miércoles, 30 de junio de 2021

Primeros apuntes




- Parecemos haber llegado al nivel cero de la representación. En 2005 publiqué un libro que titulé “Democracia sin partidos”, y pasé los últimos quince años diciendo que Perú era un caso extremo de precariedad de su sistema de partidos y de problemas de representación. Pero lo que vemos hoy parece colocar al pasado inmediato como un modelo de institucionalización.

- En nuestra democracia tenemos a una ciudadanía desconfiada y escéptica que mira desde la tribuna a pequeñas tribus disputándose su voto. La constante relativa es que esos ciudadanos parecen tener cierta preferencia por orientaciones más a la izquierda (sierra sur, típicamente) o a la derecha (Lima, costa norte), pero también podemos encontrar preferencias bastante homogéneas a través del territorio. Por ejemplo, llama la atención la votación de Castillo en Apurímac, Ayacucho o Huancavelica, pero también es cierto que su votación luce bastante pareja en todo el país, de modo que con un 12.8% de los votos al Congreso Perú Libre podría obtener un 25% de la representación (algo así también sucedió con el fujimorismo en 2016). Renovación Popular tiene casi la misma votación que Acción Popular (9.9%), pero AP tendría 21 representantes, contra 13 de RP. Y Avanza País tiene casi los mismos votos que Alianza para el Progreso en el Congreso (7.3%), pero tendría la mitad de los representantes (APP 14 y AP 7). Hay unos grupos más “nacionales” que otros…

- Las tribus lanzan ofertas muy limitadas, improvisadas, incapaces de generar adhesiones consistentes. Por eso el proceso ha sido tan volátil e incierto. En un momento parecía que Forsyth “estaba seguro” en segunda vuelta, luego Lescano, pero ambos empezaron a caer; luego pareció que López Aliaga, De Soto, Mendoza y Fujimori en diferentes momentos se metían a la segunda vuelta. Castillo recién apareció como candidato viable hacia finales de marzo, apenas a tres semanas de las elecciones, después de que sus electores descartaran las opciones anteriores. La explicación habría que encontrarla más en los errores y aciertos de los candidatos y en el momento específico del crecimiento de cada uno, antes que pensar que era algo “que estaba escrito” y que “debimos ver venir”. Castillo expresa algunas redes vinculadas a sectores del magisterio, a los ronderos, a trabajadores de la salud, y sobre ellas dio el salto; pero las redes conservadoras no le alcanzaron a López Aliaga, ni las partidarias municipales a Lescano, ni las universitarias a Acuña. Ni las redes evangélicas le alcanzaron al FREPAP, o las de reservistas a UPP, tan comentadas por la elección de 2020, para mantener el registro. Las redes de activistas ayudan, pero no bastan.

- Las tribus, repito, son tremendamente débiles. Castillo resulta puntero con 18.1%, con esa votación habría quedado en cuarto lugar en 2016, 2011, 2006 y 2001; Keiko Fujimori entraría a la segunda vuelta con el 14.5%, después de haber obtenido el 23.56% en 2011 y el 39.86% en 2016, reducida a poco más que al “núcleo duro” del fujimorismo tradicional, y despertando el nivel de rechazo más alto que cualquier otro candidato (sin contar a Castillo). El próximo presidente enfrentará además un Congreso con nueve o más bancadas, en las que más del 40% de sus candidatos se afiliaron al partido en el último mes.

- ¿Cómo llegamos a esto? Las investigaciones de lava jato, la confrontación política desde 2016, el debilitamiento del centro político en medio de la incapacidad para responder a la pandemia, cuentan. También la manera en que se han asentado en el debate político en los últimos años discursos descalificadores y generalizantes, en los que toda la izquierda es “chavista”, toda la derecha “entreguista”, todo centro pusilánime, en los que el conocimiento técnico y científico es descalificado en nombre de la experiencia práctica, en el que las noticias falsas, mentiras y exageraciones se han normalizado. Si todo es igual y nada es mejor, como en Cambalache, no debemos sorprendernos del resultado. 

Al día siguiente




Si vemos a los electores peruanos, encontraremos a un número grande que adopta una actitud que podríamos llamar “cínica”: no importa quien gane, porque todo va a seguir igual. Otros, a pesar de los serios problemas de representación que adolescemos, en cada proceso electoral se entusiasman por algún candidato, llegando incluso a defenderlo contra toda evidencia, y denostar del mismo modo a sus rivales. Esto suele tener que ver con las posiciones ideológicas de los ciudadanos, que encarnan en cada proceso electoral de manera diferente. Después, por supuesto, vienen las decepciones.

En realidad, acaso sea más conveniente seguir la actitud cínica, pero entendida como los griegos antiguos, y tener un saludable escepticismo respecto al desempeño de nuestras futuras autoridades. Creo que no es arriesgado preveer, dada la precariedad de todas las candidaturas en competencia y las tendencias a la fragmentación del voto, que el próximo presidente, sea quien sea, tendrá que marcar distancias de las promesas y discursos que ha estado manejando hasta el momento; tendrá que anunciar que, dado el tamaño exiguo de su representación parlamentaria, no podrá implementar su plan de gobierno original. Dada la debilidad de sus cuadros técnicos, tendrá que convocar a independientes, así el “verdadero” plan de gobierno se definirá al nombrarse al Presidente de Consejo de Ministros y a los ministros principales. Recordemos que una cosa fue el candidato Kuczynski en campaña en 2016 con su jefe de Plan de Gobierno Alfredo Thorne, y otra el presidente Kuczynski con Fernando Zavala en la Presidencia del Consejo de Ministros. En 2011 una cosa fue “La gran transformación”, el plan de gobierno liderado por Félix Jiménez, otra la gestión presidencial de Humala con Miguel Castilla en el Ministerio de Economía, y Oscar Valdés, Juan Jiménez o Pedro Cateriano en la Presidencia del Consejo de Ministros, por mencionar ejemplos de los dos últimos gobiernos.

Al armarse los Consejos de Ministerios, resultará que quienes terminen tomando las decisiones serán técnicos independientes sin mayor relación con el partido que ganó las elecciones, y sin mayor relación entre sí. Esto generará problemas de coherencia y coordinación, que complicará la implementación de políticas eficaces. Al mismo tiempo, es muy probable que el ejecutivo tenga una representación parlamentaria pequeña e indisciplinada. Muy probablemente la popularidad del próximo presidente empiece alta, pero decaerá caiga rápidamente a lo largo del primer año de gobierno; y que conforme ésta caiga, empiecen en el Congreso las renuncias, los cambios de bancada, el viejo transfuguismo. Además, es muy probable que tengamos un Congreso con el nivel de fragmentación más alto de nuestra experiencia democrática reciente, compuesto además por bancadas sin liderazgos firmes, con alta indisciplina, y muy penetrado por intereses particularistas. Este Congreso iniciará con una actitud medianamente colaborativa, pero pasará a una retórica agresiva conforme vaya cayendo la popularidad del gobierno. Además, en este escenario aflorarán los intereses personalistas y particulares, que debilitarán aún más a las bancadas y probablemente den lugar a la proliferación de proyectos de ley demagógicos, pero con alto respaldo parlamentario. En suma, corremos el riesgo de repetir el escenario visto en los últimos cinco años; seguir “atollados”, girando sin avanzar y hundiéndonos cada vez más en el círculo vicioso de un gobierno débil que por la falta de apoyo parlamentario se debilita más, lo que radicaliza la acción opositora.

¿Se puede escapar de este destino? Por supuesto que sí, pero se requiere de realismo y responsabilidad de los gobernantes y representantes electos, de la movilización y vigilancia de los medios, gremios, asociaciones y de los ciudadanos, de la gestación de un gran acuerdo nacional de emergencia para atender con sensatez los problemas más urgentes. Afortunadamente, si dejamos atrás la estridencia de algunos candidatos, encontraremos en el mundo de los expertos en las diferentes áreas de política pública amplias posibilidades de convergencia, que podrían ayudar a sentar las bases de un necesario acuerdo político.

¿Qué más dicen las encuestas? (2)




Hace dos semanas comentaba algunos asuntos que podríamos deducir del análisis de las encuestas de intención de voto, más allá de la información inmediata sobre los movimientos en las posiciones relativas de los candidatos. ¿Cuán diferentes resultan estas elecciones de todas las anteriores, qué nos dicen de los cambios en el sistema político?

Mirando retrospectivamente, resulta claro que entre 2001 y 2016 un gran eje de la política peruana estuvo marcado por la herencia del fujimorismo. En 2001 se lo quiso superar, sin lograrlo; en 2006 reapareció con actor relevante, y en 2011 y 2016 estuvo muy cerca de ganar nuevamente la presidencia. Toledo emergió como líder al encabezar la oposición al fujimorismo, así como Ollanta Humala en 2011, y Verónika Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Paralelamente, el eje izquierda – derecha resultó relevante, al igual que en toda América Latina, eje que también remite al fujimorismo, en tanto fue en la década de los años noventa  cuando se implementaron las reformas orientadas al mercado. Al igual que en otros países, candidatos con discursos críticos con el neoliberalismo tuvieron importante arrastre, llegando a ser triunfadores Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011, pero también los defensores del modelo tuvieron respaldo significativo. Toledo no era crítico con el modelo, Lourdes Flores obtuvo una importante votación en 2001 y 2006, García y Humala giraron al centro en la segunda vuelta para alcanzar la victoria, y en 2011 la segunda vuelta tuvo como protagonistas a dos defensores del modelo. Finalmente, se insinuaba algo así como un conjunto medianamente previsible de protagonistas o candidatos: Toledo fue presidente en 2001, era el candidato favorito en 2011, y terminó mucho peor de lo que se esperaba en 2016; García quedó segundo en 2001, ganó en 2006, y al igual que a Toledo le fue mucho peor de lo esperado en 2016. Humala quedó segundo en 2006, ganó en 2011, pero el caso lava jato rompió desde 2019 esa suerte de esquema.

