soviéticos aplastando el proceso de liberalización. Va surgiendo el Cotler, digamos, liberal de izquierda.

Setentas. El velasquismo divide al país, y también al Instituto de Estudios Peruanos. Cotler critica al velasquismo por autoritario; se promueve la “participación plena”, pero en realidad dentro de moldes controlados por el gobierno. Las críticas al gobierno le valen a deportación. Termina en México, donde escribe Clases, Estado y nación en el Perú (1978). En un país como el nuestro, para entender el presente, es imperativo mirar hacia el pasado; la herencia colonial. Y es imperativo mirar la economía, la sociedad, la cultura, la política. Clásico instantáneo.

Ochentas. El Cotler de izquierda rechaza los límites de una democracia conservadora; al mismo tiempo, también desconfía del mesianismo de García. Entiende rápidamente el peligro que implica Sendero Luminoso. Termina de perfilar su apuesta por Afirmar la democracia. Noventas: Fujimori encarna mucho de aquello que a Julio le resulta repulsivo. Regresa al activismo político. Participa del Foro Democrático.

Del 2000 en adelante, Cotler asume un poco el rol de “conciencia moral”. Reparte palo por igual a la derecha y a la izquierda. Es la etapa que conocen los más jóvenes. El intelectual de sentencias apodícticas, de condenas morales, de críticas y predicciones.

Se dice que a las grandes figuras hay que homenajearlas en vida. Afortunadamente, tuve la suerte de pronunciar el discurso de orden el día en el que la Pontificia Universidad Católica le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, en 2010. También pude acompañarlo cuando recibió el Premio Nacional de Cultura en 2015, junto a Gonzalo Portocarrero, quien también, lamentablemente, nos dejó hace poco. Quedó pendiente una conversación para comentarle sobre la propuesta de la Comisión de Reforma Política. Me quedo con el apoyo que me dio, la amistad que me regaló, las lecciones aprendidas. La última: el valor y la entereza con los que asumió el deterioro de sus últimos días. Por todo ello, muchas gracias.

El nuevo Consejo de Ministros



Artículo publicado en El Comercio, sábado 7 de abril de 2019

El nuevo Consejo de Ministros recibió la confianza del Congreso, con 46 votos a favor, 27 en contra y 21 abstenciones. Difícil para el Congreso aparecer respaldando a un Presidente del Consejo de Ministros que cuenta con apenas el 28% de aprobación ciudadana en cuanto a su desempeño, según la encuesta de marzo del Instituto de Estudios Peruanos. A pesar del carisma de Del Solar, un 40% se muestra en contra de su designación, siendo especialmente desaprobado en las zonas centro y sur del país. La encuesta muestra también las razones de descontento respecto al desempeño del gobierno, expresadas por quienes votaron en contra en el parlamento: no se combate suficientemente la delincuencia, no está mejorando la economía, no se está trabajando para los más pobres, no se promueve el empleo o la inversión. Súmese a esto los problemas de la Reconstrucción con Cambios, Las Bambas, el incendio del bus en Fiori, y se entiende parcialmente que este haya sido el Consejo de Ministros que menos votos obtuvo en su pedido de confianza desde que contamos con un Congreso unicameral.

Aunque la verdadera explicación de esta baja votación es que estamos ante un gobierno con una representación parlamentaria mínima, de apenas 9 miembros. Si sumamos los votos de las bancadas de PPK, Alianza para el Progreso y Bancada Liberal, que podríamos gruesamente decir forman parte de una suerte de coalición de apoyo al gobierno, alcanzamos apenas 15 votos. Con todo, no deberíamos dejarnos llevar por la impresión de que el voto de confianza estuviera realmente en riesgo. Negarla hubiera habilitado al poder ejecutivo a cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones, por lo que era imposible que ocurriera. Al punto que la mayoría de los votos a favor de Del Solar llegaron del fujimorismo: 17 de los 46 votos. Es interesante ver mapeadas las tendencias dentro de este grupo: 17 votos a favor, 11 en contra, 12 abstenciones. A favor votaron Carlos Tubino y Karla Schaefer; en contra Rosa Bartra, Luis Galarreta, Milagros Salazar, y Yeni Vilcatoma; se abstuvieron Luz Salgado, Alejandra Aramayo, Héctor Becerril, Ursula Letona, Miguel Torres. ¿Qué tendencia primará en el futuro? ¿Cuánto interviene Keiko Fujimori en las decisiones?

