Artículo publicado en La República, domingo 28 de diciembre de 2014
Esta es la última columna del año, momento propicio para contrastar lo que nos imaginábamos que pasaría al inicio con lo que efectivamente ocurrió, y especular un poco con el 2015. En mi última columna de 2013 decía respecto al año que empezaba que “la experiencia previa de los gobiernos de Toledo y García sugiere que el tercer año de gobierno se caracteriza por la detención de una tendencia declinante, y una estabilización en un nivel bajo. Pienso que lo más probable es que esa tendencia se repita. Después de julio la dinámica estará muy marcada por las elecciones regionales y municipales de octubre, con lo cual podría decirse que terminará el año que empezó en octubre pasado (2013) [con el nombramiento de César Villanueva como Presidente del Consejo de Ministros].
En efecto, la evolución de la aprobación a la gestión del presidente siguió el curso previsto: tuvo un 26% en promedio a lo largo del año, y detuvo la tendencia declinante del 2013. Sin embargo, lo que me parece importante resaltar es que el gobierno parecería haber terminado muy prematuramente en cuanto a sus aspiraciones reformistas en octubre del año pasado, a poco más de la mitad del periodo, con la salida de Juan Jiménez de la PCM. Como se recordará, el nombramiento de Villanueva generó expectativas, más todavía considerando la realización de elecciones regionales y municipales este año, pero terminó muy mal; su reemplazante, René Cornejo, entre febrero y julio de este año, fue una salida de emergencia que tuvo oxígeno hasta apenas julio. Desde entonces tenemos a la eficiente Ana Jara, pero es claro que, si bien es una excelente operadora política y es muy buena administrando, no destaca precisamente por su visión en cuanto a alguna agenda de reformas.
En este vacío, son las iniciativas individuales de los ministros los que ocupan la agenda: Urresti en Interior, Segura en Economía, Ghezzi en Producción, Saavedra en Educación, Pulgar en Ambiente, principalmente, saben lo que quieren y avanzan todo lo que pueden. Unos avanzan más en silencio como Saavedra o Pulgar, otros con estridencia, como Urresti, otros sufren porque sus agendas no cuentan con una plataforma política que las respalden, como Segura o Ghezzi. En cuanto al Presidente, ha sido más factor de inestabilidad que un conductor, con recurrentes confrontaciones sin mayor sentido estratégico o su mal manejo del caso Belaunde Lossio.
Este 2015 nos parecerá muy largo, me parece. Como el gobierno como colectivo no tiene mayor ímpetu reformista, no habrá grandes temas empujados desde este (más allá de iniciativas sectoriales); tampoco habrá mucho de regiones y municipios que apenas empiezan sus gestiones; y la campaña del 2016 probablemente tardará en calentar, así que podríamos sentir una suerte de vacío político, un año largo, lento, atrapados entre un gobierno que no termina de irse y otro que no termina de aparecer. Y acaso percibamos también que el que se va no parecerá tan malo comparado con los que se anuncian…
martes, 30 de diciembre de 2014
lunes, 22 de diciembre de 2014
Empleo y política
Artículo publicado en La República, domingo 21 de diciembre de 2014
Esta semana ha estado marcada por el debate que generó la aprobación de la ley de empleo juvenil. Las reacciones ilustran muy bien las complejas relaciones entre el mundo de los expertos, el político, el del activismo social, y el de la sociedad en general.
No soy experto en temas de empleo, pero precisamente el 17 de setiembre pasado se realizó en la Universidad del Pacífico un conversatorio entre algunos de los expertos más importantes en el tema en el país. El “estado de la cuestión” en estos temas parece aceptar que tenemos un problema con unas regulaciones laborales demasiado rígidas, hablando comparativamente. Según el Reporte Global de Competitividad, las regulaciones laborales serían un problema para los negocios, junto a la burocracia y la corrupción, y por encima de las carencias de infraestructura, la baja educación de la PEA y los niveles de criminalidad. Según Gustavo Yamada, el crecimiento económico de los últimos años habría propiciado el crecimiento del empleo formal, pero la rigidez laboral habría casi contrarrestado ese efecto. Parte del consenso sería también que esa rigidez es consecuencia de una legislación que parece tener como modelo a la “gran empresa”, estándar nada realista en nuestro país. Por lo tanto, correspondería distinguir entre grandes, medianas y pequeñas empresas (mucho más allá de lo establecido por la ley de MYPES), entre lo urbano y rural, y entre adultos y jóvenes. La filosofía sería lograr más flexibilidad para la contratación y el despido, pero más protección durante el periodo laboral y en el tránsito entre trabajos.
Así, este “consenso” parece considerar que la ley está básicamente bien orientada. Pero es evidente que el sentido común está muy lejos de ese consenso; la experiencia cotidiana sugiere que el empleo juvenil está marcado por el abuso y la explotación, y que las metas de la ley (más empleo con beneficios mínimos) no se cumplirán; más todavía considerando las precarias capacidades de control y sanción de instituciones como la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Digamos que los expertos no son suficientemente sensibles a los problemas de implementación, que son los que la gente percibe cotidianamente.
Luego está el tema político: la ley se aprueba en el Congreso y se promulga por el ejecutivo sin que haya una política de explicación y persuasión, sin voceros capaces de argumentar a favor de la misma. Un gobierno desgastado, acosado por múltiples escándalos, percibido como inconsecuente con sus promesas electorales, generó la oportunidad y motivación para la movilización de un sector importante de activistas, que expresa más la escasa credibilidad del gobierno que los problemas de la ley.
Al final, el problema de fondo es que esta ley probablemente no cumpla con sus objetivos, al no ser parte de un conjunto de medidas más amplio que busquen mejorar la productividad del trabajo, las capacidades de fiscalización y control, entre otras cosas, pagándose así un costo político innecesario.
VER TAMBIÉN:
El empleo juvenil en el Perú: diagnóstico y políticas (2012)
Juan Chacaltana y Claudia Ruiz
Empleo
Gustavo Yamada y José Bacigalupo (2012)
Esta semana ha estado marcada por el debate que generó la aprobación de la ley de empleo juvenil. Las reacciones ilustran muy bien las complejas relaciones entre el mundo de los expertos, el político, el del activismo social, y el de la sociedad en general.
No soy experto en temas de empleo, pero precisamente el 17 de setiembre pasado se realizó en la Universidad del Pacífico un conversatorio entre algunos de los expertos más importantes en el tema en el país. El “estado de la cuestión” en estos temas parece aceptar que tenemos un problema con unas regulaciones laborales demasiado rígidas, hablando comparativamente. Según el Reporte Global de Competitividad, las regulaciones laborales serían un problema para los negocios, junto a la burocracia y la corrupción, y por encima de las carencias de infraestructura, la baja educación de la PEA y los niveles de criminalidad. Según Gustavo Yamada, el crecimiento económico de los últimos años habría propiciado el crecimiento del empleo formal, pero la rigidez laboral habría casi contrarrestado ese efecto. Parte del consenso sería también que esa rigidez es consecuencia de una legislación que parece tener como modelo a la “gran empresa”, estándar nada realista en nuestro país. Por lo tanto, correspondería distinguir entre grandes, medianas y pequeñas empresas (mucho más allá de lo establecido por la ley de MYPES), entre lo urbano y rural, y entre adultos y jóvenes. La filosofía sería lograr más flexibilidad para la contratación y el despido, pero más protección durante el periodo laboral y en el tránsito entre trabajos.
Así, este “consenso” parece considerar que la ley está básicamente bien orientada. Pero es evidente que el sentido común está muy lejos de ese consenso; la experiencia cotidiana sugiere que el empleo juvenil está marcado por el abuso y la explotación, y que las metas de la ley (más empleo con beneficios mínimos) no se cumplirán; más todavía considerando las precarias capacidades de control y sanción de instituciones como la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Digamos que los expertos no son suficientemente sensibles a los problemas de implementación, que son los que la gente percibe cotidianamente.
Luego está el tema político: la ley se aprueba en el Congreso y se promulga por el ejecutivo sin que haya una política de explicación y persuasión, sin voceros capaces de argumentar a favor de la misma. Un gobierno desgastado, acosado por múltiples escándalos, percibido como inconsecuente con sus promesas electorales, generó la oportunidad y motivación para la movilización de un sector importante de activistas, que expresa más la escasa credibilidad del gobierno que los problemas de la ley.
Al final, el problema de fondo es que esta ley probablemente no cumpla con sus objetivos, al no ser parte de un conjunto de medidas más amplio que busquen mejorar la productividad del trabajo, las capacidades de fiscalización y control, entre otras cosas, pagándose así un costo político innecesario.
VER TAMBIÉN:
El empleo juvenil en el Perú: diagnóstico y políticas (2012)
Juan Chacaltana y Claudia Ruiz
Empleo
Gustavo Yamada y José Bacigalupo (2012)
miércoles, 17 de diciembre de 2014
Argumentos, sobre elecciones regionales y locales
Acaba de salir publicado el último número de nuestra revista Argumentos (año 8, n° 5, noviembre 2014), dedicado a las elecciones regionales y municipales. Incluye también un homenaje a nuestro querido amigo Bruno Revesz. Encontrarán un artículo que escribimos con Paolo Sosa, con una evaluación política preliminar de la gestión de Susana Villarán en la alcaldía de Lima Metropolitana.
En este número...
ELECCIONES LOCALES Y REGIONALES 2014
¿Por qué, Susana, por qué?
Martín Tanaka y Paolo Sosa
La reelección de autoridades regionales y municipales en el Perú, 2006-2014
Jorge Aragón y José Luis Incio
Elecciones en Ayacucho
Jaime Urrutia
Mujeres y política en las elecciones regionales y municipales, 2002-2014
Yamilé Guibert y Paula Muñoz
Los persistentes políticos de la última frontera
Paulo César Vilca
Todo se transforma: la articulación de la oferta política en el Perú subnacional Mauricio Zavaleta
Arequipa: entre la transición y el desencanto
Jorge A. Zegarra
Los nuevos presidentes regionales y alcaldes, el clima político y el mundo sintético
Mariel García
Nuevos y viejos zorros: el movimiento regional Autogobierno Ayllu
Paloma Bellatín
¿La democracia interna impide el éxito electoral? Una mirada al caso del Partido Popular Cristiano (PPC)
Félix Puémape
CRÍTICA Y RESEÑAS
En homenaje a Bruno Revesz
Francisco Muguiro,
Maria Luisa Burneo y Alejandro Diez
La rehistorización de las ciencias sociales
Rolando Rojas
Perfiles globales de la “revolución gay” en el mundo
Juan Fonseca
¿Cambios en la cultura política?
Artículo publicado en La República, domingo 14 de diciembre de 2014
Durante la década de los años ochenta y buena parte de la de los noventa, la crisis económica, la falta de empleo, aparecían como las preocupaciones principales en un país en el que la pobreza era mayoritaria. A finales de los años noventa surgió una importante preocupación por el problema de la corrupción (y el respeto a las libertades democráticas, aunque efímero). En 2006 fue explícita la preocupación por la exclusión social, una manera de frasear el problema de la persistencia de la pobreza en un contexto de crecimiento. En los últimos años, tanto como consecuencia del crecimiento económico como de la expansión y diversificación de actividades ilícitas en toda la región, la seguridad ciudadana ocupa un papel cade vez más importante. De hecho, fue un factor para que Ollanta Humala y Keiko Fujimori disputaran la segunda vuelta en 2011.
De aquí al 2016, ¿qué peso tendrá la preocupación por estos asuntos? En un contexto de desaceleración del crecimiento, la inquietud por lo económico seguirá, aunque quizá ya no tan asociada a la temática tradicional de la pobreza. Con certeza el reclamo ante la inseguridad ciudadana será un asunto central. Sin embargo, parece que la percepción de la corrupción como problema ha cambiado de manera imporante. En la elección municipal de 2010 en Lima Lourdes Flores lanzó el lema de que “la decencia derrotaría a la corrupción” en su enfrentamiento con Alex Kouri, discurso que también fue utilizado por la alcaldesa Villarán en el marco de la revocatoria de marzo de 2013, relativamente exitoso. Pero este tipo de retórica en la elección de octubre pasado fue infructuosa para cuestionar el voto por Luis Castañeda. Terminó ganando el candidato que “robará pero hará más obras” (aunque también era percibido como el más trabajador y el que trabajará por los más pobres, según la encuesta de DATUM de setiembre).
Esto se confirma mirando los resultados finales de las elecciones regionales. Santos electo estando en prisión tiene explicaciones más políticas, pero los casos de Otzuka en Madre de Dios, o Ríos en Ancash; Chui en Lima provincias, Cerrón en Junín, Rodríguez en Moquegua, Oscorima en Ayacucho, Moreno en Callao, Acuña en Lambayeque, por mencionar algunos; la participación en segundas vueltas de candidatos como Aduviri en Puno, ¿qué nos dicen? Más allá de hablar de una “crisis moral”, corresponde buscar explicaciones y explorar las implicancias de esto. En unos casos se expresaría la creciente importancia de actividades informales o ilegales en regiones del país; en otras, una mayor importancia de mecanismos clientelares de acción política; en otras, la extensión del sentido común del “roba pero hace obras”. A esto hay que sumar la reducción a la animadversión de marcar la estrella aprista así como los inéditos triunfos del fujimorismo en tres regiones. Parece perfilarse un reclamo por seguridad y eficacia, que podría confundirse con efectismo, en donde la percepción de la corrupción como problema parece relajarse.
Durante la década de los años ochenta y buena parte de la de los noventa, la crisis económica, la falta de empleo, aparecían como las preocupaciones principales en un país en el que la pobreza era mayoritaria. A finales de los años noventa surgió una importante preocupación por el problema de la corrupción (y el respeto a las libertades democráticas, aunque efímero). En 2006 fue explícita la preocupación por la exclusión social, una manera de frasear el problema de la persistencia de la pobreza en un contexto de crecimiento. En los últimos años, tanto como consecuencia del crecimiento económico como de la expansión y diversificación de actividades ilícitas en toda la región, la seguridad ciudadana ocupa un papel cade vez más importante. De hecho, fue un factor para que Ollanta Humala y Keiko Fujimori disputaran la segunda vuelta en 2011.
De aquí al 2016, ¿qué peso tendrá la preocupación por estos asuntos? En un contexto de desaceleración del crecimiento, la inquietud por lo económico seguirá, aunque quizá ya no tan asociada a la temática tradicional de la pobreza. Con certeza el reclamo ante la inseguridad ciudadana será un asunto central. Sin embargo, parece que la percepción de la corrupción como problema ha cambiado de manera imporante. En la elección municipal de 2010 en Lima Lourdes Flores lanzó el lema de que “la decencia derrotaría a la corrupción” en su enfrentamiento con Alex Kouri, discurso que también fue utilizado por la alcaldesa Villarán en el marco de la revocatoria de marzo de 2013, relativamente exitoso. Pero este tipo de retórica en la elección de octubre pasado fue infructuosa para cuestionar el voto por Luis Castañeda. Terminó ganando el candidato que “robará pero hará más obras” (aunque también era percibido como el más trabajador y el que trabajará por los más pobres, según la encuesta de DATUM de setiembre).
Esto se confirma mirando los resultados finales de las elecciones regionales. Santos electo estando en prisión tiene explicaciones más políticas, pero los casos de Otzuka en Madre de Dios, o Ríos en Ancash; Chui en Lima provincias, Cerrón en Junín, Rodríguez en Moquegua, Oscorima en Ayacucho, Moreno en Callao, Acuña en Lambayeque, por mencionar algunos; la participación en segundas vueltas de candidatos como Aduviri en Puno, ¿qué nos dicen? Más allá de hablar de una “crisis moral”, corresponde buscar explicaciones y explorar las implicancias de esto. En unos casos se expresaría la creciente importancia de actividades informales o ilegales en regiones del país; en otras, una mayor importancia de mecanismos clientelares de acción política; en otras, la extensión del sentido común del “roba pero hace obras”. A esto hay que sumar la reducción a la animadversión de marcar la estrella aprista así como los inéditos triunfos del fujimorismo en tres regiones. Parece perfilarse un reclamo por seguridad y eficacia, que podría confundirse con efectismo, en donde la percepción de la corrupción como problema parece relajarse.
lunes, 8 de diciembre de 2014
El último Quehacer
Artículo publicado en La República, domingo 7 de diciembre de 2014
Acaba de salir publicado el número 195 de la revista Quehacer, y se nos informa que será el último. La revista de DESCO, fundada en 1979 por Henry Pease, es cerrada por Abelardo Sánchez León, su director durante los últimos 16 años, 35 años después. Otros directores, de DESCO y de la revista, fueron Federico Velarde, Marcial Rubio (entrevistado en el último número) y Luis Peirano, respaldados por el “eterno editor” Juan Larco.
