Artículo publicado en La República, domingo 13 de noviembre de 2016
En términos generales, se suele pensar que a pesar de la cercanía geográfica, las distancias entre los Estados Unidos de Norteamérica y los países “al sur del río grande” son enormes, lo que nos haría cualitativamente diferentes. Por ser septentrional, desarrollado, angloparlante y protestante, Estados Unidos estaría más cerca de Europa que de México, centro y sudamérica, por así decirlo.
Sin embargo, se suele pasar por alto que todos estamos en las américas, que todos tuvimos población y culturas precolombinas muy importantes; que fuimos colonizados por europeos, que desplazaron y subordinaron a la población indígena; que en norteamérica la colonización española fue muy importante (Florida, Nuevo México, California, Texas); que todas las colonias importamos mano de obra de origen africano (y otras) en condiciones de esclavitud; que la gran mayoría de la población vivía de la explotación agrícola. Según Adam Przeworski y Carolina Curvale, el producto per cápita de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos no era muy diferente hasta las primeras décadas del siglo XIX; las diferencias empiezan a darse muy rápidamente desde la segunda mitad de ese siglo, en tanto en los Estados Unidos el desarrollo industrial y la libertad de la mano de obra empiezan a ser el motor de la economía; mientras que América Latina se configura como exportador de materias primas, y se asientan órdenes oligárquicos, basados en la gran hacienda y el latifundio, y en la preservación de formas premodernas de explotación de los trabajadores. Los Estados Unidos se habrían seguido pareciendo mucho más a América Latina si el desenlace de su guerra civil hubiera sido otro. Recordemos que mientras Ramón Castilla abolió la esclavitud en nuestro país en 1854, en los Estados Unidos la cruenta guerra civil de 1861 pretendía mantenerla.
Desde la segunda mitad del siglo XIX entonces, las diferencias se hacen muy grandes, y en efecto, marcan diferencias sustanciales. Sin embargo, nuevamente, si miramos a los Estados Unidos en el contexto de la OCDE, este país es sistemáticamente uno de los que muestra más desigualdad, el que tiene más pobreza, y uno de los que tiene menor nivel de gasto social. En realidad, si bien EE.UU. está lejos de latinoamérica, lo está también del promedio de países de la OCDE.
Así, no deberíamos pensar que las diferencias entre Estados Unidos y América Latina son tan grandes que hacen inviables las comparaciones. Las encuestas de opinión del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) tienen información de casi todos los páises de las américas, y ellas nos permiten tener una mirada hemisférica. Si bien en muchas cosas Canadá y los Estados Unidos se ven muy diferentes al conjunto (por ejemplo, en cuanto a la eficacia del funcionamiento institucional), en otras Estados Unidos se ve como un país latinoamericano más: en cuanto a la confianza en los partidos políticos, Estados Unidos está muy debajo de Uruguay y Costa Rica, y debajo incluso de Argentina, México y Chile (datos de 2014). Cuando se pregunta si se piensa que la corrupción está generalizada en el país, Estados Unidos aparece a mitad de tabla, un poco mejor que Paraguay y Guatemala, pero peor que Bolivia y Haití. Y cuando se pregunta si se piensa que el gobierno combate la corrupción, la respuesta es escéptica, por debajo de Bolivia y Guatemala, apenas mejor que Paraguay o México.
En este contexto, no debería sorprender tanto lo que algunos han llamado la “latinoamericanización” de los Estados Unidos, la vigencia del populismo, el descontento contra el establishment político.
ACTUALIZACIÓN
Después de entregado el artículo, Patricia Zárate me hizo llamar la atención sobre el dato acaso más potente de LAPOP 2014: respecto a la confianza en el Congreso, el país con el nivel más bajo es Perú, el antepenúltimo es Brasil, y el penúltimo es...¡Estados Unidos!
jueves, 17 de noviembre de 2016
Todos para abajo
Artículo publicado en La República, domingo 6 de noviembre de 2016
Cosas que creíamos saber: PPK no tiene interés y no le resulta conveniente confrontar con el fujimorismo. Comparten muchas cosas, especialmente en lo económico (Kuczynski apoyó a K. Fujimori en 2011 frente a Humala), y el costo de confrontar gratuitamente es potencialmente catastrófico. Al mismo tiempo, hay distancias en lo institucional (Kuczynski fue ministro de Toledo), magnificadas por las circunstancias de la segunda vuelta, y no es bueno ahora mostrar debilidad ante un adversario, digamos, un tanto altanero. Lo que nos lleva a la orilla opuesta: en el fujimorismo saben que no deben aparecer como obstruccionistas, pero también apuestan a capitalizar el desgaste del gobierno como fuerza de oposición. Como puede verse, en esta relación hay mucho de ambigüedad, y riesgos de derrape y volcadura. Se pasó la prueba de la confianza al Consejo de Ministros y la delegación de facultades, pero el juego recién empieza.
Se eligió al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, propuesto por Acción Popular, y allí concordaron AP, Fuerza Popular, el APRA, y también PPK (votaron en contra FA y APP y algunos disidentes de PPK). Podría decirse que era un resultado hasta cierto punto inevitable, dados los candidatos propuestos y la correlación de fuerzas. Llama sí la atención que Gutiérrez haya sido propuesto por AP (¿en qué estaban pensando?), lo que en cierto modo evitó que FP o el APRA presentaran candidatos. ¿Existía la posibilidad de que FA, PPK, AP y APP hubieran podido presentar un mejor candidato, que al mismo tiempo resultara “aceptable” para la mayoría? Queda la duda.
En cuanto al BCR, la mayoría hizo una propuesta bifronte: Elmer Cuba, economista bastante respetado, ganó el respaldo de casi todas las bancadas, salvo las de FA y APP; pero propuso también a José Chlimper, bastante cuestionado por sucesos asociados a la campaña electoral, aprobado solo con los votos de FP y del APRA y el voto en contra de las demás bancadas. En este último caso, se trata de una suerte de “reivindicación” personal y grupal, que da cuenta de lo viva que sigue la herida de haber perdido las elecciones. ¿Hasta cuándo el fujimorismo actuará pensando la elección pasada en vez de las venideras? En este caso, la bancada de PPK votó en contra, pero luego el presidente Kuczynski minimizó la controversia generada por Chlimper. ¿Aflora el “fujimorismo económico” del presidente? Luego, FP decidió votar por el candidato propuesto por el APRA, Rafael Rey: llama allí la atención de que hayan propuesto a Rey y no a algún candidato más netamente partidario, que se haya optado por alguien con un perfil no solo tan poco calificado para el cargo, con un perfil tan confrontacional, y tan “afín” al fujimorismo. Hace bien en reclamar Enrique Cornejo para el APRA una profunda revisión de estrategia. ¿Qué puede ganar el APRA mimetizándose con el fujimorismo? ¿Después de la alianza como socio mayor con el PPC sigue la alianza como socio menor con el fujimorismo? No parece la mejor idea. Y el hecho de que FP haya votado por Rey profundiza la imagen de una mayoría que hace un despliegue de fuerza, desatendiendo su legitimidad política. Tampoco parece la mejor idea pensando en el futuro.
Finalmente, en la misma línea de hundimiento, llama la atención el “rescate” del presidente Kuczynski del ex viceministro del fujimorismo Alfredo Jaililie, sentenciado en 2006 a cuatro años de prisión efectiva, precisamente cuando se discute sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. No es de extrañar que las últimas encuestas muestran a toda la elite política en línea descendente.
Cosas que creíamos saber: PPK no tiene interés y no le resulta conveniente confrontar con el fujimorismo. Comparten muchas cosas, especialmente en lo económico (Kuczynski apoyó a K. Fujimori en 2011 frente a Humala), y el costo de confrontar gratuitamente es potencialmente catastrófico. Al mismo tiempo, hay distancias en lo institucional (Kuczynski fue ministro de Toledo), magnificadas por las circunstancias de la segunda vuelta, y no es bueno ahora mostrar debilidad ante un adversario, digamos, un tanto altanero. Lo que nos lleva a la orilla opuesta: en el fujimorismo saben que no deben aparecer como obstruccionistas, pero también apuestan a capitalizar el desgaste del gobierno como fuerza de oposición. Como puede verse, en esta relación hay mucho de ambigüedad, y riesgos de derrape y volcadura. Se pasó la prueba de la confianza al Consejo de Ministros y la delegación de facultades, pero el juego recién empieza.
