Neoliberalismo y republicanismo

Artículo publicado en La República, domingo 29 de septiembre de 2013

Mi estimado colega Félix Jiménez, en su columna sabatina de hace dos semanas en el diario La Primera, critica tanto al reciente libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin república, como a la breve reseña que escribí del mismo en este espacio a inicios de este mes, por supuestamente compartir su diagnóstico, según el cual “Mientras que el neoliberalismo dio lugar a un inédito crecimiento económico, la precariedad del republicanismo pone en riesgo lo avanzado”. Creo que discutir sobre los temas que plantea Jiménez puede ser de interés para los lectores.

Primero, el balance sobre el neoliberalismo. Para Jiménez, sus supuestos “éxitos” no serían tales. Una mirada amplia vería que, por ejemplo, entre 1959 y 1967 (sin neoliberalismo, por supuesto) hubo tasas de crecimiento aún mayores a las de los últimos años; el crecimiento neoliberal siempre habría sido frágil, como lo demostraría la crisis del periodo 1998-2002. Finalmente, parte de sus supuestos “éxitos” serían consecuencia de iniciativas planteadas por “economistas críticos con el neoliberalismo” entre 2001 y 2003, con lo cual Jiménez reivindica su participación como funcionario dentro del gobierno de Alejandro Toledo.

Segundo, cómo construir una alternativa al neoliberalismo. Para Jiménez, el crecimiento 1959-67 sería más “sano” porque fue liderado por el sector manufacturero y estuvo acompañado de mejoras en los ingresos de los trabajadores, mientras que el reciente se basa en sectores extractivos con ingresos laborales estancados. ¿Qué hacer? Cuando Jiménez se refiere a las decisiones implementadas entre 2001 y 2003 habla de reformas que, entre otras cosas, “recuperaron el papel del tipo de cambio como instrumento de diversificación productiva”. Más adelante, lamenta que durante el gobierno de García “se dejó caer el tipo de cambio real, afectando a la producción manufacturera”. En la línea de lo propuesto en el documento “La Gran Transformación”, se apunta a promover un crecimiento más diversificado en general y la industrialización en particular.

Tercero, la relación entre neoliberalismo y republicanismo. Para Jiménez, no sería cierto que el neoliberalismo haya “ampliado la ciudadanía”; más bien, durante los veinte años de gobiernos neoliberales habríamos visto impostura y corrupción, envilecimiento de la política, alianza entre poder político y poder económico en contra de la voluntad ciudadana; el neoliberalismo “ha sido y es responsable de la pérdida de virtud cívica, de la pérdida de la conciencia civil de los electores que los ha llevado a aceptar prácticas clientelares y corruptas como forma de gobierno”. Desde este ángulo, pedir que el republicanismo acompañe al neoliberalismo es pedir “la cuadratura del círculo”. Para Jiménez, rescatar los valores republicanos implica necesariamente construir una alternativa al neoliberalismo.

Creo que Jiménez acierta en algunas cosas, confunde otras, pero plantea temas muy pertinentes. Seguiré la próxima semana.

Calistenia electoral

Artículo publicado en La República, domingo 22 de setiembre de 2013

En las últimas semanas, con los procesos judiciales en los que se pueden ven involucrados, y con los cuestionamientos políticos que reciben los expresidentes Toledo y García, se empieza a discutir sobre sobre cómo se configurará el escenario electoral del 2016. Se suele mencionar adicionalmente el hecho de que el expresidente Fujimori está en prisión, con lo que la conclusión pareciera ser que el paso por la presidencia resultaría un gran pasivo político. No solo esto: también el haber sido candidato en elecciones pasadas (construcción de una imagen de “perdedor”), por lo que las oportunidades de los candidatos “conocidos” serían menores que las de los “nuevos” (de allí la resistencia de Lourdes Flores a volver a ser candidata).

Sin embargo, se puede hacer también el argumento exactamente contrario. El hecho de que García haya sido un contrincante importante en 2001 y que ganara en 2006 lo sugería, así como las posibilidades de triunfo que tenía Toledo para la elección de 2011. Además, se ha señalado que, si miramos los últimos procesos electorales, quien quedó segundo en la elección anterior, ganó la siguiente: Toledo en 2000 y 2001, García en 2001 y 2006, Humala en 2006 y 2011. Extrapolando, la segunda vuelta en 2016 se daría entre Keiko Fujimori y algún candidato que de alguna manera se presente como alternativo al orden establecido. En este esquema, haber sido presidente o candidato es un capital valioso: eres conocido, tienes una red de contactos que puedes movilizar, proyectas una imagen de viabilidad que otros no pueden lograr.

La clave es hasta qué punto logras conservar tu capital político entre elección y elección, para intentar después ampliarlo en una campaña electoral. De alguna manera, los protagonistas de las tres últimas elecciones (Toledo, García, Lourdes Flores, luego Humala) lo lograron. En 2011, los candidatos más votados después de Humala fueron Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Ninguno de los dos aparece especialmente magullado, y han logrado evitar que los problemas de sus bancadas en el Congreso los efecten de manera directa; esto también podría decirse de Lourdes Flores. Obviamente generan mucha resistencia entre quienes no votaron ni votarían por ellos, pero para estos lo importante es no alejarse de sus votantes de 2011, y parecen estarlo logrando. Algo parecido podría decirse de García, quien no parece lejos de quienes terminaron aprobando su gestión en 2011. Quien sí se ve sumamente complicado es Toledo, porque su actuación reciente parece haber liquidado su posibilidad de encarnar lo que Steven Levitsky llama “coalición paniagüista”.

En suma, los acontecimientos de las últimas semanas, me parece, no modifican en lo sustancial las posibilidades de los candidatos esperables en 2016: K. Fujimori, Kuczynski, Flores; García todavía tiene que jugar el partido de las investigaciones en su contra. ¿Quién jugará el papel del candidato emergente?

Elecciones en Chile

Artículo publicado en La República, domingo 15 de setiembre de 2013

En noviembre de este año se celebrará la elección presidencial en Chile. Esta semana se conmemoraron los cuarenta años del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, y que instauró una dictadura de más de 16 años. El presidente Piñera señaló que “la actual generación no debe traspasar a sus hijos y nietos los mismos odios y querellas”, y que el mejor legado que puede dejarles es “un país reconciliado y en paz”. “Estoy seguro (de) que la inmensa mayoría de los chilenos siente (…) que llegó el tiempo, no de olvidar, sino de superar los traumas del pasado”.

