lunes, 1 de marzo de 2021

La política, economía y diplomacia de las vacunas


 Artículo publicado en El Comercio, martes 9 de febrero de 2021 

Después de la llegada al Perú del primer lote de vacunas de Sinopharm desde Pekín el domingo pasado, parecemos entrar a una nueva etapa en la lucha contra el Covid-19. Parece ser una nueva y diferente etapa, porque algunos de los países que destacan en los avances en la vacunación fueron muy duramente golpeados en términos de contagios y fallecidos, como los Estados Unidos, el Reino Unido, España o Italia; mientras que quienes mejor manejaron la epidemia se están retrasando relativamente en la vacunación. En América Latina, Chile destaca como uno de los países que más vacunas aplica diariamente por cada 100,000 habitantes en el mundo, ubicándose claramente a la delantera de la región.

Ciertamente ha sido un gigantesco logro científico la producción de varias vacunas en tiempo record, pero detrás de ella hay fuertes intereses políticos, económicos y diplomáticos. En general, como humanidad hemos fracasado en lograr un reparto mundial basado en criterios humanitarios, privilegiar a las personas más vulnerables, independientemente de su nivel de ingreso y del país en el que vivan. La iniciativa Covax, idealmente, debería liderar el reparto de vacunas, pero se terminó imponiendo el interés de los laboratorios, y posturas “nacionalistas”, empezando por los países ricos.

Dentro de la región, no prosperaron iniciativas que buscaron la conformación de bloques para mejorar nuestra posición negociadora, muestra elocuente de la crisis y debilidad de los bloques regionales en boga hace algún tiempo. En la región primó también el “sálvese quien pueda y como pueda”. La rapidez en la compra de las vacunas se convirtió en un tema político, y la percepción de eficacia de los gobiernos empezó a medirse por la capacidad de anunciar el inicio de campañas de vacunación masivas. Las primeras vacunas disponibles fueron las del laboratorio Pfeizer, aunque imponía condiciones duras, y los países que iniciaron los procesos de vacunación fueron los que aceptaron esas condiciones: Chile, Costa Rica, Ecuador, México iniciaron ya la vacunación con ellas. Colombia también pensaba ser parte de ese grupo, pero es víctima de los retrasos en las entregas. Brasil apostó por la británica de AstraZeneca. Argentina rechazó explícitamente las condiciones de Pfeizer y optó por el laboratorio ruso Gamaleya; por ese camino seguirán Bolivia, Paraguay y Venezuela. Perú marcó, aunque más discretamente, distancias iniciales con Pfeizer al igual que Argentina, y optó por el laboratorio chino Sinopharm, relativamente en solitario en el marco de la región. Los retrasos de Pfeizer y las disputas dentro de la Unión Europea llevaron a todos a buscar más opciones, entrando Sinovac Biotech de la China a Chile y Brasil, p.e. Brasil empieza a mostrar cierto liderazgo a mediano plazo porque se convertirá en productor de algunas vacunas, como las de Sinovac o Gamaleya. Demás está decir que el panorama es muy cambiante, dada la enorme incertidumbre de este nuevo mercado. Perú no aparece mal en este panorama, optando por compras y negociaciones diversificadas.

Como puede verse, al final la compra y distribución de las vacunas sugiere un mapa en el que se mezclan la urgencia política de los Estados, los intereses de los laboratorios y una suerte de diplomacia a través de las vacunas, donde los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y China aparecen como los jugadores más importantes. Este panorama parece reproducir la situación de pérdida de poder hegemónico de los Estados Unidos, la competencia de fuerzas emergentes, pero sin el liderazgo de ninguna.

En esta nueva etapa, de la implementación de los planes masivos de vacunación, la aparentemente mejor apuesta para la contención de la epidemia, el riesgo ahora es que la injusticia en la distribución mundial y la ineficacia en la implementación dentro de algunos Estados pueda llevar a un ciclo interminable de difusión del virus de unas regiones y países a otros. Nuevamente urge una respuesta global al problema. Pasado el frenesí nacionalista, ¿será posible esta vez?

Populismo de derecha y teorías conspirativas



Artículo publicado en El Comercio, martes 2 de febrero de 2021

El pasado 6 de enero, en los Estados Unidos, una muchedumbre ocupó las instalaciones del Capitolio intentando impedir la certificación del triunfo de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Se comentó mucho que dentro del grupo de manifestantes tienen las ideas propuestas por QAnon tienen gran influencia. QAnon designa a los seguidores de una teoría de la conspiración según la cual el mundo es regido por una elite compuesta por seres extraterrestres y de otras dimensiones, asociados con poderosos políticos, empresarios y figuras vinculadas a los medios de comunicación, que manejan una red internacional de tráfico de menores, a los que les extraerían sustancias necesarias para producir un suero que permite la prolongación de la vida. A esta red pertenecerían por ejemplo Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Tom Hanks y Oprah Winfrey, el papa Francisco y el Dalai Lama. Donald Trump buscaba destruir y hacer pública esta red, de allí que fuera víctima del “fraude” que le impidió ser reelecto. Las creencias de QAnon incluyen además la tesis de que el Covid-19 es parte del plan para dominar a la humanidad, y la vacunación masiva el instrumento para instalar chips que permitirán controlar las mentes a nivel global. 

Ciertamente, no todos los seguidores de Trump comparten estas creencias; y como han señalado correctamente muchos, muy mal harían los demócratas estadounidenses si pensaran que los 74 millones de votantes que optaron por Trump son racistas, xenófobos, o paranoicos o seguidores de QAnon. Lo que está claro es que un sector muy importante de la ciudadanía en los Estados Unidos no se siente representada por la elite, es más, se siente abandonada y hasta agredida por todo el establishment político, quedando sin opciones y sin futuro en un mundo cambiante, inseguro y amenazante. En este contexto hallan terreno fértil y resultan creíbles explicaciones y propuestas facilistas que le dan sentido y solución al caos del mundo. De todo esto se ha escrito mucho, especialmente respecto a los Estados Unidos y varios países europeos, y la literatura de los varios populismos de derecha recoge parte de estas preocupaciones.

En América Latina los populismos suelen estar más asociados a expresiones de izquierda, y los bloques de derecha más tradicionales suelen representar demandas que en otros países asumen la forma de desafíos claramente extrasistémicos. Pero esto no implica que el tema no sea relevante, como lo expresa claramente el caso del presidente Bolsonaro en Brasil. Pero en varios de nuestros países empiezan a emerger derechas a la derecha de las tradicionales, más conservadoras, reaccionarias, y militantemente “incorrectas”. También movilizan ideas asociadas a conspiraciones internacionales en contra de las soberanías nacionales, la acción de poderes malignos (expresados en el Foro de Sao Paulo, la OMS o equivalentes), la lucha contra la “ideología de género”, y recientemente se expresan en la promoción de métodos “alternativos” de curación, el rechazo a las vacunas o las cuarentenas en nombre de la libertad individual o la libertad económica. 

Siempre, en todo momento y lugar, uno puede encontrar ideas estrafalarias. El tema es cómo ellas logran en ocasiones audiencia, expansión, influencia política. Contextos de crisis e incertidumbre extrema, cuando se pierde el horizonte de futuro, cuando nos sentimos amenazados y sin alternativas, como hemos dicho, son proclives para el desarrollo de diagnósticos y salidas facilistas, aunque suenen irracionales. El recordado Gonzalo Portocarrero, junto a Isidro Valentín y Soraya Yrigoyen publicaron en 1991 el libro Sacaojos. Crisis social y fantasmas coloniales (Lima, Tarea) que sugería esa idea. ¿No estamos en un contexto similar? Frente a este desafío, corresponde aislar a los promotores interesados de esos postulados, combatir la desinformación entre los desorientados, pero sobre todo, ofrecer alternativas y salidas a las personas más vulnerables que no encuentran salidas. No censurarlos por irracionales.

Epidemia comparada (enero 2021)



Artículo publicado en El Comercio, martes 26 de enero de 2021 

Ver el impacto de la pandemia en perspectiva comparada resulta útil para entender mejor su evolución y dinámica, y para evaluar nuestro desempeño y retos. En esta columna intentamos este ejercicio en junio y agosto del año pasado y resulta de utilidad repetirlo ahora, dada la dinámica cambiante de la pandemia. Hoy vemos en Europa el impacto de la segunda (en algunos casos tercera) ola de contagios, y como sabemos nuestro país (toda la región en realidad) está iniciando este terrible episodio.

Al inicio de la última semana de enero, según datos del Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Bélgica, Eslovenia, el Reino Unido, República Checa, Italia, aparecen entre los diez países con más muertes por 100 mil habitantes. El presidente Trump termina su mandato dejando a los Estados Unidos como el país peor posicionado de las Américas según ese indicador, seguido, lamentablemente, por nuestro país. Debajo de Perú siguen Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, en ese orden.

El carácter dinámico de la epidemia se evidencia al mirar los cambios en las posiciones relativas de los países. En junio del año pasado Europa se veía mucho peor que América Latina, y en la región Ecuador aparecía como el país más golpeado, seguido de Brasil y Perú; hoy sabemos que la ola todavía no había llegado y que no nos fue posible evitarla. En agosto, ya varios países latinoamericanos se veían tan mal como los europeos, y Chile aparecía especialmente mal, seguido por Brasil y México, dos países en los que problemas de liderazgo político parecían explicar su mal desempeño. La mala posición de Chile llamaba la atención dada la fortaleza relativa de su Estado, y la explicación parecía estar en la demora del presidente Piñera en adoptar medidas de confinamiento estrictas. 

El hecho de que se haya producido una segunda o tercera ola de contagios en Europa, que muchas veces supera ampliamente a la primera de abril y a la de noviembre es muestra elocuente de que aún los Estados más preparados y capaces tienen enormes dificultades para lidiar con la pandemia, en tanto tuvieron que lidiar con la primera ola de expansión global y luego con sus mutaciones o variantes. Resulta razonable especular que en América podrían haberse tenido mejores resultados en los Estados Unidos, de haberse tenido una mejor gestión pública de la epidemia, aunque ciertamente el tamaño, complejidad y desigualdades de ese país intervienen en la capacidad de respuesta.

