Regiones y corrupción

Artículo publicado en La República, lunes 26 de mayo de 2014

A propósito de los sucesos recientes en Ancash y otras regiones, marcados por escándalos de corrupción y el develamiento del modus operandi de sus mafias, surgen voces que cuestionan el proceso de descentralización en general.

Es cierto que la constitución de gobiernos regionales se llevó a cabo con una sorprendente improvisación y voluntarismo, y tuvo consecuencias inesperadas negativas: debilitó a los partidos políticos naciones, que fueron sustituidos por movimientos departamentales que profundizaron la fragmentación política del país entre niveles de gobierno. De otro lado, los gobiernos regionales adolecieron de serios problemas de gestión y de capacidad institucional para hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades. Esto coincidió con un presupuesto público cada vez más grande y con una ley de canon que hizo que algunas regiones en particular tuvieran ingentes recursos. La coexistencia entre más recursos y responsabilidades, con limitadas capacidades políticas e institucionales tuvo como consecuencia altos niveles de ineficiencia y corrupción.

Sin embargo, así como fue un error apresurarse con la constitución de regiones y la descentralización, también lo sería apresurarse a desandar lo andado. Ya es indudable que los gobiernos regionales son el referente más importante en la vida de las localidades, por encima de los congresistas del departamento y de los alcaldes de la provincia capital. Y en algunas regiones empieza a haber signos de aparición de lo que podríamos llamar sistemas políticos regionales.

¿Cómo enfrentar entonces los problemas de corrupción? Evidentemente, parte del asunto involucra a la Fiscalía y a la Contraloría. Pero otra parte involucra a los actores y controles políticos, lo que nos lleva a examinar el papel de los Consejos Regionales y de los Consejos de Coordinación Regional. Recordemos que en la última elección se eliminó el llamado “premio a la mayoría”, lo que podría haber llevado a un mayor control sobre el ejecutivo regional; sin embargo, los consejeros fueron elegidos sobre la base de las provincias del departamento, lo que fragmentó la representación. Esto facilitó la cooptación de la oposición por parte del presidente regional.

Urge por tanto reconsiderar la forma de elección y funciones de los Consejos Regionales y Consejos de Coordinación, para que sirvan como instrumento de control del ejecutivo regional. Pero para ello debemos apuntar a fortalecer los movimientos regionales, y alejarnos de formas de representación personalizada por provincias.

PS. Que no cunda el pánico: estaremos reemplazando a Augusto Alvarez Rodrich, de vacaciones, Ricardo Cuenca y yo, solamente esta semana.

Desigualdad

Artículo publicado en La República, domingo 25 de mayo de 2014

En el mundo, la discusión sobre la desigualdad se ha puesto en el centro del escenario, motivada por la publicación del libro Capital in the XXI Century, de Thomas Piketty (Cambridge, Harvard University Press, 2014). Este analiza la dinámica económica de los países nor-occidentales a lo largo de los últimos siglos, y sostiene que la tasa de retorno del capital es significativamente más alta que la tasa de crecimiento del ingreso y de la producción, por largos periodos de tiempo, lo que lleva a un empeoramiento en la distribución de la riqueza. El interés en el libro ciertamente se debe a sus méritos, pero también a que provee una explicación razonable a las angustias y percepciones actuales, marcadas por una crisis internacional originada en la voracidad de la banca de inversión.

¿Y en nuestro país? Diferentes estudios señalan que en los últimos años el crecimiento ha estado asociado a una mejora en la distribución, aún asumiendo que pueda existir una subestimación de los ingresos de los sectores altos (ver trabajos de Gustavo Yamada y otros). Esto hace que Perú destaque en el ámbito latinoamericano como uno de los países que ha tenido mejoras en la reducción de la desigualdad (ver trabajos de Nora Lustig, Miguel Jaramillo y el hoy ministro de educación Jaime Saavedra), y que no aparezcamos como especialmente desiguales en la región.

Sin embargo, hay mucho más que decir. Javier Escobal y Carmen Ponce muestran que, si bien en general la distribución del ingreso ha mejorado en los últimos años, ha empeorado en algunas dimensiones, como por ejemplo la espacial. Un dato ilustrativo es que en 2004 la sierra rural concentraba el 58% de la pobreza extrema, y en 2010 ese porcentaje subió a 63%. Los autores encuentran distancias crecientes entre Lima Metropolitana y las ciudades principales, y las zonas rurales. Es decir, la pobreza se reduce, hay mejoras generales, pero las distancias entre unos y otros en la dimensión espacial-regional tienden a aumentar. Los autores registran también diferencias crecientes entre individuos agrupados según lengua materna, en desmedro de la población de origen indígena (ver Polarización y segregación en la distribución del ingreso en el Perú: trayectorias desiguales. Lima, GRADE, 2012).

Siguiendo con esta pista, podríamos decir que para entender los problemas de desigualdad en un país como el Perú y sus consecuencias sociales y políticas hay que partir de mediciones y registros individuales, pero ir más allá: es imprescindible mirar qué ocurre en las relaciones entre las regiones, entre los ámbitos urbanos y rurales; la mediación de la etnicidad; y sobre todo, cómo todo ello en ocasiones se superpone. El problema de fondo en nuestro país es que, a pesar de los cambios y mejoras, no logramos romper un esquema en el que lo pobre, lo rural, lo indígena, está en un extremo crecientemente alejado de lo próspero, urbano, criollo-mestizo. Por eso nuestros imaginarios discriminadores se resisten a desaparece

¿Y los políticos?

Artículo publicado en La República, domingo 18 de mayo de 2014

En las últimas dos semanas en esta columna he señalado que gran parte de las decisiones políticas y de políticas públicas descansan en actores que escapan relativamente al debate y escrutinio público: jueces, fiscales, firmas de abogados, empresas de consultoría empresarial y de comunicaciones. A esta lista habría que añadir a diversos organismos internacionales, de los que intentaré comentar algo más adelante.

En este contexto, ¿a qué se dedican los políticos? La respuesta parecería tener una respuesta obvia, pero no la tiene. En este momento actual, en el que los actores políticos empiezan a entrar en el frenesí preelectoral, es oportuno ensayar respuestas.

Para ser justos, conviene empezar diciendo que sí hay políticos que toman decisiones, y que pueden marcar grandes diferencias en la orientación de los gobiernos: pero se trata un grupo cada vez más pequeño. En otros contextos, un presidente, por ejemplo, toma decisiones consultando a los líderes de su partido, a una Comisión Política, a un Gabinete de asesores políticos. Hoy ni siquiera eso, como lo atestiguan los gobiernos de Humala o García, por ejemplo.