Cuán complicado resulta esto se expresa elocuentemente en el hecho de que las dos candidatas presidenciales principales, la expresidenta Michelle Bachelet, de la Concertación de Partidos para la Democracia, y Evelyn Matthei, de la Coalición por el Cambio, tienen historias personales inseparables de este pasado traumático. Los padres de ambas eran amigos y oficiales de la Fuerza Aérea. Fernando Matthei apoyó el golpe de Pinochet y Alberto Bachelet no, por lo que fue acusado de traición, encarcelado y torturado, y falleció en prisión. Matthei era formalmente director de la Academia de Guerra de la Aviación, donde ocurrieron estos hechos. Según éste, su cargo era formal, porque sus instalaciones habíando sido tomadas por la Fiscalía de Aviación después del golpe, y convertidas en centro de detención y local para consejos de guerra, por lo que no es responsable por lo que ocurrió en su interior.

Años después, Matthei, quien llegó a ser Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea intercedió para terminar con el exilio de la familia Bachelet; y fue uno de los primeros oficiales en reconocer los resultados del Plebiscito de 1988, que iniciaron la transición a la democracia. Hoy Fernando Matthei enfrenta acusaciones de violación a los derechos humanos, y se cuenta a Alberto Bachelet entre sus víctimas, pero la familia de éste no responsabiliza a aquél por los sucesos...

El presidente Piñera también dijo que “para poder reconciliar a nuestro país vamos a tener que seguir avanzando por los caminos de la verdad, de la justicia, porque sin verdad y justicia toda reconciliación se construye no sobre roca sino sobre arena”. Como puede verse, en Chile, con matices, el discurso público de derecha y de izquierda parte de asumir la necesidad de verdad, justicia, y reparación como paso imprescindible para pensar en el futuro. Un futuro que ciertamente marcará la decisión electoral de noviembre: no se votará por quien estuvo a favor o en contra de Allende o de Pinochet, sino por quien encarne las aspiraciones de una sociedad percibida como estancada y con altos niveles de insatisfacción. Cabe mencionar que dos de los líderes de las protestas estudiantiles que conmocionaron a Chile hace unos años han decidido postular al Congreso como diputados: Camila Vallejo será candidata dentro de la alianza que encabeza Bachelet, y Giorgio Jackson, como independiente.

La música del Voyager 1

Varios de mi generación (y muchos otros, por supuesto), habrán leído con emoción la noticia de que el Voyager 1, sonda lanzada al espacio en 1977, es el primer objeto humano en aventurarse en el espacio interestelar, alejándose de la influencia de nuestro sol.

El Voyager 1 ha cumplido y cumplirá varias
misiones, pero como sabrán la más impresionante es la de enviar un mensaje de saludo a alguna inteligencia extraterrestre, contenido principalmente en un disco de cobre enchapado en oro. Si cumple su misión, en 40,000 años pasará cerca de un sistema planetario, alrededor de la estrella Gliese 445. No hay evidencia que haga suponer que este sistema solar pueda albergar vida, pero la idea es que tal vez "alguien" pueda recibir el mensaje en alguna parte del camino.

Un grupo de expertos, presididos por Carl Sagan, se encargaron de hacer la selección de los contenidos del disco, que busca "retratar la diversidad de la vida y de la cultura en la tierra". El disco contiene mensajes de saludo en 55 idiomas, diferentes sonidos, imágenes y una selección musical, que vale la pena escuchar. Nuestro país tiene 2 de las 26 piezas:

- Peru, panpipes and drum, collected by Casa de la Cultura, Lima. 0:52
- Peru, wedding song, recorded by John Cohen. 0:38

La música del disco puede escucharse aquí.

Si quieren descifrar las instrucciones del disco, ver aquí.

Por último, en la conferencia de prensa de esta semana en la NASA,

"Dr. John Grunsfeld stepped to the podium accompanied by the [Star Trek] Original Series theme music. He then proceeded to put a Voyager 1 spin on the iconic opening dialogue, saying: "Space: The final frontier. These are the voyages of the starship Voyager. Its 36-year mission… to explore strange new worlds, to seek out anomalous cosmic rays and new plasmas, to boldly go where no probe has gone before. Those words from Star Trek, of course, have inspired so many of us and I think are characteristic of the excitement and the discoveries we're going to talk about today. Voyager, like the ancient mariners, is pushing out into new territory… Someday humans will leave our cocoon in the solar system to explore beyond our home system. Voyager will have led the way".

Por supuesto, todos los trekkies recordamos esto:

Ciudadanos sin república

Artículo publicado en La República, domingo 1 de septiembre de 2013

Hace tres semanas dejé inconclusa una discusión sobre la reciente “reconsideración del ideal republicano como clave no solo para entender mejor (…) nuestros problemas históricos y actuales, también para pensar en sus soluciones”. En esta línea vale comentar la reciente aparición del libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin república. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana? (Lima, Planeta, 2013). Se trata de una recopilación de artículos publicados en los últimos cinco años, pero como señala el autor, animados por la pregunta de fondo de qué define la época actual.

Para Vergara, la respuesta está en la tensión entre las “promesas cumplidas” del neoliberalismo y la frustración por el fracaso de la “promesa republicana”. Mientras que el neoliberalismo dio lugar a un inédito crecimiento económico y una masiva reducción de la pobreza, la precariedad del republicanismo pone en riesgo lo avanzado. El republicanismo sería tan antiguo como el país, pero su tradición se habría perdido en el siglo XIX, entre el caudillismo y el autoritarismo, y luego en medio de la retórica de las clases sociales y de la revolución social, y luego del neoliberalismo. La promesa republicana, para Vergara, tiene tres grandes componentes: la igualdad de los ciudadanos; el imperio de la ley y de instituciones legítimas; y algún sentido de fraternidad y confianza entre los ciudadanos.

Si bien las promesas socialista y corporativista habrían perdido vigencia, la republicana, a pesar de sus límites, se mantendría, sostenida por la existencia, como nunca antes, tanto de una economía de mercado como de una extendida ciudadanía; ciudadanía cuya presencia justificaría caracterizar el Perú de hoy no como Alberto Flores Galindo, quien habló de una “república sin ciudadanos”; hoy mas bien tendríamos “ciudadanos sin república”. De lo que se trata es de “construir las instituciones que permitan dotar de vida política a esa construcción primaria y precaria de ciudadanos en el Perú contemporáneo” (p. 27). El desafío es construir instituciones, un “republicanismo popular”, que evite una frustración más en nuestra historia.

Intentos de rescate del republicanismo como los de Vergara y otros acaso sean la otra cara de nuestra profunda crisis de representación: ya que no creemos en los actores políticos y sus proyectos, apostamos por igualdad, instituciones y ciudadanos; al punto que “nos va a dar igual si la plataforma que lo encarne está, en términos económicos, un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda”. Para Vergara, existiría cierta base político-electoral que podría hacer viable este republicanismo, cercano a un cuarto del país, a pesar de que desde la izquierda las instituciones solo contarían para atacar al fujimorismo o defender a Susana Villarán, y de que para la derecha hablar de instituciones es “caviar” y de derechos humanos, “terruco”. El asunto es que “alguien debe convertir esa necesidad [republicana] en posibilidad”.