Lava jato y sus consecuencias rompió esa cadena según la cual los segundos o terceros de la elección anterior resultaban ganadores en la siguente, que también funcionó en 2016, enfrentando a la quedó segunda en 2011 con el que quedó tercero. Las detenciones y prisiones preventivas de Toledo, Humala, Kuczynski, Keiko Fujimori y el suicidio de García ilustran el descrédito de los protagonistas principales de este periodo. Si miramos la campaña en curso, ella expresa el impacto del caso lava jato, y la lógica destructiva que enfrentó al fujimorismo con Kuczynski, cuando podrían haber sellado una alianza en favor de una nueva generación de reformas estructurales. La elección parlamentaria de 2020, con todo, configuró un panorama no del todo desconocido: una suerte de mayoría moderada (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Partido Morado), grupos con discursos anti establishment muy variados (Fuerza Popular, UPP, Frente Amplio), y grupos imprevisibles, pero marcadamente antipolíticos (FREPAP, Podemos). Como sabemos, los efectos del Covid-19 hicieron que el Congreso revelara con desfachatez un ángulo hasta ese momento soterrado, el de un populismo desenfrenado, que cruza a todos los grupos políticos, o que más bien revela que más allá de las etiquetas partidarias lo que hay son individuos sin mayor formación o compromiso institucional. Sumémosle a ello una reforma política implementada a medias, en medio de la pandemia, y tendremos el resultado: Lescano representa a un partido sin identidad, y como candidato ilustra los arrebatos populistas ahora de moda; Fujimori carece también de una candidata clara, de vuelta de la “desalbertización” de su partido; Forsyth y Mendoza manejan vehículos electorales prestados a los que se subieron a última hora; de Soto y López Aliaga son expresión elocuente de lo huérfana que está la derecha de figuras y de propuestas que la representen propiamente.

Lamentablemente, lo que puede preveerse es una suerte de continuación de la dinámica 2016-2021; esperemos que algo hayamos aprendido de esa experiencia.

Nuestro declive democrático




Hace unos días salió publicado el informe sobre la Democracia 2021 del proyecto Variedades de la Democracia, que llama la atención sobre la “viralización de la autocratización”, en el que se vislumbran retrocesos en los procesos democráticos en el contexto de la pandemia, por la expansión de “autocracias electorales”. Esto dio lugar a un interesante comentario de Paolo Sosa en estas mismas páginas. Países como Brasil, la India y Turquía han caído en los índices del componente liberal de la democracia, de modo que, si bien se trata de gobierno elegidos democráticamente, muestran comportamientos claramente autocráticos.

Para América Latina, se señala que en el contexto de la pandemia se han erosionado las democracias en El Salvador y Paraguay, pero también México, Venezuela, Brasil y Bolivia. En términos generales, el patrón de erosión con los presidentes Bukele, Benítez, López Obrador, Maduro, Bolsonaro y Morales (creo que también se podría incluir a Añez), muestra rasgos similares: presidentes que actúan de manera intolerante, atacando a los medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil críticas, satanizando a la oposición política, incluyendo el recurso de la difusión de información falsa, para desacreditar a los adversarios. Perú tiene experiencia en este tipo de problema, es más, podría decirse que fuimos los pioneros del modelo de autocracias electorales, configurado por el fujimorismo en la década de los años noventa. Ciertamente el riesgo de repetir ese tipo de experiencia existe. Pero Perú está enfrentando otros riesgos más inmediatos de declive democrático, en realidad, que no son los mismos que están encendiendo las alarmas en otras latitudes.

Perú tuvo en los últimos años una histórica continuidad democrática, que estuvo además acompañada por crecimiento y reducción de la pobreza; sin embargo, era una democracia de mala calidad por la debilidad de sus instituciones y de sus actores políticos, por la dificultad de convertir el crecimiento en bienestar y la reducción de la pobreza en una situación menos precaria y vulnerable. Con todo, había un notable, para nuestros estándares, consenso en torno al respeto a fundamentos democráticos elementales (mínima pluralidad, respeto a los adversarios), y a los fundamentos económicos (mantener la estabilidad macroeconómica y los equilibrios fiscales básicos). Desde 2016 se empezó a romper la dinámica que se estableció desde la transición en 2001. Para empezar, nuestra precariedad institucional siguió estando allí, pese a algunos intentos de enfrentarla. Segundo, aquello que funcionaba bien empezó a resquebrajarse; sufrimos una clara desaceleración en el crecimiento, y la pobreza no solo dejó de reducirse, sino que inició un nuevo dinamismo, haciéndose visible en zonas no tan “convencionales” como la sierra norte y las grandes ciudades. De otro lado, los actores políticos principales se enfrascaron en una lógica de conflicto crecientemente polarizante y destructiva, que terminaron afectando incluso el consenso económico, a la vez que se difuminó el consenso en torno al respeto a ciertos límites en la disputa política, se forzaron las prerrogativas constitucionales hasta el límite en el conflicto entre vacancias presidenciales y disoluciones parlamentarias.

Este enfrentamiento, al que habría que sumar los efectos destructivos de las denuncias asociadas al caso lava jato y otros, debilitaron aún más a los actores políticos. Esto hizo que la representación política se poblara aún más de intereses fragmentados, particularistas y oportunistas; en el contexto de la pandemia, esto se ha manifestado en el desafío abierto a los consensos económicos del pasado y en la pérdida de mínimos códigos de conducta democrática. En lo político el riesgo mayor no es tanto la concentración del poder en un autócrata; el camino de nuestro declive democrático sería el del entrampamiento permanente, cayendo en círculos crecientemente autodestructivos, en el que políticos irresponsables, cortoplacistas, demagógicos, soliviantando a una ciudadanía crecientemente irritada e impaciente, impidan la formación de mayorías y un mínimo de gobernabilidad.

Ninguna de las candidaturas en competencia, por sí sola, podrá resolver este problema. Se requerirá construir coaliciones en torno a plataformas mínimamente sensatas.

¿Qué más dicen las encuestas?

 


Artículo publicado en El Comercio, martes 16 de marzo de 2021 

En los últimos días han aparecido diversas encuestas de opinión que han dado lugar a variados análisis, al final queda realmente poco que añadir respecto a las tendencias de intención de voto. Pero, más allá de las cifras inmediatas, ¿qué más nos sugieren las encuestas? ¿Qué nos dicen respecto a la naturaleza del país?

Para empezar, los datos disponibles hasta el momento nos dicen cosas interesantes sobre el peso de las estructuras y de la agencia política para definir los resultados electorales. A partir de una mirada superficial de los resultados de las elecciones de 2011 y 2016 surgió una imagen según la cual el electorado peruano estaría marcado por cierta determinación histórica; los excluidos, básicamente en el sur andino, votarían “naturalmente” por opciones contestatarias de izquierda, y se enfrentaban a una Lima y una costa norte más “integradas”, y conservadoras, repitiendo una confrontación cuyas raíces podrían encontrarse tan lejos como la rebelión de Túpac Amaru. Así, aparentemente, en 2011 el Perú “radical” se expresó en Ollanta Humala y el “conservador” por Keiko Fujimori, y en 2016 el primero por Verónika Mendoza y el segundo por Kuczynski o Fujimori. Sin embargo, ese análisis no es correcto: la clave del triunfo de Humala en 2011 fue su movimiento al centro, y en 2016 el voto por Fujimori se caracterizó por su cobertura nacional, de allí que obtuviera mayoría absoluta en el Congreso.

Y ese análisis funciona aún menos en 2021. Lescano partió de una base de apoyo en el sur (fue congresista por Puno en 2001 y reelegido en 2006 por esa región), y ha construido un perfil de candidato relativamente contestatario, pero hay otros más a su izquierda, más propiamente radicales, que no levantan vuelo. Además, su intención de voto se ha expandido y se ve ahora relativamente pareja según nivel socioeconómico, encabeza claramente las preferencias en el sur, pero también le va bastante bien en el norte, centro y oriente, en los ámbitos urbano y rural, y en todo el espectro de identificación ideológica. Y es que si bien las estructuras y la historia cuentan, también la contingencia, la construcción de liderazgos, la capacidad política de aprovechar oportunidades, los errores estratégicos de los adversarios.

El liderazgo de Lescano, si bien resulta un tanto inesperado, tenía alguna base: congresista electo en 2001 y reelecto en 2006 por Puno, reelecto por Lima en 2011 y 2016, resulta un modelo de construcción de liderazgo nacional partiendo desde una región. Además, se beneficia de la imagen de un partido que en su indefinición mantiene cierto prestigio, y recordemos además que según la encuesta IPSOS de diciembre, apenas un 36% asocia a Manuel Merino con Acción Popular. 

Un último tema, hablando de Merino. Hacia finales de noviembre, el Perú parecía un país movilizado alrededor de firmes convicciones democráticas en contra de los grupos “golpistas”; cuatro meses después, parece que estuviéramos ante otro país. Según la encuesta del IEP de noviembre, un 37% declaró haber participado en las marchas en contra de Merino, y en ellas participaron más los jóvenes, mujeres, de sectores altos y medios, y de Lima. Hubo acaso un exceso de entusiasmo respecto del alcance de esas protestas; en todo caso, la indignación y el ansia de renovación expresados en ese momento se están canalizando hoy de maneras muy diversas, o simplemente se expresan en la desafección que es todavía mayoritaria. En realidad, el sentido antipolítico de nuestra sociedad se expresa tanto en las movilizaciones en contra del Congreso de antes como en la escasa adhesión que despiertan las candidaturas de hoy, donde las que más destacan son las que sintonizan con aspiraciones de renovación, por más inesperadas que parezcan.