Tuve el orgullo de publicar allí seis artículos entre 2002 y 2008, y de ser entrevistado en una ocasión en 2011; orgullo porque para mí, y creo que para toda mi generación, Quehacer fue lectura obligatoria desde nuestros años universitarios en la década de los años ochenta. Las editoriales de Henry Pease, los artículos sobre Sendero Luminoso de Raúl González, las crónicas de José María Salcedo, las secciones cultural e internacional eran siempre esperadas. En esa década Quehacer era un referente de los debates políticos e intelectuales en el campo de la izquierda, en su versión más moderada; después la revista perdió intensidad y centralidad, pero siempre se mantuvo como un espacio para la reflexión y el debate de lo mejor de las ciencias sociales peruanas.
Recuerdo con especial admiración, por citar un ejemplo, el número 42 de la revista, de agosto-setiembre de 1986, donde uno podía encontrar una crítica de Javier Iguíñiz a la política económica de Alan García; una crítica de Carlos Franco a las críticas a García desde la izquierda; notas de Raúl González “para entender a Sendero”, con entrevistas a Luis Guillermo Lumbreras y Henri Favre; una sección “para entender al Perú” con notas de una tremenda lucidez de Jorge Nieto, Juan Abugattás y Guillermo Rochabrún; además de una entrevista a Günther Grass polemizando con Mario Vargas Llosa sobre cuestiones políticas e ideológicas; y para terminar, un poema de Domingo de Ramos y un análisis de Alfredo Bryce sobre la poesía de Abelardo Sánchez León. Impresionante.
Todo empezó a cambiar desde la década de los años noventa. El muro se cayó, la izquierda se dividió (y con ella parte del equipo de Quehacer y de DESCO), el fujimorismo barrió con mucho de lo que la revista simbolizaba y el proyecto al que aspiraba. Más adelante pasó de bimensual a trimestral, y enfrentó cada vez más dificultades económicas y de lectoría. Quehacer era parte de un combo de lecturas que incluía revistas como Debate, El Zorro de Abajo o Márgenes, y eso sin contar otras revistas semanales y quincenales (Caretas, Oiga, Sí, junto a Amauta, Cambio, 30 días, Monos y Monadas, entre otras). Caretas es la única sobreviviente.
¿Se lee hoy menos que antes? No necesariamente: con la llegada de internet, hay hoy muchísimo más material de lectura disponible, y las publicaciones impresas deben adaptarse a los nuevos hábitos de lectura. Sin embargo, no puedo dejar de sentir que nos estamos perdiendo de algo: basta mirar los kioskos y librerías de países vecinos para darnos cuenta de que algo anda mal.
Acaba de salir publicado el número 195 de la revista Quehacer, y se nos informa que será el último. La revista de DESCO, fundada en 1979 por Henry Pease, es cerrada por Abelardo Sánchez León, su director durante los últimos 16 años, 35 años después. Otros directores, de DESCO y de la revista, fueron Federico Velarde, Marcial Rubio (entrevistado en el último número) y Luis Peirano, respaldados por el “eterno editor” Juan Larco.
Tuve el orgullo de publicar allí seis artículos entre 2002 y 2008, y de ser entrevistado en una ocasión en 2011; orgullo porque para mí, y creo que para toda mi generación, Quehacer fue lectura obligatoria desde nuestros años universitarios en la década de los años ochenta. Las editoriales de Henry Pease, los artículos sobre Sendero Luminoso de Raúl González, las crónicas de José María Salcedo, las secciones cultural e internacional eran siempre esperadas. En esa década Quehacer era un referente de los debates políticos e intelectuales en el campo de la izquierda, en su versión más moderada; después la revista perdió intensidad y centralidad, pero siempre se mantuvo como un espacio para la reflexión y el debate de lo mejor de las ciencias sociales peruanas.
Recuerdo con especial admiración, por citar un ejemplo, el número 42 de la revista, de agosto-setiembre de 1986, donde uno podía encontrar una crítica de Javier Iguíñiz a la política económica de Alan García; una crítica de Carlos Franco a las críticas a García desde la izquierda; notas de Raúl González “para entender a Sendero”, con entrevistas a Luis Guillermo Lumbreras y Henri Favre; una sección “para entender al Perú” con notas de una tremenda lucidez de Jorge Nieto, Juan Abugattás y Guillermo Rochabrún; además de una entrevista a Günther Grass polemizando con Mario Vargas Llosa sobre cuestiones políticas e ideológicas; y para terminar, un poema de Domingo de Ramos y un análisis de Alfredo Bryce sobre la poesía de Abelardo Sánchez León. Impresionante.
Todo empezó a cambiar desde la década de los años noventa. El muro se cayó, la izquierda se dividió (y con ella parte del equipo de Quehacer y de DESCO), el fujimorismo barrió con mucho de lo que la revista simbolizaba y el proyecto al que aspiraba. Más adelante pasó de bimensual a trimestral, y enfrentó cada vez más dificultades económicas y de lectoría. Quehacer era parte de un combo de lecturas que incluía revistas como Debate, El Zorro de Abajo o Márgenes, y eso sin contar otras revistas semanales y quincenales (Caretas, Oiga, Sí, junto a Amauta, Cambio, 30 días, Monos y Monadas, entre otras). Caretas es la única sobreviviente.
¿Se lee hoy menos que antes? No necesariamente: con la llegada de internet, hay hoy muchísimo más material de lectura disponible, y las publicaciones impresas deben adaptarse a los nuevos hábitos de lectura. Sin embargo, no puedo dejar de sentir que nos estamos perdiendo de algo: basta mirar los kioskos y librerías de países vecinos para darnos cuenta de que algo anda mal.
viernes, 5 de diciembre de 2014
Perú, nación, Pedro y Gastón (2)
Artículo publicado en La República, domingo 30 de noviembre de 2014
La semana pasada comentaba dos artículos, uno de Pedro Suárez-Vértiz (PSV) y otro de Gastón Acurio (GA), referidos a las trabas y posibilidades de nuestro desarrollo, que me parecen expresivos de sentidos comunes que flotan en las cabezas de muchos peruanos.
Decía que PSV tiene una versión más pesimista: “somos una cultura truncada por otra”, consecuencia del “viejo colonialismo occidental”. Este no hizo sino “interrumpir nuestro trayecto”, por lo que desde el siglo XVI viviríamos ininterrumpidamente con una “herida abierta”. Por el contrario, los países noroccidentales “germinaron y evolucionaron por siglos entre semejantes”.
Creo que este pesimismo se funda en varias idealizaciones. De un lado, no es tan cierto aquello de que los países noroccidentales “evolucionaran entre semejantes”. Si bien no puede hablarse de conflictos entre “nativos” y “colonizadores”, la historia europea es una de graves conflictos entre diferentes comunidades, grupos étnicos y nacionalidades. Y los Estados construyeron comunidades nacionales sobre la base de esa diversidad, con más o menos éxito. Cometemos un error al pensar que el “Estado-nación homogéneo con tradición de siglos” es el único modelo de Estado; Francia sería el ejemplo de este ideal, que ciertamente más parece la excepción que la regla, y también es resultado de una voluntad política premeditada. Alemania o Italia tienen Estados nacionales construídos recién en el siglo XIX, y aún ahora muestran profundos clivajes o divisiones sociales. De otro lado, la diversidad nacional no impide Estados razonablemente fuertes, como en los casos de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, España o Suiza, por ejemplo. La clave no es imponer la homegeneidad o lamentarse por su ausencia, sino construir sobre la diversidad, para lo cual la capacidad de negociación es clave. Y bien vistas las cosas, lo que caracterizó lo que podríamos llamar el “Perú antiguo” no fue la homogeneidad, sino la negociación constante entre diferentes poderes locales. El Tawantinsuyu no sería así la expresión máxima de un proceso de unificación, sino una compleja red de muchos y cambiantes núcleos.
GA parece más afín a esta visión de las cosas. Para este las diferencias del país (geográficas, históricas, culturales) serían fuente de nuestro ingenio y creatividad; un potencial que para ser activado contó con una “comunidad gastronómica a la altura de su tiempo”, capaz de unificarse detrás del proyecto de “compartir (no competir) para crecer todos juntos”. El problema con el diagnóstico de GA es que esa unidad parece más fácil de construir de lo que es: como que bastara la buena voluntad (“dejar atrás miedos, desconfianzas, vanidades, egoísmos y miradas pequeñas y cortoplacistas”). En realidad, de lo que se trata, más allá de la voluntad, es de negociar intereses diversos y contradictorios. Esa ha sido la clave de la estabilidad y el desarrollo político en contextos de países diversos como el nuestro, para lo cual la acción política resulta clave.
VER TAMBIÉN:
"The Rise of 'State-Nations' "
Alfred Stepan, Juan J. Linz y Yogendra Yadav
Journal of Democracy, vol. 21, n° 3, julio 2010
¿Qué es nación? y
¿Qué es nación? (2)
La semana pasada comentaba dos artículos, uno de Pedro Suárez-Vértiz (PSV) y otro de Gastón Acurio (GA), referidos a las trabas y posibilidades de nuestro desarrollo, que me parecen expresivos de sentidos comunes que flotan en las cabezas de muchos peruanos.
Decía que PSV tiene una versión más pesimista: “somos una cultura truncada por otra”, consecuencia del “viejo colonialismo occidental”. Este no hizo sino “interrumpir nuestro trayecto”, por lo que desde el siglo XVI viviríamos ininterrumpidamente con una “herida abierta”. Por el contrario, los países noroccidentales “germinaron y evolucionaron por siglos entre semejantes”.
Creo que este pesimismo se funda en varias idealizaciones. De un lado, no es tan cierto aquello de que los países noroccidentales “evolucionaran entre semejantes”. Si bien no puede hablarse de conflictos entre “nativos” y “colonizadores”, la historia europea es una de graves conflictos entre diferentes comunidades, grupos étnicos y nacionalidades. Y los Estados construyeron comunidades nacionales sobre la base de esa diversidad, con más o menos éxito. Cometemos un error al pensar que el “Estado-nación homogéneo con tradición de siglos” es el único modelo de Estado; Francia sería el ejemplo de este ideal, que ciertamente más parece la excepción que la regla, y también es resultado de una voluntad política premeditada. Alemania o Italia tienen Estados nacionales construídos recién en el siglo XIX, y aún ahora muestran profundos clivajes o divisiones sociales. De otro lado, la diversidad nacional no impide Estados razonablemente fuertes, como en los casos de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, España o Suiza, por ejemplo. La clave no es imponer la homegeneidad o lamentarse por su ausencia, sino construir sobre la diversidad, para lo cual la capacidad de negociación es clave. Y bien vistas las cosas, lo que caracterizó lo que podríamos llamar el “Perú antiguo” no fue la homogeneidad, sino la negociación constante entre diferentes poderes locales. El Tawantinsuyu no sería así la expresión máxima de un proceso de unificación, sino una compleja red de muchos y cambiantes núcleos.
GA parece más afín a esta visión de las cosas. Para este las diferencias del país (geográficas, históricas, culturales) serían fuente de nuestro ingenio y creatividad; un potencial que para ser activado contó con una “comunidad gastronómica a la altura de su tiempo”, capaz de unificarse detrás del proyecto de “compartir (no competir) para crecer todos juntos”. El problema con el diagnóstico de GA es que esa unidad parece más fácil de construir de lo que es: como que bastara la buena voluntad (“dejar atrás miedos, desconfianzas, vanidades, egoísmos y miradas pequeñas y cortoplacistas”). En realidad, de lo que se trata, más allá de la voluntad, es de negociar intereses diversos y contradictorios. Esa ha sido la clave de la estabilidad y el desarrollo político en contextos de países diversos como el nuestro, para lo cual la acción política resulta clave.
VER TAMBIÉN:
"The Rise of 'State-Nations' "
Alfred Stepan, Juan J. Linz y Yogendra Yadav
Journal of Democracy, vol. 21, n° 3, julio 2010
¿Qué es nación? y
¿Qué es nación? (2)
Perú, nación, Pedro y Gastón
Artículo publicado en La República, domingo 23 de noviembre de 2014
La última edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) se propuso “la exploración de los temas prioritarios a resolver para convertirnos en un país del primer mundo”. En nuestra cultura política coexistirían dos grandes actitudes frente a este tipo de desafío: una optimista, que consideraría esa meta alcanzable en un plazo razonable, y otra pesimista, que más bien diría que arrastramos tal cantidad de problemas históricos irresueltos, que tal invitación resulta excesiva. Más allá de los debates entre expertos y académicos, creo encontrar dos maneras de frasear estos talantes, expresados en dos artículos, uno del compositor y cantante Pedro Suárez-Vértiz (PSV), y otro del cocinero y empresario Gastón Acurio (GA). Dada la popularidad e influencia de ambos personajes, y en tanto sintetizan sentidos comunes que flotan en las cabezas de muchos peruanos, resulta pertinente examinar sus opiniones.
El 15 de noviembre pasado, en la revista Somos, PSV decía que nuestro gran problema es la persistencia del “viejo colonialismo occidental”: “somos una cultura truncada por otra”. De esa fractura surgirían el resentimiento y la envidia como patrones típicos de interacción entre los peruanos, lo que impediría nuestro desarrollo. La solución estaría en la educación, que debería ayudarnos a superar el trauma. En el otro extremo, GA, desde Perú 21 (30 de octubre) explora las razones que hicieron florecer a la cocina peruana en condiciones adversas: “compartir para crecer todos juntos”. Para GA, nuestra larga historia y nuestras diferencias son un activo, no una carga, la fuente de nuestro ingenio y creatividad. Y ese activo fue utilizado por una “comunidad gastronómica a la altura de su tiempo”. Es decir, el liderazgo también es clave. Para GA, estas claves se podría utilizar para el desarrollo del país en general, serían las bases de “un gran sueño que venza esa desconfianza mutua que nos paraliza como nación”. Es decir AG reconoce el problema señalado por PSV, pero lo ve solucionable.
Acaso la principal diferencia entre ambos sea la concepción de Estado y de nación que manejan, y también cómo enfrentar lo que los politólogos llamamos clivajes (líneas de división) sociales. El pesimismo de PSV proviene a mi juicio de tener en mente un modelo de Estado-nacional relativamente homogéneo, del que surge una doble idealización: la de los Estados Unidos y los países europeos (“germinaron y evolucionaron por siglos entre semejantes”) y la de lo que podríamos llamar el Perú prehispánico (“acá vivíamos haciendo artesanía, adorando al sol… hasta que llegaron unos extraterrestres en caballo y carabelas a interrumpir nuestro trayecto y desde ahí lo único que evolucionó fue una herida abierta”).
Desmontar el pesimismo de PSV requeriría cuestionar sus supuestos, entender que los Estados y las naciones son construcciones históricas, no simplemente herencias del pasado, y que los clivajes sociales pueden ahondarse o adormecerse con el tiempo. Seguiré la próxima semana.
La última edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) se propuso “la exploración de los temas prioritarios a resolver para convertirnos en un país del primer mundo”. En nuestra cultura política coexistirían dos grandes actitudes frente a este tipo de desafío: una optimista, que consideraría esa meta alcanzable en un plazo razonable, y otra pesimista, que más bien diría que arrastramos tal cantidad de problemas históricos irresueltos, que tal invitación resulta excesiva. Más allá de los debates entre expertos y académicos, creo encontrar dos maneras de frasear estos talantes, expresados en dos artículos, uno del compositor y cantante Pedro Suárez-Vértiz (PSV), y otro del cocinero y empresario Gastón Acurio (GA). Dada la popularidad e influencia de ambos personajes, y en tanto sintetizan sentidos comunes que flotan en las cabezas de muchos peruanos, resulta pertinente examinar sus opiniones.
El 15 de noviembre pasado, en la revista Somos, PSV decía que nuestro gran problema es la persistencia del “viejo colonialismo occidental”: “somos una cultura truncada por otra”. De esa fractura surgirían el resentimiento y la envidia como patrones típicos de interacción entre los peruanos, lo que impediría nuestro desarrollo. La solución estaría en la educación, que debería ayudarnos a superar el trauma. En el otro extremo, GA, desde Perú 21 (30 de octubre) explora las razones que hicieron florecer a la cocina peruana en condiciones adversas: “compartir para crecer todos juntos”. Para GA, nuestra larga historia y nuestras diferencias son un activo, no una carga, la fuente de nuestro ingenio y creatividad. Y ese activo fue utilizado por una “comunidad gastronómica a la altura de su tiempo”. Es decir, el liderazgo también es clave. Para GA, estas claves se podría utilizar para el desarrollo del país en general, serían las bases de “un gran sueño que venza esa desconfianza mutua que nos paraliza como nación”. Es decir AG reconoce el problema señalado por PSV, pero lo ve solucionable.