Quinientos años de El Príncipe

Artículo publicado en La República, domingo 8 de setiembre de 2013

Sabemos por una carta que Nicolás Maquiavelo (1469-1527) terminó de escribir su libro El Príncipe en 1513, hace quinientos años. Esta modesta columna se llama Virtù e Fortuna en homenaje a Maquiavelo, aludiendo a dos de sus conceptos fundamentales, desarrollados en este y otros de sus libros. En nuestro medio, Hugo Neira se ha ocupado también de este importante aniversario.

En esa carta dice que acaba de terminar de escribir un libro sobre los principados, en el que discute “qué es un principado, qué tipos hay, cómo son ganados, cómo son mantenidos, y cómo son perdidos”. De hecho, en los primeros capítulos del libro Maquiavelo dice que “todos los Estados… han sido o son repúblicas o principados”. Añade que no hablará allí de las repúblicas, porque de ellas ha escrito en otro lugar, refiriéndose a su libro Discursos sobre la primera década de Tito Livio, cuya escritura habría empezado también en 1513. Y de los principados, dice Maquiavelo que son hereditarios o nuevos, y que lo que le interesa estudiar son estos últimos. Los primeros se mantienen sobre la base de la tradición, los que son problemáticos son los nuevos: allí los hombres tienen expectativas de mejora con el cambio que luego los lleva a la desilusión y al final “tienes como enemigos a los que has ofendido al ocupar el principado, y no puedes mantener la amistad de los que te introdujeron en él”. ¿Cómo mantenerse entonces en el poder? El libro siempre ha generado controversia y escándalo, por tener respuestas a esta pregunta que parecen fundamentar la noción de que “el fin justifica los medios”.

Para entender El Príncipe hay que saber que en 1513 Maquiavelo, de 44 años, está exiliado y viviendo en la pobreza, dedicado a cazar zorzales y cortar leña. Maquiavelo había sido Secretario de la Cancillería de Florencia, cargo al que llegó a los 29 años, y que ejerció hasta 1512. Maquivelo fue funcionario de una república, y cayó en desgracia con ella. Acusado de conspirador, fue encarcelado, torturado y exiliado. Maquiavelo escribe El Príncipe, como un intento de acercarse, congraciarse nuevamente con el poder, dando consejos útiles para los nuevos gobernantes, para reinstaurar un Estado florentino o italiano. Maquiavelo fracasa, el libro no genera las reacciones que espera, y en 1514 en una carta dice que “continuaré entre mis piojos sin encontrar quién se acuerde de mis servicios o que crea que yo pueda servir para algo”. Maquiavelo murió en 1527, y El Príncipe recién fue publicado póstumamente, en 1531.

Quinientos años después de escrito, El Príncipe se mantiene como una de las obras cumbres del pensamiento político universal. En nuestro medio, nos llama la atención sobre la importancia de tener líderes con principios republicanos; pero que para llevarlos a la práctica, estos deben tener la astucia de los zorros y la fuerza de los leones. Lo que solemos tener es políticos astutos o fuertes sin principios, o principistas ingenuos y voluntaristas.

CVR + 10 (2)

Artículo publicado en el diario La República, domingo 25 de agosto de 2013

¿Cómo mantener vivo el “espíritu” de la Comisión de la Verdad y Reconciliación diez años después de entregado su Informe Final?

En primer lugar, hay una agenda obvia e inmediata que seguirá vigente por muchos años: la referida a las exhumaciones de los miles de sitios de entierro registrados, al enjuiciamiento y sanción de violadores de derechos humanos, a la implementación del Plan Integral de Reparaciones a las comunidades e individuos afectados por la violencia. Acá el desafío precisamente es que esta agenda no se haga eterna: qué tal si nos proponemos cerrar definitivamente todos los asuntos pendientes antes del Bicentenario de la República. Para esto se requiere de un amplio consenso político, institucional, social: ¿qué tal si el gobierno actual y el Acuerdo Nacional toman la iniciativa?

Segundo, en términos institucionales, acaso la institución más directamente vinculada a mantener vivo el legado de la CVR deberá ser el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Al respecto, me parece muy atinada la idea, propuesta recientemente por Sofía Macher y por Gonzalo Zegarra, desde orillas diferentes, de que este debe sin duda tomar como referencia central el trabajo de la CVR, pero que debe ir mucho más allá de esta, promoviendo actividades de investigación, reflexión y propuesta para que los hechos ocurridos no se repitan, y que profundizarán, complementarán y contradecirán a la CVR.

Tercero, podría decirse que en la agenda de recomendaciones del IF de la CVR tenemos muchas que ya están en proceso de implementación; muchas otras hoy se muestran como relevantes, pero que no aparecen en el informe (piénsese en la situación del VRAEM, en la militancia etnocacerista y otros); y luego, hay también una suerte de discurso utópico que parece postular que el mensaje de la CVR solo será “cumplido” cuando en el país no exista discriminación y racismo. Vistas las cosas con este maximalismo, es difícil lograr avances. Más sensato es plantearse metas de corto, mediano y largo plazo, que acaso empiecen con ordenanzas municipales en contra de la discriminación y muchas otras medidas concretas, como las que promueve con mucha eficiencia Wilfredo Ardito desde hace varios años.

Finalmente, mantener vivo el espíritu de la CVR implica lograr que su discurso general siga teniendo vigencia práctica. Podría decirse que aquella parte de su discurso que denuncia la situación de exclusión compite con el discurso estatal de inclusión social, que precisamente prioriza la focalización del gasto público en la población más pobre y vulnerable del país. Otra gran parte de su discurso, que hablaba de una escuela pública y de una izquierda con valores autoritarios y dogmáticos, que sirvió de caldo de cultivo y plataforma al Senderismo, en parte está siendo asumida por el Ministerio de Educación. En lo que ciertamente necesitamos avanzar mucho más es en la promoción de la tolerancia y el respeto mutuo dentro de nuestra comunidad política.

CVR + 10

Artículo publicado en el diario La República, domingo 18 de agosto de 2013

La semana que comienza diversos seminarios y actividades recuerdan los diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Tres años después del informe, la excomisionada Sofía Macher realizó una evaluación del cumplimiento de sus 85 recomendaciones (Recomendaciones y realidades: avances y desafíos en el post- CVR Perú. Lima, IDL, 2007), y el panorama se mostraba matizado, a pesar de cierta “impresión pesimista” que la autora cuestionaba. De hecho, Macher presidió el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia hasta hace poco, y resaltaba que el gobierno actual había destinado importantes recursos para políticas de reparaciones individuales y colectivas.

