viernes, 30 de julio de 2021

La derecha como oposición




Ante una candidatura como la de Pedro Castillo, que despierta fundados temores ante la posibilidad de un manejo populista de la economía, un cuestionable compromiso con las instituciones democráticas, y ante una elocuente falta de preparación y coherencia en buena parte del equipo que lo rodea, el surgimiento de una derecha democrática habría sido una buena noticia. Una derecha que dijera que hay mecanismos más eficaces para lograr prosperidad y redistribución, promoviendo la competencia y una autoridad estatal fuerte que asegure el funcionamiento de los mercados; que defienda el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos; y que pusiera por delante propuestas bien sustentadas para atender los problemas principales del país. Si Keiko Fujimori hubiera levantado estas banderas, habría aprovechado bien la oportunidad que el destino le dio, después de haber estado en prisión preventiva y con un partido acusado de constituir una organización criminal.

Pero el fujimorismo decidió el camino de impugnar sin mayor fundamento el resultado electoral. Si bien no cuestionó inicialmente la labor de los organismos electorales, en la práctica les dicen que si no deciden como ellos quisieran, estarían deslegitimados. Últimamente los reclamos parecen centrarse en denunciar una operación organizada por Perú Libre para suplantar miembros de mesa (que luego “convencerían” a los demás miembros de mesa elegidos por sorteo), con el fin de eliminar o reducir los votos de Fuerza Popular, operación detectable a través de las “firmas falsas”. De allí el reclamo por acceder a la lista de electores, para cotejar las firmas con las de la RENIEC, y por que se admitan los pedidos de nulidad de actas, aunque se hayan presentado fuera de plazo. El problema es que aceptar estos reclamos establecería un trato injusto con el competidor (si hubieran sabido que el plazo sería ampliado, también podrían haber presentado solicitudes de anulación); segundo, el competidor también podría haber cuestionado la votación de FP con el mismo argumento sin fundamento, considerando que las mesas con resultados “extraños” y firmas “dudosas” se distribuyen de manera aleatoria. Tercero, este camino nos lleva al sinsentido de que lo que establezcan “peritos grafotécnicos” termine estando por encima de los múltiples testimonios de las personas que declaran no haber sido suplantadas. Finalmente, se pretende “judicializar” el derecho electoral que tiene como meta proclamar oportunamente a un ganador; por ello, si no hay evidencia concluyente que justifique anular un acta, los alegatos simplemente se desestiman. Así funciona el derecho electoral en todas partes.

Así, FP no ha encabezado la oposición ante una fuerza política percibida como poco democrática y que amenaza la continuidad institucional, sino que ha terminando convirtiéndose en el peligro frente al cual supuestamente actúa. Por ello se han sumado a su causa sectores que piden cosas abiertamente ilegales e inconstitucionales, como la nulidad de las elecciones o una intervención militar.

Sectores lúcidos en la derecha deberían ser conscientes de que este camino los conducirá a una derrota estratégica. Tienen ejemplos de los cuales aprender. En Bolivia, Evo Morales rompió abiertamente la legalidad para poder postular en las elecciones de 2019, y el empecinarse en ese camino generó una ola de protestas y descontento que terminaron en su renuncia. Pero luego la derecha boliviana se mostró tan cerrada y excluyente que terminó haciendo posible un nuevo triunfo del MAS en 2020. Y en Venezuela, más de una vez la oposición desperdició oportunidades para contener a Chávez o a Maduro, por seguir estrategias de pura confrontación, como con el golpe de Pedro Carmona de 2002, o con el fallido intento de insurrección de 2019. Por el contrario, la búsqueda de una unidad amplia alrededor de propuestas, permitió que la oposición ganara por ejemplo las elecciones legislativas de 2015. En esto, Leopoldo López no es el mejor consejero. No basta con estar en contra de algo; hay que mostrar que se tiene una mejor propuesta para el país.

El “fraude en mesa” y la oposición




Fuerza Popular y sus aliados cuestionan los resultados de la elección del 6 de junio esgrimiendo la tesis del “fraude en mesa”. Se han cuidado de no involucrar a los organismos electorales, pero acusan a Perú Libre de ser responsable de éste. ¿Qué indicios se presentan? Al inicio se habló de una estrategia de impugnación de votos y de observación de actas; luego se aclaró que los votos impugnados fueron realmente muy pocos, cerca de 500, y las impugnaciones las realizaron personeros de ambos partidos. Además, las observaciones no las realizan los personeros, sino la ONPE, y las resuelve el JNE, y todas ellas se han estado resolviendo de manera pública. Descartado este camino, se invoca la supuesta existencia de firmas fraudulentas y de actas o mal llenadas (para causar nulidades donde FP es el ganador) o llenadas con resultados “sospechosos” (donde FP saca muy pocos o ningún voto).

El problema con este argumento es que no puede establecer el mecanismo que haría posible la tesis del fraude. El supuesto parece ser que Perú Libre cuenta con un batallón de militantes bien disciplinado y capacitado, que se desplegó en todo el país para llegar temprano a las mesas de sufragio, esperar a que no se presenten los titulares o suplentes de la mesa, y suplantar la identidad de alguno de ellos (para ello tendrían que haber falsificado credenciales y DNIs); todo esto para, en el momento del escrutinio, convencer al resto de miembros de mesa (elegidos por sorteo) para ya sea llenar mal las actas donde FP es favorecido, como para eliminar los votos de FP donde estos son escasos.

