La nueva ley universitaria

Artículo publicado en La República, domingo 13 de julio de 2014

La realidad de nuestras universidades es ciertamente dramática. Medidas con criterios académicos internacionales, incluso las mejores tienen problemas para ubicarse al nivel de sus pares latinoamericanos. A duras penas solo alguna logra estar entre las 30 mejores de América Latina. Si esto pasa entre las mejores, ya pueden imaginarse qué pasa con el resto, considerando que hay cerca de 140, uno de los números más altos de América Latina. Como ha señalado el congresista Daniel Mora, muchas de ellas constituyen una estafa y merecerían ser cerradas. Algunos de sus críticos han señalado que la ley tiene una vocación paternalista negativa, y que bastaría con proporcionar información e indicadores de desempeño para que el mercado educativo se “autoregule”. Otros, simplemente defienden el statu quo.

A mi juicio, las intenciones de la ley son justas y necesarias, el problema es su implementación. Ocurre que en realidad la universidad peruana es muy distinta de lo que entenderíamos desde estándares internacionales, del mismo modo en el que ni nuestros partidos son tales, ni nuestras instituciones en general. En medio del colapso de la educación primaria y secundaria, en muchos contextos la educación superior resulta, en la práctica, el nivel en el que se intentan paliar sus limitaciones, y luego las maestrías se convierten en el nivel en el que se intentan paliar los límites de una mala formación de pregrado. Así, nuestra población universitaria muestra niveles que en realidad no corresponden a lo que internacionalmente se esperaría, pero sin embargo esos estudios cumplen una función. Esto explica que a pesar de que se trate de una “estafa”, sea un vehículo usado tan masivamente por la población, intentando lograr, mediante más años de estudio o la obtención de “cartones”, mejores oportunidades laborales.

Siendo las cosas son así, podría pensarse que la intención de la nueva ley es correcta, lo que llevaría, en el mediano y largo plazo, a un sinceramiento y reducción del número de universidades. Esto podría estar bien, pero la pregunta a continuación es qué caminos de mejor inserción al marcado laboral les quedan a los jóvenes. La respuesta sería una extensa oferta de carreras técnicas de calidad en todo el país, pero eso tomará tiempo; de hecho, una mirada profunda al mundo de la educación superior tecnológica mostrará también “estafas”. Tenemos una oferta excesiva en rubros como enfermería, comercio, servicios turísticos o computación, mientras que es prácticamente inexistente en áreas clave asociadas al desarrollo industrial.

La clave del éxito en la implementación de la ley es el crecimiento de una oferta sólida a nivel superior tecnológico; si no, la educación universitaria, por más mala que nos parezca, seguirá siendo la mejor opción para muchos jóvenes. En esto, estamos ante un viejo tema: el problema que enfrenta un Estado que quiere introducir lógicas racionales y modernas en sociedad que se mueve por reglas informales o tradicionalistas.