La CVR presentó propuestas en seis grandes áreas: “Reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de derecho y prevenir la violencia (53); Reparaciones integrales a las víctimas (22); Plan Nacional de Sitios de Entierro (1); Mecanismos de seguimiento (1); Memoria (2); y Judicialización de las violaciones a los derechos humanos (6). En cuanto a las reformas institucionales, ellas se subdividen en propuestas de reforma del Estado, de la Defensa y del Orden Interno, de la Administración de Justicia, y de la Educación. Podría decirse que de esas seis áreas, la primera buscaría evitar que los sucesos ocurridos se repitan, mientras que todas las demás giran en torno a temas de reparación y justicia. Si tuviéramos que hacer un ejercicio de evaluación equivalente al que hizo Macher en 2007, creo que podríamos llegar a también a una conclusión matizada: avances en reformas institucionales y en el Plan de Reparaciones, relativo estancamiento en cuanto a exhumaciones en los más de 4000 sitios de entierro registrados, y en cuanto a la judicialización de casos de violaciones a los derechos humanos.

Pero el asunto ahora no es mirar las 85 recomendaciones una por una y evaluar cuánto se han cumplido, sino evaluar su pertinencia en el momento actual. Ciertamente, aquellas referidas a asuntos como reparaciones, justicia y memoria se mantienen vigentes y lo seguirán estando por muchos años. El tema es preguntarnos cómo se ubica la narrativa general de la CVR en el debate político actual. Ella llama la atención sobre asuntos que van desde la necesidad de “respetar la Constitución y el pluralismo democrático”, pasan por desterrar de la escuela pública “visiones simplistas y distorsionadas de la historia y la realidad peruana” que llevan a una “proclividad a la violencia”; y que llegan hasta la necesidad de acabar con la discriminación étnica, racial y de la mujer, la pobreza y el abandono. Moviéndose en un registro tan amplio, el discurso de la CVR hoy pierde especificidad y relevancia frente a otros. Mantener vivo el “espíritu” de la CVR implica pensar en una nueva agenda, que no es más la del propio Informe, y también desarrollar y ampliar su narrativa, de manera que sea más incluyente y no patrimonio de un pequeño círculo de activistas.

ALACIP 2015, Lima, PUCP

Les agradecería difundir esta excelente noticia... ya es oficial, y ahora ¡nos espera mucho trabajo! Muchas gracias al Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) por declarar a la Pontificia Universidad Católica del Perú como sede de su Octavo Congreso. Esperamos con mucha ilusión y entusiasmo a todos los colegas en Lima, en la PUCP, en 2015. Será todo un honor, un gusto, un reto, recibirlos en un evento que queremos sea memorable para todos, y la confianza depositada en nosotros significa un gran apoyo y respaldo. ¡Y nos vemos en el VII Congreso, con los amigos de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, del 25 al 27 de setiembre!

ACTUALIZACIÓN, 17 de agosto: Cabe mencionar que la designación de la sede de ALACIP fue resultado de un concurso, cuyas bases pueden verse aquí. El concurso fue llamado en setiembre de 2012, la PUCP presentó su postulación oportunamente en diciembre. Hace unas semanas nuestra postulación fue sometida a votación ante el Comité Ejecutivo, compuesto por 25 miembros (uno de los cuales es este servidor), y fue aprobada por amplia mayoría. Nuevamente, agradecemos la confianza del CE de ALACIP, y ¡los esperamos a todos en Lima, en la PUCP, en 2015!

En pos de la república

Artículo publicado en La República, domingo 11 de agosto de 2013

El año pasado comenté el libro de Hugo Neira, ¿Qué es república? Acaba de aparecer el indispensable libro de Carmen McEvoy, En pos de la República. Ensayos de historia política e intelectual (Lima, Centro de Estudios Bicentenario, Municipalidad de Lima, Asociación Antonio Raimondi, 2013). Pronto aparecerá el libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin República, que espero comentar más adelante. Acaso pueda decirse que, desde vertientes diversas, empieza a darse una reconsideración del ideal republicano como clave no solo para entender mejor la naturaleza de nuestros problemas históricos y actuales, también para pensar en sus soluciones.

Pero corresponde empezar estableciendo en qué consiste ese ideal republicano, y sus similitudes y diferencias con las tradiciones liberal y democrática. Es que en la democracia como régimen político, en el ideario representativo, las tres tradiciones se encuentran fundidas, aunque correspondan a orígenes y tengan contornos diferentes. Para esto resulta muy útil un texto de Guillermo O’Donnell, “Accountability horizontal” (1998). Para O’Donnell, lo central en el credo liberal es la idea de que existen ciertos derechos que ningún poder puede transgredir; en el republicano, la noción de servicio público, basada en el respeto a la ley y en la consideración del bien común. Así, para el liberalismo, la vida se desarrolla más plenamente en el ámbito privado; para el republicanismo, en la esfera pública; el primero es defensivo, el segundo elitista, está a la búsqueda de una elite virtuosa. La tradición democrática, por el contrario, es esencialmente igualitaria y participativa. La democracia tiene su origen en Atenas; la república en Roma; el liberalismo en la sociedad feudal y más adelante en la Inglaterra de Locke y la Francia de Montesquieu.

El renovado interés por la tradición republicana sería consecuencia, como sugiere O’Donnell, del hecho de que los desafios políticos que enfrentan nuestros países provengan tanto de un criterio democratista mayoritario, de raigambre populista, que impone una dinámica confrontacional y autoritaria, así como de un neoliberalismo que en nombre del mercado ha debilitado las instituciones y empobrecido la esfera pública.

El libro de McEvoy cubre el periodo que va desde la fundación de la república hasta las primeras décadas del siglo XX, a través del seguimiento de personajes que simbolizan y encarnan la búsqueda de los ideales republicanos (Bernardo de Monteagudo, Juan Espinoza, José Arnaldo Márquez, Juan Bustamante, Pardo, Antonio Raimondi, Francisco García Calderón y Abraham Valdelomar). Aun en un contexto adverso, tienen algunos logros: el convencionalismo liberal de 1955, que llevó a la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, y la “república práctica” de Manuel Pardo (1872-1876). Para McEvoy, son referentes que deben ser rescatados y ladrillos necesarios para “formular un proyecto nacional de cara al siglo XXI”. Seguiré con el tema.

Sobre la “falta de rumbo”

Artículo publicado en La República, domingo 4 de agosto de 2013

Varios analistas políticos han llamado correctamente la atención sobre la “falta de rumbo”, la “falta de liderazgo” y sobre el “aislamiento” del gobierno. Falta también, me parece, intentar explicarlos, más allá de señalar las limitaciones del presidente, la no existencia de su partido, etc.