¿Es esto creíble? Para empezar, Perú Libre ni siquera pudo acreditar una gran cantidad de personeros (tampoco Fuerza Popular), y estos estuvieron principalmente concentrados en Lima. Segundo, hasta el momento hay múltiples testimonios de ciudadanos que confirman su identidad a pesar de los problemas con su firma, pero ninguno que yo sepa que haya denunciado haber sido suplantado. En cuanto a las “anomalías” con las actas, hasta el momento el número de actas anuladas está por debajo del número de actas anuladas en la segunda vuelta de 2016; es decir, siempre se comenten errores en el llenado de actas. Finalmente, en cuanto a las mesas con resultados “extraños”, nuevamente, eso ocurre en todas las elecciones en todas partes: la clave es que no muestren un sesgo sistemático a favor de uno y en contra de otro, y no hay evidencia de ello. Por eso es tan grave recurrir a la estrategia de contratar abogados para mirar con lupa actas donde perdiste por mucha diferencia buscando causas de nulidad; si esto queda como precedente, desde ahora será una práctica de todos contra todos. No se puede partir de la mala fe sin evidencias contundentes, eso constituye un abuso del derecho.

La consecuencia de esto es la creación de un clima de desconfianza en los organismos electorales (que se declara respetar y respaldar), la exacerbación de los ánimos de los parciales (que están convencidos de que “les han robado la elección”) y de los adversarios (que “no se van a dejar robar la elección”). Este es claramente un camino destructivo del cual salimos perdiendo como país. Mirando un poco más allá, el gran problema es que se anuncia una lógica de oposición obstruccionista contra el eventual gobierno de Pedro Castillo; que ya sea atizará la inestabilidad política en el país, o lo terminará favoreciendo, al presentarlo como víctima de la conspiración de una derecha recalcitrante. Ojo que esto último explica en buena parte por qué el MAS haya ganado las elecciones de 2020 en Bolivia, después del rechazo que generó la pretensión de Evo Morales de perpetuarse en el poder un año antes. Y también por qué la oposición venezolana haya perdido oportunidades que tuvo para derrotar a Chávez y a Maduro o al menos limitar sus arbitrariedades.

Lecciones de la última semana




- ¿Qué pasó en la última semana? Con una elección tan ajustada, los detalles son importantes. Según la última encuesta pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del 30 de mayo, Pedro Castillo aparecía ligeramente por encima de Keiko Fujimori, 40.3 contra 38.3%, pero con una tendencia al alza de esta y a la baja de aquel. El debate técnico del 23 de mayo y otros elementos generaron esa tendencia, que se mantuvo después del debate presidencial del 30 de mayo; así, en el informe confidencial del IEP del sábado 5 de junio, con recojo de información entre el miércoles 2 y el viernes 4, ponía a KF por encima de PC, pero por solo una décima (40.9 contra 40.8%). Sin embargo, la propia encuesta del sábado ya registraba una tendencia clave: los datos recogidos entre miércoles por la tarde y jueves por la mañana parecían dar una ventaja a KF, mientras que los del jueves por la tarde y del viernes daban un resultado contrario, a favor de PC. Es decir, entre el jueves y el domingo una parte relevante de los indecisos terminaron inclinándose a favor de Castillo, lo que termina explicando el resultado.

- Si uno observa la evolución de la intención de voto del conjunto de la segunda vuelta, el punto de partida fueron veinte puntos de diferencia a favor de Castillo en la encuesta IEP del 25 de abril (41.5 contra 21.5%). La encuesta del 9 de mayo, después del debate de Chota, mostró que la diferencia se redujo dramáticamente, a solo seis puntos (36.2% contra 30.0). La sensación de improvisación y falta de propuestas concretas de Castillo lo hizo caer, y el empuje de K. Fujimori le permitió crecer, pero sobre la base de un discurso muy conservador que movilizó a esos sectores, pero la llevó a estancarse en su crecimiento, de modo que la medición del 16 de mayo no registró cambios respecto a la semana anterior; y la del 23 registró una reducción del porcentaje de indecisos, que le permitió a Castillo ampliar nuevamente su ventaja a diez puntos. Como vimos, después del debate técnico del 23 nuevamente PC cayó y KF subió, reduciendo la diferencia a solo dos puntos en la medición del 30 de mayo. En suma, Castillo, partió de una ventaja amplia que se estrechó sobre todo por sus errores, antes que por los aciertos de K. Fujimori, en un contexto de adhesiones frágiles y cambiantes.

- ¿Qué lecciones podríamos sacar mirando la cosas con más perspectiva? Llama mucho la atención la gran precariedad de la candidatura de Castillo, sus constantes contradicciones, el no haber logrado consolidar un equipo, su llamativo silencio de las últimas semanas, que casi le hacen perder una elección que parecía ganada de antemano. De otro lado, si bien K. Fujimori hizo en principio parte de lo que tenía que hacer (buscar votos en el centro, tratando de capitalizar el apoyo de Mario Vargas Llosa; poner énfasis en el “cambio hacia adelante” y en lanzar múltiples ofrecimientos de “salud, comida, trabajo”), el apoyo recibido por sectores de su entorno la habría perjudicado al final. Generó la sensación de “cargamontón” por parte de un establishment conservador temeroso de perder sus privilegios. En cierto modo, la derecha más recalcitrante habría sido culpable de su derrota.

- Con todo, es cierto que el resultado será muy ajustado, y que el perdedor tiene un respaldo cercano al 50%, y que gran parte de este es consecuencia del rechazo al ganador. Si bien Pedro Castillo ha logrado el respaldo de la mayoría de las provincias, especialmente en el centro, sur y oriente, y de los niveles socioeconómicos más bajos, también lo es que Keiko Fujimori ganó el respaldo mayoritario en Lima y el norte, entre los sectores medios y altos, y entre las mujeres y los jóvenes. El Perú somos todos.

¿Quiénes serán Pedro Castillo y Keiko Fujimori?



