viernes, 22 de septiembre de 2017

¿Qué pasó esta semana?

Artículo publicado en La República, domingo 17 de septiembre de 2017

Nadie se imaginó que el dialogante Presidente del Consejo de Ministros saliente, Fernando Zavala, tuviera la iniciativa de pedir un voto de confianza a raíz del anuncio de la presentación de una moción de censura en contra de la Ministra de Educación, desafiando a la mayoría fujimorista. ¿Por qué el cambio?

Del lado del gobierno, me parece que estamos ante una clara ilustración del principio de hacer de la necesidad virtud. Zavala estaba muy desgastado, y parecía imposible evitar la censura de Martens. Otras interpelaciones asomaban en el horizonte sin capacidad política de enfrentarlas. La popularidad del presidente y del gobierno en general estaban a la baja, y prácticamente se han quedado prácticamente sin bancada oficialista. La idea de la renovación en el gabinete estaba firmemente establecida en la agenda. La simple renovación era un camino, pero la prepotencia mostrada por el fujimorismo en la interpelación a Martens habría persuadido a los más “dialogantes” de que dejarla caer sin más implicaba someterse ya en exceso a los humores y los cálculos de la oposición.

Del lado del fujimorismo, la estrategia de aparecer como una oposición inflexible ante un gobierno impopular parecía una buena idea. Si bien en las encuestas la aprobación al Congreso cae junto a la del presidente, también la aprobación al desempeño de Keiko Fujimori se mantiene estable. Los altos niveles de desaprobación a la gestión de Martens sugerían que podrían capitalizar políticamente una censura, así que la hostilidad en la interpelación fue patente. Nuevamente del lado del gobierno, la opción seguida hasta ese momento, la del apaciguamiento, parecía incapaz de cambiar la esencia de la relación con la mayoría congresal. En este marco, el pedido de confianza resultó una salida inesperada: si igual varios ministros iban a salir, más temprano que tarde, incluyendo al propio Zavala, por qué no hacerlo caer, de modo de acercarnos al escenario de una segunda censura o negación de confianza, para así tener más a la mano el arma del cierre del Congreso y la recomposición del escenario.

El fujimorismo mordió el anzuelo con entusiasmo. En parte porque no quiso mostrar debilidad, en parte porque confía en que puede repetir un buen desempeño electoral, pero sobre todo, me parece, porque confía en que mediante diferentes técnicas de interpretación constitucional puede seguir acosando o censurando ministros individuales sin pisar el palito de censurar o negar la confianza al futuro Presidente del Consejo de Ministros. En extremo, si el gobierno no juega bien sus cartas, podría (ahora sí) jugar en serio la carta de la vacancia, si es que encuentran que la opinión pública respalda esa propuesta.

El saldo, hasta el momento, es una suerte de empate precario, costoso para ambos bandos ante la ciudadanía más despolitizada (otra vez los políticos peleándose) pero positiva para representar al antifujimorismo o al descontento callejero, respectivamente. Para el gobierno este empate tiene cierto sabor a triunfo, después de pasar por varias derrotas. El fujimorismo puede sentir que cedió un empate cuando parecía contar con un triunfo asegurado. El siguiente movimiento le corresponde al gobierno, el nombramiento del nuevo Consejo de Ministros. Me parece que el gobierno no debe perder de vista que su único sostén es la legitimidad ante la opinión pública, que ve la política con mucho más escepticismo que los activistas. Debe pensar en un gabinete que proyecte eficacia, técnica y política, y no buscar gratuitamente una confrontación en la que tiene también mucho que perder.

viernes, 15 de septiembre de 2017

Fuego cruzado

Artículo publicado en La República, domingo 10 de septiembre de 2017

Tuve la paciencia de seguir buena parte de la sesión de interpelación a la ministra Martens. Los modales parlamentarios tradicionales se han prácticamente perdido, y la interpelación en gran medida queda reducida a su dimensión de puesta en escena. Por ello mientras la ministra habla y tiene la cámara encima los congresistas se ausentan. Cuando es el turno de los parlamentarios, se muestran ya sea flamígeros o reflexivos, según el estilo. Pero no se discuten argumentos, si no que se confrontan posiciones. El Frente Amplio y Nuevo Perú se presentan como defensores de los profesores maltratados y contrarios al modelo neoliberal, los fujimoristas como defensores de los pobres y excluídos, y como celosos fiscalizadores del gobierno. Del lado del gobierno y de otras bancadas están los argumentos, pero no la razón política, por así decirlo. El destino de la ministra se juega en la arena del cálculo político, no en el de la solvencia de sus respuestas al pliego interpelatorio. A esto se suman los adversarios de otras contiendas: los cuestionamientos al currículo nacional y al enfoque de género, entre muchos otros.

Será una lástima que el sector más importante del país pierda sucesivamente por censura dos ministros de gran calidad por consideraciones ajenas a su desempeño como tales. La caída de Saavedra es consecuencia de una demostración de fuerza del fujimorismo; la de Martens, si se da, es para correr la ola de una opinión pública en la cual la ministra termina asumiendo el pasivo del gobierno en general y de su caída en las encuestas. No es que deje de ser cierto que el gobierno ha mostrado graves falencias en el manejo de la huelga, o que la contundencia de la misma no sea consecuencia de problemas que se estuvieron incubando desde hace algún tiempo, lo que es responsabilidad del ministerio. Cierto es que, como se suele decir con insistencia en los últimos días, que era necesario “hacer política”: manejar mejor la negociación de la huelga, lograr presencia e influencia dentro del magisterio para legitimar la reforma magisterial. Cierto es también que dentro de las incongruencias del manejo gubernamental, incluso el Ministerio del Interior fue uno de los obstáculos más grandes para la ministra. El congresista Becerril recordó las declaraciones del viceministro de orden interno, Ricardo Valdés, verdaderamente infames y desleales, petardeando las negociaciones del ministerio de educación.

El tema es que, seamos honestos, esas capacidades no existen en nuestro país, ni existirán en el futuro cercano. Ningún grupo político, ni cercano al gobierno o en la oposición, tiene cuadros con experiencia política o competencias técnicas en número suficiente, ni presencia en el gremio magisterial. Si nuestra elite política fuese más madura, apostaría por fortalecer, mejorar, las capacidades del sector educación, que es lo único con lo que contamos para implementar cualquier iniciativa de cambio. Ello no se logra acosando a los ministros de turno, por supuesto. Lamentablemente, están primado los intereses de corto plazo.

De esta manera, si la ministra Martens termina siendo censurada, lo será como chivo expiatorio de culpas propias y ajenas, y víctima de un fuego cruzado, no solo del proveniente de las trincheras de los maestros en huelga y de la oposición, también del “fuego amigo” proveniente del propio gobierno. Hacia adelante, por supuesto, esperemos que el gobierno mantenga la convicción de seguir adelante con la política de reforma educativa, con las correcciones y ajustes que correspondan. Que quien venga relance, no claudique con la reforma.

lunes, 4 de septiembre de 2017

Desde las aulas

Artículo publicado en La República, domingo 3 de septiempre de 2017

Hoy que se discute sobre la capacitación y evaluación a los maestros por su desempeño en el aula, resulta muy útil leer Desde el aula: una aproximación a las prácticas pedagógicas del maestro peruano (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo n° 233, mayo de 2017), de Natalia González, Mariana Eguren y Carolina de Belaunde. El texto está basado en observaciones de maestros de primaria, en cuatro capitales de departamento; se observaron diecisiete aulas, diecisiete profesores, entre tercer y sexto grado de diez escuelas, cubriendo cinco áreas curriculares, 68 horas pedagógicas, durante el 2009. Se trata de escuelas públicas en zonas urbanas y urbano marginales con condiciones de funcionamiento superiores al promedio. No se puede generalizar desde estas observaciones, pero se pueden identificar situaciones típicas.

Las autoras notan en Piura un clima de aula respetuoso; hay participación de estudiantes, pero no espontánea; dificultades para orientar su comportamiento (niños juegan, se duermen); se pierde mucho tiempo en la organización del aula (20 a 40 minutos: saludo, toma de asistencia, preparación antes del inicio de actividades). En Arequipa las cosas están mejor, en tanto los docentes están más pendientes de lo que hacen los estudiantes. El tiempo de clase se destina a las actividades previstas, aunque no necesariamente haya motivación. En Huamanga se registran tendencias autoritarias, un trato vertical y jerárquico; la disciplina se obtiene a través de gritos, regaños y castigos físicos, los estudiantes parecen atentos más por temor que por interés. Se presta atención a los aspectos formales (errores ortográficos o decoraciones de los trabajos) por encima de los contenidos. Se dedica tiempo excesivo a “dinámicas de relajación”. En Iquitos hay mucha heterogeneidad; en general los alumnos no suelen seguir las clases, conversan, juegan entre ellos; se producen interrupciones constantes: profesores y estudiantes salen del aula, ingresan madres de familia o estudiantes de otras clases. Las distracciones impiden concretar tareas, aunque sean sencillas.

En cuanto a las prácticas de enseñanza, no parece haber grandes diferencias: “en ninguna de las cuatro ciudades (…) encontramos un ambiente de motivación hacia el aprendizaje en el cual se vea a los estudiantes interesados en las actividades que se realizan en clase”. El cuanto al uso de preguntas como herramienta de enseñanza, ellas las hace el docente, nunca los estudiantes, y se dirigen al grupo, no a estudiantes específicos; son cerradas y literales, suelen tener como respuesta sí o no. “Las preguntas no apuntan a la comprensión de procesos, al análisis, a la formulación de hipótesis o escenarios alternativos, al ejercicio de la creatividad o de la reflexión: se trata más bien de proporcionar un dato específico, un nombre, una fecha o una cifra que le permita al docente continuar en la dirección que desea”.

