viernes, 30 de julio de 2021

Las opciones de Pedro Castillo (2)



Continúo con reflexiones sobre las opciones que tiene hacia adelante el presidente Castillo; ¿qué experiencias regionales son referencias útiles?

En los últimos meses hemos discutido el escenario de un Castillo que, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, intenta recomponer y copar el conjunto de las instituciones. Se ha dicho que la precaria representación parlamentaria con la que cuenta no haría eso posible, pero en Ecuador Rafael Correa logró, sin contar con un solo parlamentario, imponerse en su disputa con el Congreso; esto sobre la base de la presión desde el ejecutivo, la movilización callejera, y una hábil construcción de alianzas, que le permitieron contar con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral.

¿Está tentado Castillo por este camino? Juzgando desde sus discursos durante la primera vuelta parecería que sí, pero después de esta no ha dado señales claras. Además, la movilización del fujimorismo y de la derecha cuestionando la legitimidad de los resultados electorales ha terminado convirtiendo a la Asamblea Constituyente en una suerte de “parteaguas” para la mayoría en el Congreso: se termina aceptando el resultado de las elecciones, pero la posibilidad de la AC sería por el momento un asunto innegociable. Correa la pudo sacar adelante porque hizo de esa bandera un asunto central y no negociable de su propia campaña (al punto que no presentó lista parlamentaria para las elecciones de 2006). En Venezuela en 1998 con Hugo Chávez, y en Bolivia en 2005 con Evo Morales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente era una bandera que contaba con un importante respaldo ciudadano y entre las elites políticas. No es para nada el caso nuestro, al menos por ahora.

Castillo podría intentar imponer este camino sobre la base de anuncios  altisonantes el 28 de julio, sobre todo en ámbitos sectoriales, buscando construir legitimidad, y simultáneamente lanzar la iniciativa del recojo de firmas para la convocatoria a un referéndum para elegir una Asamblea Constituyente, pasando por encima del Congreso. Sería un camino largo y altamente controversial, que para prosperar necesitaría en última instancia del respaldo del JNE y del Tribunal Constitucional, cuestión que por ahora no suena creíble. Tampoco que, en medio de las circunstancias actuales, Castillo pueda escapar de una constante de los gobiernos de este siglo: llegar al poder con relativamente altos niveles de aprobación, pero perderlos muy rápidamente a lo largo del primer año, en gran medida por errores propios. A lo que se sumará el ejercicio de una oposición exigente desde el inicio.

Pero no solo está el escenario de presidentes que lograron imponerse sobre las restricciones institucionales vigentes: también tenemos presidentes identificados con proyectos de cambio que terminaron derrotados de diferentes maneras. En los últimos años, Lucio Gutiérrez en Ecuador en 2005, Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Dilma Rousseff en Brasil en 2016, Evo Morales en Bolivia en 2019. Si bien son todas experiencias muy diferentes, comparten el resquebrajamiento de sus coaliciones de apoyo, el fortalecimiento del bloque de oposición, cierto aislamiento político, ya sea por un contexto de movilización y protesta social, como porque no lograron el respaldo de actores institucionales clave (Congreso, Poder Judicial, Fuerzas Armadas). Como bien sabemos los peruanos por nuestra experiencia reciente con Kuczynski y Vizcarra, ante un presidente aislado, una mayoría congresal agresiva siempre puede encontrar algún pretexto, con mayor o menor fundamento, para justificar una declaratoria de vacancia.

¿Cuál será el destino de Castillo? Por supuesto, el presidente no está condenado a optar entre avasallar al Congreso o ser vacado por éste. Pero para tener éxito en la intención de sacar adelante un gobierno que implemente cambios significativos y al mismo tiempo logre una mínima estabilidad, necesita leer muy bien el escenario en el que está. Los resultados de la elección de la Mesa Directiva del Congreso son muy elocuentes: Castillo necesita ir mucho más allá de los cincuenta votos con los que cuenta por ahora.


Las opciones de Pedro Castillo




Como es lógico, en los últimos días se especula mucho sobre el posible rumbo del gobierno de Pedro Castillo, del nombre del Presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de Estado, entre otros asuntos. No solo los analistas están desconcertados, seguramente el propio Castillo también, quien se encuentra sometido a presiones cruzadas.

¿Cuáles son los intereses de Castillo? En primer lugar, procurará no ser vacado; el escenario de la vacancia no resulta inverosímil a juzgar por la composición del parlamento recién electo. Pero también tiene interés en hacer un gobierno mínimamente exitoso, al menos en términos de la aprobación popular a su gestión; además, dado su perfil ideológico, Castillo aspira a dejar huella, de marcar algunos procesos de cambio, no ser solo “administrador del sistema”. El problema es que cada una de estas metas se enfrenta a la constatación de la precariedad del partido que lo llevó al poder, de la fragilidad de la constelación de intereses que lo sostiene, de la amplitud, fortaleza y capacidad de presión de sus adversarios. Finalmente, Castillo ganó las elecciones con apenas el 19% de los votos válidos de primera vuelta, con son solo el 15% de los votos emitidos; y en el parlamento, con el 13.4% de los votos, obtuvo 37 representantes, el 28% del total, muy poco para asegurar una mínima estabilidad.

Ante esta constatación, se abren dos caminos, igualmente inciertos para Castillo. Uno conduce a la moderación, que podría asegurarle alguna cooperación y estabilidad, siempre y cuando lograra articular el apoyo de un centro capaz de aislar a la derecha más recalcitrante. En este escenario, mirando el Congreso, cada voto cuenta, empezando por asegurar los de Perú Libre, pero donde los de Acción Popular y Alianza para el Progreso resultan también fundamentales. El otro camino es la huída hacia adelante: si se considera que no es sensato quedar en manos de alianzas inciertas en el Congreso, el camino sería forzar una recomposición del mismo, a través de la aventura de la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución, más allá de su contenido, es un mecanismo para construir legitimidad política y forzar la elección de un nuevo Congreso bajo nuevas reglas, en las que se pueda obtener mayoría. El problema es que no hay manera de hacerlo sin pasar por un acuerdo del Congreso y, si se pretendiera pasar por encima de este, la declaratoria de vacancia entraría rápidamente en agenda. En Ecuador, entre 2006 y 2009, Rafael Correa lo pudo hacer, sobre la base de la presión gubernamental, de la movilización callejera, y sobre todo, con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral; para que esto funcione en Perú, Castillo debería construir un respaldo que por ahora no tiene, contar con cierta pasividad del del Congreso, del JNE y del Tribunal Constitucional, lo que resulta poco creíble. Si bien censurable en muchos sentidos, habría que reconocer que la movilización del fujimorismo alrededor del desconocimiento de los resultados electorales ha tenido en el corto plazo el efecto de galvanizar una oposición parlamentaria mayoritaria a cualquier intento de emprender una aventura de cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente.

¿Qué terminará haciendo Castillo? Si los escenarios que acabo de esbozar son razonables, Castillo podría intentar ensanchar el margen de maniobra del primer escenario: construir legitimidad a través de iniciativas audaces en los ámbitos sectoriales y espacios regionales; por medio de iniciativas en el plano de la micro, no de la macroeconomía. Al mismo tiempo, intentar acordar una agenda de reforma constitucional sustantiva a través del Congreso, refrendada vía referéndum, para honrar sus promesas electorales. Para esto, como decía, Castillo no solo necesita llegar a acuerdos con Perú Libre y Juntos por el Perú, necesita ir mucho más allá. Un acuerdo que incluya a AP y APP resulta crucial; estos comparten con Castillo y Perú Libre una cierta identidad provinciana que podría ser el punto de partida.

Negación electoral e institucional




Tradicionalmente, era la izquierda la que cuestionaba la legitimidad de las instituciones democrático liberales, mientras el liberalismo las defendía. En 1919 Lenin sostenía la tesis de que, dado el “carácter clasista de la democracia burguesa”, “la más democrática de las repúblicas burguesas no puede ser más que una máquina para oprimir a la clase obrera en favor de la burguesía”. Décadas después, mientras el liberalismo defendía la democracia representativa y la competencia plural entre partidos, la izquierda defendió modelos de partido único de “representación popular directa”. En la región, solo Cuba persiste con ese modelo dictatorial y anacrónico, y ojalá las protestas actuales abran el camino hacia la democratización en ese país.

La izquierda latinoamericana heredó buena parte de ese desdén por el orden institucional. En 2008, Evo Morales declaró que “cuando algún jurista me dice ‘Evo te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal’, bueno yo le meto, por más que sea ilegal, después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado”. En 2014 Rafael Correa calificó en 2014 a la alternancia en el poder como “un discurso burgués que nadie se cree. Es un mito. Tonterías de la oligarquía”.

En México, en 2006, Andrés Manuel López Obrador candidateó a la presidencia y obtuvo el 35.33%, frente al 35.89% de Felipe Calderón. El conteo rápido del Instituto Federal Electoral arrojó un empate estadístico, y si bien las cifras iniciales del conteo oficial mostraron una ventaja para AMLO, conforme se llegaba al 100%, Calderón pasó a la delantera. AMLO empezó hablar de fraude sin mayor fundamento y a pedir un recuento de votos; más adelante, ante la inminencia de la proclamación de los resultados, en un discurso declaró que “ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar la revolución de la conciencia para que el pueblo decida. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!”. Finalmente, AMLO se autoproclamó “presidente legítimo”, formó un “gabinete alterno” e intentó boicotear la toma de posesión de Calderón. Al final, la fuerza de los hechos se terminó imponiendo. Entonces, Mario Vargas Llosa escribió: “el candidato derrotado no ha podido fundamentar de una manera plausible sus acusaciones y a estas alturas resulta más que evidente que sus protestas expresaban más la ira y la frustración que la convicción de haber sido víctima de un fraude apoyada en pruebas razonables”.