¿Qué rumbo seguirán los candidatos de la segunda vuelta después del 28 de julio si ganan la presidencia? Es una pregunta que genera angustia y preocupación entre los votantes, me atrevería a decir que no solo entre los indecisos, también entre los convencidos de su opción por alguno de ellos. Creo no exagerar al decir que hacia noviembre o diciembre, al inscribir sus candidaturas, Castillo o Fujimori se habrían sentido totalmente satisfechos si sus partidos superaban la valla electoral y ubicaban algunos parlamentarios que les permitieran sentar las bases para un crecimiento futuro. Hacia marzo, cuando la fragmentación del voto los puso inesperadamente ante la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, Castillo se distinguió sobre la base de un discurso radical en lo político y conservador en lo social; a Fujimori le bastó mostrarse no tan fundamentalista y mejor preparada para las lides políticas que sus competidores en la derecha. En el marco de la segunda vuelta, ambos candidatos se han visto obligados a ampliar la convocatoria, redefinir sus propuestas, presentar diversos aliados.

Si uno analiza las últimas elecciones encuentra que la dinámica de la segunda vuelta marcó profundamente el rumbo de los gobiernos. La segunda vuelta de 2006 hizo que Alan García, quien en 2004 criticaba la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a Lourdes Flores por ser “la candidata de los ricos” en primera vuelta, pasara a ser el candidato del establishment, y siguió con una lógica conservadora y ortodoxa durante su gobierno. Humala, el del polo rojo y “la gran transformación” pasó al polo blanco, la “hoja de ruta” y el “juramento por la democracia”, y su gobierno siguió una línea bastante moderada. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski, quien había llamado a votar por Keiko Fujimori en 2011, para ganar la segunda vuelta se vio obligado a desarrollar una retórica antifujimorista, y el fujimorismo, que tenía grandes coincidencias programáticas con Kuczynski, pasó luego a ejercer una oposición férrea con ese gobierno, al punto de terminar haciéndolo inviable.

¿Qué decir entonces de Castillo y de Fujimori? El problema es que ambos, en esta segunda vuelta, han terminando mostrando perfiles abiertamente contradictorios. Fujimori reúne colaboradores muy conspicuos del gobierno de su padre, colaboradores protagonistas del Congreso obstruccionista 2016-2019, recién llegados independientes, e incluso figuras en el pasado militantemente antifujimoristas. Queda claro que los junta el rechazo a Castillo, pero no tanto quiénes predominarían en un gobierno de Fujimori. Castillo por su parte reúne colaboradores asociados a Perú Libre de Vladimir Cerrón, a quien le debe el haber podido participar en la elección; otros más cercanos a él vinculados al magisterio; recién llegados vinculados a Juntos por el Perú, Nuevo Perú o al Frente Amplio, y un gran número de independientes, algunos denostados en primera vuelta cuando eran adversarios. Queda claro que se juntan para cubrir los clamorosos vacíos en cuanto a propuestas, pero sin lograr una propuesta coherente.

¿Qué terminará marcando el rumbo de un gobierno de Castillo o de Fujimori? Más allá de los discursos y promesas, recién sabremos a qué atenernos cuando el próximo presidente o presidenta anuncie el nombre del Presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de Estado, quienes tomarán las decisiones y se harán responsables por ellas. La experiencia previa sugiere también que puede haber una gran distancia entre los equipos de campaña y los equipos de gobierno. ¿Marcará K. Fujimori distancias con su padre, o reivindicará su legado? ¿Repetirá la dinámica de 2016-2019? ¿Cuál será el alcance del mea culpa reciente? Y del otro lado, ¿cuánto podrá y querrá Castillo desmarcarse de Cerrón y de su partido? ¿Cuán fiel se mantendrá a su entorno magisterial? ¿Cuánto aceptará el apoyo o consejo de sus ayer adversarios de izquierda y hoy aliados? Lo más probable es que tengamos que convivir con las ambigüedades y contradicciones durante mucho tiempo.

La polarización y las elites



Al final del cómputo oficial, tenemos que Pedro Castillo ganó la primera vuelta con apenas el 18.9% de los votos válidos, y Keiko Fujimori entró a la segunda con apenas el 13.4%; la suma de ambos, 32.3, está muy por debajo de la suma de los votos de los contendientes a segunda vuelta de elecciones pasadas: 60.8 en 2016, 55.2 en 2011, 54.9 de 2006 y 62.2 de 2001. Con los votos que obtuvo, Pedro Castillo habría quedado cuarto en 2001 y 2006, y tercero en 2011 y 2016.

Alguien podría haberse imaginado que, con porcentajes tan bajos, la segunda vuelta estaría marcada por la desconfianza y falta de entusiasmo de la mayoría de los electores. Sin embargo, la elección se ha “calentado” y polarizado; según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, 55% de los votantes de Keiko Fujimori tienen como principal razón del voto por su candidatura “no quiero que la izquierda o el comunismo llegue al poder”, al mismo tiempo que el 62% de quienes “definitivamente no votarían por ella” señalan que “el fujimorismo representa corrupción”. Así, entre el miedo al comunismo y el rechazo a la corrupción buena parte de los electores ha terminado tomado partido, y de manera bastante comprometida. El problema es que esa definición termina cegando a los entusiastas, de modo que dejan de percibir las deficiencias de su candidato o tienden a minimizarlas, al mismo tiempo que exageran y caricaturizan las deficiencias del contrario. Y como he sostenido en columnas anteriores, ya bastante tenemos con los problemas y limitaciones reales de estas candidaturas, como para además cargarle otras.

Instalados en este escenario, se hace difícil evaluar las campañas de esta segunda vuelta. La realidad tiende a mirarse desde los lentes de las preferencias y rechazos de cada quien: así, el criterio de credibilidad de las encuestas no es la consistencia de su trayectoria y la metodología que aplican, sino si es que benefician o no a mi candidato. La credibilidad de los organismos electorales no depende de la eficacia de su trabajo y de su capacidad de solucionar controversias, sino de cuánto temor despierta la percepción de que mi candidatura vaya a perder. Dependiendo de mi postura, los periodistas son parcializados u objetivos; o el desempeño de los voceros o representantes de cada candidato es brillante o deplorable.