En nuestra región, con la excepción de Panamá, el tamaño de los países parece contar: Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú somos los países más poblados y más afectados. En el otro extremo, los países más pequeños (y con más porcentaje de población rural), a pesar de tener Estados más precarios, han sido impactados mucho menos: Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay. Acaso por esa razón Ecuador, el país donde inició la pandemia en la región, y que fue el más golpeado al inicio, no aparece ahora liderando las tendencias; algo similar podría decirse de Bolivia, aunque también están siendo durante golpeados por la segunda ola. De otro lado, Chile, que aparecía muy mal en agosto, ahora aparece mucho mejor en términos relativos, algo más acorde a sus capacidades estatales. Finalmente, México aparece mal posicionado, y uno pensaría que el mal manejo de la epidemia de López Obrador puede haber influenciado en el mal resultado, pero también es cierto que muy parecidos en cuanto a desempeño se ven Argentina, Brasil y Colombia, a pesar de sus marcadas diferencias en cuanto a los estilos de liderazgo político presidencial. 

Digamos que al inicio se trató de tomar decisiones fuertes respecto a medidas de aislamiento y de implementar una respuesta rápida de los sistemas hospitalarios; luego, de reanudar las actividades manteniendo medidas sanitarias y disciplina en las prácticas de cuidado; ahora, parece clave la capacidad de implementar los planes de vacunación masiva. Demás está decir que nuestro país desaprobó todos los exámenes.

¿Es posible construir un centro político?



Artículo publicado en El Comercio, martes 19 de enero de 2021

En las últimas semanas he comentado sobre la evolución y características recientes que muestran la derecha y la izquierda en nuestro país, y cómo ellas ayudan a entender mejor los desafíos que tenemos por delante. Preguntémonos ahora por el centro político.

 No es sencillo definir el centro, porque en buena medida se trata del espacio entre los extremos, es decir, solo puede entenderse en un contexto específico, cuyo carácter cambia a lo largo del tiempo. Durante buena parte del siglo XX el APRA se ubicaba en el centro, entre la izquierda marxista y la derecha. Podría decirse que en términos ideológicos, la socialdemocracia ocupa típicamente un espacio de centro: comparte con la izquierda marxista la búsqueda de la igualdad y la justicia distributiva, pero deslindó con la izquierda revolucionaria al abrazar la democracia liberal y el pluralismo político, y la convivencia con el sistema capitalista. Del otro lado, también se ubicarían al centro, desde la derecha, posturas socialcristianas o liberales igualitaristas en las que, partiendo de la valoración de la libertad y de la economía de mercado, se levanta también el principio de la solidaridad, y se asume que, para que los mercados y la competencia funcionen, el Estado debe propiciar activamente la igualdad de oportunidades.

 En nuestro país, históricamente, podría decirse que el centro estuvo definido por la apuesta por la democracia, frente a la pretensión revolucionaria de la izquierda y la apelación a la intervención militar por la derecha; así como por, partiendo de la base de la economía de mercado, entender como necesaria la intervención del Estado para enfrentar la voracidad de empresarios “mercantilistas” y la resistencia al cambio de las oligarquías tradicionales. El problema es que el APRA nunca asumió propiamente una identidad socialdemócrata, pudiendo hacerlo, y carecimos de una derecha más moderna y con menos ataduras a posiciones conservadoras.

Hacia finales de la década de los noventa el fujimorismo polarizó el país en torno a un eje autoritarismo – democracia que fortaleció relativamente el centro. Los gobiernos de Paniagua y de Toledo discurrieron por ese camino, y allí convergieron referentes tanto de derecha como de izquierda. En el periodo 2006-2011 se dio una suerte de polarización entre un gobierno de García derechizado y una UPP humalista también radicalizada, y el centro quedó relativamente vacío; pero en 2011 Humala entendió que para ganar la elección y luego para gobernar debía ocupar ese espacio, y es así como se pudo de un lado mantener la ortodoxia macroeconómica, lanzar iniciativas sociales como el MIDIS y proponer una diversificación productiva. Desde 2016 vivimos una nueva polarización, a la izquierda un Frente Amplio antineoliberal y antifujimorista, y a la derecha un fujimorismo crecientemente conservador. Kuczynski nunca supo si acercarse al fujimorismo o combatirlo, duda que lo que lo liquidó políticamente. Vizcarra ocupó entre julio de 2019 y durante 2019 con cierta habilidad el espacio de centro en medio de su precariedad, pero terminó siendo vacado por el Congreso actual, en el que nuevamente el centro quedó sin espacio; esta vez porque lógicas populistas se han vuelto alarmantemente predominantes a lo largo de todo el espectro.

De cara al próximo quinquenio, con una oferta electoral particularmente precaria, aún para nuestros ya muy bajos estándares, me parece que la conclusión es clara: ninguna de las fuerzas políticas en competencia tendrá la posibilidad de sacar al país adelante por sí solo. Ninguno cuenta con la organización, cuadros, claridad programática o capacidad de convocatoria suficiente para enfrentar los enormes retos del futuro. Y en un escenario que se insinúa fragmentado, el gran reto estará en la capacidad de construcción de coaliciones, en la gestación de acuerdos transversales. El respeto al estado de derecho; el fortalecimiento de la administración pública y la reforma de la institucionalidad política; la defensa de la economía de mercado, pero fortalecimiento su brazo social y redistributivo; podrían ser bases de un acuerdo básico que pueda darle viabilidad al próximo gobierno.

¿Qué pasó con la izquierda?



Artículo publicado en El Comercio, martes 12 de enero de 2021 

La semana pasada intentaba mostrar cómo entender la trayectoria de la derecha en el Perú en los últimos años ayudaba a entender algunos problemas y desafíos del presente. Esta vez quiero hacer el mismo ejercicio con la izquierda.

Con el establecimiento de la democracia en toda la región en la década de los años ochenta, las izquierdas fueron abandonando a regañadientes el paradigma del asalto al poder y aceptando el modelo liberal representativo; y después de la desaparición de la URSS, la economía planificada dejó de ser opción. La momentánea hegemonía neoliberal dejó a la izquierda sin brújula, y encontró nuevamente un referente con el el “giro a la izquierda” de la primera década del siglo XXI, aunque más que una vuelta de la izquierda revolucionaria, se trató de una vuelta del viejo paradigma del nacionalismo revolucionario encabezado por líderes personalistas, más propio de los “populismos clásicos”. En nuestro país Ollanta Humala representó para la izquierda, por un tiempo, esa ilusión, después de la debacle de las elecciones de 2006. En esa ocasión confluyeron por un tiempo una tradición de izquierda con una lógica populista, por así decirlo.

La “subida al carro” del humalismo tiene una explicación de fondo. Nuestra izquierda no solo quedó descolocada en lo internacional por la caída del muro de Berlín y en lo local por el fujimorismo, también por profundos cambios estructurales que produjeron el debilitamiento extremo de sindicatos, gremios, asociaciones en general, por lo que la izquierda se quedó sin “sujeto”: ni la clase obrera, ni el campesinado, ni los “nuevos movimientos sociales” eran opción, porque o se empequeñecieron, o simplemente cambiaron de orientación política. Así, la izquierda, o más bien sectores de ella, encontraron una nueva posibilidad política detrás de los movimientos de protesta que empezaron a aflorar en el nuevo siglo, principalmente alrededor de los conflictos “socioambientales” y de otras demandas, alrededor del malestar que genera un crecimiento económico precario y desequilibrado. Pero la izquierda ha intentado seguir a la dinámica de las protestas, para nada las dirige ni causa (a diferencia de lo que se piensa en algunos círculos de derecha). De allí su carácter un tanto anárquico, que dificulta en extremo los procesos de negociación. Más adelante, han aparecido demandas identitarias (género, diversidad sexual), que también sectores de izquierda buscar perseguir.

El problema para la izquierda es que no cuenta todavía con un marco mental que le permita procesar todo esto: ¿cómo se ubica respecto a sus tradiciones y genealogía? ¿Cómo ubicarse respecto a los debates del pasado? Y una extensión de lo mismo, ¿cómo ubicarse frente al nacionalismo revolucionario, personalista, populista y bastante autoritario más reciente? ¿Cómo hacer compatibles el apoyo a las causas socioambientales y la implementación de un modelo de desarrollo que permita medidas redistributivas? (Chávez, Morales o  Correa no se hicieron problema y basaron la redistribución en la continuidad de actividades extractivas). ¿Cómo entran las demandas identitarias dentro de una tradición política que siempre las subestimó?

Frente a las próximas elecciones, en el conjunto de candidaturas de izquierda, la de Verónica Mendoza parece ser la única opción que podría resultar viable y competitiva en lo electoral. El problema es que ha aparecido un competidor ante ausente. Antes, el sentimiento antisistema parecía canalizarse a través de la izquierda; ahora, existe también un populismo antisistema, autoritario, que se expresó en las elecciones de enero del año pasado en UPP y otros grupos, y que podría canalizarse por muy diferentes vías en las próximas elecciones.

Necesitamos una izquierda viable y competitiva que canalice por cauces mínimamente democráticos y razonables las demandas populares, y no caigamos en la pura demagogia. Pero no se trata solo de tener un buen desempeño electoral, se trata además de ser una opción de gobierno mínimamente viable, para lo cual son necesarias muchas más definiciones. No se trata solo de ganar; ahí está la experiencia municipal de Susana Villarán para demostrarlo.