A mí me parece que estos problemas son consecuencia de que el presidente no está gobernando por ninguna de las rutas por las que se imaginó que discurriría su gobierno, y ha terminado en una en la que no se reconoce en absoluto. Asumir eso le está costando tiempo. Me explico. Ollanta Humala hizo campaña y ganó las elecciones con un esquema de gobierno de centro-izquierda, en el que la idea central era negociar nuevos términos de relación con el capital privado, impulsar el desarrollo de algunas “industrias estratégicas”, intentar una reorientación del modelo de crecimiento. En este esquema, eran claves Salomón Lerner, Kurt Burneo (Producción), Ricardo Giesecke (Ambiente), y Carlos Herrera (Energía). Por razones conocidas, ese camino fue descartado antes de llegar a los cinco meses, y se optó por otro de centro-derecha, en el que más bien la promoción de la inversión privada, nacional y extranjera era el motor de un crecimiento que generaría ingresos tributarios que permitirían la implementación de programas sociales que harían realidad la promesa de la inclusión; el desafío allí era contener la protesta social, con lo cual los ministros clave pasaron a ser Valdés, Castilla y Trivelli. Ese esquema duró poco también (siete meses), y se recompuso ligeramente con Juan Jiménez, quien mantuvo como piezas claves a Castilla y Trivelli, y optó por un camino de diálogo y concertación.

Estamos asistiendo al agotamiento de este modelo. La economía se enfría, los programas sociales focalizados no pueden construir legitimidad política por sí mismos, el gobierno acusa señales de cansancio, lo que lleva a conflictos innecesarios, a contradicciones cada vez mayores. ¿Qué hacer? No es que el gobierno no tenga opciones, ocurre que el presidente no sabe cómo tomarlas. Lo que ocurre es que, como consecuencia de la acción de bajo perfil de ministros y de tecnócratas en diferentes áreas del Estado, resulta que las iniciativas principales del gobierno son la ley del servicio civil, la reforma de la educación (carrera pública y reforma curricular), de la salud (actualmente en gestación) y otras en diferentes sectores. Es decir, el gobierno se perfila como el de la reforma estructural del Estado. El problema es que el presidente jamás se imaginó que las cosas serían así, y no termina de asumir que esa será la clave para sostener su tercer año de gobierno, con lo que no respalda suficientemente las reformas en curso ni las utiliza para construir un nuevo discurso, ni para articular nuevas alianzas políticas.

Paradójicamente, el presidente que temíamos debilitaría las instituciones del Estado ahora su cifra su sobrevivencia política en fortalecerlas.

Bolognesi en Arica

Artículo publicado en La República, domingo 28 de julio de 2013

Hoy 28 de julio resulta oportuno recordar la obra de teatro Bolognesi en Arica, de Alonso Alegría, que estuvo en escena en Lima hace unas semanas.

Es fácil caer en la actualidad en una actitud pesimista o cínica respecto al futuro del Perú, y optar por el puro individualismo y el desapego frente a cualquier apelación a la solidaridad o a la identidad colectiva. A vivir en el presente, desinteresados por una historia que no sentimos como nuestra, o que creemos conocer, y que pensamos como una simple suma de frustraciones, derrotas, traiciones.

En Bolognesi en Arica una estudiante escéptica se enfrenta a una clase de historia sobre los acontecimientos de junio de 1880. La profesora evita caer en una inútil lección de patriotismo, y simplemente relata los hechos. Ellos nos hablan, como espera la estudiante, de una guerra en la que caímos por la irresponsabilidad y el triunfalismo de nuestra elite política. Llegamos a junio de 1880 después de perder la campaña marítima, en la que nuestro barco más importante, el Independencia, encalló por la inexperiencia e indisciplina de su tripulación; de que el presidente Prado viajara irresponsablemente fuera del país para intentar comprar armamento, situación que produjo un golpe de Estado que llevó a Piérola al poder, cuyo liderazgo estuvo marcado por la ineficacia y las disputas internas; y después de perder el control de Tarapacá y Tacna y gran parte de nuestro ejército. Así, la resistencia de Arica se percibe como inútil, encabezada por un oficial viejo que sacrifica a sus tropas, compuestas además no tanto por soldados profesionales, sino por ciudadanos armados, reclutados improvisadamente.

En la obra sin embargo la estudiante va descubriendo poco a poco lo que sabemos, pero que ya casi habíamos olvidado: que Bolognesi, siendo un oficial retirado, se enroló y peleó en San Francisco y Tarapacá; que sus hijos siguieron su ejemplo, y dos de ellos murieron en la defensa de Lima. Que no quiso tomar solo la decisión de defender Arica, que ella resultó de la decisión unánime de una junta de jefes, en donde estuvieron Juan Guillermo More, el comandante del Independencia, que intentaba resarcir el error cometido en Iquique; el comandante argentino Roque Sáenz Peña, motivado por la solidaridad latinoamericana, quien luego sería presidente de su país; Ramón Zavala y Alfonso Ugarte, ricos industriales salitreros, entre otros. Este último, al estallar la guerra, canceló un viaje a Europa, aplazó su matrimonio, hizo su testamento, se enlistó y formó un batallón con sus propios recursos, y luchó en San Francisco y Tarapacá, donde fue herido. Pudiendo viajar a Arequipa para atenderse, decidió quedarse en Arica.

Los defensores de Arica rechazon una rendición honrosa ofrecida por el enemigo, y decidieron morir en combate para dejarnos a todos los peruanos una lección de dignidad, disciplina, sacrificio y amor a la patria, un referente moral para orientarnos cuando perdamos el camino. Haríamos bien hoy en recordarlos.

VER TAMBIÉN:

Sobre héroes y tumbas
Patricia del Río
El Comercio, 20 de junio de 2013

¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad

Acaba de ser presentado el informe del Grupo de Memoria Histórica de Colombia.

"Memoria Histórica (MH) es un grupo de investigación perteneciente a la entonces denominada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que tiene como objetivo elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identifique “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales” (Ley 975 de 2005), así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con un enfoque diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas. Además, el grupo formula propuestas de política pública que propicien el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

El informe aparece luego de seis años de trabajo, que cubren el periodo 1958-2012, y el resultado es muy impresionante. El informe completo se puede descargar aquí. La prensa en Colombia destaca como datos el cálculo de 220,000 muertes en el periodo, donde un 81.5% fueron víctimas civiles, no parte de ningún grupo armado. El 2002 aparece como el año con más muertes civiles, más de 14,000. Entre 2000 y 2004 apenas se produjeron unas 55,000 muertes civiles, aproximadamente (cálculo mío "a ojo de buen cubero"). Las guerrillas aparecen como los principales perpetradores en cuanto a acciones bélicas, ataque a bienes civiles, atentados y secuestros, y los grupos paramilitares aparecen como los principales perpetradores en cuanto a masacres y asesinatos selectivos.

Este informe podría considerarse como "primo hermano" del informe de nuestra Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que este año cumple diez años de entregado. El informe colombiano tuvo un consejo consultivo internacional, del que formaron parte Carlos Iván Degregori y Susana Villarán. El equipo de investigación fue dirigido por Gonzalo Sánchez, quien lideró un excelente grupo, del que formaron parte Iván Orozco, a quien tuve la suerte de conocer en el Helen Kellogg Institute, la colega María Emma Wills, de la Universidad de Los Andes, así como Alvaro Camacho, quien lamentablemente falleció en 2011. Todos muy amigos del Perú, amigos nuestros. De lectura obligatoria.