Al parecer, tanto actores de izquierda como de derecha parecen respaldar la institucionalidad democrática cuando coincide con sus intereses políticos de corto plazo, y cuando no, simplemente las denuestan. Respecto a la derecha, hay una conservadora y reaccionaria, así como intereses mafiosos asociados a ella, que hacen previsible una reacción no democrática. Pero no es el caso de sectores liberales. Hacia 2006, Hugo Chávez era reelegido por segunda vez con más del 62% de los votos, organizó el Partido Socialista Unido de Venezuela y estaba por lanzar la propuesta del “socialismo del siglo XXI”. Ese año Morales tomaba el poder en Bolivia, y Rafael Correa ganaba las elecciones que lo llevarían a la presidencia al año siguiente. Podría decirse que la paranoia de la derecha en ese momento tenía algún fundamento, pero incluso en 2011 alguien como MVLL propuso un apoyo “exigente y crítico” a Ollanta Humala, para evitar “el retorno de un régimen que envileció la política y sembró de violencia, delito y sufrimiento a nuestro país”.

Resulta difícil de entender la postura asumida hoy por MVLL. Los peligros que denuncia en Castillo pueden tener algún fundamento, pero el camino no es “mandar al diablo” las instituciones, sino, como decía a propósito de AMLO, “liderar una oposición que, desde el Parlamento y todas las instancias públicas, no desde las barricadas, ejerza una vigilancia crítica sobre el poder, denunciando sus errores, apoyando sus aciertos, y presentando en todo momento alternativas convincentes a las políticas que considera equivocadas”.

La derecha como oposición (3)




Conforme pasan las semanas, considero que la novedad más relevante que deja el proceso electoral es la activación de una derecha en clave conservadora, que marcará en gran medida tanto el rumbo del gobierno de Pedro Castillo como de la evolución de la democracia peruana.

Llama la atención el carácter beligerante e impermeable del camino de la derecha. Desde la primera vuelta un candidato como Rafael López Aliaga llamó la atención por su discurso desafiantemente incorrecto, grosero, basado en teorías conspirativas, cómodamente instalado en el código de la posverdad, extremadamente conservador, antisistema. Lo más llamativo es que un candidato así tuviera serias opciones para pasar a segunda vuelta. Su extremismo es el que permitió que Keiko Fujimori llegara a ésta, pero su retórica terminó imponiéndose. La campaña en contra del comunismo, del chavismo, de la intromisión de fuerzas extranjeras, cierto desdén por el votante de las regiones andinas, pareció seguir las coordenadas del discurso de RLA; después del 6 de junio, la impugnación de los resultados, la tesis del “fraude en mesa”, las propuestas de auditoría internacional, de anular las elecciones, o los llamados abiertos a una intervención militar llaman la atención por lo destempladas incluso para los estándares de nuestra derecha.

¿Qué pasó? La derecha peruana tuvo su gran momento orgánico y potencia ideológica con el Frente Democrático liderado por Mario Vargas Llosa. Con el fujimorismo la derecha se dividió, entre una que subordinó la democracia, la institucionalidad y los Derechos Humanos por el orden y la estabilidad y las reformas de mercado. Hacia el final del fujimorismo, con el protagonismo de Montesinos y el intento de imponer la segunda reelección siguiendo los principios de una “guerra no convencional”, apareció además una derecha vinculada a intereses mafiosos.

La derecha surgida después del 2000, que tuvo como referente a Lourdes Flores, recuperó una línea democrática, aunque ciertamente con muchos vínculos con las otras derechas, que se mantuvieron agazapadas. Pero recuperaron espacio bajo el liderazgo de Alan García, quien colocó al almirante Giampietri como primer vicepresidente, y más porque, para construir mayoría, García requirió de los votos del fujimorismo. Terminado su gobierno, la defensa judicial de García y de varias figuras del APRA acusados de corrupción, los llevó a cerrar filas con el fujimorismo en la crítica al sistema de justicia. Y su común enemistad con el gobierno de Humala fue forjando el discurso del peligro chavista (que nunca se concretó) y su distancia frente a sectores liberales que fueron parte o apoyaron su gobierno. La distancia con esa derecha liberal se ahondó con el gobierno de Kuczynski, quien se separó a su pesar del fujimorismo. Este lo declaró un enemigo después de la segunda vuelta del 2016, y la confrontación siguió con el presidente Vizcarra, a quien Keiko Fujimori había ofrecido la postulación a la vicepresidencia. Y en tanto Vizcarra levantó banderas como la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia, la reforma política, y legitimó sus decisiones con el respaldo del tribunal constitucional, y ante la opinión pública, esta derecha terminó asumiendo un perfil cada vez más adverso al ordenamiento institucional y asumiendo como central la “lucha ideológica”, para lo cual la “depuración” de los medios de comunicación resultaría esencial.

Así, frente al supuesto control “total” de fuerzas “progresistas” ininterrumpido desde el gobierno de Humala, y que se extendería hasta el de Sagasti, correspondería responder con energía y sin complejos, de allí que el discurso extremista haya logrado la delantera. Y el temor que despierta un gobierno de Castillo lleva además a un sentido de “lucha final” que ayuda a entender el predominio del extremismo. El problema es que con esta lógica la derecha debilita las instituciones democráticas, y se aisla electoralmente. Se abre espacio para una propuesta democrática de derecha razonable, que lamentablemente, no parece tener demasiado representación en el parlamento que se instalará el 28 de julio.

La derecha como oposición (2)




Continúo con reflexiones sobre el papel de la derecha como oposición.

En el marco de la cerrada disputa por pasar a la segunda vuelta dentro de los partidos de derecha, Keiko Fujimori, sin mayores méritos, se benefició del extremismo de Rafael López Aliaga y de la falta de manejo político y de campaña de Hernando de Soto. En medio de la fragmentación del voto, y a pesar de ser la candidata que despertaba mayor rechazo, logró pasar a la segunda vuelta con apenas el 13.4% de los votos. Pedro Castillo, candidato de las izquierdas más radicales, era el adversario más conveniente para K. Fujimori, considerando que su extremismo también despertaba muchos temores.

Para ganar en segunda vuelta, Keiko Fujimori necesitaba, de un lado, ganar los votos de la derecha, de los sectores altos y medios, y asegurar los votos de Lima y de la costa norte. Tarea relativamente accesible, dado que difícilmente esos votos irían para Castillo o la abstención. Pero para ganar necesitaba sobre todo “quitarle” votos a Castillo en el centro, en el oriente, en el sur. Para ello necesitaba presentar una oferta política ambiciosa para el desarrollo de la sierra. Pero comentió un gran error estratégico: su campaña se centró en levantar el fantasma del comunismo, que movilizaba a los votos que ya tenía asegurados, pero no le permitían crecer allí donde lo necesitaba; en cuanto al desarrollo de la sierra, solo levantó la propuesta del reparto individual de los recursos del canon, solución facilista que dejaba de lado las demandas más sentidas de esas regiones.

Después del 6 de junio, los errores fueron aún mayores: la estrategia de voltear el resultado sobre la base de impugnar votos en circunscripciones andinas, acusando a los miembros de mesa de complicidad con una conspiración fraudulenta, como debería resultar obvio, nada ayuda a construir una alternativa política en esas regiones. Para cualquier liderazgo u organización que aspira a seguir siendo una alternativa electoral, resulta una decisión suicida. Peor aún, con la persistencia en el error, el fujimorismo entra en curso de colisión con los organismos electorales, con la comunidad internacional, con la estabilidad económica, con la coherencia y el sentido común más elementales. Se comprobaría así nuevamente que el fujimorismo no tiene empacho en poner en riesgo todo por la defensa de sus intereses de corto plazo. Todo esto por seguir un camino que no tiene manera de tener éxito a la luz de la legislación electoral y de los estándares nacionales e internacionales de observación electoral; y que además empodera y fortalece a los sectores extremistas de derecha, para los cuales el fujimorismo es finalmente prescindible.

Una de las varias novedades del último proceso electoral es el surgimiento de una derecha populista, extremista con peligrosos tintes fascistoides. Ni Keiko Fujimori, ni Lourdes Flores podrán nunca superar el nivel de patanería y grosería de Rafael López Aliaga. Lo triste para nuestra derecha es que, en vez de erigirse como una oposición democrática y promotora del desarrollo frente a un gobierno con riesgos autoritarios y estatistas, termina siendo furgón de cola de un liderazgo abiertamente antidemocrático. Así como después de 1990 en la derecha se decía que Mario Vargas Llosa perdió la elección pero su discurso político ganó, en tanto definió la agenda y el discurso político de los años siguientes alrededor de la economía de mercado, ahora lamentablemente podríamos decir que, si bien López Aliaga perdió la elección, consiguió que su discurso se haya instalado y legitimado, alrededor del desconocimiento de los resultados electorales, el cuestionamiento a los organismos electorales, discursos conspirativos, abiertos llamados a la intervención de las Fuerzas Armadas y a un golpe de Estado, la instalación de la posverdad como norma del discurso político, intentos de movilización con crecientes niveles de violencia. Sectores lúcidos en la derecha deberían entender que llegó el momento de cambiar de estrategia, y de optar por una alternativa democrática.