Luego tenemos a la gran masa de postulantes a elecciones, que pasan indistintamente por diferentes partidos nacionales, movimientos regionales, organizaciones locales y cualquier entidad capaz de postular candidatos, en todas las combinaciones de colores y niveles imaginables. Salvo una ínfima minoría que postula motivado por consideraciones ideológicas, podría decirse que la gran mayoría busca, simplemente, ser elegido y desarrollar una carrera política. Ser político no implica como en el pasado luchar por un programa, sino convertirse en un intermediario mínimamente eficaz. Una suerte de broker. Ciertamente, esto es consecuencia de las lógicas antiideológicas y antipolíticas que se han impuesto es nuestra cultura política. Esto prácticamente empuja a una dinámica de representación con tintes clientelísticos: obras o cargos públicos o tramitación de pedidos a cambio de apoyo político. En un contexto en el que el presupuesto público se ha prácticamente triplicado entre 2003 y 2013 el frenesí electoral cobra sentido.

Así, para los partidos nacionales, sin cuadros políticos, las elecciones regionales y municipales son apenas vitrinas en los cuales buscar posicionar sus “marcas”, y prepararse para las elecciones de 2016; y para los postulantes a presidencias y consejos regionales, alcaldías y regidurías, la esperanza de ser reconocidos en algunos bolsones electorales como mediadores eficaces y desarrollar una carrera política como tales.

En este contexto, creer que se fortalecerá a los partidos nacionales mediante una reforma política con regulaciones más exigentes o el rediseño de distritos electorales suena bastante ingenuo. Sin negar que algo habría que hacerse, el problema de fondo es que la política se ha vaciado de contenido. Habría que empezar por ahí para pensar en qué hacer.

Nuevos poderes políticos

Artículo publicado en La República, domingo 11 de mayo de 2014

La semana pasada comentaba cómo la debilidad de los partidos se expresa también en su menor relevancia como organizadores del juego político; correlativamente, otros actores adquieren creciente importancia en la determinación del rumbo de las políticas públicas, de las decisiones de Estado y de gobierno. Hablaba de los abogados, sus gremios y sus firmas; la burocracia del Poder Judicial; y de fiscales y jueces.

Sigamos esta pista un poco más. Fiscales y jueces deciden cada vez más sobre temas de gran importancia política, pero también, con un perfil más bajo, firmas de abogados. En tanto la administración y la normatividad pública se ha hecho exageradamente frondosa, y en tanto todos los funcionarios temen enfrentar sanciones, los abogados y sus firmas o estudios resultan siendo cruciales. Esto no tendría nada de particular si es que por encima de ellos hubiera liderazgo y objetivos claros, que obedecen a un plan de gobierno bien establecido, de manera que funciona un mínimo mecanismo de rendición de cuentas. El problema está en que, en ausencia de liderazgos e ideas, las decisiones del gobierno son altamente vulnerables a presiones y la acción de grupos de interés, que pueden compartir los mismos abogados. Es por ello imprescindible echar luz y hacer más transparente el ámbito de la asesoría jurídica gubernamental, porque podría encubrir serios conflictos de interés.

La falta de ideas y de equipos en los partidos en el gobierno hace que cada vez más profesionales independientes, del sector privado, entren al sector público; así, consultores y asesores empresariales asumen responsabilidades en ministerios y agencias, y es fácil caer en conflictos de interés. Es lo que se discute en las últimas semanas a partir de los casos del Presidente de Consejo de Ministros René Cornejo y del Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

Pero algo similar ocurre con la asesoría en comunicaciones. La falta de liderazgo genera problemas de comunicación, que intentan ser suplidas contratando estos servicios. Estas empresas tienen naturalmente también clientes en el sector privado. El problema es que, ante la ausencia de ideas claras en el liderazgo político, la asesoría comunicacional puede devenir en asesoría política. Esto se complica más cuando miembros de estas empresas son periodistas en ejercicio. Pueden colisionar fácilmente intereses privados, particulares y públicos.

Con todo esto no quiero plantear una teoría conspirativa, que todas las decisiones de gobierno en realidad se gestan totalmente de espaldas a la opinión pública por parte de actores que no están sujetos a rendición de cuentas. Sí que, dada la debilidad de los partidos, adquieren importancia desmedida personajes y empresas que brindan servicios especializados de asesoría que requieren hacer más transparente su funcionamiento, para evitar suspicacias e influencias indebidas. Se necesita más investigación al respecto.

La política de jueces y fiscales

Artículo publicado en La República, domingo 4 de mayo de 2014

En estos días hemos asistido a un conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura en torno a la designación de nuevos Fiscales Supremos. Los cuestionamientos a la labor del Tribunal, además, nos recuerdan que el Congreso aún no nombra a sus nuevos miembros, inclumpliendo sus deberes constitucionales. Estos problemas se asocian a la intervención de intereses políticos sobre el funcionamiento de jueces y fiscales que, se supone, actuarían según criterios jurídicos, no políticos.

En realidad, es una ficción asumir que jueces y fiscales actúan exclusivamente “según derecho”. Jueces y fiscales son ciudadanos con simpatías políticas inevitables y, además, las diferentes maneras de entender y aplicar el derecho están atravesadas por consideraciones que podríamos calificar de ideológicas: hay concepciones del derecho más conservadoras y más progresistas, más minimalistas y más intervencionistas, más abiertas a derechos de propiedad o a derechos sociales, etc.

Al mismo tiempo, en toda la región, la contracara del debilitamiento de la política como espacio de negociación y de los partidos como sus protagonistas, ha sido el fortalecimiento de instancias judiciales como espacio de toma de decisiones. Esto también se explica, ciertamente, por desarrollos ocurridos en contextos democráticos: la necesidad de institucionalizar el sistema político, así como la búsqueda de legitimidad, ha llevado a una constante producción normativa y a una lógica de reconocimiento de derechos, con lo que son cada vez más frecuentes controversias de alto contenido político en torno a la aplicación efectiva y correcta interpretación de las normas. Esto le da cada vez más importancia a actores cuya conducta resulta opaca a la opinión pública: los abogados, sus gremios y sus firmas; la burocracia del Poder Judicial; y por supuesto, los fiscales y jueces.

Ha llegado el momento de hacer transparente la actuación de estos actores. Así como debe ser transparente la trayectoria de los aspirantes al Congreso, necesitamos también hacer transparentes las conductas de fiscales y jueces, cuyas decisiones nos afectan a todos: el tipo de formación que han tenido, el perfil de su carrera profesional, sus principales clientes, el tipo de sentencias que han expedido, etc.