¿Qué pasó con la derecha? (2)



Artículo publicado en El Comercio, martes 5 de enero de 2021 

Hace un par de semanas comentaba sobre cómo nuestra derecha pasó de estar relativamente cohesionada en torno a la defensa del modelo económico orientado al mercado y de la institucionalidad democrática frente a las amenazas del populismo, a fragmentarse tanto en cuanto a qué hacer con la economía, cómo situarse frente al legado del autoritarismo de la década de los años noventa, y en torno qué valores defender, si seguir una orientación liberal promoviendo el derecho a la identidad y a la autoexpresión individual, o uno más conservador, defendiendo valores religiosos y familiares tradicionales. Creo que para entender mejor estos dilemas ayuda el considerar algunas tradiciones intelectuales y políticas de más larga duración que estarían en la base de esta fragmentación.

El mundo de la derecha política tiene ciertamente varias tradiciones y vertientes. Desde que se usa esta taxonomía (derecha frente a la izquierda y el centro, de los que me ocuparé más adelante), la derecha solía definirse, frente a la izquierda, por su defensa del capitalismo en lo económico y de la democracia liberal en lo político. En cuanto a lo valorativo, podría decirse que había cierta diversidad; en un extremo podríamos ubicar a una derecha liberal, laica e identificada con valores que enfatizan la libertad individual, y una derecha más conservadora, católica, defensora de valores tradicionales.

Uno de los dramas de la política peruana es que nunca logramos tener una derecha política electoralmente competitiva, ni construir propiamente un sistema político sobre bases doctrinarias o programáticas. Esto hizo que a lo largo del siglo XX, cuando sectores de derecha se sintieron amenazados por el APRA, se recurriera al golpe militar y al establecimiento de dictaduras; es decir, privilegiar el statu quo y el mantenimiento del orden. En esta dirección, habría que reconocer que en la derecha, por debajo de las discusiones ideológicas o programáticas, existe un sustrato simplemente autoritario, excluyente, discriminador.

Podría decirse que en la década de los años ochenta, el liderazgo de la derecha ciertamente mostraba líneas programáticas relevantes: teníamos al socialcristianismo del PPC, un proyecto tecnocrático liberal dentro de AP, que llegó al poder a través de las elecciones. Más adelante, Hernando de Soto planteó una “revolución informal”, propuesta que buscó acercar el liberalismo a los sectores populares y disputar su representación con grupos de izquierda, y Mario Vargas Llosa intentó darle forma a un gran frente político sobre bases doctrinarias. Qué lejanos parecen ahora esos tiempos. En el camino el fujimorismo marcó una división alrededor del respeto al Estado de derecho y los derechos humanos, pero el temor al posible populismo de Alan García o al “chavismo” de Ollanta Humala los hizo nuevamente cerrar filas. En el tiempo reciente, la desaceleración económica llevó a un nuevo clivaje referido a cómo relanzar el modelo económico (para unos, renovar los esfuerzos por atraer la inversión privada, atacando trabas burocráticas y regulatorias; para otros, implementar reformas institucionales e intentar diversificar nuestro patrón de desarrollo). Finalmente, se abrió una importante fisura en cuanto a lo valorativo entre liberales y conservadores, viejo clivaje de la política del siglo XIX.

La crisis de las opciones políticas de derecha de los últimos años (lideradas por Lourdes Flores, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski), la creciente pérdida de referentes ideológicos y programáticos en la política, el pragmatismo y oportunismo desenfrenados, así como ciertos avances parciales de una agenda progresista (en temas de género, por ejemplo) parecen haber generado mayor espacio para propuestas más conservadoras y extremistas: que reivindican el mantenimiento del orden, con discursos sobre lo popular en los que prima la idea de la “manipulación ideológica” por parte de la izquierda (en realidad casi inexistente), una vuelta a tradiciones fuertemente excluyentes, para las cuales cualquier muestra de tolerancia o pluralismo parecen concesiones inaceptables o traiciones. Necesitamos una derecha democrática, con mayor sintonía con el mundo popular, más moderna en sus valores, con mayor vocación para lograr la inclusión social.

Diario del año de la peste



Artículo publicado en El Comercio, martes 29 de diciembre de 2020

Hacer un balance del año que termina va inevitablemente de la mano de evaluar el impacto del Covid-19 sobre nuestro país, del seguimiento del año de la peste, retomando el título de Defoe.

El año inició con las elecciones congresales del 26 de enero, cuyos resultados parecían augurar una etapa política más tranquila: la minimización de Fuerza Popular y la posibilidad de una mayoría “moderada” alrededor de AP, APP, SP y el PM, con una agenda que parecía acotada: revisar los decretos de urgencia expedidos durante el “interregno” parlamentario, culminar la reforma política y la reforma del sistema de justicia, velar por tener una transición y un proceso electoral ordenado, y no mucho más.

Sin embargo, la pandemia terminó llegando a nuestro país, como a toda la región. Al inicio, las cosas parecían pintar bien; Perú fue uno de los países que más rápido y radicalmente actuó, y tuvimos una de las cuarentenas más largas y estrictas, y al mismo tiempo programas fiscales de alivio de los más ambiciosos de la región. Al mismo tiempo, parecíamos tener un liderazgo firme por parte del Presidente, y relaciones estrechas con la comunidad de expertos y científicos. Sin embargo, terminamos siendo uno de los países mas duramente golpeados del mundo; si consideramos el cálculo de la tasa de “exceso de fallecimientos”, Perú es el país con el mayor exceso por millón de habitantes del mundo, seguido por Ecuador, Bélgica, España y México. En lo económico, se estima que Venezuela, Perú, Panamá y Argentina padeceremos las caídas del producto más grandes de la región en 2020, y según el Banco Mundial nuestro país tendrá este año una de las caídas del producto más grandes del mundo (nuestra capacidad de “rebotar” también sería alta, por lo que aparecemos con una alta tasa de crecimiento proyectada en 2021, también entre las más altas del mundo).

¿Cómo se explica la dureza del golpe? A pesar de las decisiones gubernamentales iniciales, tuvimos enormes problemas para implementar efectivamente las medidas tomadas; salieron a relucir la debilidad de nuestro sistema de salud, nuestros altos niveles de informalidad, y la ineficacia de nuestro Estado. Además, las limitaciones de un gobierno encabezado por un vicepresidente que asumió el gobierno ante la renuncia del presidente electo, sin partido y sin representación parlamentaria. Es cierto que el gobierno de Vizcarra mostró grandes limitaciones y debilidades; el verdadero drama es que, muy probablemente, esos problemas los habría tenido cualquier otro presidente, de cualquier grupo político. Me resulta llamativo que en un país en el que “no creemos en nadie”, estemos dispuestos a pensar tan fácilmente que otros lo podrían hacer mejor.

Así, después de un golpe tremendo, desde la segunda mitad de agosto las cifras empezaron a mejorar, hasta el mes de diciembre, en la que con preocupación vemos la posibilidad de una nueva ola de contagios. Se hace nuevamente evidente la debilidad del gobierno, del Estado, de nuestra élite política, de nuestras elites académicas y sociales, nuestra incapacidad colectiva para implementar una estrategia mínimamente coherente. Todo esto agravado por la irresponsabilidad de la destitución del presidente Vizcarra, la crisis que se sucedió, que afortunadamente terminó con la juramentación del presidente Sagasti. Nuestro Congreso, en el que supuestamente primarían posiciones moderadas, mostró durante la epidemia un populismo exacerbado y generalizado, digno de mayor estudio.

En realidad, vivimos un círculo vicioso en el que estamos demasiado prestos a definir a los adversarios como corruptos e incompetentes y sumarnos a olas de denuncias y indignación, que luego se traducen en parálisis decisional y en el alejamiento de la política y del sector público de cuadros valiosos, que en efecto luego terminan en la ineficiencia que criticábamos. Esto deberíamos asumirlo ahora y también de cara al próximo quinquenio: gane quien gane, estaremos ante un gobierno débil, que solo podrá salir adelante con un mínimo de colaboración y acuerdos políticos razonables.

sábado, 26 de diciembre de 2020

¿Qué pasó con la derecha?


 Artículo publicado en El Comercio, martes 22 de diciembre de 2020 

Comentaba la semana pasada que uno de los cambios políticos más importantes que ha habido en el país en los últimos años se ha dado en el campo de la derecha, que marca una alteración fundamental en la dinámica de nuestra política de las últimas décadas, y que pone en riesgo la gobernabilidad democrática.

En la década de los años ochenta, por tomar un punto de referencia, la derecha defendía la economía de mercado, la democracia como régimen y valores liberales individuales, frente a una izquierda intervencionista, para la cual la democracia era una farsa (la dictadura de la burguesía) y que ponía énfasis en demandas colectivas y materialistas. La candidatura de Mario Vargas Llosa en 1990 acaso fue el momento cumbre de esta agenda programática. Con el fujimorismo el frente de derecha se resquebrajó: una parte apoyó al fujimorismo, priorizó el establecimiento del orden y la economía de mercado; otra, por el contrario, denunció al fujimorismo como una dictadura, y puso a la democracia y al ejercicio de las libertades como valores superiores.

Con la vuelta a la democracia en 2001, el frente de derecha pareció nuevamente reagruparse. En 2001 Toledo levantó la bandera de la democracia y la lucha contra la corrupción, y al mismo tiempo reivindicó la economía de mercado. 2006 era supuestamente el año de Lourdes Flores con una agenda similar, pero finalmente se impuso Alan García, el “mal menor” frente a la amenaza del Ollanta Humala. Inesperadamente, García, el odiado populista desenfrenado de la década de los años ochenta, terminó siendo un gran defensor de la continuidad del modelo. A pesar de los muchos problemas que tuvo su segunda gestión, sobre la cual cayeron serias denuncias de corrupción, García contó con un apoyo bastante amplio del mundo de la derecha. En la campaña de 2011, quienes mantenían una postura contraria al fujimorismo apoyaron a Ollanta Humala (recordar la “Proclama y juramento por la democracia” respaldada por Mario Vargas Llosa), mientras que, acaso la mayoría, terminó apoyando a Keiko Fujimori. Con todo, la vigilancia del cumplimiento del giro al centro que rápidamente hizo Humala nuevamente pareció reunir a ese frente.

