A finales del año pasado se publicó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, que lleva por título Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina (Nueva York, PNUD). Este trabajo constituye un excelente resumen del conocimiento existente: nos propone un diagnóstico bastante completo de las dimensiones y causas del problema, y sugerencias de políticas para enfrentarlo, que recogen experiencias exitosas implementadas en los últimos años.
Acaso la idea central del informe es que el tema de la seguridad ciudadana tiene múltiples dimensiones; una cosa es el delito callejero o el pandillaje, y otra la delincuencia organizada, que se manifiesta en prácticas como el tráfico de personas (que a su vez lleva a la prostitución y a otras formas de trabajo forzado), el secuestro o la extorsión. Todo suma para generar la sensación de inseguridad en la que vivimos, pero el combate a estos males requiere acciones diferentes.
El aumento de la delincuencia organizada, se nos dice, estaría asociado a la diversificación de actividades ilegales en las que incurrirían algunas bandas anteriormente dedicadas al narcotráfico, como consecuencia de las políticas de combate al mismo. Habría un “efecto globo”: así como las políticas de erradicación en un país trasladan los cultivos a otro, el combate al narcotráfico “empuja” a las bandas a usar sus “habilidades” en otras áreas y países, cambio rentable dados los mayores niveles de actividad económica de los últimos años. Obviamente, combatir este tipo de delincuencia requiere un trabajo de inteligencia y de unidades especializadas muy fino.
Otra es la dinámica del pandillaje, consecuencia del deterioro de los entornos familiares y urbanos; acá la clave estaría en la intervención comunitaria y en la promoción de oportunidades. Combatir el abandono escolar, mejorar las escuelas, prevenir el maltrato infantil y la violencia doméstica, crear y visibilizar mejores alternativas de vida y socialización. Y otra es la dinámica del robo callejero, en la que se nos habla del “delito aspiracional”: el aumento de expectativas de consumo, combinadas con falta de movilidad social y altos niveles de segregación en las ciudades, llevarían al aumento de esta modalidad delictiva. Nuevamente, este delito sería consecuencia de un crecimiento económico ocurrido en un contexto de crisis social y de escasa legitimidad del orden institucional. Cabe destacar que Perú aparece como el segundo país con más víctimas de robos de la región, detrás de Ecuador. La prevención pasa nuevamente por prestar atención a la familia, la escuela, la vida comunitaria.
Todo esto es magnificado o no por la disponibilidad de armas de fuego, alcohol, drogas; así como por el tipo de respuesta institucional, donde la corrupción, la impunidad, la desproporción en las sanciones son factores clave. ¿Y ahora? ¿Tendrá el ministro Albán la fuerza para iniciar el gran esfuerzo que se requiere?
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