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Artículo publicado en Perú21, martes 12 de febrero de 2008
Los problemas relacionados con las fallidas revisiones técnicas vehiculares nos llevan a una reflexión sobre la institucionalidad municipal, particularmente en Lima.
Cuando el Poder Ejecutivo en el ámbito nacional comete un error, el primero que le debe pedir explicaciones es el Congreso de la República, institución que cumple con roles de control y fiscalización a ese poder del Estado. Dentro del Congreso existe un primer control asociado a la bancada gobiernista: en tanto existen tendencias y facciones, por lo menos algunos serán críticos de los errores del Ejecutivo y demandarán explicaciones. Pero el control más exigente vendrá, sin duda, de las fuerzas de oposición.
En el ámbito municipal, cuando un alcalde toma decisiones polémicas o comete errores, la institución que debería fiscalizar y exigir cuentas es el concejo municipal, que supuestamente representa a los ciudadanos de Lima. Como es obvio, el Concejo de Lima no está cumpliendo esa función. ¿Por qué? Hay dos tipos de problemas: de un lado, tenemos una legislación que tiende a darle mucho poder al alcalde y relega al Concejo a un papel secundario; además, la ley establece que el grupo político que gana la alcaldía cuenta automáticamente con mayoría, lo que desincentiva en general la búsqueda de acuerdos políticos y debilita en extremo a la oposición.
De otro lado, está la debilidad de todos los partidos. Solidaridad Nacional es un partido estrictamente personalista, en el cual el poder de Luis Castañeda no cuenta con ningún contrapeso, que se estructura básicamente en torno a la lealtad con el líder. Así, de 39 regidores, hay 21 incondicionales de Solidaridad Nacional, que no tienen iniciativa propia y que básicamente siguen al alcalde y a su pequeño núcleo central. Luego tenemos seis regidores de Restauración Nacional, partido que en la práctica parece que dejó ya de existir, confirmando los límites de los partidos armados a última hora para participar en elecciones; tenemos luego cinco del Apra, que parecen haberse sumado a la mayoría. El resto confirma la fragmentación política y falta de orientación de sus partidos: tres de Somos Perú, dos de UPP, uno del PNP y uno de Sí Cumple. ¿Cuál es la posición oficial de estos partidos respecto a la gestión del alcalde Castañeda? ¿Cuáles sus alternativas? En este panorama, apenas un par de regidores pueden ser identificados como cumpliendo un papel de oposición y fiscalización.
Tenemos así una autoridad que se beneficia del aumento del presupuesto público, que hace obras con hábiles criterios políticos, pero sin seguir un plan de desarrollo metropolitano; que no participa en las sesiones del concejo, donde no se dan debates sobre temas relevantes, que no rinde cuentas ni debate con nadie. Estamos advertidos.
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3 comentarios:
Y no nos extrañe que sea el principal candidato el 2006, con la venia de Alan García. Y es que un hipotético triunfo suyo sería la continuidad del modelo político que privilegia la personalización y no la negociación política, el amiguismo, los contratos por debajo de la mesa y la corrupción del círculo íntimo del poder. Y por que no decirlo, la confirmación de la derechización de la política peruana. Castañeda ya tiene antecedentes: Caja del Pesacador e IPSS, mas nadie se ha atrevido a enrostrarselos porque se prefiere la eficiencia administrativa.
Saludos
VPC
Y no hay manera de reetructurar los papeles fiscalizadores?? Contraloria, Defensoria del pueblo, la senhora ONA???
Eso de las revisiones tecnicas me hizo recordar la historia del famoso IPSS card que el mismo grupo de gente impulso entre 1992 y 1995.
Se perdieron millones y nadie asumio la responsabilidad. No paso nada.
Cualquiera que preguntaba para tratar de solucionar el entuerto legal que surgio era acusado de fujimorista porque el alcalde y el profugo ya se habian enemistado a fines de los 1990s.
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