Se eligió al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, propuesto por Acción Popular, y allí concordaron AP, Fuerza Popular, el APRA, y también PPK (votaron en contra FA y APP y algunos disidentes de PPK). Podría decirse que era un resultado hasta cierto punto inevitable, dados los candidatos propuestos y la correlación de fuerzas. Llama sí la atención que Gutiérrez haya sido propuesto por AP (¿en qué estaban pensando?), lo que en cierto modo evitó que FP o el APRA presentaran candidatos. ¿Existía la posibilidad de que FA, PPK, AP y APP hubieran podido presentar un mejor candidato, que al mismo tiempo resultara “aceptable” para la mayoría? Queda la duda.
En cuanto al BCR, la mayoría hizo una propuesta bifronte: Elmer Cuba, economista bastante respetado, ganó el respaldo de casi todas las bancadas, salvo las de FA y APP; pero propuso también a José Chlimper, bastante cuestionado por sucesos asociados a la campaña electoral, aprobado solo con los votos de FP y del APRA y el voto en contra de las demás bancadas. En este último caso, se trata de una suerte de “reivindicación” personal y grupal, que da cuenta de lo viva que sigue la herida de haber perdido las elecciones. ¿Hasta cuándo el fujimorismo actuará pensando la elección pasada en vez de las venideras? En este caso, la bancada de PPK votó en contra, pero luego el presidente Kuczynski minimizó la controversia generada por Chlimper. ¿Aflora el “fujimorismo económico” del presidente? Luego, FP decidió votar por el candidato propuesto por el APRA, Rafael Rey: llama allí la atención de que hayan propuesto a Rey y no a algún candidato más netamente partidario, que se haya optado por alguien con un perfil no solo tan poco calificado para el cargo, con un perfil tan confrontacional, y tan “afín” al fujimorismo. Hace bien en reclamar Enrique Cornejo para el APRA una profunda revisión de estrategia. ¿Qué puede ganar el APRA mimetizándose con el fujimorismo? ¿Después de la alianza como socio mayor con el PPC sigue la alianza como socio menor con el fujimorismo? No parece la mejor idea. Y el hecho de que FP haya votado por Rey profundiza la imagen de una mayoría que hace un despliegue de fuerza, desatendiendo su legitimidad política. Tampoco parece la mejor idea pensando en el futuro.
Finalmente, en la misma línea de hundimiento, llama la atención el “rescate” del presidente Kuczynski del ex viceministro del fujimorismo Alfredo Jaililie, sentenciado en 2006 a cuatro años de prisión efectiva, precisamente cuando se discute sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. No es de extrañar que las últimas encuestas muestran a toda la elite política en línea descendente.
miércoles, 2 de noviembre de 2016
Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño
Acaba de ser publicada por CLACSO, en versión electrónica para descarga gratuita, la Antología del pensamiento crítico peruano contemporáneo (Buenos Aires, CLACSO, 2016), de la que fui editor. Este libro es parte de la colección "Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño" de CLACSO, que comprenderá a todos los países de la región. Ya salieron publicadas las de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Perú, Paraguay y Venezuela. Están ya anunciadas también las de Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Antillas Francesas y Holandesas. Todo con acceso electrónico gratuito.
Hacer esta antología fue una gran responsabilidad, y creo que no hay manera de hacer una selección de autores y textos que evite la pregunta de por qué no está tal o cual, o por qué está incluído tal o cual. En todo caso, en la introducción al volumen intento explicar la lógica que seguí en el proceso de selección. El texto sobre Perú se puede descargar aquí.
A continuación el índice:
Martín Tanaka
Introducción. Referentes del pensamiento social crítico en el Perú, 1964-2014
El Perú antes y con Velasco
José Matos Mar
“Dominación, desarrollos desiguales y pluralismos en la
sociedad y culturas peruanas”. En: José Matos Mar et. al., Perú problema:
cinco ensayos. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1968, p. 13-52.
Julio Cotler
“La mecánica de la dominación interna y del cambio social en
el Perú”. En: José Matos Mar et. al., Perú problema: cinco ensayos.
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1968, p. 145-188.
Fernando Fuenzalida
“Poder, Raza y Etnia en el Perú
Contemporáneo”. En: Fernando Fuenzalida et.al., El indio y el poder en el
Perú. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1970, p. 15-87.
Augusto Salazar Bondy
“La cultura de la dominación”. En: José Matos Mar et. al., Perú
problema: cinco ensayos. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1968, p.
53-77.
Heraclio Bonilla y Karen Spalding: “La Independencia en
el Perú: las palabras y los hechos”. En: Heraclio Bonilla et.al., La independencia en el Perú.
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1972, p. 15-64.
Gustavo Gutiérrez
Capítulo 2. “Liberación y desarrollo”. En: Teología de la
liberación. Perspectivas (1971). Salamanca, Ed. Sígueme, 7ª ed., 1975, p.
43-69.
Guillermo Rochabrún
“Apuntes para la comprensión del capitalismo en el Perú”
(1978). En: Batallas por la teoría. En torno a Marx y el Perú. Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 2007, p. 96-124.
Auge y caída de la(s) izquierda(s)
Antonio Cornejo Polar
“La literatura peruana: totalidad contradictoria” (1982).
En: La formación de la tradición literaria en el Perú. Lima, CEP, 1989,
p. 175-199.
Roberto Miró Quesada
“Innovaciones en políticas culturales y transformaciones en
el campo cultural: el caso de Perú”. En: J.J. Brunner, et.al., ¿Hacia un
nuevo orden estatal en América Latina? Vol. 7, Innovación cultural y actores
socio-culturales. Buenos Aires, CLACSO, 1989, p. 241-289.
Javier Iguíñiz
“Perspectivas y opciones frente a la crisis” (1983). En: Sistema
económico y estrategia de desarrollo peruano. Tres ensayos. Lima, Tarea,
1984.
Sinesio López
“Capítulo III. Los cambiantes rostros políticos del pueblo
en el Perú del siglo XX”. En: El dios mortal. Estado, sociedad y política en
el Perú del siglo XX. Lima, IDS, 1991, p. 111-140.
Díaz Martínez,
Antonio
“Capítulo VI: ensayo de conclusión”. En: Ayacucho: hambre
y esperanza (1969). Lima, 2ª. ed., Mosca Azul eds., 1985, p. 177-200.
Alberto Flores Galindo
“El Perú hirviente de estos días”. En: Buscando un inca:
identidad y utopía en los Andes. Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1987, p.
289-337.
Carlos Iván Degregori
“Introducción. Sendero Luminoso. Un objeto de estudio opaco
y elusivo”. En: Qué difícil es ser dios. El Partido Comunista del Perú –
Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980-1999. Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 2010, p. 23-85.
Debates recientes: crítica desde la sociedad
Guillermo Nugent
“Capítulo 2: Peruano + 1, Peruano – 1. Uno”. En: El
laberinto de la choledad. Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1992, p. 69-132.
Cecilia Méndez
“De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú
(siglos XVIII-XXI)”. En: Histórica, XXXV, 1, 2011, p.
53-102.
Maruja Barrig
Capítulo 2: “Hágase en mí según tu palabra: el servicio
doméstico”. En: El mundo al revés. Imágenes de la mujer indígena. Buenos
Aires, CLACSO, 2001, p. 33-45.
Hugo Neira
“El hombre festivo”. En: Hacia la tercera mitad. Peru
XVI-XX. Ensayos de relectura herética. Lima, SIDEA, 1996, p. 215-243.