Nuevamente, qué pasará de acá a abril o junio, partirá de la situación actual, donde cuenta la herencia del pasado, pero el desenlace estará abierto a las decisiones, acciones y omisiones de los actores, y de la diosa fortuna.

¿Cómo se defiende la democracia?


Artículo publicado en El Comercio, martes 9 de marzo de 2021 

La democracia es la mejor forma de régimen político porque pone en el centro de sus principios y valores el pluralismo, el ejercicio de la libertad, el derecho a la disidencia, el derecho a asumir un rol crítico y de oposición al poder. Se renueva a través de la alternancia en el poder mediante elecciones libres y competitivas, de modo que quienes hoy ejercen el poder después lo pierden, y quienes no lo tienen hoy pueden tenerlo mañana. Se incentiva así el respeto a las reglas de juego y a los adversarios, se limita un enfrentamiento destructivo que ponga en riesgo el sistema. Por ejemplo, en los últimos días vimos cómo ante la posibilidad de excluir candidatos en competencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones por razones administrativas, diferentes instituciones y candidatos se pronunciaron en contra, aunque se tratara de adversarios y de candidaturas frente a las cuales se pudieran tener grandes discrepancias.

El desafío es que la democracia puede ser vulnerable a los ataques de actores que aprovechan las libertades y los recaudos para preservarla para minarla, sin abiertamente romper con la legalidad, pero apelando al miedo como estrategia en favor de sus intereses. Entre esos actores podrían estar desde organizaciones subversivas que mediante el terror y la imposición pretenden tomar el poder; hasta grupos de interés y de poder que buscan beneficios y privilegios económicos perjudicando gravemente a los demás; o grupos que mediante mentiras y demagogia exaltan prejuicios e instintos primarios para generar un clima que legitime sus intereses políticos.

En nuestro país tenemos experiencia con grupos subversivos, que se valieron de las libertades democráticas para realizar propaganda subversiva, amedrentar a jueces y fiscales y a opositores políticos. Frente a esto, desarrollamos una legislación que puede impedir el registro o declarar ilegal a una organización política por tener una conducta antidemocrática. Al mismo tiempo, tenemos una legislación que condena la apología al terrorismo. En cuanto a la acción desestabilizadora de grupos con fines económicos, existe el delito de pánico financiero, mediante el cual se sanciona a “el que a sabiendas produce alarma en la población propalando noticias falsas … atribuyendo cualidades o situaciones de riesgo que generen el peligro de retiros masivos de depósitos o el traslado o la redención de instrumentos financieros de ahorro o de inversión”.

Pero, ¿cuál debe ser la respuesta ante formas desleales de oposición? ¿Cómo definir la línea que divide el derecho a la crítica y la oposición y se incurre en la desestabilización? Una respuesta exagerada va en contra de principios democráticos esenciales; pero la democracia tampoco puede ser boba y simplemente dejarse liquidar. En situaciones excepcionales, en medio de una gravísima emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, una democracia puede decretar estados de emergencia, suspender temporalmente derechos ciudadanos, siempre sujeto por supuesto a revisión y rendición de cuentas. En medio de esto, propalar información tendenciosa de manera irresponsable, que puede tener graves efectos sobre la salud pública, requiere una respuesta enérgica.

Pero también está el riesgo de la creciente judicialización de la actividad política, por lo que lo que debería funcionar es una sanción política y ciudadana. Los actores políticos y sociales leales con la democracia deben tomar partido claro, condenar y aislar a los intentos desestabilizadores. Acá no solo ha habido una mala práctica o un error periodístico, sino una manera irresponsable de hacer oposición que puede tener graves consecuencias sobre la vida de las personas. Es positivo entonces que en los últimos días se hayan pronunciado en contra de las campañas de desinformación el Colegio Médico, el Colegio de Biólogos, o el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Cabe destacar los pronunciamientos de diferentes candidatos presidenciales, especialmente de quienes se pronunciaron también en contra de la exclusión de competidores.

En suma, la democracia tiene herramientas para responder democráticamente a sus amenazas. La clave es que no podernos de lado en momentos como este.

Nuestra extrema derecha



Artículo publicado en El Comercio, martes 2 de marzo de 2021 

La extrema derecha siempre ha existido, pero una novedad relativa es que ahora intenta una representación propia. En la década de los años ochenta, aparecía detrás del discurso socialcristiano del PPC, del liberalismo populista del segundo belaundismo, o del liberalismo más doctrinario del FREDEMO; en la de los noventa, detrás del fujimorismo. En el nuevo siglo, se agazapó detrás de Lourdes Flores, del segundo gobierno de García, nuevamente detrás del fujimorismo con Keiko Fujimori, y luego detrás del tecnócrata financiero Kuczynski. Digamos que la incorrección política manifiesta tendió a ser censurada en el discurso político. Hoy, con sectores de derecha anteriormente predominantes bastante desgastados, en medio de una gran fragmentación y precariedad política, y con un ánimo irritado por efectos de la recesión y de la epidemia, emerge una derecha extrema con una desfachatez antes inimaginable.

En el imaginario de esa derecha, el país estaría secuestrado por una coalición que articula intereses globales y locales, que atenta gravemente contra la integridad del país, por lo que corresponde una cruzada salvífica. En esa coalición estaría el viejo comunismo aggiornado, también sectores liberales bien intencionados, “bienpensantes” pero profundamente equivocados, que resultan tontos útiles (socialconfusos) de una ofensiva que atenta contra los supuestos “valores fundamentales” de la patria: la versión de la religión católica más conservadora, el modelo de familia asociada a ésta, un modelo de sociedad basado en la defensa del orden, la propiedad, y el respeto a la autoridad. Así se explicaría la decadencia del país, que debería ser recuperado defendiendo sus valores “esenciales”: de allí la obsesión por la “defensa de la vida”, el rechazo al aborto en todas sus formas, el rechazo al enfoque de género, y a plantear los derechos y combatir la discriminación de la población LGTBI, el rechazo a la “sexualización” de la educación pública. Estas políticas serían parte de una agenda extranjerizante, gestada en otras sociedades, promovida por organismos internacionales y gobiernos “progresistas” pero que serían incompatibles con nuestras tradiciones. Así se termina metiendo en un mismo saco al Banco Mundial, a la OMS, y el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Los socios locales de esta coalición internacional serían los viejos izquierdistas reciclados, que ahora controlan las ONGs, los “sociales confusos liberales”, y los “caviares”, estos últimos grupos de “consultores” privilegiados que vivirían de las rentas estatales y la cooperación internacional.

La clase empresarial, los partidos de derecha tradicionales, habrían fracasado y traicionado el papel que les correspondería haber tenido, de allí la necesidad de nuevos liderazgos, que asuman además la necesidad de asumir sin complejos la lucha ideológica. El “progresismo” habría copado los medios de comunicación, las universidades, los centros de investigación, ganado la “batalla cultural”, de allí la necesidad de responder con firmeza, sin complejos. Frente al discurso de los derechos humanos, mano dura contra la delincuencia, contra la inmigración de otros países; frente al “libertinaje sexual”, defensa de la familia convencional; frente al desorden y el caos, recuperación del principio de autoridad y de la moral pública.

¿Cuán grande es la audiencia en nuestro país para este tipo de discurso? No habría que subestimarla, más todavía en un contexto en el que ningún grupo político despierta adhesiones significativas. No solo está la persistencia de tradiciones oligárquicas y excluyentes en nuestras élites económicas; recordemos que en nuestro país un 12% piensa que el aborto no se justifica en ningún caso, independientemente de las circunstancias (IPSOS, 2020), que un altísimo 71% justifica que un hombre agreda físicamente a una mujer en caso ésta le sea infiel (IPSOS 2020); o que un 13% considera que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son poco o nada discriminados, o un 20% que piensa que la homosexualidad es una enfermedad (IPSOS, 2019). O que entre aquellos que simpatizan con la idea de una nueva Constitución, un 74% considera que en ella debe haber penas mayores para delincuentes y corruptos.

miércoles, 9 de junio de 2021

Confianza (2)


Artículo publicado en El Comercio, martes 23 de febrero de 2021 

La semana pasada escribí un artículo sobre cómo las recientes revelaciones acerca de la existencia y distribución de “vacunas adicionales” a las que eran parte de los ensayos clínicos de Sinopharm impactaban sobre la confianza en el país: entre nosotros como ciudadanos, y entre nosotros y nuestras autoridades. Sin embargo, el texto lo escribí antes de conocerse la información más impactante, que se ha ido conociendo a lo largo de los días.

No es novedad que en nuestro país hay corrupción, y serios problemas de justicia distributiva; problemas de exclusión y discriminación, y diferentes formas de “argollas” o redes a través de las cuales se preservan privilegios de manera indebida. Sabemos también que existe una amplia cultura de irrespeto a las normas, y la crítica a la “viveza criolla”, es ya un lugar común. Sabemos además que hay áreas del Estado percibidas como especialmente corruptas (Congreso, Poder Judicial); además, desde el caso lava jato confirmamos y desnudamos lo que también intuíamos: que empresas privadas financiaban campañas clandestinamente, que compraban favores e influencias en las altas esferas políticas, de las que obtenían grandes beneficios. Digamos que lo escandaloso del asunto era la impudicia del asunto, no tanto la novedad. Poco a poco asumimos la decepción por las promesas incumplidas de la “transición” posterior a la década del fujimorismo. Martín Vizcarra terminó siendo una decepción más dentro de una larga cadena; especialmente amarga porque, al igual que Alejandro Toledo, levantó explícitamente banderas de combate a la corrupción, de fortalecimiento de las instituciones democráticas, y pretendió presentarse como la encarnación de una nueva forma de hacer política. Sin embargo, ambos eran creaciones de la política sin partidos, sin instituciones, liderazgos personalistas e improvisados, por lo que, en el fondo, sus trayectorias no son tan inesperadas.