Luego está el tema de cómo definir sus nombramientos y controles. En general, en los países que “sinceran” la naturaleza política de todo esto, los nombramiento requieren de mayorías calificada en el Congreso, para forzar la construcción de consensos o acuerdos políticos. Ese criterio rige los nombramientos del Tribunal Constitucional peruano: el problema no es la regla, sino la mala calidad de nuestra representación. De otro lado, sigue siendo cierto que la carrera judicial no atrae los mayores talentos que egresan de las universidades: así, detrás de males sentencias o conductas no siempre hay corrupción o presiones indebidas, sino simplemente, incompetencia.

Los hijos del limo

Artículo publicado en La República, domingo 27 de abril de 2014

El 31 de marzo pasado se celebraron los cien años del nacimiento del mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de literatura de literatura de 1990. Se ha escrito tanto y tan bien sobre Paz, que uno siente que tiene muy poco o nada que añadir. Quiero por eso comentar sobre un libro de Paz, que me parece que no ha merecido la atención que merece: me refiero a Los hijos del limo (1974). Si bien el poeta Paz es notable, también lo es el Paz ensayista, y fundamental su papel como intelectual para todos los latinoamericanos. En este libro Paz integra todas estas dimensiones.

En un impresionante despliegue de erudición, Paz estudia la poesía moderna haciendo un itinerario que parte de los románticos ingleses y alemanes, pasa por el simbolismo francés, llega al modernismo hispanoamericano, y termina en las vanguardias del siglo XX. Pero no es un trabajo académico, “sino una exploración de mis orígenes y una tentativa de autodefinición indirecta” en tanto poeta hispanoamericano. El libro puede leerse como un ajuste de cuentas y una fundamentación de su identidad y trayectoria intelectual.

Para Paz la poesía moderna es parte de la modernidad, pero también su crítica y negación. “Desde su origen la poesía moderna ha sido una reacción frente, hacia y contra la modernidad: la Ilustración, la razón crítica, el liberalismo, el positivismo y el marxismo”. Modernos críticos de la modernidad: “de ahí la ambigüedad de sus relaciones —casi siempre iniciadas por una adhesión entusiasta seguida por un brusco rompimiento— con los movimientos revolucionarios de la modernidad, desde la Revolución francesa a la rusa”.

En su crítica al racionalismo, los poetas “redescubren una tradición tan antigua como el hombre mismo y que, transmitida por el neoplatonismo renacentista y las sectas y corrientes herméticas y ocultistas de los siglos XVI y XVII, atraviesa el siglo XVIII, penetra en el XIX y llega hasta nuestros días. Me refiero a la analogía, a la visión del universo como un sistema de correspondencias y a la visión del lenguaje como el doble del universo”. Pero también los proyectos revolucionarios modernos son ambiguos: “el tema mítico del tiempo original se convierte en el tema revolucionario de la sociedad futura. Desde fines del siglo XVIII y señaladamente desde la Revolución francesa, la filosofía política revolucionaria confisca uno a uno los conceptos, valores e imágenes que tradicionalmente pertenecían a las religiones”. El marxismo aparece como la versión secularizada del cristianismo y la promesa de la redención futura. La segunda vuelta de cristo es la revolución.

Al final, Paz se presenta como un poeta moderno hispanoamericano, crítico del capitalismo pero también de los sueños revolucionarios. Frente a las utopías liberadoras, nos propone “edificar una Ética y una Política sobre la Poética del ahora. La Política cesa de ser la construcción del futuro: su misión es hacer habitable el presente”. Cuán vigente y deslumbrante sigue siendo este libro.

El funeral de Gabriel García Márquez

Artículo publicado en La República, domingo 20 de abril de 2014

El talento literario de García Márquez era tan grande que inventó una América Latina. No por nada entre las referencias del autor aparecen los cronistas de indias. Construyó un mundo primordial, del que podría decirse, como al inicio de Cien años de soledad, que “el mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”. Su narrativa empezó a nombrar las cosas con tal persuasión que construyó toda una imagen de América Latina. En su discurso de aceptación del premio Nobel, García Márquez señala que entiende su premiación como consecuencia de la atención de la Academia Sueca a la “realidad descomunal” de América Latina, “esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda”. Para García Márquez, “el nudo de nuestra soledad” ha sido “la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida”. Esa realidad inclasificable habría hecho inútiles “los talentos racionales”, que se habrían quedado “sin un método válido para interpretarnos”. América Latina tendría por ello que construir un camino original: así, sus tentativas de cambio social, se harían con “métodos distintos”, propios de “condiciones diferentes”.

En 2011, Jorge Volpi escribió que esa manera de entender América Latina tuvo su apogeo en 1982, con el nobel a García Márquez, y tuvo su réquiem en 2010, con el nobel a Mario Vargas Llosa. El brillo de García Márquez opacó otras visiones de América Latina, como las que proponían Octavio Paz o Vargas Llosa; o en medio de ambos extremos, Carlos Fuentes (o en otra dimensión, Jorge Luis Borges). Sin embargo, en medio de sus diferencias, muchas cosas los unían: el interés por América Latina como región, su papel como intelectuales públicos, su cercanía a la política, su capacidad para hablar como latinoamericanos, no solo como nacionales. Con el tiempo, lo latinoamericano se entiende cada vez menos como lo garcíamarquezco; lo incluye, pero va mucho más allá; implica también una dimensión más “normal”, más “occidental”, por así decirlo. Digamos que en los últimos años América Latina aparece definida más como un “extremo occidente”, siguiendo la idea de Alain Rouquié. Y los escritores son cada vez menos intelectuales públicos, y son desplazados por los especialistas. Por estas razones, Volpi declara provocadoramente la extinción de lo latinoamericano.

Podríamos estar de acuerdo con Volpi en que, con el funeral de García Márquez, termina una manera de entender lo latinoamericano. Sin embargo, parece exagerado decretar también los funerales de la idea de América Latina. Ocurre que ahora debemos entenderla como la región de la mayor diversidad, la otra cara de su mayor desigualdad. Occidental, sí, en su configuración general, pero con raíces propias, vivas y vigentes que la hacen particular. Pocos como García Márquez con el talento para dar cuenta de eso que nos hace únicos.

ALACIP 22-24 julio 2015

Ya tenemos fecha... separen en la agenda desde ya...

Nueva agenda

Artículo publicado en La República, domingo 13 de abril de 2014

Nuestras ciencias sociales, en la década de los años sesenta, se preocuparon especialmente por los retos de la modernización del país; en la de los setenta, por las reformas del velasquismo y el auge del movimiento campesino y sindical; en la de los ochenta, por la democracia, nuevos movimientos sociales, la violencia política. En los noventa, se trataron los cambios asociados a la adopción de políticas orientadas al mercado, en un contexto autoritario. En la primera década del nuevo siglo, se trató la debilidad de las instituciones democráticas: partidos, Congreso, regiones y descentralización.