La derecha como oposición




Ante una candidatura como la de Pedro Castillo, que despierta fundados temores ante la posibilidad de un manejo populista de la economía, un cuestionable compromiso con las instituciones democráticas, y ante una elocuente falta de preparación y coherencia en buena parte del equipo que lo rodea, el surgimiento de una derecha democrática habría sido una buena noticia. Una derecha que dijera que hay mecanismos más eficaces para lograr prosperidad y redistribución, promoviendo la competencia y una autoridad estatal fuerte que asegure el funcionamiento de los mercados; que defienda el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos; y que pusiera por delante propuestas bien sustentadas para atender los problemas principales del país. Si Keiko Fujimori hubiera levantado estas banderas, habría aprovechado bien la oportunidad que el destino le dio, después de haber estado en prisión preventiva y con un partido acusado de constituir una organización criminal.

Pero el fujimorismo decidió el camino de impugnar sin mayor fundamento el resultado electoral. Si bien no cuestionó inicialmente la labor de los organismos electorales, en la práctica les dicen que si no deciden como ellos quisieran, estarían deslegitimados. Últimamente los reclamos parecen centrarse en denunciar una operación organizada por Perú Libre para suplantar miembros de mesa (que luego “convencerían” a los demás miembros de mesa elegidos por sorteo), con el fin de eliminar o reducir los votos de Fuerza Popular, operación detectable a través de las “firmas falsas”. De allí el reclamo por acceder a la lista de electores, para cotejar las firmas con las de la RENIEC, y por que se admitan los pedidos de nulidad de actas, aunque se hayan presentado fuera de plazo. El problema es que aceptar estos reclamos establecería un trato injusto con el competidor (si hubieran sabido que el plazo sería ampliado, también podrían haber presentado solicitudes de anulación); segundo, el competidor también podría haber cuestionado la votación de FP con el mismo argumento sin fundamento, considerando que las mesas con resultados “extraños” y firmas “dudosas” se distribuyen de manera aleatoria. Tercero, este camino nos lleva al sinsentido de que lo que establezcan “peritos grafotécnicos” termine estando por encima de los múltiples testimonios de las personas que declaran no haber sido suplantadas. Finalmente, se pretende “judicializar” el derecho electoral que tiene como meta proclamar oportunamente a un ganador; por ello, si no hay evidencia concluyente que justifique anular un acta, los alegatos simplemente se desestiman. Así funciona el derecho electoral en todas partes.

Así, FP no ha encabezado la oposición ante una fuerza política percibida como poco democrática y que amenaza la continuidad institucional, sino que ha terminando convirtiéndose en el peligro frente al cual supuestamente actúa. Por ello se han sumado a su causa sectores que piden cosas abiertamente ilegales e inconstitucionales, como la nulidad de las elecciones o una intervención militar.

Sectores lúcidos en la derecha deberían ser conscientes de que este camino los conducirá a una derrota estratégica. Tienen ejemplos de los cuales aprender. En Bolivia, Evo Morales rompió abiertamente la legalidad para poder postular en las elecciones de 2019, y el empecinarse en ese camino generó una ola de protestas y descontento que terminaron en su renuncia. Pero luego la derecha boliviana se mostró tan cerrada y excluyente que terminó haciendo posible un nuevo triunfo del MAS en 2020. Y en Venezuela, más de una vez la oposición desperdició oportunidades para contener a Chávez o a Maduro, por seguir estrategias de pura confrontación, como con el golpe de Pedro Carmona de 2002, o con el fallido intento de insurrección de 2019. Por el contrario, la búsqueda de una unidad amplia alrededor de propuestas, permitió que la oposición ganara por ejemplo las elecciones legislativas de 2015. En esto, Leopoldo López no es el mejor consejero. No basta con estar en contra de algo; hay que mostrar que se tiene una mejor propuesta para el país.

El “fraude en mesa” y la oposición




Fuerza Popular y sus aliados cuestionan los resultados de la elección del 6 de junio esgrimiendo la tesis del “fraude en mesa”. Se han cuidado de no involucrar a los organismos electorales, pero acusan a Perú Libre de ser responsable de éste. ¿Qué indicios se presentan? Al inicio se habló de una estrategia de impugnación de votos y de observación de actas; luego se aclaró que los votos impugnados fueron realmente muy pocos, cerca de 500, y las impugnaciones las realizaron personeros de ambos partidos. Además, las observaciones no las realizan los personeros, sino la ONPE, y las resuelve el JNE, y todas ellas se han estado resolviendo de manera pública. Descartado este camino, se invoca la supuesta existencia de firmas fraudulentas y de actas o mal llenadas (para causar nulidades donde FP es el ganador) o llenadas con resultados “sospechosos” (donde FP saca muy pocos o ningún voto).

El problema con este argumento es que no puede establecer el mecanismo que haría posible la tesis del fraude. El supuesto parece ser que Perú Libre cuenta con un batallón de militantes bien disciplinado y capacitado, que se desplegó en todo el país para llegar temprano a las mesas de sufragio, esperar a que no se presenten los titulares o suplentes de la mesa, y suplantar la identidad de alguno de ellos (para ello tendrían que haber falsificado credenciales y DNIs); todo esto para, en el momento del escrutinio, convencer al resto de miembros de mesa (elegidos por sorteo) para ya sea llenar mal las actas donde FP es favorecido, como para eliminar los votos de FP donde estos son escasos.

¿Es esto creíble? Para empezar, Perú Libre ni siquera pudo acreditar una gran cantidad de personeros (tampoco Fuerza Popular), y estos estuvieron principalmente concentrados en Lima. Segundo, hasta el momento hay múltiples testimonios de ciudadanos que confirman su identidad a pesar de los problemas con su firma, pero ninguno que yo sepa que haya denunciado haber sido suplantado. En cuanto a las “anomalías” con las actas, hasta el momento el número de actas anuladas está por debajo del número de actas anuladas en la segunda vuelta de 2016; es decir, siempre se comenten errores en el llenado de actas. Finalmente, en cuanto a las mesas con resultados “extraños”, nuevamente, eso ocurre en todas las elecciones en todas partes: la clave es que no muestren un sesgo sistemático a favor de uno y en contra de otro, y no hay evidencia de ello. Por eso es tan grave recurrir a la estrategia de contratar abogados para mirar con lupa actas donde perdiste por mucha diferencia buscando causas de nulidad; si esto queda como precedente, desde ahora será una práctica de todos contra todos. No se puede partir de la mala fe sin evidencias contundentes, eso constituye un abuso del derecho.

La consecuencia de esto es la creación de un clima de desconfianza en los organismos electorales (que se declara respetar y respaldar), la exacerbación de los ánimos de los parciales (que están convencidos de que “les han robado la elección”) y de los adversarios (que “no se van a dejar robar la elección”). Este es claramente un camino destructivo del cual salimos perdiendo como país. Mirando un poco más allá, el gran problema es que se anuncia una lógica de oposición obstruccionista contra el eventual gobierno de Pedro Castillo; que ya sea atizará la inestabilidad política en el país, o lo terminará favoreciendo, al presentarlo como víctima de la conspiración de una derecha recalcitrante. Ojo que esto último explica en buena parte por qué el MAS haya ganado las elecciones de 2020 en Bolivia, después del rechazo que generó la pretensión de Evo Morales de perpetuarse en el poder un año antes. Y también por qué la oposición venezolana haya perdido oportunidades que tuvo para derrotar a Chávez y a Maduro o al menos limitar sus arbitrariedades.

Lecciones de la última semana




- ¿Qué pasó en la última semana? Con una elección tan ajustada, los detalles son importantes. Según la última encuesta pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del 30 de mayo, Pedro Castillo aparecía ligeramente por encima de Keiko Fujimori, 40.3 contra 38.3%, pero con una tendencia al alza de esta y a la baja de aquel. El debate técnico del 23 de mayo y otros elementos generaron esa tendencia, que se mantuvo después del debate presidencial del 30 de mayo; así, en el informe confidencial del IEP del sábado 5 de junio, con recojo de información entre el miércoles 2 y el viernes 4, ponía a KF por encima de PC, pero por solo una décima (40.9 contra 40.8%). Sin embargo, la propia encuesta del sábado ya registraba una tendencia clave: los datos recogidos entre miércoles por la tarde y jueves por la mañana parecían dar una ventaja a KF, mientras que los del jueves por la tarde y del viernes daban un resultado contrario, a favor de PC. Es decir, entre el jueves y el domingo una parte relevante de los indecisos terminaron inclinándose a favor de Castillo, lo que termina explicando el resultado.

- Si uno observa la evolución de la intención de voto del conjunto de la segunda vuelta, el punto de partida fueron veinte puntos de diferencia a favor de Castillo en la encuesta IEP del 25 de abril (41.5 contra 21.5%). La encuesta del 9 de mayo, después del debate de Chota, mostró que la diferencia se redujo dramáticamente, a solo seis puntos (36.2% contra 30.0). La sensación de improvisación y falta de propuestas concretas de Castillo lo hizo caer, y el empuje de K. Fujimori le permitió crecer, pero sobre la base de un discurso muy conservador que movilizó a esos sectores, pero la llevó a estancarse en su crecimiento, de modo que la medición del 16 de mayo no registró cambios respecto a la semana anterior; y la del 23 registró una reducción del porcentaje de indecisos, que le permitió a Castillo ampliar nuevamente su ventaja a diez puntos. Como vimos, después del debate técnico del 23 nuevamente PC cayó y KF subió, reduciendo la diferencia a solo dos puntos en la medición del 30 de mayo. En suma, Castillo, partió de una ventaja amplia que se estrechó sobre todo por sus errores, antes que por los aciertos de K. Fujimori, en un contexto de adhesiones frágiles y cambiantes.