Una conclusión de las autoras es que “la introducción de nuevas prácticas entre los docentes es un tema crucial (…) y la forma en que ello se realice termina siendo determinante para que dichas prácticas sean adoptadas y usadas provechosamente por los maestros. Es más probable que los maestros no acepten los nuevos planteamientos (…) por diversas razones que pueden incluir el desacuerdo, la resistencia a dejar lo ya conocido, la desconfianza ante las bondades de las nuevas propuestas, y la preocupación por su autonomía y poder”. Por ello, “la introducción de nuevas políticas y sus correspondientes herramien¬tas (…) no puede hacerse de manera mecánica ni vertical”.

lunes, 28 de agosto de 2017

Perú: elecciones 2016


Acaba de aparecer el libro editado por Fernando Tuesta, Perú: elecciones 2016. Un país dividido y un resultado inesperado (Lima, Fondo Editorial PUCP, 2017), que fue presentado en la última feria del libro. Encontrarán un capítulo de este servidor, "¿Una elección atípica?"
escrito con Paolo Sosa y Félix Puémape. En nuestra introducción decimos que,

"El análisis de la reciente elección general ha resaltado su «atipicidad» como un rasgo fundamental: esto porque los resultados parecen romper con una tendencia establecida en las elecciones pasadas, especialmente las de 2006 y 2011, en las que se resaltaba la fortaleza de clivajes estructurales (de clase, regionales y étnicos) en la explicación de la lógica del voto, claramente identificados con candidatos específicos; en esas elecciones se habría producido una polarización entre candidatos «prosistema» y «antisistema», expresivos de los limitados alcances redistributivos de las políticas neoliberales. En las elecciones de 2016, por el contrario, primó la incertidumbre, marcada por la implementación accidentada, por parte de los organismos electorales, de un conjunto de normas aprobadas a última hora por el Congreso. Por otro lado, la mayoría de candidaturas tuvo una orientación de derecha y el fujimorismo-antifujimorismo emergió como un clivaje fundamental que permitió la llegada al poder de un candidato poco aparente, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo habría cambiado tanto el país? Nuestro argumento reconoce la naturaleza un tanto atípica y azarosa de esta última elección, pero sostiene que las anteriores también tuvieron mucho de esos elementos, con lo que habría también importantes continuidades en lo que se refiere a la importancia de las campañas y estrategias electorales en un contexto de vínculos de representación muy precarios y una ciudadanía bastante pragmática y poco ideologizada".

A continuación el índice del libro:

Presentación

Elecciones competitivas y resultados imprevistos
Fernando Tuesta Soldevilla

El sueño de las elecciones internas: la selección de candidatos
Félix Puémape / Fernando Jiménez

Partidos pobres, campañas ricas
Denisse Rodriguez Olivari

Las lógicas de las planchas presidenciales
Henry Ayala Abril

Con cuota o sin cuota: candidatas exitosas para el Congreso
Diego Uchuypoma Soria / Flavia Freidenberg

Equipos en campaña
Verónica Ayala Richter / Enrique Patriau

Cierres de campaña y el discurso de los candidatos
Lilian Kanashiro

El debate en debate
Carla Cueva

Redes sociales en campaña presidencial
Fernando Tuesta Soldevilla / Essy Mirella Vásquez Oruna

¿Una elección atípica?
Martín Tanaka / Paolo Sosa Villagarcia / Félix Puémape

Elecciones en Lima: características e ideas sobre el elector limeño
Rafael Arias Valverde / Cristhian Jaramillo Huamán

Partidos nacionales, políticos locales: una mirada a las candidaturas parlamentarias desde el sur del Perú
Mauricio Zavaleta / Paulo Vilca

Solo el número importa: el lugar del voto preferencial
Henry Ayala Abril / Luis Mas Castillo

Transfuguismo y reelección: ¿una forma de sobrevivir en la política?
Milagros Campos

Balance y agenda de investigación en políticas públicas



El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) acaba de publicar el libro Balance de investigación en políticas públicas 2011-2016 y agenda de investigación 2017-2021 (Lima, CIES, 2017), donde encontrarán trabajos muy valiosos. También encontrarán mi capítulo sobre el tema de la reforma del sistema político y del sistema electoral. El resumen de mi capítulo dice así:

"En este trabajo hacemos un balance de las principales publicaciones aparecidas en los últimos años respecto a temas asociados a la reforma política y electoral en el Perú, que permiten construir la imagen de un sistema político extremadamente precario, en el que tenemos partidos nacionales, movimientos regionales y organizaciones locales que no son verdaderamente  representativos, que constituyen vehículos para políticos sin partido y diversos intereses sociales que intentan ocupar parte de los espacios de representación. Esto hace que las funciones que en otros contextos cumplen actores políticos terminen siendo asumidas por otros actores (expertos, tecnócratas, ONGs, muy diversos grupos de interés, formales, informales e ilegales). Por ello, la agenda de investigación futura debería centrarse en conocer mejor el funcionamiento del sistema político “realmente existente” antes que en evaluar cuánto funcionan modelos abstractos ideales. Creemos que es de esa manera que la investigación académica puede hacer un aporte a la discusión pública sobre la reforma política; en un contexto en el que si bien su necesidad supuestamente genera un amplio consenso, los actores principales que deberían implementarla no parecen mostrar un compromiso firme con ella".

A continuación el índice del libro:


1. ESTADO Y GESTIÓN PÚBLICA

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Ludwig Huber

SEGURIDAD CIUDADANA
Lucía Dammert, Jaris Mujica y Nicolás Zevallos

Martín Tanaka

DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
Gonzalo Neyra

GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO CIVIL
Juan José Martínez

2. DERECHOS CIUDADANOS

EDUCACIÓN
Hugo Ñopo y Jostin Kitmang

SALUD
Janice Seinfeld y Vicente Benites

DERECHOS CIVILES Y DISCRIMINACIÓN
Jeanine Anderson

3. POLÍTICA ECONÓMICA

MACROECONOMÍA
Diego Winkelried

INSERCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL
CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Mario Tello

EMPLEO E INFORMALIDAD
Pablo Lavado y Daniela Campos

4. POBREZA Y DESARROLLO

POBREZA, DESIGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Javier Herrera y Ángelo Cozzubo

DESARROLLO RURAL
Silvana Vargas

5. CIENCIA Y AMBIENTE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Juana Kuramoto

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
José Carlos Orihuela

¿No se justifica evaluar a los maestros?

Artículo publicado en La República, domingo 27 de agosto de 2017

En los últimos días se escucha un argumento que cuestiona la evaluación del desempeño docente (despido solo si no se aprueba una evaluación después de tres intentos y tres capacitaciones) sobre la base de apelar a factores como los muy bajos salarios que reciben, la precariedad de las condiciones en las que trabajan, los problemas que arrastran sus estudiantes, especialmente en zonas de extrema pobreza. Ciertamente el trabajo de los maestros es muy sacrificado, y merece mucho más apoyo y reconocimiento. Más todavía, por supuesto, porque de ellos depende, en buena medida, el futuro del país. Sin embargo, hay cuestiones que no se deben obviar. Decir que si no mejoran primero las condiciones generales, estructurales del país poco se puede hacer es de un lado falaz y del otro nos lleva a un conformismo inaceptable. Y nos encierra en un círculo vicioso: como no se intenta nada, las cosas no cambian, y como no cambian, no se intenta hacer nada.

Pero las cosas sí están cambiando. Como ha mostrado Hugo Ñopo, el salario de los docentes ha ido recuperándose de una caída dramática, y de una manera muy importante durante el gobierno del presidente Humala. Además, el gasto público en el sector educación en su conjunto ha aumentado siguiendo un patrón similar, llegando a duplicarse en los últimos años. Al mismo tiempo, la implementación de programas como Juntos o Qali Warma complementan los esfuerzos del sector educación en las zonas de pobreza.

Estas y otras mejoras han tenido resultados importantes sobre el rendimiento de los estudiantes. No olvidemos que las evaluaciones censales realizadas en los últimos años muestran mejoras: en el periodo 2007-2016, el porcentaje de estudiantes de segundo grado que alcanzó niveles satisfactorios de lectura pasó del 15.9 al 46.4%; en matemáticas, pasó del 7.2 en 2007 al 34.1%. Ahora, si bien es cierto que las regiones más ricas tienen en general mejores desempeños que las más pobres (los mayores puntajes en matemáticas y lectura en segundo de secundaria los tienen Tacna, Moquegua, Arequipa, Callao y Lima Metropolitana), también lo es que las regiones que más han progresado entre 2015 y 2016 en matemáticas de segundo grado de primaria han sido Ayacucho, Huancavelica y Apurímac; y en segundo de secundaria, junto a Moquegua y Tacna, han sido Ayacucho, Arequipa, Junín y Puno. En otras palabras, sí se puede mejorar y hacer mucho a pesar de enfrentar condiciones adversas.