Ciertamente es importante continuar con los antiguos temas, que siguen siendo relevantes. Pero cada vez más varios colegas tenemos la sensación de que es necesario dar un salto hacia temas nuevos, temas que tienen que ver cada vez más con un país que entra a la franja de los países de ingreso medio, que crecen, pero en contextos de anomia y debilidad institucional. Esto hace que a los ciudadanos no solo les preocupe la pobreza y el empleo, también cada vez más la seguridad ciudadana y la corrupción, por ejemplo. Desde las ciencias sociales nos hemos ocupado de ellos todavía muy marginalmente.

La seguridad ciudadana, por ejemplo, constituye un nudo de problemas que es imperativo desmadejar, y que permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto de la sociedad y del Estado. Para empezar, cuenta la debilidad estatal en el territorio: la extensión en diferentes zonas del país de actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, que demandan servicios y generan recursos y capacidades que alimentan actividades ilícitas, desde la trata de personas, la importación de servicios vinculados a redes internacionales dedicados al secuestro, la extorsión, y el sicariato, la colusión con las autoridades públicas y políticas. De otro lado, todo esto ocurre en un contexto de crecimiento económico, de cambios en las ciudades, en la estructura de las familias, en las expectativas, cultura y patrones de consumo, especialmente en los jóvenes, con lo que aparecen nuevas formas de delitos.

Los problemas asociados al combate de estos males permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto del Estado. Intervienen la policía, los municipios, las regiones, el Ministerio del Interior; también el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Salen a relucir problemas de corrupción, coordinación entre sectores y niveles de gobierno, problemas de gestión, escasez de recursos, límites en la legislación y problemas de aplicación de la ley, que ciertamente no es igual para todos los ciudadanos. Implícitamente hay también una dimensión política, vinculada al uso del problema para obtener réditos de corto plazo, cómo esto influye en la dinámica entre gobierno y oposición, cómo se construyen discursos en torno a estos temas.

Los científicos sociales, no solo las autoridades públicas, estamos en deuda.

La democracia boba

Artículo publicado en La República, domingo 6 de abril de 2014

Un problema muy serio que dificultaba el combate a la subversión de Sendero Luminoso y del MRTA era la llamada “coladera”; muchos terroristas detenidos eran liberados u obtenían condenas benignas por errores procesales, por ingenuidad de los jueces, o porque eran víctimas de amenazas o cómplices de sobornos. Al mismo tiempo, la administración penitenciaria permitió que los penales se convirtieron en escuelas de adoctrinamiento. Se hablaba en ese momento de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan quienes querían destruirla, utilizando y desnaturalizando sus propias reglas y recursos. La democracia boba termina alentando su destrucción: si la democracia no funciona, se requieren salidas autoritarias. Frente a ello, de lo que se trata es de tener una reacción dentro de la democracia; o ella demuestra que puede ser eficaz, o sucumbe.

En la actualidad no enfrentemos la amenaza del terrorismo, pero estamos también ante señales preocupantes de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan diferentes actores para obtener beneficios particulares, situación que legitima discursos antipolíticos y autoritarios. Así por ejemplo, resulta pasmoso cómo diferentes iniciativas para imponer la ley o un mínimo de orden, combatir la informalidad o la corrupción, suelen paralizarse o neutralizarse mediante acciones de amparo y diferentes recursos procesales. Asombroso también de qué manera nuestros políticos se enfrascan en discusiones estériles y acusaciones sin mayor fundamento que no benefician a ninguno y desprestigian a todos. Cómo nuestra democracia parece al mismo tiempo ineficaz en el combate a la corrupción y desorientada ante la proliferación de denuncias sin mayor fundamento.

En este marco, tenemos que Alan García ha sido presidente del Perú, y como tal, según la Constitución, ha “personificado a la nación” en dos ocasiones; y pretende hacerlo por tercera. Es su deber por ello no solo colaborar con las investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción ocurridos durante su gobierno, sino ser el primer interesado en que lleguen hasta las ultimas consecuencias, y no refugiarse en subterfugios legales. Es absurdo pretender convertir victorias judiciales en victorias políticas; pero también lo es pretender ganar con argumentos judiciales lo que no se ha ganado en lo político. En otras palabras, los problemas penales deben resolverse en el Poder Judicial, y los políticos en el ámbito político; pretender inhabilitar a García sin sentencias judiciales firmes es una forma de antipolítica. Y antipolítico es también pretender ser presidente por tercera vez sin haber dado a la ciudadanía explicaciones convincentes de los casos investigadores por el Congreso.

La democracia boba está conduciendo a un vaciamiento de la política: la deliberación es sustituida por discusiones procesales y tribunales de justicia, por la movilización en las calles, por los lobbies, por un decisionismo tecnocrático, por un cesarismo autoritario.

Seguridad ciudadana: lo que sabemos

Artículo publicado en La República, domingo 30 de marzo de 2014

A finales del año pasado se publicó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, que lleva por título Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina (Nueva York, PNUD). Este trabajo constituye un excelente resumen del conocimiento existente: nos propone un diagnóstico bastante completo de las dimensiones y causas del problema, y sugerencias de políticas para enfrentarlo, que recogen experiencias exitosas implementadas en los últimos años.

Acaso la idea central del informe es que el tema de la seguridad ciudadana tiene múltiples dimensiones; una cosa es el delito callejero o el pandillaje, y otra la delincuencia organizada, que se manifiesta en prácticas como el tráfico de personas (que a su vez lleva a la prostitución y a otras formas de trabajo forzado), el secuestro o la extorsión. Todo suma para generar la sensación de inseguridad en la que vivimos, pero el combate a estos males requiere acciones diferentes.

El aumento de la delincuencia organizada, se nos dice, estaría asociado a la diversificación de actividades ilegales en las que incurrirían algunas bandas anteriormente dedicadas al narcotráfico, como consecuencia de las políticas de combate al mismo. Habría un “efecto globo”: así como las políticas de erradicación en un país trasladan los cultivos a otro, el combate al narcotráfico “empuja” a las bandas a usar sus “habilidades” en otras áreas y países, cambio rentable dados los mayores niveles de actividad económica de los últimos años. Obviamente, combatir este tipo de delincuencia requiere un trabajo de inteligencia y de unidades especializadas muy fino.

