El pasado sábado el gobernador de Arequipa Elmer Cáceres sufrió una detención preliminar, junto a varios consejeros y funcionarios del gobierno regional, acusados de integrar una organización criminal, mediante la cual obtenían beneficios a través de cobros a contratistas para adjudicar obras, y se neutralizaba a opositores a través de pagos de sobornos y adjudicación de diversas prebendas. Precisamente cuando vuelve a la agenda la necesidad de una reforma institucional y política profunda para los ámbitos regional y municipal, en el Congreso se debate lo contrario: congelar, posponer la implementación de reformas que ayuden a mejorar la representación política, la fiscalización y el control en esos ámbitos.
El proceso de reforma institucional iniciado en abril de 2019, sobre la base de las propuestas de la Comisión de Reforma Política, dejó de la lado las propuestas referidas al ámbito regional y municipal. En su momento resultó razonable, porque lo urgente eran las reformas que regirían el proceso de electoral de 2021; pero su debate nunca se llegó a dar por la disolución del Congreso en septiembre de 2019, y el Congreso elegido en enero de 2020 tampoco retomó esos proyectos. El Congreso actual tampoco, y el debate se centra en la suspensión de las elecciones primarias y otros asuntos aislados. En la Comisión de Reforma Política propusimos un proyecto para fortalecer las capacidades de fiscalización y control de los consejos regionales y de los concejos municipales, ampliar las causales para la declaratoria de vacancia y suspensión en el cargo de gobernadores, vicegobernadores y consejeros; otro para cambiar la composición de los consejos regionales, buscando fortalecer las listas en competencia y evitar lógicas individualistas, más proclives a la cooptación. En lo que sí se avanzó es en establecer nuevos requisitos para la inscripción de organizaciones políticas regionales, así como en las causales para la pérdida de la inscripción, con la lógica de facilitar el acceso, pero ser más exigentes para mantenerse en el sistema. La idea es depurar el mismo de los “movimientos cascarón” y quedarnos con los más legítimos y representativos.
En el Congreso, sin embargo, se ha debatido en dos ocasiones la suspensión de las elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales de 2022. En general, el debate parlamentario sugiere que los partidos más organizados y con más vida interna tienden a estar de acuerdo con las elecciones primarias, mientras que los partidos más débiles, los parlamentarios con vínculos con grupos regionales precarios y los partidos más jerárquicos simpatizan con la suspensión. Recientemente, los organismos electorales han declarado que no habría tiempo y además han señalado habría vacíos legales para organizar adecuadamente el proceso. Sorprende que estas observaciones se hagan recién, cuando sabemos desde agosto de 2019 se habría elecciones primarias el próximo año.
En todo caso, sería muy importante que entre el Congreso y los organismos electorales se realice el esfuerzo de sacar adelante las elecciones primarias, cubriendo los vacíos o ambigüedades con un sentido práctico a la brevedad; de no ser posible, lo mínimo que deberíamos pedir es que los partidos y movimientos regionales elijan a sus candidatos mediante elecciones internas con el voto de toda su militancia, con algún mínimo de participación para declararlas válidas, para así sacar de la competencia a las organizaciones que son solo cascarones y que alojan a los oportunistas y aventureros de la política, que pretenden llegar al poder para hacer negocios y obtener beneficios.
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