Otro elemento a considerar es que las evaluaciones sí se están haciendo y constituyen una experiencia de la cual aprender para mejorar. El concurso de nombramiento 2015 tuvo 205,021 postulantes inscritos, y 8,137 resultaron ganadores de una plaza, ocupándose el 41.4% de las plazas ofertadas (19,631). Nuevamente, algunas regiones destacan sobre este promedio: Callao, Ica, Tacna, Lima Metropolitana o Moquegua, casi todas por encima del 80%, pero también Tumbes (72%), Lima provincias (66%), o Lambayeque (59%). En el concurso de ascenso a la segunda escala magisterial de 2016 tuvimos 50,484 maestros evaluados, con 8,506 ganadores de una vacante de ascenso, el 16.8%. Esto muestra que hay ya cierta experiencia y capacidad para hacer evaluaciones masivas, y también que es imperativo fortalecer el componente de capacitación a los maestros.

En suma, gracias a los esfuerzos del Estado y de los maestros mejoras importantes se han dado en los últimos años. No se trata de tirar al tacho lo avanzado, sino de mejorar, aprender desde la experiencia. Otra gran lección que deja la huelga, por supuesto, es que se debe avanzar de manera más cercana a los maestros.

Lo que está en juego (2)

Artículo publicado en La República, domingo 20 de agosto de 2017

Creíamos conocer una historia que decía que en 2007, con la aprobación de la ley de carrera pública magisterial, habíamos sentado por fin las bases para la mejora de la calidad en el sector educación, que diversas mediciones habían diagnosticado como realmente paupérrima. En medio de muchos conflictos y tensiones, ciertamente, se fue imponiendo una nueva lógica, que habría incorporado también al magisterio. Parecía que las resistencias, asociadas a grupos radicales, estaban confinadas a un par de regiones, como Ayacucho y Junín. Después de las elecciones regionales de 2011, con la presidencia regional de Vladimir Cerrón, por ejemplo, había el temor de una mayor radicalización, que no ocurrió. Por el contrario, durante el gobierno anterior, con las gestiones de Patricia Salas y Jaime Saavedra, la reforma magisterial parecía avanzar con relativamente pocas tensiones; los salarios se recuperaban, la inversión en el sector crecía, la lógica meritocrática parecía legitimarse.

Hoy vemos que durante este periodo de aparente paz se estaban acumulando tensiones y descontentos crecientes, conforme el temor de que las evaluaciones de desempeño se traduzcan en despidos se hacía más cercano. Por ello la demanda central de las protestas hoy, en el fondo, más allá de la retórica, parece ser la defensa de la “estabilidad laboral”. De allí que la huelga haya continuado y se haya incluso extendido a pesar del acuerdo de aumentos importantes de salarios. Así se puede entender la extensión, masividad y convicción de los huelguistas, y el que hayan decidido seguir a las dirigencias asociadas al CONARE y no al CEN del SUTEP. La mayoría de maestros percibe que ponerse al día con los nuevos niveles de exigencia resulta un esfuerzo imposible de realizar.

A nadie le gusta el predominio de líderes de CONARE en el magisterio, pero la realidad es que sus líderes son los que encabezan la protesta. Por ello resultó un error supeditar la lógica de la negociación a la lógica de debilitar al CONARE levantando sus supuestos vínculos con Sendero Luminoso. Este tema se debe monitorear muy cuidadosamente por supuesto, y llevar a acciones judiciales cuando corresponda. Pero me parece que la mayoría de maestros, si bien pueden manejar una retórica radical asentada en lo que Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart llamaron “idea crítica del Perú”, distan de otorgar un respaldo “orgánico” a sus líderes. Ocurre que ellos canalizan mejor en esta coyuntura sus temores y demandas.

El gobierno debe hilar muy fino su respuesta. Debe ciertamente haber mejoras salariales y en condiciones de trabajo, y en ese terreno el asunto parece estar bien encaminado. Pero no se debe retroceder en la lógica de vincularlas a capacitaciones, evaluaciones y meritocracia. Se debe persuadir a los docentes de que no hay una lógica punitiva, pretextos para una ola de despidos masivos, sino una voluntad de mejora, y así aislar a los sectores radicales. Ese es el camino, no uno exclusivamente policial y represivo. Por supuesto, fácil de decir, difícil de hacer. Para ello es imperativo no dejar solo a un gobierno débil: en vez de aprovechar su precariedad para hacerlo piñata con el riesgo de derrumbar la reforma educativa, los sectores de oposición deberían dar una mano. Sectores de oposición se han movido con un cortoplacismo lamentable. Por ello el papel jugado por la junta de portavoces del Congreso me parece muy imporante: y lamentable la ausencia del fujimorismo. El saldo de esta huelga debe ser un renovado compromiso político, nacional, en torno a profundizar y mejorar la reforma, no retroceder.

domingo, 13 de agosto de 2017

Lo que está en juego

Artículo publicado en La República, domingo 13 de agosto de 2017 

Todos deberíamos ser conscientes de que en estos días se está jugando buena parte del futuro del país. Me refiero al desenlace de las huelgas en los sectores educación y salud.

El país ha crecido de manera importante en los últimos años, ha reducido la pobreza, hemos dejado estadísticamente de ser pobres, pero corremos el riesgo de estancarnos en la trampa de los países de ingreso medio, o peor aún, de involucionar. Sin una política de salud adecuada hoy, el costo a largo plazo de las atenciones médicas será insostenible para las familias y para el país. Y sin una educación de calidad estamos condenados a empleos de baja productividad, a escasos niveles de civismo y cohesión social, a la formación de una opinión pública acrítica y manipulable.

Todos parecemos estar de acuerdo con que la situación es paupérrima a insostenible, y todos queremos que cambie. Sin embargo, hacer cambios resulta tremendamente complicado. Esto porque el empobrecimiento de esos sectores llevó al desarrollo de diversas estrategias de adaptación que han generado hábitos muy difíciles de romper. Las muy bajas remuneraciones obligaron a los trabajadores de esos sectores a dedicar su tiempo a conseguir otros trabajos o crear otras formas de generar ingresos, todo de manera informal; como compensación no salarial, el Estado decidió ignorar todo lo que sucedía en el traspatio. El costo lo pagó la sociedad en general, con la caída en la calidad de los servicios.

En los últimos años hemos crecido y tenemos más recursos que antes, con lo que se abrió la posibilidad de hacer reformas. Hubo la posibilidad de invertir más, mejorar la cobertura de los servicios, mejorar en algo la infraestructura. Pero quedó pendiente la verdadera reforma, la más complicada, la de las remuneraciones. Porque si bien es cierto hay que pagar mucho más, también lo es que las mejoras salariales deben estar asociadas a capacitación y evaluación de desempeño. Así, si bien es cierto Perú destina apenas el 3% de su PBI a la educación, según datos de 2013, muy por debajo de México (3.9), El Salvador (4.0), Chile (4.2), Uruguay (4.9), Ecuador (5.2), Bolivia (5.6), Venezuela (6.4), Costa Rica (7.8), Argentina (8.0), o Brasil (8.3), también lo es que países que gastan más como Brasil o Argentina tienen resultados similares a los de Colombia, que gasta apenas más que Perú (3.1 del producto) y claramente peores que Chile o Uruguay.

Perú avanzó, muy accidentadamente en los últimos años, en romper las resistencias y generar el consenso necesario para establecer en el sector educación el criterio de amarrar mejoras en las remuneraciones a capacitaciones, evaluaciones y lógicas meritocráticas. Sería terrible que ese logro estratégico se pierda. Ese es el gran nudo que se debe romper para avanzar en una reforma; es útil mirar el caso de México en los últimos años, con el intento de reforma del presidente Peña Nieto, que dio lugar a masivas protestas en todo el país, con altos niveles de violencia. Nuestro país, a pesar de todo, parecía haber pasado esa página.

El conflicto en educación y salud debería ser un punto de inflexión en una estrategia de reforma. Cobrar nuevo impulso en educación, más inversión, pero superando el escollo de resistencias regionales y de dirigencias hiperpolitizadas. Y aprovechar la coyuntura para lanzar una verdadera reforma en la salud, donde todavía se ha avanzado muy poco. Para esto se necesita de un gran acuerdo político y social, equivalente al logrado en el sector educación. Estas sí que serían contribuciones importantes del gobierno de Kuczynski al futuro del país.

Cambiar el Perú

Artículo publicado en La República, domingo 6 de agosto de 2017 

Creo que la 22ª Feria Internacional del Libro de Lima ha evidenciado una importante renovación en curso en muy distintos ámbitos, entre ellos el de las ciencias sociales. A propósito es pertinente comentar un nuevo volumen de entrevistas editado por Luis Pásara, La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: de una generación a otra (Lima, Fondo Editorial PUCP, 2017).

Se trata de un libro con entrevistas convertidas en testimonios que contrapone a “la generación de la utopía” con lo que podríamos llamar la “generación reciente”, y que tiene como tema central las posibilidades, límites, formas, que adquiere la “ilusión de un país distinto”, la aspiración de cambiar el Perú. Los entrevistados son un grupo muy disímil, de figuras públicas, intelectuales, activistas, y “emprendedores”. De “la generación de la utopía” podemos leer a Abelardo Oquendo, José Alvarado, Héctor Béjar, Jaime Montoya, Max Hernández, Victoria Villanueva, Alberto Gonzales, Inés Claux, Fernando Rospigliosi, Paloma Valdeavellano, Farid Matuk Cecilia Oviedo, Fernando Eguren, Diana Avila, Baltazar Caravedo, Julia Cuadros, Pedro Brito, y Cecilia Tovar. Esta “generación” cubre un arco temporal muy amplio de influencias, contextos y apuestas políticas, que empiezan con la revolución cubana y las guerrillas de la década de los años sesenta, pasan por el velasquismo y terminan con la militancia de izquierda. En cuanto a la generación reciente, podemos leer los testimonios de Gerardo Saravia, Natalia Iguíñiz, Salvador del Solar, Alvaro Henzler, Tania Pariona, Alberto de Belaunde, Vania Masías, Joseph Zárate, Mariana Costa, Mauricio Delgado, Indira Huilca y Jimena Ledgard, todos ellos marcados por la experiencia del fujimorismo de la década de los años noventa, y la posterior y decepcionante etapa democrática.

