¿Y los conflictos sociales?

Artículo publicado en La República, domingo 30 de enero de 2011

El tema de cómo canalizar institucionalmente los conflictos sociales para evitar que asuman formas de protesta violentas está prácticamente ausente del debate electoral, a pesar de que fue un asunto central durante el gobierno de García (allí están los trágicos sucesos de Bagua para atestiguarlo). Lo que ocurre es que la conflictividad social, en alza continua en los últimos años, se estabilizó relativamente hacia finales de 2009, para ir en lento descenso desde entonces. Obviamente los conflictos no han desaparcido, y el año que pasó tuvimos los casos de Tía María o Majes - Siguas, por ejemplo; lo que sí se desvaneció fue la percepción de que podría darse una “avalancha” de acciones de protesta, que podrían articularse detrás de algunas grandes demandas, y que podrían terminar identificándose con algún candidato presidencial. Lo que tenemos son demandas dispersas, variadas, que ocurren en un contexto electoral, que establece una suerte de tregua: las autoridades que salen no toman decisiones importantes, las organizaciones sociales adoptan una actitud de esperar a las nuevas, algunas de las cuales han salido, en los espacios subnacionales, de entre los líderes que cuestionan las prácticas existentes.

Pero una tregua es solamente eso; nada asegura que la tendencia declinante de la conflictividad se mantendrá una vez instado el nuevo gobierno nacional; por el contrario, podríamos tener una rápida escalada en dos últimos trimestres del año. Recordemos que hay en el país una gran cartera de proyectos de inversión esperando la instalación del nuevo gobierno; si el empresariado percibe que tendrá un gobierno amigable y que se esfumó el riesgo de políticos antisistema, es probable que se quiera avanzar mucho y rápido. Dentro de esa cartera destacan grandes inversiones en industrias extractivas y proyectos hidroenergéticos, que podrían despertar una nueva ola de protestas. Por ello, lo que necesitamos es elevar las exigencias ambientales y sociales de los proyectos, pero vamos en la dirección contraria.

En esa línea consideremos la reciente aprobación de los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011 que buscan acelerar la realización de proyectos de inversión considerados prioritarios. Si bien se mantiene el requisito de contar con un estudio de impacto ambiental aprobado para el inicio de los mismos, no es necesario contar con este para iniciar trámites administrativos y realizar otras acciones. El problema es que para la población se presenta una lógica de hechos consumados: se consiguen autorizaciones, se hacen planos, se consigue financiamiento para obras que no se sabe todavía qué impacto tendrán, y que no han desarrollado aún estrategias de relación con las comunidades. No debería sorprendernos entonces un probable recrudecimiento de los conflictos. ¿Cómo compatibilizar la promoción de la inversión con una lógica de prevención de conflictos? ¿Cuáles son las propuestas?

VER TAMBIÉN:

Presentan proyecto de ley contra decreto que pretende “agilizar” inversión en infraestructura e hidroeléctricas
http://www.actualidadambiental.pe/?p=8891

Comunicado: decretos de urgencia desnaturalizan institucionalidad ambiental y podrían generar conflictos sociales
http://www.actualidadambiental.pe/?p=8925

Editorial-Noticias SER
http://www.noticiasser.pe/26/01/2011/editorial/editorial-0

Decreto de Urgencia atenta contra el medio ambiente
http://lamula.pe/2011/01/24/decreto-de-urgencia-atenta-contra-el-cuidado-del-medio-ambiente/8442

No olvidemos lo que significa priorizar proyectos
http://ipe.org.pe/?p=15700

Ministerio del Ambiente apoya cuestionados decretos de urgencia que excluyen EIA como requisito de proyectos
http://www.actualidadambiental.pe/?p=8935

ProInversión niega que los decretos exoneren las certificaciones ambientales como requisito para las concesiones
http://www.actualidadambiental.pe/?p=8964

IDL y SPDA se pronunciarán sobre los DU inconstitucionales que vulneran la normatividad ambiental
http://www.actualidadambiental.pe/?p=8960

ACTUALIZACIÓN, 2 de febrero:

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo con relación a los Decretos de Urgencia N° 001–2011 y N° 002–2011:

"El estudio de impacto ambiental puede convertirse en una mera formalidad administrativa, lo cual es inaceptable para la Defensoría del Pueblo"

"Por otro lado, el análisis formal de los decretos de urgencia permite advertir que éstos no justifican su excepcionalidad y necesidad, tal como lo exige la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En otras palabras, en los referidos decretos no se señala con precisión cuáles son las consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican su expedición. Tampoco se señala qué daños irreparables se ocasionarían de no emitirse estas normas. Por consiguiente, al no haber justificado su excepcionalidad y necesidad, los referidos decretos de urgencia serían inconstitucionales por la forma".

"En consecuencia, la Defensoría del Pueblo exhorta al Congreso de la República a ejercer las facultades de control de la constitucionalidad de los Decretos de Urgencia Nº 001–2011 y Nº 002–2011, conforme lo establecido en el numeral 19 del artículo 118º de la Constitución Política. En el caso de que el Congreso de la República solicite la opinión de la Defensoría del Pueblo, ésta se le remitirá de inmediato.

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/pronunciamiento-02-02-11.pdf

ACTUALIZACIÓN, 5 de febrero:

Para qué vestir al Santo si después se le desviste
http://ipe.org.pe/?p=15811