Que estas actitudes estén presentes en los electores es normal y se debe ser tolerante con las pasiones electorales. Lo que no es aceptable es que las elites, los líderes políticos y sociales se comporten como hinchas, no como dirigentes. Los líderes tienen la obligación de contener las pasiones descontroladas, de censurar las conductas irresponsables. De la violencia verbal a la violencia física, lamentablemente, no hay demasiada distancia, mucho más en contextos polarizados. Mucho peor acaso es que los propios protagonistas de la contienda parezcan incapaces de definir con claridad el terreno que están pisando y trazar las estrategias que les conviene seguir para alcanzar sus propios intereses. Así, frente a noticias o eventos adversos para los candidatos, la respuesta no siempre lleva a hacer correcciones o afinación de estrategias, sino a la negación y a la persistencia en el error. En esta segunda vuelta, buena parte del éxito de los candidatos estará en su capacidad de distinguir la realidad de sus deseos o de sus miedos, de poner por delante el interés de los principios que defiende y los del país, en vez de seguir los de sus entornos y consejeros con objetivos particulares. En muchas ocasiones, quienes llevan a la derrota a los candidatos son sus colaboradores más cercanos, no sus adversarios. Y esto que vale para las campañas electorales es dramáticamente más cierto para cuando hablamos del desempeño de los gobiernos. Nuestros candidatos en contienda, ¿estarán a la altura de las desafíos que enfrentan?

Decisiones basadas en ciencia y evidencia




Uno de los muchos cambios que me parece se registran en la esfera pública peruana reciente es el asentamiento de dos elementos contradictorios: de un lado, la noción de que las decisiones políticas en general, y de políticas públicas en particular, deben estar basadas en “ciencia y evidencia”; y del otro, simultáneamente, el desafío abierto a las mismas, y la apelación a la sensibilidad, a la experiencia práctica, como criterio de legitimación de las decisiones. Si bien ambas nociones han estado siempre presentes de alguna forma, en el pasado más que apelar a la ciencia y la evidencia se apelaba a los principios, a la ideología, que se expresaba en programas, y la negociación política como criterios de decisión. Y del otro lado, siempre hubo discursos críticos con el conocimiento científico y la actividad académica, pero relativamente marginales, mientras que ahora están en centro de la política, y por ejemplo, dominan ampliamente el sentido común de nuestro Congreso. Así, el discurso a favor de la ciencia se ha asentado en el contexto del debilitamiento de los partidos con bases ideológicas, y su contrario por el debilitamiento del mundo institucional, la creciente distancia entre la ciudadanía y el mundo universitario, académico, científico.

En el último tiempo, la pandemia ha puesto en el centro la importancia de la investigación, especialmente por su valor aplicado: por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de intentar desarrollar vacunas propias o pruebas que permitan la detección de virus. Pero también la necesidad de contar con datos, registros, estadísticas, que permitan el reparto de bonos o la implementación de diversos programas de emergencia. La importancia de la investigación en temas de gestión para mejorar la eficacia de políticas públicas está claramente en agenda. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, arrecia el sentido común inverso: no necesitamos más estudios, más diagnósticos, más consultorías, los problemas se conocen, de lo que se trataría es de tener la voluntad de solucionarlos, y de contar con el sentido “práctico” que te da la vida (no la investigación), para tomar decisiones. La ausencia de voluntad se explicaría por el secuestro del Estado por parte de intereses egoístas, de minorías poderosas; o por la simple insensibilidad o indolencia. Bastaría por ello con poner en el lugar indicado a personas sensibles y pragmáticas.

En medio de esto, la credibilidad del discurso a favor de la ciencia quedó mellado porque descubrimos que ella no siempre está en condiciones de poder dar soluciones únicas y oportunas a los problemas que estudia: la ciencia no solo no está exenta de debate y controversia, sino que hasta cierto punto el debate y la controversia es en realidad su esencia. Además, el escándalo asociado al manejo del ensayo clínico de la vacuna del laboratorio Sinopharm mostró que la ciencia no está libre de intereses, sucumbir ante presiones políticas, de caer en violaciones a protocolos y principios éticos.

Otra de las manifestaciones de cómo el contexto político afecta la toma de decisiones basadas en evidencia son las reacciones que generan las encuestas de opinión. A pesar de que las encuestadoras de más seriedad y prestigio, más allá de sus diferencias metodológicas, tienden a coincidir en sus resultados, mostrando tendencias similares, muchos deciden creer o no en los datos según se ajusten o no a sus deseos o preferencias políticas, y tienden a desarrollar teorías de la conspiración para desacreditar los resultados que les resultan cómodos, y deciden confiar más en sus intuiciones.

¿Qué concluir? De un lado, quienes estamos vinculados al mundo universitario debemos esforzarnos por tener un trabajo más transparente, y más orientado a la solución de problemas urgentes y significativos, y aportar a las políticas públicas. Proveer más información sobre la utilidad y relevancia social de la investigación científica; hacer más esfuerzos de divulgación, de trabajo interdisciplinario, y de relación con el periodismo, la política y los funcionarios públicos. Y combatir, por supuesto, las campañas de desinformación.

Los espejos de El Salvador y Colombia

 


Artículo publicado en El Comercio, martes 11 de mayo de 2021 

La semana pasada en un webinar organizado por el proyecto Perú Debate 2021, sobre los problemas de gobernabilidad que se insinúan para el próximo quinquenio, Jorge Nieto señalaba que El Salvador y Colombia en la actualidad son referencias de nuestros futuros posibles, por lo que debemos mirarlos con atención. Estoy muy de acuerdo. El Salvador nos muestra el riesgo de desarrollar lógicas autoritarias desde el poder ejecutivo, donde un líder demagógico pero efectista es capaz de construir respaldo popular levantando banderas como la lucha contra la corrupción y la clase política. En Colombia, por el contrario, primó la continuidad de un sistema político crecientemente agotado y desconectado de la ciudadanía, con la radicalización de los extremos políticos, con movilizaciones masivas que dan lugar a focos de violencia y represión con costos en vidas cada vez más altos.

