Estado, islas y archipiélagos

Artículo publicado en La República, domingo 20 de julio de 2014

Hace unos días el premio a las buenas prácticas en gestión pública de la ONG Ciudadanos al Día cumplió diez años y, como todos los años, se dieron a conocer experiencias valiosas implementadas por diferentes entidades públicas. En general, puede afirmarse que cada vez más pueden encontrarse iniciativas destacables en diferentes ámbitos del Estado, que se expresan en mejoras a la atención de los ciudadanos y mayores niveles de eficiencia. Desde las universidades, cada vez más registramos que nuestros egresados ingresan al sector público, y que los salarios que perciben son competitivos frente a los del sector privado; en muchas entidades existe una política que premia la capacitación y el desempeño, y contrata siguiendo criterios meritocráticos, no clientelísticos. Sin embargo, al mismo tiempo, el día de ayer, Elmer Cuba en este diario nos recordaba que la recaudación tributaria casi se duplicó entre 2009 y 2015, pero la provisión de servicios públicos no ha aumentado en la misma proporción, ni en cantidad ni en calidad.

¿Cuánto ha cambiado el Estado peruano en los últimos años? En la década de los años noventa teníamos un diagnóstico: en el océano de un Estado quebrado e ineficiente, aparecieron “islas” de eficiencia, vinculadas al manejo macroeconómico y en parte a la política de combate a la pobreza. Sin embargo, el propio Fujimori bloqueó un intento de reforma integral del Estado hacia 1997, y ya sabemos cómo terminó esa historia: esas “islas” no solo no impidieron, sino que coexistieron con una corrupción generalizada y la destrucción de la institucionalidad política.

En la década de 2000, se mantuvieron en general las “islas” asociadas al manejo macroeconómico; con el gobierno de Toledo se avanzó algo en cuanto a mejoras en la institucionalidad democrática, pero muy parcialmente; y con el gobierno de García, la lógica de integración a los mercados globales llevó a que, paradójicamente, se avanzara en materia de regulaciones ambientales y del reconocimiento de derechos culturales. Al mismo tiempo, en el enfrentamiento con los sindicatos en el magisterio y en el sector público en general se encontró que lógicas de modernización y racionalización en el sector público resultaban un mecanismo útil para arrinconarlos, con lo que se avanzó en impulsar lógicas meritocráticas en el Estado. Finalmente, en los últimos años, con el gobierno de Humala, muchas de estas iniciativas han continuado, y se extendieron a la salud; y la promesa del combate a la exclusión llevó a mejoras en las políticas de combate a la pobreza.

Todos estos avances se han dado de manera parcial, discontinua, casi como consecuencia no intencional, no como parte de un compromiso conciente por mejorar el Estado. Las carencias siguen siendo clamorosas en cuanto a salud, educación, seguridad, justicia. Sin embargo, podría decirse que habríamos pasado de islas de excelencia a una suerte de archipiélago. La pregunta es si este es capaz será capaz de desencadenar cambios más profundos.