Carlos Franco
“Capítulo V. La renuncia al
enfoque histórico-estructural, los procesos conformativos del régimen
demoliberal en Europa Occidental y la acrítica importación de ese régimen en
América Latina (I)”. En: Acerca del modo de pensar la democracia en América
Latina. Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1998, p. 107-152.
Aníbal Quijano
“Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”.
En: Lander, Edgardo, comp., La colonialidad del saber: eurocentrismo y
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO,
2000, p. 122-151.
Rodrigo Montoya
“Capítulo 1. El espejo roto del Perú: sus identidades y sus
máscaras”. En: Al borde del naufragio (democracia, violencia y problema
étnico en el Perú). Lima, Sur, 1992, p. 13-35.
Lecciones del final del fujimorismo, en línea
Acaba de ser puesto en línea para descarga gratuita el libro Lecciones del final del fujimorismo. La legitimidad presidencial y la acción política (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2001), que tiene un ensayo de Jane Marcus y otro mío,“¿Crónica de una muerte anunciada? Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales en el Perú, 1980-2000” (p. 57 – 112). Espero que sea de interés, saludos.
Cambio de régimen
Artículo publicado en La República, domingo 30 de octubre de 2016
Soy profesor de ciencia política, y en algunos cursos estudiamos los diferentes regímenes políticos (formas de organizar el poder) que existen en el mundo. Por lo general se trata de una discusión conceptual bastante académica, pero en los últimos tiempos estos asuntos han adquirido una inusitada relevancia práctica, en especial a partir del caso venezolano.
Hasta la década de los años setenta del siglo pasado, nuestros países eran asolados por dictaduras que actuaban de maneras muy claras: los militares intervenían en la arena política basados en la fuerza de las armas, cancelaban las elecciones, proscribían la actividad de los partidos políticos, etc. Desde la década de los años ochenta tuvimos el establecimiento de regímenes democráticos, y la única dictadura que quedó fue la cubana, con un régimen de partido único. México quedó como un “animal político” particular: no era una dictadura convencional (había elecciones, mínimo pluralismo político), pero un mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había gobernado el país desde 1930. En Japón, el Partido Liberal Democrático (PLD), ha gobernado prácticamente sin interrupciones desde 1955, y consideramos democrático a ese país; la clave está en cuánto se respetan los derechos de la oposición. En México claramente no, por lo menos hasta 1988, cuando ante la posibilidad del triunfo de Cuahutémoc Cárdenas, el organismo electoral simplemente suspendió el recuento de votos y declaró sin más presidente al candidato del PRI, Carlos Salinas. No se trataba de una dictadura convencional, pero claramente no era un régimen democrático.
Más adelante, el fujimorismo se sumó a esta forma de régimen: un presidente electo democráticamente, con importante respaldo popular, pero que actúa autoritariamente, al punto que deja de ser un régimen democrático. La oposición no tiene capacidad real de ejercer sus funciones de control, y la autonomía de los poderes del Estado desaparecen. Así, Fujimori encabezó después de 1992 un régimen autoritario con apariencia democrática, mientras que, por decir, en Colombia con Alvaro Uribe en la década siguiente, ese país siguió siendo democrático, a pesar del autoritarismo del presidente; el control instucional sigió funcionando, al punto que impidió una segunda reelección del presidente, a diferencia del Perú. Con el tiempo, Venezuela con Chávez y luego con Maduro encajan claramente dentro de esta categoría; Nicaragua con Daniel Ortega, quien seguramente será reelegido por segunda vez el próximo 6 de noviembre, también. A esto el colega Steven Levitsky llamó autoritarismo competitivo.
En los últimos días, en Venezuela, al cerrarse la posibilidad de seguir con el proceso del referendo revocatorio y la suspención de las elecciones regionales y municipales, el régimen simplemente dejó de ser “competitivo” para quedar simplemente como autoritario. Y en tanto ya ni se hace el esfuerzo de simular un mínimo de legitimidad constitucional, en tanto el Congreso es pasado totalmente por alto y se hace evidente que los demás poderes del Estado están al servicio del poder ejecutivo, el régimen se desliza hacia una dictadura como las del pasado.
Decía que esto no solo es una discusión académica: el efecto práctico es que la oposición venezolana ya no puede seguir jugando las reglas del régimen, y debe pasar a lógicas de resistencia pacífica; y la comunidad internacional debe presionar para retomar el hilo constitucional. El Secretario General de la OEA ya habló de la ruptura democrática en ese país, y las acciones consecuentes de ese diagnóstico deberían seguirse.
Soy profesor de ciencia política, y en algunos cursos estudiamos los diferentes regímenes políticos (formas de organizar el poder) que existen en el mundo. Por lo general se trata de una discusión conceptual bastante académica, pero en los últimos tiempos estos asuntos han adquirido una inusitada relevancia práctica, en especial a partir del caso venezolano.
Hasta la década de los años setenta del siglo pasado, nuestros países eran asolados por dictaduras que actuaban de maneras muy claras: los militares intervenían en la arena política basados en la fuerza de las armas, cancelaban las elecciones, proscribían la actividad de los partidos políticos, etc. Desde la década de los años ochenta tuvimos el establecimiento de regímenes democráticos, y la única dictadura que quedó fue la cubana, con un régimen de partido único. México quedó como un “animal político” particular: no era una dictadura convencional (había elecciones, mínimo pluralismo político), pero un mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había gobernado el país desde 1930. En Japón, el Partido Liberal Democrático (PLD), ha gobernado prácticamente sin interrupciones desde 1955, y consideramos democrático a ese país; la clave está en cuánto se respetan los derechos de la oposición. En México claramente no, por lo menos hasta 1988, cuando ante la posibilidad del triunfo de Cuahutémoc Cárdenas, el organismo electoral simplemente suspendió el recuento de votos y declaró sin más presidente al candidato del PRI, Carlos Salinas. No se trataba de una dictadura convencional, pero claramente no era un régimen democrático.
Más adelante, el fujimorismo se sumó a esta forma de régimen: un presidente electo democráticamente, con importante respaldo popular, pero que actúa autoritariamente, al punto que deja de ser un régimen democrático. La oposición no tiene capacidad real de ejercer sus funciones de control, y la autonomía de los poderes del Estado desaparecen. Así, Fujimori encabezó después de 1992 un régimen autoritario con apariencia democrática, mientras que, por decir, en Colombia con Alvaro Uribe en la década siguiente, ese país siguió siendo democrático, a pesar del autoritarismo del presidente; el control instucional sigió funcionando, al punto que impidió una segunda reelección del presidente, a diferencia del Perú. Con el tiempo, Venezuela con Chávez y luego con Maduro encajan claramente dentro de esta categoría; Nicaragua con Daniel Ortega, quien seguramente será reelegido por segunda vez el próximo 6 de noviembre, también. A esto el colega Steven Levitsky llamó autoritarismo competitivo.
En los últimos días, en Venezuela, al cerrarse la posibilidad de seguir con el proceso del referendo revocatorio y la suspención de las elecciones regionales y municipales, el régimen simplemente dejó de ser “competitivo” para quedar simplemente como autoritario. Y en tanto ya ni se hace el esfuerzo de simular un mínimo de legitimidad constitucional, en tanto el Congreso es pasado totalmente por alto y se hace evidente que los demás poderes del Estado están al servicio del poder ejecutivo, el régimen se desliza hacia una dictadura como las del pasado.
Decía que esto no solo es una discusión académica: el efecto práctico es que la oposición venezolana ya no puede seguir jugando las reglas del régimen, y debe pasar a lógicas de resistencia pacífica; y la comunidad internacional debe presionar para retomar el hilo constitucional. El Secretario General de la OEA ya habló de la ruptura democrática en ese país, y las acciones consecuentes de ese diagnóstico deberían seguirse.