Pero la desaceleración económica, notoria desde 2014, abrió una fisura inédita en el frente económico: algunos pensaron que fortalecer y relanzar el modelo implicaba renovar los esfuerzos por atraer la inversión privada, atacando trabas burocráticas y regulatorias; mientras que otros señalaron la necesidad de implementar reformas institucionales e intentar diversificar nuestro patrón de desarrollo. Y también apareció una nueva fisura, referida a los valores: un sector siguió un patrón más liberal, promoviendo el derecho a la identidad y a la autoexpresión individual, mientras que otro siguió un rumbo más conservador, defendiendo valores religiosos y familiares tradicionales (así surgió el debate sobre el enfoque o la “ideología” de género, por ejemplo).

La campaña de 2016 reflejó esas ambigüedades: Keiko Fujimori no sabía si ser la candidata liberal e institucionalista que se presentó en la universidad de Harvard, o si ser conservadora y populista; y Pedro Pablo Kuczynski nunca supo si debía ser fujimorista o antifujimorista. Al final K. Fujimori optó por lo segundo, con lo que ocurrió un cambio enorme: el fujimorismo dejó de ser el guardián y garante de la estabilidad del modelo económico, y no dudó en enfrentarse encarnizadamente al político que más emblemáticamente lo encarnaba. En esa pugna, sectores conservadores más extremistas ganaron espacio, y entonces resultó que Kuczynski aparecía siendo controlado por la llamada “izquierda caviar”, y luego Martín Vizcarra, y ahora Francisco Sagasti, parecen poco menos que agentes del (neo)marxismo internacional. Así, estos sectores, que antes cerraban filas por la defensa del modelo económico, hoy parecen dispuestos a tirárselo abajo en su lucha ideologizada contra molinos de viento. Si bien pueden no ser mayoría, no son tan pocos en el mundo de la derecha.

Cambios sociales, cambios políticos


Artículo publicado en El Comercio, martes 15 de diciembre de 2020 

Quienes comentamos los sucesos políticos, para dar sustento a nuestros análisis, solemos relacionarlos con tendencias estructurales; de esta manera, no se trataría de sucesos anecdóticos, sino expresión de fuerzas más profundas, veríamos “la punta de un iceberg”. El problema es que la coyuntura peruana es muy cambiante y contradictoria, entonces la apelación a lo estructural hace que parezca que habláramos de países diferentes. En realidad, la estructura no cambia tanto, lo que pasa es que solemos errar en nuestros juicios, ya sea por subestimar o sobreestimar algunas tendencias.

Algunos ejemplos: entre agosto y septiembre, durante las peores semanas de la emergencia sanitaria, para explicar por qué el Covid-19 nos había golpeado tan duro, muchos apelaban al hecho de que décadas de neoliberalismo habían generado un sentido común individualista, poco solidario, desapegado de los asuntos públicos, rasgos especialmente notorios en los jóvenes urbanos. Pero después de las masivas movilizaciones de noviembre, decimos por el contrario que se trata de una generación con interés y ansias de participar en los asuntos públicos, con un alto sentido crítico, del que cabría esperar una renovación en el liderazgo político futuro.

Otro ejemplo: durante años dijimos que en Perú los altos niveles de informalidad, debilidad del mundo gremial y organizado en general hacían que nuestro país no fuera comparable a sus vecinos, países en los que las movilizaciones sociales llegaron a tener grandes impactos políticos, originando incluso la caída de gobiernos y el logro de demandas como nuevos procesos constituyentes. Ahora, después de las movilizaciones de noviembre y la derogatoria de la ley de promoción agraria, parecería que estuviéramos ante una suerte de “despertar” de la movilización y protesta ciudadana, con una capacidad de organización y acción colectiva que no reconocíamos antes.

Un último ejemplo, más de la esfera política. Durante años dijimos que la debilidad de los partidos, su personalismo y cortoplacismo, su desdén por asuntos programáticos y por políticas públicas específicas, habían generado un espacio para que tecnócratas y redes de expertos lograran tener inesperada influencia en la toma de decisiones en algunas áreas. Ahora, esa misma debilidad partidaria explica lo contrario: la mezcla de “buenas intenciones” con desconocimiento o desdén por las razones tecnocráticas por parte de los grupos representados en el Congreso han abierto la puerta a un desborde populista.

En realidad, no deberíamos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que aparece novedoso, pero sí habría que reconocer señales de cambio; por supuesto, esto es fácil de decir, difícil de hacer. Así, no creo que estemos ante un cambio sustantivo en la dinámica del conflicto y la protesta social. En realidad, en los últimos veinte años hemos convivido con grandes pero episódicos y relativamente focalizados eventos de protesta, capaces de ejercer cierta capacidad de veto frente a algunas políticas públicas. Toledo tuvo su “arequipazo”, García su “baguazo”, Humala su Conga, por ejemplo. Respecto a las movilizaciones de noviembre, de las más grandes que registre la historia reciente, cabe preguntarse si podrían repetirse fácilmente la constelación de factores que la hicieron posible y que alimentaron su masividad y contundencia. Esto no significa que una experiencia tan significativa como esta no deje huella en cuanto a nuevas formas de organización y expresión de las protestas sociales.

En lo político sí podríamos estar ante cambios más de fondo. No es novedad que haya partidos con plataformas populistas; pero es cierto que después de la crisis política del periodo 2018-2019 esa audiencia parece haber crecido; además, la gran novedad es que partidos que en el pasado eran guardianes de la ortodoxia, o que expresaban formas moderadas de populismo, ahora abrazan abiertamente estas posturas, como Fuerza Popular o Acción Popular. También es nuevo que, en el campo de la derecha, un sector importante haya tenido un giro profundamente conservador, por el cual no teme aliarse con sectores populistas y de izquierda en su crítica a presidentes moderados como Vizcarra o Sagasti. Seguiré con el tema.

El drama de la representación (2)


Artículo publicado en El Comercio, martes 8 de diciembre de 2020  

La semana pasada comentaba que vivimos un dramático problema de representación política: los 24 partidos actuales no nos entusiasman, sentimos que el Congreso que elegimos apenas en enero no nos representa. Y tampoco hay partidos en búsqueda de inscripción que veamos con entusiasmo, a pesar de que según la ONPE en 2019 hubo 96 organizaciones políticas que compraron “kits” electorales para intentar su inscripción (en 2018 hubo 108, en 2017 120, y así sucesivamente).

Si la respuesta no está en los partidos con inscripción vigente ni en quienes están buscando inscripción, ¿qué hacer? Habría que, para empezar, moderar nuestras expectativas: ninguna opción nos satisfacerá del todo, pero por lo menos en algunas podría darse un proceso de renovación. Segundo, deberían consolidarse las nuevas reglas de juego: las barreras de entrada a la competencia política son más bajas ahora (para favorecer la renovación), pero los requisitos para mantenerse dentro deben ser exigentes (no más partidos cascarón). Para incentivar la militancia debe asegurarse la democracia interna tanto para elegir autoridades partidarias como a los postulantes a cargos de elección (mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, con votación por candidaturas individuales que luego elimine el voto preferencial). Se limita un poco el oportunismo al establecer un año de militancia para poder participar en las elecciones primarias. Y finalmente, los costos de la acción política se han rebajado con la prohibición de la publicidad política privada en medios masivos. Como he señalado antes, las elecciones de 2021 deberían marcar un reset del sistema político, pero para ello es necesario persistir en la reforma política a partir del próximo Congreso. Quedaron muchos temas pendientes, entre ellos la vuelta a un sistema bicameral (que implica cambios en los distritos electorales, relaciones entre cámaras y entre ejecutivo y legislativo) y reformas del sistema político en los niveles regional y local.

Pero, la gravedad de la crisis de representación política, ¿no nos llama la atención sobre un problema más profundo, que implica las relaciones más amplias entre política y sociedad? En efecto, a lo largo de los años los actores políticos se han separado de la sociedad. Estos surgen cada vez menos de posiciones de liderazgo en gremios, organizaciones sociales, universidades, experiencias de gestión en el sector público o privado. Me corrijo: el problema es aún peor. El drama es que así como los partidos levitan por encima de la sociedad sin tener mayores vínculos con ella, el mundo de las organizaciones sociales atraviesa también serios problemas de representación. Colegios profesionales, cámaras, sindicatos y federaciones, frentes de defensa, asociaciones de todo tipo, parecen también copados por intereses particularistas. Acabamos de pasar por la mala experiencia del Consejo Nacional de la Magistratura, p.e.: incluimos a los colegios de abogados y las facultades de derecho en esquemas abiertos a la participación de la sociedad civil, y tampoco funcionó. Las últimas protestas en Ica, y muchos episodios de protesta previos, muestran lo difícil que es la negociación, precisamente, porque no existen liderazgos sociales fuertes, y así como hay desconfianza en la autoridad, también la hay entre representantes sociales y sus bases, y entre segmentos de las mismas. Y así como hay políticos que desarrollan carreras saltando entre partidos, también hay activistas sociales o brokers que encabezan circunstancialmente protestas sin representarlas propiamente (por eso es que los actos de protestas difícilmente pueden ser “manipulados” por alguien). Una historia común posterior a la convocatoria de grandes movilizaciones o expresiones de protesta es la división y fragmentación de los liderazgos. En suma, la crisis de representación es política, pero también lo es, en igual medida, social.

Surgen así tareas para todos: cada uno debe interesarse e involucrarse más en lo público: desde el barrio, el trabajo, el centro de estudios, el gremio, la asociación. Y por qué no, en el servicio público y la política. Afortunadamente, parece estar agotándose el discurso antipolítico predominante en los últimos treinta años.