- ¿Qué lecciones podríamos sacar mirando la cosas con más perspectiva? Llama mucho la atención la gran precariedad de la candidatura de Castillo, sus constantes contradicciones, el no haber logrado consolidar un equipo, su llamativo silencio de las últimas semanas, que casi le hacen perder una elección que parecía ganada de antemano. De otro lado, si bien K. Fujimori hizo en principio parte de lo que tenía que hacer (buscar votos en el centro, tratando de capitalizar el apoyo de Mario Vargas Llosa; poner énfasis en el “cambio hacia adelante” y en lanzar múltiples ofrecimientos de “salud, comida, trabajo”), el apoyo recibido por sectores de su entorno la habría perjudicado al final. Generó la sensación de “cargamontón” por parte de un establishment conservador temeroso de perder sus privilegios. En cierto modo, la derecha más recalcitrante habría sido culpable de su derrota.

- Con todo, es cierto que el resultado será muy ajustado, y que el perdedor tiene un respaldo cercano al 50%, y que gran parte de este es consecuencia del rechazo al ganador. Si bien Pedro Castillo ha logrado el respaldo de la mayoría de las provincias, especialmente en el centro, sur y oriente, y de los niveles socioeconómicos más bajos, también lo es que Keiko Fujimori ganó el respaldo mayoritario en Lima y el norte, entre los sectores medios y altos, y entre las mujeres y los jóvenes. El Perú somos todos.

¿Quiénes serán Pedro Castillo y Keiko Fujimori?



¿Qué rumbo seguirán los candidatos de la segunda vuelta después del 28 de julio si ganan la presidencia? Es una pregunta que genera angustia y preocupación entre los votantes, me atrevería a decir que no solo entre los indecisos, también entre los convencidos de su opción por alguno de ellos. Creo no exagerar al decir que hacia noviembre o diciembre, al inscribir sus candidaturas, Castillo o Fujimori se habrían sentido totalmente satisfechos si sus partidos superaban la valla electoral y ubicaban algunos parlamentarios que les permitieran sentar las bases para un crecimiento futuro. Hacia marzo, cuando la fragmentación del voto los puso inesperadamente ante la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, Castillo se distinguió sobre la base de un discurso radical en lo político y conservador en lo social; a Fujimori le bastó mostrarse no tan fundamentalista y mejor preparada para las lides políticas que sus competidores en la derecha. En el marco de la segunda vuelta, ambos candidatos se han visto obligados a ampliar la convocatoria, redefinir sus propuestas, presentar diversos aliados.

Si uno analiza las últimas elecciones encuentra que la dinámica de la segunda vuelta marcó profundamente el rumbo de los gobiernos. La segunda vuelta de 2006 hizo que Alan García, quien en 2004 criticaba la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a Lourdes Flores por ser “la candidata de los ricos” en primera vuelta, pasara a ser el candidato del establishment, y siguió con una lógica conservadora y ortodoxa durante su gobierno. Humala, el del polo rojo y “la gran transformación” pasó al polo blanco, la “hoja de ruta” y el “juramento por la democracia”, y su gobierno siguió una línea bastante moderada. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski, quien había llamado a votar por Keiko Fujimori en 2011, para ganar la segunda vuelta se vio obligado a desarrollar una retórica antifujimorista, y el fujimorismo, que tenía grandes coincidencias programáticas con Kuczynski, pasó luego a ejercer una oposición férrea con ese gobierno, al punto de terminar haciéndolo inviable.

¿Qué decir entonces de Castillo y de Fujimori? El problema es que ambos, en esta segunda vuelta, han terminando mostrando perfiles abiertamente contradictorios. Fujimori reúne colaboradores muy conspicuos del gobierno de su padre, colaboradores protagonistas del Congreso obstruccionista 2016-2019, recién llegados independientes, e incluso figuras en el pasado militantemente antifujimoristas. Queda claro que los junta el rechazo a Castillo, pero no tanto quiénes predominarían en un gobierno de Fujimori. Castillo por su parte reúne colaboradores asociados a Perú Libre de Vladimir Cerrón, a quien le debe el haber podido participar en la elección; otros más cercanos a él vinculados al magisterio; recién llegados vinculados a Juntos por el Perú, Nuevo Perú o al Frente Amplio, y un gran número de independientes, algunos denostados en primera vuelta cuando eran adversarios. Queda claro que se juntan para cubrir los clamorosos vacíos en cuanto a propuestas, pero sin lograr una propuesta coherente.

¿Qué terminará marcando el rumbo de un gobierno de Castillo o de Fujimori? Más allá de los discursos y promesas, recién sabremos a qué atenernos cuando el próximo presidente o presidenta anuncie el nombre del Presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de Estado, quienes tomarán las decisiones y se harán responsables por ellas. La experiencia previa sugiere también que puede haber una gran distancia entre los equipos de campaña y los equipos de gobierno. ¿Marcará K. Fujimori distancias con su padre, o reivindicará su legado? ¿Repetirá la dinámica de 2016-2019? ¿Cuál será el alcance del mea culpa reciente? Y del otro lado, ¿cuánto podrá y querrá Castillo desmarcarse de Cerrón y de su partido? ¿Cuán fiel se mantendrá a su entorno magisterial? ¿Cuánto aceptará el apoyo o consejo de sus ayer adversarios de izquierda y hoy aliados? Lo más probable es que tengamos que convivir con las ambigüedades y contradicciones durante mucho tiempo.

La polarización y las elites



Al final del cómputo oficial, tenemos que Pedro Castillo ganó la primera vuelta con apenas el 18.9% de los votos válidos, y Keiko Fujimori entró a la segunda con apenas el 13.4%; la suma de ambos, 32.3, está muy por debajo de la suma de los votos de los contendientes a segunda vuelta de elecciones pasadas: 60.8 en 2016, 55.2 en 2011, 54.9 de 2006 y 62.2 de 2001. Con los votos que obtuvo, Pedro Castillo habría quedado cuarto en 2001 y 2006, y tercero en 2011 y 2016.

Alguien podría haberse imaginado que, con porcentajes tan bajos, la segunda vuelta estaría marcada por la desconfianza y falta de entusiasmo de la mayoría de los electores. Sin embargo, la elección se ha “calentado” y polarizado; según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, 55% de los votantes de Keiko Fujimori tienen como principal razón del voto por su candidatura “no quiero que la izquierda o el comunismo llegue al poder”, al mismo tiempo que el 62% de quienes “definitivamente no votarían por ella” señalan que “el fujimorismo representa corrupción”. Así, entre el miedo al comunismo y el rechazo a la corrupción buena parte de los electores ha terminado tomado partido, y de manera bastante comprometida. El problema es que esa definición termina cegando a los entusiastas, de modo que dejan de percibir las deficiencias de su candidato o tienden a minimizarlas, al mismo tiempo que exageran y caricaturizan las deficiencias del contrario. Y como he sostenido en columnas anteriores, ya bastante tenemos con los problemas y limitaciones reales de estas candidaturas, como para además cargarle otras.

Instalados en este escenario, se hace difícil evaluar las campañas de esta segunda vuelta. La realidad tiende a mirarse desde los lentes de las preferencias y rechazos de cada quien: así, el criterio de credibilidad de las encuestas no es la consistencia de su trayectoria y la metodología que aplican, sino si es que benefician o no a mi candidato. La credibilidad de los organismos electorales no depende de la eficacia de su trabajo y de su capacidad de solucionar controversias, sino de cuánto temor despierta la percepción de que mi candidatura vaya a perder. Dependiendo de mi postura, los periodistas son parcializados u objetivos; o el desempeño de los voceros o representantes de cada candidato es brillante o deplorable.

Que estas actitudes estén presentes en los electores es normal y se debe ser tolerante con las pasiones electorales. Lo que no es aceptable es que las elites, los líderes políticos y sociales se comporten como hinchas, no como dirigentes. Los líderes tienen la obligación de contener las pasiones descontroladas, de censurar las conductas irresponsables. De la violencia verbal a la violencia física, lamentablemente, no hay demasiada distancia, mucho más en contextos polarizados. Mucho peor acaso es que los propios protagonistas de la contienda parezcan incapaces de definir con claridad el terreno que están pisando y trazar las estrategias que les conviene seguir para alcanzar sus propios intereses. Así, frente a noticias o eventos adversos para los candidatos, la respuesta no siempre lleva a hacer correcciones o afinación de estrategias, sino a la negación y a la persistencia en el error. En esta segunda vuelta, buena parte del éxito de los candidatos estará en su capacidad de distinguir la realidad de sus deseos o de sus miedos, de poner por delante el interés de los principios que defiende y los del país, en vez de seguir los de sus entornos y consejeros con objetivos particulares. En muchas ocasiones, quienes llevan a la derrota a los candidatos son sus colaboradores más cercanos, no sus adversarios. Y esto que vale para las campañas electorales es dramáticamente más cierto para cuando hablamos del desempeño de los gobiernos. Nuestros candidatos en contienda, ¿estarán a la altura de las desafíos que enfrentan?