Podría decirse que el primer grupo estuvo marcado por la noción de que hacer cambios sustantivos en la sociedad en su conjunto era algo factible, y que el medio era la acción política organizada, la militancia en la fuerza política de izquierda que conduciría la revolución. Militancia que exigía una devoción absoluta, que subordinaba consideraciones personales y familiares. No todos fueron militantes comprometidos y algunos se distanciaron de esto más rápido que otros, pero todos estuvieron marcados por este horizonte. Si bien todas las opciones fueron personales y se explican por razones idiosincráticas, se siente que el contexto de la época fue clave para explicar las opciones que tomaron.

Por el contrario, la nueva generación enfrenta un ambiente claramente adverso, y sus opciones parecen yendo a contracorriente de la tendencia general. Ni la idea del cambio sustantivo global alcanzable en el corto plazo es creíble, ni el camino parece ser la acción política organizada, tampoco la izquierda aparece como la única opción de cambio, y la noción de sacrificio personal y familiar en nombre de una causa suena como una contradicción insalvable. La generación reciente tiene también un compromiso con el cambio en el país y con el espacio público, pero la apuesta es más acotada; cada quien aporta desde su propio espacio, más social que político, donde no hay definiciones ideológicas tan claras, donde hay más espacio para el pluralismo y la diversidad, y donde el mundo de la vida resulta esencial.

Acaso la clave del cambio hoy sea contar con un Estado y una sociedad civil que permitan coordinar y potenciar las múltiples iniciativas de cambio dispersas en curso en todo el país, que suelen estar por debajo del radar de la política y de los medios masivos.

A cuatro años del bicentenario

Artículo publicado en La República, domingo 30 de julio de 2017

Mucho se ha comentado sobre el discurso del Presidente el pasado 28 de julio; yo quiero concentrarme en algo que me parece muy importante y que no ha recibido la atención debida: la celebración de nuestro bicentenario. El Presidente anunció que esta importante fecha, apenas a cuatro años de distancia, “nos debe hacer reflexionar sobre nuestro futuro como país”; señaló que deberíamos superar una lógica centralista, como la que primó en la celebración de 1921; y anunció la convocatoria a un concurso para “elegir el logotipo y canción del Bicentenario”, y otro “para elegir 26 proyectos, uno por cada región, que contribuyan a celebrar los 200 años del Perú independiente”. Los proyectos pueden ser “culturales, ambientales, educativos, de obras, de leyes”. Como se ve su cobertura es muy amplia, y de lo que se trataría es de que “resaltemos juntos la gesta libertaria que conmemoramos, nuestros héroes y protagonistas, los valores republicanos, el recuerdo de nuestra historia, a veces olvidada; la afirmación de la democracia, y la proyección de nuestro futuro como nación libre y justa”. Es una muy buena iniciativa, participativa, descentralizada, que no solo mira el pasado si no también el futuro, en la que proyectos muy disímiles se pueden desarrollar. Por supuesto necesitamos saber los detalles, pero parece bien encaminado.

Todo esto está muy bien, pero me pregunto también cuál es el plan que tiene el gobierno. ¿Tiene alguna iniciativa, discurso, narrativa, que quiera proponer, impulsar, someter a debate?

Soy conciente de que se trata de un reto complicado. Sin embargo, el gobierno podría apoyarse y hacer suyas algunas iniciativas que ya existen, y potenciarlas; me atrevo a mencionar algunas, a manera de ejemplo. El proyecto Lima Milenaria hace algún tiempo trabaja en la puesta en valor de restos arqueológicos, monumentos, espacios públicos, que permitan percibir la larga duración del asentamiento de la civilización en Lima, cómo sus huellas perviven entre nosotros, muchas veces inadvertidas. La combinación de lo histórico, monumental y recuperación de espacios públicos es una muy potente, que lo sería aún más si recibiera el patrocinio entusiasta del Estado. El Museo de Arte de Lima tiene varios proyectos de expansión que combinan no solo la ampliación del Museo si no también del espacio público del parque de la exposición y posibilidades de crear un gran circuito cultural articulado con el centro histórico. Una versión reformulada y potenciada del proyecto Río Verde actualmente encapetada por la gestión Castañeda valdría la pena de ser considerada también. ¿No tiene sentido convocar grandes concursos arquitectónicos para sacar adelante este tipo de proyectos? En Cusco está en marcha una gran iniciativa de desarrollo urbano que pasa por la puesta en valor y la peatonalización del centro histórico. Nuevamente, historia, monumentalidad, desarrollo urbano, recuperación de espacios públicos. Estos son solo algunos ejemplos, en muchas regiones podemos encontrar iniciativas similares, que podrían impulsarse.

De otro lado, sería muy pertinente impulsar una agenda de debate, muy amplia, que proponga un balance de nuestra trayectoria republicana, pensando sobre todo en los desafíos hacia el futuro. Encaminada a construir una nueva narrativa sobre lo que somos como peruanos, más acorde a las realidades actuales, marcadas por la globalización, la necesidad de integrarnos con los vecinos y con el mundo, dejando atrás paradigmas decimonónicos. El trabajo con universidades, medios de comunicación, resulta clave.

miércoles, 26 de julio de 2017

"Nuestros maestros"


La revista Impresión me pidió un artículo para su último número, dedicado al centenario de la PUCP. En ella aparece una sección que quiere rendir homenaje a varios de los grandes maestros que ha tenido la universidad en las últimas décadas: así, Charles Walker escribe sobre Jeffrey Klaiber, Santiago Pedraglio sobre Gustavo Gutiérrez, Alex Huerta sobre Manuel Marzal, Eduardo Villanueva sobre José León, y este servidor sobre Guillermo Rochabrún.

Año uno

Artículo publicado en La República, domingo 23 de julio de 2017

Sabíamos, basados en la experiencia de los gobiernos anteriores, que el del presidente Kuczynski iba a desgastarse de manera importante a lo largo de su primer año. Con datos de junio, tenemos que la gestión del presidente Kuczynski es aprobada por el 39% de los encuestados, muy por debajo de Humala (48%) ligeramente por debajo de García (42%), pero por encima de Toledo (21%) a la misma altura de sus mandatos. Quizá dentro de lo esperable, considerando que la economía se ha desacelerado claramente desde 2014 y que difícilmente se pueden hacer las cosas peor que Toledo. Además se tuvo que lidiar con eventos inesperados como la ola lava jato y el niño costero. Varias cosas sin embargo resultaron sorprendentes: un manejo macroeconómico muy cuestionado por la comunidad de expertos (supuesta área fuerte del gobierno); segundo, el cuestionamiento a un manejo “tecnocrático” del gobierno, hasta ese momento percibido como supuesta garantía de estabilidad. Ahora se invoca desde sectores diversos un manejo “más político”, se denuncia la ocurrencia de conflictos de interés, la defensa de intereses particularistas, cuando no de abierta ineficacia como consecuencia de la pasada hegemonía tecnocrática. Otra novedad es la ruptura relativa del consenso ortodoxo entre las élites políticas, consecuencia de un fujimorismo reculado hacia posiciones populistas y un estilo confrontacional de hacer oposición.

Sabíamos también que la gestión del Congreso iba a ser muy complicada. En medio de las dificultades, la experiencia de Luz Salgado logró sacarla adelante institucionalmente. En cuanto a las fuerzas políticas allí representadas, llama la atención la velocidad de la ruptura del Frente Amplio, y cómo su discurso crítico frente al modelo económico es disputado ahora por sectores antes más ortodoxos, como el fujimorismo o Acción Popular. Hablando de los grupos menores, la necesidad de Fuerza Popular de no aparecer como unilateralmente impositivo abrió el espacio para el protagonismo en algunas coyunturas del APRA o del AP.

Y Fuerza Popular no logró manejar bien su difícil papel doble: opositor pero leal con la democracia. En ocasiones su conducta excesivamente confrontacional, sumado al número de sus votos y la debilidad del gobierno, alentaron lecturas en las que el fantasma de la vacancia del mandato se convirtió en un escenario realista para el poder ejecutivo. La lógica de la confrontación tuvo costos altos para el fujimorismo entre las elites económicas, medianos ante la opinión pública, pero la nueva estrategia de Keiko Fujimori parecía seguir un rumbo invariable. Logró evitar la división y dispersión de la bancada, e impuso un manejo centralizado relativamente eficiente (mérito nada menor; basta comparar con el funcionamento de las demás bancadas). Pero al final Keiko se vio obligada a reconsiderar la estrategia por un adversario inesperado: su hermano congresista Kenji, usando el indulto de su padre como estrategia de negociación con el poder ejecutivo y canal de expresión del descontento de las víctimas del manejo centralizado. Todavía estamos viendo las consecuencias y evaluando los alcances del terremoto al interior de FP.

Hacia adelante, se abre la posibilidad (solo la posibilidad) de un año menos accidentado, en el que las dinámicas internas concentren la preocupación de los actores, más todavía pensando en las elecciones regionales y municipales del próximo año. Para esto el ejecutivo debe recuperar la iniciativa, poniendo por delante una nueva agenda reformista, y buscar acuerdos específicos con la oposición en torno a la misma.