Un río invisible
Artículo publicado en La República, domingo 23 de octubre de 2016
Recientemente tuve a mi cargo la elaboración de una antología del “pensamiento crítico peruano” para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que cubre el periodo 1964-2014. El libro ya está en proceso de publicación, pero de haber tenido ocasión de hacerlo, habría incluido entre los autores antologados al antropólogo Ramón Pajuelo. Pajuelo acaba de publicar Un río invisible. Ensayos sobre política, conflictos, memoria y movilización indígena en el Perú y los andes (Lima, Ríos profundos eds., 2016), libro en el que compila un conjunto amplio de trabajos (ensayos, ponencias, artículos) la mayoría de ellos inéditos o inéditos en nuestro medio.
Este libro podría considerarse el mejor exponente del “pensamiento crítico” peruano: es el libro de un autor que, desde las ciencias sociales, se propone explícitamente ser un intelectual orgánico al desarrollo de un proyecto político de izquierda, a la crítica al “discurso hegemónico neoliberal”. Pajuelo se sitúa en un espacio más allá de las lógicas universitarias y académicas, y reivindica “lugares donde nadie trabaje para que le concedan títulos o cátedras, sino para la transformación de la sociedad”. Si bien hay muchos otros que han realizado contribuciones relevantes en el mismo sentido, me parece que ninguno con la constancia, amplitud, pertinencia y calidad académica como la mostrada en este libro por Pajuelo. Los textos están agrupados en cuatro secciones: la primera dedicada a la crítica al neoliberalismo y a explorar la dinámica del conflicto armado interno, y las consecuencias que tuvo la manera en que se resolvió, instaurándose un “memoria salvadora” por la sectores conservadores se arrogan el mérito de la derrota de las organizaciones terroristas. La segunda parte está centrada en el análisis de los conflictos sociales ocurridos en el país en los últimos años; la tecera continúa y profundiza la segunda, y se ocupa de la organización y movilización campesina e indígena, actor central de la dinámica de protestas en contra de la “hegemonía neoliberal”. Finalmente, la cuarta parte ubica al Perú en el contexto de las movilizaciones indígenas en los países andinos, Ecuador y Bolivia en particular, y los mira como parte de un mismo proceso.
El río invisible al que alude el título del libro se refiere a las “luchas colectivas, en gran medida anónimas, rurales y de rostro indígena, que vienen emergiendo a pesar de la continuidad aparentemente incontestable de la hegemonía neoliberal”, “un río de luchas por el pan y la belleza de las utopías cotidianas”. Como intelectual orgánico, Pajuelo busca en la realidad las potencialidades que aparecen y que pueden constituir puntos sobre los cuales la voluntad política de izquierda podría incidir para convertir esas potencialidades en acciones y actores concretos. Así, el río que muestra un cauce vacío en realidad podría esconder un caudal invisible, “potente, indetenible”. La imagen del río invisible, que ilustra la “sequedad” de los movimientos sociales y de los proyectos de izquierda, pero también sus potencialidades, ilustra también, me parece, los méritos y limitaciones del libro de Pajuelo. Se entiende que el esfuerzo del autor está puesto en resaltar potencialidades, pero entonces cae en el error de fijarse solamente en las excepciones que parecen confirmar su apuesta política, dejando desatendida la realidad que la contradice. Esto es particularmente evidente al contrastar la lectura del autor de la vitalidad de los movimientos indígenas boliviano y ecuatoriano a la luz de los sucesos más recientes en esos países.
Recientemente tuve a mi cargo la elaboración de una antología del “pensamiento crítico peruano” para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que cubre el periodo 1964-2014. El libro ya está en proceso de publicación, pero de haber tenido ocasión de hacerlo, habría incluido entre los autores antologados al antropólogo Ramón Pajuelo. Pajuelo acaba de publicar Un río invisible. Ensayos sobre política, conflictos, memoria y movilización indígena en el Perú y los andes (Lima, Ríos profundos eds., 2016), libro en el que compila un conjunto amplio de trabajos (ensayos, ponencias, artículos) la mayoría de ellos inéditos o inéditos en nuestro medio.
Este libro podría considerarse el mejor exponente del “pensamiento crítico” peruano: es el libro de un autor que, desde las ciencias sociales, se propone explícitamente ser un intelectual orgánico al desarrollo de un proyecto político de izquierda, a la crítica al “discurso hegemónico neoliberal”. Pajuelo se sitúa en un espacio más allá de las lógicas universitarias y académicas, y reivindica “lugares donde nadie trabaje para que le concedan títulos o cátedras, sino para la transformación de la sociedad”. Si bien hay muchos otros que han realizado contribuciones relevantes en el mismo sentido, me parece que ninguno con la constancia, amplitud, pertinencia y calidad académica como la mostrada en este libro por Pajuelo. Los textos están agrupados en cuatro secciones: la primera dedicada a la crítica al neoliberalismo y a explorar la dinámica del conflicto armado interno, y las consecuencias que tuvo la manera en que se resolvió, instaurándose un “memoria salvadora” por la sectores conservadores se arrogan el mérito de la derrota de las organizaciones terroristas. La segunda parte está centrada en el análisis de los conflictos sociales ocurridos en el país en los últimos años; la tecera continúa y profundiza la segunda, y se ocupa de la organización y movilización campesina e indígena, actor central de la dinámica de protestas en contra de la “hegemonía neoliberal”. Finalmente, la cuarta parte ubica al Perú en el contexto de las movilizaciones indígenas en los países andinos, Ecuador y Bolivia en particular, y los mira como parte de un mismo proceso.
El río invisible al que alude el título del libro se refiere a las “luchas colectivas, en gran medida anónimas, rurales y de rostro indígena, que vienen emergiendo a pesar de la continuidad aparentemente incontestable de la hegemonía neoliberal”, “un río de luchas por el pan y la belleza de las utopías cotidianas”. Como intelectual orgánico, Pajuelo busca en la realidad las potencialidades que aparecen y que pueden constituir puntos sobre los cuales la voluntad política de izquierda podría incidir para convertir esas potencialidades en acciones y actores concretos. Así, el río que muestra un cauce vacío en realidad podría esconder un caudal invisible, “potente, indetenible”. La imagen del río invisible, que ilustra la “sequedad” de los movimientos sociales y de los proyectos de izquierda, pero también sus potencialidades, ilustra también, me parece, los méritos y limitaciones del libro de Pajuelo. Se entiende que el esfuerzo del autor está puesto en resaltar potencialidades, pero entonces cae en el error de fijarse solamente en las excepciones que parecen confirmar su apuesta política, dejando desatendida la realidad que la contradice. Esto es particularmente evidente al contrastar la lectura del autor de la vitalidad de los movimientos indígenas boliviano y ecuatoriano a la luz de los sucesos más recientes en esos países.
Peligro a la vista
Artículo publicado en La República, domingo 16 de octubre de 2016
Los primeros dos meses del gobierno estuvieron marcados por definir los términos de la relación entre ejecutivo y legislativo y las medidas de política pública más urgentes, es decir, por el voto de confianza del Consejo de Ministros y la delegación de facultades legislativas por parte del Congreso. Pero en los últimos días se han agolpado en la agenda una serie de problemas asociados a cómo lidiar con algunas pesadas herencias dejadas por el gobierno anterior y al manejo de crisis específicas: y son estas contingencias, tanto o más que las grandes decisiones de Estado y de política pública, las que determinarán el rumbo del gobierno.
- Las herencias: en un contexto de menor crecimiento y de mucha suspicacia frente a la colusión entre Estado e intereses privados, es crucial evaluar la conveniencia de continuar proyectos como la realización en Lima de los juegos panamericanos, la modernización de la refinería de Talara, la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, del gasoducto del sur o del Museo Nacional de Arqueología en Pachacamac. Estos costosos proyectos podrían ser motivo de orgullo y un gran logro para el gobierno, pero también causa de su ruina. Nada ata al gobierno actual con el anterior, así que una evaluación muy fría debe imponerse.
