Hace un par de meses se comentaba, a raíz de su fallecimiento, de los aportes de Gary Becker, ganador del premio Nobel de economía en 1992. Uno de los principales fue extender un análisis “económico” a otras esferas de la vida social, basado en el supuesto de la racionalidad de los actores en función de la maximización de sus beneficios individuales. Así, Becker exploró terrenos como la discriminación racial, el combate al crimen, las decisiones de casarse, divorciarse, tener hijos, entre muchas otras cosas. Digamos que Becker encontró una llave que parecía abrir muchas puertas, y la usó de manera creativa y abiertamente provocadora.
Una de esas puertas fue el estudio del derecho. Este tradicionalmente se fundaba en consideraciones normativas, que apelaban al “deber ser”, mientras que el enfoque económico partía de considerar que el cumplimiento de ley se rige por los costos y beneficios asociados a este, y que las leyes y normas estatales afectan la racionalidad de los actores, incentivando o no conductas determinadas. Los politólogos vemos también el mundo institucional más allá del deber ser, pero a diferencia del análisis económico, consideramos que existen instuciones formales e informales, y en estas últimas son claves hábitos, relaciones sociales, cultura, historia, y no solo los incentivos dados por las normas.
Todo esto viene a cuento de la discusión de los últimos días sobre el paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo, que busca promover la inversión reduciendo exigencias ambientales o procedimientos burocráticos, o cuando se plantea que para combatir la informalidad de la economía lo que correspondería sería reducir regulaciones y costos laborales.
Sin embargo, considero que son infundadas las expectativas puestas en que la inversión o la formalización aumentarían con cambios normativos. La desburocratización y la disminución de costos excesivos es algo bueno en sí mismo, y beneficiará en general a todos los empresarios, pero poco más. Las decisiones de inversión dependen de muchos otros factores: de la rentabilidad económica, obviamente, y de la calidad institucional en general, de la cual la burocratización es apenas un factor más. La informalidad es consecuencia de la incapacidad del sector moderno de absorber la demanda de trabajo y de la muy baja productividad de la enorme mayoría de micro y pequeñas empresas, antes que de los costos laborales. Aún más, relajar los controles ambientales y los estándares laborales puede ser contraproducente, porque puede aumentar la conflictividad social.
Precisamente, este desafío requiere construir una autoridad ambiental y laboral fuerte y creíble, que aparezca como imparcial en la mediación entre el interés empresarial y el las comunidades y trabajadores. Fortalecer la percepción de una autoridad que privilegia el interés empresarial va en contra de ese objetivo. En realidad, la propuesta del ejecutivo encubre su debilidad para avanzar en las reformas institucionales de fondo.
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