El problema a mi juicio con el escándalo suscitado con la existencia y distribución de las “vacunas adicionales” es que involucra a instituciones supuestamente “inoculadas” frente al mal general del manejo patrimonial del Estado y la falta de solidaridad y compromiso social. La Cancillería, áreas “de excelencia” del Ministerio de Salud, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también a personalidades, investigadores, científicos, académicos, de larga trayectoria, prestigio y reconocimiento; está incluso el nuncio apostólico, “consultor en temas éticos”. Instituciones y personalidades formadas y habituadas en principio a seguir procedimientos y prácticas que aseguren una correcta ética profesional, un desempeño ético en la función pública. Todo esto dentro de un gobierno supuestamente dedicado a atender la emergencia sanitaria con la mayor diligencia y sacrificio. Si ellos nos fallan, ¿qué nos queda? Por ello es que este golpe ha sido tan duro.

Frente a este mazazo, no corresponde la respuesta cínica: en tanto todos serían corruptos, en tanto la ética, los principios y los valores no garantizarían nada, se legitimaría el “sálvese quien pueda, como pueda”. Nos igualamos todos hacia abajo. No: lo que corresponde es redoblar la apuesta por la transparencia, los controles, los protocolos, la formación en ética y valores. La moraleja es que se trata de una tarea difícil, permanente, que tiene que estar sujeta a constante revisión autocrítica. En un reciente sondeo preliminar de In Target, resulta que un 23% de los encuestados declara que se habría vacunado antes que los demás si le hubieran ofrecido esa posibilidad. La lección es que la ética profesional y la ética en la función pública no “se resuelven” de una vez y para siempre, sino que deben revisarse siempre a la luz de los nuevos desafíos que aparecen.

A todos los que tenemos responsabilidades en diferentes instituciones y espacios nos toca también actuar, y promover una discusión en nuestros ámbitos sobre cómo evitar caer en las prácticas que con energía condenamos. En contextos críticos y tan difíciles como los que nos ha tocado vivir, aquello que repudiamos podría estar más cerca y dentro de nosotros de lo que quisiéramos admitir.

Confianza



Artículo publicado en El Comercio, martes 16 de febrero de 2021 

Hace muchos años que sabemos que nuestro país tiene un serio problema de confianza y de escasa legitimidad de las instituciones políticas. Según el informe Cultura política de la democracia en Perú y en las américas, 2019/2019: tomándole el pulso a la democracia (Lima, IEP, 2020), Perú es el país de la región con el menor nivel de apoyo al sistema político, con el más bajo nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia (junto a Panamá). Al mismo tiempo tenemos el porcentaje más alto de encuestados en la región que consideramos a la corrupción como el problema más importante del país, o que pensamos que “la mitad o más de los políticos están involucrados en corrupción”. Al mismo tiempo, somos el país, junto con Brasil, con el más bajo nivel de confianza interpersonal de las américas. Según los datos recogidos entre 2017 y 2020 por la Encuesta mundial de valores, Perú tiene los niveles de confianza interpersonal más bajos del mundo, junto a Albania, Colombia, Indonesia, Nicaragua y Zimbabue.

Existe una amplia literatura que explora los efectos perniciosos que tienen estos bajos niveles de confianza sobre la estabilidad política, el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico. La desconfianza nos condena a vivir en el corto plazo; si no confiamos en los demás, no podemos planificar a mediano o largo plazo, se hace más difícil la acción colectiva, lo que dificulta plantearnos tareas necesarias, pero de implementación compleja y maduración lenta. Nos dejamos llevar entonces por el inmediatismo, lo que impide resolver los problemas de fondo, lo que genera frustración, y un círculo vicioso difícil de romper. En lo político, las identidades partidarias constituyen un muro de contención a la desconfianza; cuando existen, ellas pueden perdonar un mal desempeño en nombre de un capital de credibilidad acumulado y promesas a futuro. Como sabemos, en nuestro país ese dique hace tiempo que se rompió.

En los últimos años, apareció la temática de la producción de noticias falsas (fake news), producto precisamente de la falta de confianza en el mundo institucional, y la aparición de fuentes “alternativas” de información. Los medios institucionales se propusieron, con buena intención, reforzar sus unidades de investigación, sus equipos de contrastación de datos y fuentes. Con el tiempo descubrimos que el problema es mucho más serio: la desconfianza refuerza los vínculos más primarios, nos encierra en nuestros círculos más inmediatos; entonces, no creemos noticias falsas porque no tengamos mejores fuentes de información, es porque las descartamos y optamos por la que nos inspira confianza, que es la que confirma nuestras percepciones previas.

Con todo, el último dique que contiene la expansión de noticias o teorías sin fundamento razonable es la confianza que despiertan algunas fuentes legitimadas por su desempeño, pero sobre todo, por su voluntad de transparencia, autocrítica, rendición de cuentas y mecanismos de control permanentes y eficaces. Centros de estudio e investigación, científicos y expertos, instituciones con una trayectoria reconocida, identificados con la defensa de causas justas por razones principistas. Es lo que algunos llaman la “reserva moral” del país, en las que nos amparamos en condiciones de incertidumbre. En contextos de polarización y desconfianza generalizada, son referentes indispensables.

Los acontecimientos de los últimos días, asociados a un manejo cuando menos de una desprolijidad inaceptable, que sugiere además serios conflictos de interés e incluso la comisión de delitos; donde estarían involucrados personalidades e instituciones de gran prestigio y reconocimiento, constituyen un golpe durísimo para las causas democráticas y la construcción de instituciones. Eso es lo que más duele: que quienes deben ser referentes para combatir el cinismo y la falta de escrúpulos que empiezan a campear, se vean manchados precisamente por ellos. La solución está en la propia lógica de esas instituciones: transparencia, investigación imparcial y sanciones si es que corresponden. Y correcciones para evitar que sucesos como los ocurridos vuelvan a presentarse.

lunes, 1 de marzo de 2021

La política, economía y diplomacia de las vacunas


 Artículo publicado en El Comercio, martes 9 de febrero de 2021 

Después de la llegada al Perú del primer lote de vacunas de Sinopharm desde Pekín el domingo pasado, parecemos entrar a una nueva etapa en la lucha contra el Covid-19. Parece ser una nueva y diferente etapa, porque algunos de los países que destacan en los avances en la vacunación fueron muy duramente golpeados en términos de contagios y fallecidos, como los Estados Unidos, el Reino Unido, España o Italia; mientras que quienes mejor manejaron la epidemia se están retrasando relativamente en la vacunación. En América Latina, Chile destaca como uno de los países que más vacunas aplica diariamente por cada 100,000 habitantes en el mundo, ubicándose claramente a la delantera de la región.

Ciertamente ha sido un gigantesco logro científico la producción de varias vacunas en tiempo record, pero detrás de ella hay fuertes intereses políticos, económicos y diplomáticos. En general, como humanidad hemos fracasado en lograr un reparto mundial basado en criterios humanitarios, privilegiar a las personas más vulnerables, independientemente de su nivel de ingreso y del país en el que vivan. La iniciativa Covax, idealmente, debería liderar el reparto de vacunas, pero se terminó imponiendo el interés de los laboratorios, y posturas “nacionalistas”, empezando por los países ricos.

Dentro de la región, no prosperaron iniciativas que buscaron la conformación de bloques para mejorar nuestra posición negociadora, muestra elocuente de la crisis y debilidad de los bloques regionales en boga hace algún tiempo. En la región primó también el “sálvese quien pueda y como pueda”. La rapidez en la compra de las vacunas se convirtió en un tema político, y la percepción de eficacia de los gobiernos empezó a medirse por la capacidad de anunciar el inicio de campañas de vacunación masivas. Las primeras vacunas disponibles fueron las del laboratorio Pfeizer, aunque imponía condiciones duras, y los países que iniciaron los procesos de vacunación fueron los que aceptaron esas condiciones: Chile, Costa Rica, Ecuador, México iniciaron ya la vacunación con ellas. Colombia también pensaba ser parte de ese grupo, pero es víctima de los retrasos en las entregas. Brasil apostó por la británica de AstraZeneca. Argentina rechazó explícitamente las condiciones de Pfeizer y optó por el laboratorio ruso Gamaleya; por ese camino seguirán Bolivia, Paraguay y Venezuela. Perú marcó, aunque más discretamente, distancias iniciales con Pfeizer al igual que Argentina, y optó por el laboratorio chino Sinopharm, relativamente en solitario en el marco de la región. Los retrasos de Pfeizer y las disputas dentro de la Unión Europea llevaron a todos a buscar más opciones, entrando Sinovac Biotech de la China a Chile y Brasil, p.e. Brasil empieza a mostrar cierto liderazgo a mediano plazo porque se convertirá en productor de algunas vacunas, como las de Sinovac o Gamaleya. Demás está decir que el panorama es muy cambiante, dada la enorme incertidumbre de este nuevo mercado. Perú no aparece mal en este panorama, optando por compras y negociaciones diversificadas.

Como puede verse, al final la compra y distribución de las vacunas sugiere un mapa en el que se mezclan la urgencia política de los Estados, los intereses de los laboratorios y una suerte de diplomacia a través de las vacunas, donde los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y China aparecen como los jugadores más importantes. Este panorama parece reproducir la situación de pérdida de poder hegemónico de los Estados Unidos, la competencia de fuerzas emergentes, pero sin el liderazgo de ninguna.

En esta nueva etapa, de la implementación de los planes masivos de vacunación, la aparentemente mejor apuesta para la contención de la epidemia, el riesgo ahora es que la injusticia en la distribución mundial y la ineficacia en la implementación dentro de algunos Estados pueda llevar a un ciclo interminable de difusión del virus de unas regiones y países a otros. Nuevamente urge una respuesta global al problema. Pasado el frenesí nacionalista, ¿será posible esta vez?