- En los últimos días, la escandalosa actuación de Carlos Moreno, ex asesor en temas de salud, ha puesto la atención sobre algunos personajes muy cercanos al presidente. Por ejemplo, ¿qué papel juega Jorge Villacorta en la prevención y control de conflictos sociales, ahora que está el muy competente Rolando Luque como Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad? En la reciente negociación entre el Estado y las comunidades nativas del río Marañón afectadas por la contaminación petrolera, es claro que su participación no suma, sino que estorba. Lo mismo podría haberse dicho, antes del escándalo de los audios, del papel de Moreno respecto al de la muy competente Ministra de Salud, Patricia García. En los últimos días, también se ha cuestionado el papel desempeñado durante la campaña electoral por el ahora congresista Gilbert Violeta, con cargos que deben ser esclarecidos, y que podrían afectar a otro asesor presidencial, José Labán, asesor en temas regionales y municipales. El gran problema con todos estos asuntos no es que comprometan al gobierno, sino que apuntan directamente al Presidente de la República. Algunos han comparado la imagen del presidente Kuczynski con la del segundo gobierno del presidente Belaunde, llamando la atención sobre la proyección de una imagen paternal o de abuelo sobre los ciudadanos, o la de un presidente dedicado a tareas muy específicas, dejando el manejo general del gobierno al activismo de sus ministros. El riesgo ahora es que el presidente pueda empezar a ser percibido como fuente de problemas para el gobierno, por la intromisión de asesores y la cercanía de “amigos” que aprovechan el poder para buscar beneficios particulares.
- Finalmente, la semana termina con la pésima noticia del fallecimiento de uno de los manifestantes en una acción de protesta frente al proyecto minero Las Bambas en Apurímac, en circunstancias todavía poco claras. El Ministro del Interior, que tiene que lidiar con los serios problemas de la seguridad ciudadana y de la reorganización de la policía, puede terminar siendo complicado por un problema asociado con el manejo de conflictos. Este lamentable suceso debe servir para que el gobierno deje muy en claro cuál es su política de manejo de conflictos y de reestablecimiento del orden público en el marco de protestas sociales.
Los primeros dos meses del gobierno estuvieron marcados por definir los términos de la relación entre ejecutivo y legislativo y las medidas de política pública más urgentes, es decir, por el voto de confianza del Consejo de Ministros y la delegación de facultades legislativas por parte del Congreso. Pero en los últimos días se han agolpado en la agenda una serie de problemas asociados a cómo lidiar con algunas pesadas herencias dejadas por el gobierno anterior y al manejo de crisis específicas: y son estas contingencias, tanto o más que las grandes decisiones de Estado y de política pública, las que determinarán el rumbo del gobierno.
- Las herencias: en un contexto de menor crecimiento y de mucha suspicacia frente a la colusión entre Estado e intereses privados, es crucial evaluar la conveniencia de continuar proyectos como la realización en Lima de los juegos panamericanos, la modernización de la refinería de Talara, la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, del gasoducto del sur o del Museo Nacional de Arqueología en Pachacamac. Estos costosos proyectos podrían ser motivo de orgullo y un gran logro para el gobierno, pero también causa de su ruina. Nada ata al gobierno actual con el anterior, así que una evaluación muy fría debe imponerse.
- En los últimos días, la escandalosa actuación de Carlos Moreno, ex asesor en temas de salud, ha puesto la atención sobre algunos personajes muy cercanos al presidente. Por ejemplo, ¿qué papel juega Jorge Villacorta en la prevención y control de conflictos sociales, ahora que está el muy competente Rolando Luque como Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad? En la reciente negociación entre el Estado y las comunidades nativas del río Marañón afectadas por la contaminación petrolera, es claro que su participación no suma, sino que estorba. Lo mismo podría haberse dicho, antes del escándalo de los audios, del papel de Moreno respecto al de la muy competente Ministra de Salud, Patricia García. En los últimos días, también se ha cuestionado el papel desempeñado durante la campaña electoral por el ahora congresista Gilbert Violeta, con cargos que deben ser esclarecidos, y que podrían afectar a otro asesor presidencial, José Labán, asesor en temas regionales y municipales. El gran problema con todos estos asuntos no es que comprometan al gobierno, sino que apuntan directamente al Presidente de la República. Algunos han comparado la imagen del presidente Kuczynski con la del segundo gobierno del presidente Belaunde, llamando la atención sobre la proyección de una imagen paternal o de abuelo sobre los ciudadanos, o la de un presidente dedicado a tareas muy específicas, dejando el manejo general del gobierno al activismo de sus ministros. El riesgo ahora es que el presidente pueda empezar a ser percibido como fuente de problemas para el gobierno, por la intromisión de asesores y la cercanía de “amigos” que aprovechan el poder para buscar beneficios particulares.
- Finalmente, la semana termina con la pésima noticia del fallecimiento de uno de los manifestantes en una acción de protesta frente al proyecto minero Las Bambas en Apurímac, en circunstancias todavía poco claras. El Ministro del Interior, que tiene que lidiar con los serios problemas de la seguridad ciudadana y de la reorganización de la policía, puede terminar siendo complicado por un problema asociado con el manejo de conflictos. Este lamentable suceso debe servir para que el gobierno deje muy en claro cuál es su política de manejo de conflictos y de reestablecimiento del orden público en el marco de protestas sociales.
¿Hemos tocado el fondo?
Artículo publicado en La República, domingo 9 de octubre de 2016
Se usa la expresión “tocar fondo” para indicar que estamos muy mal, pero que afortunadamente en lo que viene solo queda mejorar. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar su boletín de perspectivas económicas para las américas, y sugiere que 2016 será el año más bajo, después de lo cual habrá mejoras; modestas, pero al menos no seguiríamos cayendo. Los precios de las materias primas que exportamos, por ejemplo, habrían detenido su caída, aunque no volveremos a los “super precios” del pasado reciente. Los países que peor la están pasado parece que, cuando menos, no se seguirán deteriorando; Brasil está empezando a ordenar sus finanzas, y en lo político el gobierno de Temer se ha estabilizado, pese a los cuestionamientos iniciales a su legitimidad. Acaba de realizarse la primera vuelta de las elecciones municipales, y tanto el PMDB como el PSDB, miembros de la actual coalición de gobierno, han obtenido más votos que hace cuatro años, en medio del desplome de la votación del PT, que perdió casi el 60% de los votos.
Venezuela sigue siendo un desastre económico, aunque en lo político las cosas sugieren que la “revolución bolivariana” está ya de salida, aunque seguirá siendo tortuosa. Si el referéndum revocatorio logra realizarse antes de enero de 2017, y como es previsible gana la oposición, podría haber nuevas elecciones; pero si ocurre después, y gana la oposición, el vicepresidente (Aristóbulo Istúriz) terminaría el periodo presidencial de Maduro, lo que implicaría elecciones a finales de 2018 y el traspaso del poder a inicios de 2019. La batalla por la fecha es crucial. Ecuador también parece haber tocado fondo en lo económico, y en lo político asistimos a los meses finales del correísmo. Las elecciones generales se realizarán en febrero del próximo año, y el exvicepresidente Lenín Moreno ya fue designado como candidato oficialista, y no es percibido como un mero títere de Correa. A diferencia de Venezuela, en la que la oposición ha logrado actuar de manera conjunta a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la oposición ecuatoriana se muestra dispersa, por lo que las encuestas sugieren que Moreno podría ganar la primera vuelta de la elección presidencial.