Decisiones basadas en ciencia y evidencia




Uno de los muchos cambios que me parece se registran en la esfera pública peruana reciente es el asentamiento de dos elementos contradictorios: de un lado, la noción de que las decisiones políticas en general, y de políticas públicas en particular, deben estar basadas en “ciencia y evidencia”; y del otro, simultáneamente, el desafío abierto a las mismas, y la apelación a la sensibilidad, a la experiencia práctica, como criterio de legitimación de las decisiones. Si bien ambas nociones han estado siempre presentes de alguna forma, en el pasado más que apelar a la ciencia y la evidencia se apelaba a los principios, a la ideología, que se expresaba en programas, y la negociación política como criterios de decisión. Y del otro lado, siempre hubo discursos críticos con el conocimiento científico y la actividad académica, pero relativamente marginales, mientras que ahora están en centro de la política, y por ejemplo, dominan ampliamente el sentido común de nuestro Congreso. Así, el discurso a favor de la ciencia se ha asentado en el contexto del debilitamiento de los partidos con bases ideológicas, y su contrario por el debilitamiento del mundo institucional, la creciente distancia entre la ciudadanía y el mundo universitario, académico, científico.

En el último tiempo, la pandemia ha puesto en el centro la importancia de la investigación, especialmente por su valor aplicado: por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de intentar desarrollar vacunas propias o pruebas que permitan la detección de virus. Pero también la necesidad de contar con datos, registros, estadísticas, que permitan el reparto de bonos o la implementación de diversos programas de emergencia. La importancia de la investigación en temas de gestión para mejorar la eficacia de políticas públicas está claramente en agenda. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, arrecia el sentido común inverso: no necesitamos más estudios, más diagnósticos, más consultorías, los problemas se conocen, de lo que se trataría es de tener la voluntad de solucionarlos, y de contar con el sentido “práctico” que te da la vida (no la investigación), para tomar decisiones. La ausencia de voluntad se explicaría por el secuestro del Estado por parte de intereses egoístas, de minorías poderosas; o por la simple insensibilidad o indolencia. Bastaría por ello con poner en el lugar indicado a personas sensibles y pragmáticas.

En medio de esto, la credibilidad del discurso a favor de la ciencia quedó mellado porque descubrimos que ella no siempre está en condiciones de poder dar soluciones únicas y oportunas a los problemas que estudia: la ciencia no solo no está exenta de debate y controversia, sino que hasta cierto punto el debate y la controversia es en realidad su esencia. Además, el escándalo asociado al manejo del ensayo clínico de la vacuna del laboratorio Sinopharm mostró que la ciencia no está libre de intereses, sucumbir ante presiones políticas, de caer en violaciones a protocolos y principios éticos.

Otra de las manifestaciones de cómo el contexto político afecta la toma de decisiones basadas en evidencia son las reacciones que generan las encuestas de opinión. A pesar de que las encuestadoras de más seriedad y prestigio, más allá de sus diferencias metodológicas, tienden a coincidir en sus resultados, mostrando tendencias similares, muchos deciden creer o no en los datos según se ajusten o no a sus deseos o preferencias políticas, y tienden a desarrollar teorías de la conspiración para desacreditar los resultados que les resultan cómodos, y deciden confiar más en sus intuiciones.

¿Qué concluir? De un lado, quienes estamos vinculados al mundo universitario debemos esforzarnos por tener un trabajo más transparente, y más orientado a la solución de problemas urgentes y significativos, y aportar a las políticas públicas. Proveer más información sobre la utilidad y relevancia social de la investigación científica; hacer más esfuerzos de divulgación, de trabajo interdisciplinario, y de relación con el periodismo, la política y los funcionarios públicos. Y combatir, por supuesto, las campañas de desinformación.

Los espejos de El Salvador y Colombia

 


Artículo publicado en El Comercio, martes 11 de mayo de 2021 

La semana pasada en un webinar organizado por el proyecto Perú Debate 2021, sobre los problemas de gobernabilidad que se insinúan para el próximo quinquenio, Jorge Nieto señalaba que El Salvador y Colombia en la actualidad son referencias de nuestros futuros posibles, por lo que debemos mirarlos con atención. Estoy muy de acuerdo. El Salvador nos muestra el riesgo de desarrollar lógicas autoritarias desde el poder ejecutivo, donde un líder demagógico pero efectista es capaz de construir respaldo popular levantando banderas como la lucha contra la corrupción y la clase política. En Colombia, por el contrario, primó la continuidad de un sistema político crecientemente agotado y desconectado de la ciudadanía, con la radicalización de los extremos políticos, con movilizaciones masivas que dan lugar a focos de violencia y represión con costos en vidas cada vez más altos.

En El Salvador Bukele ganó las elecciones de febrero de 2019 con más del 53% de los votos, rompiendo la suerte de bipartidismo existente desde hacía casi treinta años; pero su partido apenas tenía diez representantes en el Congreso unicameral de 84 miembros, elegido en marzo de 2018. Bukele ha tenido la habilidad para gobernar sobre la base de un discurso basado en el combate a la corrupción y a las elites políticas tradicionales, y recogiendo las demandas de orden y combate contra la delincuencia y el pandillaje, aunque a costa de caer en serias violaciones a los derechos humanos. De hecho, en febrero de 2020 Bukele irrumpió en el Congreso acompañado por militares armados para forzar la aprobación de una operación de endeudamiento para financiar su política de combate a la criminalidad, pero que despertaba mucha desconfianza. La Sala Constitucional de la Corte Suprema censuró esta iniciativa presidencial. Luego, la pandemia, como en todas partes, ocupó la parte central de la agenda, y Bukele logró legitimarse con una lógica de enfrentamiento frontal, con una combinación efectiva de medidas restrictivas fuertes y políticas de bonos y reparto de alimentos, algunas de las cuales fueron también cuestionadas por su constitucionalidad.

El asunto es que, en las recientes elecciones legislativas de febrero de este año, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría aplastante, logrando 56 representantes, más de dos tercios de la representación. Con el control total del legislativo, apenas en su acto de instalación la semana pasada, Bukele destituyó arbitrariamente a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General. En suma, a pesar de no contar con suficiente respaldo legislativo, con medidas efectistas desde el poder ejecutivo se pudo construir un apoyo popular suficiente para, en dos años, contar con una mayoría que le permite intervenir otros poderes y gobernar sin contrapesos. 

Colombia, por su parte, se encuentra muy golpeado por la pandemia, y exhibe un importante déficit fiscal y comercial que requiere implementar medidas de ajuste (Perú también tiene un preocupante déficit fiscal, pero tenemos superávit comercial). Pero el presidente Duque, en sus últimos quince meses de gobierno, bastante desgastado, lanzó una propuesta de reforma tributaria que buscaba cerrar esas brechas, pero sin una estrategia política adecuada. No logró los consensos necesarios en el Congreso, ni entre sus aliados, de modo que la propuesta se aisló políticamente y terminó siendo el detonante de un malestar ciudadano largamente incubado. Lo peor es que la respuesta gubernamental a las protestas fue deslegitimarlas, hablando de manipulación, denunciando la supuesta presencia de infiltrados, y recurrir a lógicas militarizadas, represivas y violentas. En suma, un ejecutivo y una elite política conservadora que pierde la capacidad de sintonizar con la población y entender sus demandas, que entiende a la oposición desde lógicas conspirativas propias de la guerra fría, genera una ola de indignación ciudadana que luego desata una espiral de violencia cada vez más difícil de apaciguar.

No estamos condenados a caer en esos escenarios. Pero cada quien debe sacar las lecciones adecuadas de esas experiencias.

Temores electorales y salidas (2)

 


Artículo publicado en El Comercio, martes 4 de mayo de 2021 

La semana pasada comenté sobre la desconfianza y temor que inspiran los dos candidatos a la Presidencia de la República. Ambos pueden conducirnos a escenarios signados por prácticas autoritarias y por un retroceso en cuanto a lógicas igualitarias y de reconocimiento a la diversidad, y en el ejercicio de derechos sociales e individuales. Y si las peores previsiones no se dan, podríamos caer en el simple caos, en una suerte de reedición aumentada de lo vivido desde 2016, conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo, constante movilización en las calles, con las consabidas interpelaciones, amenazas de censura y declaratoria de vacancia de la Presidencia por incapacidad moral, así como pedidos de confianza y amenazas de cierre del Congreso, y los recursos ante el Tribunal Constitucional correspondientes, en medio de un clima de polarización y movilización. En medio de esto, la desatención a los desafíos de la epidemia, la reactivación de la economía y la implementación de las verdaderas reformas que el país necesita.

¿Existe salida? Ninguna de las dos candidaturas en pugna tiene la fuerza suficiente como para imponer sus intereses o visión del país, e intentarlo puede tener consecuencias catastróficas. La consciencia de que perseguir esa quimera resultaría suicida para esos grupos políticos, y que terminaría arrastrando al país, debería ayudar. De lo que se trata es de apelar al instinto de sobrevivencia. Si Perú Libre pretende convertirse en el referente político del cambio social, alrededor de una izquierda plebeya, debe asegurar un mínimo de prosperidad y estabilidad para el país; y si el fujimorismo quiere aprovechar la nueva oportunidad que increíblemente se le ha presentado para construir una derecha con cierta base popular, debe llevar a cabo una mutación democrática e institucional que requiere una suerte de refundación. Perú Libre requiere urgentemente de cuadros y propuestas realistas que le permitan tener un gobierno mínimamente viable; y el fujimorismo necesita reducir el antivoto, abrirse a sectores independientes, convencer a la ciudadanía de que su proclamado respeto a la institucionalidad y la independencia judicial es en serio, así como su voluntad de hacer correcciones a un modelo económico “mercantilista”.