Populismo de derecha y teorías conspirativas



Artículo publicado en El Comercio, martes 2 de febrero de 2021

El pasado 6 de enero, en los Estados Unidos, una muchedumbre ocupó las instalaciones del Capitolio intentando impedir la certificación del triunfo de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Se comentó mucho que dentro del grupo de manifestantes tienen las ideas propuestas por QAnon tienen gran influencia. QAnon designa a los seguidores de una teoría de la conspiración según la cual el mundo es regido por una elite compuesta por seres extraterrestres y de otras dimensiones, asociados con poderosos políticos, empresarios y figuras vinculadas a los medios de comunicación, que manejan una red internacional de tráfico de menores, a los que les extraerían sustancias necesarias para producir un suero que permite la prolongación de la vida. A esta red pertenecerían por ejemplo Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Tom Hanks y Oprah Winfrey, el papa Francisco y el Dalai Lama. Donald Trump buscaba destruir y hacer pública esta red, de allí que fuera víctima del “fraude” que le impidió ser reelecto. Las creencias de QAnon incluyen además la tesis de que el Covid-19 es parte del plan para dominar a la humanidad, y la vacunación masiva el instrumento para instalar chips que permitirán controlar las mentes a nivel global. 

Ciertamente, no todos los seguidores de Trump comparten estas creencias; y como han señalado correctamente muchos, muy mal harían los demócratas estadounidenses si pensaran que los 74 millones de votantes que optaron por Trump son racistas, xenófobos, o paranoicos o seguidores de QAnon. Lo que está claro es que un sector muy importante de la ciudadanía en los Estados Unidos no se siente representada por la elite, es más, se siente abandonada y hasta agredida por todo el establishment político, quedando sin opciones y sin futuro en un mundo cambiante, inseguro y amenazante. En este contexto hallan terreno fértil y resultan creíbles explicaciones y propuestas facilistas que le dan sentido y solución al caos del mundo. De todo esto se ha escrito mucho, especialmente respecto a los Estados Unidos y varios países europeos, y la literatura de los varios populismos de derecha recoge parte de estas preocupaciones.

En América Latina los populismos suelen estar más asociados a expresiones de izquierda, y los bloques de derecha más tradicionales suelen representar demandas que en otros países asumen la forma de desafíos claramente extrasistémicos. Pero esto no implica que el tema no sea relevante, como lo expresa claramente el caso del presidente Bolsonaro en Brasil. Pero en varios de nuestros países empiezan a emerger derechas a la derecha de las tradicionales, más conservadoras, reaccionarias, y militantemente “incorrectas”. También movilizan ideas asociadas a conspiraciones internacionales en contra de las soberanías nacionales, la acción de poderes malignos (expresados en el Foro de Sao Paulo, la OMS o equivalentes), la lucha contra la “ideología de género”, y recientemente se expresan en la promoción de métodos “alternativos” de curación, el rechazo a las vacunas o las cuarentenas en nombre de la libertad individual o la libertad económica. 

Siempre, en todo momento y lugar, uno puede encontrar ideas estrafalarias. El tema es cómo ellas logran en ocasiones audiencia, expansión, influencia política. Contextos de crisis e incertidumbre extrema, cuando se pierde el horizonte de futuro, cuando nos sentimos amenazados y sin alternativas, como hemos dicho, son proclives para el desarrollo de diagnósticos y salidas facilistas, aunque suenen irracionales. El recordado Gonzalo Portocarrero, junto a Isidro Valentín y Soraya Yrigoyen publicaron en 1991 el libro Sacaojos. Crisis social y fantasmas coloniales (Lima, Tarea) que sugería esa idea. ¿No estamos en un contexto similar? Frente a este desafío, corresponde aislar a los promotores interesados de esos postulados, combatir la desinformación entre los desorientados, pero sobre todo, ofrecer alternativas y salidas a las personas más vulnerables que no encuentran salidas. No censurarlos por irracionales.

Epidemia comparada (enero 2021)



Artículo publicado en El Comercio, martes 26 de enero de 2021 

Ver el impacto de la pandemia en perspectiva comparada resulta útil para entender mejor su evolución y dinámica, y para evaluar nuestro desempeño y retos. En esta columna intentamos este ejercicio en junio y agosto del año pasado y resulta de utilidad repetirlo ahora, dada la dinámica cambiante de la pandemia. Hoy vemos en Europa el impacto de la segunda (en algunos casos tercera) ola de contagios, y como sabemos nuestro país (toda la región en realidad) está iniciando este terrible episodio.

Al inicio de la última semana de enero, según datos del Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Bélgica, Eslovenia, el Reino Unido, República Checa, Italia, aparecen entre los diez países con más muertes por 100 mil habitantes. El presidente Trump termina su mandato dejando a los Estados Unidos como el país peor posicionado de las Américas según ese indicador, seguido, lamentablemente, por nuestro país. Debajo de Perú siguen Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, en ese orden.

El carácter dinámico de la epidemia se evidencia al mirar los cambios en las posiciones relativas de los países. En junio del año pasado Europa se veía mucho peor que América Latina, y en la región Ecuador aparecía como el país más golpeado, seguido de Brasil y Perú; hoy sabemos que la ola todavía no había llegado y que no nos fue posible evitarla. En agosto, ya varios países latinoamericanos se veían tan mal como los europeos, y Chile aparecía especialmente mal, seguido por Brasil y México, dos países en los que problemas de liderazgo político parecían explicar su mal desempeño. La mala posición de Chile llamaba la atención dada la fortaleza relativa de su Estado, y la explicación parecía estar en la demora del presidente Piñera en adoptar medidas de confinamiento estrictas. 

El hecho de que se haya producido una segunda o tercera ola de contagios en Europa, que muchas veces supera ampliamente a la primera de abril y a la de noviembre es muestra elocuente de que aún los Estados más preparados y capaces tienen enormes dificultades para lidiar con la pandemia, en tanto tuvieron que lidiar con la primera ola de expansión global y luego con sus mutaciones o variantes. Resulta razonable especular que en América podrían haberse tenido mejores resultados en los Estados Unidos, de haberse tenido una mejor gestión pública de la epidemia, aunque ciertamente el tamaño, complejidad y desigualdades de ese país intervienen en la capacidad de respuesta.

En nuestra región, con la excepción de Panamá, el tamaño de los países parece contar: Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú somos los países más poblados y más afectados. En el otro extremo, los países más pequeños (y con más porcentaje de población rural), a pesar de tener Estados más precarios, han sido impactados mucho menos: Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay. Acaso por esa razón Ecuador, el país donde inició la pandemia en la región, y que fue el más golpeado al inicio, no aparece ahora liderando las tendencias; algo similar podría decirse de Bolivia, aunque también están siendo durante golpeados por la segunda ola. De otro lado, Chile, que aparecía muy mal en agosto, ahora aparece mucho mejor en términos relativos, algo más acorde a sus capacidades estatales. Finalmente, México aparece mal posicionado, y uno pensaría que el mal manejo de la epidemia de López Obrador puede haber influenciado en el mal resultado, pero también es cierto que muy parecidos en cuanto a desempeño se ven Argentina, Brasil y Colombia, a pesar de sus marcadas diferencias en cuanto a los estilos de liderazgo político presidencial. 

Digamos que al inicio se trató de tomar decisiones fuertes respecto a medidas de aislamiento y de implementar una respuesta rápida de los sistemas hospitalarios; luego, de reanudar las actividades manteniendo medidas sanitarias y disciplina en las prácticas de cuidado; ahora, parece clave la capacidad de implementar los planes de vacunación masiva. Demás está decir que nuestro país desaprobó todos los exámenes.

¿Es posible construir un centro político?



Artículo publicado en El Comercio, martes 19 de enero de 2021

En las últimas semanas he comentado sobre la evolución y características recientes que muestran la derecha y la izquierda en nuestro país, y cómo ellas ayudan a entender mejor los desafíos que tenemos por delante. Preguntémonos ahora por el centro político.

 No es sencillo definir el centro, porque en buena medida se trata del espacio entre los extremos, es decir, solo puede entenderse en un contexto específico, cuyo carácter cambia a lo largo del tiempo. Durante buena parte del siglo XX el APRA se ubicaba en el centro, entre la izquierda marxista y la derecha. Podría decirse que en términos ideológicos, la socialdemocracia ocupa típicamente un espacio de centro: comparte con la izquierda marxista la búsqueda de la igualdad y la justicia distributiva, pero deslindó con la izquierda revolucionaria al abrazar la democracia liberal y el pluralismo político, y la convivencia con el sistema capitalista. Del otro lado, también se ubicarían al centro, desde la derecha, posturas socialcristianas o liberales igualitaristas en las que, partiendo de la valoración de la libertad y de la economía de mercado, se levanta también el principio de la solidaridad, y se asume que, para que los mercados y la competencia funcionen, el Estado debe propiciar activamente la igualdad de oportunidades.

 En nuestro país, históricamente, podría decirse que el centro estuvo definido por la apuesta por la democracia, frente a la pretensión revolucionaria de la izquierda y la apelación a la intervención militar por la derecha; así como por, partiendo de la base de la economía de mercado, entender como necesaria la intervención del Estado para enfrentar la voracidad de empresarios “mercantilistas” y la resistencia al cambio de las oligarquías tradicionales. El problema es que el APRA nunca asumió propiamente una identidad socialdemócrata, pudiendo hacerlo, y carecimos de una derecha más moderna y con menos ataduras a posiciones conservadoras.