Lula y Humala

Artículo publicado en La República, domingo 16 de julio de 2017

El expresidente Lula fue sentenciado el pasado miércoles en primera instancia a más de nueve años de prisión, por haber recibido sobornos de la empresa constructora OAS. En nuestro país el ex presidente Humala y su esposa sufren prisión preventiva en medio de una investigación por lavado de activos, en la que habrían recibido dinero de la empresa constructora brasileña ODEBRECHT para financiar la campaña electoral de 2011.

No soy penalista, pero después de haber leído y escuchado todo lo que he podido, llego a la conclusión de que no es para nada evidente que estas decisiones vayan a ser confirmadas en segunda instancia. A Lula se le acusa de ser propietario de un inmueble que habría sido otorgado como soborno, pero no parece haber prueba concluyente de que el departamento en cuestión sea efectivamente suyo, más allá de que Lula haya expresado interés en la propiedad del mismo en algún momento. Y respecto al arresto preventivo, creo que si bien no puede decirse que el fallo sea arbitrario, sí resulta excesivamente duro, y sobre todo, arriesgado: a nadie debería sorprenderle que en unas semanas el ex presidente Humala y su esposa salgan en libertad después de la apelación que presentarán en los próximos días. Y tampoco que durante el juicio, cuando llegue, resulte muy complicado probar concluyentemente la comisión de un delito de lavado de activos.

Una conclusión parcial es que es todavía prematuro declarar “extintos” políticamente a los expresidentes Lula y Humala: si logran construir una narrativa en la que fueron acosados judicialmente de manera arbitraria e injusta podrían relanzar sus carreras políticas. Lamentablemente, el debate y la deliberación política está siendo crecientemente sustituído por lógicas judiciales, por sus procedimientos, formalidades, y pareciera que la única sanción de una inconducta política fuera la cárcel. Y si no fuera posible establecer una sanción penal, parecería que el acusado quedara libre de polvo y paja, y plenamente rehabitado. Hay también sanciones sociales y políticas, que no deberíamos pasar por alto, y para ello hay amplia evidencia.

En el caso del expresidente Lula, más allá de si termine o no en la cárcel, a mí me parece evidente de que es culpable políticamente de haber organizado y encabezado un sistema político basado en la construcción de coaliciones políticas armadas con compra de votos, patronazgo, aceitado con recursos obtenidos por empresas públicas coludidas con empresas privadas en gigantescos esquemas de corrupción. Y todo justificado en nombre de la construcción de un gobierno popular que impida la vuelta de la derecha al poder. La pérdida de brújula absoluta. En el caso de Ollanta Humala, en las últimas semanas hemos obtenido evidencia bastante seria que lo vincula a los crímenes de Madre Mía, a intentos de silenciar a testigos, directa o indirectamente. Sabemos que su partido desarrolló un complejo sistema de encubrimiento de receptación de dinero por parte de ODEBRECHT, más allá de si esté adecuadamente tipificado y sancionado. Todo esto configura una conducta inescrupulosa que ha quedado en evidencia y de la que el expresidente es políticamente responsable, todo en nombre de una “gran transformación” que nunca llegó a ocurrir.

Independientemente de lo que ocurra en el plano judicial, no debemos perder de vista estos hechos. Y sacar las lecciones correspondientes. Nunca más urgente una reforma política que haga transparentes las finanzas partidarias, el patrimonio y los intereses de las altas autoridades, y establezca sanciones drásticas ante el incumplimiento de las normas.

Sobre el fujimorismo


Artículo publicado en La República, domingo 9 de julio de 2017 

En las últimas tres semanas hemos aprendido más sobre el fujimorismo que en los últimos tres años, solo que no logramos descifrar bien la evidencia, ya sea porque vemos en el fujimorismo la pura encarnación del mal, o la esperanza de solución a todos los problemas, mediante la formalización de una megacoalición de derechas. En medio de todo esto está la discusión sobre las consecuencias que tendría un eventual indulto al expresidente Fujimori. El problema es que malas decisiones ahondarán la crispación y la conflictividad política y complicarían mucho la gestión gubernamental, precisamente cuando se vislumbra un camino que podría, al menos por un tiempo, reducir los choques entre el poder ejecutivo y el Congreso.

Veamos. Entre 2011 y 2016, con la construcción de Fuerza Popular, Keiko Fujimori erigió un partido bajo su mando, en el que el papel de Alberto Fujimori quedó claramente subordinado, a diferencia de la campaña de 2010-2011; bajo su liderazgo, el indulto a su padre quedó claramente relegado como bandera política. Reclutó a una amplia camada de fujimoristas de “nueva generación”, basada en una gran diversidad de intereses regionales, y articuló un núcleo dirigente de su confianza. El trabajo de base rindió abundantes frutos, que se expresaron en el logro de la mayoría parlamentaria. Keiko intentó también una estrategia de moderación que le funcionó hasta cierto punto, pero en algún momento habría llegado a la conclusión de que no valía la pena seguir por ese camino, y reculó a posturas tradicionales, duras y conservadoras, que en última instancia le hicieron perder la segunda vuelta electoral. Esas mismas posiciones tiñeron la relación con el gobierno del presidente Kuczynski.

El manejo de la bancada mayoritaria ha sido ciertamente complicado. Según 50+1, hacia finales de 2016 encontramos que la mayoría de proyectos de ley de Fuerza Popular consistían en diversos pedidos de “declaratorias de interés”. Desde entonces Keiko impuso un manejo más centralizado y estratégico de las iniciativas legislativas, en las que el núcleo central, el del mototaxi, tuvo el protagonismo. Así se fue generando una tensión con un grupo importante de congresistas provincianos, de muy variados intereses. En este marco Kenji Fujimori actuó con gran astucia: cosechó el descontento de los congresistas provincianos, levantó el pedido del indulto para su padre como parte de una estrategia de negociación en la que se ofrecía la moderación de un sector del fujimorismo, afirmaba su presencia y liderazgo cuestionando el manejo vertical y conservador de Keiko, levantaba su imagen apelando a la estrategia más liberal y moderada que Keiko abandonó.

Sin embargo, Keiko reaccionó. Consciente de la imagen de intransigencia y obstruccionismo, pidió un diálogo directo con el Presidente de la República. Reunió a la bancada y sometió a Kenji a un proceso disciplinario. Logró que los congresistas fujimoristas provincianos firmen una declaración en la que reafirman su identificación con la bancada. Así, el tema del indulto se ha desinflado por ahora, porque se ha hecho evidente de que éste no solo es incorrecto, si no también inconveniente tanto para el gobierno como para FP. Kenji no cuenta, por ahora, como un interlocutor creíble dentro de una estrategia de negociación con el ejecutivo. Lo que nos lleva a la reunión del martes entre el Presidente y la líder de FP. Seguramente nada muy concreto saldrá de esa reunión, pero ojalá fuera el inicio de una nueva forma de hacer oposición por parte de FP, y de un gobierno más claro en sus prioridades.

En nombre del gobierno


Artículo publicado en La República, domingo 2 de julio de 2017 

Recomiendo enfáticamente la lectura de un libro fundamental, En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina, del antropólogo Ponciano del Pino (Lima, La Siniestra Ensayos – Universidad Nacional de Juliaca, 2017). El libro es resultado de meses de permanencia del autor a lo largo de varios años en Uchuraccay y en otras comunidades en las alturas de Huanta, del diálogo con los comuneros en Uchuraccay y en sus diferentes destinos en Ayacucho y en Lima, un amplio trabajo de archivo, en fin, fruto de una reflexión que ha madurado a lo largo de los años.

El libro empieza volviendo al “caso Uchuraccay”, el asesinato de ocho periodistas, su guía y un comunero, del 26 de enero de 1983. Desde allí Del Pino devela los límites que teníamos (y tenemos) para comprender los trágicos sucesos de ese día, pero también para entender el mundo andino y popular en general, me atrevería a decir. La Comisión Vargas Llosa maneja una imagen en la que los campesinos aparecen como “arcaicos”, víctimas del abandono del Estado; asesinan a los periodistas como consecuencia de un error, en medio de un clima de tensión y violencia. La izquierda maneja una imagen según la cual los comuneros son víctimas de la política represiva del Estado, siendo manipulados para encubrir otras responsabilidades. Años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación esbozó una imagen en la cual los campesinos resultaron atrapados “entre dos fuegos”, el de la violencia senderista y el de la represión de las fuerzas del orden.

Del Pino construye un argumento que desnuda los límites de esas interpretaciones y rescata lo que podríamos llamar la “agencia” de los comuneros uchuraccaínos: no son solo víctimas o entes pasivos, sino actores que, en medio de contextos muy adversos, son capaces de desarrollar estrategias, implementar acciones, tomar iniciativas. Esto suena muy bien y muy correcto, pero no crea el lector que encontrará una nueva visión idealizada de los comuneros andinos: en realidad, la visión de Del Pino no es nada reconfortante. Esa “agencia” implica también la decisión de encubrir una larga y violenta historia de conflictos inter e intracomunales, y en los sucesos de enero de 1983, el hecho de que sectores de la comunidad habían tenido vínculos con Sendero Luminoso. Del Pino muestra una cara perturbadora de la historia del conflicto armado interno, la de una población que en medio de la violencia de Sendero y de la represión del Estado ventila sus conflictos internos y se vale de esa dinámica para obtener ventajas.

