Canon y presupuesto: ¿qué hacer?

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Artículo publicado en Perú21, martes 4 de noviembre de 2008

http://e.peru21.pe/102/impresa/pdf/2008/11/04/218172.pdf

Los problemas actuales con la asignación de los recursos del canon se originan, me parece, en una decisión tomada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995 se aprobó que, por concepto de canon, debía asignarse a los distritos y provincias de los departamentos con operaciones mineras un 20% del Impuesto a la Renta que pagan estas empresas. Esta decisión buscó legitimar la actividad minera en esas jurisdicciones recurriendo a un impuesto a la mano y distribuyéndolo con liberalidad. Sin embargo, una vez que se inicia un camino, cada vez es más difícil salirse de él. En 2001, con Valentín Paniagua, se amplió el porcentaje al 50% y se incluyó en el reparto, también, a los gobiernos regionales; durante el gobierno de Alejandro Toledo se cambiaron varias veces los criterios de asignación intentando focalizar mejor los recursos en las jurisdicciones más cercanas a las explotaciones mineras y, al mismo tiempo, se incluyó a las universidades nacionales de las regiones con minería en el reparto.

Las distintas modificaciones pretendían superar situaciones absurdas generadas con estos criterios, pero hasta hoy no tenemos una solución definitiva. Hasta hace unos años, todos los distritos de un departamento recibían canon, incluso San Isidro y Miraflores recibían ingresos por ese concepto. Hoy esos extremos se han corregido, pero no los criterios generales de asignación, que hoy movilizan a los pueblos de Moquegua y Tacna. Hay todo tipo de propuestas para cambiar los criterios de asignación, la mayoría buscando un reparto más “justo”, que incorpore regiones y sectores ahora no favorecidos.

Considero que no se trata de estirar el chicle del canon para que alcance para todos, con lo que se fragmenta y pulverizan los recursos. En realidad, el canon debería concentrarse en compensar a las circunscripciones directamente afectadas por la actividad minera, en tanto en esas zonas se explotan recursos no renovables. Otro tipo de consideraciones debería atenderse de otras maneras, no a través del canon, sino a través del Presupuesto Público y de las políticas públicas en general. Defender a las comunidades por problemas ambientales y compensarlas por efectos negativos debería corresponder a los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas. Favorecer a comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema con proyectos de desarrollo debería llevar a un cambio en la orientación general del presupuesto público, y a un fortalecimiento de las autoridades locales y regionales.

Son las políticas generales del Estado las que deberían orientarse a priorizar el combate a la exclusión, mediante un proceso transparente y participativo de deliberación política, que debería darse en el Congreso, no en las calles bloqueadas por manifestantes.