En cuanto a la composición del nuevo Consejo de Ministros, ya hemos señalado anteriormente que parece afortunada, dadas las restricciones de reclutamiento que enfrenta el gobierno. En cuanto al contenido del mensaje al Congreso, parece básicamente correcto, pero llaman la atención las omisiones o falta de énfasis en asuntos clave: las banderas levantadas por el propio gobierno en materias como la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia o la reforma política; y los asuntos de mayor interés ciudadano inmediato, como la reactivación económica, la seguridad ciudadana, el desarrollo en las regiones. Ante una situación adversa, se presente un dilema: o tienes una administración conservadora para evitar un mayor desgaste, y te limitas a responder ante los problemas que se presentan, o por el contrario asumes riesgos y planteas medidas ambiciosas que te permitan recuperar la iniciativa y marcar la agenda. Esto ya lo hizo antes el gobierno al proponer la reforma judicial y el referéndum, o cuando decidió intervenir en La Pampa, para enfrentar a la minería ilegal y sus secuelas. ¿No hay espacio para ser más ambiciosos en los más de dos años de gobierno que aún quedan?

Escribiendo estas líneas recibo la triste noticia del fallecimiento del maestro, de mi maestro, Julio Cotler. Ya encontraremos el tiempo para despedirnos propiamente.

sábado, 30 de marzo de 2019

¿Cooperación o confilicto?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de marzo de 2019 

Cooperación o conflicto fue el dilema que atravesó y en último término destruyó al gobierno del presidente Kuczynski. En reciente entrevista a este diario, declaró que su gobierno “se perdió desde el primer día” dada la existencia de una mayoría opositora; reconoce que “cometí errores” y señala que “me faltó ser mucho más confrontacional. Soy un tipo tranquilo, pensé que hablando se podían lograr resultados”. En realidad, se trata de un diagnóstico equivocado. Ni el destino de Kuczynski estuvo sellado de antemano, ni cayó por no ser más confrontacional. Cayó por groseros errores propios, el principal el no haber optado o seguido consistentemente ningún camino. Ni habló ni confrontó en realidad, y por ello se aisló tanto de la oposición fujimorista como de un bloque que podría haberlo respaldado. El indulto al expresidente Fujimori, acción de la cual Kuczynski dice no arrepentirse y que “volvería a hacer” es precisamente ilustración de ello: no apaciguó al fujimorismo, y enemistó al presidente con quienes lo sostenían, lo que lo llevó a un aislamiento que hizo que un escándalo relativamente menor propiciara su renuncia.

Volver sobre la evaluación de estos hechos es pertinente para el presente y el futuro. El presidente Vizcarra heredó una situación de debilidad, lo que se expresó en una actitud dubitativa entre marzo y julio del año pasado. Entre julio y diciembre, el presidente pareció por el contrario invulnerable, con la iniciativa de referéndum y de lucha contra la corrupción, que le permitió pasar de una aprobación ciudadana del 35% de los encuestados al 66% en esos meses, según IPSOS. Al mismo tiempo, la bancada fujimorista perdía la batalla de impedir la posibilidad de conformar nuevas bancadas, pasando progresivamente de los 73 representantes del inicio a los 55 escaños actuales. El fortalecimiento del presidente y el debilitamiento de la oposición hizo que a mediados de febrero se discutiera en la prensa si es que el presidente Vizcarra realmente necesitaba una bancada en el Congreso para poder gobernar, dado que el respaldo ciudadano parecía suficiente.