La realidad impone algunos puntos de convergencia: para ello se debe empezar con abandonar ideas demagógicas, como cuando se afirma que “desde el 28 de julio” se solucionarán los problemas de escasez de vacunas, o que “basta con acabar con la corrupción” para solucionar los problemas fiscales. Luego, está la extendida consciencia de la necesidad de Implementar acciones que generen mejoras sustantivas en las vidas de los ciudadanos más vulnerables, que en el pasado parecían políticamente inviables. Hay muchas propuestas puestas sobre la mesa: una, expresada recientemente por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, plantea un proyecto “que promueva el desarrollo sostenible… alentando la diversificación productiva, sin exclusión de ninguna actividad económica per se, reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático y mejorando la gobernanza del uso del territorio… liderado por el gobierno central, en estrecha coordinación con el respectivo gobierno regional, y contaría con la participación activa y comprometida de las demás entidades del Estado, las empresas y la sociedad civil”. El gobierno 2021-2016 debería asumir un desafío de este tipo para todas las zonas en pobreza extrema, y la discusión sobre el uso del canon minero o la promoción de nuevos esquemas de inversión pública son un paso un esa dirección. No se puede seguir con la inercia y la ineficacia de los últimos años.

Paralelamente, el próximo Congreso podría buscar consensuar, sobre la base de un amplio debate y participación ciudadana, una propuesta de reforma integral de la Constitución, que se apruebe en una legislatura y vía referéndum, evitándonos así la incertidumbre de otros mecanismos. Paralelamente, consolidar, no torpedear, la reforma política, la reforma judicial, relanzar la reforma del Estado, el rediseño del proceso de descentralización.

Alrededor de un camino de reformas profundas, manteniendo y profundizando la institucionalidad democrática, ¿no podría gestarse un amplio acuerdo político?

Temores electorales y salidas



Artículo publicado en El Comercio, martes 27 de abril de 2021 

Pedro Castillo o Keiko Fujimori será el próximo presidente o la próxima presidenta del país; y tanto Perú Libre como Fuerza Popular seguirán siendo actores fundamentales en el futuro inmediato, ya sea desde el gobierno como la oposición. El problema es que hasta ahora la lógica de la dinámica electoral no está alineada con la de armar gobierno y construir gobernabilidad.

La ventaja que tendría Castillo según las encuestas sugeriría que con el puro manejo de imagen e ideas efectistas, pero que calzan con los sentidos comunes de buena parte del electorado, le alcanza para ganar cómodamente. Lo ayuda mucho el rechazo y la desconfianza que despierta K. Fujimori, y la campaña de ésta, hasta el momento, parece diseñada para favorecer a Castillo. Levantar el fantasma del comunismo y la defensa del modelo económico consolida la imagen de ser la defensora del establishment; radicaliza a los que ya han decidido votar por ella, atrae a los sectores más conservadores y reaccionarios, encierra a la candidata de la cápsula de la que precisamente necesita salir.

La gran complicación para K. Fujimori es que ganar le impone un camino que va muy a contracorriente de todo lo que ha hecho en el último tiempo. De un lado, énfasis en propuestas, cuando afirmó en 2016 que desde el Congreso implementaría su plan de gobierno, para luego abandonar esa agenda. Y del otro, defender prácticas democráticas, políticas de Estado, y un respeto al pluralismo y a los competidores políticos, cuando no tuvo reparos en ponerse del lado del Contralor Alarcón para forzar la caída del ministro Thorne, o del lado de, paradojas de la vida, Pedro Castillo y del CONARE (y de los sectores de la sociedad más conservadores y reaccionarios) para forzar la caída de la ministra Martens. O del lado de los investigados del caso “cuellos blancos del puerto”, priorizando sus críticas a la Fiscalía y sus defensas judiciales.

Atención que esta “conversión” no solo le es necesaria para intentar ganar, también para hacer una oposición responsable y constructiva. Aquí nuevamente debe salir del ghetto que se insinúa en el Congreso; una alianza conservadora con Renovación Popular, Avanza País y los sectores más conservadores de Acción Popular y Alianza para el Progreso pueden asegurar votos en la plaza Bolívar, pero ahondar la brecha con la sociedad y perpetuar los problemas de representación. 

Por su lado, Castillo tiene ante sí varias posibilidades, todas complicadas. Una es la huida radical hacia adelante: dados los límites que le impone la configuración del Congreso, podría caer en la tentación de seguir el camino de Hugo Chávez en Venezuela entre 1998 y 1999, o Rafael Correa entre 2006 y 2007. Imponer a través de los recursos que posibilita el poder ejecutivo y de la movilización en las calles, la elección de una Asamblea Constituyente, en la que se construya, sobre la base de una mayoría coyuntural, una herramienta para redefinir e intervenir el conjunto de los poderes del Estado. Este camino, de pura confrontación, no solo es inviable a mediano plazo dadas las circunstancias, está también lleno de riesgos para el propio Castillo; podría terminar destituido por el Congreso, o aislado y forzado a renunciar, y arrastrar al país en su caída. Pero en el otro extremo, el camino de una suerte de reedición del giro de Humala, resulta también inviable, dadas las expectativas que ha despertado y unas demandas de cambio mucho mayores que en 2011, que no deben desatenderse.

Castillo debe encontrar un camino de cambio sustantivo, pero viable en democracia. ¿No sería posible, en vez de perderse en debates ideológicos, propiciar por ejemplo un gran acuerdo nacional a favor de una ambiciosa propuesta de desarrollo de las regiones y del Perú rural e informal para los próximos cinco años? Pero para llevar adelante una agenda así, Castillo debe reinventarse también, abrirse a la posibilidad de acuerdos y diálogos que por ahora no asoman.

Entender la política y las elecciones



Artículo publicado en El Comercio, martes 20 de abril de 2021 

Entender la política es difícil porque ésta se mueve en la intersección de dos ámbitos contradictorios. De un lado, la política es voluntad: quien hace política es porque aspira a lograr cosas difíciles y desafiar la ley de las probabilidades. Ya decía Max Weber que “en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”. Pero al mismo tiempo, como decía Marx, “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos”. Así, la voluntad cuenta, pero también la historia, la cultura, las estructuras económicas y sociales, las instituciones; estas no determinan desenlaces específicos, sí definen probabilidades mayores o menores. De otro lado, se suele pasar por alto que la causalidad puede también invertirse, de modo que la política en ocasiones logra ser capaz de redefinir el curso mismo de la historia y crear nuevas estructuras. Esto que es válido en general para cualquier lugar y tiempo, por supuesto, adquiere particularidades y matices en países y momentos específicos.

En nuestro país el desafío analítico es particularmente complicado. De un lado, resulta evidente la importancia de la historia y de las estructuras económicas y sociales: la desigualdad, la heterogeneidad, la fragmentación, son elocuentes, así como la existencia de profundas fracturas de clase, región, etnicidad, y otras de larga data, que marcan barreras aparentemente insuperables. Al mismo tiempo, las contradicciones e inestabilidad que genera esa misma estructura abren espacio para que se produzcan grandes transformaciones de esa misma estructura “desde arriba”: en los últimos años, el velasquismo y el fujimorismo desencadenaron cada uno una suerte de revolución en lo social, producto de proyectos políticos gestados por pequeñas “cúpulas”, e impensables sin la intervención de sus liderazgos.

En los últimos años, tenemos que sumarle el hecho de que la pulverización de la representación política, la extendida desconfianza ciudadana con la totalidad de la oferta política, hace que los resultados de cada elección resulten altamente imprevisibles. En los últimos años, la única constante relativa es la de una Lima y una costa norte más conservadoras y una sierra sur más contestataria, pero esas preferencias son extremadamente volátiles y pueden expresarse a través de una gran variedad de candidatos. Y digo relativa porque esa “constante” puede romperse, como cuando Toledo logró una votación muy pareja en todo el territorio en 2001, cuando Villarán derrotó a Flores en 2010 en Lima, o cuando el sur andino votó por Kuczynski en la segunda vuelta de 2016. Respecto a esto último, no olvidemos que el “clivaje” fujimorismo – antifujimorismo, de naturaleza esencialmente política, ha sido y sigue siendo fundamental para entender la dinámica del país en los últimos treinta años.

Por todas estas razones, es un error pensar que el resultado de las elecciones recientes “debió verse venir” como si hubiera estado definido de antemano. La realidad es que esta elección tuvo tres grandes disputas, al centro, la izquierda y la derecha, que solo se definieron al final. Conforme pasaron las semanas vimos el lento debilitamiento del centro (seguramente afectado por el descrédito del expresidente Vizcarra y la ineficacia en el manejo de la pandemia del presidente Sagasti); una disputa muy cerrada en la derecha, en la que Fujimori se terminó beneficiando de groseros errores en las campañas de López Aliaga y De Soto; y un voto por Castillo que recién apareció en las últimas semanas, solo después de la caída de Lescano, de diversos errores en la campaña de Mendoza, y que tuvo la suerte de alcanzar su mejor “momento” precisamente en la semana de la elección. En medio de una alta fragmentación y volatilidad, pequeños cambios de última hora definieron el desenlace.

En suma, la cultura política de las regiones, las características de la oferta política, los aciertos y errores de las campañas y, por qué no, la veleidosa fortuna, son las que terminan explicando los resultados.

miércoles, 30 de junio de 2021

Primeros apuntes




- Parecemos haber llegado al nivel cero de la representación. En 2005 publiqué un libro que titulé “Democracia sin partidos”, y pasé los últimos quince años diciendo que Perú era un caso extremo de precariedad de su sistema de partidos y de problemas de representación. Pero lo que vemos hoy parece colocar al pasado inmediato como un modelo de institucionalización.

