sábado, 1 de enero de 2022

La agenda de un gobierno de izquierda



La semana pasada decía que el Consejo de Ministros presidido por Mirtha Vásquez podría entenderse, momentáneamente, como una muestra de la capacidad de resistencia de nuestras instituciones, para inclinar la balanza hacia un camino de mayor gobernabilidad. El presidente Castillo ha malgastado sus cruciales primeros meses de gobierno en tener gestos ambiguos, quedar atrapado entre presiones cruzadas de sus propios aliados, realizar y defender nombramientos desacertados, sumirse en el silencio y la indefinición, antes que en proponer políticas en favor de los sectores sociales más desfavorecidos, supuesta misión fundamental de su gobierno. La primera semana de octubre, por fin, lanzó un conjunto de propuestas bajo el rótulo de “segunda reforma agraria”, pero igual quedaron muchas definiciones pendientes, y no ha habido otras.

Considero que un camino posible para el nuevo Consejo de Ministros es concentrarse en las políticas públicas centradas en la atención a la población en situación de pobreza y extrema pobreza, y construir consensos amplios alrededor de éstas. Así se podría satisfacer las expectativas electorales que despertó, generar consensos entre los grupos parlamentarios, relacionar al gobierno nacional con los regionales y locales, movilizar a la sociedad civil, y atender un asunto crítico para el desarrollo del país. Para esto tendría que reordenar la lógica del gobierno en función de estos objetivos.

Buena parte de nuestra izquierda, en los últimos años, ha manejado un discurso contrario al “modelo neoliberal”, planteado que los “grupos de poder” manejan las grandes decisiones de política, lo que explicaría que el crecimiento del país no haya solucionado los problemas de la mayoría. De allí se deduciría la necesidad de cambiar la Constitución de 1993, supuesta concreción del modelo, y de presionar al empresariado a través de anuncios de renegociación de contratos o renovadas presiones tributarias. El problema es que se trata de un mal diagnóstico. En realidad, el freno para atender los problemas de educación, salud, desarrollo de las zonas rurales, no está tanto en la resistencia de los grupos de poder, sino en la falta de decisión y en la incapacidad de los gobiernos para reorientar la lógica del Estado en favor de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados. No es que no exista en el Perú un problema redistributivo, ni que no existan contradicciones y conflictos entre grupos sociales: pero claramente allí no están los problemas principales que impiden avanzar en la solución de los problemas. Con los recursos disponibles es mucho lo que se puede hacer, pero para esto se necesita de un Estado capaz de implementar políticas complejas, que requieren “sintonía fina”, persuasión, coordinación, persistencia, coherencia, y un liderazgo político con claridad de objetivos.

Ciertamente se requiere de más recursos y aumentar la presión tributaria, pero ellos no se obtendrán confrontando a las grandes empresas; en términos tributarios, los problemas centrales están en la necesidad de reestructurar el gasto público y en reducir los altos niveles de evasión, que implican un problema más complejo. Y no es que de la noche a la mañana contaremos un abundancia de recursos y de rentas para redistribuir. Y si pensamos en el desarrollo rural, lo que se necesita son múltiples intervenciones articuladas, que pongan como centro el desarrollo de los territorios en pobreza extrema, en las que converjan el gobierno central y los gobiernos regionales y locales, con iniciativas que movilicen al MIDIS, al MINAGRI, a sectores como educación, salud, transportes y comunicaciones, para implementar iniciativas convergentes y complementarias. El esfuerzo de coordinación para esto es enorme, pero se tiene que empezar.

Se esperaría de un gobierno de izquierda, encabezado por un profesor de escuela rural, implementar políticas concretas en favor de la población más necesitada; hasta el momento, más allá de algunos gestos, no ha habido muchas iniciativas concretas. El conocimiento, los diagnósticos, las propuestas, existen. ¿Será capaz el presidente Castillo de entender que ese camino está disponible y actuar en consecuencia?

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