Aprendizajes políticos

Artículo publicado en Perú21, martes 7 de noviembre de 2006


En estos días de debate sobre la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), un tema de fondo implícito es el de los aprendizajes políticos. Toda democracia requiere, por parte de los actores políticos, de un compromiso valorativo sobre su importancia, al margen de sus intereses inmediatos. Este compromiso no viene necesariamente de consideraciones principistas, si no de duros aprendizajes políticos. Es decir, amargas experiencias de violencia, o de dictadura, represión y arbitrariedad del poder, hacen a los actores conscientes del valor de la democracia como régimen.

La reacción de muchas ONG y organizaciones de la sociedad civil en contra de las modificaciones a la ley de la APCI en nombre de la defensa de libertades democráticas y en nombre de la autonomía de agentes privados para contratar al margen del Estado, es ciertamente aleccionadora del aprendizaje político (con todas las limitaciones que pueda haber) por el que han pasado personajes provenientes de la izquierda, como ha sido sugerido por comentaristas como Gianfranco Castagnola en este diario, y Miguel Santillana en Correo. Esto es algo positivo. Las reacciones en el mismo sentido de personajes de formación liberal en contra de la ley es más natural y consecuente (Rosa María Palacios, Augusto Álvarez), aunque a algunos les cueste trabajo compartir posiciones con adversarios tradicionales (Carlos Adrianzén).

En nuestro medio, la experiencia del fujimorismo ha sido un factor clave de aprendizaje sobre las bondades de la democracia, así como de los riesgos de una actuación estatal sin contrapesos institucionales. La izquierda aprendió a valorar la democracia como régimen al sufrir la represión y el autoritarismo, y los liberales, en medio de la corrupción y del descrédito "fujimontesinista", aprendieron que las reformas pro mercado no conducen al liberalismo sin instituciones democráticas sólidas.

En cuanto a los partidos, es preocupante que Unidad Nacional (junto con algunos sectores del empresariado) hayan apoyado una ley "estatista"; al parecer, se estarían dejando llevar por su encono frente a algunas ONG críticas o contrarias a la inversión privada en algunas áreas, así como por la idea de que las protestas serían, fundamentalmente, acción de agentes externos a las poblaciones, financiados por estas organizaciones (en esta línea, también alguien como Aldo Mariátegui). Controladas las ONG, controlada la protesta.

¿Y el Apra? Es un partido complejo y de memoria larga y, por lo visto en estos días, el patrón de conducta que parece imponerse es el que dicta que la sobrevivencia y los intereses políticos inmediatos justifican todo tipo de acuerdos, cuya utilidad se evalúa según la coyuntura, de allí la coincidencia con UN y con el fujimorismo en torno a una estrategia de "contención de la protesta". Tal vez más adelante, evaluando también las conveniencias del momento, retrocederán; pero eso dependerá de un estricto cálculo de costos y beneficios.

[Sobre el tema en general, ver: Jennifer McCoy, ed., Political Learning and Redemocratization in Latin America : Do Politicians Learn from Political Crises? North-South Center Press, University of Miami; Boulder, CO: distributed by Lynne Rienner Publishers, ©2000.]