Acaso la principal diferencia entre ambos sea la concepción de Estado y de nación que manejan, y también cómo enfrentar lo que los politólogos llamamos clivajes (líneas de división) sociales. El pesimismo de PSV proviene a mi juicio de tener en mente un modelo de Estado-nacional relativamente homogéneo, del que surge una doble idealización: la de los Estados Unidos y los países europeos (“germinaron y evolucionaron por siglos entre semejantes”) y la de lo que podríamos llamar el Perú prehispánico (“acá vivíamos haciendo artesanía, adorando al sol… hasta que llegaron unos extraterrestres en caballo y carabelas a interrumpir nuestro trayecto y desde ahí lo único que evolucionó fue una herida abierta”).
Desmontar el pesimismo de PSV requeriría cuestionar sus supuestos, entender que los Estados y las naciones son construcciones históricas, no simplemente herencias del pasado, y que los clivajes sociales pueden ahondarse o adormecerse con el tiempo. Seguiré la próxima semana.
CADE, empresarios y política
Artículo publicado en La República, domingo 16 de noviembre de 2014
A propósito de la 52ª edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) resulta pertinente preguntarse por la relación entre empresariado y política en nuestro país.
Sería interesantísimo contar con un estudio sobre los cambios en la relación entre empresarios y política desde 1961 hasta la actualidad, tomando como referencia a las CADE. Podríamos registrar los cambios en intereses temáticos, reivindicaciones gremiales, momentos de conflicto, tensión, colaboración y “enamoramiento” entre los empresarios y los gobiernos de turno. Grandes cambios han ocurrido en estos años: desde la promoción a la sustitución de importaciones a las reformas del velasquismo, la preocupación por el crecimiento de las izquierdas, la pasión y posterior confrontación con el primer Alanismo, el impacto de las reformas neoliberales y la reconfiguración del poder empresarial, las ambiguas relaciones con el fujimorismo, el divorcio entre la economía que “va bien”, la dinámica social y la institucionalidad política que van mal, los acomodos ocurridos en el postfujimorismo.
También podríamos registrar lo que la CADE y otras iniciativas y gremios empresariales han significado para el propio empresariado. El IPAE (Instituto Peruano de Administración de Empresas, hoy de Acción Empresarial), organizador de la CADE fue fundado en 1959, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) en 1984; estos y otros gremios han servido como vehículos representativos o de expresión de los intereses empresariales a lo largo del tiempo, pero también de sus conflictos, pugnas, diferencias y matices internos.
¿Qué podría decirse de las CADEs de los últimos años? En el pasado las CADEs más parecían plataformas para plantear preocupaciones o reivindicaciones gremiales, mientras que más recientemente se ven como un espacio para reflexionar sobre los problemas que limitan el crecimiento económico del país, una oportunidad para mirar el mediano y plazo plazo. Esto ciertamente expresa el hecho de que el “modelo” ha dejado de estar en discusión en el país; inclusión social, educación, seguridad ciudadana, emergen como asuntos de interés. La pregunta es qué tan representativas son esas preocupaciones del conjunto del empresariado. ¿Son los organizadores de la CADE la elite de una nueva manera de entender la “responsabilidad social empresarial”, o una isla dentro de un mar de empresarios cortoplacistas? De otro lado, ¿hasta qué punto el gran poder empresarial se expresa en estos espacios? Es decir, en el Perú de los últimos años el capital transnacional ocupa un papel central en nuestra economía, desplazando relativamente a los capitales nacionales. ¿Cómo se ubica el gran capital transnacional frente a sus socios locales y frente a los grandes temas del desarrollo nacional?
Finalmente, se extrañan otros espacios de debate equivalentes en el país, donde el eje no sean las preocupaciones empresariales, sino la de los trabajadores y otros sectores. Signo de los tiempos.
A propósito de la 52ª edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) resulta pertinente preguntarse por la relación entre empresariado y política en nuestro país.
Sería interesantísimo contar con un estudio sobre los cambios en la relación entre empresarios y política desde 1961 hasta la actualidad, tomando como referencia a las CADE. Podríamos registrar los cambios en intereses temáticos, reivindicaciones gremiales, momentos de conflicto, tensión, colaboración y “enamoramiento” entre los empresarios y los gobiernos de turno. Grandes cambios han ocurrido en estos años: desde la promoción a la sustitución de importaciones a las reformas del velasquismo, la preocupación por el crecimiento de las izquierdas, la pasión y posterior confrontación con el primer Alanismo, el impacto de las reformas neoliberales y la reconfiguración del poder empresarial, las ambiguas relaciones con el fujimorismo, el divorcio entre la economía que “va bien”, la dinámica social y la institucionalidad política que van mal, los acomodos ocurridos en el postfujimorismo.
También podríamos registrar lo que la CADE y otras iniciativas y gremios empresariales han significado para el propio empresariado. El IPAE (Instituto Peruano de Administración de Empresas, hoy de Acción Empresarial), organizador de la CADE fue fundado en 1959, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) en 1984; estos y otros gremios han servido como vehículos representativos o de expresión de los intereses empresariales a lo largo del tiempo, pero también de sus conflictos, pugnas, diferencias y matices internos.
¿Qué podría decirse de las CADEs de los últimos años? En el pasado las CADEs más parecían plataformas para plantear preocupaciones o reivindicaciones gremiales, mientras que más recientemente se ven como un espacio para reflexionar sobre los problemas que limitan el crecimiento económico del país, una oportunidad para mirar el mediano y plazo plazo. Esto ciertamente expresa el hecho de que el “modelo” ha dejado de estar en discusión en el país; inclusión social, educación, seguridad ciudadana, emergen como asuntos de interés. La pregunta es qué tan representativas son esas preocupaciones del conjunto del empresariado. ¿Son los organizadores de la CADE la elite de una nueva manera de entender la “responsabilidad social empresarial”, o una isla dentro de un mar de empresarios cortoplacistas? De otro lado, ¿hasta qué punto el gran poder empresarial se expresa en estos espacios? Es decir, en el Perú de los últimos años el capital transnacional ocupa un papel central en nuestra economía, desplazando relativamente a los capitales nacionales. ¿Cómo se ubica el gran capital transnacional frente a sus socios locales y frente a los grandes temas del desarrollo nacional?
Finalmente, se extrañan otros espacios de debate equivalentes en el país, donde el eje no sean las preocupaciones empresariales, sino la de los trabajadores y otros sectores. Signo de los tiempos.
sábado, 15 de noviembre de 2014
Ilegalidad y política en América Latina (2)
Artículo publicado en La República, domingo 9 de noviembre de 2014
La semana pasada comentaba sobre los perfiles de las posibles relaciones entre redes de actividades ilegales y la política en nuestros países. Decía que las actividades ilegales han crecido y se han sofisticado en los últimos años, y establecen relaciones crecientemente “cercanas” con el Estado y el poder político. Decía también que las actividades ilegales asumen diversas formas de relación con la autoridad estatal, que van desde la tolerancia, pasan por la complicidad, y pueden terminar en la subordinación de la autoridad o hasta en el control directo del Estado por parte de organizaciones mafiosas.
En nuestro país estos temas son fundamentales: por nuestra ubicación geográfica, diversidad productiva, riqueza natural y debilidad institucional (especialmente si miramos la “densidad estatal” en nuestro territorio), el Perú es parte de circuitos globales de explotación, producción o distribución de mercancías asociadas a actividades ilícitas. Además, la relación entre ilegalidad y Estado está mediada en nuestro país por el gran peso de las actividades informales, y esa acaso sería una de nuestras peculiaridades.
En nuestro medio, el colega Francisco Durand es quien ha iniciado la exploración de las relaciones entre lo que él llama formalidad, informalidad y economía delictiva. Lo revelador de su análisis es que las diferencias entre esos tres ámbitos serían apenas de grado, no de naturaleza, en un continuo con mayores o menores niveles de desafío a la institucionalidad estatal; y que no se trataría de mundos claramente diferenciados entre sí, sino estrechamente relacionados de muchas maneras y en diferentes dimensiones. Piénsese en la gran empresa formal que contrata services para no tener a sus trabajadores en planilla, o que parte de cuya producción pasa por la venta informal; el vendedor informal que vende productos formales, de contrabando o robados; y el ilegal que “blanquea” dinero con actividades formales, o que encubre sus actividades ilegales a través del pago de impuestos por actividades no realiza.
Entender las cosas desde esta óptima complejiza en tipo de respuestas que el Estado debe dar frente al desafío de las redes ilegales que amenazan al sistema político, porque no se trata de enfrentar a un enemigo aislado y sin “legitimidad social”. Se trata de enemigos con múltiples relaciones tanto a nivel de élites y grupos de presión, como entre importantes sectores populares, que hallan en este entramado de actividades legales, informales y delincuenciales un modo de vida. Esto no implica abdicar en los intentos de establecer el Estado de derecho, por supuesto; sí una cuidadosa selección de qué batallas dar, cuáles serían las prioritarias, qué coaliciones de intereses se arman en esos combates, y qué alternativas se ofrecen a la población más vulnerable, de modo que el paso a la legalidad sea viable. Las dificultades y avances en experiencias similares en Colombia, México y otros países resultan muy ilustrativas.
La semana pasada comentaba sobre los perfiles de las posibles relaciones entre redes de actividades ilegales y la política en nuestros países. Decía que las actividades ilegales han crecido y se han sofisticado en los últimos años, y establecen relaciones crecientemente “cercanas” con el Estado y el poder político. Decía también que las actividades ilegales asumen diversas formas de relación con la autoridad estatal, que van desde la tolerancia, pasan por la complicidad, y pueden terminar en la subordinación de la autoridad o hasta en el control directo del Estado por parte de organizaciones mafiosas.
En nuestro país estos temas son fundamentales: por nuestra ubicación geográfica, diversidad productiva, riqueza natural y debilidad institucional (especialmente si miramos la “densidad estatal” en nuestro territorio), el Perú es parte de circuitos globales de explotación, producción o distribución de mercancías asociadas a actividades ilícitas. Además, la relación entre ilegalidad y Estado está mediada en nuestro país por el gran peso de las actividades informales, y esa acaso sería una de nuestras peculiaridades.
En nuestro medio, el colega Francisco Durand es quien ha iniciado la exploración de las relaciones entre lo que él llama formalidad, informalidad y economía delictiva. Lo revelador de su análisis es que las diferencias entre esos tres ámbitos serían apenas de grado, no de naturaleza, en un continuo con mayores o menores niveles de desafío a la institucionalidad estatal; y que no se trataría de mundos claramente diferenciados entre sí, sino estrechamente relacionados de muchas maneras y en diferentes dimensiones. Piénsese en la gran empresa formal que contrata services para no tener a sus trabajadores en planilla, o que parte de cuya producción pasa por la venta informal; el vendedor informal que vende productos formales, de contrabando o robados; y el ilegal que “blanquea” dinero con actividades formales, o que encubre sus actividades ilegales a través del pago de impuestos por actividades no realiza.
Entender las cosas desde esta óptima complejiza en tipo de respuestas que el Estado debe dar frente al desafío de las redes ilegales que amenazan al sistema político, porque no se trata de enfrentar a un enemigo aislado y sin “legitimidad social”. Se trata de enemigos con múltiples relaciones tanto a nivel de élites y grupos de presión, como entre importantes sectores populares, que hallan en este entramado de actividades legales, informales y delincuenciales un modo de vida. Esto no implica abdicar en los intentos de establecer el Estado de derecho, por supuesto; sí una cuidadosa selección de qué batallas dar, cuáles serían las prioritarias, qué coaliciones de intereses se arman en esos combates, y qué alternativas se ofrecen a la población más vulnerable, de modo que el paso a la legalidad sea viable. Las dificultades y avances en experiencias similares en Colombia, México y otros países resultan muy ilustrativas.
lunes, 3 de noviembre de 2014
Ilegalidad y política en América Latina
Artículo publicado en La República, domingo 2 de noviembre de 2014
Acaba de ser publicado un libro indispensable: Redes ilegales y política en América Latina, editado por Iván Briscoe, Catalina Perdomo y Catalina Uribe, publicado por IDEA Internacional, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Clingendael (2014). El libro reflexiona sobre la formación de alianzas entre redes ilícitas, actores económicos y políticos en la región, partiendo del estudio en profundidad de casos ubicados en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los casos estudiados en Perú son los de Vladimiro Montesinos, la provincia de Coronel Portillo (a cargo de Ricardo Uceda) y el departamento de Puno (a cargo de Catalina Uribe).
Estas relaciones han adquirido una complejidad e importancia inédita en nuestros países, en el contexto de la globalización. En nuestros países prospera no sólo el narcotráfico, también actividades como la minería y la tala ilegal, el tráfico de especies animales y vegetales, el tráfico de armas, la falsificación y contrabando de farmacéuticos y muchos otros productos.
Las actividades ilícitas requieren de territorios útiles dentro de los circuitos de producción, comercialización y consumo, en los que además puedan operar ya sea con la tolerancia, complicidad, subordinación o control directo de la autoridad pública. La legitimidad de esa autoridad surge de procesos electorales democráticos, esa autoridad es parte de un sistema político, ejerce su poder dentro de un entorno institucional, por lo que la atención a lo que sucede con el Estado y el sistema de partidos políticos es fundamental. En este marco, las actividades ilícitas pueden necesitar ubicarse en espacios altamente formales e institucionalizados (dentro de los países desarrollados, por ejemplo) como pueden aprovechar de la debilidad y vulnerabilidad de nuestros Estados y sistemas políticos.
Las relaciones entre ilegalidad y autoridad política no son sencillas ni asumen una única forma. En su mínima escala, la actividad ilegal busca simplemente funcionar sin llamar la atención de la autoridad o del entorno social en el que opera; pasado cierto nivel, involucra a parte de la sociedad y a otros actores económicos, y ya llama la atención de la autoridad. Dependiendo del tipo de operaciones, ellas pueden ser simplemente toleradas, en tanto no implican una gran disrupción del orden público; es más, hasta pueden favorecerlo (creación de impleos, inversión). Este “beneficio” de la ilegalidad puede alcanzar también a la autoridad pública, a través de sobornos, con lo que pasamos de la tolerancia a la complicidad. Una escala mayor implica subordinación de la autoridad: el negocio requiere permisos, autorizaciones, decisiones de política pública; además, el negocio puede expandirse, diversificarse, entrar a nuevas áreas. Esto ya implica una relación estrecha con la autoridad política, y puede llegar incluso a buscar el control directo del Estado. Esto ya lleva al surgimiento de conflictos y disputas. Seguiré con el tema.
Acaba de ser publicado un libro indispensable: Redes ilegales y política en América Latina, editado por Iván Briscoe, Catalina Perdomo y Catalina Uribe, publicado por IDEA Internacional, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Clingendael (2014). El libro reflexiona sobre la formación de alianzas entre redes ilícitas, actores económicos y políticos en la región, partiendo del estudio en profundidad de casos ubicados en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los casos estudiados en Perú son los de Vladimiro Montesinos, la provincia de Coronel Portillo (a cargo de Ricardo Uceda) y el departamento de Puno (a cargo de Catalina Uribe).
Estas relaciones han adquirido una complejidad e importancia inédita en nuestros países, en el contexto de la globalización. En nuestros países prospera no sólo el narcotráfico, también actividades como la minería y la tala ilegal, el tráfico de especies animales y vegetales, el tráfico de armas, la falsificación y contrabando de farmacéuticos y muchos otros productos.
Las actividades ilícitas requieren de territorios útiles dentro de los circuitos de producción, comercialización y consumo, en los que además puedan operar ya sea con la tolerancia, complicidad, subordinación o control directo de la autoridad pública. La legitimidad de esa autoridad surge de procesos electorales democráticos, esa autoridad es parte de un sistema político, ejerce su poder dentro de un entorno institucional, por lo que la atención a lo que sucede con el Estado y el sistema de partidos políticos es fundamental. En este marco, las actividades ilícitas pueden necesitar ubicarse en espacios altamente formales e institucionalizados (dentro de los países desarrollados, por ejemplo) como pueden aprovechar de la debilidad y vulnerabilidad de nuestros Estados y sistemas políticos.
Las relaciones entre ilegalidad y autoridad política no son sencillas ni asumen una única forma. En su mínima escala, la actividad ilegal busca simplemente funcionar sin llamar la atención de la autoridad o del entorno social en el que opera; pasado cierto nivel, involucra a parte de la sociedad y a otros actores económicos, y ya llama la atención de la autoridad. Dependiendo del tipo de operaciones, ellas pueden ser simplemente toleradas, en tanto no implican una gran disrupción del orden público; es más, hasta pueden favorecerlo (creación de impleos, inversión). Este “beneficio” de la ilegalidad puede alcanzar también a la autoridad pública, a través de sobornos, con lo que pasamos de la tolerancia a la complicidad. Una escala mayor implica subordinación de la autoridad: el negocio requiere permisos, autorizaciones, decisiones de política pública; además, el negocio puede expandirse, diversificarse, entrar a nuevas áreas. Esto ya implica una relación estrecha con la autoridad política, y puede llegar incluso a buscar el control directo del Estado. Esto ya lleva al surgimiento de conflictos y disputas. Seguiré con el tema.
lunes, 27 de octubre de 2014
Impresiones del 5 de octubre (III)
Artículo publicado en La República, domingo 26 de octubre de 2014
En las últimas dos semanas he comentando aquí sobre las elecciones del 5 de octubre, concentrándome en el ámbito regional. Por su peso demográfico y significación política, es pertinente comentar algo sobre los resultados en Lima.