La elite política y los nombramientos

Artículo publicado en La República, domingo 21 de julio de 2013

Esta semana ha estado marcada por la elección, por parte del Congreso de la República, del Defensor del Pueblo (DP), de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de los directores del Banco Central de Reserva (BCR).

La elite política en general, y los congresistas en particular, viven en un mundo difícil. De un lado, se les acusa de ser títeres de grupos de interés particular, de ser manejados por el poder “mediático”, por “periodicazos” y por “opinólogos”, de no tener ideas propias ni principios. Del otro, saben de su escasa legitimidad, y de la necesidad de sintonizar con el ánimo de la “opinión pública”. Hace meses eran acusados de irresponsables por no ser capaces de ponerse de acuerdo para hacer esos nombramientos, y pensaron que, pese a algunos cuestionamientos puntuales, el acuerdo pasaría, dejarían de ser criticados por no cumplir con sus obligaciones, y además lograrían una gran influencia sobre las nuevas autoridades.

Llama la atención el gigantesco error de cálculo. La reacción en contra fue unánime, desde el diario La Razón hasta La Primera, desde la CGTP hasta la CONFIEP, desde Sergio Tapia hasta Rocío Silva, desde colectivos de jóvenes “indignados” hasta Alan García. Claro, todos por motivos diferentes: unos desde lógicas antipolíticas, otros desde lógicas republicanas; unos porque temen que Humala controle el TC e imponga un modelo chavista, otros porque con los nombramientos del BCR continuarán las políticas neoliberales; unos porque quieren que todo cambie, otros porque quieren que todo siga igual. Acaso por ello en el Congreso se pensó que el acuerdo se aceptaría, en tanto todos sentirían que ganaban algo; sin embargo, todos sintieron que perdieron mucho.

En este marco, llama la atención cómo Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Lourdes Flores y Alejandro Toledo reaccionaron desconociendo un acuerdo sancionado por ellos, tratando de salvar algo de imagen ante la opinión pública. A pesar del oportunismo, hicieron bien. Algunos analistas han señalado que los nombramientos en el BCR no han sido mayormente cuestionados; que de los seis nombramientos ante el TC, solamente uno ha concentrado las críticas; y que el nombramiento de Freitas en la DP puede revertirse, por lo que la reacción parece desmesurada. Al respecto debiera recordarse que las recientes protestas masivas en Brasil no son consecuencia de un aumento de veinte centavos en las tarifas de transporte. Lo sucedido en el Congreso ha sido el detonante que ha canalizado un confuso pero creciente sentimiento de hartazgo, expresado en el rechazo a diversas decisiones recientes tomadas por el Congreso, expresado también en la caída en la aprobación a la gestión del Presidente, consecuencia también de los escándalos en los que han estado involucrados Alan García y Alejandro Toledo en las últimas semanas. Es decir, se trata de un cuestionamiento a la elite política en su conjunto, muy grave y de consecuencias imprevisibles.

Corrupción en el Perú y el mundo

Artículo publicado en La República, domingo 14 de julio de 2013

Sabemos que la corrupción es un problema muy serio en nuestro país; también que en muchos otros se sufre del mismo problema. ¿Cómo nos ubicamos en el contexto general? Acaba de salir publicado el Global Corruption Barometer 2013, de Transparencia Internacional, con información muy útil de 107 países de todo el mundo, resultado de la aplicación de encuestas de opinión, realizadas entre setiembre de 2012 y marzo de este año.

Cuando se les pregunta a las personas cuán serio es el problema de la corrupción en el sector público de su país, en una escala del 1 al 5, Liberia y Mongolia aparecen en primer lugar con 4.8; el asunto se percibe como menos serio en Ruanda, Dinamarca, Sudán, Suiza y Finlandia, con puntajes entre 2.9 y 2; Perú aparece en el puesto 39 con 4.5, por encima del promedio global, que es 4.1. Dentro de la región, México y Paraguay se perciben con los países donde el problema de la corrupción es más serio (puesto 4 y 6 de los 107 países), seguidos por Brasil, Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, El Salvador y Uruguay, en ese orden. Este último país es el único de la región que aparece por debajo del promedio global, con un puntaje de 3.8. Siguiendo con la región, los partidos políticos son percibidos como la institución más corrupta, al igual que en la mayoría de países del mundo. Destacan además Colombia y Paraguay, en donde el Congreso es percibido como la institución más corrupta; Perú, donde el Poder Judicial se gana ese baldón; y México, El Salvador, Jamaica, Venezuela y Bolivia, en donde es la policía.

Cuando se pregunta por pago por coimas en los últimos doce meses, Sierra Leona aparece en primer lugar, con un 84%; Perú en el puesto 51, con 20%, esta vez por debajo del promedio global, de 27%. Cuando se pregunta si es que el país es regido por por pocas grandes entidades que actúan a su favor y no a favor del interés general, Perú aparece mejor, en el puesto 84, con un 42% que percibe que eso es así en gran medida (29%) o completamente (13%). Ordenados los países de la región según el grado de “captura” por grandes intereses, el orden es el siguiente: Paraguay (en un nivel cercano al de Italia), Argentina (cercano a España), Chile (cercano a Estados Unidos), México (cercano a Egipto y Filipinas), Bolivia, Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil, Perú y Uruguay. Este dato sugiere que en Perú se vincula la corrupción reciente más a problemas de prestación de los servicios cotidianos que a la “captura” por grandes intereses, sin dejar de ser esto un tema relevante.

¿Qué hacer? Cuando se pregunta si las personas comunes pueden hacer que las cosas cambien en la lucha contra la corrupción, los peruanos aparecemos como voluntaristas: un 82% está de acuerdo con esa afirmación, y ocupamos el puesto 20 a nivel global. Sin embargo, cuando se pregunta si se estaría dispuesto a participar en varias acciones concretas, caemos al puesto 55, aunque seguimos por encima del promedio global.

Protestas, realidad e ideales

Artículo publicado en La República, domingo 7 de julio de 2013

En los últimos días hemos visto protestas y controversias en torno a la aprobación de la Ley del Servicio Civil y de la nueva ley universitaria. Ellas ilustran, cada una a su manera, la distancia que suele haber en nuestro país entre la realidad y los ideales, distancia que puede hacer hacer naufragar las mejores intenciones.