El drama de la representación


Artículo publicado en El Comercio, martes 1 de diciembre de 2020  

La representación política se parece a una relación de pareja: el vínculo aparece en circunstancias excepcionales que son muy difíciles de crear de manera premeditada; toma mucho tiempo y esfuerzo construir la identificación y la confianza, pero puede destruirse muy rápidamente, y casi siempre de manera irremediable. Cuando el vínculo funciona, se parece al hinchaje futbolístico: se mantiene la fidelidad a la institución, mientras los jugadores y dirigentes pasan; pero cuando hemos sufrido varias rupturas y decepciones sucesivas, simplemente ya no creemos en nadie, nos invade el cinismo y caemos en un círculo vicioso: somos extremadamente críticos con las ofertas que se nos hacen, lo que debilita las ofertas, que finalmente nunca nos satisfacen. Si bien la representación democrática está en cuestión y debate en todas partes, Perú destaca por tener unos de los sistemas de partidos menos institucionalizado.

Llevamos buen tiempo discutiendo el tema de la representación política. En realidad desde la transición democrática de 2001, donde un hito importante fue la ley de partidos de 2003. El tema fue perdiendo impulso conforme el crecimiento económico pareció soslayar la importancia de las instituciones públicas; avanzamos un poco reconociendo la importancia de la institucionalidad social. Pero desde 2016 volvió a ser un asunto relevante, y desde julio de 2018, con la convocatoria al referéndum sobre diversas  reformas institucionales, estamos debatiendo el asunto intensamente, y desde marzo de 2019 tenemos el insumo del informe de la Comisión de Reforma Política. Debemos continuar y ampliar esa discusión.

Un lema reiterado en las movilizaciones de la semana del 9 de noviembre fue “este Congreso no me representa”, a pesar de que lo elegimos apenas en el mes de enero. E iremos a las elecciones de abril sin haber implementado la reforma política con la lógica con la que había sido concebida. Así, tenemos 24 partidos políticos con inscripción que participarán en las próximas elecciones, pero que no despiertan mayor entusiasmo. En las elecciones internas realizadas este fin de semana, la mayoría de partidos optó por el mecanismo de selección de candidatos a través de un reducido número de delegados, o por elecciones entre sus militantes con listas únicas, lo que se tradujo en una ínfima participación. Solo en Acción Popular y el Partido Aprista hubo verdaderas elecciones, con varias candidaturas presidenciales y votación abierta por candidaturas al Congreso. No nos gustan los partidos existentes, pero tampoco hubo tiempo para que nuevas organizaciones lograran su inscripción. A pesar de que según la ONPE hay decenas de organizaciones intentando inscribirse, solo el Frente Esperanza de Fernando Olivera logró hacerlo.

Así, iremos a las elecciones de abril y muy probablemente tendremos resultados muy similares a los que hemos visto en los últimos años: un presidente sin partido propiamente dicho, sin un equipo de gobierno o cuadros técnicos que puedan ofrecer certidumbre respecto a su programa u orientación; que enfrentará un Congreso fragmentado, en el que resultará complicado armar una mayoría de gobierno; un Congreso con bancadas indisciplinadas y muchos representantes que seguirán lógicas individualistas y particularistas.

¿Qué hacer? No nos gusta lo que tenemos, pero tampoco aparecen alternativas claras en el horizonte. Lo que tenemos que entender a mi juicio es que no habrá soluciones mágicas, que solo saldremos lentamente con mucho esfuerzo colectivo y de concertación, pero siempre y cuando haya persistencia en un camino de reformas. El debate sobre la reforma política quedó inconcluso; además de los temas que quedaron a medias, hubo temas que nunca se llegaron propiamente a discutir, como la vuelta al sistema bicameral, la forma de elección de diputados y senadores, las relaciones entre las cámaras, las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Ese debate nos podría haber ahorrado la crisis reciente. Y tampoco hemos discutido la reforma al sistema político en el ámbito regional y municipal. No habrá partido que sea por sí solo la llave de la solución: la clave está en un mayor involucramiento y vigilancia ciudadana.

Presente, pasado y futuro


Artículo publicado en El Comercio, martes 24 de noviembre de 2020 

Las últimas tres semanas han sido de un vértigo impresionante, y en este momento, marcado por el nuevo gobierno de Francisco Sagasti, la Presidencia del Consejo de Ministros liderada por Violeta Bermúdez y la Presidencia del Congreso por Mirtha Vásquez, prima la aceptación y cierta expectativa de cambio. Como ha sido resaltado ya, este desenlace no hubiera sido posible sin la respuesta y la movilización ciudadana, especialmente de los jóvenes, que pareciera anunciar la irrupción de una nueva generación en el espacio público.

Está muy bien dar cuenta de las novedades y potencialidades, pero tampoco debemos olvidar que hay importantes continuidades. La mayoría del Congreso que votó por la vacancia de Vizcarra y llevó a Manuel Merino a la presidencia sigue estando allí, el presidente Sagasti cuenta con una representación parlamentaria mínima, su Consejo de Ministros, integrado por excelentes profesionales, es una respuesta de emergencia e improvisada, y carece de operadores políticos que le proporcionen una primera línea de defensa. Y los límites en la actuación del Estado también siguen allí, en medio de la emergencia sanitaria y los desafíos de la reactivación económica.

Todos nos hemos sorprendido por la movilización de los jóvenes, y ciertamente les debemos en gran medida haber salido de un gobierno muy conservador y desconectado del sentir de la ciudadanía, y que en muy breve tiempo fue capaz de hacer mucho daño. No solo por la represión a las movilizaciones y su saldo en muertos y heridos, sino también por promulgar leyes como la que asigna dos puntos del IGV a gobiernos regionales que no son capaces de invertir bien los recursos que ya tienen, que compromete la estabilidad fiscal del próximo gobierno. Nos hemos asombrado por la masividad de la participación juvenil, mucho más allá de los núcleos más politizados tradicionales, hasta comprender skaters, otakus, y barristas de equipos de futbol. Llama la atención que apenas hace unos meses la imagen predominante, en medio de la epidemia sanitaria, era una en la que nuestros jóvenes eran vistos como individualistas y poco comprometidos, que no respetaban las disposiciones sanitarias, asistiendo a fiestas, practicando deporte y realizando actividades sin distanciamiento social, etc.

¿Era ese diagnóstico era equivocado, y en realidad nuestros jóvenes son la vanguardia del civismo y de la refundación de la república? Seguramente ni lo uno ni lo otro. Desde un trasfondo individualista, o basado en micro solidaridades, de un sentido común transgresor (tema en el que insistía mucho el sociólogo Gonzalo Portocarrero), y antipolítico, la conducta del Congreso terminó generando una sensación de agravio e indignación que despertó una movilización que terminó encauzándose en un sentido democrático. El Congreso, tradicional blanco de las iras ciudadanas, desnudó motivaciones subalternas, y entonces las redes que antes llevaban al ensimismamiento se convirtieron en estructuras de movilización, la supuesta enajenación se convirtió en un variado y novedoso repertorio de formas de protesta, que logró una masividad, espontaneidad, creatividad, descentralización y capacidad de convocatoria y adhesión impresionantes. Pero también es cierto que lo que fue un activo para la movilización, constituye un enorme desafío para construir una propuesta política concreta.

Una palabra también sobre el pasado. Llama la atención en esta coyuntura la miopía de muchos sectores, expresados en el breve gobierno de Manuel Merino, incapaces de entender la situación que enfrentaban. De un lado una derecha que percibe que todo es fruto de la manipulación del comunismo internacional (¿?), a la que había que responder con represión, como de sectores de la izquierda, que interpretan que tanto la vacancia de Vizcarra como la caída de Merino implican un cuestionamiento de fondo al neoliberalismo. Aún ahora no parecen sacar las lecciones de la experiencia que acabamos de vivir.

¿Cuánto de continuidad y cambio terminará imponiéndose? Buena parte se juega en el resultado de las elecciones del próximo año; y los problemas con la oferta política, atención, siguen siendo los mismos. 

miércoles, 18 de noviembre de 2020

De la oscuridad a la (débil) luz


 Artículo publicado en El Comercio, martes 17 de noviembre de 2020

Hace una semana escribía esta columna inmediatamente después de la votación del Congreso que declaró la vacancia de la Presidencia de la República; en este momento, el Congreso acaba de elegir como nuevo Presidente del Congreso, y futuro Presidente de la República, a Francisco Sagasti. Hace siete días decía que la vacancia expresaba una ambición de poder de cortísimo plazo, un acuerdo parlamentario suma de múltiples intereses particularistas, que enfrentaba un serio problema de legitimidad, y la posibilidad de múltiples manifestaciones de protesta, que podría llevar a la exacerbación, desde el ejecutivo, de lógicas populistas que habíamos visto dentro del parlamento.

¿Qué pasó en esta semana de vértigo? Manuel Merino, el efímero sucesor de Vizcarra, al menos pareció darse cuenta de que no podía armar un gobierno exclusivamente sobre la base de acuerdos parlamentarios particularistas. Apareció entonces la figura de Antero Flores Aráoz, un político conservador de larga trayectoria, pero que obtuvo apenas el 0.43% de los votos en la elección presidencial de 2016, y al que muchos daban ya por retirado. No era fácil armar un gabinete. ¿Quiénes aceptaron ser ministros en condiciones tan críticas? Personajes vinculados a sectores conservadores que obtuvieron un acceso inesperado al poder; críticos acérrimos de la gestión de Vizcarra; tecnócratas que privilegiaron velar por la estabilidad económica; y los que llegaron por razones más personales y cálculos propios. En conjunto, aceptaron quienes no les incomodó demasiado la declaratoria de vacancia, subestimaron los serios problemas de legitimidad y la magnitud de las protestas en ciernes.