Otra es la dinámica del pandillaje, consecuencia del deterioro de los entornos familiares y urbanos; acá la clave estaría en la intervención comunitaria y en la promoción de oportunidades. Combatir el abandono escolar, mejorar las escuelas, prevenir el maltrato infantil y la violencia doméstica, crear y visibilizar mejores alternativas de vida y socialización. Y otra es la dinámica del robo callejero, en la que se nos habla del “delito aspiracional”: el aumento de expectativas de consumo, combinadas con falta de movilidad social y altos niveles de segregación en las ciudades, llevarían al aumento de esta modalidad delictiva. Nuevamente, este delito sería consecuencia de un crecimiento económico ocurrido en un contexto de crisis social y de escasa legitimidad del orden institucional. Cabe destacar que Perú aparece como el segundo país con más víctimas de robos de la región, detrás de Ecuador. La prevención pasa nuevamente por prestar atención a la familia, la escuela, la vida comunitaria.

Todo esto es magnificado o no por la disponibilidad de armas de fuego, alcohol, drogas; así como por el tipo de respuesta institucional, donde la corrupción, la impunidad, la desproporción en las sanciones son factores clave. ¿Y ahora? ¿Tendrá el ministro Albán la fuerza para iniciar el gran esfuerzo que se requiere?

Una agenda para el nuevo gabinete

Artículo publicado en La República, domingo 23 de marzo de 2014

¿Qué se propone hacer el gobierno de Ollanta Humala, en la segunda mitad de su gestión? ¿Cuál es el norte que orienta al Consejo de Ministros presidido por René Cornejo? Antes se hablaba de consolidar el crecimiento y complementarlo con políticas de inclusión social, de allí que los programas sociales fueran “las niñas de los ojos” del presidente. Sin embargo, parece que hace rato que se perdió el entusiasmo en las políticas sociales, al punto que las críticas que recibe Qali Warma, por ejemplo, ya ni se responden.

¿Cuál es el norte? ¿La promoción de la inversión privada? No parece que a Ollanta Humala le interese mimetizarse con el segundo gobierno de Alan García. Una de las demandas más grandes de la ciudadanía es la mejora en la seguridad ciudadana: sin embargo, hasta el momento no hemos escuchado demasiado del ministro Albán. ¿La reforma de la educación, de la salud, de la carrera pública? Puede ser, pero hasta ahora no hay mucho más que los esfuerzos aislados de los responsables sectoriales.

Por esto creo útil para el gobierno revisar el libro del Ministro de la Producción, Piero Ghezzi, escrito con José Gallardo, uno de los directores del BCR y ahora Jefe del Gabinete de asesores del ministerio: ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo (Lima, Universidad del Pacífico – Fondo Editorial PUCP, 2013). Los autores cuestionan miradas complacientes con el desempeño económico del país de los últimos años, pero no les parece razonable arriesgarse a un cambio de modelo, por lo que proponen correcciones y reformas. Algunas, en la política económica, que pasan por un aumento y mejora en la eficiencia del gasto público; la implementación de una política fiscal contracíclica, y una política monetaria contractiva; la creación de “superburocracias técnicas” en educación, desarrollo rural y lucha contra actividades delictivas; finalmente, políticas sectoriales o territoriales que promuevan el crecimiento regional y el desarrollo industrial, “allí donde tenga sentido”.

Los autores partien de asumir la inviabilidad de plantear grandes reformas sistémicas, así como la inexistencia de grandes coaliciones políticas o sociales de cambio, por lo que correspondería a la elite tecnocrática del Estado empujar un programa “realista”, pero decisivo de reformas. Alberto Vergara ha señalado que la apuesta tecnocrática tiene límites cada vez más evidentes, y que lo que se necesita es más política; apunte más que pertinente después del accidentado voto de confianza que recibió por parte del Congreso. Los autores replican que la apuesta tecnocrática se daría más por default que por convicción, como puede verse en el debate ocurrido en las páginas de la revista Poder.

Yo diría que estoy de acuerdo con Vergara en el mediano y largo plazo, pero en el corto, mirando al gabinete Cornejo, lo mejor que podría pasar es que, al menos, las ideas de Ghezzi y Gallardo sean tomadas en cuenta.

Tecnócratas y “captura del Estado”

Artículo publicado en La República, domingo 16 de marzo de 2014

Hace un mes comentaba sobre el último libro de Francisco Durand, dedicada al estudio de la familia Romero y cómo construyó a lo largo de cuatro generaciones su liderazgo económico. Prometí seguir con el tema, recién puedo hacerlo ahora.

Decía que una de las tesis centrales de Durand es la de la “captura del Estado” por intereses privados. Durand habla del funcionamiento de la “puerta giratoria” (funcionarios que pasan del sector privado al público y de vuelta al privado), la intervención de “gestores de intereses”, y también de prácticas de presión directa de líderes empresariales o indirectas a través de estudios de abogados y la presión de medios de comunicación.

Con la conformación del nuevo gabinete, podría decirse que esa tesis parece encontrar gran sustento. El presidente del Consejo de Ministros saliente, César Villanueva, pretendió reemplazar al Ministro de Economía Miguel Castilla, pero al final quien salió fue aquél. Y la saliente ministra de la Producción, Gladys Triveño, en entrevista con IDL-Reporteros, denunció intensas presiones de la Sociedad de Pesquería en contra del ordenamiento del sector, a través de gestores de intereses tanto sobre el poder ejecutivo como sobre el Congreso; dio cuenta de la debilidad de un Estado que se ve forzado a contratar empresas supervisoras financiadas por compañías fiscalizadas, y que se enfrenta a empresas que judicializan procesos de sanción. La judicialización sería una estrategia hábil en tanto los más importantes estudios de abogados solo trabajan para los privados, no para el sector público; estrategia que se complementa con el uso de consultoras de comunicación y la implementación de campañas de desprestigio a cargo de “sicarios comunicacionales”. Al final, los funcionarios que se allanan son recompensados: la ministra habla de exministros condecorados por dar favores políticos, o contratados por el sector privado con muy buenas remuneraciones. Todo esto, ciertamente debería investigarse y, eventualmente, sancionarse. Sin embargo, el reemplazo de la ministra ha sido Piero Ghezzi, quien ha anunciado la continuidad de los esfuerzos de reordenamiento del sector.

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

¿Cómo se enfrenta al autoritarismo?

Artículo publicado en La República, domingo 9 de marzo de 2014

Vistas las cosas desde Perú, muchos de quienes piensan que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, creen que avanzar hacia la democratización en Venezuela requiere rechazar la institucionalidad del régimen (cuestionar los resultados de las elecciones de 2013, no aceptar como alternativa un referéndum revocatorio, Asamblea Constituyente, o esperar hasta las próximas elecciones), y más bien apelar a la movilización social y a la presión internacional; la pérdida de legitimidad política llevaría a la fractura del gobierno, a nuevas elecciones y al cambio de régimen. Se toma como referencia la “transición peruana”: se denunció como fraudulentas las elecciones de 2000 y se organizaron grandes movilizaciones (“los cuatro suyos”); el gobierno tuvo que aceptar la instalación de una misión de la OEA; la pérdida de legitimidad política llevó a divisiones internas, a la renuncia del presidente, y a nuevas elecciones. Por ello, se insiste en mantener vivas las protestas, que desnudarían la naturaleza autoritaria y represiva del gobierno, y por ello la decepción reciente por lo que se considera una posición tímida de la OEA en estos asuntos.

