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Comunicado de APRODEH
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:
El 22 de abril de 2008, APRODEH dirigió una carta a los integrantes del Parlamento Europeo, por invitación de bancadas de esta instancia. En dicha misiva expresamos “La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y el movimiento peruano de derechos humanos, ha tenido desde los inicios del período de la violencia política, una clara posición de rechazo y condena a los actos de terror de los grupos como SL y el MRTA que operaron en esos años”. Asimismo, emitimos nuestra opinión, en atención a una propuesta de enmienda al párrafo 14 de la Resolución Común sobre la V Cumbre UE-ALC de Lima. Al respecto, señalamos que “Desde hace más de 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo. (…) Estimamos que no se debe sobre dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo”.
Reconocemos el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y nos adherimos a sus conclusiones y recomendaciones. En tal sentido, condenamos rotundamente la violencia de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), responsables de la muertes de miles de compatriotas peruanos y peruanas; a la vez que rechazamos el uso de la violencia en cualquiera de sus formas y las consecuencias nefastas que ella desencadena.
Creemos que el actual escenario ofrece señales que evidencian autoritarismo e intolerancia. Por tal motivo, la carta enviada expresa nuestra preocupación respecto de este escenario en el cual la calificación del MRTA como un grupo terrorista activo podría servir de pretexto para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo, ello considerando la campaña impulsada desde el gobierno por criminalizar la protesta social.
En este contexto, exigimos frenar la persecución judicial y las acusaciones sin fundamento a los dirigentes y autoridades comunales, a activistas de derechos humanos, entre otros actores que defienden su justo derecho al agua, a la tierra, a un medio ambiente sano, a la libertad de opinión, de organización y de asociación. Así tenemos los casos de los dirigentes comunales y de las rondas campesinas acusados de terrorismo por oponerse a la presencia de la minería. También tenemos el caso de los detenidos injustamente en Tumbes, como la señora Carmen Azparrent, acusada de terrorismo cuando se trata más bien de una víctima de Sendero Luminoso pues su propio padre, Fermín Azparrent, fue asesinado en Ayacucho en 1989 por dicha agrupación. En ninguno de estos casos las autoridades han podido presentar prueba alguna que señale que las personas detenidas tenían algún propósito delincuencial y mucho menos terrorista.
La labor de APRODEH es autónoma y transparente. Por ello, no nos mostramos reacios a someternos a cualquier investigación que se pretenda realizar, relacionada a nuestro accionar institucional.
Desde 1983, APRODEH desarrolla una labor de promoción y defensa de los derechos humanos entendidos como valores éticos y principios jurídicos universalmente exigibles, integrales e inalienables, que están por encima de cualquier razón de Estado y son la piedra angular de la convivencia social. A lo largo de estos veinticinco años, APRODEH ha defendido el derecho a la vida, la paz, la verdad y la justicia. Con esa misma firmeza ha asumido la lucha contra la impunidad y la defensa de centenares de personas y comunidades cuyos derechos fueron vulnerados durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y 2000. La lucha a favor de estos principios constituye nuestro emblema. Por ello, condenamos firmemente todo acto terrorista, todo crimen de lesa humanidad y toda forma de abuso e impunidad que pretendan tener cabida en el marco de un sistema democrático y de derechos.
Finalmente, desde APRODEH invocamos a las autoridades del gobierno, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general a mantener una actitud vigilante respecto del respeto a los derechos humanos y frente a cualquier amenaza o restricción a los mismos, tales como las detenciones arbitrarias. Aún cuando esta defensa resulte incómoda para ciertos sectores, APRODEH no claudicará en esta apuesta ni en su compromiso, tampoco nos amedrentaremos frente a estos hechos que intentan acallar o desprestigiar una labor reconocida nacional e internacionalmente.
Los peruanos y peruanas apostamos por un país en democracia, justicia y respeto a los derechos de todas las personas. Es esa la misión que identifica a APRODEH y son esos los principios que deben unirnos por encima de cualquier diferencia.
Lima, 25 de abril de 2008
Pronunciamiento
El Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN expresa su rechazo a los intentos de querer involucrar con el terrorismo a la Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH.
La pretensión de investigar a APRODEH por la opinión emitida ante la solicitud de parlamentarios europeos y la demanda perentoria de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI, dejan entrever una amenaza a la libertad de expresión y asociación.
El Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN rechazó y rechaza las acciones terroristas vengan de donde vengan y suscribe el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como afirma APRODEH en su carta dirigida a los parlamentarios europeos, “…el movimiento peruano de derechos humanos ha tenido desde los inicios del periodo de la violencia política una clara posición de rechazo y condena a los actos de terror de grupos como SL y el MRTA…”.
La criminalización de la protesta social fortalece prácticas autoritarias y es aprovechada en el actual contexto por los defensores de los delitos cometidos por Alberto Fujimori, quienes buscan canalizar este debate a favor de la impunidad, en momentos en que las pruebas cada vez más apuntan a establecer su responsabilidad en la violación de derechos humanos, tal como lo evidencia la sentencia del Poder Judicial en el caso de los crímenes de La Cantuta.
La democracia se construye en base a sólidos y eficaces mecanismos de justicia y con el debate libre y equitativo de ideas. Por ello, estaremos vigilantes para que el actual gobierno cumpla las garantías y principios que permitan a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Estaremos vigilantes para denunciar cualquier acto de terrorismo contra el Estado de derecho. Estaremos vigilantes frente a cualquier tentación de impunidad.
Lima, 25 de mayo del 2008
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