Hacia finales de la década de los noventa el fujimorismo polarizó el país en torno a un eje autoritarismo – democracia que fortaleció relativamente el centro. Los gobiernos de Paniagua y de Toledo discurrieron por ese camino, y allí convergieron referentes tanto de derecha como de izquierda. En el periodo 2006-2011 se dio una suerte de polarización entre un gobierno de García derechizado y una UPP humalista también radicalizada, y el centro quedó relativamente vacío; pero en 2011 Humala entendió que para ganar la elección y luego para gobernar debía ocupar ese espacio, y es así como se pudo de un lado mantener la ortodoxia macroeconómica, lanzar iniciativas sociales como el MIDIS y proponer una diversificación productiva. Desde 2016 vivimos una nueva polarización, a la izquierda un Frente Amplio antineoliberal y antifujimorista, y a la derecha un fujimorismo crecientemente conservador. Kuczynski nunca supo si acercarse al fujimorismo o combatirlo, duda que lo que lo liquidó políticamente. Vizcarra ocupó entre julio de 2019 y durante 2019 con cierta habilidad el espacio de centro en medio de su precariedad, pero terminó siendo vacado por el Congreso actual, en el que nuevamente el centro quedó sin espacio; esta vez porque lógicas populistas se han vuelto alarmantemente predominantes a lo largo de todo el espectro.

De cara al próximo quinquenio, con una oferta electoral particularmente precaria, aún para nuestros ya muy bajos estándares, me parece que la conclusión es clara: ninguna de las fuerzas políticas en competencia tendrá la posibilidad de sacar al país adelante por sí solo. Ninguno cuenta con la organización, cuadros, claridad programática o capacidad de convocatoria suficiente para enfrentar los enormes retos del futuro. Y en un escenario que se insinúa fragmentado, el gran reto estará en la capacidad de construcción de coaliciones, en la gestación de acuerdos transversales. El respeto al estado de derecho; el fortalecimiento de la administración pública y la reforma de la institucionalidad política; la defensa de la economía de mercado, pero fortalecimiento su brazo social y redistributivo; podrían ser bases de un acuerdo básico que pueda darle viabilidad al próximo gobierno.

¿Qué pasó con la izquierda?



Artículo publicado en El Comercio, martes 12 de enero de 2021 

La semana pasada intentaba mostrar cómo entender la trayectoria de la derecha en el Perú en los últimos años ayudaba a entender algunos problemas y desafíos del presente. Esta vez quiero hacer el mismo ejercicio con la izquierda.

Con el establecimiento de la democracia en toda la región en la década de los años ochenta, las izquierdas fueron abandonando a regañadientes el paradigma del asalto al poder y aceptando el modelo liberal representativo; y después de la desaparición de la URSS, la economía planificada dejó de ser opción. La momentánea hegemonía neoliberal dejó a la izquierda sin brújula, y encontró nuevamente un referente con el el “giro a la izquierda” de la primera década del siglo XXI, aunque más que una vuelta de la izquierda revolucionaria, se trató de una vuelta del viejo paradigma del nacionalismo revolucionario encabezado por líderes personalistas, más propio de los “populismos clásicos”. En nuestro país Ollanta Humala representó para la izquierda, por un tiempo, esa ilusión, después de la debacle de las elecciones de 2006. En esa ocasión confluyeron por un tiempo una tradición de izquierda con una lógica populista, por así decirlo.

La “subida al carro” del humalismo tiene una explicación de fondo. Nuestra izquierda no solo quedó descolocada en lo internacional por la caída del muro de Berlín y en lo local por el fujimorismo, también por profundos cambios estructurales que produjeron el debilitamiento extremo de sindicatos, gremios, asociaciones en general, por lo que la izquierda se quedó sin “sujeto”: ni la clase obrera, ni el campesinado, ni los “nuevos movimientos sociales” eran opción, porque o se empequeñecieron, o simplemente cambiaron de orientación política. Así, la izquierda, o más bien sectores de ella, encontraron una nueva posibilidad política detrás de los movimientos de protesta que empezaron a aflorar en el nuevo siglo, principalmente alrededor de los conflictos “socioambientales” y de otras demandas, alrededor del malestar que genera un crecimiento económico precario y desequilibrado. Pero la izquierda ha intentado seguir a la dinámica de las protestas, para nada las dirige ni causa (a diferencia de lo que se piensa en algunos círculos de derecha). De allí su carácter un tanto anárquico, que dificulta en extremo los procesos de negociación. Más adelante, han aparecido demandas identitarias (género, diversidad sexual), que también sectores de izquierda buscar perseguir.

El problema para la izquierda es que no cuenta todavía con un marco mental que le permita procesar todo esto: ¿cómo se ubica respecto a sus tradiciones y genealogía? ¿Cómo ubicarse respecto a los debates del pasado? Y una extensión de lo mismo, ¿cómo ubicarse frente al nacionalismo revolucionario, personalista, populista y bastante autoritario más reciente? ¿Cómo hacer compatibles el apoyo a las causas socioambientales y la implementación de un modelo de desarrollo que permita medidas redistributivas? (Chávez, Morales o  Correa no se hicieron problema y basaron la redistribución en la continuidad de actividades extractivas). ¿Cómo entran las demandas identitarias dentro de una tradición política que siempre las subestimó?

Frente a las próximas elecciones, en el conjunto de candidaturas de izquierda, la de Verónica Mendoza parece ser la única opción que podría resultar viable y competitiva en lo electoral. El problema es que ha aparecido un competidor ante ausente. Antes, el sentimiento antisistema parecía canalizarse a través de la izquierda; ahora, existe también un populismo antisistema, autoritario, que se expresó en las elecciones de enero del año pasado en UPP y otros grupos, y que podría canalizarse por muy diferentes vías en las próximas elecciones.

Necesitamos una izquierda viable y competitiva que canalice por cauces mínimamente democráticos y razonables las demandas populares, y no caigamos en la pura demagogia. Pero no se trata solo de tener un buen desempeño electoral, se trata además de ser una opción de gobierno mínimamente viable, para lo cual son necesarias muchas más definiciones. No se trata solo de ganar; ahí está la experiencia municipal de Susana Villarán para demostrarlo.

¿Qué pasó con la derecha? (2)



Artículo publicado en El Comercio, martes 5 de enero de 2021 

Hace un par de semanas comentaba sobre cómo nuestra derecha pasó de estar relativamente cohesionada en torno a la defensa del modelo económico orientado al mercado y de la institucionalidad democrática frente a las amenazas del populismo, a fragmentarse tanto en cuanto a qué hacer con la economía, cómo situarse frente al legado del autoritarismo de la década de los años noventa, y en torno qué valores defender, si seguir una orientación liberal promoviendo el derecho a la identidad y a la autoexpresión individual, o uno más conservador, defendiendo valores religiosos y familiares tradicionales. Creo que para entender mejor estos dilemas ayuda el considerar algunas tradiciones intelectuales y políticas de más larga duración que estarían en la base de esta fragmentación.

El mundo de la derecha política tiene ciertamente varias tradiciones y vertientes. Desde que se usa esta taxonomía (derecha frente a la izquierda y el centro, de los que me ocuparé más adelante), la derecha solía definirse, frente a la izquierda, por su defensa del capitalismo en lo económico y de la democracia liberal en lo político. En cuanto a lo valorativo, podría decirse que había cierta diversidad; en un extremo podríamos ubicar a una derecha liberal, laica e identificada con valores que enfatizan la libertad individual, y una derecha más conservadora, católica, defensora de valores tradicionales.

Uno de los dramas de la política peruana es que nunca logramos tener una derecha política electoralmente competitiva, ni construir propiamente un sistema político sobre bases doctrinarias o programáticas. Esto hizo que a lo largo del siglo XX, cuando sectores de derecha se sintieron amenazados por el APRA, se recurriera al golpe militar y al establecimiento de dictaduras; es decir, privilegiar el statu quo y el mantenimiento del orden. En esta dirección, habría que reconocer que en la derecha, por debajo de las discusiones ideológicas o programáticas, existe un sustrato simplemente autoritario, excluyente, discriminador.

Podría decirse que en la década de los años ochenta, el liderazgo de la derecha ciertamente mostraba líneas programáticas relevantes: teníamos al socialcristianismo del PPC, un proyecto tecnocrático liberal dentro de AP, que llegó al poder a través de las elecciones. Más adelante, Hernando de Soto planteó una “revolución informal”, propuesta que buscó acercar el liberalismo a los sectores populares y disputar su representación con grupos de izquierda, y Mario Vargas Llosa intentó darle forma a un gran frente político sobre bases doctrinarias. Qué lejanos parecen ahora esos tiempos. En el camino el fujimorismo marcó una división alrededor del respeto al Estado de derecho y los derechos humanos, pero el temor al posible populismo de Alan García o al “chavismo” de Ollanta Humala los hizo nuevamente cerrar filas. En el tiempo reciente, la desaceleración económica llevó a un nuevo clivaje referido a cómo relanzar el modelo económico (para unos, renovar los esfuerzos por atraer la inversión privada, atacando trabas burocráticas y regulatorias; para otros, implementar reformas institucionales e intentar diversificar nuestro patrón de desarrollo). Finalmente, se abrió una importante fisura en cuanto a lo valorativo entre liberales y conservadores, viejo clivaje de la política del siglo XIX.

La crisis de las opciones políticas de derecha de los últimos años (lideradas por Lourdes Flores, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski), la creciente pérdida de referentes ideológicos y programáticos en la política, el pragmatismo y oportunismo desenfrenados, así como ciertos avances parciales de una agenda progresista (en temas de género, por ejemplo) parecen haber generado mayor espacio para propuestas más conservadoras y extremistas: que reivindican el mantenimiento del orden, con discursos sobre lo popular en los que prima la idea de la “manipulación ideológica” por parte de la izquierda (en realidad casi inexistente), una vuelta a tradiciones fuertemente excluyentes, para las cuales cualquier muestra de tolerancia o pluralismo parecen concesiones inaceptables o traiciones. Necesitamos una derecha democrática, con mayor sintonía con el mundo popular, más moderna en sus valores, con mayor vocación para lograr la inclusión social.

Diario del año de la peste



Artículo publicado en El Comercio, martes 29 de diciembre de 2020

Hacer un balance del año que termina va inevitablemente de la mano de evaluar el impacto del Covid-19 sobre nuestro país, del seguimiento del año de la peste, retomando el título de Defoe.