Entender ese mundo comunitario fragmentado y conflictivo, pero también muy activo y dinámico, implica remitirse a las décadas de los años sesenta y setenta, para tomar conciencia de los dramáticos cambios que sufrió el mundo rural con la reforma agraria, y aún más atrás, a la década de los años veinte, para entender el proceso de formación y crisis del régimen de hacienda. Nuevamente, en ese recuento histórico el autor nos ofrece una interpretación distante tanto de la imagen de unas comunidades integradas dentro de una nación mestiza, como de la tradición radical de izquierda, en la cual primarían relaciones de pura confrontación con el Estado. Para Del Pino las comunidades históricamente buscaron actuar en nombre del gobierno, es decir, exigiendo al Estado el cumplimiento de sus promesas de inclusión incumplidas, mediante complejas formas de negociación. Esta lógica no es la de Flor de retama, sino la del Picaflorcito que vuela desde Chungui hasta Palacio de Gobierno para hacer presente a las autoridades su demanda por justicia.

El indulto a Fujimori


Artículo publicado en La República, domingo 25 de junio de 2017

El día miércoles pasado, el ministro de economía no logró la confianza del Congreso, y se vio obligado a renunciar; y el ministro del interior inició la respuesta al pliego interpelatorio presentado por éste. Hasta ese momento, parecía que la crisis política había sido superada. Cayó Thorne, pero sobreviviría Basombrío. Un nuevo ministro de economía, y con el 28 de julio cerca, hacía pensar en la posibilidad de una renovación integral más ordenada del gabinete, y el replanteamiento de la lógica del gobierno y de sus estrategias políticas. También el fujimorismo parecía obligado a repensar su actuación: en la caída de Thorne dieron razones para reforzar el argumento de que actúan de manera prepotente, y además mostraron importantes fisuras internas. Tiempo de replegarse.

Sin embargo, al día siguiente, se hacieron públicas unas declaraciones del presidente del 13 de junio pasado a la revista The Economist, en la que señala que estaría estudiando la posibilidad de un indulto al expresidente Fujimori, en el marco una negociación con la oposición, y que el momento para hacerlo “sería ahora”. La reacción del fujimorismo no se hizo esperar, alentando al presidente a tomar esa decisión; mientras que se desataron una serie de especulaciones sobre qué estaría buscando el gobierno. Para algunos, sería solamente una declaración desafortunada más del presidente, como varias anteriores. Para otros el indulto va en serio, y sería parte de una elaborada estrategia que buscaría debilitar al fujimorismo, fraccionándolo, ubicando a Kenji F. como interlocutor, pasando por encima de Keiko F. (ver artículo de Américo Zambrano en Hildebrandt en sus trece). Para otros el indulto también sería inminente, pero expresaría más bien una capitulación del gobierno ante el fujimorismo, una negociación en la que se les otorga un bien preciado a cambio de una actitud colaborativa o cuando menos no obstruccionista.

Al momento de escribir estas líneas, parece que estamos ante una declaración desafortunada más. El propio Presidente y el Presidente del Consejo de Ministros tuvieron que salir a declarar para desinflar las expectativas respecto a un posible indulto inminente; un error más, que enturbia la relación con el fujimorismo. Ahora, el que haya quienes piensen que el indulto dividiría y fraccionaría al fujimorismo y favorecería al gobierno, y que haya otros que piensan que el indulto sería un triunfo del fujimorismo y una “rendición” del gobierno muestra lo poca claridad que existe respecto a qué ocurre con la principal fuerza de oposición.

Algunas cosas a mí me parecen claras: Fuerza Popular es básicamente controlada por Keiko Fujimori, con intereses claramente distinguibles de los de su padre (eso era claro desde la campaña electoral de 2016, por cierto); ese control es complicado, porque FP es también una colección muy grande y disímil de intereses; Kenji F., antes que expresar un “albertismo” encubierto, expresa más bien el descontento ante el manejo centralizado de Keiko; y el tema del indulto a Alberto F. es cada vez menos un tema político, y más un asunto humanitario: es decir, el que sea indultado o no, no cambiaría en esencia la relación entre el gobierno y FP. La relación con el fujimorismo hoy es complicada no porque Alberto F. esté preso (al punto que FP no es el que pide el indulto, es el gobierno el que pone el tema en la agenda), y su liberación no solucionaría el problema. Al contrario, tendría más puntos de controversia con las diferentes posturas dentro del fujimorismo, y despertaría la movilización del antifujimorismo. Perdería soga y cabra.

Thorne y después


Artículo publicado en La República, domingo 18 de junio de 2017 

¿Han escuchado completo el audio de la conversación entre el ministro Thorne, el Contralor Alarcón y sus respectivos asesores? Es una conversación de más de treinta minutos, que transcurre en todo momento con cordialidad y naturalidad. Hacia el minuto 25, el ministro dice “… solo falta la firma del presidente [para atender un pedido de fondos hecho por la Contraloría], pero el presidente me ha pedido, habla tú con el contralor y explícale un poco en qué estamos, que el contralor nos ayude en los casos que estamos involucrados, que nos ayude a dar un empujón, él quiere que haya un ejemplo, no quiere un proyecto específico, quiere que se muestre de que hay un compromiso de este gobierno por promover la inversión”. El contralor responde “no hay ningún problema (…). Lo que sí más bien es que yo no sé hasta el momento los resultados de la auditoría [del caso Chinchero], cómo concluye el equipo” (…) Porque no quisiera que el resultado de la auditoría esté sujeto a la firma del presidente”. A lo que Thorne responde, “no, lo discutiremos en su momento con Martín [Vizcarra]. Martín creo que en eso ha sido muy estricto y él ha dicho que va hacer lo que contraloría le pida que haga [todos los énfasis míos] (…), lo que sería bueno que usted explique en esa reunión por dónde va un poco la cosa, y él tendrá que hacer las correcciones que tiene que hacer. No creo que haya nada, ninguna sorpresa por ese lado. Como le digo lo importante es que trabajemos juntos”. Alarcón cierra esta parte diciendo “yo estoy muy gustoso, y además es mi trabajo, esta gestión la hemos enfocado, orientado, y gracias por el apoyo, no queremos ser solo los policías, sino que también queremos ayudar a que la gestión sea efectiva, eficiente, eso en todos los sectores”.

En otras palabras, el audio no muestra una extorsión al contralor, o un intento de condicionar desembolsos a cambio de un informe favorable de la contraloría respecto al caso Chinchero. Es más, buena parte de la conversación gira en torno a encontrar un buen esquema de financimiento para la Contraloría, para lo cual se cuenta con el apoyo del Banco Mundial, para encontrar las mejores prácticas internacionales al respecto. Por supuesto, a lo largo de los treinta minutos hay pasajes con frases desafortunadas, pero no se debe olvidar que se trata de una conversación privada grabada y difundida indebidamente.

El audio no justifica una censura al ministro. En realidad, la oposición aprovecha el audio para mantener la narrativa de un gobierno al servicio de lobbies encubiertos, de allí la convergencia de las bancadas fujimorista, aprista, frenteamplista y de Acción Popular. Se trata de un ministro débil, tanto por errores políticos previos como por cuestionamientos al propio manejo económico, incluso desde sectores ortodoxos. La suerte del ministro por eso está echada (y ojo que el tema Chinchero está lejos de estar resuelto). El gobierno no tiene salida en el corto plazo: la renuncia de Thorne equivale a una capitulación, ir a la censura implica alargar la agonía, y no tiene la fuerza para plantear la confianza por Thorne y poner en juego a todo el Consejo de Ministros.

¿Qué hacer? En el cortísimo plazo, me parece que se debe pensar en la mejor estrategia para proteger al ministro del interior, quien tampoco merece una censura. Y de cara al 28 de julio, se impone una reestructuración muy de fondo del gabinete y de la lógica del gobierno: se debe pensar en cómo relanzar un perfil reformista, y desde esas reformas relacionarse con la oposición. Es la única manera de conseguir oxígeno para los cuatro años que siguen.

¿Los tiempos están cambiando?


Artículo publicado en La República, domingo 11 de junio de 2017 

Desde 2001 manejábamos un esquema que gruesamente podría enunciarse así: caído el fujimorismo, cambiamos en cuanto a institucionalización política democrática, pero no en cuanto a la continuidad del modelo económico, a diferencia de países vecinos que hicieron un “giro a la izquierda”. En medio de la debilidad de los partidos, la debilidad de las fuerzas de izquierda, la fortaleza de los “poderes fácticos”, el consenso relativo entre las élites y expertos más influyentes, grandes áreas de decisión quedaron en manos de independientes o tecnócratas. Esta influencia nos hizo perder en cuanto a representación; el poder de esos personajes no surge de la deliberación política, y muchas veces se implementaron políticas contrarias a las sostenidas durante las campañas electorales, notoriamente con los gobiernos de García y Humala. Pero al mismo tiempo, gracias a las “islas de eficiencia” es que el país pudo crecer y reducir la pobreza en magnitudes importantes. Esta convivencia entre partidos sin técnicos y técnicos sin partido hizo que el país siguiera una orientación de centro, más inclinada hacia la izquierda con Toledo, luego mucho más hacia la derecha con García, luego nuevamente más hacia la izquierda con Humala.

En este marco, el discurso de izquierda reapareció primero de la mano de Humala en 2006 y 2011, y el fujimorismo de la de Keiko Fujimori desde 2006, cuando resultó la congresista con mayor votación. Pero la izquierda no logró imponer su programa, y el fujimorismo funcionó tanto durante el gobierno de García como del de Humala como garantía de estabilidad del legado económico de los noventas. Con el gobierno actual, no se esperaba que las cosas cambiaran demasiado; es más, dada la trayectoria del presidente, era esperable más bien la profundización de una lógica tecnocrática, y cierta impronta reformista: los técnicos finalmente tomaban directamente el poder, sin intermediaciones partidarias.