¿Por qué la oposición de muchos sectores ante la nueva ley universitaria? ¿No busca la ley mejorar la calidad de la instrucción superior? ¿No establece mecanismos de supervisión y control que desnudarán la “estafa” que son algunas universidades? Desde este punto de vista, los estudiantes que protestan en todo el país solo podrían ser víctimas de la desinformación. Propongo otra manera de ver el asunto: todos sabemos que la educación básica y superior adolece de serios problemas de calidad, pero lo que suele pasarse por alto es que existe cierta correlación entre los años de escolaridad y educación y los ingresos. Es decir, muchas familias apuestan por los estudios superiores no porque aspiren a tener una formación que cumpla con estándares internacionales, sino simplemente a tener mejores oportunidades de ingreso. Mal que bien, se percibiría que estudiar en una universidad, aunque de calidad dudosa, es mejor que no hacerlo en ninguna. Desde este punto de vista, se entiende que muchos rechacen la posibilidad de que sus universidades se vean en riesgo. A lo que se aspira es a recibir apoyo para que esas instituciones mejoren, aunque el logro de la acreditación se vea muy lejano o imposible.

Si seguimos esa línea de razonamiento, entenderemos mejor el por qué de las protestas de trabajadores del sector público contra la Ley de Servicio Civil, o las resistencias de los maestros a la Ley de Carrera Pública Magisterial. En principio, nadie debería temer ser evaluado y capacitado, y todos deberían ver con interés un sistema de ascenso y mejores de remuneración consecuencia del mérito y del esfuerzo; pero quien es producto de una mala educación básica y superior, y quien ha aprendido que el mecanismo de permanencia y ascenso es más bien el “no hacer olas” o la fidelidad al superior, puede sentir que carece de las competencias básicas para aprender, y teme una reubicación poco conveniente o un despido. Se trata de la defensa de un cerrado interés corporativo, sí, pero también un resultado del desastre de nuestra educación y de las reglas informales que realmente rigen la administración pública en las últimas décadas.

Siendo las cosas así, planear e implementar una reforma debe asumir la existencia de las reglas “informales”, pero reales en la práctica, que rigen el funcionamiento de nuestro Estado, y de las expectativas de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y las instituciones en general. En el Perú tenemos una larga historia que recordar de lo difícil que es introducir criterios modernos y liberales en contextos regidos por otro tipo de órdenes tradicionalistas.

Congreso y nombramientos

Artículo publicado en La República, domingo 30 de junio de 2013

Nuevamente, estamos ante la inminente posibilidad de que se frustre la elección, por parte del Congreso de la República, del Defensor del Pueblo (DP), de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de los directores del Banco Central de Reserva (BCR).

Dada la importancia de estos cargos, la Constitución estableció la necesidad de tener una mayoría calificada, de dos tercios del número legal de congresistas, para la elección del Defensor y los miembros del TC, y mayoría absoluta en el caso de los directores del BCR. Este mecanismo tiene la intención de evitar que una mayoría congresal pasajera imponga sus intereses sobre el resto, y pueda llegar a un control desaconsejable de las instituciones.

Dada la fragmentación política de nuestros congresos, el requisito de mayorías calificadas lleva necesariamente a un proceso de negociación, cosa que está muy bien: en ocasiones, la dificultad para que un grupo político particular pueda imponer sus preferencias conduce a la búsqueda de alguna personalidad independiente, o partidarizada pero con calidades profesionales inobjetables y que, al mismo tiempo, no despierte enconos en ningún grupo. Con esa lógica fueron elegidos Jorge Santisteban y Beatriz Merino para dirigir la DP, y los miembros del TC por el Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ese Congreso, como recordarán, tenía una mayoría precaria formada por las bancadas de Perú Posible, el FIM y otros grupos menores, con una bancada de oposición del APRA y una bancada ambivalente de Unidad Nacional.

Durante el segundo gobierno de Alan Gacía, el manejo del Congreso se complicó: UPP, fuerza de oposición, tenía la primera minoría, y el APRA necesitaba de los votos del fujimorismo y de Unidad Nacional para tener mayoría. Una mayoría práctica de centro derecha hizo que la elección de los miembros del BCR no fuera problemática, pero el requisito de los dos tercios también complicó la elección de los miembros del TC. En este Congreso no primó la lógica de buscar figuras de consenso, sino el cuoteo partidario: cada grupo impuso sus favoritos, en tanto no generaran el veto de los otros. Esto tuvo como consecuencia una politización y una pérdida de calidad, dicen los expertos, en las decisiones del TC. El Congreso actual es aún más complicado que los anteriores: Gana Perú necesita de los votos de Perú Posible, pero no han formado una alianza; la oposición fujimorista es fuerte, y las otras bancadas buscan mantener perfiles propios. Incluso la lógica del cuoteo se ha complicado, y no aplica para la elección del DP, porque es un cargo único.

Acaso la única manera de destrabar este asunto sea recordar que los congresistas llegaron a sus cargos apoyando una candidatura presidencial: si los congresistas no se ponen de acuerdo, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynsky, Alejandro Toledo y Luis Castañeda, deberían asumir el liderazgo de sus bancadas y contribuir a solucionar el entrampamiento.

Clases medias y política

Artículo publicado en La República, domingo 23 de junio de 2013

Un informe reciente del Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina (Washington D.C., 2013) llama la atención sobre el “extraordinario proceso de transformación social” expresado en el crecimiento en un 50% de la población de clase media entre 2003 y 2009, que constituiría un 30% de la población; así, América Latina sería “una región de ingresos medios en vías de convertirse en una región de clase media”.

Al margen de las discusiones metodológicas sobre este tipo de diagnóstico, y de las evidentes vulnerabilidades de este proceso, este y otros informes similares tienen el mérito de llamar la atención sobre un asunto crecientemente importante, que plantea nuevos desafíos a las políticas públicas. Según el Banco Mundial, incorporar con más fuerza el principio de igualdad de oportunidades como objetivo; embarcarse en una segunda generación de reformas del sistema de protección social, abarcando la ayuda y la seguridad social; y romper el círculo vicioso de impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos (educación, salud, transporte público, seguridad ciudadana, entre otros), que llevan a las clases medias y altas a optar por soluciones privadas.

Otro aspecto fundamental se ubica en la esfera política. Si bien no son nuevas las movilizaciones de sectores medios en América Latina, históricamente ellas asumieron formas conservadoras en contra de gobiernos populistas y de izquierda. Piénsese en las protestas contra el gobierno de Allende en Chile, hasta las protestas cruceñas contra el gobierno de Evo Morales, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos tiempos, aparecen importantes movilizaciones de sectores medios que cuestionan el orden político existente, afectando tanto a gobiernos de derecha como de izquierda: en México estudiantes de universidades privadas reclaman igualdad y transparencia electoral, en Chile también estudiantes universitarios exigen una reforma de la educación pública y superior, y en los últimos días en Brasil lo que inicio como un rechazo a un aumento de las tarifas de transporte se convirtió en un cuestionamiento a la clase política, a la corrupción en las altas esferas, al dispendio gubernamental excesivo.