El triunfo de Castañeda llama la atención por la estabilidad de su respaldo. Terminó su segunda gestión municipal con una altísima aprobación y nunca la perdió, pese a su derrota en la campaña presidencial de 2011. Es importante recordar que la base más firme de ese apoyo provino de sectores populares, beneficiarios de iniciativas directamente orientadas hacia ellos: la construcción de escaleras en zonas precarias, los hospitales de la solidaridad, obras de infraestructura vial en Lima norte, la conversión de grandes parques en espacios masivos de entretenimiento, entre otros. Digamos que el fujimorismo en el país y Castañeda en Lima lograron construir una derecha popular, compartiendo estilos políticos y de gestión. En Lima ambos se asentaron principalmente en la “nueva Lima”, yendo más allá de Ricardo Belmont y Alberto Andrade, más vinculados culturalmente a la Lima criolla. De otro lado, la no inclusión de Castañeda como inculpado en la investigación judicial por el caso Comunicore, y la escasa credibilidad de Villarán, explican que haya resistido los serios cuestionamientos que pesan sobre su gestión pasada, aún cuando, en nuestra darwiniana política, pueda perder también respaldo rápidamente. Lo que nos lleva a la pregunta por el fracaso de Villarán.
Su problema es que ganó con la imagen de un personaje desenfadado y amable, que rápidamente desapareció al politizarse y endurecerse desde el tramo final de la campaña. Perdió una imagen, pero no logró construir otra. La “tía regia” se convirtió en la tía metiche y peleona. Luego, los problemas de gestión fueron magnificados por un muy mal manejo político y por cierta incontinencia verbal, que se tradujeron en un cambio constante de agendas y la acumulación de promesas incumplidas. Por ello fue fácil colgarle el cartel de ineficaz. Pasó de la creación de una “zona rosa” al combate a la inseguridad ciudadana, de la reconstrucción del túnel Santa Rosa a la creación de una gran playa para el sur de Lima, parte de una remodelación integral de la Costa verde como espacio público, todas ellas promesas incumplidas en los plazos anunciados originalmente. Las pocas obras tangibles tuvieron un carácter mesocrático (la remodelación de la playa La Herradura, la ampliación de las avenidas Canadá o Universitaria, la intensa actividad cultural, el Corredor Azul). Y las grandes obras que cambiarán la ciudad están todavía en proceso (Vía Parque Rímac, o la reforma integral del transporte).
El fracaso de Villarán es el del intento de construir una izquierda socialdemócrata, lo que es de lamentar. E ilustra la dramática distancia entre lo que podríamos llamar las élites progresistas e ilustradas de la mayoría de la población, no solo del país, también de la propia Lima.
En las últimas dos semanas he comentando aquí sobre las elecciones del 5 de octubre, concentrándome en el ámbito regional. Por su peso demográfico y significación política, es pertinente comentar algo sobre los resultados en Lima.
El triunfo de Castañeda llama la atención por la estabilidad de su respaldo. Terminó su segunda gestión municipal con una altísima aprobación y nunca la perdió, pese a su derrota en la campaña presidencial de 2011. Es importante recordar que la base más firme de ese apoyo provino de sectores populares, beneficiarios de iniciativas directamente orientadas hacia ellos: la construcción de escaleras en zonas precarias, los hospitales de la solidaridad, obras de infraestructura vial en Lima norte, la conversión de grandes parques en espacios masivos de entretenimiento, entre otros. Digamos que el fujimorismo en el país y Castañeda en Lima lograron construir una derecha popular, compartiendo estilos políticos y de gestión. En Lima ambos se asentaron principalmente en la “nueva Lima”, yendo más allá de Ricardo Belmont y Alberto Andrade, más vinculados culturalmente a la Lima criolla. De otro lado, la no inclusión de Castañeda como inculpado en la investigación judicial por el caso Comunicore, y la escasa credibilidad de Villarán, explican que haya resistido los serios cuestionamientos que pesan sobre su gestión pasada, aún cuando, en nuestra darwiniana política, pueda perder también respaldo rápidamente. Lo que nos lleva a la pregunta por el fracaso de Villarán.
Su problema es que ganó con la imagen de un personaje desenfadado y amable, que rápidamente desapareció al politizarse y endurecerse desde el tramo final de la campaña. Perdió una imagen, pero no logró construir otra. La “tía regia” se convirtió en la tía metiche y peleona. Luego, los problemas de gestión fueron magnificados por un muy mal manejo político y por cierta incontinencia verbal, que se tradujeron en un cambio constante de agendas y la acumulación de promesas incumplidas. Por ello fue fácil colgarle el cartel de ineficaz. Pasó de la creación de una “zona rosa” al combate a la inseguridad ciudadana, de la reconstrucción del túnel Santa Rosa a la creación de una gran playa para el sur de Lima, parte de una remodelación integral de la Costa verde como espacio público, todas ellas promesas incumplidas en los plazos anunciados originalmente. Las pocas obras tangibles tuvieron un carácter mesocrático (la remodelación de la playa La Herradura, la ampliación de las avenidas Canadá o Universitaria, la intensa actividad cultural, el Corredor Azul). Y las grandes obras que cambiarán la ciudad están todavía en proceso (Vía Parque Rímac, o la reforma integral del transporte).
El fracaso de Villarán es el del intento de construir una izquierda socialdemócrata, lo que es de lamentar. E ilustra la dramática distancia entre lo que podríamos llamar las élites progresistas e ilustradas de la mayoría de la población, no solo del país, también de la propia Lima.
Impresiones del 5 de octubre (II)
Artículo publicado en La República, domingo 19 de octubre de 2014
La semana pasada llamábamos la atención sobre el hecho de que el debilitamiento de los partidos nacionales no tiene como correlato el fortalecimiento de movimientos regionales. Y entre los pocos que parecen avanzar lo hacen sobre la base de prácticas clientelísticas. La precariedad de la organización política cede paso al personalismo, pero es importante no perder de vista que hemos pasado en los últimos años de un personalismo a otro. Después de las elecciones de 2002, 2006 y 2010, cuando hablábamos de liderazgos regionales nos referíamos a Yehude Simon, Juan Manuel Guillén, José Murgia, Vladimiro Huaroc, o César Villanueva; hoy hablamos de César Acuña o de Wilfredo Oscorima. Es decir, los liderazgos regionales personalistas parecen alejarse cada vez más de referentes ideológicos, por más difusos que hayan sido, al más craso pragmatismo. Dentro de este se cuelan tanto quienes quieren desarrollar carreras políticas por muy diversas motivaciones (poco ideológicas, nuevamente), como quienes quieren usar la política como una extensión de sus negocios particulares.
Todo esto ha ocurrido en un contexto de crecimiento económico, tanto de actividades legales como de las informales e ilegales. Estas últimas, si bien pueden no ser tan significativas al ver el PBI general del país, sí resultan centrales en amplias zonas del territorio, y establecen circuitos que pasan también por importantes ciudades y la propia capital. El problema es que podemos pasar de una relación de convivencia pacífica y tolerancia mutua entre lo legal, informal e ilegal a otra en las que lo último busca capturar el Estado para afianzar y ampliar sus actividades, crecientemente internacionalizadas, dicho sea de paso. Perú, con su debilidad institucional y política, y escenario descentralizado y fragmentado, ofrece oportunidades atractivas para esto en amplias zonas del país. Si ha ocurrido en Paraguay, Bolivia y Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México en los últimos años, no tiene por qué dejar de pasar en Perú. No parece casual el recrudecimiento de la violencia electoral y postelectoral, y la cada vez frecuente intersección entre la actividad delincuencial y la dinámica política, como los casos de Ancash, Chiclayo y muchos otros atestiguan.
En las elecciones de 2001 el tema central fue el combate a la corrupción y la institucionalización democrática; en 2006 y 2011, la inclusión social; en 2016, aparece uno que acaso es precondición de los otros, el desarrollo institucional y político. El problema es que los temas de 2001, 2006 y 2011 eran demandas populares, mientras que el de 2016 no lo es. Es más, acciones tendientes a la institucionalización chocarán con poderosos intereses sociales y políticos que han prosperado en la intersección entre legalidad, informalidad e ilegalidad. Por ello, la responsabilidad de las elites es fundamental. Las reformas necesarias solo saldrán de un gran acuerdo de nuestras elites políticas, económicas, sociales, intelectuales.
La semana pasada llamábamos la atención sobre el hecho de que el debilitamiento de los partidos nacionales no tiene como correlato el fortalecimiento de movimientos regionales. Y entre los pocos que parecen avanzar lo hacen sobre la base de prácticas clientelísticas. La precariedad de la organización política cede paso al personalismo, pero es importante no perder de vista que hemos pasado en los últimos años de un personalismo a otro. Después de las elecciones de 2002, 2006 y 2010, cuando hablábamos de liderazgos regionales nos referíamos a Yehude Simon, Juan Manuel Guillén, José Murgia, Vladimiro Huaroc, o César Villanueva; hoy hablamos de César Acuña o de Wilfredo Oscorima. Es decir, los liderazgos regionales personalistas parecen alejarse cada vez más de referentes ideológicos, por más difusos que hayan sido, al más craso pragmatismo. Dentro de este se cuelan tanto quienes quieren desarrollar carreras políticas por muy diversas motivaciones (poco ideológicas, nuevamente), como quienes quieren usar la política como una extensión de sus negocios particulares.
Todo esto ha ocurrido en un contexto de crecimiento económico, tanto de actividades legales como de las informales e ilegales. Estas últimas, si bien pueden no ser tan significativas al ver el PBI general del país, sí resultan centrales en amplias zonas del territorio, y establecen circuitos que pasan también por importantes ciudades y la propia capital. El problema es que podemos pasar de una relación de convivencia pacífica y tolerancia mutua entre lo legal, informal e ilegal a otra en las que lo último busca capturar el Estado para afianzar y ampliar sus actividades, crecientemente internacionalizadas, dicho sea de paso. Perú, con su debilidad institucional y política, y escenario descentralizado y fragmentado, ofrece oportunidades atractivas para esto en amplias zonas del país. Si ha ocurrido en Paraguay, Bolivia y Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México en los últimos años, no tiene por qué dejar de pasar en Perú. No parece casual el recrudecimiento de la violencia electoral y postelectoral, y la cada vez frecuente intersección entre la actividad delincuencial y la dinámica política, como los casos de Ancash, Chiclayo y muchos otros atestiguan.
En las elecciones de 2001 el tema central fue el combate a la corrupción y la institucionalización democrática; en 2006 y 2011, la inclusión social; en 2016, aparece uno que acaso es precondición de los otros, el desarrollo institucional y político. El problema es que los temas de 2001, 2006 y 2011 eran demandas populares, mientras que el de 2016 no lo es. Es más, acciones tendientes a la institucionalización chocarán con poderosos intereses sociales y políticos que han prosperado en la intersección entre legalidad, informalidad e ilegalidad. Por ello, la responsabilidad de las elites es fundamental. Las reformas necesarias solo saldrán de un gran acuerdo de nuestras elites políticas, económicas, sociales, intelectuales.
Impresiones del 5 de octubre (I)
Artículo publicado en La República, domingo 12 de octubre de 2014
Mucho que comentar, muy poco espacio. Por ello, impresiones telegráficas.
- Mirando los resultados de 2002, 2006 y 2010, confirmamos que los movimientos regionales desplazan a los partidos del espacio regional. Ya sabemos que los partidos “nacionales” son cascarones sin militantes; no tiene sentido esperar que, con las actuales reglas, se comporten de otra manera. Alianza para el Progreso (APP) es una excepción, pero construida sobre redes de patronazgo y clientelismo, con gran fuerza en la costa norte; la otra es el fujimorismo, aunque es más identidad que organización. Quedan mejor posicionados para el 2016, junto con el APRA, gracias al desempeño de Cornejo en Lima. Siguiendo con los partidos, Acción Popular hizo un gran esfuerzo para presentar candidatos, pero con malos resultados. De otro lado, Solidaridad Nacional es quien hereda el capital político de Unidad Nacional en Lima, no el PPC, aunque también es una suerte de vientre de alquiler para las candidaturas distritales.
- Hasta 2010, cabía pensar en la consolidación de algunos referentes regionales. De ellos, ChimPum Callao se mantiene fuerte, nuevamente, sobre la base de prácticas con fuerte componente clientelista; en Loreto Fuerza Loretana con Yván Vásquez ganó el gobierno regional en 2006, fue reelecto en 2010, y quedó segundo el domingo pasado, a pesar de haber tenido prisión preventiva; y en La Libertad el APRA con José Murguía, electo en 2002 y reelecto en 2006 y 2010 perdió esta vez, aunque quedó en segundo lugar, detrás de César Acuña (APP), formando una suerte de bipartidismo regional. Por otro lado, en San Martín, Nueva Amazonía con César Villanueva ganó la presidencia regional en 2006 y 2010, pero ahora quedó en quinto lugar; en Apurímac, Poder Popular Andino ganador en 2010, con Elías Segovia, también quedó quinto. En Ucayali, Integrando Ucayali, con Jorge Velásquez, electo en 2006 y reelecto en 2010 prácticamente desapareció y su líder corre el riesgo de terminar en prisión. Otro de los reelectos en 2010, César Alvarez, ya sabemos en qué terminó.
Entre los presidentes regionales electos de 2010, quienes despertaron cierta expectativa por su buena gestión, no lograron continuidad: Javier Atkins en Piura, Martín Vizcarra en Moquegua o José Arista en Amazonas, por ejemplo, no postularon. Sí lo hicieron el MAS con Gregorio Santos, quien logró la reelección por razones ya bastante comentadas, a pesar de su prisión preventiva; y Wilfredo Oscorima, electo en 2010 por APP y reelecto por Renace Ayacucho, pese también a que es investigado por la fiscalía anticorrupción. En Junín Vladimir Cerrón podría también ser reelecto, pese a (o en mérito de) su supuesto “radicalismo”, así como Klever Meléndez en Pasco, también en prisión preventiva. En cuanto a nuevas y mejores continuidades, cabe mirar con atención a Arequipa, con la segunda vuelta entre Arequipa Renace (tercero en 2010) y Arequipa Tradición y Futuro, movimiento fundado por Juan Manuel Guillén, al que renunció recientemente.
Mucho que comentar, muy poco espacio. Por ello, impresiones telegráficas.
- Mirando los resultados de 2002, 2006 y 2010, confirmamos que los movimientos regionales desplazan a los partidos del espacio regional. Ya sabemos que los partidos “nacionales” son cascarones sin militantes; no tiene sentido esperar que, con las actuales reglas, se comporten de otra manera. Alianza para el Progreso (APP) es una excepción, pero construida sobre redes de patronazgo y clientelismo, con gran fuerza en la costa norte; la otra es el fujimorismo, aunque es más identidad que organización. Quedan mejor posicionados para el 2016, junto con el APRA, gracias al desempeño de Cornejo en Lima. Siguiendo con los partidos, Acción Popular hizo un gran esfuerzo para presentar candidatos, pero con malos resultados. De otro lado, Solidaridad Nacional es quien hereda el capital político de Unidad Nacional en Lima, no el PPC, aunque también es una suerte de vientre de alquiler para las candidaturas distritales.
- Hasta 2010, cabía pensar en la consolidación de algunos referentes regionales. De ellos, ChimPum Callao se mantiene fuerte, nuevamente, sobre la base de prácticas con fuerte componente clientelista; en Loreto Fuerza Loretana con Yván Vásquez ganó el gobierno regional en 2006, fue reelecto en 2010, y quedó segundo el domingo pasado, a pesar de haber tenido prisión preventiva; y en La Libertad el APRA con José Murguía, electo en 2002 y reelecto en 2006 y 2010 perdió esta vez, aunque quedó en segundo lugar, detrás de César Acuña (APP), formando una suerte de bipartidismo regional. Por otro lado, en San Martín, Nueva Amazonía con César Villanueva ganó la presidencia regional en 2006 y 2010, pero ahora quedó en quinto lugar; en Apurímac, Poder Popular Andino ganador en 2010, con Elías Segovia, también quedó quinto. En Ucayali, Integrando Ucayali, con Jorge Velásquez, electo en 2006 y reelecto en 2010 prácticamente desapareció y su líder corre el riesgo de terminar en prisión. Otro de los reelectos en 2010, César Alvarez, ya sabemos en qué terminó.