Sin embargo, se trata de un recuento muy parcial y distorsionado de los hechos, tanto para Perú como para Venezuela. En realidad, esta mirada obvia varias cosas; primero, que el boicot a la institucionalidad del régimen es muy costoso. Es lo que hizo parte de la oposición peruana en las elecciones de 1995, y la venezolana en 2005, que más bien facilitó la consolidación de Fujimori y Chávez. Segundo, se pasa por alto el significativo apoyo popular que tienen estos gobiernos; puede no ser mayoritario, pero es muy alto. Fujimori en 1999-2000 era muy popular, y también lo es Maduro. Tercero, la presión internacional tiene cierto valor simbólico, pero poco efecto práctico: en Perú, justo antes de la caída de Fujimori, la Mesa de Diálogo de la OEA empezaba a percibirse como un espacio desgastado, que más cumplía la función de legitimar al gobierno, antes que arrinconarlo. La presión internacional difícilmente puede ir más allá de hacer llamados al diálogo y a un respecto mínimo al Estado de derecho. ¿Qué hay más allá? ¿Sanciones económicas? ¿Aislamiento de foros internacionales? En realidad, la creación de un enemigo externo más bien tiende a cohesionar al régimen. Lo contraproducente de las medidas de aislamiento frente a Cuba deberían servir de lección. Finalmente, las manifestaciones callejeras, si no configuran una alternativa clara y viable políticamente, a la larga desgastan y aislan a quienes protestan y generan demandas de orden que favorecen al gobierno.

En suma, el gran reto para la oposición venezolana es configurar claramente cuál es la alternativa, y dentro de ella, cuál es el lugar que ocuparán los chavistas; cómo se asegura no perder lo avanzado dentro de este, cómo no se trata de una simple vuelta al pasado, de una “restauración” reaccionaria.

Technopols

Artículo publicado en La República, domingo 2 de marzo de 2014

Uno de los temas comentados a propósito del nuevo Consejo de Ministros es la importancia que habrían adquirido los “tecnócratas” dentro de éste, y cómo se echa de menos la presencia de personajes con más recorrido y habilidades “políticas”. Es que si bien los tecnócratas tienen ideas fuertes sobre qué debería hacerse, basados en estudios y teorías, no sabrían cómo llevarlas a la práctica. En el “mundo real” hay actores, intereses, percepciones, que hacen viables o no las políticas que se proponen. Los políticos supuestamente cuentan con un expertise en el que el cómo es la clave: generación de consensos, construcción de coaliciones, negociación e intercambio, sensibilidad frente a las mareas de la opinión pública, etc. Algunos han señalado que lo ideal sería contar con “tecnopolíticos”: técnicos con sensibilidad y habilidad política.

Esta discusión tiene cierta tradición; en 1997 Jorge Domínguez publicó Technopols. Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s. La preocupación era cómo hacer posible la implementación de políticas de ajuste y reforma estructural en sociedades con tradiciones populistas. Sociedades acostumbradas a retóricas en las que el Estado se legitimaba con políticas redistributivas, ¿cómo aceptarían ideas como disciplina fiscal, estímulo a la competitividad y competencia en los mercados? Políticos temerosos de la pérdida de popularidad, ¿cómo iba a atraverse a tomar decisiones audaces? Para Domínguez, la aparición de los technopols resultó crucial. Los ejemplos del libro son Domingo Cavallo en Argentina, Pedro Aspe en México, Fernando Henrique Cardoso en Brazil, y Evelyn Matthei y Alexandro Foxley en Chile.

De ese quinteto, Cardoso y Foxley mantienen su prestigio, aunque ni el “modelo brasileño” ni el chileno despiertan el entusiasmo de antes; las supuestas habilidades políticas de Matthei también están en entredicho. Cavallo, si bien hacia 1997 mantenía la reputación de ser uno de los artífices de la derrota de la hiperinflación argentina, en 2001 ya era visto como corresponsable de la debacle que llevó a la renuncia de De la Rúa. Con Aspe fue peor: ya con el libro publicado era visto como uno de los responsables de la crisis mexicana de finales de 1994. Está también el problema, nada menor, de la asociación de estos personajes con gobiernos con altos niveles de corrupción (y autoritarismo), como los de Menem y Salinas de Gortari. Lo mismo puede decirse de otros personajes vistos en su momento como tecnopolíticos, como Alberto Dahik en Ecuador y nuestro Carlos Boloña.

Por ello, creo que más que esperanzarnos en la aparición de personajes providenciales, deberíamos proponer que cada quien haga bien su trabajo: los políticos deben proponer los proyectos de país, los técnicos deberían trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas, y el liderazgo político debería hacerlos posibles. El problema no está en los límites políticos de un técnico como René Cornejo, sino la falta de liderazgo del presidente.

La revolución bolivariana

Artículo publicado en La República, domingo 23 de febrero de 2014

A estas alturas, solo quienes piensan que la democracia representativa no es más que la fachada de la dictadura de la burguesía, y que para acabar con ella es necesario imponer la dictadura del proletariado en nombre de los intereses de la mayoría, pueden estar conformes con lo que pasa en Venezuela. Perciben una revolución defendiéndose de sus enemigos.

Sin embargo, creo que para quienes de buena fe simpatizaban con la “revolución boliviariana” porque veían el final de una etapa percibida como corrupta y elitista, el inicio del final de la hegemonía neoliberal en América Latina, y esperaban cambios que llevarían al bienestar de la mayoría y a la prosperidad de Venezuela, tendrán que reconocer que con Chávez se construyó un proyecto personalista, que afianzó el clientelismo tradicional, la dependencia de la renta petrolera, la ineficiencia estatal, entre otros males que supuestamente desaparecerían. Es cierto que politizó y movilizó a sectores populares antes excluidos, pero dentro de esquemas populistas convencionales; por ello también impuso una lógica de confrontación, polarizó al país, se nutrió de generar antagonismos. En el camino, destruyó las instituciones estatales, erosionó seriamente las libertades civiles y políticas.