Las encuestas de enero, febrero y marzo cambiaron el panorama, al constatarse que se estaba ahora ante una tendencia declinante, que hizo perder diez puntos porcentuales de aprobación entre diciembre y marzo. El gobierno, al mismo tiempo, enfrenta la presión de la necesidad de aprobar en el Congreso diversos proyectos referidos a la reforma de la justicia, y están en la cola los de la reforma política. Emerge entonces nuevamente el dilema que no pudo resolver Kuczynski. ¿Cooperación o conflicto? ¿Debería el presidente blandir el arma de la cuestión de la confianza, confrontar, polarizar para recuperar la iniciativa? No parece razonable, dado que Fuerza Popular no tiene el poder que tenía antes, su discurso ha cambiado parcialmente, y el Presidente del Congreso maneja también un discurso de concertación. El camino de la confrontación suena desmesurado y sin justificación por el momento. El camino de la cooperación tampoco es un lecho de rosas; ahora sí se percibe la necesidad de una bancada en la cual confiar, con operadores capaces de generar los consensos que se requieren. La fragmentación del Congreso, con diez bancadas, deja de ser bendición, y se convierte en un obstáculo.

En este marco, acaso lo que corresponda sea un gran acuerdo político entre los líderes de los principales actores políticos, que establezcan un referente capaz de convocar a los demás. Sin éste, los impulsos reformistas serán inviables.

¿Será posible una reforma política?



Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de marzo de 2019

Escribo con el seguramente inevitable sesgo de haber tenido el honor de ser parte de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, designada por el Presidente de la República, que terminó sus funciones con la entrega de su informe el 4 de marzo, hecho público el pasado miércoles.

Creo que existe un amplio consenso en la sociedad y en la política de que nuestro orden político es muy poco legítimo, muy poco representativo, muy vulnerable a la corrupción, que genera recurrentes conflictos sin posibilidades de encauzarlos institucionalmente. El presidente Vizcarra y el Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva tomaron la decisión de constituir una Comisión para la elaboración de propuestas de reforma, que faciliten el proceso de construcción de una propuesta integral.

Casi tres meses después, el panorama político luce muy incierto. Nuestra Comisión trabajó con total independencia, aunque de manera coordinada, por supuesto; pero esa autonomía hace que nuestra propuesta no tenga un “propietario”, así decirlo. Tenemos además un nuevo Consejo de Ministros. Hemos presentado un conjunto muy ambicioso de medidas, que buscan iniciar un gran cambio, romper la inercia, apretar el botón de “reset” del sistema político para empezar la construcción de una nueva institucionalidad política. Pero se trata de un conjunto que puede enfrentar resistencias. Al gobierno le preocupa, como es natural, la evolución de su popularidad, y la cantidad de frentes que tiene que atender de manera simultánea. El Congreso no quiere verse presionado o jaqueado por el poder ejecutivo, lo cual también es comprensible. Los expertos discuten sobre el contenido, y por cada tema puede haber una gran diversidad de opiniones, todas legítimas. La ciudadanía puede desconfiar de una propuesta que la saca de sus rutinas, que la llama a involucrarse en un proceso de renovación institucional.

Sin embargo, de cara al Bicentenario, creo que sería una verdadera lástima que dejemos pasar la oportunidad que tenemos a la mano para marcar una diferencia, y poder tener en 2021 el inicio de una mejor democracia y mejores instituciones, que además se complemente con la reforma de la justicia en marcha y diversas iniciativas de desarrollo. Para esto se requiere la voluntad de construir un gran acuerdo político: las reformas constitucionales requieren 87 votos. El presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente del Congreso, la Presidenta de la Comisión de Constitución, los líderes de los Grupos Parlamentarios, deben decidir si vamos a hacer algo, o si dejaremos pasar esta oportunidad. Las organizaciones de la sociedad civil deben decidir si se involucran en el debate o si tiran la toalla de antemano. Los expertos deben decidir si apoyan una reforma o si se pierden en debates que al final entrampen su aprobación. Una vez tomada la decisión de hacer algo, las propuestas de la Comisión son una referencia, no el punto de llegada. Creo que es una referencia útil no porque los excomisionados seamos unos iluminados, sino porque la propuesta recoge mucho de lo expresado por los grupos parlamentarios, iniciativas legislativas anteriores, los aportes de la sociedad civil, el conocimiento acumulado en el debate académico. Y todo esto explicando a la ciudadanía que queremos dejar el clima antipolítico que nos ha atosigado en los últimos años, que queremos que todos se involucren y se interesen nuevamente en la política, pero bajo nuevas reglas.

