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La semana pasada comentaba cómo la debilidad de los partidos se expresa también en su menor relevancia como organizadores del juego político; correlativamente, otros actores adquieren creciente importancia en la determinación del rumbo de las políticas públicas, de las decisiones de Estado y de gobierno. Hablaba de los abogados, sus gremios y sus firmas; la burocracia del Poder Judicial; y de fiscales y jueces.
Sigamos esta pista un poco más. Fiscales y jueces deciden cada vez más sobre temas de gran importancia política, pero también, con un perfil más bajo, firmas de abogados. En tanto la administración y la normatividad pública se ha hecho exageradamente frondosa, y en tanto todos los funcionarios temen enfrentar sanciones, los abogados y sus firmas o estudios resultan siendo cruciales. Esto no tendría nada de particular si es que por encima de ellos hubiera liderazgo y objetivos claros, que obedecen a un plan de gobierno bien establecido, de manera que funciona un mínimo mecanismo de rendición de cuentas. El problema está en que, en ausencia de liderazgos e ideas, las decisiones del gobierno son altamente vulnerables a presiones y la acción de grupos de interés, que pueden compartir los mismos abogados. Es por ello imprescindible echar luz y hacer más transparente el ámbito de la asesoría jurídica gubernamental, porque podría encubrir serios conflictos de interés.
La falta de ideas y de equipos en los partidos en el gobierno hace que cada vez más profesionales independientes, del sector privado, entren al sector público; así, consultores y asesores empresariales asumen responsabilidades en ministerios y agencias, y es fácil caer en conflictos de interés. Es lo que se discute en las últimas semanas a partir de los casos del Presidente de Consejo de Ministros René Cornejo y del Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.
Pero algo similar ocurre con la asesoría en comunicaciones. La falta de liderazgo genera problemas de comunicación, que intentan ser suplidas contratando estos servicios. Estas empresas tienen naturalmente también clientes en el sector privado. El problema es que, ante la ausencia de ideas claras en el liderazgo político, la asesoría comunicacional puede devenir en asesoría política. Esto se complica más cuando miembros de estas empresas son periodistas en ejercicio. Pueden colisionar fácilmente intereses privados, particulares y públicos.
Con todo esto no quiero plantear una teoría conspirativa, que todas las decisiones de gobierno en realidad se gestan totalmente de espaldas a la opinión pública por parte de actores que no están sujetos a rendición de cuentas. Sí que, dada la debilidad de los partidos, adquieren importancia desmedida personajes y empresas que brindan servicios especializados de asesoría que requieren hacer más transparente su funcionamiento, para evitar suspicacias e influencias indebidas. Se necesita más investigación al respecto.
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