- En nuestra democracia tenemos a una ciudadanía desconfiada y escéptica que mira desde la tribuna a pequeñas tribus disputándose su voto. La constante relativa es que esos ciudadanos parecen tener cierta preferencia por orientaciones más a la izquierda (sierra sur, típicamente) o a la derecha (Lima, costa norte), pero también podemos encontrar preferencias bastante homogéneas a través del territorio. Por ejemplo, llama la atención la votación de Castillo en Apurímac, Ayacucho o Huancavelica, pero también es cierto que su votación luce bastante pareja en todo el país, de modo que con un 12.8% de los votos al Congreso Perú Libre podría obtener un 25% de la representación (algo así también sucedió con el fujimorismo en 2016). Renovación Popular tiene casi la misma votación que Acción Popular (9.9%), pero AP tendría 21 representantes, contra 13 de RP. Y Avanza País tiene casi los mismos votos que Alianza para el Progreso en el Congreso (7.3%), pero tendría la mitad de los representantes (APP 14 y AP 7). Hay unos grupos más “nacionales” que otros…

- Las tribus lanzan ofertas muy limitadas, improvisadas, incapaces de generar adhesiones consistentes. Por eso el proceso ha sido tan volátil e incierto. En un momento parecía que Forsyth “estaba seguro” en segunda vuelta, luego Lescano, pero ambos empezaron a caer; luego pareció que López Aliaga, De Soto, Mendoza y Fujimori en diferentes momentos se metían a la segunda vuelta. Castillo recién apareció como candidato viable hacia finales de marzo, apenas a tres semanas de las elecciones, después de que sus electores descartaran las opciones anteriores. La explicación habría que encontrarla más en los errores y aciertos de los candidatos y en el momento específico del crecimiento de cada uno, antes que pensar que era algo “que estaba escrito” y que “debimos ver venir”. Castillo expresa algunas redes vinculadas a sectores del magisterio, a los ronderos, a trabajadores de la salud, y sobre ellas dio el salto; pero las redes conservadoras no le alcanzaron a López Aliaga, ni las partidarias municipales a Lescano, ni las universitarias a Acuña. Ni las redes evangélicas le alcanzaron al FREPAP, o las de reservistas a UPP, tan comentadas por la elección de 2020, para mantener el registro. Las redes de activistas ayudan, pero no bastan.

- Las tribus, repito, son tremendamente débiles. Castillo resulta puntero con 18.1%, con esa votación habría quedado en cuarto lugar en 2016, 2011, 2006 y 2001; Keiko Fujimori entraría a la segunda vuelta con el 14.5%, después de haber obtenido el 23.56% en 2011 y el 39.86% en 2016, reducida a poco más que al “núcleo duro” del fujimorismo tradicional, y despertando el nivel de rechazo más alto que cualquier otro candidato (sin contar a Castillo). El próximo presidente enfrentará además un Congreso con nueve o más bancadas, en las que más del 40% de sus candidatos se afiliaron al partido en el último mes.

- ¿Cómo llegamos a esto? Las investigaciones de lava jato, la confrontación política desde 2016, el debilitamiento del centro político en medio de la incapacidad para responder a la pandemia, cuentan. También la manera en que se han asentado en el debate político en los últimos años discursos descalificadores y generalizantes, en los que toda la izquierda es “chavista”, toda la derecha “entreguista”, todo centro pusilánime, en los que el conocimiento técnico y científico es descalificado en nombre de la experiencia práctica, en el que las noticias falsas, mentiras y exageraciones se han normalizado. Si todo es igual y nada es mejor, como en Cambalache, no debemos sorprendernos del resultado. 

Al día siguiente




Si vemos a los electores peruanos, encontraremos a un número grande que adopta una actitud que podríamos llamar “cínica”: no importa quien gane, porque todo va a seguir igual. Otros, a pesar de los serios problemas de representación que adolescemos, en cada proceso electoral se entusiasman por algún candidato, llegando incluso a defenderlo contra toda evidencia, y denostar del mismo modo a sus rivales. Esto suele tener que ver con las posiciones ideológicas de los ciudadanos, que encarnan en cada proceso electoral de manera diferente. Después, por supuesto, vienen las decepciones.

En realidad, acaso sea más conveniente seguir la actitud cínica, pero entendida como los griegos antiguos, y tener un saludable escepticismo respecto al desempeño de nuestras futuras autoridades. Creo que no es arriesgado preveer, dada la precariedad de todas las candidaturas en competencia y las tendencias a la fragmentación del voto, que el próximo presidente, sea quien sea, tendrá que marcar distancias de las promesas y discursos que ha estado manejando hasta el momento; tendrá que anunciar que, dado el tamaño exiguo de su representación parlamentaria, no podrá implementar su plan de gobierno original. Dada la debilidad de sus cuadros técnicos, tendrá que convocar a independientes, así el “verdadero” plan de gobierno se definirá al nombrarse al Presidente de Consejo de Ministros y a los ministros principales. Recordemos que una cosa fue el candidato Kuczynski en campaña en 2016 con su jefe de Plan de Gobierno Alfredo Thorne, y otra el presidente Kuczynski con Fernando Zavala en la Presidencia del Consejo de Ministros. En 2011 una cosa fue “La gran transformación”, el plan de gobierno liderado por Félix Jiménez, otra la gestión presidencial de Humala con Miguel Castilla en el Ministerio de Economía, y Oscar Valdés, Juan Jiménez o Pedro Cateriano en la Presidencia del Consejo de Ministros, por mencionar ejemplos de los dos últimos gobiernos.

Al armarse los Consejos de Ministerios, resultará que quienes terminen tomando las decisiones serán técnicos independientes sin mayor relación con el partido que ganó las elecciones, y sin mayor relación entre sí. Esto generará problemas de coherencia y coordinación, que complicará la implementación de políticas eficaces. Al mismo tiempo, es muy probable que el ejecutivo tenga una representación parlamentaria pequeña e indisciplinada. Muy probablemente la popularidad del próximo presidente empiece alta, pero decaerá caiga rápidamente a lo largo del primer año de gobierno; y que conforme ésta caiga, empiecen en el Congreso las renuncias, los cambios de bancada, el viejo transfuguismo. Además, es muy probable que tengamos un Congreso con el nivel de fragmentación más alto de nuestra experiencia democrática reciente, compuesto además por bancadas sin liderazgos firmes, con alta indisciplina, y muy penetrado por intereses particularistas. Este Congreso iniciará con una actitud medianamente colaborativa, pero pasará a una retórica agresiva conforme vaya cayendo la popularidad del gobierno. Además, en este escenario aflorarán los intereses personalistas y particulares, que debilitarán aún más a las bancadas y probablemente den lugar a la proliferación de proyectos de ley demagógicos, pero con alto respaldo parlamentario. En suma, corremos el riesgo de repetir el escenario visto en los últimos cinco años; seguir “atollados”, girando sin avanzar y hundiéndonos cada vez más en el círculo vicioso de un gobierno débil que por la falta de apoyo parlamentario se debilita más, lo que radicaliza la acción opositora.

¿Se puede escapar de este destino? Por supuesto que sí, pero se requiere de realismo y responsabilidad de los gobernantes y representantes electos, de la movilización y vigilancia de los medios, gremios, asociaciones y de los ciudadanos, de la gestación de un gran acuerdo nacional de emergencia para atender con sensatez los problemas más urgentes. Afortunadamente, si dejamos atrás la estridencia de algunos candidatos, encontraremos en el mundo de los expertos en las diferentes áreas de política pública amplias posibilidades de convergencia, que podrían ayudar a sentar las bases de un necesario acuerdo político.

¿Qué más dicen las encuestas? (2)




Hace dos semanas comentaba algunos asuntos que podríamos deducir del análisis de las encuestas de intención de voto, más allá de la información inmediata sobre los movimientos en las posiciones relativas de los candidatos. ¿Cuán diferentes resultan estas elecciones de todas las anteriores, qué nos dicen de los cambios en el sistema político?

Mirando retrospectivamente, resulta claro que entre 2001 y 2016 un gran eje de la política peruana estuvo marcado por la herencia del fujimorismo. En 2001 se lo quiso superar, sin lograrlo; en 2006 reapareció con actor relevante, y en 2011 y 2016 estuvo muy cerca de ganar nuevamente la presidencia. Toledo emergió como líder al encabezar la oposición al fujimorismo, así como Ollanta Humala en 2011, y Verónika Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Paralelamente, el eje izquierda – derecha resultó relevante, al igual que en toda América Latina, eje que también remite al fujimorismo, en tanto fue en la década de los años noventa  cuando se implementaron las reformas orientadas al mercado. Al igual que en otros países, candidatos con discursos críticos con el neoliberalismo tuvieron importante arrastre, llegando a ser triunfadores Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011, pero también los defensores del modelo tuvieron respaldo significativo. Toledo no era crítico con el modelo, Lourdes Flores obtuvo una importante votación en 2001 y 2006, García y Humala giraron al centro en la segunda vuelta para alcanzar la victoria, y en 2011 la segunda vuelta tuvo como protagonistas a dos defensores del modelo. Finalmente, se insinuaba algo así como un conjunto medianamente previsible de protagonistas o candidatos: Toledo fue presidente en 2001, era el candidato favorito en 2011, y terminó mucho peor de lo que se esperaba en 2016; García quedó segundo en 2001, ganó en 2006, y al igual que a Toledo le fue mucho peor de lo esperado en 2016. Humala quedó segundo en 2006, ganó en 2011, pero el caso lava jato rompió desde 2019 esa suerte de esquema.