Un gobierno de estas características galvanizó una oposición muy amplia: desde sectores más politizados, que temían la postergación de las elecciones, una elección “a medida” de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, o retrocesos en la reforma universitaria; sectores liberales y progresistas y colectivos que cuestionaban la presencia de personajes vinculados a sectores conservadores que parecían poner en peligro la agenda de género y otras banderas; llegando a movilizar incluso el sentimiento antipolítico descargado contra un Congreso percibido como la encarnación del estereotipo de los “políticos solo interesados en ellos mismos”. Las protestas iniciales ganaron mayor impulso ante signos preocupantes del nuevo gobierno: Flores Aráoz minimizaba y declaraba “no entender” el por qué de las protestas; que se le darían “nuevas oportunidades” a universidades que no obtuvieron el licenciamiento en medio de la reforma universitaria; el pedido de renuncia de la ministra de justicia al procurador general Daniel Soria, que ponía en riesgo el fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la declaratoria de vacancia del presidente Vizcarra; y declaraciones del Ministro del Interior minimizando múltiples y documentadas denuncias de excesos policiales en la contención de las protestas sociales. 

Así, las primeras señales del nuevo gobierno destruyeron la poca credibilidad que podría tener; segundo, atizaron las protestas, que se expresaron en manifestaciones masivas en todo el país, lideradas por jóvenes “autoconvocados”, actuando con mucha espontaneidad; y tercero, empezaron a generar en sectores cercanos o neutrales frente al gobierno dudas de si sería capaz de hacerse cargo de la situación. En efecto, al crecer las protestas, la represión policial resultó excesiva, descontrolada y en extremo criminal, dado lugar a la muerte de dos jóvenes manifestantes y decenas de heridos. Así, con el paso de los días y de las horas, el gobierno de Merino fue perdiendo apoyo; los propios parlamentarios que apoyaron la vacancia empezaron a recular y, de manera inédita, líderes empresariales expresaron públicamente su apoyo a las protestas. Una vez que se conoció de las muertes de dos manifestantes por culpa de la mala actuación de la policía, la continuidad de Merino resultó insostenible.

La mayoría congresal que declaró la vacancia de Vizcarra se resistió hasta el final a perder el control, pero la presión pública lo hizo inevitable. La elección de Francisco Sagasti, y las jornadas de protesta, lideradas por jóvenes que demostraron gran civismo y compromiso democrático, abren una luz de esperanza en el país.

¿Existe alguna salida?

Artículo publicado en El Comercio, martes 10 de noviembre de 2020 

Escribo este artículo apresuradamente después de la votación del Congreso que declaró la vacancia de la Presidencia de la República, invocando la “incapacidad moral permanente” del Presidente Vizcarra. Más temprano, antes del inicio del debate en el pleno, parecía dificil que se alcanzaran los 87 votos necesarios, considerando que no existe a la fecha información o denuncias que ameriten una decisión de este tipo, que además interpreta de manera exageradamente elástica y peligrosa la Constitución. Ciertamente, al Sr. Vizcarra se le debe investigar con rigor y eventualmente acusar al terminar su mandato el 29 de julio del próximo año, aunque, considerando los tiempos que suele manejar la Fiscalía, nada asegura de que así sea.

Pero la ambición de poder de cortísimo plazo terminó primando: la facción de Acción Popular que estaba en contra de la vacancia terminó plegándose a los obnubilados por establecer un gobierno parlamentario; Alianza para el Progreso, a través de César Acuña, anunció que votaría en contra, y terminó votando a favor. Fuerza Popular, a través de Keiko Fujimori, anunció que en esta “nueva etapa” apoyarían la gobernabilidad del país, y también cambió de posición. Pero no solo ellos: parlamentarios de Podemos, Somos Perú y Frente Amplio también se sumaron, y así se llegaron a los 105 votos, que siguieron una iniciativa de UPP que invoca la lucha contra la corrupción, cuando lo que pretenden es impulsar su propia agenda: indulto para Antauro Humala, nueva Constitución, pena de muerte, populismo autoritario. El cambio y la alta votación es fruto de un acuerdo político, de una suerte de repartija parlamentaria, que se verá en el Consejo de Ministros del presidente Merino, y de los nombramientos de funcionarios que se planean para las próximas semanas y meses.

Lamentablemente, a pesar de la cuestionable interpretación constitucional que ha producido este resultado, impugnarlo por vías legales parece inviable. Es lo que le ocurrió al Congreso disuelto en setiembre del año pasado: los recursos legales no podían llegar a tiempo (y cuando llegaron no les dieron la razón) para impedir la elección del Congreso actual. Ahora, el Presidente Vizcarra tampoco puede iniciar una batalla legal cuando el Presidente del Congreso ya ha convocado a su ceremonia de juramentación como Presidente de la República para mañana por la tarde. Probablemente, consciente de ello, el Presidente Vizcarra anunció que dejará Palacio de Gobierno esta noche.

Pero Manuel Merino no debería obviar que han vacado a un Presidente que contaba con un 60% de aprobación a su gestión; que un 95% estaba de acuerdo con que sea investigado por la Fiscalía y termine su gobierno; que un 77% considera que la vacancia podría afectar a la economía; un 67% a la lucha contra el Covid-19, y un 64% a la realización de las elecciones del próximo año. Al mismo tiempo que un 65% de los encuestados desaprueba el desempeño del Congreso, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de octubre. Debería ser consciente de que un gobierno fruto de una repartija parlamentaria nos condena a una continua crisis de legitimidad, que resulta peligrosísima en medio de la emergencia sanitaria, de la necesaria reactivación económica, de tener elecciones y una transición mínimamente ordenada. Otro gran peligro: populismo demagógico express buscando la legitimidad de la que carece.

Muy probablemente tengamos múltiples manifestaciones de protesta y se hará evidente el aislamiento de un gobierno exclusivamente parlamentario ante la sociedad. Si el gobierno de Vizcarra parecía débil y aislado, ahora comprobaremos el viejo adagio de que siempre se puede estar peor; aislado no ante el Congreso, sino ante la sociedad. ¿Hay salida a esta situación? La clave es que Merino tome consciencia de que ya no puede pensar como Presidente del Congreso, sino como Jefe de Estado. El país es mucho más grande y complejo que las negociaciones entre bancadas en la junta de portavoces.

Elecciones internas y democracia


Artículo publicado en El Comercio, martes 3 de noviembre de 2020 

El sábado pasado los 24 partidos políticos con registro electoral presentaron sus listas de precandidatos a la Presidencia y al Congreso de la República. Es la primera vez que tendremos elecciones internas organizadas por los organismos electorales, lo que ayudará a tener procesos transparentes. Lamentablemente, las restricciones que impuso la emergencia sanitaria, cierta indecisión por parte del JNE y la reticencia del actual Congreso para implementar reformas más audaces, nos conducen hacia elecciones internas bastante mediatizadas, donde cada partido decide la modalidad de elección. Pero igual aparecen lecciones interesantes.

Respecto a las candidaturas presidenciales, solo Acción Popular, Partido Morado, Partido Aprista Peruano, Todos por el Perú y Renacimiento Unido tendrán elecciones con más de una “fórmula”. Muy bien por ellos, porque en los otros las elecciones internas podrían ser una burla para los militantes y electores. En los tres primeros casos, se trata de partidos con una mínima vida y estructura interna, que se expresa en tendencias, facciones, y está muy bien que las disputas se diriman mediante el voto directo de los afiliados. La competencia  resulta saludable, siempre y cuando no se convierta en una disputa cainita. En los otros dos casos la competencia la definirá una asamblea de delegados; en Todos por el Perú la competencia parece expresar los conflictos por el control de la inscripción del partido, antes que la existencia de tendencias. Renacimiento Unido, de Ciro Gálvez, es una inscripción que busca la sobrevivencia, después de intentos de alianzas fallidas con Siempre Unidos de Felipe Castillo y con Antauro Humala. En medio de ese panorama, busca hacerse un espacio el recién llegado Richard Arce.

Los partidos que tienen lista única para definir la candidatura presidencial al menos deberían hacer el esfuerzo de tener elecciones competitivas para definir las candidaturas al Congreso. Si no hay más de una lista, se debe asegurar que sea el voto el que defina quiénes terminan siendo parte de la misma, y en qué orden. Lo mismo para quienes han optado por definir candidaturas en asambleas de delegados: si las listas de delegados son únicas, o no hay posibilidad de presentar candidaturas individuales, la democracia interna es una ficción.

Ahora, en medio de este panorama, cabe hacerse la pregunta, ¿qué implicancias tiene todo esto? Porque no es cierto que los partidos que actúen de manera más democrática tendrán mejores perspectivas electorales. Ellas dependen de muchos factores, de hecho, las preferencias electorales parecen seguir principalmente a la imagen o simpatía que despiertan los candidatos presidenciales. De allí que partidos en riesgo de perder la inscripción se apresuren en recibir candidatos percibidos con alguna viabilidad, como Restauración Nacional, Somos Perú o Avanza País, aunque no haya mayor coherencia en esas decisiones (otros como Solidaridad Nacional, partido personalista que perdió su razón de ser, fue “traspasado” a un nuevo “dueño” como Rafal López Aliaga, al mismo tiempo su principal financista).

La principal virtud de estos comicios internos es que desnudará la realidad de cada partido: veremos cuán realista es su padrón de afiliados, cuánto compromiso se tiene con la paridad y alternancia, con el ejercicio de la democracia, y cómo es que funciona de manera interna; y todo esto es información útil para los electores. Además, ayuda a hacer previsiones respecto a lo que sucederá con esos partidos en el futuro, su cohesión o posibilidades de consolidación a largo plazo. Un dilema que se debe enfrentar es la tentación de hacer jales “llamativos” que luego atenten contra la cohesión y disciplina interna; o encerrarse en los cuadros de siempre, pero que no son capaces de ganar votos en la arena electoral.