En El Salvador Bukele ganó las elecciones de febrero de 2019 con más del 53% de los votos, rompiendo la suerte de bipartidismo existente desde hacía casi treinta años; pero su partido apenas tenía diez representantes en el Congreso unicameral de 84 miembros, elegido en marzo de 2018. Bukele ha tenido la habilidad para gobernar sobre la base de un discurso basado en el combate a la corrupción y a las elites políticas tradicionales, y recogiendo las demandas de orden y combate contra la delincuencia y el pandillaje, aunque a costa de caer en serias violaciones a los derechos humanos. De hecho, en febrero de 2020 Bukele irrumpió en el Congreso acompañado por militares armados para forzar la aprobación de una operación de endeudamiento para financiar su política de combate a la criminalidad, pero que despertaba mucha desconfianza. La Sala Constitucional de la Corte Suprema censuró esta iniciativa presidencial. Luego, la pandemia, como en todas partes, ocupó la parte central de la agenda, y Bukele logró legitimarse con una lógica de enfrentamiento frontal, con una combinación efectiva de medidas restrictivas fuertes y políticas de bonos y reparto de alimentos, algunas de las cuales fueron también cuestionadas por su constitucionalidad.

El asunto es que, en las recientes elecciones legislativas de febrero de este año, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría aplastante, logrando 56 representantes, más de dos tercios de la representación. Con el control total del legislativo, apenas en su acto de instalación la semana pasada, Bukele destituyó arbitrariamente a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General. En suma, a pesar de no contar con suficiente respaldo legislativo, con medidas efectistas desde el poder ejecutivo se pudo construir un apoyo popular suficiente para, en dos años, contar con una mayoría que le permite intervenir otros poderes y gobernar sin contrapesos. 

Colombia, por su parte, se encuentra muy golpeado por la pandemia, y exhibe un importante déficit fiscal y comercial que requiere implementar medidas de ajuste (Perú también tiene un preocupante déficit fiscal, pero tenemos superávit comercial). Pero el presidente Duque, en sus últimos quince meses de gobierno, bastante desgastado, lanzó una propuesta de reforma tributaria que buscaba cerrar esas brechas, pero sin una estrategia política adecuada. No logró los consensos necesarios en el Congreso, ni entre sus aliados, de modo que la propuesta se aisló políticamente y terminó siendo el detonante de un malestar ciudadano largamente incubado. Lo peor es que la respuesta gubernamental a las protestas fue deslegitimarlas, hablando de manipulación, denunciando la supuesta presencia de infiltrados, y recurrir a lógicas militarizadas, represivas y violentas. En suma, un ejecutivo y una elite política conservadora que pierde la capacidad de sintonizar con la población y entender sus demandas, que entiende a la oposición desde lógicas conspirativas propias de la guerra fría, genera una ola de indignación ciudadana que luego desata una espiral de violencia cada vez más difícil de apaciguar.

No estamos condenados a caer en esos escenarios. Pero cada quien debe sacar las lecciones adecuadas de esas experiencias.

Temores electorales y salidas (2)

 


Artículo publicado en El Comercio, martes 4 de mayo de 2021 

La semana pasada comenté sobre la desconfianza y temor que inspiran los dos candidatos a la Presidencia de la República. Ambos pueden conducirnos a escenarios signados por prácticas autoritarias y por un retroceso en cuanto a lógicas igualitarias y de reconocimiento a la diversidad, y en el ejercicio de derechos sociales e individuales. Y si las peores previsiones no se dan, podríamos caer en el simple caos, en una suerte de reedición aumentada de lo vivido desde 2016, conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo, constante movilización en las calles, con las consabidas interpelaciones, amenazas de censura y declaratoria de vacancia de la Presidencia por incapacidad moral, así como pedidos de confianza y amenazas de cierre del Congreso, y los recursos ante el Tribunal Constitucional correspondientes, en medio de un clima de polarización y movilización. En medio de esto, la desatención a los desafíos de la epidemia, la reactivación de la economía y la implementación de las verdaderas reformas que el país necesita.

¿Existe salida? Ninguna de las dos candidaturas en pugna tiene la fuerza suficiente como para imponer sus intereses o visión del país, e intentarlo puede tener consecuencias catastróficas. La consciencia de que perseguir esa quimera resultaría suicida para esos grupos políticos, y que terminaría arrastrando al país, debería ayudar. De lo que se trata es de apelar al instinto de sobrevivencia. Si Perú Libre pretende convertirse en el referente político del cambio social, alrededor de una izquierda plebeya, debe asegurar un mínimo de prosperidad y estabilidad para el país; y si el fujimorismo quiere aprovechar la nueva oportunidad que increíblemente se le ha presentado para construir una derecha con cierta base popular, debe llevar a cabo una mutación democrática e institucional que requiere una suerte de refundación. Perú Libre requiere urgentemente de cuadros y propuestas realistas que le permitan tener un gobierno mínimamente viable; y el fujimorismo necesita reducir el antivoto, abrirse a sectores independientes, convencer a la ciudadanía de que su proclamado respeto a la institucionalidad y la independencia judicial es en serio, así como su voluntad de hacer correcciones a un modelo económico “mercantilista”.

La realidad impone algunos puntos de convergencia: para ello se debe empezar con abandonar ideas demagógicas, como cuando se afirma que “desde el 28 de julio” se solucionarán los problemas de escasez de vacunas, o que “basta con acabar con la corrupción” para solucionar los problemas fiscales. Luego, está la extendida consciencia de la necesidad de Implementar acciones que generen mejoras sustantivas en las vidas de los ciudadanos más vulnerables, que en el pasado parecían políticamente inviables. Hay muchas propuestas puestas sobre la mesa: una, expresada recientemente por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, plantea un proyecto “que promueva el desarrollo sostenible… alentando la diversificación productiva, sin exclusión de ninguna actividad económica per se, reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático y mejorando la gobernanza del uso del territorio… liderado por el gobierno central, en estrecha coordinación con el respectivo gobierno regional, y contaría con la participación activa y comprometida de las demás entidades del Estado, las empresas y la sociedad civil”. El gobierno 2021-2016 debería asumir un desafío de este tipo para todas las zonas en pobreza extrema, y la discusión sobre el uso del canon minero o la promoción de nuevos esquemas de inversión pública son un paso un esa dirección. No se puede seguir con la inercia y la ineficacia de los últimos años.