Un comentario especial sobre Colombia, con mejores perspectivas de crecimiento para los próximos años. A pesar del gran traspié que resultó el triunfo del “No” en el plebiscito respecto al acuerdo de paz con las FARC, las negociaciones siguen abiertas, y el reciente premio Nobel de la Paz otrogado al presidente Santos podría ayudar a llegar a un mejor acuerdo. En esta nueva negociación no solo habría que escuchar a voces como las de los expresidentes Uribe y Pastrana, también a organizaciones como Human Rights Watch, que también objetó el acuerdo inicial. Sobre el inesperado resultado a favor del “No”, parecen quedar claras algunas pistas: alta abstención entre votantes del “Sí”, y una movilización más comprometida entre los del “No”. Los primeros, acaso más concentrados entre los que han sufrido más la violencia en los últimos años, tienden a concentrarse en áreas rurales, menos significativas demográficamente y en donde la movilización para la votación es más dificil sin el funcionamiento de los aparatos partidarios tradicionales, relativamente desactivados y desarticulados en el plebiscito. Por el contrario, el voto por el “No”, más fuerte en áreas urbanas, menos golpeadas por la violencia en el último tiempo, con más peso demográfico y facilidad para movilizarse a votar, contó también con el apoyo de las estructuras vinculadas al uribismo y otros sectores.
Se usa la expresión “tocar fondo” para indicar que estamos muy mal, pero que afortunadamente en lo que viene solo queda mejorar. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar su boletín de perspectivas económicas para las américas, y sugiere que 2016 será el año más bajo, después de lo cual habrá mejoras; modestas, pero al menos no seguiríamos cayendo. Los precios de las materias primas que exportamos, por ejemplo, habrían detenido su caída, aunque no volveremos a los “super precios” del pasado reciente. Los países que peor la están pasado parece que, cuando menos, no se seguirán deteriorando; Brasil está empezando a ordenar sus finanzas, y en lo político el gobierno de Temer se ha estabilizado, pese a los cuestionamientos iniciales a su legitimidad. Acaba de realizarse la primera vuelta de las elecciones municipales, y tanto el PMDB como el PSDB, miembros de la actual coalición de gobierno, han obtenido más votos que hace cuatro años, en medio del desplome de la votación del PT, que perdió casi el 60% de los votos.
Venezuela sigue siendo un desastre económico, aunque en lo político las cosas sugieren que la “revolución bolivariana” está ya de salida, aunque seguirá siendo tortuosa. Si el referéndum revocatorio logra realizarse antes de enero de 2017, y como es previsible gana la oposición, podría haber nuevas elecciones; pero si ocurre después, y gana la oposición, el vicepresidente (Aristóbulo Istúriz) terminaría el periodo presidencial de Maduro, lo que implicaría elecciones a finales de 2018 y el traspaso del poder a inicios de 2019. La batalla por la fecha es crucial. Ecuador también parece haber tocado fondo en lo económico, y en lo político asistimos a los meses finales del correísmo. Las elecciones generales se realizarán en febrero del próximo año, y el exvicepresidente Lenín Moreno ya fue designado como candidato oficialista, y no es percibido como un mero títere de Correa. A diferencia de Venezuela, en la que la oposición ha logrado actuar de manera conjunta a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la oposición ecuatoriana se muestra dispersa, por lo que las encuestas sugieren que Moreno podría ganar la primera vuelta de la elección presidencial.
Un comentario especial sobre Colombia, con mejores perspectivas de crecimiento para los próximos años. A pesar del gran traspié que resultó el triunfo del “No” en el plebiscito respecto al acuerdo de paz con las FARC, las negociaciones siguen abiertas, y el reciente premio Nobel de la Paz otrogado al presidente Santos podría ayudar a llegar a un mejor acuerdo. En esta nueva negociación no solo habría que escuchar a voces como las de los expresidentes Uribe y Pastrana, también a organizaciones como Human Rights Watch, que también objetó el acuerdo inicial. Sobre el inesperado resultado a favor del “No”, parecen quedar claras algunas pistas: alta abstención entre votantes del “Sí”, y una movilización más comprometida entre los del “No”. Los primeros, acaso más concentrados entre los que han sufrido más la violencia en los últimos años, tienden a concentrarse en áreas rurales, menos significativas demográficamente y en donde la movilización para la votación es más dificil sin el funcionamiento de los aparatos partidarios tradicionales, relativamente desactivados y desarticulados en el plebiscito. Por el contrario, el voto por el “No”, más fuerte en áreas urbanas, menos golpeadas por la violencia en el último tiempo, con más peso demográfico y facilidad para movilizarse a votar, contó también con el apoyo de las estructuras vinculadas al uribismo y otros sectores.
Primer balance
Artículo publicado en La República, domingo 2 de octubre de 2016
Han pasado dos meses desde la instalación del nuevo gobierno y del nuevo Congreso, y se superaron los dos primeros escollos en la relación entre ambos, con el voto de confianza otorgado al Presidente del Consejo de Ministros y la reciente delegación de facultades legislativas. Afortunadamente no se dieron los escenarios de crisis de gobernabilidad que algunos avisoraban: mérito del gobierno, que supo combinar firmeza y negociación, y de una oposición fujimorista que colectivamente supo controlar tendencias a la confrontación gratuita y a la proliferación de iniciativas individualistas. Dentro de este panorama, creo que se puede esbozar un primer balance, muy preliminar.
- el Presidente. Muy bien en lo importante, pero cierta espontaneidad excesiva en sus declaraciones puede meter al gobierno en problemas serios más adelante.
- seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior, como se esperaba, está en gran actividad, pero la gestión de Basombrío se ha complicado innecesariamente por no haber sabido elegir bien qué batallas dar, cómo manejar las expectativas, con quién aliarse y con quién no conceder. Sorprende en quien se pensaba era uno de los ministros más “políticos”. Todavía está a tiempo de afirmarse en el puesto más complicado de todos.
- economía. A diferencia del pasado, en los que el Ministro de Economía, desde las alturas tecnocráticas, podía tener tanto poder como el presidente del consejo de ministros o el propio presidente de la república, esta vez Thorne dialoga con otros dos economistas. En el campo económico, no parece haber unanimidad respecto a qué hacer en materia tributaria, informalidad, grandes proyectos de inversión pública… para elaborar los decretos legislativos en materia económica seguramente habrá mucha negociación y se tendrá que hilar muy fino. Si en vez de reactivar la economía ésta se paraliza y se hace crecer el déficit, el presidente se convertirá demasiado rápido en un lame duck.
- las respondonas. Un gobierno que enfrentará una economía complicada, y que probablemente no podrá exhibir grandes logros en política social, tiene sin embargo mucho margen para avanzar y construir legitimidad con una reforma de la salud, con la defensa de los derechos de la mujer, con una reforma de la justicia. En salud se declaró a Lima en emergencia sanitaria, un buen primer paso, pero se extraña más ambición en complicado Ministerio de Justicia y en el Ministerio de la Mujer.
- educación. Saavedra pasó demasiado rápido de ser el ministro estrella, el más consensual, a uno de los más cuestionados. Una cosa es tratar con el magisterio y la educación básica, otra con la educación técnica y superior, y sacar adelante los Juegos Panamericanos. Necesita oxígeno, y alguien en la bancada oficialista debería cumplir el papel que antes desempeñaba Daniel Mora.
- el fujimorismo. Pasó con éxito las pruebas de la confianza al Consejo de Ministros y la delegación de facultades, pero ahora deben presentarle al país su propia agenda legislativa. No basta con actuar a favor o en contra de lo que venga del ejecutivo.
- el Frente Amplio. Si su imagen queda consumida por sus líos internos y por definirse solo por ser oposición al gobierno y al fujimorismo, se desgastarán muy rápido. Tienen también que aspirar a marcar la agenda y las políticas públicas con temas propios, para lo cual deben entenderse mínimamente con el oficialismo y el fujimorismo. En la elección del Defensor del Pueblo, por ejemplo, cometieron el error de proponer un candidato propio (lo que hizo imposible su elección), en vez de buscar una mejor opción consensuada.
Han pasado dos meses desde la instalación del nuevo gobierno y del nuevo Congreso, y se superaron los dos primeros escollos en la relación entre ambos, con el voto de confianza otorgado al Presidente del Consejo de Ministros y la reciente delegación de facultades legislativas. Afortunadamente no se dieron los escenarios de crisis de gobernabilidad que algunos avisoraban: mérito del gobierno, que supo combinar firmeza y negociación, y de una oposición fujimorista que colectivamente supo controlar tendencias a la confrontación gratuita y a la proliferación de iniciativas individualistas. Dentro de este panorama, creo que se puede esbozar un primer balance, muy preliminar.