Sin embargo, muchas cosas parecen estar cambiando. Primero, el núcleo central del consenso tecnocrático, referido al manejo macroeconómico, está en cuestión por primera vez. Al ministro Thorne se le critica tanto decisiones referidas al manejo del gasto y de la inversión pública, de la recaudación, de la promoción de la inversión privada. Y el fujimorismo, antes garante de la estabilidad económica, ahora juega con la posibilidad de una censura del ministro por temas que no lo ameritan. Segundo, del reformismo tecnocrático no parece quedar demasiado. Con la censura del ministro Saavedra, la renuncia de Gisella Orjeda en CONCYTEC, el sector educación se muestra ahora mucho más cauto; en el sector salud, esa cautela parece tornarse en conservadurismo, a juzgar por el cese de Edmundo Beteta en la jefatura del Seguro Integral de Salud. En el Ministerio de la Producción el Plan de Diversificación Productiva está abandonado. ¿En qué frentes se avanza? En general, parece haber un desplazamiento de un manejo tecnocrático a uno más empresarial (el énfasis en el destrabe). El único sector donde se avanza es Interior, pero también está en riesgo. Además, la imagen de la eficiencia tecnocrática perdió brillo después de los escándalos de Odebrecht, los problemas de Chinchero y otros. Tercero, con el desgaste del gobierno está dándose una suerte de vaciamiento del centro político, ya advertido por Juan Carlos Tafur. El fujimorismo muta en populista; el conservadurismo se activa y busca formas de representación más directas; el izquierdismo más radical se fortalece también como opción. Y no se ve todavía quién y cómo intentará ocupar ese espacio.

Repensar el antiguo Perú


Artículo publicado en La República, domingo 4 de junio de 2017

Creo que a varias generaciones se nos enseñó a manejar ciertas ideas básicas sobre el Perú antiguo: no hubo nada muy relevante antes de Chavín; luego desarrollos regionales donde destacan los Paracas, Nazca, Mochica y Tiahuanaco; luego el imperio Wari, luego nuevos desarrollos regionales, especialmente Chimú; para llegar finalmente a los Incas. Un esquema de horizontes e intermedios regionales que marcan una suerte de camino evolutivo, coronado por los Incas, algo así como la máxima expresión de la civilización antigua. Y en donde habría habido una sucesión de formas de gobierno que asumieron la forma de “señoríos”, formas más complejas estatales y hasta imperios. Para gente de mi generación, estas grandes imágenes estuvieron además muy marcadas por la influencia de intelectuales como Luis Guillermo Lumbreras y Pablo Macera, grandes académicos y divulgadores, que además lograron enlazar la investigación arqueológica con preocupaciones del presente, construir discursos bajo la influencia del marxismo y de las ideas de izquierda; en los que el Perú antiguo era motivo de reivindicación y orgullo (que resaltaba lo perdido por la colonización española) pero que al mismo tiempo llamaba la atención sobre la persistencia de patrones autoritarios y de opresión de las clases populares, que desde hace muchos siglos siguen anhelando su liberación.

En los últimos años, sin embargo, la investigación arqueológica ha derruido buena parte de estos esquemas: Caral resultó ser mucho más antiguo que Chavín y tuvo una alta complejidad; el descubrimiento del Señor de Sipán o la Señora de Cao mostró que al interior de lo que considerábamos cultura Mochica hubo desarrollos “subregionales” muy relevantes, entre muchas otras cosas. A estas alturas, un lego como yo no tiene ya una imagen que reemplace la perfilada líneas arriba, pero que ya quedó desactualizada. Acaba de salir publicado un libro utilísimo para todo aquel que quiera estar al tanto de los últimos desarrollos de la investigación arqueológica: Repensar el antiguo Perú. Aportes desde la arqueología, editado por Rafael Vega-Centeno, y publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Fondo Editorial de la PUCP. Además, como dice Gabriel Ramón en el capítulo final, los autores del libro pertenecen a la “nueva generación”, casi todos entre los 30 y 50 años, formados en la Universidad de San Marcos y en la PUCP, con maestrías y doctorados en universidades del extranjero. El libro tiene por ello, aunque no necesariamente sea el propósito de los autores, el sabor de una suerte de manifiesto generacional.

El libro tiene catorce capítulos y arranca con trabajos sobre los primeros habitantes de nuestro territorio y llega hasta el Tawantinsuyu, pasa por Caral, los Mochica, Wari, Chimú y otros, y cubre espacialmente a la costa, los andes centrales, el altiplano sureño, en fin, el libro permitirá tener una visión muy completa y actualizada del saber existente, de las interpretaciones predominantes, de los debates en curso. Algunos capítulos resultan más accesibles que otros para los legos, pero todos resultan pertinentes.

Una gran idea que me queda de una lectura rápida del libro es cuán difícil ha sido siempre articular nuestro territorio; se habla de grandes desarrollos y autonomías locales, de la discontinuidad del espacio, de intentos de articulación basados en formas de “segmentación política” antes que en grandes modelos estatales centralizados, en medio de complejos y precarios procesos de negociación, de la gestación de alianzas inestables y cambiantes. Todo suena inesperadamente contemporáneo.

Sobre la coyuntura reciente


Artículo publicado en La República, domingo 28 de mayo de 2017

- El contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero de junio de 2014, lleno de problemas, vacíos; ¿dónde queda la supuesta eficiencia tecnocrática a cargo del país desde la década de los años noventa? Como decía en artículos anteriores, la justificación de que el país estaba en buenas manos, libre de interferencias políticas y mercantilistas, no resulta creíble más. En todo caso, las islas de excelencia tecnocrática muestran forados impresionantes.

- El cierre financiero del contrato de concesión se demora desde finales del gobierno anterior: el gobierno saliente se da cuenta de que el contrato deja un amplio margen de maniobra para el concesionario, que toma ventaja de los límites del mismo. La resolución del contrato implicaba para el gobierno el reconocimiento de un error, y para el concesionario una pérdida económica… por lo que el tema se deja para el nuevo gobierno.

- El gobierno de Kuczynski actúa, fundamentalmente, motivado por la filosofía del destrabe de inversiones en un contexto de parálisis de la inversión privada y la amenaza de una recesión en el horizonte. La salida de la adenda es poco ortodoxa, pero resultaba al mismo tiempo más económica, más segura (frente al riesgo de un juicio entablado por el concesionario) y sobre todo, más rápida. La ejecución inmediata ayudaría a la economía, y permitiría ganar algunos puntos en el sur. Era también un camino riesgoso: se le acusaría, como ocurrió, de lobbista, dada la familiaridad entre el mundo privado y público en un ambiente como el peruano, y dada la altísima desconfianza que hay en el país. Según una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, Perú es el país en el que la confianza en el gobierno es la más baja; la desconfianza en los políticos y en los funcionarios públicos la más alta; y la percepción de existencia de corrupción entre éstos la más alta de una muestra de 35 países (datos de 2014-2015). Creemos menos en el compromiso público y en la honestidad de nuestros funcionarios que en Croacia, Lituania, Rusia o Venezuela.

- Intentando curarse en salud, el gobierno cometió el error de apoyarse en el respaldo de la Contraloría. Si se acusaba al gobierno de querer favorecer indebidamente al concesionario, qué mejor que desnudar esa crítica que con el acompañamiento de la Contraloría. Frente a una oposición intransigente, pareció una buena estrategia de contención. Sin embargo, el informe de la Contraloría no solo no respaldó la adenda, sino que presentó cuestionamientos deleznables, recomendaciones que no resuelven el problema original, y incluso halló responsabilidades penales de manera temeraria. Si bien sabíamos que el Contralor era un poco imprevisible, esta vez batió ampliamente su marca personal.

- Al ministro Vizcarra no le quedó más remedio que renunciar. La moraleja política debe ser que nada reemplaza la tarea de debate y convencimiento ante la opinión pública, la movilización de los sectores beneficiados de las decisiones de política, estrategias de contención de los adversarios.

- Voceros del fujimorismo hablando de la renuncia de Vizcarra también a la vicepresidencia, sin fundamento alguno, y conscientes de la debilidad del presidente, muestran una conducta desleal con el régimen democrático, y deben ser censurados. ¿Keiko Fujimori respalda esa postura? ¿Y cuál es su propuesta de salida de este entuerto?

- Finalmente, los últimos cambios ministeriales insinúan un cambio de énfasis en el carácter del gobierno: más que tecnocrático aparece crecientemente empresarial. Menos orientación hacia lo público, más hacia el mundo privado.

Plan mínimo


Artículo publicado en La República, domingo 21 de mayo de 2017

Todos sabemos que uno de los grandes límites al desarrollo del país está en nuestra extrema precariedad institucional y política; y en principio, todos queremos una reforma política integral que ayude a mejorar el funcionamiento del sistema político y de partidos. Sin embargo, los políticos, quienes deben sacar adelante la reforma, tienden muchas veces a pensar en su propio beneficio antes que en el bienestar colectivo, de allí que sacar una reforma sea tan complicado.