El año inició con las elecciones congresales del 26 de enero, cuyos resultados parecían augurar una etapa política más tranquila: la minimización de Fuerza Popular y la posibilidad de una mayoría “moderada” alrededor de AP, APP, SP y el PM, con una agenda que parecía acotada: revisar los decretos de urgencia expedidos durante el “interregno” parlamentario, culminar la reforma política y la reforma del sistema de justicia, velar por tener una transición y un proceso electoral ordenado, y no mucho más.

Sin embargo, la pandemia terminó llegando a nuestro país, como a toda la región. Al inicio, las cosas parecían pintar bien; Perú fue uno de los países que más rápido y radicalmente actuó, y tuvimos una de las cuarentenas más largas y estrictas, y al mismo tiempo programas fiscales de alivio de los más ambiciosos de la región. Al mismo tiempo, parecíamos tener un liderazgo firme por parte del Presidente, y relaciones estrechas con la comunidad de expertos y científicos. Sin embargo, terminamos siendo uno de los países mas duramente golpeados del mundo; si consideramos el cálculo de la tasa de “exceso de fallecimientos”, Perú es el país con el mayor exceso por millón de habitantes del mundo, seguido por Ecuador, Bélgica, España y México. En lo económico, se estima que Venezuela, Perú, Panamá y Argentina padeceremos las caídas del producto más grandes de la región en 2020, y según el Banco Mundial nuestro país tendrá este año una de las caídas del producto más grandes del mundo (nuestra capacidad de “rebotar” también sería alta, por lo que aparecemos con una alta tasa de crecimiento proyectada en 2021, también entre las más altas del mundo).

¿Cómo se explica la dureza del golpe? A pesar de las decisiones gubernamentales iniciales, tuvimos enormes problemas para implementar efectivamente las medidas tomadas; salieron a relucir la debilidad de nuestro sistema de salud, nuestros altos niveles de informalidad, y la ineficacia de nuestro Estado. Además, las limitaciones de un gobierno encabezado por un vicepresidente que asumió el gobierno ante la renuncia del presidente electo, sin partido y sin representación parlamentaria. Es cierto que el gobierno de Vizcarra mostró grandes limitaciones y debilidades; el verdadero drama es que, muy probablemente, esos problemas los habría tenido cualquier otro presidente, de cualquier grupo político. Me resulta llamativo que en un país en el que “no creemos en nadie”, estemos dispuestos a pensar tan fácilmente que otros lo podrían hacer mejor.

Así, después de un golpe tremendo, desde la segunda mitad de agosto las cifras empezaron a mejorar, hasta el mes de diciembre, en la que con preocupación vemos la posibilidad de una nueva ola de contagios. Se hace nuevamente evidente la debilidad del gobierno, del Estado, de nuestra élite política, de nuestras elites académicas y sociales, nuestra incapacidad colectiva para implementar una estrategia mínimamente coherente. Todo esto agravado por la irresponsabilidad de la destitución del presidente Vizcarra, la crisis que se sucedió, que afortunadamente terminó con la juramentación del presidente Sagasti. Nuestro Congreso, en el que supuestamente primarían posiciones moderadas, mostró durante la epidemia un populismo exacerbado y generalizado, digno de mayor estudio.

En realidad, vivimos un círculo vicioso en el que estamos demasiado prestos a definir a los adversarios como corruptos e incompetentes y sumarnos a olas de denuncias y indignación, que luego se traducen en parálisis decisional y en el alejamiento de la política y del sector público de cuadros valiosos, que en efecto luego terminan en la ineficiencia que criticábamos. Esto deberíamos asumirlo ahora y también de cara al próximo quinquenio: gane quien gane, estaremos ante un gobierno débil, que solo podrá salir adelante con un mínimo de colaboración y acuerdos políticos razonables.

sábado, 26 de diciembre de 2020

¿Qué pasó con la derecha?


 Artículo publicado en El Comercio, martes 22 de diciembre de 2020 

Comentaba la semana pasada que uno de los cambios políticos más importantes que ha habido en el país en los últimos años se ha dado en el campo de la derecha, que marca una alteración fundamental en la dinámica de nuestra política de las últimas décadas, y que pone en riesgo la gobernabilidad democrática.

En la década de los años ochenta, por tomar un punto de referencia, la derecha defendía la economía de mercado, la democracia como régimen y valores liberales individuales, frente a una izquierda intervencionista, para la cual la democracia era una farsa (la dictadura de la burguesía) y que ponía énfasis en demandas colectivas y materialistas. La candidatura de Mario Vargas Llosa en 1990 acaso fue el momento cumbre de esta agenda programática. Con el fujimorismo el frente de derecha se resquebrajó: una parte apoyó al fujimorismo, priorizó el establecimiento del orden y la economía de mercado; otra, por el contrario, denunció al fujimorismo como una dictadura, y puso a la democracia y al ejercicio de las libertades como valores superiores.

Con la vuelta a la democracia en 2001, el frente de derecha pareció nuevamente reagruparse. En 2001 Toledo levantó la bandera de la democracia y la lucha contra la corrupción, y al mismo tiempo reivindicó la economía de mercado. 2006 era supuestamente el año de Lourdes Flores con una agenda similar, pero finalmente se impuso Alan García, el “mal menor” frente a la amenaza del Ollanta Humala. Inesperadamente, García, el odiado populista desenfrenado de la década de los años ochenta, terminó siendo un gran defensor de la continuidad del modelo. A pesar de los muchos problemas que tuvo su segunda gestión, sobre la cual cayeron serias denuncias de corrupción, García contó con un apoyo bastante amplio del mundo de la derecha. En la campaña de 2011, quienes mantenían una postura contraria al fujimorismo apoyaron a Ollanta Humala (recordar la “Proclama y juramento por la democracia” respaldada por Mario Vargas Llosa), mientras que, acaso la mayoría, terminó apoyando a Keiko Fujimori. Con todo, la vigilancia del cumplimiento del giro al centro que rápidamente hizo Humala nuevamente pareció reunir a ese frente.

Pero la desaceleración económica, notoria desde 2014, abrió una fisura inédita en el frente económico: algunos pensaron que fortalecer y relanzar el modelo implicaba renovar los esfuerzos por atraer la inversión privada, atacando trabas burocráticas y regulatorias; mientras que otros señalaron la necesidad de implementar reformas institucionales e intentar diversificar nuestro patrón de desarrollo. Y también apareció una nueva fisura, referida a los valores: un sector siguió un patrón más liberal, promoviendo el derecho a la identidad y a la autoexpresión individual, mientras que otro siguió un rumbo más conservador, defendiendo valores religiosos y familiares tradicionales (así surgió el debate sobre el enfoque o la “ideología” de género, por ejemplo).

La campaña de 2016 reflejó esas ambigüedades: Keiko Fujimori no sabía si ser la candidata liberal e institucionalista que se presentó en la universidad de Harvard, o si ser conservadora y populista; y Pedro Pablo Kuczynski nunca supo si debía ser fujimorista o antifujimorista. Al final K. Fujimori optó por lo segundo, con lo que ocurrió un cambio enorme: el fujimorismo dejó de ser el guardián y garante de la estabilidad del modelo económico, y no dudó en enfrentarse encarnizadamente al político que más emblemáticamente lo encarnaba. En esa pugna, sectores conservadores más extremistas ganaron espacio, y entonces resultó que Kuczynski aparecía siendo controlado por la llamada “izquierda caviar”, y luego Martín Vizcarra, y ahora Francisco Sagasti, parecen poco menos que agentes del (neo)marxismo internacional. Así, estos sectores, que antes cerraban filas por la defensa del modelo económico, hoy parecen dispuestos a tirárselo abajo en su lucha ideologizada contra molinos de viento. Si bien pueden no ser mayoría, no son tan pocos en el mundo de la derecha.

Cambios sociales, cambios políticos


Artículo publicado en El Comercio, martes 15 de diciembre de 2020 

Quienes comentamos los sucesos políticos, para dar sustento a nuestros análisis, solemos relacionarlos con tendencias estructurales; de esta manera, no se trataría de sucesos anecdóticos, sino expresión de fuerzas más profundas, veríamos “la punta de un iceberg”. El problema es que la coyuntura peruana es muy cambiante y contradictoria, entonces la apelación a lo estructural hace que parezca que habláramos de países diferentes. En realidad, la estructura no cambia tanto, lo que pasa es que solemos errar en nuestros juicios, ya sea por subestimar o sobreestimar algunas tendencias.

Algunos ejemplos: entre agosto y septiembre, durante las peores semanas de la emergencia sanitaria, para explicar por qué el Covid-19 nos había golpeado tan duro, muchos apelaban al hecho de que décadas de neoliberalismo habían generado un sentido común individualista, poco solidario, desapegado de los asuntos públicos, rasgos especialmente notorios en los jóvenes urbanos. Pero después de las masivas movilizaciones de noviembre, decimos por el contrario que se trata de una generación con interés y ansias de participar en los asuntos públicos, con un alto sentido crítico, del que cabría esperar una renovación en el liderazgo político futuro.

Otro ejemplo: durante años dijimos que en Perú los altos niveles de informalidad, debilidad del mundo gremial y organizado en general hacían que nuestro país no fuera comparable a sus vecinos, países en los que las movilizaciones sociales llegaron a tener grandes impactos políticos, originando incluso la caída de gobiernos y el logro de demandas como nuevos procesos constituyentes. Ahora, después de las movilizaciones de noviembre y la derogatoria de la ley de promoción agraria, parecería que estuviéramos ante una suerte de “despertar” de la movilización y protesta ciudadana, con una capacidad de organización y acción colectiva que no reconocíamos antes.