- el Presidente. Muy bien en lo importante, pero cierta espontaneidad excesiva en sus declaraciones puede meter al gobierno en problemas serios más adelante.
- seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior, como se esperaba, está en gran actividad, pero la gestión de Basombrío se ha complicado innecesariamente por no haber sabido elegir bien qué batallas dar, cómo manejar las expectativas, con quién aliarse y con quién no conceder. Sorprende en quien se pensaba era uno de los ministros más “políticos”. Todavía está a tiempo de afirmarse en el puesto más complicado de todos.
- economía. A diferencia del pasado, en los que el Ministro de Economía, desde las alturas tecnocráticas, podía tener tanto poder como el presidente del consejo de ministros o el propio presidente de la república, esta vez Thorne dialoga con otros dos economistas. En el campo económico, no parece haber unanimidad respecto a qué hacer en materia tributaria, informalidad, grandes proyectos de inversión pública… para elaborar los decretos legislativos en materia económica seguramente habrá mucha negociación y se tendrá que hilar muy fino. Si en vez de reactivar la economía ésta se paraliza y se hace crecer el déficit, el presidente se convertirá demasiado rápido en un lame duck.
- las respondonas. Un gobierno que enfrentará una economía complicada, y que probablemente no podrá exhibir grandes logros en política social, tiene sin embargo mucho margen para avanzar y construir legitimidad con una reforma de la salud, con la defensa de los derechos de la mujer, con una reforma de la justicia. En salud se declaró a Lima en emergencia sanitaria, un buen primer paso, pero se extraña más ambición en complicado Ministerio de Justicia y en el Ministerio de la Mujer.
- educación. Saavedra pasó demasiado rápido de ser el ministro estrella, el más consensual, a uno de los más cuestionados. Una cosa es tratar con el magisterio y la educación básica, otra con la educación técnica y superior, y sacar adelante los Juegos Panamericanos. Necesita oxígeno, y alguien en la bancada oficialista debería cumplir el papel que antes desempeñaba Daniel Mora.
- el fujimorismo. Pasó con éxito las pruebas de la confianza al Consejo de Ministros y la delegación de facultades, pero ahora deben presentarle al país su propia agenda legislativa. No basta con actuar a favor o en contra de lo que venga del ejecutivo.
- el Frente Amplio. Si su imagen queda consumida por sus líos internos y por definirse solo por ser oposición al gobierno y al fujimorismo, se desgastarán muy rápido. Tienen también que aspirar a marcar la agenda y las políticas públicas con temas propios, para lo cual deben entenderse mínimamente con el oficialismo y el fujimorismo. En la elección del Defensor del Pueblo, por ejemplo, cometieron el error de proponer un candidato propio (lo que hizo imposible su elección), en vez de buscar una mejor opción consensuada.
Fortalecer los grupos parlamentarios
Artículo publicado en La República, domingo 25 de setiembre de 2016
Esta semana la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó un proyecto que cambia tres artículos del Reglamento que busca “desincentivar la fragmentación de grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento”. Los cambios hacen que quienes salgan del grupo parlamentario por el cual fueron elegidos, no puedan conformar un grupo nuevo ni adherirse a otros. Quedan como un eventual “grupo especial”. Al no pertenecer a ningún grupo parlamentario propiamente constituído, esos congresistas no pueden aspirar a un cargo en la Mesa Directiva o en Comisiones (ellos son consecuencia de una negociación entre grupos), o ser parte de la Comisión Permanente (elegida representando proporcionalmente a los grupos parlamentarios) o del Consejo Directivo (conformado por los miembros de la Mesa Directiva y por los portavoces de los grupos).
Si bien en el mundo ideal la reforma del funcionamiento de los partidos políticos y del Congreso debería ser parte de un conjunto integral de reformas coherentes, aquí y ahora considero que este proyecto es positivo y espero que sea aprobado por el pleno.
Cuando vamos a las urnas para elegir a los congresistas elegimos entre listas partidarias; secundariamente, elegimos representantes específicos dentro de las listas, si usamos el voto preferencial. Elegimos partidos, no personas; y según la cantidad de votos que obtiene cada lista, se asigna el número de escaños que le corresponde a cada partido. La configuración de fuerzas representadas en el Congreso refleja el respaldo relativo obtenido por cada partido, resultado del voto popular. Aceptar que una vez electo el Congreso puedan conformarse nuevos grupos parlamentarios es una estafa a la voluntad popular expresado en el voto.
El proyecto me parece bueno no solo porque ayuda a que la voluntad popular expresada en el voto se preserve, también porque la gobernabilidad democrática del Congreso se construye sobre la base de la consistencia de los grupos parlamentarios. Dejar la puerta abierta al transfuguismo, como hasta ahora, es ser extremadamente concesivos con el oportunismo y con la personalización extrema de la política, uno de nuestros males principales. Esa es la puerta que conduce al intercambio clientelar, favorece la acción de grupos de interés encubiertos, a la penetración de actores mafiosos. Los partidos tienen más que perder que los individualistas o aventureros políticos. En general, en América Latina, la percepción es que las reformas que buscaban democratizar la arena política favoreciendo la personalización del voto en los últimos años lo que han terminado haciendo es generando problemas de gobernabilidad.
Me resulta curioso que, en nuestros debates políticos, durante mucho tiempo hayamos criticado el transfuguismo, considerado a éste una práctica escandalosa, y llamado a fortalecer a los partidos, pero ahora nos opongamos o desconfiemos de una iniciativa encaminada a fortalecer los grupos parlamentarios. El debate parece estar distorsionado por el temor que despierta la mayoría fujimorista: para algunos, pareciera, lo que aparentemente favorece a los fujimoristas estaría mal por definición, y lo que los perjudica, bien. Yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo de mirar las cosas más allá de la coyuntura inmediata. Además, bien visto, lo peor del fujimorismo surge cuando la miríada de sus intereses y particularismos aflora, no cuando se impone una lógica colectiva. Así deberíamos entender las tensiones y final sensatez impuesta en el proceso de delegación de facultades legislativas al poder ejecutivo, por ejemplo.
Esta semana la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó un proyecto que cambia tres artículos del Reglamento que busca “desincentivar la fragmentación de grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento”. Los cambios hacen que quienes salgan del grupo parlamentario por el cual fueron elegidos, no puedan conformar un grupo nuevo ni adherirse a otros. Quedan como un eventual “grupo especial”. Al no pertenecer a ningún grupo parlamentario propiamente constituído, esos congresistas no pueden aspirar a un cargo en la Mesa Directiva o en Comisiones (ellos son consecuencia de una negociación entre grupos), o ser parte de la Comisión Permanente (elegida representando proporcionalmente a los grupos parlamentarios) o del Consejo Directivo (conformado por los miembros de la Mesa Directiva y por los portavoces de los grupos).
Si bien en el mundo ideal la reforma del funcionamiento de los partidos políticos y del Congreso debería ser parte de un conjunto integral de reformas coherentes, aquí y ahora considero que este proyecto es positivo y espero que sea aprobado por el pleno.
Cuando vamos a las urnas para elegir a los congresistas elegimos entre listas partidarias; secundariamente, elegimos representantes específicos dentro de las listas, si usamos el voto preferencial. Elegimos partidos, no personas; y según la cantidad de votos que obtiene cada lista, se asigna el número de escaños que le corresponde a cada partido. La configuración de fuerzas representadas en el Congreso refleja el respaldo relativo obtenido por cada partido, resultado del voto popular. Aceptar que una vez electo el Congreso puedan conformarse nuevos grupos parlamentarios es una estafa a la voluntad popular expresado en el voto.