Entre los presidentes regionales electos de 2010, quienes despertaron cierta expectativa por su buena gestión, no lograron continuidad: Javier Atkins en Piura, Martín Vizcarra en Moquegua o José Arista en Amazonas, por ejemplo, no postularon. Sí lo hicieron el MAS con Gregorio Santos, quien logró la reelección por razones ya bastante comentadas, a pesar de su prisión preventiva; y Wilfredo Oscorima, electo en 2010 por APP y reelecto por Renace Ayacucho, pese también a que es investigado por la fiscalía anticorrupción. En Junín Vladimir Cerrón podría también ser reelecto, pese a (o en mérito de) su supuesto “radicalismo”, así como Klever Meléndez en Pasco, también en prisión preventiva. En cuanto a nuevas y mejores continuidades, cabe mirar con atención a Arequipa, con la segunda vuelta entre Arequipa Renace (tercero en 2010) y Arequipa Tradición y Futuro, movimiento fundado por Juan Manuel Guillén, al que renunció recientemente.
Reformas políticas regionales y locales
Artículo publicado en La República, domingo 5 de octubre de 2014
De salida las autoridades regionales y locales electas en 2010, y terminadas las campañas electorales, es claro que nuestro funcionamiento político-institucional muestra grandes deficiencias. Hemos tenido malas gestiones sin mecanismos de control efectivos, y en donde los controles existentes se pervierten; liderazgos personalistas que cuando logran cierta consolidación no evolucionan hacia mayores niveles de institucionalización, si no que caen en prácticas autoritarias y corruptas. En las campañas, partidos poco representativos que abandonan la arena regional, movimientos regionales que no pasan del departamento y que no tienen raíces en las provincias; altos niveles de fragmentación, candidaturas precarias, alto riesgo de penetración de mafias e intereses ilegales, entre muchos otros males. Si no hacemos nada para intentar salir de esta dinámica, seguiremos en las mismas.
En términos de gestión, urge pensar en la constitución de diversas formas de autoridades autónomas por encima de la fragmentación que impone nuestro irracional número de distritos, provincias y regiones. Urge mejorar los mecanismos de control en regiones y municipios; en estos últimos una posibilidad es introducir criterios de proporcionalidad en los consejos locales. En las regiones, revisar la manera en que se constituye el consejo regional, sobre base provincial. De lo que se trata es de despersonalizar la representación, y fortalecer a las organizaciones políticas. En el mismo sentido, poner límites a la reelección, acaso dos periodos consecutivos como máximo, parecería una buena idea. Y fortalecer espacios de rendición de cuentas, fiscalización: en contextos en los que caciques o mafias locales controlan el poder, se requiere de una forma efectiva de control desde el ámbito nacional (la Contraloría no ha funcionado), con sanciones disuasivas muy potentes.
Fortalecer las instituciones representativas implica no debilitarlas, sino complementarlas con mecanismos participativos. Así, la revocatoria de autoridades, por ejemplo, debe ser repensada íntegramente, para evitar que siga siendo una segunda o tercera vuelta electoral usada por los perdedores para boicotear la gestión del ganador. Urge también repensar el papel de los Consejos de Coordinación Regional y Local, y de los presupuestos participativos, para que tengan algún sentido.
En cuanto a las candidaturas, urgen mayores exigencias y mejores barreras de entrada al sistema político. A los partidos “nacionales” se les debería obligar a participar en un mínimo de elecciones regionales y provinciales; a los movimientos regionales, en más de un departamento, por ejemplo. Gran parte de la competencia electoral debería darse al interior de los partidos, no entre partidos precarios. Finalmente, está el asunto del financiamiento a las campañas y a las organizaciones políticas. Sin financiamiento público y regulación efectiva del privado, no nos podemos quejar de la influencia de poderes ilegales.
De salida las autoridades regionales y locales electas en 2010, y terminadas las campañas electorales, es claro que nuestro funcionamiento político-institucional muestra grandes deficiencias. Hemos tenido malas gestiones sin mecanismos de control efectivos, y en donde los controles existentes se pervierten; liderazgos personalistas que cuando logran cierta consolidación no evolucionan hacia mayores niveles de institucionalización, si no que caen en prácticas autoritarias y corruptas. En las campañas, partidos poco representativos que abandonan la arena regional, movimientos regionales que no pasan del departamento y que no tienen raíces en las provincias; altos niveles de fragmentación, candidaturas precarias, alto riesgo de penetración de mafias e intereses ilegales, entre muchos otros males. Si no hacemos nada para intentar salir de esta dinámica, seguiremos en las mismas.
En términos de gestión, urge pensar en la constitución de diversas formas de autoridades autónomas por encima de la fragmentación que impone nuestro irracional número de distritos, provincias y regiones. Urge mejorar los mecanismos de control en regiones y municipios; en estos últimos una posibilidad es introducir criterios de proporcionalidad en los consejos locales. En las regiones, revisar la manera en que se constituye el consejo regional, sobre base provincial. De lo que se trata es de despersonalizar la representación, y fortalecer a las organizaciones políticas. En el mismo sentido, poner límites a la reelección, acaso dos periodos consecutivos como máximo, parecería una buena idea. Y fortalecer espacios de rendición de cuentas, fiscalización: en contextos en los que caciques o mafias locales controlan el poder, se requiere de una forma efectiva de control desde el ámbito nacional (la Contraloría no ha funcionado), con sanciones disuasivas muy potentes.
Fortalecer las instituciones representativas implica no debilitarlas, sino complementarlas con mecanismos participativos. Así, la revocatoria de autoridades, por ejemplo, debe ser repensada íntegramente, para evitar que siga siendo una segunda o tercera vuelta electoral usada por los perdedores para boicotear la gestión del ganador. Urge también repensar el papel de los Consejos de Coordinación Regional y Local, y de los presupuestos participativos, para que tengan algún sentido.
En cuanto a las candidaturas, urgen mayores exigencias y mejores barreras de entrada al sistema político. A los partidos “nacionales” se les debería obligar a participar en un mínimo de elecciones regionales y provinciales; a los movimientos regionales, en más de un departamento, por ejemplo. Gran parte de la competencia electoral debería darse al interior de los partidos, no entre partidos precarios. Finalmente, está el asunto del financiamiento a las campañas y a las organizaciones políticas. Sin financiamiento público y regulación efectiva del privado, no nos podemos quejar de la influencia de poderes ilegales.
viernes, 3 de octubre de 2014
50 años Facultad Ciencias Sociales PUCP
La Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú cumple 50 años en 2014, al igual que el Instituto de Estudios Peruanos. A propósito de esto, la Facultad ha publicado un libro, editado por Carlos Contreras. A varios profesores de las cuatro especialidades (Antropología, Ciencia Política y Gobierno, Economía y Sociología), se nos pidió ensayar una reflexión al respecto; la mía la pueden leer en este artículo: "Cincuenta años de debate político en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP".
"En este contexto, podría decirse que el principal aporte de la Facultad de Ciencias Sociales al campo de los estudios políticos es el haber sido un buen centro de formación académica, durante estas cinco décadas. Sin embargo, esta formación ocurría dentro de concepciones que consideraban lo político como una derivación de lo que ocurría en otras esferas, y se daba relativamente desconectada de los aportes y debates internacionales, lo que limitó la posibilidad de hacer contribuciones más significativas. De otro lado, creo que puede afirmarse que el énfasis en la docencia fue prácticamente excluyente, en desmedro de la investigación. Los profesores de la Facultad que la hicieron la realizaron mayormente a través de centros de investigación independientes o de colectivos intelectuales, no tanto en la propia Facultad. Esta deficiencia recién empieza a ser revertida en los últimos años.
Así, en cuanto a la evolución y cambios dentro de los estudios políticos en los últimos cincuenta años en la Facultad de Ciencias Sociales, lo más resaltante sería la historia de desaparición y reapertura de una especialidad de ciencia política, expresiva de un itinerario en el cual lo político fue progresivamente ganando legitimidad como un campo propio (acaso como consecuencia del desarrollo internacional de la ciencia política como disciplina), claramente distinguible de otros (derecho, filosofía y sociología, en particular); esto fue al mismo tiempo expresión de un reconocimiento implícito de la autonomía del ámbito político y un relativo distanciamiento de aproximaciones sistémicas o estructuralistas".
Más capítulos del libro, aquí.
miércoles, 1 de octubre de 2014
HeForShe / ElPorElla
Artículo publicado en La República, domingo 28 de setiembre de 2014
Las Naciones Unidas lanzaron recientemente una campaña internacional bajo el lema “El por Ella”, a través de su vocera, la actriz Emma Watson. La idea es generar un movimiento a favor de la igualdad de género, pero esta vez apelando a la acción de los hombres, a favor de una causa universal, de derechos humanos. Lo interesante de campañas como esta es resaltar el hecho de que la discriminación de género se expresa cotidianamente de múltiples maneras, y que para enfrentarla la participación de los hombres es imprescindible.
Según Martha Lamas, el movimiento feminista latinoamericano centró inicialmente sus demandas en torno a la maternidad voluntaria (educación sexual, uso de anticonceptivos y derecho al aborto), a la libre opción sexual y al combate a la violencia sexual. Virginia Vargas recuerda cómo en el Perú a inicios de la década de los años setenta el movimiento feminista estaba compuesto básicamente por exmilitantes de partidos de izquierda, lo que marcó sus demandas y estilos. Todo esto logró que el feminismo ganara cohesión y presencia pública, pero también que se ganara una imagen beligerante y cuya convocatoria no fuera más allá de pequeños núcleos.
Mucho ha cambiado desde entonces para el feminismo y para nuestras sociedades, y hoy somos más concientes de cómo la discriminación de género es resultado de múltiples exclusiones. Familias y madres sin información ni libertad para ejercer derechos reproductivos; que luego practican una crianza que reproduce esquemas patriarcales (mujeres, cuidado del hogar y maternidad; hombres, salida al mercado y al mundo público). Más adelante, niñas con menor acceso a la educación que los niños, por la sobrecarga de las tareas domésticas. En la juventud, adolescentes con maternidad temprana no deseada; luego, una división del trabajo social en el que el cuidado del hogar, de los niños, enfermos y adultos mayores recae sobre todo en las mujeres, actividades no reconocidas ni remuneradas. Todo lo cual afecta la inserción de la mujer en mercado laboral, donde recibe en promedio menor remuneración que un hombre. Todo lo cual se expresa también en menores niveles de participación social y política, y llegada a altos cargos de prestigio y poder.
A esto hay que sumarle la influencia de medios de comunicación que reproducen y amplifican lógicas patriarcales y machistas; mujeres usadas como “adorno”, objetos sexuales o soporte de publicidad comercial en programas de televisión, eventos empresariales, conferencias de prensa. Todo lo cual aumenta la vulnerabilidad y victimización de las mujeres en el espacio público.
Los hombres tenemos que defender también los derechos de las mujeres. Y asumir nuestra cuota de trabajo e involucrarnos en el cuidado del hogar y de las familias, denunciar el sexismo en las relaciones de pareja, en la educación, el trabajo, la calle, los medios, la publicidad. Renunciar a una posición de presunto privilegio que también nos degrada. Se ha avanzado, pero hay mucho por hacer.
Las Naciones Unidas lanzaron recientemente una campaña internacional bajo el lema “El por Ella”, a través de su vocera, la actriz Emma Watson. La idea es generar un movimiento a favor de la igualdad de género, pero esta vez apelando a la acción de los hombres, a favor de una causa universal, de derechos humanos. Lo interesante de campañas como esta es resaltar el hecho de que la discriminación de género se expresa cotidianamente de múltiples maneras, y que para enfrentarla la participación de los hombres es imprescindible.
Según Martha Lamas, el movimiento feminista latinoamericano centró inicialmente sus demandas en torno a la maternidad voluntaria (educación sexual, uso de anticonceptivos y derecho al aborto), a la libre opción sexual y al combate a la violencia sexual. Virginia Vargas recuerda cómo en el Perú a inicios de la década de los años setenta el movimiento feminista estaba compuesto básicamente por exmilitantes de partidos de izquierda, lo que marcó sus demandas y estilos. Todo esto logró que el feminismo ganara cohesión y presencia pública, pero también que se ganara una imagen beligerante y cuya convocatoria no fuera más allá de pequeños núcleos.
Mucho ha cambiado desde entonces para el feminismo y para nuestras sociedades, y hoy somos más concientes de cómo la discriminación de género es resultado de múltiples exclusiones. Familias y madres sin información ni libertad para ejercer derechos reproductivos; que luego practican una crianza que reproduce esquemas patriarcales (mujeres, cuidado del hogar y maternidad; hombres, salida al mercado y al mundo público). Más adelante, niñas con menor acceso a la educación que los niños, por la sobrecarga de las tareas domésticas. En la juventud, adolescentes con maternidad temprana no deseada; luego, una división del trabajo social en el que el cuidado del hogar, de los niños, enfermos y adultos mayores recae sobre todo en las mujeres, actividades no reconocidas ni remuneradas. Todo lo cual afecta la inserción de la mujer en mercado laboral, donde recibe en promedio menor remuneración que un hombre. Todo lo cual se expresa también en menores niveles de participación social y política, y llegada a altos cargos de prestigio y poder.
A esto hay que sumarle la influencia de medios de comunicación que reproducen y amplifican lógicas patriarcales y machistas; mujeres usadas como “adorno”, objetos sexuales o soporte de publicidad comercial en programas de televisión, eventos empresariales, conferencias de prensa. Todo lo cual aumenta la vulnerabilidad y victimización de las mujeres en el espacio público.
Los hombres tenemos que defender también los derechos de las mujeres. Y asumir nuestra cuota de trabajo e involucrarnos en el cuidado del hogar y de las familias, denunciar el sexismo en las relaciones de pareja, en la educación, el trabajo, la calle, los medios, la publicidad. Renunciar a una posición de presunto privilegio que también nos degrada. Se ha avanzado, pero hay mucho por hacer.
martes, 23 de septiembre de 2014
Las imágenes de lo popular
Artículo publicado en La República, domingo 21 de setiembre de 2014
En la política, las imágenes de la racionalidad popular suelen variar en función de que coincidan o no con las opiniones de cada uno: si son las mismas, el pueblo es poseedor de una sabiduría natural y capaz de certeras intuiciones; si son contrarias, es ignorante y manipulable.
Gruesamente hablando, desde la izquierda y desde la derecha se ha oscilado entre ambos extremos. La tradición marxista-leninista llevó inevitablemente al “vanguardismo”: una elite esclarecida debía llevar “la verdad” a las masas “alienadas”, hacerles “tomar conciencia” de sus genuinos intereses, incapaces de hacerlo por sí mismos. En el otro extremo, siempre hubo una derecha aristocrática que despreció al pueblo, visto como inmerso en un mundo atrasado, premoderno, lleno de “malas costumbres” y “supersticiones”. Solo podría ser redimido mediante la educación, que implicaba erradicar sus hábitos, “civilizarlo” con la cultura occidental, racional, moderna.
Al mismo tiempo, hubo también tradiciones de cierta inspiración populista en ambos sectores políticos. Desde la izquierda se planteó también el rescate y valoración de la cultura popular, de modo que aquella solo tendría sentido si surgía de los anhelos de justicia del pueblo, y compartía sus valores y prácticas, precisamente rechazados por el aristocratismo de la derecha. Esto implicaba ir más allá de las consideraciones de clase y considerar el mundo de la cultura. Los planteamientos “nacional-populares” de socialistas italianos como Gramsci serían emblemáticos de esta postura. En la otra orilla, hubo también un populismo de derecha, que se asentaba precisamente en el hecho de que los valores populares tradicionales serían más bien conservadores: el respeto a la familia, a la autoridad, las demandas de estabilidad y seguridad, el rechazo a lo “foráneo”. El catolicismo conservador ha sido tradicionalmente una fuente de inspiración para estas posturas.
En las últimas décadas, el Senderismo fue el extremo delirante de las concepciones vanguardistas de izquierda. La conciencia debía ser “inculcada” mediante el terror y la violencia. El aristocratismo de derecha ha sido arrinconado por su incorrección política, no tiene expresiones partidarias, aunque subsiste en el sentido común de sectores altos. El populismo de izquierda encontró en Barrantes su mejor expresión (provinciana, empática); el de derecha tuvo acaso en el segundo belaundismo su último gran referente. En el medio se ubicó el populismo más convencional, menos ideológico, representado por el APRA, con más libertad para adaptarse en función de sus intereses electorales.
Lo nuevo en las elecciones de octubre próximo es que ha prosperado como no lo hacía desde hace mucho una derecha populista; que el viejo discurso de la derecha aristocrática parece haber sido asumido en parte por un sector reformista de izquierda, que sustituye sin resolver el viejo vanguardismo marxista-leninista. El populismo de izquierda está fuerte en algunas regiones, pero ausente en Lima.
En la política, las imágenes de la racionalidad popular suelen variar en función de que coincidan o no con las opiniones de cada uno: si son las mismas, el pueblo es poseedor de una sabiduría natural y capaz de certeras intuiciones; si son contrarias, es ignorante y manipulable.