Paralelamente, el próximo Congreso podría buscar consensuar, sobre la base de un amplio debate y participación ciudadana, una propuesta de reforma integral de la Constitución, que se apruebe en una legislatura y vía referéndum, evitándonos así la incertidumbre de otros mecanismos. Paralelamente, consolidar, no torpedear, la reforma política, la reforma judicial, relanzar la reforma del Estado, el rediseño del proceso de descentralización.

Alrededor de un camino de reformas profundas, manteniendo y profundizando la institucionalidad democrática, ¿no podría gestarse un amplio acuerdo político?

Temores electorales y salidas



Artículo publicado en El Comercio, martes 27 de abril de 2021 

Pedro Castillo o Keiko Fujimori será el próximo presidente o la próxima presidenta del país; y tanto Perú Libre como Fuerza Popular seguirán siendo actores fundamentales en el futuro inmediato, ya sea desde el gobierno como la oposición. El problema es que hasta ahora la lógica de la dinámica electoral no está alineada con la de armar gobierno y construir gobernabilidad.

La ventaja que tendría Castillo según las encuestas sugeriría que con el puro manejo de imagen e ideas efectistas, pero que calzan con los sentidos comunes de buena parte del electorado, le alcanza para ganar cómodamente. Lo ayuda mucho el rechazo y la desconfianza que despierta K. Fujimori, y la campaña de ésta, hasta el momento, parece diseñada para favorecer a Castillo. Levantar el fantasma del comunismo y la defensa del modelo económico consolida la imagen de ser la defensora del establishment; radicaliza a los que ya han decidido votar por ella, atrae a los sectores más conservadores y reaccionarios, encierra a la candidata de la cápsula de la que precisamente necesita salir.

La gran complicación para K. Fujimori es que ganar le impone un camino que va muy a contracorriente de todo lo que ha hecho en el último tiempo. De un lado, énfasis en propuestas, cuando afirmó en 2016 que desde el Congreso implementaría su plan de gobierno, para luego abandonar esa agenda. Y del otro, defender prácticas democráticas, políticas de Estado, y un respeto al pluralismo y a los competidores políticos, cuando no tuvo reparos en ponerse del lado del Contralor Alarcón para forzar la caída del ministro Thorne, o del lado de, paradojas de la vida, Pedro Castillo y del CONARE (y de los sectores de la sociedad más conservadores y reaccionarios) para forzar la caída de la ministra Martens. O del lado de los investigados del caso “cuellos blancos del puerto”, priorizando sus críticas a la Fiscalía y sus defensas judiciales.

Atención que esta “conversión” no solo le es necesaria para intentar ganar, también para hacer una oposición responsable y constructiva. Aquí nuevamente debe salir del ghetto que se insinúa en el Congreso; una alianza conservadora con Renovación Popular, Avanza País y los sectores más conservadores de Acción Popular y Alianza para el Progreso pueden asegurar votos en la plaza Bolívar, pero ahondar la brecha con la sociedad y perpetuar los problemas de representación. 

Por su lado, Castillo tiene ante sí varias posibilidades, todas complicadas. Una es la huida radical hacia adelante: dados los límites que le impone la configuración del Congreso, podría caer en la tentación de seguir el camino de Hugo Chávez en Venezuela entre 1998 y 1999, o Rafael Correa entre 2006 y 2007. Imponer a través de los recursos que posibilita el poder ejecutivo y de la movilización en las calles, la elección de una Asamblea Constituyente, en la que se construya, sobre la base de una mayoría coyuntural, una herramienta para redefinir e intervenir el conjunto de los poderes del Estado. Este camino, de pura confrontación, no solo es inviable a mediano plazo dadas las circunstancias, está también lleno de riesgos para el propio Castillo; podría terminar destituido por el Congreso, o aislado y forzado a renunciar, y arrastrar al país en su caída. Pero en el otro extremo, el camino de una suerte de reedición del giro de Humala, resulta también inviable, dadas las expectativas que ha despertado y unas demandas de cambio mucho mayores que en 2011, que no deben desatenderse.

Castillo debe encontrar un camino de cambio sustantivo, pero viable en democracia. ¿No sería posible, en vez de perderse en debates ideológicos, propiciar por ejemplo un gran acuerdo nacional a favor de una ambiciosa propuesta de desarrollo de las regiones y del Perú rural e informal para los próximos cinco años? Pero para llevar adelante una agenda así, Castillo debe reinventarse también, abrirse a la posibilidad de acuerdos y diálogos que por ahora no asoman.

Entender la política y las elecciones



Artículo publicado en El Comercio, martes 20 de abril de 2021 

Entender la política es difícil porque ésta se mueve en la intersección de dos ámbitos contradictorios. De un lado, la política es voluntad: quien hace política es porque aspira a lograr cosas difíciles y desafiar la ley de las probabilidades. Ya decía Max Weber que “en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”. Pero al mismo tiempo, como decía Marx, “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos”. Así, la voluntad cuenta, pero también la historia, la cultura, las estructuras económicas y sociales, las instituciones; estas no determinan desenlaces específicos, sí definen probabilidades mayores o menores. De otro lado, se suele pasar por alto que la causalidad puede también invertirse, de modo que la política en ocasiones logra ser capaz de redefinir el curso mismo de la historia y crear nuevas estructuras. Esto que es válido en general para cualquier lugar y tiempo, por supuesto, adquiere particularidades y matices en países y momentos específicos.