No es fácil, pero no es imposible. ¿No es un esfuerzo que vale la pena dar juntos pensando en el Bicentenario?

Villanueva – del Solar



Artículo publicado en El Comercio, sábado 17 de marzo de 2019

En nuestro país de una democracia sin partidos, los altos cargos ejecutivos no son definidos por la organización política que ganó las elecciones, con la que los gobiernos tienen relaciones difusas, por así decirlo, cuestión bastante elocuente en el actual período. En un trabajo Paolo Sosa (2014) muestra cómo en los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García, en la década de los años ochenta el porcentaje de ministros con afiliación en el partido de gobierno estuvo por encima del 80%; con Alberto Fujimori en la década de los noventa ese porcentaje bajó a menos del 20%. Desde la transición del 2000, esos porcentajes aumentaron un poco, pero sin pasar de un tercio del total de ministros, en términos generales. En otras palabras, la mayoría de ministros son independientes, reclutados por su vinculación a ciertas redes sociales de influencia, ya sean políticas o tecnocráticas.

El Consejo de Ministros presidido por César Villanueva fue resultado de circunstancias muy complicadas que llevaron a transacciones apresuradas: éste llegó al cargo gracias a su relación personal con el Presidente, y porque abría puertas ante el Congreso y ante las regiones. En cuanto a la composición del gabinete, algunos llegaron por su cercanía al presidente (Trujillo), otros por complejos cálculos políticos (Heresi), otros parecían representar el resguardo del modelo económico (Tuesta, Córdova), otros una apertura al flanco izquierdo (Balbuena, Sánchez, La Rosa). La mayoría llegaron porque fueron viceministros, o porque contaban con cierto reconocimiento en su sector. A este Consejo de Ministros se le agotaba el aire rápidamente, hasta que el Presidente le insufló energía con la propuesta de referéndum para iniciar la reforma de la justicia y la reforma política. Pero el déficit en cuanto al manejo político y la eficacia de la gestión sectorial subsistió, con las excepciones correspondientes.

El nuevo Consejo de Ministros presidido por Del Solar parece una muy buena decisión dadas las resticciones de reclutamiento que enfrenta el gobierno. En la práctica, el espacio de selección parece delimitado por lo que se pudiera rescatar del gobierno de Kuczynski, se ha seguido con una lógica de reclutamiento meritocrático basado en el expertise sectorial, pero compensado con el encomiable impacto que genera un gabinete paritario. La necesidad de una conducción política más visible, elocuente, activa, la busca conseguir con algunos ministros mucho más hábiles en ese terreno, desde el propio Del Solar, y las incorporaciones de Montenegro o Bruce). En el saldo, la balanza parece haberse inclinada ligeramente más hacia la izquierda que el gabinete Villanueva, pero ciertamente prima la continuidad antes que el cambio. Insisto, dadas las restricciones de un presidente sin partido, con un relativo aislamiento en el Congreso, con relaciones complicadas con su propia bancada, sin una baraja muy amplia de opciones, la selección luce bastante afortunada.

La gran pregunta por supuesto es qué rumbo seguirá el gobierno con el nuevo Consejo de Ministros y cuán capaz será de lograr lo que se proponga. Vizcarra y Villanueva parecieron tener gran sintonía y afinidad, construída desde los años de sus presidencias regionales; no es el caso con Del Solar. ¿Cederá el presidente algo de protagonismo al nuevo Presidente del Consejo de Ministros? ¿Seguirá más bien este último a las iniciativas ya lanzadas por el Presidente Vizcarra en los últimos meses? Esperemos las definiciones, pero el tiempo se agota muy rápido.