Gruesamente hablando, desde la izquierda y desde la derecha se ha oscilado entre ambos extremos. La tradición marxista-leninista llevó inevitablemente al “vanguardismo”: una elite esclarecida debía llevar “la verdad” a las masas “alienadas”, hacerles “tomar conciencia” de sus genuinos intereses, incapaces de hacerlo por sí mismos. En el otro extremo, siempre hubo una derecha aristocrática que despreció al pueblo, visto como inmerso en un mundo atrasado, premoderno, lleno de “malas costumbres” y “supersticiones”. Solo podría ser redimido mediante la educación, que implicaba erradicar sus hábitos, “civilizarlo” con la cultura occidental, racional, moderna.
Al mismo tiempo, hubo también tradiciones de cierta inspiración populista en ambos sectores políticos. Desde la izquierda se planteó también el rescate y valoración de la cultura popular, de modo que aquella solo tendría sentido si surgía de los anhelos de justicia del pueblo, y compartía sus valores y prácticas, precisamente rechazados por el aristocratismo de la derecha. Esto implicaba ir más allá de las consideraciones de clase y considerar el mundo de la cultura. Los planteamientos “nacional-populares” de socialistas italianos como Gramsci serían emblemáticos de esta postura. En la otra orilla, hubo también un populismo de derecha, que se asentaba precisamente en el hecho de que los valores populares tradicionales serían más bien conservadores: el respeto a la familia, a la autoridad, las demandas de estabilidad y seguridad, el rechazo a lo “foráneo”. El catolicismo conservador ha sido tradicionalmente una fuente de inspiración para estas posturas.
En las últimas décadas, el Senderismo fue el extremo delirante de las concepciones vanguardistas de izquierda. La conciencia debía ser “inculcada” mediante el terror y la violencia. El aristocratismo de derecha ha sido arrinconado por su incorrección política, no tiene expresiones partidarias, aunque subsiste en el sentido común de sectores altos. El populismo de izquierda encontró en Barrantes su mejor expresión (provinciana, empática); el de derecha tuvo acaso en el segundo belaundismo su último gran referente. En el medio se ubicó el populismo más convencional, menos ideológico, representado por el APRA, con más libertad para adaptarse en función de sus intereses electorales.
Lo nuevo en las elecciones de octubre próximo es que ha prosperado como no lo hacía desde hace mucho una derecha populista; que el viejo discurso de la derecha aristocrática parece haber sido asumido en parte por un sector reformista de izquierda, que sustituye sin resolver el viejo vanguardismo marxista-leninista. El populismo de izquierda está fuerte en algunas regiones, pero ausente en Lima.
Ana Jara y el Consejo de Ministros
Artículo publicado en La República, domingo 14 de setiembre de 2014
No habíamos comentado en esta columna sobre el Consejo de Ministros presidido por Ana Jara. Su naturaleza resulta paradójica. De un lado, parece débil: apenas logró obtener el voto de confianza por parte del Congreso, y varios de sus ministros son fuertemente cuestionados, incluyendo al poderoso ministro de Economía, y al ministro más popular, el del Interior. En las próximas semanas, el ministro de Energía y Minas podría ser censurado por el Congreso. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos un gobierno que sube en los niveles de aprobación a su gestión por parte de la ciudadanía y una opinión pública concentrada en las elecciones regionales y municipales, al punto que lo que ocurre con el poder ejecutivo resulta de poco interés. El hemiciclo semi vacío al final de la sesión de interpelación al ministro Mayorga, suspendida por falta de quórum, es una muestra elocuente de ello. Todo esto a pesar la existencia de problemas serios en la conducta de este y otros ministros, que Ana Jara debe ser capaz de controlar.
Lo que ocurre es que los problemas que tiene el Consejo de Ministros de Ana Jara no son consecuencia de cuestionamientos realmente de fondo, por más aspavientosos que parezcan algunos. Se trata de objeciones precisas a personajes puntuales que no ponen en debate las orientaciones generales de las políticas: cuestionamientos por un mal manejo de situaciones que exponen conflictos de interés (Mayorga), molestia por estilos y falta de modales (Urresti) o la necesidad de encontrar alguien a quien culpar por la desaceleración del crecimiento económico (Castilla). La aprobación a la gestión del gobierno está subiendo en la opinión pública, pese a la desaceleración, el ministro Urresti sigue siendo popular, y en realidad Mayorga es una pieza menor dentro del gobierno, que podría perfectamente caer sin mayores consecuencias. Del lado del Congreso, la aparente beligerancia opositora reside en realidad en la deserción de algunos miembros de la bancada nacionalista resultado de problemas de coordinación, no de pedidos de cambio sustantivos. Así, las eventuales interpelaciones y censuras no afectan en el fondo a la estabilidad del gobierno.
En realidad, la pregunta que podría resultar interesante es si Ana Jara podría convertirse en una candidata mínimamente eficaz representando al Partido Nacionalista en 2016, que no repita la historia de Mercedes Araoz con el APRA en 2011 o de Jeannete Enmanuel y Rafael Belaunde con Perú Posible en 2006. Por el momento, ha optado por un conveniente perfil bajo en los ataques que reciben los ministros cuestionados en el Congreso y en la prensa, que también se esmeran en precisar que no están dirigidos contra ella. ¿El presidente y la primera dama le darán espacio aportando a tener una mínima representación parlamentaria en 2016? Tal vez sí, en tanto Nadine Heredia podría encabezar la lista parlamentaria nacionalista en Lima. Pero para ello se requiere más que dejarse llevar por la pequeña marea ascendente del momento.
No habíamos comentado en esta columna sobre el Consejo de Ministros presidido por Ana Jara. Su naturaleza resulta paradójica. De un lado, parece débil: apenas logró obtener el voto de confianza por parte del Congreso, y varios de sus ministros son fuertemente cuestionados, incluyendo al poderoso ministro de Economía, y al ministro más popular, el del Interior. En las próximas semanas, el ministro de Energía y Minas podría ser censurado por el Congreso. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos un gobierno que sube en los niveles de aprobación a su gestión por parte de la ciudadanía y una opinión pública concentrada en las elecciones regionales y municipales, al punto que lo que ocurre con el poder ejecutivo resulta de poco interés. El hemiciclo semi vacío al final de la sesión de interpelación al ministro Mayorga, suspendida por falta de quórum, es una muestra elocuente de ello. Todo esto a pesar la existencia de problemas serios en la conducta de este y otros ministros, que Ana Jara debe ser capaz de controlar.
Lo que ocurre es que los problemas que tiene el Consejo de Ministros de Ana Jara no son consecuencia de cuestionamientos realmente de fondo, por más aspavientosos que parezcan algunos. Se trata de objeciones precisas a personajes puntuales que no ponen en debate las orientaciones generales de las políticas: cuestionamientos por un mal manejo de situaciones que exponen conflictos de interés (Mayorga), molestia por estilos y falta de modales (Urresti) o la necesidad de encontrar alguien a quien culpar por la desaceleración del crecimiento económico (Castilla). La aprobación a la gestión del gobierno está subiendo en la opinión pública, pese a la desaceleración, el ministro Urresti sigue siendo popular, y en realidad Mayorga es una pieza menor dentro del gobierno, que podría perfectamente caer sin mayores consecuencias. Del lado del Congreso, la aparente beligerancia opositora reside en realidad en la deserción de algunos miembros de la bancada nacionalista resultado de problemas de coordinación, no de pedidos de cambio sustantivos. Así, las eventuales interpelaciones y censuras no afectan en el fondo a la estabilidad del gobierno.
En realidad, la pregunta que podría resultar interesante es si Ana Jara podría convertirse en una candidata mínimamente eficaz representando al Partido Nacionalista en 2016, que no repita la historia de Mercedes Araoz con el APRA en 2011 o de Jeannete Enmanuel y Rafael Belaunde con Perú Posible en 2006. Por el momento, ha optado por un conveniente perfil bajo en los ataques que reciben los ministros cuestionados en el Congreso y en la prensa, que también se esmeran en precisar que no están dirigidos contra ella. ¿El presidente y la primera dama le darán espacio aportando a tener una mínima representación parlamentaria en 2016? Tal vez sí, en tanto Nadine Heredia podría encabezar la lista parlamentaria nacionalista en Lima. Pero para ello se requiere más que dejarse llevar por la pequeña marea ascendente del momento.
jueves, 11 de septiembre de 2014
Representar a la mayoría
Artículo publicado en La República, domingo 7 de setiembre de 2014
Hace unas décadas, lo que podríamos llamar gruesamente la “sociedad informal” era vista con gran simpatía y esperanza. Desde las ciencias sociales, los migrantes que se asentaron en la periferia de las ciudades eran vistos como el germen de una nueva ciudadanía, más nacional, más integrada, que superaría las viejas divisiones y exclusiones del país. Esta visión cuestionaba una originada en la vieja oligarquía, la cual se veía víctima de la “invasión” de clases “peligrosas”, que habían terminado con la idílica Lima “del puente a la alameda”, por así decirlo. Desde la izquierda se pensaba que de allí saldrían los movimientos de protesta que serían la base del socialismo, y desde la derecha empezó a verse allí el germen de una revolución capitalista, pequeños empresarios y emprendedores enfrentados al intervencionismo estatal.
Ese entusiasmo general se trocó en decepción en la década de los años noventa. Desde el triunfo de Ricardo Belmont en la alcaldía de Lima en 1989 y con el fujimorismo en toda la década de los noventa, la sociedad informal empezó a ser vista como el mundo del pragmatismo egoísta, del clientelismo, del populismo de derecha. En esos mismos años Alberto Andrade encarnó el sueño de la recuperación de la Lima criolla, expresado en un centro sin vendedores ambulantes. Desde entonces, se consolidó en Lima una suerte de divorcio en el que el populismo de derecha estuvo más cerca del mundo popular, mientras que la izquierda quedaba del lado de las demandas de orden y recuperación de las tradiciones perdidas. En la década siguiente, Luis Castañeda consolidó esa configuración política, oponiendo como estrategia las “Escaleras Solidarias” a la Vía Expresa de la Avenida Javier Prado.
Cuán lejos y sin referentes terminó la izquierda de la sociedad popular se expresa en la gestión de Villarán, que tiene en los sectores altos su principal fuente de apoyo. Villarán abandonó en la práctica la pretensión de tener como centro de su gestión a planes de desarrollo social o de atención a la pobreza, o al programa Barrio Mío. Centró como emblemática a la reforma del transporte, cuya accidentada implementación ha favorecido por el momento a los autos particulares y a los usuarios de Miraflores, pero perjudicado a los del Rímac. Todo esto, por supuesto, favorece a Luis Castañeda y sus maniobras.
Está todavía pendiente construir una representación política de esos sectores “emergentes”, hoy mayoritarios en Lima. Ni el populismo de derecha ni el paradójico izquierdismo elitizado parecen ser opción. El reto de la formalización es ineludible, pero para ello debe resultar “racional” para la ciudadanía, por lo menos a mediano plazo, sobre la base de señales claras y confiables, no de una modernización tecnocrática. No existe todavía una oferta política que represente a la mayoría de limeños, la distancia entre la élite política y la sociedad que aspira a representar es enorme. Y en ese vacío prosperan los oportunistas, corsarios y piratas de la política.
Hace unas décadas, lo que podríamos llamar gruesamente la “sociedad informal” era vista con gran simpatía y esperanza. Desde las ciencias sociales, los migrantes que se asentaron en la periferia de las ciudades eran vistos como el germen de una nueva ciudadanía, más nacional, más integrada, que superaría las viejas divisiones y exclusiones del país. Esta visión cuestionaba una originada en la vieja oligarquía, la cual se veía víctima de la “invasión” de clases “peligrosas”, que habían terminado con la idílica Lima “del puente a la alameda”, por así decirlo. Desde la izquierda se pensaba que de allí saldrían los movimientos de protesta que serían la base del socialismo, y desde la derecha empezó a verse allí el germen de una revolución capitalista, pequeños empresarios y emprendedores enfrentados al intervencionismo estatal.
Ese entusiasmo general se trocó en decepción en la década de los años noventa. Desde el triunfo de Ricardo Belmont en la alcaldía de Lima en 1989 y con el fujimorismo en toda la década de los noventa, la sociedad informal empezó a ser vista como el mundo del pragmatismo egoísta, del clientelismo, del populismo de derecha. En esos mismos años Alberto Andrade encarnó el sueño de la recuperación de la Lima criolla, expresado en un centro sin vendedores ambulantes. Desde entonces, se consolidó en Lima una suerte de divorcio en el que el populismo de derecha estuvo más cerca del mundo popular, mientras que la izquierda quedaba del lado de las demandas de orden y recuperación de las tradiciones perdidas. En la década siguiente, Luis Castañeda consolidó esa configuración política, oponiendo como estrategia las “Escaleras Solidarias” a la Vía Expresa de la Avenida Javier Prado.
Cuán lejos y sin referentes terminó la izquierda de la sociedad popular se expresa en la gestión de Villarán, que tiene en los sectores altos su principal fuente de apoyo. Villarán abandonó en la práctica la pretensión de tener como centro de su gestión a planes de desarrollo social o de atención a la pobreza, o al programa Barrio Mío. Centró como emblemática a la reforma del transporte, cuya accidentada implementación ha favorecido por el momento a los autos particulares y a los usuarios de Miraflores, pero perjudicado a los del Rímac. Todo esto, por supuesto, favorece a Luis Castañeda y sus maniobras.
Está todavía pendiente construir una representación política de esos sectores “emergentes”, hoy mayoritarios en Lima. Ni el populismo de derecha ni el paradójico izquierdismo elitizado parecen ser opción. El reto de la formalización es ineludible, pero para ello debe resultar “racional” para la ciudadanía, por lo menos a mediano plazo, sobre la base de señales claras y confiables, no de una modernización tecnocrática. No existe todavía una oferta política que represente a la mayoría de limeños, la distancia entre la élite política y la sociedad que aspira a representar es enorme. Y en ese vacío prosperan los oportunistas, corsarios y piratas de la política.
lunes, 1 de septiembre de 2014
El humor de Zileri
Artículo publicado en La República, domingo 31 de agosto de 2014
Se ha escrito mucho sobre Enrique Zileri (1931-2014), legendario director de la revista Caretas. Se ha resaltado con justicia su lucha contra las dictaduras, su tarea fundacional y pedagógica en el periodismo; se ha comentado sobre su particular personalidad y carácter. Yo quisiera añadir algo sobre el humor en Zileri y en Caretas.
Seguir semana a semana los muy a menudo dramáticos o trágicos sucesos que ocurrieron en el Perú de las últimas décadas harían pensar que el tono de una revista política tendría que ser necesariamente grave y solemne. Y que la injusticia y la impunidad llevan inexorablemente a un tono rabioso e indignado. Recuerdo que en algún aniversario del excelente suplemento El Caballo Rojo de El Diario de Marka se publicó en las dos páginas centrales el poema “A nuestros sucesores” de Bertold Brecht, que en cierta forma expresaba ese talante: “Realmente, vivo en una época sombría / La palabra inofensiva es estúpida. Una frente lisa / es signo de insensibilidad. El hombre que ríe / no se ha enterado aún, simplemente, de / la terrible noticia (…) Y, sin embargo, sabemos: / el odio, hasta contra la degradación, / deforma las facciones. / La ira, hasta contra la injusticia, / enronquece la voz. Oh, nosotros, / que queríamos preparar el terreno para la amabilidad / no pudimos ser amables”.
A pesar de esto, el propio Caballo Rojo, bajo la conducción de Antonio Cisneros, expresó una sensibilidad muy lejana a lo que este poema sugiere. Y más adelante, dentro del mundo de izquierda, la revista Sí y el suplemento No eran magnífica demostración de que había otras maneras de vivir consecuentemente esa “época sombría”. Acaso Caretas fue siempre la revista que mejor y más constantemente sintetizó otra actitud, otra filosofía ante las cosas que nos tocó vivir, que impuso el talante de Zileri: el humor, la ironía, como armas de la crítica; la argumentación y la persuación antes que la prédica rutinaria a los conversos; la disposición a reconocer validez en los puntos de vista de los adversarios.
No sé si Zileri haya leído al filósofo Richard Rorty, pero recordé alguno de sus escritos en estos días. Me atrevo a pensar que Zileri tenía el talante de lo que Rorty llamaba un “ironista liberal”. Alguien sin un “gran sistema” de creencias, que busca la verdad en el debate y la argumentación, siempre contingente, mucho más en los tiempos tan confusos e imprevisibles como los que nos tocó vivir. Alguien así difícilmente puede ser solemne, tomarse muy en serio a sí mismo, de allí su peculiar sentido del humor, expresado elocuentemente en el recordado “piletazo” de abril de 1995. Y su actuación pública no está motivada por una tarea de salvación llevando una verdad revelada, sino por la solidaridad, por la preocupación por un “nosotros”.
Vistas las cosas asi, creo que el humor de Zileri y de Caretas no solo son parte de un legado periodístico; son en el fondo parte de un ideario demócrata y republicano. ¿Firme y feliz por la unión? Pálidos pero serenos.