Con Maduro estas características no han hecho sino hacerse evidentes; podría decirse que Maduro es víctima de las decisiones tomadas y dejadas de tomar por Chávez. Ahora, a los males del autoritarismo hay que sumar el agotamiento de un modelo económico controlista, y la percepción de que Maduro no tiene capacidad de ofrecer nada nuevo. Acaso la gran diferencia del actual ciclo de protestas respecto de años anteriores (más grandes fueron las del ciclo 2001-2004) es que ahora al gobierno no parece quedarle más respuesta que el endurecimiento y la pura represión (para lo cual la beligerencia de la oposición le resulta funcional). Pienso por ello que, aún a pesar de que Maduro probablemente logre pasar esta coyuntura (la oposición tampoco tiene un proyecto viable y su radicalidad unifica, no debilita la coalición de gobierno), la recordaremos como la del final del sueño revolucionario “bolivariano”, tal como el caso Padilla en 1971 acabó con las ilusiones respecto a Cuba, o el descubrimiento de la “piñata” nicaraguense en 1990 con las de la revolución sandinista.

Vistas las cosas en perspectiva, la conclusión es que el voluntarismo revolucionario, cuando no acepta las realidades políticas que enfrenta (en este caso, un gobierno débil, que ya no puede proclamarse como mayoritario, que enfrenta un descontento real), deviene en un proyecto conservador y represivo. Otros proyectos de izquierda, más flexibles, que supieron aceptar espacios para la oposición, que reconocieron problemas de legitimidad política y optaron cuando fue necesario por caminos conciliadores, han logrado mejores resultados. Por ejemplo, Evo Morales parece que logrará su segunda reelección en octubre sin mayores dificultades.

VER TAMBIÉN

Más sobre Venezuela en Virtù e Fortuna.

Durand y los Romero

Artículo publicado en La República, domingo 16 de febrero de 2014

Intento no comentar libros de colegas de las instituciones a las que pertenezco, pero es necesario hacer excepciones. El colega Francisco Durand, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú publicó en noviembre del año pasado Los Romero. Fe, fama y fortuna (Lima, DESCO – Ed. El Virrey, 2013); el libro, de más de 500 páginas, reconstruye la historia de la familia Romero, desde sus inicios como “modestos labriegos” en Castilla la Vieja, siguiendo el recorrido de Calixto Romero desde España hasta Puerto Rico, y de allí a Piura en nuestro país, alrededor de 1888, hasta la actualidad, cuando el Grupo Romero aparece como uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. Esto se hace reconstruyendo la historia de cuatro generaciones, dando cuenta del traspaso del liderazgo a Feliciano del Campo Romero en 1934, a Dionisio Romero Seminario en 1959, hasta Dionisio Romero Paoletti, en 2009.

Aparecen muchos temas de interés en el libro. Me llama la atención la imagen de relativa precariedad del poder empresarial en medio de los vaivenes económicos y políticos del país. El libro revisa, entre otras, algunas coyunturas muy especiales: las reformas del gobierno militar del General Velasco; las reformas neoliberales de la década de los años noventa; y la crisis de los años 1998-2000. Durand añade al final otro ejemplo de precariedad, de los años recientes, contraponiendo la debilidad del capital peruano frente al capital transnacional. Cada una de estas coyunturas resultaron cataclísmicas: buena parte de los “dueños del Perú” que analizó Carlos Malpica desaparecieron con Velasco, la mayoría de los “doce apóstoles” que se reunían con García en su primer gobierno desaparecieron con su crisis y la adopción de políticas neoliberales con Fujimori, y varios de los que prosperaron con el fujimorismo cayeron con la crisis financiera del último cambio de siglo. El mérito de los Romero fue aprovechar las oportunidades que se les presentaron, primero con Velasco, y luego modernizarse y hacerse más competitivos en medio de las reformas orientadas al mercado.
 

La crisis de 1998 sí tomó a los Romero en una situación de gran vulnerabilidad, lo que llevó a Dionisio Romero a establecer relaciones con Vladimiro Montesinos, cuyo alcance está todavía por dilucidar. Durand, a propósito de esta coyuntura, explora la relación entre poder empresarial y poder político, y propone la tesis de la “captura del Estado”, a través de gestores y lobistas, del uso de la “puerta giratoria” (funcionarios que pasan del sector privado al público y de vuelta al privado), y la intervención personal de los líderes empresariales, prácticas complementadas con la intimidación a sectores opositores mediante abogados y la presión de medios de comunicación. El problema es que esa tesis va un poco a contracorriente de lo que el libro mismo presenta, que es más bien un empresariado vulnerable frente a los cambios políticos y económicos. Seguiré la próxima semana.

VER TAMBIÉN:

Entrevista a Francisco Durand en Que Hacer (abril  2013)

El IEP y las miradas del país

Artículo publicado en La República, domingo 9 de febrero de 2014

Hace 50 años, el 7 de febrero de 1964, se fundó el Instituto de Estudios Peruanos, institución a la que pertenezco y que me dio el gran honor de ser su Director General, siguiendo los pasos de José Matos Mar, Julio Cotler, Efraín Gonzales de Olarte, Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Carolina Trivelli. Después de mi dirección se sumaron a esta lista Marcos Cueto y nuestra actual directora, Roxana Barrantes. Es necesario empezar diciendo esto, porque escribir sobre la casa propia es obviamente difícil.

Amigos del instituto han tenido la generosidad de resaltar en estos días los aportes hechos a lo largo de estas cinco décadas en disciplinas tan variadas como la historia, la antropología, la economía, la sociología, la ciencia política, la lingüística, la arqueología. Me pregunto si es posible, en medio de esta diversidad, encontrar una imagen global que perfile una manera de pensar el país.

Creo que si hubiera que mencionar una idea fuerza que pueda constituirse como un referente en medio de esta producción plural y disímil, sería que el Perú estaría marcado por una suerte de precaria “articulación jerárquica”. Es decir, frente a visiones que tendían o tienden a mirar lo moderno y tradicional, lo criollo y lo andino, la costa y la sierra, las clases altas y las bajas, etc., como distantes y hasta enfrentadas, creo que las imágenes de muchos de los libros clásicos del instituto van en la dirección de resaltar más bien la estrecha relación entre ambos ámbitos; relación que ciertamente establecía relaciones jerárquicas y excluyentes, pero también porosas y flexibles.