El proyecto me parece bueno no solo porque ayuda a que la voluntad popular expresada en el voto se preserve, también porque la gobernabilidad democrática del Congreso se construye sobre la base de la consistencia de los grupos parlamentarios. Dejar la puerta abierta al transfuguismo, como hasta ahora, es ser extremadamente concesivos con el oportunismo y con la personalización extrema de la política, uno de nuestros males principales. Esa es la puerta que conduce al intercambio clientelar, favorece la acción de grupos de interés encubiertos, a la penetración de actores mafiosos. Los partidos tienen más que perder que los individualistas o aventureros políticos. En general, en América Latina, la percepción es que las reformas que buscaban democratizar la arena política favoreciendo la personalización del voto en los últimos años lo que han terminado haciendo es generando problemas de gobernabilidad.
Me resulta curioso que, en nuestros debates políticos, durante mucho tiempo hayamos criticado el transfuguismo, considerado a éste una práctica escandalosa, y llamado a fortalecer a los partidos, pero ahora nos opongamos o desconfiemos de una iniciativa encaminada a fortalecer los grupos parlamentarios. El debate parece estar distorsionado por el temor que despierta la mayoría fujimorista: para algunos, pareciera, lo que aparentemente favorece a los fujimoristas estaría mal por definición, y lo que los perjudica, bien. Yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo de mirar las cosas más allá de la coyuntura inmediata. Además, bien visto, lo peor del fujimorismo surge cuando la miríada de sus intereses y particularismos aflora, no cuando se impone una lógica colectiva. Así deberíamos entender las tensiones y final sensatez impuesta en el proceso de delegación de facultades legislativas al poder ejecutivo, por ejemplo.
Justicia, impunidad y paz en Colombia
Artículo publicado en La República, domingo 18 de setiembre de 2016
El 24 de agosto el presidente Santos anunció la suscripción del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acuerdo será sometido a referéndum el próximo 2 de octubre. En contra del acuerdo están no solo sectores conservadores y “duros” de la derecha, representados emblemáticamente por el uribismo, también han sido muy críticas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo Human Rights Watch. José Miguel Vivanco ha señalado que “se ha perdido una oportunidad para hacer justicia”, y hasta habló de una “piñata de impunidad”.
El Acuerdo es fruto de una larga y compleja negociación que tomó más de tres años y nueve meses. Desde la presidencia de Belisario Betancourt (1982-86) hubo reiterados intentos de llegar a algún acuerdo de paz con las FARC, y todos fracasaron. El acuerdo contempla un amplio conjunto de medidas, que implican desde una política de reforma agraria y desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos y combate al narcotráfico, hasta los más específicos referidos a la desmovilización de las FARC y su conversión en un actor político legítimo. En esta línea, se establece por ejemplo la participación de las FARC como partido político en las próximas elecciones, y se le asegura un mínimo de cinco curules tanto en el senado como en la cámara de representantes, independientemente de los resultados de las elecciones de 2018 y 2022.
El gran punto controversial está en la inevitable tensión entre justicia, paz e impunidad. En el mundo ideal, todos los actores que cometieron crímenes y violaciones de derechos humanos deberían ser sancionados; pero una postura inflexiblemente principista sólo alcanzaría la paz mediante la derrota militar de las FARC, objetivo que todavía es lejano. ¿Estamos en nombre de la justicia dispuestos a continuir con el conflicto? De otro lado, las FARC han sido debilitadas y han aceptado negociar un acuerdo; dejan las armas a cambio de verdad y algún nivel de impunidad. Es decir, el acuerdo estable que si se dan confesiones sinceras, pedidos de perdón y ofrecimiento de reparaciones simbólicas, los criminales podrían evitar o minimizar condenas. Las condenas penales se aplicarían principalmente a quienes no confiesen sus crímenes. ¿Cuánta impunidad estamos dispuestos a tolerar por obtener verdad y en nombre de la paz?
Se trata de dilemas angustiantes, que no tienen solución fácil y se pueden hacer argumentos persuasivos de los dos lados. Para lograr salir del laberinto de una discusión así, es necesario ubicarse en la situación concreta: ¿era posible obtener un mejor acuerdo que éste? ¿Podría obtenerse un mejor acuerdo en el futuro? ¿Es realista votar por el “No” y apostar por una derrota militar de las FARC con costos menores a los que este acuerdo establece? Vistas las cosas desde este ángulo, comparto la opinión de lo que parece ser la mayoría de colombianos, según las últimas encuestas: ojalá el “Sí” gane ampliamente el 2 de octubre.
Creo que en la política, así como en la vida, es indispensable entender que muy rara vez tenemos el privilegio de elegir entre algo bueno y algo malo: casi siempre se trata de elegir entre tipos de combinaciones de ambos, entre principios en conflicto, y muchas veces ocurre que de buenas intenciones surjen malos resultados, así como desenlaces inesperadamente positivos de condiciones indeseables. Como diría Max Weber, entender esto implica dejar de ser infantil en la política (y en la vida).
El 24 de agosto el presidente Santos anunció la suscripción del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acuerdo será sometido a referéndum el próximo 2 de octubre. En contra del acuerdo están no solo sectores conservadores y “duros” de la derecha, representados emblemáticamente por el uribismo, también han sido muy críticas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo Human Rights Watch. José Miguel Vivanco ha señalado que “se ha perdido una oportunidad para hacer justicia”, y hasta habló de una “piñata de impunidad”.
El Acuerdo es fruto de una larga y compleja negociación que tomó más de tres años y nueve meses. Desde la presidencia de Belisario Betancourt (1982-86) hubo reiterados intentos de llegar a algún acuerdo de paz con las FARC, y todos fracasaron. El acuerdo contempla un amplio conjunto de medidas, que implican desde una política de reforma agraria y desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos y combate al narcotráfico, hasta los más específicos referidos a la desmovilización de las FARC y su conversión en un actor político legítimo. En esta línea, se establece por ejemplo la participación de las FARC como partido político en las próximas elecciones, y se le asegura un mínimo de cinco curules tanto en el senado como en la cámara de representantes, independientemente de los resultados de las elecciones de 2018 y 2022.
El gran punto controversial está en la inevitable tensión entre justicia, paz e impunidad. En el mundo ideal, todos los actores que cometieron crímenes y violaciones de derechos humanos deberían ser sancionados; pero una postura inflexiblemente principista sólo alcanzaría la paz mediante la derrota militar de las FARC, objetivo que todavía es lejano. ¿Estamos en nombre de la justicia dispuestos a continuir con el conflicto? De otro lado, las FARC han sido debilitadas y han aceptado negociar un acuerdo; dejan las armas a cambio de verdad y algún nivel de impunidad. Es decir, el acuerdo estable que si se dan confesiones sinceras, pedidos de perdón y ofrecimiento de reparaciones simbólicas, los criminales podrían evitar o minimizar condenas. Las condenas penales se aplicarían principalmente a quienes no confiesen sus crímenes. ¿Cuánta impunidad estamos dispuestos a tolerar por obtener verdad y en nombre de la paz?
Se trata de dilemas angustiantes, que no tienen solución fácil y se pueden hacer argumentos persuasivos de los dos lados. Para lograr salir del laberinto de una discusión así, es necesario ubicarse en la situación concreta: ¿era posible obtener un mejor acuerdo que éste? ¿Podría obtenerse un mejor acuerdo en el futuro? ¿Es realista votar por el “No” y apostar por una derrota militar de las FARC con costos menores a los que este acuerdo establece? Vistas las cosas desde este ángulo, comparto la opinión de lo que parece ser la mayoría de colombianos, según las últimas encuestas: ojalá el “Sí” gane ampliamente el 2 de octubre.
Creo que en la política, así como en la vida, es indispensable entender que muy rara vez tenemos el privilegio de elegir entre algo bueno y algo malo: casi siempre se trata de elegir entre tipos de combinaciones de ambos, entre principios en conflicto, y muchas veces ocurre que de buenas intenciones surjen malos resultados, así como desenlaces inesperadamente positivos de condiciones indeseables. Como diría Max Weber, entender esto implica dejar de ser infantil en la política (y en la vida).
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