Artículo publicado en El Comercio, martes 8 de septiembre de 2020
Mientras escribo estas líneas, continúa el debate a propósito de la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, a la que se sucederá, muy probablemente, la presentación de una moción de censura. Independientemente del resultado de esta, ya es un hecho llamativo la presente interpelación, que no se registraba en los últimos catorce años, como recordaba Martín Hidalgo en estas mismas páginas.
Pero los cuestionamientos a la ministra Alva llaman más la atención al verlos desde una perspectiva más amplia. Podría decirse que desde la gestión de Juan Carlos Hurtado Miller, en julio de 1990, y hasta hace relativamente poco, los ministros de economía aparecían como los ministros más fuertes de los Consejos de Ministros. Con algunas excepciones, estos funcionarios eran percibidos como los guardianes de la estabilidad económica, los artífices del crecimiento, gracias a su conocimiento experto y al respaldo de organismos financieros internacionales. En tanto símbolos de la continuidad de las políticas “neoliberales” eran criticados desde la izquierda, pero aparecían como parte de un bloque tecnocrático relativamente cohesionado, y parecían sólidamente respaldados por los partidos de derecha. Podría decirse que mientras la economía creció, las cosas fueron bien; cuando se complicaron, los cuestionamientos se extendieron. Luis Valdivieso, p.e., fue criticado por su manejo de la crisis internacional de 2008-2009; así como los últimos ministros del fujimorismo, afectados tanto por la crisis internacional 1998-1999, como por los escándalos de corrupción de esos mismos años.
Las cosas empezaron a cambiar, nuevamente, con el final del ciclo de crecimiento asociado a los altos precios de nuestros productos de exportación en 2014. Durante el gobierno de Humala, Luis Miguel Castilla era percibido desde la derecha como el dique que controlaba las pulsiones populistas del presidente (y criticado desde la izquierda por ser el operador de su “secuestro” o “captura”). Sin embargo, Alonso Segura no solo recibió cuestionamientos desde la izquierda, sino también desde sectores de la propia tecnocracia. Empezó a gestarse cierta fisura entre quienes proponían emprender una nueva ola de reformas estructurales (mayor apoyo a la gran inversión privada, especialmente en minería, desregulación del mercado laboral) y quienes ponían el acento en reformas institucionales y sociales (reforma de la educación, diversificación productiva, y otros).
Con Pedro Pablo Kuczynski, considerado un “tecnopolítico” por excelencia, parecía que el bloque tecnocrático y el bloque político promercado se consolidaría, pero como sabemos, no fue así. Nuevamente, el ministro Alfredo Thorne no recibió críticas solo desde la izquierda, también desde tecnócratas promercado. Al mismo tiempo, el fujimorismo, que hasta entonces había cumplido el papel de “garante” de la estabilidad económica resultado de las reformas estructurales de la década de los años noventa, abandonó ese perfil para adoptar posiciones más bien populistas. Se logró una mayor cohesión en el frente técnico con los ministros Zavala y Cooper, pero ellos terminaron siendo víctimas de la confrontación política con el fujimorismo. Con el presidente Vizcarra, la inestabilidad continuó, y el ministro David Tuesta apenas duró dos meses en el cargo, al carecer de respaldo político. La agenda del ministro Carlos Oliva quedó opacada por la renovada confrontación con el fujimorismo, hasta llegar a la ministra Alva.
A la ministra le toca enfrentar no solo los devastadores efectos de la pandemia, además una situación inédita desde el inicio de las reformas orientadas al mercado en 1990: una mayoría congresal que desafía abiertamente el más elemental sentido común de una economía de mercado; y un frente de derecha disperso que no aparece dispuesto a cerrar filas en torno a la defensa del modelo. Ni el MEF ni el BCR son percibidos ahora con el reverencial respeto del pasado, y más bien empiezan a verse como cabezas trofeo para campañas populistas. Partidos como Acción Popular o Alianza para el Progreso, con bancadas grandes, y que en principio tienen aspiraciones serias de ser gobierno el próximo año, son los llamados a marcar la diferencia.
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