Así, desde las investigaciones de María Rostworowski sobre la costa peruana prehispánica (vista como parte del mundo andino), pasando por la idea de John Murra sobre el “control vertical de pisos ecológicos”; visiones históricas de larga duración como las de Julio Cotler; el análisis de los cambios en el mundo rural por la ampliación de mercados y el papel de la escuela pública en Cotler, Giorgio Alberti o Carlos Iván Degregori; el retrato de las migraciones en Jürgen Golte y José Matos; la manera de entender la estructuración del poder en torno a una “cadena arborescente” (Fuenzalida, Matos, Cotler); hasta más recientemente, la caracterización de Sendero Luminoso como un proyecto moderno, fruto de modernizaciones truncas, de Degregori, por mencionar algunos ejemplos, me parece que apuntan en la dirección que señalo (es también la intuición que se encuentra en El zorro de arriba y el zorro de abajo, de José María Arguedas, otro de los fundadores del IEP).

Lo que se desprende de este diagnóstico es que, pese a las jerarquías y exclusión, la articulación y porosidad del sistema ha permitido una modernización y democratización sustancial de la sociedad, aunque fragmentaria y caótica (el “desborde popular” de Matos); lo que urge es modernizar y democratizar el poder y el Estado. El desfase entre sociedad y política y Estado sería la gran tarea pendiente.

Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy

Acaba de aparecer un libro importante, en el que tengo el honor de participar: Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy, de Diego Abente y Larry Diamond, eds. (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2014). A continuación el índice:

Contents

Contributors

Preface
by Larry Diamond

Introduction: Evaluating Political Clientelism
Diego Abente-Brun

Part One: Lessons in Clientelism from Latin America

Chapter 1: Partisan Linkages and Social Policy Delivery in Argentina and Chile
Ernesto Calvo and Maria Victoria Murillo

Chapter 2: Chile’s Education Transfers, 2001-2009
Juan Pablo Luna and Rodrigo Mardones

Chapter 3: The Future of Peru’s Brokered Democracy
Martin Tanaka and Carlos Meléndez

Chapter 4: Teachers, Mayors, and the Transformation of Clientelism in Colombia
Kent Eaton and Christopher Chambers-Ju

Chapter 5: Lessons Learned While Studying Clientelistic Politics in the Gray Zone
Javier Auyero

Chapter 6: Political Clientelism and Social Policy in Brazil
Simeon Nichter

Part Two: Lessons in Clientelism from Other Regions

Chapter 7: Patronage, Democracy, and Ethnic Politics in India
Kanchan Chandra

Chapter 8: Linking Capital and Countryside in Japan, Thailand, and the Philippines Paul D. Hutchcroft

Chapter 9: Eastern European Postcommunist Approaches to Political Clientelism and Social Policy
Linda Cook

Chapter 10: The Democratization of Clientelism in Sub-Saharan Africa
Nicholas Van de Walle

Conclusion: Defining Political Clientelism’s Persistence
Beatriz Magaloni

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What happens when vote buying becomes a means of social policy? Although one could cynically ask this question just as easily about the United States’s mature democracy, Diego Abente Brun and Larry Diamond ask this question about democracies in the developing world through an assessment of political clientelism, or what is commonly known as patronage.

Studies of political clientelism, whether deployed through traditional vote-buying techniques or through the politicized use of social spending, were a priority in the 1970s, when democratization efforts around the world flourished. With the rise of the Washington Consensus and neoliberal economic policies during the late-1980s, clientelism studies were moved to the back of the scholarly agenda.

Abente Brun and Diamond invited some of the best social scientists in the field to systematically explore how political clientelism works and evolves in the context of modern developing democracies, with particular reference to social policies aimed at reducing poverty.

Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy is balanced between a section devoted to understanding clientelism’s infamous effects and history in Latin America and a section that draws out implications for other regions, specifically Africa, Southeast Asia, and Eastern and Central Europe. These rich and instructive case studies glean larger comparative lessons that can help scholars understand how countries regulate the natural sociological reflex toward clientelistic ties in their quest to build that most elusive of all political structures—a fair, efficient, and accountable state based on impersonal criteria and the rule of law.

In an era when democracy is increasingly snagged on the age-old practice of patronage, students and scholars of political science, comparative politics, democratization, and international development and economics will be interested in this assessment, which calls for the study of better, more efficient, and just governance.

Ver también:

Clientelismo, política social y calidad democrática

Chile y Perú (2)

Artículo publicado en La República, domingo 2 de febrero de 2014

La semana pasada proponía explorar algunas ideas que surgen de la comparación entre nuestros países.

Desde la llamada “tercera ola” democratizadora, Chile y Perú parecen seguir trayectorias divergentes. Chile tuvo una dictadura muy dura pero con un importante apoyo interno, lo que le permitió plantear una transición democrática larga y controlada. Las fuerzas antidictatoriales fracasaron en sus intentos iniciales de plantear estrategias de confrontación, y optaron por la negociación política. En el camino, enfrentaron también la necesidad de la unidad, con lo que surgieron dos grandes bloques alineados gruesamente en torno a la continuidad o ruptura frente a la herencia del gobierno militar. Con la democracia vinieron la reconstitución de las instituciones democráticas, con una dinámica de desmontaje gradual de los “enclaves autoritarios”, y la prosperidad económica. En esto, ciertamente, pesó la tradición histórica chilena de fortaleza estatal e institucional. Todo esto ocurría mientras que en nuestro país las décadas de los años ochenta y noventa fueron nefastas, la primera por la catástrofe económica y la violencia, la segunda por la destrucción de las instituciones democráticas, en medio de una dinámica de confrontación política.

Pero el gradualismo y la negociación entre las elites minaron la legitimidad política; según el Latinobarómetro de 2011, Chile era el país con menor satisfacción con las políticas educativas y de salud de la región, y con el funcionamiento del poder judicial, junto al Perú. Según el informe de 2013, Chile es el país, junto a Perú, donde hay menor interés en la política, y donde más se percibe que hay una injusta distribución de la riqueza (junto a Paraguay y Honduras). Además Chile es el país con la peor percepción de la política de privatizaciones (con El Salvador). Por estas razones, en las última elección presidencial, entraron en agenda temas como la necesidad de una profunda reforma política (Asamblea Constituyente o reforma constitucional, reforma del sistema electoral, renovación de los partidos políticos), y la implementación de reformas que enfrenten lo que se interpreta como el fracaso de políticas públicas en áreas fundamentales como educación, salud, o la política previsional.

Podría decirse que Chile converge con nuestro país en la crisis política y en el malestar con el funcionamiento de políticas fundamentales, aunque provenga de una historia de fortaleza institucional. Lo paradójico es que con esas debilidades, a Perú le ha ido mejor económicamente en la última década, basándose apenas en algunas islas de eficiencia dentro del Estado. El desafío para el Perú es construir las instituciones que ganan viable el desarrollo en el mediano plazo, el de Chile es romper con una dinámica política percibida como elitista y exluyente, que podría erosionar su fortaleza institucional. Esa es la verdadera agenda de nuestros países, no atender problemas de fronteras.