La caja negra de la burocracia

Artículo publicado en El Comercio, martes 18 de agosto de 2020  

En las últimas semanas, en medio del descontrol de la emergencia sanitaria, “la burocracia” ha sido señalada como la responsable de buena parte de nuestros males, ya sea en la respuesta a problemas en los sectores salud, educación, o en los relacionados a actividades productivas, desde el gobierno central hasta los niveles regional y municipal. Así las autoridades públicas toman decisiones, diseñan políticas, pero que naufragan en la implementación, por responsabilidades burocráticas. Añádase a esto lo incomprensible que resulta la actuación de la burocracia: ¿por qué no se hace lo que a todas luces se debe hacer? Surgen entonces insinuaciones de corrupción, o en el mejor de los casos, alusiones a la simple incompetencia, o indolencia.

Sin duda, no es sencillo hacer un argumento en favor de nuestra burocracia. Ciertamente hay mucha ineficiencia y muchísimo que mejorar. Pero debemos recordar que la burocracia que tenemos es hechura de nuestras autoridades políticas de los últimos años: ellas son las que contratan, las que han establecido los sueldos e incentivos que tienen los trabajadores del sector público, las que han aprobado los reglamentos y regulaciones que rigen las respuestas burocráticas.

Y nuestra burocracia también es consecuencia de las actitudes de la sociedad: se registra una amplia tolerancia ante prácticas como “que una autoridad elegida coloque simpatizantes poco calificados en puestos clave”, o “pagar una propina para agilizar un trámite”, o “buscar un amigo funcionario público para que lo favorezca en un servicio”, como muestra la encuesta anual sobre percepciones de la corrupción de Proética. Además, la suspicacia de la opinión pública y la facilidad con que se acusa a funcionarios, tiende a paralizar la toma de decisiones y desincentiva a buenos cuadros a entrar a la carrera pública.

Finalmente, como se suele decir en las clases de política y gestión pública, muchas autoridades y comentaristas son rápidos en señalar “lo que hay que hacer”, pero muy excepcionalmente dicen “quién” específicamente debe hacer las cosas, “cómo” debería implementarlas, “cuándo”, en qué plazos, con qué metas específicas, “con qué” recursos, y cómo así el curso sugerido resultaría mejor que otras opciones de política, porque toda decisión tiene ventajas y desventajas y en realidad no existen “balas mágicas” que resuelvan todo de una sola vez.

Para echar un poco de luz en el mundo de la burocracia, es útil consultar el Panorama de las administraciones públicas – América Latina y el Caribe 2020, de la OCDE y el BID. Allí encontramos que en efecto, Perú y Bolivia son los dos países en los que más interacciones se necesitan en los procedimientos administrativos para ser resueltos (la famosa “tramitología”). En cuanto al índice de mérito civil, que “mide las garantías de profesionalismo en la forma en que funciona el sistema de servicio civil”, Perú aparece muy por debajo del promedio regional en 2004; pero es uno de los países que más ha mejorado, llegando a estar ligeramente por encima de ese promedio hacia el 2015. Además, tenemos espacio para crecer: los ingresos y gastos de la administración pública como porcentaje del producto están muy por debajo del promedio de la región y de la OCDE. Para ponerlo en tres frases, partimos de una situación muy mala, pero hemos mejorado en los últimos años, y tenemos espacio para seguir invirtiendo en esas mejoras.

Si queremos una mejor burocracia, necesitamos fortalecer una lógica meritocrática dentro del Estado; contar con funcionarios bien remunerados, con una línea de carrera, y con fuerte respaldo político. Sin ella, los funcionarios actuarán inercialmente, legalista y reglamentariamente, con la lógica de no hacer olas, antes que de innovar y solucionar problemas. Esta debería ser una de las grandes lecciones del Covid-19. La ley de servicio civil de 2013 claramente ha perdido impulso, y es desde allí que habría que empezar a actuar. Recuperar esa iniciativa, corregirla, y ampliarla. Un punto transversal para los presentados en la agenda del Pacto Perú.