Lo bueno de la elección de 2021 es que será un momento de “reseteo” del sistema de partidos. Los que no pasen la barrera electoral perderán la inscripción, y los actores políticos deberán, o integrarse a los partidos existentes, o esforzarse en construir una organización con un mínimo de coherencia.

Perú: ¿imagen del futuro?



Artículo publicado en El Comercio, martes 27 de octubre de 2020 

En noviembre de 2016, el colega Juan Pablo Luna publicó un artículo muy provocador, bajo el título “Perú, ¿el futuro político de Chile?”. Luna proponía romper con la idea de que Chile era un país con una institucionalidad avanzada que a la que los demás países debían aspirar, sino que más bien Chile mostraba signos de descomposición partidaria de los que Perú era la ilustración más clara. A estas alturas, resulta evidente que, en efecto, Chile está atravesando una profunda crisis de representación. Los resultados del plebiscito del domingo cierran simbólicamente una larga etapa, y queda por verse si estaremos ante el inicio de una nueva y superior etapa, o una espiral de creciente desafección, confrontación política y problemas de gobernabilidad.

Pero Perú puede ser visto como una referencia del futuro posible en más de un caso. Recordemos que Perú con Fujimori fue el pionero en la gestación del “autoritarismo competitivo”: no era una dictadura convencional, mantenía en principio las formalidades democráticas, pero en realidad se trataba de un sistema de partido hegemónico, donde los controles democráticos horizontales (autonomía y equilibrio entre poderes del Estado) estaban muy limitados, y la oposición tenía muy limitadas opciones para competir; donde el partido hegemónico (en este caso el fujimorismo) se asentaba en un importante respaldo popular, que le permitía “exponerse” y legitimarse mediante los resultados electorales. La fórmula triunfo electoral – cierre del Congreso - nueva Constitución – consolidación de una nueva forma de régimen, fue iniciada por Fujimori, pero fue seguida, con sus singularidades, por Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, a pesar de sus notables diferencias ideológicas.

Perú empezó antes, y terminó antes también. El fujimorismo de la década de los años noventa enfrentó el dilema de institucionalizarse, democratizarse y permitir la alternancia, pero optó por jugarse el todo por la reelección en el año 2000, violando la propia Constitución de 1993 y descabezando el Tribunal Constitucional. Si bien logró la reelección, quedó tan deslegitimado en el proceso que Alberto Fujimori terminó renunciando y huyendo del país en ese mismo año. En 2019, Evo Morales también optó por ignorar la propia Constitución de 2009, el referéndum de 2016, y tentar una nueva reelección, que generó una crisis que ya no pudo controlar, y que desencadenó el golpe del año pasado. En otros contextos, el PRI mexicano bloqueó la alternancia hasta el año 1988, pero tuvo que terminar aceptándola en 2000. Rafael Correa también apostó por un sucesor en 2017, y se dio la alternancia con Lenin Moreno. Vistas las cosas desde esta perspectiva, mucho le hubiera Morales evitado a Bolivia si desde 2016 promovía la candidatura del electo Luis Arce.

¿Qué pasa en una democracia después de un partido hegemónico? En nuestro país el fujimorismo parecía desaparecer en 2001, pero luego se reconstituyó en 2006, y llegó hasta la segunda vuelta en 2011 y 2016, incluso logrando en este último año la mayoría absoluta del Congreso. Los años en el poder dejan huella. El PRI volvió al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto, no debería sorprendernos tanto el reciente triunfo del MAS, así como la posibilidad de un candidato asociado a Correa en las elecciones de febrero del próximo año. Manteniendo las distancias, el peronismo también volvió al poder en 2019, y ello fue facilitado porque Cristina Fernández entendió que su figura era polarizante y promovió la candidatura de Alberto Fernández. El gran desafío de estas “vueltas” es asumir que se trata de un nuevo contexto, que resulta necesario abandonar lógicas autoritarias y confrontacionales; de lo que se trata es de mantener y consolidar los logros en inclusión y políticas sociales, pero trabajar también en la construcción institucional democrática. Las declaraciones iniciales de Luis Arce en Bolivia marcan una pauta que permite abrigar optimismo.

Mejorar la oferta y la demanda política

Artículo publicado en El Comercio, martes 20 de octubre de 2020

Hay que ser optimista: cuando todo te parezca mal, piensa en que todo puede ser siempre aún peor. Desde inicios de siglo decíamos que en Perú no existen partidos políticos propiamente dichos, ni un sistema de partidos entre ellos; que nuestra política estaba signada por el personalismo, la improvisación y el cortoplacismo; por la volatilidad extrema y escasa legitimidad.

Pero la elección que viene parece notoriamente peor que las anteriores. La postergación de una reforma política ha inflado el registro electoral, llegando a 24 partidos, de los que la mayoría no son sino un cascarón. Esta vez quienes no participen perderán la inscripción, así que tendremos la elección con más candidatos de nuestra historia reciente. La emergencia sanitaria limitó la aplicación de una a su vez limitada reforma política, con lo que no pudieron inscribirse organizaciones nuevas, no pudieron realizarse elecciones primarias (mecanismo democrático de selección de candidatos y filtro para sacar de la competencia y del registro a partidos sin respaldo), no pudo regir el requisito de al menos un año de militancia en algún partido para poder postular a algún cargo de elección. Por ello hemos asistido al espectáculo de inscripciones de última hora en diferentes partidos, que éstos acogen gustosos al no tener candidatos ni propuestas ni viabilidad propia.

Se dice, con razón, que los electores debemos meditar bien nuestro voto. La tarea se complica por el alto número de candidatos presidenciales, a los que se sumarán los candidatos al Congreso con voto preferencial; y se complica más porque no será posible hacer publicidad en medios masivos, y porque la epidemia limitará las actividades presenciales de campaña. Afortunadamente se amplió la franja electoral, pero igual habrá confusión. En otros contextos los partidos con más historia y trayectoria estructuran mínimamente la competencia, pero acá éstos se juegan la sobrevivencia, y la contienda parece definirse entre partidos nuevos o partidos más viejos pero “refundados” por completo con nuevos dirigentes y logos, es decir, son también partidos nuevos. Así, no basta apelar a la demanda política. Se tiene que mejorar la oferta. Pero en medio de los problemas de representación que vivimos, se hace difícil convencer a ciudadanos capaces y bien intencionados para participar en política. Además, con tantos partidos y candidaturas los cuadros más atractivos, que existen en muchas tiendas, aparecen dispersos y con oportunidades escasas. Y lamentablemente, para estas elecciones la mayoría de partidos ha optado por mecanismos poco democráticos para seleccionar candidatos (asambleas de delegados elegidos por listas únicas).

Y hay un gran problema de fondo, de carácter “sociológico” si se quiere, que es la gran distancia que existe en nuestro país entre la élite económica, cultural y social, y la ciudadanía en general, y la distancia entre ésta y la actividad política en general. Esta distancia solía ser reducida, precisamente, por la existencia de partidos, ideologías, apuestas políticas capaces de ser punto de encuentro entre identidades diversas en todo el territorio. En su momento, el APRA, la izquierda, el socialcristianismo, Acción Popular, fueron motores articuladores. Ahora estos y otros grupos políticos parecen reducidos a muy pequeños núcleos, y a la expresión de intereses muy segmentados y particulares, y muy lejanos a los procesos sociales que han dado lugar a la actual fisonomía del país. De allí la distancia que se percibe entre las preferencias de las elites y las de los ciudadanos en general. Y los peruanos que expresan mejor el país forjado en los últimos años no parecen tener capacidad ni interés en saltar de la esfera social a la política.

De estos problemas no se sale fácilmente, y requerirá de mucho esfuerzo sostenido a lo largo de mucho tiempo. En lo inmediato, habría que persistir en reformas como la vuelta a un sistema bicameral, con un rediseño de las circunscripciones electorales, y plantear a los candidatos de las próximas elecciones un compromiso para completar la reforma inconclusa.

Sobre la vacancia presidencial


 Artículo publicado en El Comercio, martes 22 de septiembre de 2020 

El pasado viernes se votó una moción de vacancia presidencial, que mantuvo en vilo al país. Afortunadamente fue rechazada, como lo fue el martes pasado la moción de censura a la ministra de economía. Digo afortunadamente porque en ambos casos parece claro que su aprobación no solucionaba ningún problema y, al contrario, más bien los agravaba. Digamos que al borde del precipicio primó la sensatez en los grupos obligados por su representación y aspiraciones a tenerla, concretamente Acción Popular y Alianza para el Progreso.

Pero, ¿cómo pudimos llegar hasta aquí? Conversando con colegas extranjeros, es difícil de explicar de qué manera una presunta contratación irregular de servicios profesionales en un ministerio (cosa que no está bien, pero que ocurre todo el tiempo en todos los países del mundo), puede terminar con la destitución de un presidente. Entenderlo requiere explicar que después de tantos escándalos de corrupción en los últimos años, y del uso reiterado de esa bandera por parte del gobierno, la opinión pública se muestra extremadamente sensible respecto a ese tema; habría que añadir que el gobierno ha dado explicaciones que no suenan convincentes; y además que desde los “vladivideos” en nuestro país se ha vuelto una práctica utilizar audios, videos y pantallazos como mecanismo de denuncia, extorsión, y mecanismo para dirimir disputas políticas. Los audios en cuestión, que siguen apareciendo y son “dosificados” para maximizar su impacto, afectan seriamente la imagen de la Presidencia y a estas alturas se requieren más y mejores explicaciones. No parece bastar “ponerse a disposición” de la Fiscalía.