Hemos estado acostumbrados a pensar América Latina en términos de movilizaciones de sectores populares contra élites cerradas y oligárquicas, en un marco de sociedades mayoritariamente pobres y desiguales. Cada vez más aparecen como relevantes movilizaciones de sectores medios, producto de dinámicas de crecimiento y aumento de expectativas de sectores antes desmovilizados, que exigen calidad de servicios, transparencia y honestidad en la función pública, manejos democráticos y no autoritarios en las maneras de gobernar. El gran problema es que estas movilizaciones asumen la forma de un terremoto: sorpresivo, intenso y breve, y luego su irrupción puede terminar reforzando líneas conservadoras, como ocurrió con los “indignados” en España.

VER TAMBIÉN:

June 2013 Document of the World Bank
SHIFTING GEARS TO ACCELERATE SHARED PROSPERITY in Latin America and the Caribbean

Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día

Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León

LA CLASE MEDIA EN PERÚ: CUANTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN RECIENTE
FIDEL JARAMILLO y OMAR ZAMBRANO

¿Una nueva clase media en Brasil? El lulismo como fenómeno político-social
Jean Tible
Nueva Sociedad No 243, enero-febrero de 2013

Economía y política de las clases medias en América Latina
Ludolfo Paramio
Nueva Sociedad No 229,
septiembre-octubre de 2010

¿Militarista y autoritario?

Artículo publicado en La República, domingo 16 de junio de 2013

Un tema recurrente en el análisis de la política peruana actual es descifrar la “naturaleza” del gobierno de Ollanta Humala. En las últimas semanas, surge la hipótesis de que, finalmente, su esencia se entendería por su carácter “militarista” y autoritario. Más allá de consideraciones ideológicas, lo que guiaría la actuación gubernamental es la pura acumulación de poder, en función de un proyecto de reelección. Desde este ángulo, estaría en marcha un plan de “copamiento” de los altos mandos militares y un reforzamiento de las actividades de inteligencia con el propósito de implementar acciones de hostigamiento y amedrentamiento a la acción de sectores de oposición. Desarticulada esta, el camino parecería allanarse para la candidatura de Nadine Heredia.

¿Militarista y autoritario? ¿Cómo entender entonces que el Presidente del Consejo de Ministros, y los ministros de Interior y Defensa no encajen en absoluto con ese perfil, y que más bien tengan trayectorias claramente democráticas? La respuesta sería que son muy ingenuos, débiles u oportunistas, y que terminan legitimando o siendo “tontos útiles” de orientaciones que van en contra de sus principios.

El diagnóstico es importante no solo porque nos permite entender mejor lo que está pasando, sino porque de este se derivan conclusiones referidas a cómo debieran responder los actores políticos y sociales. Si la hipótesis anterior es correcta, lo que correspondería es denunciar con energía ese plan, pasar a una oposición decidida e intransigente, desnudar su esencia autoritaria, debilitar y golpear al gobierno.

Pero la explicación podría ser simplemente, otra. El gobierno se entiende mejor como uno más bien sin proyecto, en el que se desarrollan iniciativas paralelas, que avanzan con una lógica de ensayo y error, que coexisten y que eventualmente se enfrentan, en donde en ocasiones unas ganan y otras pierden, pero nunca de manera definitiva. En este contexto, dentro de Interior y Defensa hay una multitud de facciones en pugna, con objetivos diversos, unas más institucionalistas, otras más militaristas. Si las cosas son así, los ministros Jiménez, Pedraza y Cateriano son aliados potenciales a los que habría que fortalecer, no debilitar, para efectivamente aislar sectores militaristas dentro del gobierno, que seguramente existen.

Creo que los dilemas prácticos que plantean los problemas de diagnóstico de este gobierno son recurrentes, y se dan en todo orden de cosas: en política exterior, ¿chavista o autónomo? En política económica: ¿neoliberal o gran transformación agazapada? ¿Pro minero a rajatabla o buscanado un mayor equilibro en la relación con las comunidades? En materia social y de derechos: ¿progresista o clientelista? En general, me parece que desde la derecha se tiene más claro por dónde golpear y por dónde negociar para conseguir lo que quiere que desde la izquierda, que suele golpear casi por igual a aliados potenciales y a adversarios declarados.

La política en el Perú (2)

Artículo publicado en La República, domingo 9 de junio de 2013

La semana pasada comentaba cómo en nuestro país la paradójica coexistencia entre crecimiento económico, falta de legitimidad de las instituciones y conflictividad social se podía entender dando cuenta de que tenemos una política poco ideológica tanto en los partidos como en los electores, en donde en los primeros pesan individuos en busca de carreras políticas, que se mueven con criterios clientelísticos, y en los segundos demandas muy concretas que les permitan una mejor “integración” a la sociedad nacional. Los partidos no son en general instituciones con programa, ideología, cuadros, técnicos, maquinaria, sino cascarones articulados en torno a algunos liderazgos personalistas. En este marco, la toma de decisiones de política pública queda crecientente en manos de redes de expertos, tecnócratas con vínculos internacionales, cuyo margen de acción llega hasta donde llega la necesidad de legitimidad política de los líderes políticos.

Varios acontecimientos de estos días pueden entenderse partiendo desde estas coordenadas. Era previsible que los intentos de reforma política impulsadas desde la sociedad civil fracasaran: los partidos realmente existentes funcionan como articuladores de políticos personalistas, para quienes el fortalecimiento de las autoridades centrales resulta perjudicial, y estas no tienen la capacidad de “disciplinar” a aquéllos. De otro lado, hemos visto cómo en este gobierno un equipo técnico logró hacer avanzar “por los palos” la propuesta de una ley de servicio civil, que podría ser la columna vertebral de una trascendental reforma del Estado: sin embargo, ella corre el peligro de empantanarse porque ni el propio gobierno ni el partido de gobierno parecen especialmente comprometidos con ella. Por el contrario, la oposición de núcleos sindicales y la movilización en contra de sectores potencialmente afectados por la reforma pueden hacer desistir a políticos siempre vulnerables a la pérdida de legitimidad de corto plazo.

En este marco, la dinámica política del país y el funcionamiento del Estado están signados por presiones cruzadas, en las que tanto grupos de poder logran imponer sus intereses básicos, como grupos de presión diversos imponer agendas específicas que recogen las “mejores prácticas internacionales” de la sociedad global. Es así como el Estado peruano puede promover la inversión privada en actividades extractivas, pero al mismo tiempo firmar el convenio 169 de la OIT; decir simultáneamente que “Conga va” y aprobar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas.

Eventualmente, de cuando en cuando, las mareas se cruzan y los gobiernos tienen que optar y definirse. Ese es el vía crucis actual del gobierno de Humala, de cara al 28 de julio. Contra lo que consideran muchos, el indulto a Fujimori ha sido en realidad una respuesta fácil, ampararse en procedimientos reglamentarios, y el tema no está cerrado: volverá cuando, en efecto, la salud del expresidente esté comprometida.