En estos días hemos asistido a un conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura en torno a la designación de nuevos Fiscales Supremos. Los cuestionamientos a la labor del Tribunal, además, nos recuerdan que el Congreso aún no nombra a sus nuevos miembros, inclumpliendo sus deberes constitucionales. Estos problemas se asocian a la intervención de intereses políticos sobre el funcionamiento de jueces y fiscales que, se supone, actuarían según criterios jurídicos, no políticos.
En realidad, es una ficción asumir que jueces y fiscales actúan exclusivamente “según derecho”. Jueces y fiscales son ciudadanos con simpatías políticas inevitables y, además, las diferentes maneras de entender y aplicar el derecho están atravesadas por consideraciones que podríamos calificar de ideológicas: hay concepciones del derecho más conservadoras y más progresistas, más minimalistas y más intervencionistas, más abiertas a derechos de propiedad o a derechos sociales, etc.
Al mismo tiempo, en toda la región, la contracara del debilitamiento de la política como espacio de negociación y de los partidos como sus protagonistas, ha sido el fortalecimiento de instancias judiciales como espacio de toma de decisiones. Esto también se explica, ciertamente, por desarrollos ocurridos en contextos democráticos: la necesidad de institucionalizar el sistema político, así como la búsqueda de legitimidad, ha llevado a una constante producción normativa y a una lógica de reconocimiento de derechos, con lo que son cada vez más frecuentes controversias de alto contenido político en torno a la aplicación efectiva y correcta interpretación de las normas. Esto le da cada vez más importancia a actores cuya conducta resulta opaca a la opinión pública: los abogados, sus gremios y sus firmas; la burocracia del Poder Judicial; y por supuesto, los fiscales y jueces.
Ha llegado el momento de hacer transparente la actuación de estos actores. Así como debe ser transparente la trayectoria de los aspirantes al Congreso, necesitamos también hacer transparentes las conductas de fiscales y jueces, cuyas decisiones nos afectan a todos: el tipo de formación que han tenido, el perfil de su carrera profesional, sus principales clientes, el tipo de sentencias que han expedido, etc.
Luego está el tema de cómo definir sus nombramientos y controles. En general, en los países que “sinceran” la naturaleza política de todo esto, los nombramiento requieren de mayorías calificada en el Congreso, para forzar la construcción de consensos o acuerdos políticos. Ese criterio rige los nombramientos del Tribunal Constitucional peruano: el problema no es la regla, sino la mala calidad de nuestra representación. De otro lado, sigue siendo cierto que la carrera judicial no atrae los mayores talentos que egresan de las universidades: así, detrás de males sentencias o conductas no siempre hay corrupción o presiones indebidas, sino simplemente, incompetencia.
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