Pero hasta acá la explicación no es suficiente; habría que añadir la extrema vulnerabilidad y debilidad de un gobierno que se encontró accidentalmente con el poder; que no tiene partido ni representación parlamentaria. Además, sumar el hecho de que estamos ante un gobierno encabezado por un primer vicepresidente que ya no está más acompañado por la segunda vicepresidenta, con lo que su caída implicaba que el gobierno pasara al Presidente del Congreso. Como que la tentación de un gobierno parlamentario parece difícil de resistir, a pesar de que ya están convocadas las elecciones y de que del manejo de la emergencia sanitaria y de la reactivación económica sería prácticamente imposible no salir políticamente chamuscado. Finalmente, hay que sumar el hecho de la peculiar composición de nuestro parlamento. Vistas las cosas desde enero, uno hubiera esperado que la suma de los votos de bancadas “moderadas” como las de AP, APP, SP y PM le hubiera dado cierta estabilidad al parlamento. De hecho esos votos fueron claves para que se rechazaran las mociones votadas la semana pasada, pero las divisiones y la imprevisibilidad de las decisiones en grupos como AP, APP y SP pusieron una cuota de dramatismo que nunca debió darse.

Digamos en suma que estamos ante un conjunto de situaciones excepcionales que explican que hayamos llegado hasta aquí. La complicación es que los problemas de fondo siguen estando allí: desde Palacio de Gobierno no llegan todavía explicaciones suficientes, los audios siguen apareciendo, los cuestionamientos se multiplican. El Congreso parece dispuesto a recuperar la iniciativa, reivindicando legislación en temas económicos con posturas populistas. Los próximos meses pueden ser nefastos para la estabilidad política y económica del país, y comprometer los esfuerzos necesarios para salir del hoyo en el que hemos caído por la crisis sanitaria y la recesión.

¿Qué hacer? Urge que desde Presidencia se den mayores y mejores explicaciones, que permitan separar las investigaciones fiscales del manejo del gobierno. Y se hace más necesario un mayor protagonismo del Presidente del Consejo de Ministros y de los ministros en sus temas sectoriales. Son ellos los que deben buscar recomponer la relación con el Congreso; y nuevamente, buena parte de la salida está también en que Acción Popular, Alianza para el Progreso y otros grupos asuman que seguir la agenda de grupos como UPP o Podemos no es buen negocio para ellos.

De las paradojas a la coherencia (2)


 Artículo publicado en El Comercio, martes 13 de octubre de 2020 

Hace unas semanas comentaba cómo Perú llamaba la atención hasta hace algunos años por sus paradojas, y ahora más bien preocupa por la posibilidad de su coherencia. Me refiero a la paradoja de cómo así el país podía ser uno de los líderes de crecimiento económico y reducción de la pobreza de la región, al mismo tiempo que mostraba instituciones políticas frágiles, partidos y un sistema de partidos prácticamente inexistentes como tales, que se expresaban en muy bajos niveles de legitimidad del sistema político. Hoy, más bien preocupa un escenario dominado por partidos improvisados y volátiles, sin perfiles ideológicos, identitarios o programáticos distinguibles, organizados alrededor de liderazgos personalistas, rodeados de entornos oportunistas; que siguen lógicas marcadas por el cortoplacismo, sometidos a las presiones de intereses particulares como a las mareas de la opinión pública. Este tipo de actores, como resulta esperable, toman decisiones que pueden terminar afectando negativamente el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, y ahondar los problemas de legitimidad del sistema político. El Congreso actual parece dominado por partidos indisciplinados, sin orientaciones claras, donde se toman decisiones apresuradas buscando un aplauso fácil, pero comprometiendo políticas esenciales. Recientemente, por ejemplo, la reposición de más de catorce mil docentes de la escuela pública que no aprobaron o no se presentaron a la evaluación de ingreso a la carrera pública magisterial en 2014; decisión que atenta gravemente contra el principio meritocrático de la reforma educativa.

Ciertamente, no estamos condenados a caer en una espiral de demagogia y destrucción institucional, aunque el riesgo ciertamente existe. Todo depende de qué ocurra en las elecciones generales del próximo año, y los ciudadanos debemos no solo evaluar muy cuidadosamente a quién le damos nuestro voto, también vigilar las conductas de todos los partidos en competencia. Por ejemplo, en los próximos días se establecerán las reglas para las elecciones internas de cada partido político, de las que saldrá la lista de candidatos a la presidencia, vicepresidencias y el Congreso. Este proceso, que se realizará por primera vez de manera transparente organizado por la ONPE, ayudará a desnudar la verdadera naturaleza de los 24 partidos que en principio participarán en las elecciones. ¿Cuáles realizarán elecciones internas verdaderamente democráticas y cuáles harán remedos de ella? ¿Qué partidos cumplirán con el principio de paridad y alternancia buscando dar más participación y poder a las mujeres, y qué otros cumplirán con la literalidad pero no con el espíritu de la norma?

Otro elemento estabilizador, además de la vigilancia de los ciudadanos y de la opinión pública, podría estar en el cambio en las preferencias electorales ocurridas en las últimas décadas. En ellas hemos visto una tendencia creciente de favorecer opciones moderadas, bastante extendida en todo el país. Son ellas las que permitieron el triunfo de Alejandro Toledo frente a Alan García en 2001, de García frente a Ollanta Humala en 2006, del propio Humala frente a Keiko Fujimori en 2011, y de Pedro Pablo Kuczynski tanto frente a Verónica Mendoza en la primera vuelta como frente a K. Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2016. ¿Se mantendrá esa lógica?

Finalmente, está por verse la capacidad de resistencia e iniciativa política de los islotes de eficiencia y capacidades técnicas en áreas clave del Estado. Pero para ello urge que ese mundo “tecnocrático” sea capaz de hacer política, de explicar, persuadir, y sobre todo proponer salidas a los problemas reales que los políticos tienen un gran instinto para detectar. Así, una gran iniciativa del MEF ha permitido trabajar junto al Congreso una salida a la propuesta de “devolución de aportes” a los contribuyentes al sistema nacional de pensiones. Algo equivalente corresponde hacer con la ley de la carrera pública magisterial; alguna salida deben tener los docentes sin capacidad de aprobar evaluaciones. Poner el énfasis en la capacitación y formación docente, o crear oportunidades de empleo y reconversión sería clave.

Sobre las elecciones de 2021


Artículo publicado en El Comercio, martes 6 de octubre de 2020

Las elecciones del 2021 serán muy particulares, no solo porque se realizarán en un contexto de pandemia, también por la proliferación y debilidad de las candidaturas. En 1985, 1990, 2000 y 2001 tuvimos entre 8 y 9 candidaturas presidenciales; 10 en 2016, 11 en 2011, 14 en 1995, 15 en 1980, y la más congestionada fue la de 2006, con 20 candidatos presidenciales y 24 listas al parlamento. Sin embargo, con miras a esa elección, hacia el mes de octubre 2005 las encuestas de intención de voto claramente ubicaban algunos candidatos favoritos, como Lourdes Flores, Alan García y Valentín Paniagua, y esas preferencias estructuraban la competencia electoral. En general, en las últimas elecciones nos habituamos a un esquema en el cual intuíamos entre quiénes estaría la disputa por llegar a la segunda vuelta, empezando por los protagonistas de la elección anterior, y dejábamos un espacio en blanco para un “candidato sorpresa”, que en 2006 terminó siendo Ollanta Humala.

Repasemos. En 2001, sabíamos que Toledo ganaría la primera minoría en la primera vuelta, no nos imaginábamos que Alan García desplazaría a Lourdes Flores para llegar a la segunda. Frente a las elecciones de 2011, hacia octubre de 2010, veíamos que la segunda vuelta se definiría entre Luis Castañeda, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, e inesperadamente Pedro Pablo Kuczynski terminó en tercer lugar. Frente a las elecciones de 2016, Keiko Fujimori parecía entrar de todas maneras en segunda vuelta ya hacia octubre de 2015, y los demás protagonistas parecían ser Kuczynski, Alan García y César Acuña; inesperadamente, Verónica Mendoza terminó en el tercer lugar. Además, la preeminencia de algunos actores generaba una dinámica de alineamientos y oposiciones que estructuraba la campaña. En 2001 la vuelta de García animó y polarizó la campaña; en 2006 y 2011, el “temor” para algunos del triunfo de un candidato “radical” como Ollanta Humala; en 2011 y 2016 el rechazo al fujimorismo.

El punto es que hacia el mes de octubre del año previo a las elecciones, teníamos ya relativamente definido un elenco central de candidatos, cosa que no ocurre en esta ocasión; y al no haber candidatos fuertes, tampoco hay grandes alineamientos o lógicas polarizantes. Las encuestas sugieren que George Forsyth encabeza hoy las preferencias electorales, pero no es claro si será candidato o qué tipo de candidato será. Por debajo de él aparecen candidaturas con respaldos muy escasos por ahora. Basándonos en la experiencia previa, podríamos anticipar que Keiko Fujimori, Ollanta Humala, César Acuña y Julio Guzmán podrían tener opción de entrar a segunda vuelta; tal vez Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, si es que lograran las nominaciones de sus partidos. Luego, entre los “primerizos” que apuestan por una sorpresa, destaca Daniel Urresti, seguido de un un grupo grande de candidatos que siente que tiene opción en un contexto en el que nadie tiene una ventaja clara.

Una luz de esperanza era que en este ocasión, por primera vez, la ONPE estará a cargo de las elecciones internas de los partidos, programadas para finales de noviembre, con lo que el escrutinio a los candidatos podría empezar un poco antes que en elecciones anteriores, lo que facilitaría tomar mejores decisiones. Lamentablemente, la ley abrió la posibilidad de elegir candidatos en convención de delegados, y la reglamentación de estas ha permitido que las elecciones de éstos puedan hacerse mediante un sistema de listas únicas, con lo cual las elecciones terminan siendo una burla. Las elecciones internas debieron sustituir a las elecciones primarias, suspendidas por la epidemia, con elección de candidatos individuales.

El único consuelo es que, después de las elecciones de 2021, muchos partidos cascarón perderán su registro, y de allí en adelante las nuevas reglas de la reforma política podrán empezar a hacerse sentir. Por supuesto, el cambio de la política no depende solo de un cambio de reglas, pero por ahí podría empezar.