Lava jato y sus consecuencias rompió esa cadena según la cual los segundos o terceros de la elección anterior resultaban ganadores en la siguente, que también funcionó en 2016, enfrentando a la quedó segunda en 2011 con el que quedó tercero. Las detenciones y prisiones preventivas de Toledo, Humala, Kuczynski, Keiko Fujimori y el suicidio de García ilustran el descrédito de los protagonistas principales de este periodo. Si miramos la campaña en curso, ella expresa el impacto del caso lava jato, y la lógica destructiva que enfrentó al fujimorismo con Kuczynski, cuando podrían haber sellado una alianza en favor de una nueva generación de reformas estructurales. La elección parlamentaria de 2020, con todo, configuró un panorama no del todo desconocido: una suerte de mayoría moderada (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Partido Morado), grupos con discursos anti establishment muy variados (Fuerza Popular, UPP, Frente Amplio), y grupos imprevisibles, pero marcadamente antipolíticos (FREPAP, Podemos). Como sabemos, los efectos del Covid-19 hicieron que el Congreso revelara con desfachatez un ángulo hasta ese momento soterrado, el de un populismo desenfrenado, que cruza a todos los grupos políticos, o que más bien revela que más allá de las etiquetas partidarias lo que hay son individuos sin mayor formación o compromiso institucional. Sumémosle a ello una reforma política implementada a medias, en medio de la pandemia, y tendremos el resultado: Lescano representa a un partido sin identidad, y como candidato ilustra los arrebatos populistas ahora de moda; Fujimori carece también de una candidata clara, de vuelta de la “desalbertización” de su partido; Forsyth y Mendoza manejan vehículos electorales prestados a los que se subieron a última hora; de Soto y López Aliaga son expresión elocuente de lo huérfana que está la derecha de figuras y de propuestas que la representen propiamente.

Lamentablemente, lo que puede preveerse es una suerte de continuación de la dinámica 2016-2021; esperemos que algo hayamos aprendido de esa experiencia.

Nuestro declive democrático




Hace unos días salió publicado el informe sobre la Democracia 2021 del proyecto Variedades de la Democracia, que llama la atención sobre la “viralización de la autocratización”, en el que se vislumbran retrocesos en los procesos democráticos en el contexto de la pandemia, por la expansión de “autocracias electorales”. Esto dio lugar a un interesante comentario de Paolo Sosa en estas mismas páginas. Países como Brasil, la India y Turquía han caído en los índices del componente liberal de la democracia, de modo que, si bien se trata de gobierno elegidos democráticamente, muestran comportamientos claramente autocráticos.

Para América Latina, se señala que en el contexto de la pandemia se han erosionado las democracias en El Salvador y Paraguay, pero también México, Venezuela, Brasil y Bolivia. En términos generales, el patrón de erosión con los presidentes Bukele, Benítez, López Obrador, Maduro, Bolsonaro y Morales (creo que también se podría incluir a Añez), muestra rasgos similares: presidentes que actúan de manera intolerante, atacando a los medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil críticas, satanizando a la oposición política, incluyendo el recurso de la difusión de información falsa, para desacreditar a los adversarios. Perú tiene experiencia en este tipo de problema, es más, podría decirse que fuimos los pioneros del modelo de autocracias electorales, configurado por el fujimorismo en la década de los años noventa. Ciertamente el riesgo de repetir ese tipo de experiencia existe. Pero Perú está enfrentando otros riesgos más inmediatos de declive democrático, en realidad, que no son los mismos que están encendiendo las alarmas en otras latitudes.

Perú tuvo en los últimos años una histórica continuidad democrática, que estuvo además acompañada por crecimiento y reducción de la pobreza; sin embargo, era una democracia de mala calidad por la debilidad de sus instituciones y de sus actores políticos, por la dificultad de convertir el crecimiento en bienestar y la reducción de la pobreza en una situación menos precaria y vulnerable. Con todo, había un notable, para nuestros estándares, consenso en torno al respeto a fundamentos democráticos elementales (mínima pluralidad, respeto a los adversarios), y a los fundamentos económicos (mantener la estabilidad macroeconómica y los equilibrios fiscales básicos). Desde 2016 se empezó a romper la dinámica que se estableció desde la transición en 2001. Para empezar, nuestra precariedad institucional siguió estando allí, pese a algunos intentos de enfrentarla. Segundo, aquello que funcionaba bien empezó a resquebrajarse; sufrimos una clara desaceleración en el crecimiento, y la pobreza no solo dejó de reducirse, sino que inició un nuevo dinamismo, haciéndose visible en zonas no tan “convencionales” como la sierra norte y las grandes ciudades. De otro lado, los actores políticos principales se enfrascaron en una lógica de conflicto crecientemente polarizante y destructiva, que terminaron afectando incluso el consenso económico, a la vez que se difuminó el consenso en torno al respeto a ciertos límites en la disputa política, se forzaron las prerrogativas constitucionales hasta el límite en el conflicto entre vacancias presidenciales y disoluciones parlamentarias.

Este enfrentamiento, al que habría que sumar los efectos destructivos de las denuncias asociadas al caso lava jato y otros, debilitaron aún más a los actores políticos. Esto hizo que la representación política se poblara aún más de intereses fragmentados, particularistas y oportunistas; en el contexto de la pandemia, esto se ha manifestado en el desafío abierto a los consensos económicos del pasado y en la pérdida de mínimos códigos de conducta democrática. En lo político el riesgo mayor no es tanto la concentración del poder en un autócrata; el camino de nuestro declive democrático sería el del entrampamiento permanente, cayendo en círculos crecientemente autodestructivos, en el que políticos irresponsables, cortoplacistas, demagógicos, soliviantando a una ciudadanía crecientemente irritada e impaciente, impidan la formación de mayorías y un mínimo de gobernabilidad.

Ninguna de las candidaturas en competencia, por sí sola, podrá resolver este problema. Se requerirá construir coaliciones en torno a plataformas mínimamente sensatas.

¿Qué más dicen las encuestas?

 


Artículo publicado en El Comercio, martes 16 de marzo de 2021 

En los últimos días han aparecido diversas encuestas de opinión que han dado lugar a variados análisis, al final queda realmente poco que añadir respecto a las tendencias de intención de voto. Pero, más allá de las cifras inmediatas, ¿qué más nos sugieren las encuestas? ¿Qué nos dicen respecto a la naturaleza del país?

Para empezar, los datos disponibles hasta el momento nos dicen cosas interesantes sobre el peso de las estructuras y de la agencia política para definir los resultados electorales. A partir de una mirada superficial de los resultados de las elecciones de 2011 y 2016 surgió una imagen según la cual el electorado peruano estaría marcado por cierta determinación histórica; los excluidos, básicamente en el sur andino, votarían “naturalmente” por opciones contestatarias de izquierda, y se enfrentaban a una Lima y una costa norte más “integradas”, y conservadoras, repitiendo una confrontación cuyas raíces podrían encontrarse tan lejos como la rebelión de Túpac Amaru. Así, aparentemente, en 2011 el Perú “radical” se expresó en Ollanta Humala y el “conservador” por Keiko Fujimori, y en 2016 el primero por Verónika Mendoza y el segundo por Kuczynski o Fujimori. Sin embargo, ese análisis no es correcto: la clave del triunfo de Humala en 2011 fue su movimiento al centro, y en 2016 el voto por Fujimori se caracterizó por su cobertura nacional, de allí que obtuviera mayoría absoluta en el Congreso.

Y ese análisis funciona aún menos en 2021. Lescano partió de una base de apoyo en el sur (fue congresista por Puno en 2001 y reelegido en 2006 por esa región), y ha construido un perfil de candidato relativamente contestatario, pero hay otros más a su izquierda, más propiamente radicales, que no levantan vuelo. Además, su intención de voto se ha expandido y se ve ahora relativamente pareja según nivel socioeconómico, encabeza claramente las preferencias en el sur, pero también le va bastante bien en el norte, centro y oriente, en los ámbitos urbano y rural, y en todo el espectro de identificación ideológica. Y es que si bien las estructuras y la historia cuentan, también la contingencia, la construcción de liderazgos, la capacidad política de aprovechar oportunidades, los errores estratégicos de los adversarios.

El liderazgo de Lescano, si bien resulta un tanto inesperado, tenía alguna base: congresista electo en 2001 y reelecto en 2006 por Puno, reelecto por Lima en 2011 y 2016, resulta un modelo de construcción de liderazgo nacional partiendo desde una región. Además, se beneficia de la imagen de un partido que en su indefinición mantiene cierto prestigio, y recordemos además que según la encuesta IPSOS de diciembre, apenas un 36% asocia a Manuel Merino con Acción Popular. 

Un último tema, hablando de Merino. Hacia finales de noviembre, el Perú parecía un país movilizado alrededor de firmes convicciones democráticas en contra de los grupos “golpistas”; cuatro meses después, parece que estuviéramos ante otro país. Según la encuesta del IEP de noviembre, un 37% declaró haber participado en las marchas en contra de Merino, y en ellas participaron más los jóvenes, mujeres, de sectores altos y medios, y de Lima. Hubo acaso un exceso de entusiasmo respecto del alcance de esas protestas; en todo caso, la indignación y el ansia de renovación expresados en ese momento se están canalizando hoy de maneras muy diversas, o simplemente se expresan en la desafección que es todavía mayoritaria. En realidad, el sentido antipolítico de nuestra sociedad se expresa tanto en las movilizaciones en contra del Congreso de antes como en la escasa adhesión que despiertan las candidaturas de hoy, donde las que más destacan son las que sintonizan con aspiraciones de renovación, por más inesperadas que parezcan.

Nuevamente, qué pasará de acá a abril o junio, partirá de la situación actual, donde cuenta la herencia del pasado, pero el desenlace estará abierto a las decisiones, acciones y omisiones de los actores, y de la diosa fortuna.