La semana pasada comentaba cómo en nuestro país la paradójica coexistencia entre crecimiento económico, falta de legitimidad de las instituciones y conflictividad social se podía entender dando cuenta de que tenemos una política poco ideológica tanto en los partidos como en los electores, en donde en los primeros pesan individuos en busca de carreras políticas, que se mueven con criterios clientelísticos, y en los segundos demandas muy concretas que les permitan una mejor “integración” a la sociedad nacional. Los partidos no son en general instituciones con programa, ideología, cuadros, técnicos, maquinaria, sino cascarones articulados en torno a algunos liderazgos personalistas. En este marco, la toma de decisiones de política pública queda crecientente en manos de redes de expertos, tecnócratas con vínculos internacionales, cuyo margen de acción llega hasta donde llega la necesidad de legitimidad política de los líderes políticos.
Varios acontecimientos de estos días pueden entenderse partiendo desde estas coordenadas. Era previsible que los intentos de reforma política impulsadas desde la sociedad civil fracasaran: los partidos realmente existentes funcionan como articuladores de políticos personalistas, para quienes el fortalecimiento de las autoridades centrales resulta perjudicial, y estas no tienen la capacidad de “disciplinar” a aquéllos. De otro lado, hemos visto cómo en este gobierno un equipo técnico logró hacer avanzar “por los palos” la propuesta de una ley de servicio civil, que podría ser la columna vertebral de una trascendental reforma del Estado: sin embargo, ella corre el peligro de empantanarse porque ni el propio gobierno ni el partido de gobierno parecen especialmente comprometidos con ella. Por el contrario, la oposición de núcleos sindicales y la movilización en contra de sectores potencialmente afectados por la reforma pueden hacer desistir a políticos siempre vulnerables a la pérdida de legitimidad de corto plazo.
En este marco, la dinámica política del país y el funcionamiento del Estado están signados por presiones cruzadas, en las que tanto grupos de poder logran imponer sus intereses básicos, como grupos de presión diversos imponer agendas específicas que recogen las “mejores prácticas internacionales” de la sociedad global. Es así como el Estado peruano puede promover la inversión privada en actividades extractivas, pero al mismo tiempo firmar el convenio 169 de la OIT; decir simultáneamente que “Conga va” y aprobar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas.
Eventualmente, de cuando en cuando, las mareas se cruzan y los gobiernos tienen que optar y definirse. Ese es el vía crucis actual del gobierno de Humala, de cara al 28 de julio. Contra lo que consideran muchos, el indulto a Fujimori ha sido en realidad una respuesta fácil, ampararse en procedimientos reglamentarios, y el tema no está cerrado: volverá cuando, en efecto, la salud del expresidente esté comprometida.
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