Infolatam Quito, 8 de febrero 2007
"... Cualquier solución deberá ser prioritariamente política, lo que supone unas voluntades y unas decisiones que por el momento no inexisten. Lo jurídico servirá solamente para tratar de justificar una vez más una cadena de actos inconstitucionales e ilegales que van dando un largo adiós al Estado de derecho".
La conflictiva situación política ecuatoriana llegó a uno de sus momentos más críticos en esta semana, cuando la pugna por la consulta popular (plebiscito) y por la asamblea constituyente llevó a destituciones mutuas entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mientras una mayoría de diputados de oposición sustituyó sin la realización de un juicio político al presidente del TSE, cuatro de los siete vocales de este último, alineados con el gobierno, destituyeron a los 57 diputados que, según ellos, tomaron aquella medida.
El problema comenzó cuando el TSE aceptó realizar el plebiscito con un estatuto enviado por el Gobierno, diferente al que había aprobado unos días antes el Congreso. Esto fue posible debido al sorpresivo cambio de posición del presidente del organismo electoral, contra quien se dirigió la acción punitiva del legislativo. Sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución, acudiendo a la figura de la sustitución, no contemplada en ninguna norma legal y sin medir las consecuencias de ese acto, el Congreso dio el primer paso de una marcha que por el momento es imposible saber hacia dónde puede conducir al país.
En ese marco se produjo la reacción del TSE, amparada en una confusa disposición de la Ley de Elecciones, que en la práctica ha significado si no el cierre por lo menos la inmovilización del Congreso. En efecto, dado que los diputados destituidos conforman la mayoría, es imposible que este organismo pueda funcionar solamente con el resto de sus integrantes. Para mantener su actividad sería necesario que se posesionaran los suplentes de los destituidos, pero es poco probable que ello ocurra ya que seguramente será impedido por sus respectivos partidos.
El resultado inmediato y de mayor visibilidad de esta pugna política y jurídica es el fácil triunfo obtenido por el Gobierno en su intento de llevar adelante la consulta y la asamblea. El gigantesco error del Congreso le entregó una inesperada victoria que seguramente ni siquiera se encontraba en sus previsiones. De inmediato expresó su apoyo a la decisión del TSE y ordenó que la policía impidiera la entrada de los diputados de mayoría al recinto legislativo. La acción de grupos de manifestantes, que no dudaron en usar la violencia en contra de los diputados, demostró el otro componente de lo que será la actitud del gobierno de aquí en adelante.
En ese contexto, la posible evolución de los hechos dependerá principalmente de las decisiones que tome el Gobierno. Si su interés es bajar el nivel de confrontación y darle un cierto carácter de legalidad a una situación que está claramente fuera de todas las normas constitucionales y legales, podría acogerse al arbitraje del Tribunal Constitucional. Este podría dictaminar la inconstitucionalidad de lo realizado tanto por el Congreso como por el TSE y a la vez podría calificar la constitucionalidad de la consulta impulsada por el presidente Correa. De esa manera, se aseguraría el triunfo del Gobierno a la vez que se mantendrían en sus cargos los diputados y el presidente del TSE.
Sin embargo, es muy poco probable que esto ocurra, no solamente por la magnitud del triunfo obtenido sin esfuerzo alguno, sino por dos razones adicionales. Primera, porque el Congreso no podrá funcionar mientras no se resuelva el conflicto, lo que de hecho significaría sacra del juego a su único oponente. Segunda, porque los diputados destituidos perderían sus derechos políticos por un año y quedarían inhabilitados para presentarse como candidatos a la asamblea, lo que debilitaría significativamente a las fuerzas de oposición.
De esta manera, lo más probable es que el Gobierno trate de mantener por el mayor tiempo posible la situación que se ha configurado en esta semana. Los partidos de los diputados destituidos seguramente utilizarán los recursos jurídicos a su alcance e incluso podrían solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Pero cualquier solución deberá ser prioritariamente política, lo que supone unas voluntades y unas decisiones que por el momento no inexisten. Lo jurídico servirá solamente para tratar de justificar una vez más una cadena de actos inconstitucionales e ilegales que van dando un largo adiós al Estado de derecho.