Se ha escrito mucho sobre Enrique Zileri (1931-2014), legendario director de la revista Caretas. Se ha resaltado con justicia su lucha contra las dictaduras, su tarea fundacional y pedagógica en el periodismo; se ha comentado sobre su particular personalidad y carácter. Yo quisiera añadir algo sobre el humor en Zileri y en Caretas.
Seguir semana a semana los muy a menudo dramáticos o trágicos sucesos que ocurrieron en el Perú de las últimas décadas harían pensar que el tono de una revista política tendría que ser necesariamente grave y solemne. Y que la injusticia y la impunidad llevan inexorablemente a un tono rabioso e indignado. Recuerdo que en algún aniversario del excelente suplemento El Caballo Rojo de El Diario de Marka se publicó en las dos páginas centrales el poema “A nuestros sucesores” de Bertold Brecht, que en cierta forma expresaba ese talante: “Realmente, vivo en una época sombría / La palabra inofensiva es estúpida. Una frente lisa / es signo de insensibilidad. El hombre que ríe / no se ha enterado aún, simplemente, de / la terrible noticia (…) Y, sin embargo, sabemos: / el odio, hasta contra la degradación, / deforma las facciones. / La ira, hasta contra la injusticia, / enronquece la voz. Oh, nosotros, / que queríamos preparar el terreno para la amabilidad / no pudimos ser amables”.
A pesar de esto, el propio Caballo Rojo, bajo la conducción de Antonio Cisneros, expresó una sensibilidad muy lejana a lo que este poema sugiere. Y más adelante, dentro del mundo de izquierda, la revista Sí y el suplemento No eran magnífica demostración de que había otras maneras de vivir consecuentemente esa “época sombría”. Acaso Caretas fue siempre la revista que mejor y más constantemente sintetizó otra actitud, otra filosofía ante las cosas que nos tocó vivir, que impuso el talante de Zileri: el humor, la ironía, como armas de la crítica; la argumentación y la persuación antes que la prédica rutinaria a los conversos; la disposición a reconocer validez en los puntos de vista de los adversarios.
No sé si Zileri haya leído al filósofo Richard Rorty, pero recordé alguno de sus escritos en estos días. Me atrevo a pensar que Zileri tenía el talante de lo que Rorty llamaba un “ironista liberal”. Alguien sin un “gran sistema” de creencias, que busca la verdad en el debate y la argumentación, siempre contingente, mucho más en los tiempos tan confusos e imprevisibles como los que nos tocó vivir. Alguien así difícilmente puede ser solemne, tomarse muy en serio a sí mismo, de allí su peculiar sentido del humor, expresado elocuentemente en el recordado “piletazo” de abril de 1995. Y su actuación pública no está motivada por una tarea de salvación llevando una verdad revelada, sino por la solidaridad, por la preocupación por un “nosotros”.
Vistas las cosas asi, creo que el humor de Zileri y de Caretas no solo son parte de un legado periodístico; son en el fondo parte de un ideario demócrata y republicano. ¿Firme y feliz por la unión? Pálidos pero serenos.
Perú, país de ingreso medio
Artículo publicado en La República, domingo 24 de agosto de 2014
Por los cincuenta años del Instituto de Estudios Peruanos organizamos un seminario en el que participó Alejandro Foxley, emblemático “tecnopolítico” latinoamericano: economista, académico, luego Ministro de Hacienda, senador y Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, luego funcionario de organismos internacionales multilaterales.
Foxley planteó la necesidad de estudiar la problemática y desafíos de la “trampa” que enfrentan los países de ingreso medio. Según las estadísticas, Perú dejó de ser “pobre” en los últimos años, al llegar a unos 10,000 dólares de ingreso promedio per cápita. ¿Solo una ilusión estadística? Según Foxley, esta situación nos pone retos diferentes de los que hemos estado habituados a pensar hasta el momento, y abre oportunidades antes inexistentes. Vista la cosa internacionalmente, Perú sería parte de un grupo de países que corre el riesgo de quedarse indefinidamente en una situación en la que se combinan razgos de país pobre con uno de país desarrollado: países como Malasia, Tailandia, Rumania, Bulgaria, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. Esta combinación, como sabemos, no es novedad para nosotros; llevamos décadas hablando sobre el “dualismo” o la fragementación del país, entre la coexistencia de un polo moderno-desarrollado y otro tradicional, con una mayoría empobrecida. Lo nuevo sería que la pobreza se ha reducido, los sectores medios han crecido, y el dinamismo económico estaría generando oportunidades que permitirían seguir un camino que podría llevarnos al desarrollo.
En las últimas décadas, muchos países han caído en esa trampa; los que la lograron sortear no están en América Latina: Finlandia, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, España, Portugal, aunque estos tres últimos enfrentan en los últimos años serias deficultades. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias? La necesidad de implementar políticas de crecimiento contracíclicas, con una regulación financiera eficiente; evitar una rigidez laboral y cambiaria, que nos haga vulnerables a situaciones de crisis; realizar una fuerte inversión en educación e innovación; construir un gran consenso social y político, que sostenga políticas de largo plazo.
En particular, para los países latinoamericanos, las tareas principales pasarían por avanzar en la diversificación de nuestra producción y exportaciones; para ello, una clave sería utilizar los recursos de la actual etapa de abundancia para defendernos de situaciones de crisis; el combatir las desigualdades, para lo cual se tiene que continuar con el combate a la pobreza, atender la extrema vulnerablidad de las “nuevas” clases medias; y atender la calidad de vida en las grandes ciudades, entre otras cosas. En el Perú en particular, diría que la absorción o integración (antes que “combate”) del mundo “informal” es una prioridad evidente.
Como puede verse, no se trata de hacer más de lo mismo que hemos hecho hasta ahora, sino de pasar a otra etapa, enfrentar otra agenda.
Por los cincuenta años del Instituto de Estudios Peruanos organizamos un seminario en el que participó Alejandro Foxley, emblemático “tecnopolítico” latinoamericano: economista, académico, luego Ministro de Hacienda, senador y Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, luego funcionario de organismos internacionales multilaterales.
Foxley planteó la necesidad de estudiar la problemática y desafíos de la “trampa” que enfrentan los países de ingreso medio. Según las estadísticas, Perú dejó de ser “pobre” en los últimos años, al llegar a unos 10,000 dólares de ingreso promedio per cápita. ¿Solo una ilusión estadística? Según Foxley, esta situación nos pone retos diferentes de los que hemos estado habituados a pensar hasta el momento, y abre oportunidades antes inexistentes. Vista la cosa internacionalmente, Perú sería parte de un grupo de países que corre el riesgo de quedarse indefinidamente en una situación en la que se combinan razgos de país pobre con uno de país desarrollado: países como Malasia, Tailandia, Rumania, Bulgaria, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. Esta combinación, como sabemos, no es novedad para nosotros; llevamos décadas hablando sobre el “dualismo” o la fragementación del país, entre la coexistencia de un polo moderno-desarrollado y otro tradicional, con una mayoría empobrecida. Lo nuevo sería que la pobreza se ha reducido, los sectores medios han crecido, y el dinamismo económico estaría generando oportunidades que permitirían seguir un camino que podría llevarnos al desarrollo.
En las últimas décadas, muchos países han caído en esa trampa; los que la lograron sortear no están en América Latina: Finlandia, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, España, Portugal, aunque estos tres últimos enfrentan en los últimos años serias deficultades. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias? La necesidad de implementar políticas de crecimiento contracíclicas, con una regulación financiera eficiente; evitar una rigidez laboral y cambiaria, que nos haga vulnerables a situaciones de crisis; realizar una fuerte inversión en educación e innovación; construir un gran consenso social y político, que sostenga políticas de largo plazo.
En particular, para los países latinoamericanos, las tareas principales pasarían por avanzar en la diversificación de nuestra producción y exportaciones; para ello, una clave sería utilizar los recursos de la actual etapa de abundancia para defendernos de situaciones de crisis; el combatir las desigualdades, para lo cual se tiene que continuar con el combate a la pobreza, atender la extrema vulnerablidad de las “nuevas” clases medias; y atender la calidad de vida en las grandes ciudades, entre otras cosas. En el Perú en particular, diría que la absorción o integración (antes que “combate”) del mundo “informal” es una prioridad evidente.
Como puede verse, no se trata de hacer más de lo mismo que hemos hecho hasta ahora, sino de pasar a otra etapa, enfrentar otra agenda.
lunes, 18 de agosto de 2014
Henry Pease, 1944-2014
Artículo publicado en La República, domingo 17 de agosto de 2014
Desde muy temprano construyó los pilares que marcarían su vida. La política (fue presidente de la Federación de Estudiantes) y la academia: al poco tiempo de egresar de la PUCP empezó una ininterrumpida carrera docente, y se convirtió en director de DESCO, importante ONG de investigación y promoción del desarrollo. Desde entonces le tocó lidiar también con una enfermedad que marcaría la tenacidad con la que acometería todas sus tareas; y acaso también una visión de la vida capaz de situarse por encima de las contingencias del momento, y en la que las prioridades estaban bien puestas: la familia, la amistad, los afectos.
Esta combinación hizo que su trabajo académico estuviera politizado en el mejor sentido: orientado por la preocupación por los problemas del país. Como académico fue pionero en reivindicar la legitimidad de la democracia, algo extraño para la izquierda de la época, y tambien la autonomía de la política: por encima de los intereses de clase, la política era también negociación y acuerdo. Pionero también en alentar la reflexión sobre lo que hoy llamaríamos el desarrollo de políticas públicas (el área urbana de DESCO, p.e.), todo lo cual se expresaba en sus sesudas e imprescindibles editoriales en la revista QueHacer.
En 1983 Alfonso Barrantes ganó la alcaldía de Lima, y Pease se convirtió en teniente alcalde y motor de la gestión. Llevó a una izquierda marxista-leninista tradicionalista muchas cosas: la valoración de la democracia, el rechazo rotundo al senderismo, la apertura al mundo no partidarizado, a la “sociedad civil”, la importancia de una gestión pública eficiente, la relación con el mundo de la investigación, de la promoción del desarrollo, y de la cultura. Fue el gran impulsor de la propuesta de convertir Izquierda Unida en más que la suma de sus partidos; vino la ruptura que no pudo evitar, y por sus principios, sacrificó por un buen tiempo largas y cercanas amistades.
En la década de los años noventa entendió que la oposición al fujimorismo era la tarea central, y que debía darse en todos los espacios; no cayó en la tentación del abstencionismo (error de muchos, entre ellos de sus compañeros de izquierda), y participó en un Congreso hostil. Muy a contracorriente ejerció la oposición, con valentía denunció los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Asumió que su tarea era articular un gran frente de oposición, y fue el gestor silencioso de los acuerdos que permitieron que Valentín Paniagua se convirtiera en Presidente del Congreso y en Presidente del gobierno de transición. Este nuevo perfil lo acercó a Toledo y lo llevó a la presidencia del Congreso, donde intentó implementar una reforma integral de la Constitución y una reforma política, lamentablemente fallidas.
En los últimos años, desde la Escuela de Gobierno de la PUCP, asumió que su servicio al país era formar profesionales competentes, pero con criterio y sensibilidad política. En la universidad nos veíamos con frecuencia. Lo voy a extrañar.
Desde muy temprano construyó los pilares que marcarían su vida. La política (fue presidente de la Federación de Estudiantes) y la academia: al poco tiempo de egresar de la PUCP empezó una ininterrumpida carrera docente, y se convirtió en director de DESCO, importante ONG de investigación y promoción del desarrollo. Desde entonces le tocó lidiar también con una enfermedad que marcaría la tenacidad con la que acometería todas sus tareas; y acaso también una visión de la vida capaz de situarse por encima de las contingencias del momento, y en la que las prioridades estaban bien puestas: la familia, la amistad, los afectos.
Esta combinación hizo que su trabajo académico estuviera politizado en el mejor sentido: orientado por la preocupación por los problemas del país. Como académico fue pionero en reivindicar la legitimidad de la democracia, algo extraño para la izquierda de la época, y tambien la autonomía de la política: por encima de los intereses de clase, la política era también negociación y acuerdo. Pionero también en alentar la reflexión sobre lo que hoy llamaríamos el desarrollo de políticas públicas (el área urbana de DESCO, p.e.), todo lo cual se expresaba en sus sesudas e imprescindibles editoriales en la revista QueHacer.
En 1983 Alfonso Barrantes ganó la alcaldía de Lima, y Pease se convirtió en teniente alcalde y motor de la gestión. Llevó a una izquierda marxista-leninista tradicionalista muchas cosas: la valoración de la democracia, el rechazo rotundo al senderismo, la apertura al mundo no partidarizado, a la “sociedad civil”, la importancia de una gestión pública eficiente, la relación con el mundo de la investigación, de la promoción del desarrollo, y de la cultura. Fue el gran impulsor de la propuesta de convertir Izquierda Unida en más que la suma de sus partidos; vino la ruptura que no pudo evitar, y por sus principios, sacrificó por un buen tiempo largas y cercanas amistades.
En la década de los años noventa entendió que la oposición al fujimorismo era la tarea central, y que debía darse en todos los espacios; no cayó en la tentación del abstencionismo (error de muchos, entre ellos de sus compañeros de izquierda), y participó en un Congreso hostil. Muy a contracorriente ejerció la oposición, con valentía denunció los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Asumió que su tarea era articular un gran frente de oposición, y fue el gestor silencioso de los acuerdos que permitieron que Valentín Paniagua se convirtiera en Presidente del Congreso y en Presidente del gobierno de transición. Este nuevo perfil lo acercó a Toledo y lo llevó a la presidencia del Congreso, donde intentó implementar una reforma integral de la Constitución y una reforma política, lamentablemente fallidas.
En los últimos años, desde la Escuela de Gobierno de la PUCP, asumió que su servicio al país era formar profesionales competentes, pero con criterio y sensibilidad política. En la universidad nos veíamos con frecuencia. Lo voy a extrañar.
Gestión de intereses
Artículo publicado en La República, domingo 10 de agosto de 2014
En los últimos días fue “hackeado” ilegalmente el correo electrónico del expresidente del Consejo de Ministros René Cornejo, y hecho público un mensaje de Cecilia Blume dirigido al Ministro de Economía, escrito en tono amical, argumentando a favor de la prórroga de la temporada de pesca de anchoveta de este año, cosa que efectivamente ocurrió días después. Blume es consultora empresarial (y en esa actividad es socia de la hermana del ministro Castilla), miembro del directorio de una empresa pesquera, y columnista del diario Correo. Hace unos años, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue asesora de Pedro Pablo Kuczynski tanto en el Ministerio de Economía como en la Presidencia del Consejo de Ministros, y en su ejercicio profesional coincidió también con el ex primer ministro Cornejo. El caso Blume no es aislado, es más bien la expresión emblemática de una situación general.
En un mundo ideal, los profesionales se forman en un conjunto amplio de universidades competitivas, y optan por carreras en el sector público, en el sector no gubernamental sin fines de lucro, en el mundo de la investigación académica, o en el sector privado. Los campos están bien delimitados, todos son relativamente prestigiosos, y bien remunerados. Así puede darse lo que Peter Evans llamó “autonomía imbricada” en un libro clásico dedicado al papel del Estado en el desarrollo industrial en países emergentes. La idea es que estos espacios estén relacionados, que compartan visiones favorables al desarrollo, pero que estén también en trincheras diferentes. Esta situación permitiría diálogo y acuerdos, pero también haría difícil la “captura” del Estado por intereses particulares o conductas predatorias por parte de este.
En países como el nuestro, los centros de formación universitaria de alta calidad son muy pocos, y quienes tienen acceso a ellos muchas veces comparten otros espacios: viven en los mismos distritos, estudiaron en los mismos colegios, son socios de los mismos clubes, todo afincando en Lima. Esta cercanía genera relaciones amicales y hasta de parentesco. Al mismo tiempo, no hay en el Estado una carrera pública, las ONGs tienen problemas crónicos de financiamiento, las universidades pagan mal, y el mundo empresarial privado es siempre movedizo. Todo esto hace que sea muy frecuente que se pase de un espacio al otro y que las fronteras sean siempre borrosas. Esas mismas personas suelen usar los medios de comunicación para opinar sobre las decisiones que deben toman las autoridades públicas. Al final, la percepción general es que diferentes “argollas” controlan el Estado, desatendiendo el interés general.
La legislación actual sobre la gestión de intereses y las incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios públicos queda corta. En el corto plazo, cuando menos, se necesita más transparencia en quienes abogan por intereses específicos, quienes toman las decisiones en el Estado, como en quienes opinamos sobre estos temas en los medios de comunicación.