En el actual Congreso, afortunadamente, se ha logrado avanzar en la dirección de una reforma política integral bajo el liderazgo de Patricia Donayre, quien ha presentado un meritorio anteproyecto de ley electoral, con apoyo multipartidario, de XVI títulos y 423 artículos. Aprobarlo sería un avance: en general, se ordena mejor el proceso electoral, se establecen normas para fortalecer a los partidos, se establecen requisitos más exigentes para postular a cargos de elección (no pueden postular sentenciados por delitos graves, por ejemplo); se ponen requisitos más exigentes para mantener el registro, tanto para los partidos políticos como para los movimientos regionales; se regulan las finanzas partidarias (obligación de bancarizar aportes a partidos por encima de una UIT), y se establecen sanciones efectivas (la cancelación del registro de los partidos); además, se eleva de la cuota de género, con criterio de alternancia, entre otras cosas.

Quisiera presentar a continuación, si me permiten, algunas sugerencias, con un criterio “minimalista”, conciente de las dificultades que conlleva aprobar la reforma en un Congreso con las carácterísticas que tiene, marcado por una débil cohesión partidaria en todas las bancadas. Me parece importante, para mejorar la propuesta realizada, primero, elevar la barrera de entrada para los partidos que integran alianzas políticas, del 1% adicional por partido que se propuso al 2.5%; segundo, reducir el tamaño de la circunscripción electoral de Lima, actualmente de 36 congresistas, número a todas lueces excesivo: existen propuestas para dividir la actual circunscripción en cinco (norte, centro, sur, este y oeste), y así acercar a los representantes a las problemáticas más específicas de sus representados; y tercero, permitir la reelección inmediata de los alcaldes, siempre y cuando no acumulen más de dos periodos consecutivos.

De otro lado, el anteproyecto de ley no considera algunos asuntos que me parecen muy importantes. Siguiendo un criterio minimalista, si tuviera que elegir solo un asunto que me parece que tendría consecuencias positivas importantes, y que podría marcar un cambio de dinámica, es el establecer elecciones primarias simultáneas y obligatorias para todos los partidos y movimientos regionales, para elegir sus candidatos a elección popular. Esto permitiría dinamizar la vida interna de las agrupaciones políticas, tener mejor control de los candidatos, tener un indicio del respaldo relativo de los grupos a través del nivel de participación, democratizarlos internamente, y además eliminar la votación preferencial. Además permitiría cancelar el registro a las agrupaciones que, en la elección primaria, desnuden que solo son un cascarón sin militantes ni simpatizantes.

Ahora bien, también es cierto que las primarias pueden ser fuente de muchas complicaciones, por lo que la “sintonía fina” en este asunto es fundamental. En Uruguay y en Argentina se ha implementado este sistema en los últimos años y conviene estudiar muy de cerca esa experiencia, así como los casos nacionales, como los del Frente Amplio y Acción Popular.

martes, 16 de mayo de 2017

Herederos del autoritarismo

Artículo publicado en La República, domingo 14 de mayo de 2017

La semana pasada comenté sobre los retos de una transición democrática en Venezuela, sobre la base de apuntes realizados en el último congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos (LASA, por sus siglas en inglés), realizado en la Pontificia Universidad Católica. Esta semana, en la que se discute sobre el pedido de hábeas corpus de Alberto Fujimori presentado por Keiko Fujimori, me parece útil reseñar un trabajo del colega James Loxton, dedicado al estudio de los partidos “herederos” de gobiernos autoritarios.

Existen en las democracias del mundo un peculiar tipo de partido, basado en la herencia que dejan gobiernos dictatoriales o autoritarios. Según Loxton, en más de la mitad de las democracias surgidas desde la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo pasado, esos partidos han vuelto al poder mediante el voto popular, como el Kuomintang de Taiwan, o el Partido Popular de España. En América Latina tenemos a la ADN boliviana con Bánzer, a la alianza RN-UDI en Chile con Piñera, al PRSC de Balaguer en República Dominicana, a la ARENA en El Salvador, al FRG guatemalteco con Ríos Montt, al PRI mexicano, al sandinismo en Nicaragua, al PRD nicaragüense, al Partido Colorado paraguayo. Y está también, por supuesto, el fujimorismo, que sin haber logrado volver al poder, ocupa una posición prominente. La clave del éxito de estos partidos estaría en que heredan una marca partidaria, una fuente de cohesión, base territorial, redes clientelísticas y fuentes de financiamiento; en el resurgimiento del fujimorismo parece contar sobre todo la fuerza de la marca y de la identidad fujimorista; el legado del gobierno de la década de los noventa dejó la posibilidad de erigir una organización en todo el país y acceder a financiamiento, que fue aprovechada por Keiko Fujimori en la construcción de Fuerza Popular.

El asunto problemático es cómo manejar la herencia del pasado, que resulta tanto un activo como una “mochila” muy pesada. Loxton identifica cuatro estrategias: el arrepentimiento, romper simbólicamente con al menos los aspectos más negativos del pasado; la minimización o negación de esos aspectos; el uso de chivos expiatorios; y por último, la reivindicación abierta del pasado, apostando a segmentos del electorado. El fujimorismo hoy oscila contradictoriamente en el uso de esas cuatro estrategias, como resulta elocuente al constatar la dificultad de elaborar un discurso coherente respecto al tratamiento de la situación legal de Alberto Fujimori. ¿Se le reivindica como líer o se trata su situación como estrictamente humanitaria? ¿Hay lugar para la autocrítica frente a los gobiernos de la década de los noventa, o todo es negar las acusaciones en contra de Alberto Fujimori, la validez de sus condenas y apelar al recurso de culpar a Montesinos? Keiko Fujimori intenta consolidar un movimiento bajo su control, pero es claro que la figura de Alberto Fujimori todavía es capaz de proyectar una sombra sobre ella. Y además, por supuesto, es su padre.

La presencia de este tipo de partidos es por supuesto una complicación para las democracias. Podría no serlo tanto si abren las puertas de la representación a sectores antes excluídos y los encauzan por vías institucionales. En los últimos tiempos la conducción de Keiko Fujimori involucionó hacia posiciones crecientemente conservadoras, que acentuaron el peso de la imagen autoritaria de su padre. Por ello el manejo de su situación legal la complica ahora tanto. En esta nueva encrucijada, ¿intentará algo diferente? ¿Tiene a estas alturas margen para ello?

¿Transición en Venezuela?

Artículo publicado en La República, domingo 7 de mayo de 2017

¿Qué pasará en Venezuela? ¿Las masivas movilizaciones y protestas callejeras harán colapsar al régimen? ¿O serán las fracturas y divisiones al interior de éste los que marcarán su caída, en un contexto de descrédito e inviabilidad a mediano plazo? ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Deberá mantenerse unida o deberá dejar que sus diferentes tendencias se expresen libremente? ¿Será capaz el madurismo de sobrevivir? Si cae, ¿cómo será la transición? ¿Sectores del chavismo podrán negociar condiciones para su salida, o serán impotentes frente al derrumbe del régimen? Y si hay transición, ¿sobrevivirá el chavismo como fuerza política, o desaparecerá del futuro de Venezuela?

Por supuesto, es imposible predecir qué sucederá, pero desde la academia se han hecho contribuciones que permiten pensar en algunos escenarios. Sabemos que un régimen como el del chavismo venezolano corresponde a la categoría de regímenes autoritarios, pero que en el contexto contemporáneo están “obligados” a mantener ciertas formalidades democráticas; que se pueden permitir en tanto son competitivos electoralmente, tomando provecho, por supuesto, de reglas de juego y condiciones de competencia totalmente favorables al régimen.

Frente a una situación de estas características, estrategias de pura confrontación desde la oposición se revelaron contraproducentes. La colega colombiana Laura Gamboa ha mostrado convincentemente que la apelación al golpe de Estado en 2002 y la estrategia de confrontación y boicot hasta 2005 debilitaron a la oposición y facilitaron la continuidad de Chávez en el poder; mientras que en años recientes, la constitución de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ayuda a entender que la oposición haya podido aprovechar el desgaste del régimen y ganar las elecciones legislativas de 2015. No basta con el descrédito del gobierno: debe haber también una alternativa razonable.

Sin embargo, desde que Maduro decidió impedir la realización del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales y locales, y se convirtió en una dictadura abierta, las cosas han cambiado sustantivamente. Ya no tiene sentido aspirar a derrotar al régimen en el terreno electoral, porque éste sabe que no tiene ya respaldo popular, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente es un celada sin credibilidad. En este marco, la literatura que estudió las transiciones desde regímenes autoritarios en la década de los años ochenta adquiere vigencia. Esa literatura llamó la atención sobre la importancia de la negociación entre gobierno y oposición para moldear los desenlaces posibles. En un célebre trabajo, O’Donnell y Schmitter señalaron que la convergencia entre los “blandos” de los bandos opuestos son los que facilitan la transición. Cuando priman los “duros”, la pura confrontación violenta, el gobierno parece tener las de ganar; el régimen se cohesiona, y la oposición encuentra que puede tener la legitimidad, pero no la fuerza material suficiente. Por el contrario, con estrategias de negociación se revela que el régimen tiene disidencias y fisuras, que hay sectores más y otros menos comprometidos con la corrupción, que algunos estarían dispuestos a desertar si es que encontraran algún tipo de futuro con la transición. De otro lado, la oposición enfrenta el dilema de ser magnánima con grupos disidentes, facilitando la transición, pero con el precio de tolerar cierta impunidad para estos; o ser más principista, pero arriesgar alargar la continuidad del régimen. En todo caso, resulta fundamental que la oposición se mantenga unida, para que pueda presionar y negociar con firmeza.