"... Cualquier solución deberá ser prioritariamente política, lo que supone unas voluntades y unas decisiones que por el momento no inexisten. Lo jurídico servirá solamente para tratar de justificar una vez más una cadena de actos inconstitucionales e ilegales que van dando un largo adiós al Estado de derecho".
La conflictiva situación política ecuatoriana llegó a uno de sus momentos más críticos en esta semana, cuando la pugna por la consulta popular (plebiscito) y por la asamblea constituyente llevó a destituciones mutuas entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mientras una mayoría de diputados de oposición sustituyó sin la realización de un juicio político al presidente del TSE, cuatro de los siete vocales de este último, alineados con el gobierno, destituyeron a los 57 diputados que, según ellos, tomaron aquella medida.
El problema comenzó cuando el TSE aceptó realizar el plebiscito con un estatuto enviado por el Gobierno, diferente al que había aprobado unos días antes el Congreso. Esto fue posible debido al sorpresivo cambio de posición del presidente del organismo electoral, contra quien se dirigió la acción punitiva del legislativo. Sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución, acudiendo a la figura de la sustitución, no contemplada en ninguna norma legal y sin medir las consecuencias de ese acto, el Congreso dio el primer paso de una marcha que por el momento es imposible saber hacia dónde puede conducir al país.
En ese marco se produjo la reacción del TSE, amparada en una confusa disposición de la Ley de Elecciones, que en la práctica ha significado si no el cierre por lo menos la inmovilización del Congreso. En efecto, dado que los diputados destituidos conforman la mayoría, es imposible que este organismo pueda funcionar solamente con el resto de sus integrantes. Para mantener su actividad sería necesario que se posesionaran los suplentes de los destituidos, pero es poco probable que ello ocurra ya que seguramente será impedido por sus respectivos partidos.
El resultado inmediato y de mayor visibilidad de esta pugna política y jurídica es el fácil triunfo obtenido por el Gobierno en su intento de llevar adelante la consulta y la asamblea. El gigantesco error del Congreso le entregó una inesperada victoria que seguramente ni siquiera se encontraba en sus previsiones. De inmediato expresó su apoyo a la decisión del TSE y ordenó que la policía impidiera la entrada de los diputados de mayoría al recinto legislativo. La acción de grupos de manifestantes, que no dudaron en usar la violencia en contra de los diputados, demostró el otro componente de lo que será la actitud del gobierno de aquí en adelante.
En ese contexto, la posible evolución de los hechos dependerá principalmente de las decisiones que tome el Gobierno. Si su interés es bajar el nivel de confrontación y darle un cierto carácter de legalidad a una situación que está claramente fuera de todas las normas constitucionales y legales, podría acogerse al arbitraje del Tribunal Constitucional. Este podría dictaminar la inconstitucionalidad de lo realizado tanto por el Congreso como por el TSE y a la vez podría calificar la constitucionalidad de la consulta impulsada por el presidente Correa. De esa manera, se aseguraría el triunfo del Gobierno a la vez que se mantendrían en sus cargos los diputados y el presidente del TSE.
Sin embargo, es muy poco probable que esto ocurra, no solamente por la magnitud del triunfo obtenido sin esfuerzo alguno, sino por dos razones adicionales. Primera, porque el Congreso no podrá funcionar mientras no se resuelva el conflicto, lo que de hecho significaría sacra del juego a su único oponente. Segunda, porque los diputados destituidos perderían sus derechos políticos por un año y quedarían inhabilitados para presentarse como candidatos a la asamblea, lo que debilitaría significativamente a las fuerzas de oposición.
De esta manera, lo más probable es que el Gobierno trate de mantener por el mayor tiempo posible la situación que se ha configurado en esta semana. Los partidos de los diputados destituidos seguramente utilizarán los recursos jurídicos a su alcance e incluso podrían solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Pero cualquier solución deberá ser prioritariamente política, lo que supone unas voluntades y unas decisiones que por el momento no inexisten. Lo jurídico servirá solamente para tratar de justificar una vez más una cadena de actos inconstitucionales e ilegales que van dando un largo adiós al Estado de derecho.
En la foto: diputados ecuatorianos destituídos, sesionando en un hotel de Quito.
[Ver: http://www.infolatam.com/analisis.php?id=3191]
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