En nuestro país el desafío analítico es particularmente complicado. De un lado, resulta evidente la importancia de la historia y de las estructuras económicas y sociales: la desigualdad, la heterogeneidad, la fragmentación, son elocuentes, así como la existencia de profundas fracturas de clase, región, etnicidad, y otras de larga data, que marcan barreras aparentemente insuperables. Al mismo tiempo, las contradicciones e inestabilidad que genera esa misma estructura abren espacio para que se produzcan grandes transformaciones de esa misma estructura “desde arriba”: en los últimos años, el velasquismo y el fujimorismo desencadenaron cada uno una suerte de revolución en lo social, producto de proyectos políticos gestados por pequeñas “cúpulas”, e impensables sin la intervención de sus liderazgos.

En los últimos años, tenemos que sumarle el hecho de que la pulverización de la representación política, la extendida desconfianza ciudadana con la totalidad de la oferta política, hace que los resultados de cada elección resulten altamente imprevisibles. En los últimos años, la única constante relativa es la de una Lima y una costa norte más conservadoras y una sierra sur más contestataria, pero esas preferencias son extremadamente volátiles y pueden expresarse a través de una gran variedad de candidatos. Y digo relativa porque esa “constante” puede romperse, como cuando Toledo logró una votación muy pareja en todo el territorio en 2001, cuando Villarán derrotó a Flores en 2010 en Lima, o cuando el sur andino votó por Kuczynski en la segunda vuelta de 2016. Respecto a esto último, no olvidemos que el “clivaje” fujimorismo – antifujimorismo, de naturaleza esencialmente política, ha sido y sigue siendo fundamental para entender la dinámica del país en los últimos treinta años.

Por todas estas razones, es un error pensar que el resultado de las elecciones recientes “debió verse venir” como si hubiera estado definido de antemano. La realidad es que esta elección tuvo tres grandes disputas, al centro, la izquierda y la derecha, que solo se definieron al final. Conforme pasaron las semanas vimos el lento debilitamiento del centro (seguramente afectado por el descrédito del expresidente Vizcarra y la ineficacia en el manejo de la pandemia del presidente Sagasti); una disputa muy cerrada en la derecha, en la que Fujimori se terminó beneficiando de groseros errores en las campañas de López Aliaga y De Soto; y un voto por Castillo que recién apareció en las últimas semanas, solo después de la caída de Lescano, de diversos errores en la campaña de Mendoza, y que tuvo la suerte de alcanzar su mejor “momento” precisamente en la semana de la elección. En medio de una alta fragmentación y volatilidad, pequeños cambios de última hora definieron el desenlace.

En suma, la cultura política de las regiones, las características de la oferta política, los aciertos y errores de las campañas y, por qué no, la veleidosa fortuna, son las que terminan explicando los resultados.

miércoles, 30 de junio de 2021

Primeros apuntes




- Parecemos haber llegado al nivel cero de la representación. En 2005 publiqué un libro que titulé “Democracia sin partidos”, y pasé los últimos quince años diciendo que Perú era un caso extremo de precariedad de su sistema de partidos y de problemas de representación. Pero lo que vemos hoy parece colocar al pasado inmediato como un modelo de institucionalización.

- En nuestra democracia tenemos a una ciudadanía desconfiada y escéptica que mira desde la tribuna a pequeñas tribus disputándose su voto. La constante relativa es que esos ciudadanos parecen tener cierta preferencia por orientaciones más a la izquierda (sierra sur, típicamente) o a la derecha (Lima, costa norte), pero también podemos encontrar preferencias bastante homogéneas a través del territorio. Por ejemplo, llama la atención la votación de Castillo en Apurímac, Ayacucho o Huancavelica, pero también es cierto que su votación luce bastante pareja en todo el país, de modo que con un 12.8% de los votos al Congreso Perú Libre podría obtener un 25% de la representación (algo así también sucedió con el fujimorismo en 2016). Renovación Popular tiene casi la misma votación que Acción Popular (9.9%), pero AP tendría 21 representantes, contra 13 de RP. Y Avanza País tiene casi los mismos votos que Alianza para el Progreso en el Congreso (7.3%), pero tendría la mitad de los representantes (APP 14 y AP 7). Hay unos grupos más “nacionales” que otros…

- Las tribus lanzan ofertas muy limitadas, improvisadas, incapaces de generar adhesiones consistentes. Por eso el proceso ha sido tan volátil e incierto. En un momento parecía que Forsyth “estaba seguro” en segunda vuelta, luego Lescano, pero ambos empezaron a caer; luego pareció que López Aliaga, De Soto, Mendoza y Fujimori en diferentes momentos se metían a la segunda vuelta. Castillo recién apareció como candidato viable hacia finales de marzo, apenas a tres semanas de las elecciones, después de que sus electores descartaran las opciones anteriores. La explicación habría que encontrarla más en los errores y aciertos de los candidatos y en el momento específico del crecimiento de cada uno, antes que pensar que era algo “que estaba escrito” y que “debimos ver venir”. Castillo expresa algunas redes vinculadas a sectores del magisterio, a los ronderos, a trabajadores de la salud, y sobre ellas dio el salto; pero las redes conservadoras no le alcanzaron a López Aliaga, ni las partidarias municipales a Lescano, ni las universitarias a Acuña. Ni las redes evangélicas le alcanzaron al FREPAP, o las de reservistas a UPP, tan comentadas por la elección de 2020, para mantener el registro. Las redes de activistas ayudan, pero no bastan.

- Las tribus, repito, son tremendamente débiles. Castillo resulta puntero con 18.1%, con esa votación habría quedado en cuarto lugar en 2016, 2011, 2006 y 2001; Keiko Fujimori entraría a la segunda vuelta con el 14.5%, después de haber obtenido el 23.56% en 2011 y el 39.86% en 2016, reducida a poco más que al “núcleo duro” del fujimorismo tradicional, y despertando el nivel de rechazo más alto que cualquier otro candidato (sin contar a Castillo). El próximo presidente enfrentará además un Congreso con nueve o más bancadas, en las que más del 40% de sus candidatos se afiliaron al partido en el último mes.