VER TAMBIÉN:
Conflictos de interés (LR, 14 de noviembre de 2009
En los últimos días fue “hackeado” ilegalmente el correo electrónico del expresidente del Consejo de Ministros René Cornejo, y hecho público un mensaje de Cecilia Blume dirigido al Ministro de Economía, escrito en tono amical, argumentando a favor de la prórroga de la temporada de pesca de anchoveta de este año, cosa que efectivamente ocurrió días después. Blume es consultora empresarial (y en esa actividad es socia de la hermana del ministro Castilla), miembro del directorio de una empresa pesquera, y columnista del diario Correo. Hace unos años, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue asesora de Pedro Pablo Kuczynski tanto en el Ministerio de Economía como en la Presidencia del Consejo de Ministros, y en su ejercicio profesional coincidió también con el ex primer ministro Cornejo. El caso Blume no es aislado, es más bien la expresión emblemática de una situación general.
En un mundo ideal, los profesionales se forman en un conjunto amplio de universidades competitivas, y optan por carreras en el sector público, en el sector no gubernamental sin fines de lucro, en el mundo de la investigación académica, o en el sector privado. Los campos están bien delimitados, todos son relativamente prestigiosos, y bien remunerados. Así puede darse lo que Peter Evans llamó “autonomía imbricada” en un libro clásico dedicado al papel del Estado en el desarrollo industrial en países emergentes. La idea es que estos espacios estén relacionados, que compartan visiones favorables al desarrollo, pero que estén también en trincheras diferentes. Esta situación permitiría diálogo y acuerdos, pero también haría difícil la “captura” del Estado por intereses particulares o conductas predatorias por parte de este.
En países como el nuestro, los centros de formación universitaria de alta calidad son muy pocos, y quienes tienen acceso a ellos muchas veces comparten otros espacios: viven en los mismos distritos, estudiaron en los mismos colegios, son socios de los mismos clubes, todo afincando en Lima. Esta cercanía genera relaciones amicales y hasta de parentesco. Al mismo tiempo, no hay en el Estado una carrera pública, las ONGs tienen problemas crónicos de financiamiento, las universidades pagan mal, y el mundo empresarial privado es siempre movedizo. Todo esto hace que sea muy frecuente que se pase de un espacio al otro y que las fronteras sean siempre borrosas. Esas mismas personas suelen usar los medios de comunicación para opinar sobre las decisiones que deben toman las autoridades públicas. Al final, la percepción general es que diferentes “argollas” controlan el Estado, desatendiendo el interés general.
La legislación actual sobre la gestión de intereses y las incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios públicos queda corta. En el corto plazo, cuando menos, se necesita más transparencia en quienes abogan por intereses específicos, quienes toman las decisiones en el Estado, como en quienes opinamos sobre estos temas en los medios de comunicación.
VER TAMBIÉN:
Conflictos de interés (LR, 14 de noviembre de 2009
lunes, 4 de agosto de 2014
Cuarto año
Artículo publicado en La República, domingo 3 de agosto de 2014
El presidente Humala inicia el cuarto año de gobierno sin ruta de navegación. Con Salomón Lerner, en los primeros cinco meses, de lo que se trató fue de establecer un equipo de orientación izquierdista que implementara la “hoja de ruta”; con Oscar Valdés, en los siete meses siguientes, se trató de combinar crecimiento, inclusión y orden; con Juan Jiménez, durante dieciseis meses (quien retrospectivamente aparece como un maestro en el arte de gobiernar), la combinación fue crecimiento, inclusión y diálogo. César Villanueva en cuatro meses nunca llegó a ejercer propiamente el cargo, y René Cornejo en cinco mostró que nunca dejó de ser una salida de emergencia ante la caída de su predecesor. Ana Jara es una excelente operadora política, pero su problema es que encabeza el Consejo de Ministros de un gobierno sin rumbo. Ahora el crecimiento está en cuestión, la inclusión prácticamente desapareció del discurso, y el gobierno no se decide entre el diálogo o la confrontación con la oposición, ambigüedad que hizo precisamente fracasar la opción de Villanueva. En este momento, todo parece quedar en manos de la iniciativa de los ministros individuales: en Educación, en Salud, en Producción, en Transportes, tenemos ministros con agendas de reformas importantes, y sus iniciativas particulares son las que marcan el rumbo del gobierno. Todo esto hace que la percepción del desempeño gubernamental hasta el momento aparezca como mediocre.
Sin embargo, ubicados en el escenario electoral 2014-2016, resulta que el humalismo sigue ubicándose en el espacio de centro izquierda con el que ganó las elecciones. Otra manera de decir lo mismo es que a la izquierda de Humala no existe nada (tanto así que Susana Villarán terminó siendo candidata de “Diálogo Vecinal”), salvo la apuesta de que Tierra y Dignidad, liderado por Marco Arana, se convierta en un referente político viable. De otro lado, si bien el desempeño gubernamental parece muy mediocre, y la aprobación a la gestión de Humala al inicio del cuarto año es similar a la de García en el mismo momento, García ya había pasado por el escándalo de los petroaudios y por los sucesos de Bagua, mientras que sobre Humala no pesan cargas equivalentes. Esto hace que, por ejemplo, en la votación para elegir la nueva mesa directiva del Congreso, la lista oficialista aparezca como “progresista” frente a la de pepecistas, fujimoristas y apristas.
Todo esto genera varias paradojas: visto desde la derecha, la gestión de Humala es ciertamente amigable, pero no lo es comparado con lo que serían las cosas con Keiko Fujimori, Pedro P. Kuczynski, o un tercer gobierno de Alan García. Desde la izquierda Humala despierta tirria por su “traición”, pero el humalismo resulta parte indispensable de cualquier intento de construir un frente progresista.
PS. Mi solidaridad con Farid Kahhat, notable colega de la PUCP, víctima de comentarios deleznables del embajador de Israel en nuestro país, totalmente impropios de quien ejerce ese cargo.
El presidente Humala inicia el cuarto año de gobierno sin ruta de navegación. Con Salomón Lerner, en los primeros cinco meses, de lo que se trató fue de establecer un equipo de orientación izquierdista que implementara la “hoja de ruta”; con Oscar Valdés, en los siete meses siguientes, se trató de combinar crecimiento, inclusión y orden; con Juan Jiménez, durante dieciseis meses (quien retrospectivamente aparece como un maestro en el arte de gobiernar), la combinación fue crecimiento, inclusión y diálogo. César Villanueva en cuatro meses nunca llegó a ejercer propiamente el cargo, y René Cornejo en cinco mostró que nunca dejó de ser una salida de emergencia ante la caída de su predecesor. Ana Jara es una excelente operadora política, pero su problema es que encabeza el Consejo de Ministros de un gobierno sin rumbo. Ahora el crecimiento está en cuestión, la inclusión prácticamente desapareció del discurso, y el gobierno no se decide entre el diálogo o la confrontación con la oposición, ambigüedad que hizo precisamente fracasar la opción de Villanueva. En este momento, todo parece quedar en manos de la iniciativa de los ministros individuales: en Educación, en Salud, en Producción, en Transportes, tenemos ministros con agendas de reformas importantes, y sus iniciativas particulares son las que marcan el rumbo del gobierno. Todo esto hace que la percepción del desempeño gubernamental hasta el momento aparezca como mediocre.
Sin embargo, ubicados en el escenario electoral 2014-2016, resulta que el humalismo sigue ubicándose en el espacio de centro izquierda con el que ganó las elecciones. Otra manera de decir lo mismo es que a la izquierda de Humala no existe nada (tanto así que Susana Villarán terminó siendo candidata de “Diálogo Vecinal”), salvo la apuesta de que Tierra y Dignidad, liderado por Marco Arana, se convierta en un referente político viable. De otro lado, si bien el desempeño gubernamental parece muy mediocre, y la aprobación a la gestión de Humala al inicio del cuarto año es similar a la de García en el mismo momento, García ya había pasado por el escándalo de los petroaudios y por los sucesos de Bagua, mientras que sobre Humala no pesan cargas equivalentes. Esto hace que, por ejemplo, en la votación para elegir la nueva mesa directiva del Congreso, la lista oficialista aparezca como “progresista” frente a la de pepecistas, fujimoristas y apristas.
Todo esto genera varias paradojas: visto desde la derecha, la gestión de Humala es ciertamente amigable, pero no lo es comparado con lo que serían las cosas con Keiko Fujimori, Pedro P. Kuczynski, o un tercer gobierno de Alan García. Desde la izquierda Humala despierta tirria por su “traición”, pero el humalismo resulta parte indispensable de cualquier intento de construir un frente progresista.
PS. Mi solidaridad con Farid Kahhat, notable colega de la PUCP, víctima de comentarios deleznables del embajador de Israel en nuestro país, totalmente impropios de quien ejerce ese cargo.
miércoles, 30 de julio de 2014
Independencias
Artículo publicado en La República, domingo 27 de julio de 2014
Los historiadores Juan Carlos Estenssoro, Carla Granados y Cecilia Méndez, con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos y del Instituto Francés de Estudios Andinos, entre diversas instituciones, están promoviendo importantes actividades alrededor de la celebración de la independencia: un concurso de ensayos, “Narra la independencia desde tu pueblo, tu provincia o tu ciudad”, y un seminario internacional, “Las independencias antes de la independencia”. El concurso buscó visibilizar la complejidad y extensión del proceso independentista, y los ganadores dan cuenta de sucesos ocurridos en Huacho, Arequipa y Tarapacá. Es decir, la independencia fue mucho más que la proclama del 28 de julio de 1821 de San Martín en Lima, fue una suerte de guerra civil que movilizó gran parte de la población del territorio que se convirtiría en el Perú. De allí que el seminario hable de diversas “independencias” antes de 1821, luchas que se remontan cuando menos hasta 1811, con la rebelión de Francisco de Zela.
Los organizadores impugnan el desinterés oficial y la simplificación del discurso público sobre la independencia, que suele obviar a personajes como Túpac Amaru, Zela, Paillardelle, los hermanos Angulo, Pumacahua, entre otros. Estenssoro señala en entrevistas que esto sería parte de un espíritu de los tiempos desdeñoso del pasado, de las humanidades y de la reflexión crítica; Méndez que esto podría expresar el desdén centralista por las provincias y el recelo que genera en las élites la movilización popular.
¿Reivindican parcialmente los organizadores, sin pretenderlo, la retórica oficial de 1971, con su énfasis en los precursores y próceres, y la noción de que la nación peruana tenía importantes bases de legitimidad popular, noción cara tanto a la historiografía conservadora como a la retórica del nacionalismo velasquista que se juntaron curiosamente alrededor de la Comisión Organizadora del Sesquicentenario? (visión cuestionada por Heraclio Bonilla y Karen Spalding con su célebre tesis de la “independencia concedida” por fuerzas extranjeras). Podría decirse también que caracterizar el proceso independentista como “guerra civil” lleva a distanciarse un poco del discurso anticolonial convencional, otro punto de contacto posible con una narrativa conservadora. Sin embargo, intuyo que los organizadores quieren, aunque no de manera explícita, reivindicar la capacidad de agencia de los actores sociales en general y de los populares en particular, que no habrían logrado tener propiamente representación ni en el orden colonial ni en el republicano. Sería muy bueno intentar convertir esa intuición en un discurso historiográfico que compita con los desgastados existentes.
Esa tarea resulta más pertinente considerando que estamos ante la gestación de una nueva narrativa de la peruanidad, alrededor de valores como el “emprendedurismo”, la creatividad, y una reivindicación nacionalista (“Marca Perú”) que tiende a soslayar nuestras deudas históricas pendientes.
ACTUALIZACIÓN, 4 de agosto
Una "réplica" a mi artículo, de Juan Carlos Estenssoro:
Narra la independencia desde tu pueblo: Historia, Historiografía y memoria. Un aclaración necesaria, en respuesta a Martín Tanaka
Una versión corta de esta "réplica" se publicará como carta en el diario La República. Mi comentario al respecto, que envié al editor es esta:
“La intención de mi artículo era resaltar la valía e importancia del trabajo de Estenssoro y Méndez. En el texto me pregunto si sus iniciativas podrían tener puntos de contacto con la historiografía conservadora, y mi respuesta es que no, en tanto “intuyo que los organizadores quieren, aunque no de manera explícita, reivindicar la capacidad de agencia de los actores sociales en general y de los populares en particular, que no habrían logrado tener propiamente representación ni en el orden colonial ni en el republicano”.
En una nota aparte, no entiendo por qué se percibe que la categoría “conservador” tenga alguna carga negativa (“estigma”). El conservadurismo me parece plenamente respetable, la historiografía conservadora tiene aportes fundamentales que debemos valorar y recoger en cualquier narrativa sobre el devenir histórico del país. Saludos.
ACTUALIZACIÓN, 7 de agosto
Una nueva "réplica" a mi artículo, esta vez de Cecilia Méndez, aquí.
ACTUALIZACIÓN, 18 de agosto
Carta de Estenssoro a La República, del 8 de agosto, y mi breve réplica.
Los historiadores Juan Carlos Estenssoro, Carla Granados y Cecilia Méndez, con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos y del Instituto Francés de Estudios Andinos, entre diversas instituciones, están promoviendo importantes actividades alrededor de la celebración de la independencia: un concurso de ensayos, “Narra la independencia desde tu pueblo, tu provincia o tu ciudad”, y un seminario internacional, “Las independencias antes de la independencia”. El concurso buscó visibilizar la complejidad y extensión del proceso independentista, y los ganadores dan cuenta de sucesos ocurridos en Huacho, Arequipa y Tarapacá. Es decir, la independencia fue mucho más que la proclama del 28 de julio de 1821 de San Martín en Lima, fue una suerte de guerra civil que movilizó gran parte de la población del territorio que se convirtiría en el Perú. De allí que el seminario hable de diversas “independencias” antes de 1821, luchas que se remontan cuando menos hasta 1811, con la rebelión de Francisco de Zela.
Los organizadores impugnan el desinterés oficial y la simplificación del discurso público sobre la independencia, que suele obviar a personajes como Túpac Amaru, Zela, Paillardelle, los hermanos Angulo, Pumacahua, entre otros. Estenssoro señala en entrevistas que esto sería parte de un espíritu de los tiempos desdeñoso del pasado, de las humanidades y de la reflexión crítica; Méndez que esto podría expresar el desdén centralista por las provincias y el recelo que genera en las élites la movilización popular.
¿Reivindican parcialmente los organizadores, sin pretenderlo, la retórica oficial de 1971, con su énfasis en los precursores y próceres, y la noción de que la nación peruana tenía importantes bases de legitimidad popular, noción cara tanto a la historiografía conservadora como a la retórica del nacionalismo velasquista que se juntaron curiosamente alrededor de la Comisión Organizadora del Sesquicentenario? (visión cuestionada por Heraclio Bonilla y Karen Spalding con su célebre tesis de la “independencia concedida” por fuerzas extranjeras). Podría decirse también que caracterizar el proceso independentista como “guerra civil” lleva a distanciarse un poco del discurso anticolonial convencional, otro punto de contacto posible con una narrativa conservadora. Sin embargo, intuyo que los organizadores quieren, aunque no de manera explícita, reivindicar la capacidad de agencia de los actores sociales en general y de los populares en particular, que no habrían logrado tener propiamente representación ni en el orden colonial ni en el republicano. Sería muy bueno intentar convertir esa intuición en un discurso historiográfico que compita con los desgastados existentes.
Esa tarea resulta más pertinente considerando que estamos ante la gestación de una nueva narrativa de la peruanidad, alrededor de valores como el “emprendedurismo”, la creatividad, y una reivindicación nacionalista (“Marca Perú”) que tiende a soslayar nuestras deudas históricas pendientes.
ACTUALIZACIÓN, 4 de agosto
Una "réplica" a mi artículo, de Juan Carlos Estenssoro:
Narra la independencia desde tu pueblo: Historia, Historiografía y memoria. Un aclaración necesaria, en respuesta a Martín Tanaka
Una versión corta de esta "réplica" se publicará como carta en el diario La República. Mi comentario al respecto, que envié al editor es esta:
“La intención de mi artículo era resaltar la valía e importancia del trabajo de Estenssoro y Méndez. En el texto me pregunto si sus iniciativas podrían tener puntos de contacto con la historiografía conservadora, y mi respuesta es que no, en tanto “intuyo que los organizadores quieren, aunque no de manera explícita, reivindicar la capacidad de agencia de los actores sociales en general y de los populares en particular, que no habrían logrado tener propiamente representación ni en el orden colonial ni en el republicano”.
En una nota aparte, no entiendo por qué se percibe que la categoría “conservador” tenga alguna carga negativa (“estigma”). El conservadurismo me parece plenamente respetable, la historiografía conservadora tiene aportes fundamentales que debemos valorar y recoger en cualquier narrativa sobre el devenir histórico del país. Saludos.
ACTUALIZACIÓN, 7 de agosto
Una nueva "réplica" a mi artículo, esta vez de Cecilia Méndez, aquí.
ACTUALIZACIÓN, 18 de agosto
Carta de Estenssoro a La República, del 8 de agosto, y mi breve réplica.
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