Un último ejemplo, más de la esfera política. Durante años dijimos que la debilidad de los partidos, su personalismo y cortoplacismo, su desdén por asuntos programáticos y por políticas públicas específicas, habían generado un espacio para que tecnócratas y redes de expertos lograran tener inesperada influencia en la toma de decisiones en algunas áreas. Ahora, esa misma debilidad partidaria explica lo contrario: la mezcla de “buenas intenciones” con desconocimiento o desdén por las razones tecnocráticas por parte de los grupos representados en el Congreso han abierto la puerta a un desborde populista.

En realidad, no deberíamos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que aparece novedoso, pero sí habría que reconocer señales de cambio; por supuesto, esto es fácil de decir, difícil de hacer. Así, no creo que estemos ante un cambio sustantivo en la dinámica del conflicto y la protesta social. En realidad, en los últimos veinte años hemos convivido con grandes pero episódicos y relativamente focalizados eventos de protesta, capaces de ejercer cierta capacidad de veto frente a algunas políticas públicas. Toledo tuvo su “arequipazo”, García su “baguazo”, Humala su Conga, por ejemplo. Respecto a las movilizaciones de noviembre, de las más grandes que registre la historia reciente, cabe preguntarse si podrían repetirse fácilmente la constelación de factores que la hicieron posible y que alimentaron su masividad y contundencia. Esto no significa que una experiencia tan significativa como esta no deje huella en cuanto a nuevas formas de organización y expresión de las protestas sociales.

En lo político sí podríamos estar ante cambios más de fondo. No es novedad que haya partidos con plataformas populistas; pero es cierto que después de la crisis política del periodo 2018-2019 esa audiencia parece haber crecido; además, la gran novedad es que partidos que en el pasado eran guardianes de la ortodoxia, o que expresaban formas moderadas de populismo, ahora abrazan abiertamente estas posturas, como Fuerza Popular o Acción Popular. También es nuevo que, en el campo de la derecha, un sector importante haya tenido un giro profundamente conservador, por el cual no teme aliarse con sectores populistas y de izquierda en su crítica a presidentes moderados como Vizcarra o Sagasti. Seguiré con el tema.

El drama de la representación (2)


Artículo publicado en El Comercio, martes 8 de diciembre de 2020  

La semana pasada comentaba que vivimos un dramático problema de representación política: los 24 partidos actuales no nos entusiasman, sentimos que el Congreso que elegimos apenas en enero no nos representa. Y tampoco hay partidos en búsqueda de inscripción que veamos con entusiasmo, a pesar de que según la ONPE en 2019 hubo 96 organizaciones políticas que compraron “kits” electorales para intentar su inscripción (en 2018 hubo 108, en 2017 120, y así sucesivamente).

Si la respuesta no está en los partidos con inscripción vigente ni en quienes están buscando inscripción, ¿qué hacer? Habría que, para empezar, moderar nuestras expectativas: ninguna opción nos satisfacerá del todo, pero por lo menos en algunas podría darse un proceso de renovación. Segundo, deberían consolidarse las nuevas reglas de juego: las barreras de entrada a la competencia política son más bajas ahora (para favorecer la renovación), pero los requisitos para mantenerse dentro deben ser exigentes (no más partidos cascarón). Para incentivar la militancia debe asegurarse la democracia interna tanto para elegir autoridades partidarias como a los postulantes a cargos de elección (mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, con votación por candidaturas individuales que luego elimine el voto preferencial). Se limita un poco el oportunismo al establecer un año de militancia para poder participar en las elecciones primarias. Y finalmente, los costos de la acción política se han rebajado con la prohibición de la publicidad política privada en medios masivos. Como he señalado antes, las elecciones de 2021 deberían marcar un reset del sistema político, pero para ello es necesario persistir en la reforma política a partir del próximo Congreso. Quedaron muchos temas pendientes, entre ellos la vuelta a un sistema bicameral (que implica cambios en los distritos electorales, relaciones entre cámaras y entre ejecutivo y legislativo) y reformas del sistema político en los niveles regional y local.

Pero, la gravedad de la crisis de representación política, ¿no nos llama la atención sobre un problema más profundo, que implica las relaciones más amplias entre política y sociedad? En efecto, a lo largo de los años los actores políticos se han separado de la sociedad. Estos surgen cada vez menos de posiciones de liderazgo en gremios, organizaciones sociales, universidades, experiencias de gestión en el sector público o privado. Me corrijo: el problema es aún peor. El drama es que así como los partidos levitan por encima de la sociedad sin tener mayores vínculos con ella, el mundo de las organizaciones sociales atraviesa también serios problemas de representación. Colegios profesionales, cámaras, sindicatos y federaciones, frentes de defensa, asociaciones de todo tipo, parecen también copados por intereses particularistas. Acabamos de pasar por la mala experiencia del Consejo Nacional de la Magistratura, p.e.: incluimos a los colegios de abogados y las facultades de derecho en esquemas abiertos a la participación de la sociedad civil, y tampoco funcionó. Las últimas protestas en Ica, y muchos episodios de protesta previos, muestran lo difícil que es la negociación, precisamente, porque no existen liderazgos sociales fuertes, y así como hay desconfianza en la autoridad, también la hay entre representantes sociales y sus bases, y entre segmentos de las mismas. Y así como hay políticos que desarrollan carreras saltando entre partidos, también hay activistas sociales o brokers que encabezan circunstancialmente protestas sin representarlas propiamente (por eso es que los actos de protestas difícilmente pueden ser “manipulados” por alguien). Una historia común posterior a la convocatoria de grandes movilizaciones o expresiones de protesta es la división y fragmentación de los liderazgos. En suma, la crisis de representación es política, pero también lo es, en igual medida, social.

Surgen así tareas para todos: cada uno debe interesarse e involucrarse más en lo público: desde el barrio, el trabajo, el centro de estudios, el gremio, la asociación. Y por qué no, en el servicio público y la política. Afortunadamente, parece estar agotándose el discurso antipolítico predominante en los últimos treinta años.

El drama de la representación


Artículo publicado en El Comercio, martes 1 de diciembre de 2020  

La representación política se parece a una relación de pareja: el vínculo aparece en circunstancias excepcionales que son muy difíciles de crear de manera premeditada; toma mucho tiempo y esfuerzo construir la identificación y la confianza, pero puede destruirse muy rápidamente, y casi siempre de manera irremediable. Cuando el vínculo funciona, se parece al hinchaje futbolístico: se mantiene la fidelidad a la institución, mientras los jugadores y dirigentes pasan; pero cuando hemos sufrido varias rupturas y decepciones sucesivas, simplemente ya no creemos en nadie, nos invade el cinismo y caemos en un círculo vicioso: somos extremadamente críticos con las ofertas que se nos hacen, lo que debilita las ofertas, que finalmente nunca nos satisfacen. Si bien la representación democrática está en cuestión y debate en todas partes, Perú destaca por tener unos de los sistemas de partidos menos institucionalizado.

Llevamos buen tiempo discutiendo el tema de la representación política. En realidad desde la transición democrática de 2001, donde un hito importante fue la ley de partidos de 2003. El tema fue perdiendo impulso conforme el crecimiento económico pareció soslayar la importancia de las instituciones públicas; avanzamos un poco reconociendo la importancia de la institucionalidad social. Pero desde 2016 volvió a ser un asunto relevante, y desde julio de 2018, con la convocatoria al referéndum sobre diversas  reformas institucionales, estamos debatiendo el asunto intensamente, y desde marzo de 2019 tenemos el insumo del informe de la Comisión de Reforma Política. Debemos continuar y ampliar esa discusión.

Un lema reiterado en las movilizaciones de la semana del 9 de noviembre fue “este Congreso no me representa”, a pesar de que lo elegimos apenas en el mes de enero. E iremos a las elecciones de abril sin haber implementado la reforma política con la lógica con la que había sido concebida. Así, tenemos 24 partidos políticos con inscripción que participarán en las próximas elecciones, pero que no despiertan mayor entusiasmo. En las elecciones internas realizadas este fin de semana, la mayoría de partidos optó por el mecanismo de selección de candidatos a través de un reducido número de delegados, o por elecciones entre sus militantes con listas únicas, lo que se tradujo en una ínfima participación. Solo en Acción Popular y el Partido Aprista hubo verdaderas elecciones, con varias candidaturas presidenciales y votación abierta por candidaturas al Congreso. No nos gustan los partidos existentes, pero tampoco hubo tiempo para que nuevas organizaciones lograran su inscripción. A pesar de que según la ONPE hay decenas de organizaciones intentando inscribirse, solo el Frente Esperanza de Fernando Olivera logró hacerlo.

Así, iremos a las elecciones de abril y muy probablemente tendremos resultados muy similares a los que hemos visto en los últimos años: un presidente sin partido propiamente dicho, sin un equipo de gobierno o cuadros técnicos que puedan ofrecer certidumbre respecto a su programa u orientación; que enfrentará un Congreso fragmentado, en el que resultará complicado armar una mayoría de gobierno; un Congreso con bancadas indisciplinadas y muchos representantes que seguirán lógicas individualistas y particularistas.

¿Qué hacer? No nos gusta lo que tenemos, pero tampoco aparecen alternativas claras en el horizonte. Lo que tenemos que entender a mi juicio es que no habrá soluciones mágicas, que solo saldremos lentamente con mucho esfuerzo colectivo y de concertación, pero siempre y cuando haya persistencia en un camino de reformas. El debate sobre la reforma política quedó inconcluso; además de los temas que quedaron a medias, hubo temas que nunca se llegaron propiamente a discutir, como la vuelta al sistema bicameral, la forma de elección de diputados y senadores, las relaciones entre las cámaras, las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Ese debate nos podría haber ahorrado la crisis reciente. Y tampoco hemos discutido la reforma al sistema político en el ámbito regional y municipal. No habrá partido que sea por sí solo la llave de la solución: la clave está en un mayor involucramiento y vigilancia ciudadana.