La coyuntura inmediata peruana, tan agitada,
voluble, estridente, acapara nuestra atención; sin embargo, muchas veces en el
fondo no hay mayor contenido. En todo caso, el seguimiento del último escándalo
hace que se nos escapan debates más de fondo. No solo estamos ante serios
problemas del gobierno de Pedro Castillo; estamos ante problemas que afectan
también la acción de la oposición, y al conjunto de actores políticos. En realidad,
estamos ante problemas de fondo de la democracia peruana, en los que deberíamos
concentrar nuestra atención.
Desde hace más de veinte años los politólogos llamamos la atención sobre la debilidad de los partidos políticos. Pero parecemos haber llegado a un punto en el que hay tan pocos incentivos para la acción política, en el que se han perdido tanto motivaciones ideológicas o programáticas o identitarias, que la política se ha poblado de actores con puros intereses particularistas, en donde ésta aparece como un mecanismo de ascenso social, o la extensión de negocios o intereses privados. Así, una vez que se ocupan posiciones de gobierno, los partidos (o movimientos regionales) se revelan como redes precarias en las que se mezclan vínculos personalizados, redes de afinidad basadas en parentesco, paisanaje, pertenencia a alguna asociación, experiencia gremial, empresarial, en las que proliferan lógicas de patronazgo o clientelísticas. No hace mucho, los partidos solían contar con una capa de profesionales que contenían o daban una mínima estructura, o al menos había liderazgos interesados en lograr un mínimo de eficiencia, para lo cual preservaban una mínima lógica meritocrática. Hoy, mucho menos. Y en cuanto a la oposición, en el Congreso proliferan los intereses particularistas, exacerbados por nuestro sistema unicameral, elegido territorialmente, con voto preferencial. Lo mismo tiende a ocurrir en los consejos regionales y en los concejos municipales. No hace mucho, las dirigencias partidarias, o ciertos líderes de bancada, tenían la capacidad de “disciplinar” mínimamente a los representantes electos. Hoy se hace mucho más difícil.
¿La alternativa es la sociedad? No necesariamente. Los colegios profesionales, los gremios, asociaciones, también adolescen de serios problemas de representación. Nuevamente, tienden a expresar intereses de pequeños grupos, no de los sectores que supuestamente representan. En la base de todo esto está una sociedad que se ha desvinculado del mundo político, generando un círculo vicioso: no hay participación, lo que favorece que grupos con intereses particulares controlen la política, lo que desincentiva la participación.
Además, algunas dinámicas recientes resultan especialmente preocupantes. El crecimiento económico reciente permitió el florecimiento de iniciativas muy innovadoras y positivas, pero también muchas actividades ilegales e informales con cada vez más fuertes vínculos con la política; dos, el desarrollo de una derecha extremista que amenaza los procesos democráticos, los avances en derechos, y que parece subordinar a sectores más moderados y liberales. Tres, una lógica de comunicación política, exacerbada por el uso extendido de las redes sociales y el declive de los medios tradicionales, en los que la atención política se concentra en escándalos, denuncias, que alimentan respuestas reactivas, inmediatistas en la comunidad política. Se pierde el horizonte de mediano y largo plazo.
Esta situación no ha surgido ayer, es resultado de un deterioro lento, que afecta al conjunto de la actividad política. Este parece ser el dilema que enfrentamos hoy: no estamos satisfechos con el gobierno actual, pero las alternativas lucen iguales o peores. Hasta hace algunos años, la solidez de algunas áreas de la economía y del Estado permitieron un crecimiento que puso “debajo de la alfombra” el impacto negativo del deterioro político. Hoy el deterioro parece mayor, e impacta directamente sobre las perspectivas de crecimiento.
Existen algunos focos de resistencia que impiden que el deterioro alcance niveles irreversibles: sectores que hacen un periodismo independiente; áreas del Estado, de la burocracia más profesionalizadas, que se resisten a las lógicas más descaradas de patronazgo y clientelismo; cierta capacidad de reacción y movilización de la opinión pública, por lo menos en coyunturas clave.
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