Sobre la violencia poselectoral

Artículo publicado en Perú21, martes 28 de noviembre de 2006


En los días posteriores a las elecciones regionales y municipales, hemos quedado asombrados ante la ocurrencia de incidentes altamente violentos, sobre todo en municipios en zonas rurales, pero también en algunos distritos urbanos, en los que se cuestionaban los resultados electorales. Se echó mano de un repertorio de acciones que pasaron por la quema de actas, destrucción de edificios públicos, amenazas a candidatos y autoridades, movilizaciones "hasta las últimas consecuencias", entre otras.

Tenemos que entender que existen, en amplias zonas y sectores del país, un conjunto de factores que hacen que este tipo de manifestaciones no sea inesperado o sorprendente.

En primer lugar, encontramos una cultura política profundamente lejana y ajena a las autoridades, y al funcionamiento de las instituciones. Esto viene de hace varias décadas, y es consecuencia de procesos diversos, pero al final confluyentes. Está primero la prédica clasista de la izquierda, dentro de la cual el magisterio cumplió un papel fundamental; más adelante, la prédica senderista, pero también la liberal, y la fujimorista antisistema, en medio de sus enormes diferencias, contribuyeron todos a socavar las bases de la legitimidad del Estado.

En segundo lugar, tenemos, junto con estos sentidos comunes, la existencia habitual de prácticas, formas de hacer política, en las que la confrontación radical aparece como una interacción normal. Esto se expresa en la virulencia verbal, en el hábito de hacer acusaciones sin pruebas, en dar rienda suelta a rumores de todo tipo, que son difuminados y amplificados por la prensa regional y local. Más todavía, dentro del repertorio habitual de la acción política aparecen el secuestro, la toma de locales, el bloqueo de caminos, la destrucción de la propiedad pública y privada, aunque no siempre lleguen a la prensa nacional limeña. En cierto modo, los años de la violencia política legitimaron la idea de "hacer justicia por las propias manos", y esta es una pesada herencia con la que tenemos que lidiar.

En tercer lugar, tenemos operadores políticos locales que estructuran, organizan la movilización y la protesta. Ante la ausencia de referentes políticos nacionales que disciplinen mínimamente a estos brokers políticos, provenientes de la izquierda, del aprismo, del fujimorismo, aparecen hoy con juegos propios, con lógicas particularistas, que pretenden usufructuar el control de municipios y gobiernos regionales que manejan cada vez más recursos.

Esto último es bien importante para entender el hecho de que, siendo las cosas como las acabo de describir, las protestas están a medio camino entre la violencia antisistema y la cooptación clientelística. Hay mucho radicalismo, sí, pero este ocurre en un contexto de despolitización, desideologización, desarticulación política. Por esto, debajo de la radicalidad, encontramos demandas localistas, posibles de cooptar por una maquinaria estatal clientelística.