- ¿Cómo llegamos a esto? Las investigaciones de lava jato, la confrontación política desde 2016, el debilitamiento del centro político en medio de la incapacidad para responder a la pandemia, cuentan. También la manera en que se han asentado en el debate político en los últimos años discursos descalificadores y generalizantes, en los que toda la izquierda es “chavista”, toda la derecha “entreguista”, todo centro pusilánime, en los que el conocimiento técnico y científico es descalificado en nombre de la experiencia práctica, en el que las noticias falsas, mentiras y exageraciones se han normalizado. Si todo es igual y nada es mejor, como en Cambalache, no debemos sorprendernos del resultado. 

Al día siguiente




Si vemos a los electores peruanos, encontraremos a un número grande que adopta una actitud que podríamos llamar “cínica”: no importa quien gane, porque todo va a seguir igual. Otros, a pesar de los serios problemas de representación que adolescemos, en cada proceso electoral se entusiasman por algún candidato, llegando incluso a defenderlo contra toda evidencia, y denostar del mismo modo a sus rivales. Esto suele tener que ver con las posiciones ideológicas de los ciudadanos, que encarnan en cada proceso electoral de manera diferente. Después, por supuesto, vienen las decepciones.

En realidad, acaso sea más conveniente seguir la actitud cínica, pero entendida como los griegos antiguos, y tener un saludable escepticismo respecto al desempeño de nuestras futuras autoridades. Creo que no es arriesgado preveer, dada la precariedad de todas las candidaturas en competencia y las tendencias a la fragmentación del voto, que el próximo presidente, sea quien sea, tendrá que marcar distancias de las promesas y discursos que ha estado manejando hasta el momento; tendrá que anunciar que, dado el tamaño exiguo de su representación parlamentaria, no podrá implementar su plan de gobierno original. Dada la debilidad de sus cuadros técnicos, tendrá que convocar a independientes, así el “verdadero” plan de gobierno se definirá al nombrarse al Presidente de Consejo de Ministros y a los ministros principales. Recordemos que una cosa fue el candidato Kuczynski en campaña en 2016 con su jefe de Plan de Gobierno Alfredo Thorne, y otra el presidente Kuczynski con Fernando Zavala en la Presidencia del Consejo de Ministros. En 2011 una cosa fue “La gran transformación”, el plan de gobierno liderado por Félix Jiménez, otra la gestión presidencial de Humala con Miguel Castilla en el Ministerio de Economía, y Oscar Valdés, Juan Jiménez o Pedro Cateriano en la Presidencia del Consejo de Ministros, por mencionar ejemplos de los dos últimos gobiernos.

Al armarse los Consejos de Ministerios, resultará que quienes terminen tomando las decisiones serán técnicos independientes sin mayor relación con el partido que ganó las elecciones, y sin mayor relación entre sí. Esto generará problemas de coherencia y coordinación, que complicará la implementación de políticas eficaces. Al mismo tiempo, es muy probable que el ejecutivo tenga una representación parlamentaria pequeña e indisciplinada. Muy probablemente la popularidad del próximo presidente empiece alta, pero decaerá caiga rápidamente a lo largo del primer año de gobierno; y que conforme ésta caiga, empiecen en el Congreso las renuncias, los cambios de bancada, el viejo transfuguismo. Además, es muy probable que tengamos un Congreso con el nivel de fragmentación más alto de nuestra experiencia democrática reciente, compuesto además por bancadas sin liderazgos firmes, con alta indisciplina, y muy penetrado por intereses particularistas. Este Congreso iniciará con una actitud medianamente colaborativa, pero pasará a una retórica agresiva conforme vaya cayendo la popularidad del gobierno. Además, en este escenario aflorarán los intereses personalistas y particulares, que debilitarán aún más a las bancadas y probablemente den lugar a la proliferación de proyectos de ley demagógicos, pero con alto respaldo parlamentario. En suma, corremos el riesgo de repetir el escenario visto en los últimos cinco años; seguir “atollados”, girando sin avanzar y hundiéndonos cada vez más en el círculo vicioso de un gobierno débil que por la falta de apoyo parlamentario se debilita más, lo que radicaliza la acción opositora.

¿Se puede escapar de este destino? Por supuesto que sí, pero se requiere de realismo y responsabilidad de los gobernantes y representantes electos, de la movilización y vigilancia de los medios, gremios, asociaciones y de los ciudadanos, de la gestación de un gran acuerdo nacional de emergencia para atender con sensatez los problemas más urgentes. Afortunadamente, si dejamos atrás la estridencia de algunos candidatos, encontraremos en el mundo de los expertos en las diferentes áreas de política pública amplias posibilidades de convergencia, que podrían ayudar a sentar las bases de un necesario acuerdo político.

¿Qué más dicen las encuestas? (2)




Hace dos semanas comentaba algunos asuntos que podríamos deducir del análisis de las encuestas de intención de voto, más allá de la información inmediata sobre los movimientos en las posiciones relativas de los candidatos. ¿Cuán diferentes resultan estas elecciones de todas las anteriores, qué nos dicen de los cambios en el sistema político?

Mirando retrospectivamente, resulta claro que entre 2001 y 2016 un gran eje de la política peruana estuvo marcado por la herencia del fujimorismo. En 2001 se lo quiso superar, sin lograrlo; en 2006 reapareció con actor relevante, y en 2011 y 2016 estuvo muy cerca de ganar nuevamente la presidencia. Toledo emergió como líder al encabezar la oposición al fujimorismo, así como Ollanta Humala en 2011, y Verónika Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Paralelamente, el eje izquierda – derecha resultó relevante, al igual que en toda América Latina, eje que también remite al fujimorismo, en tanto fue en la década de los años noventa  cuando se implementaron las reformas orientadas al mercado. Al igual que en otros países, candidatos con discursos críticos con el neoliberalismo tuvieron importante arrastre, llegando a ser triunfadores Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011, pero también los defensores del modelo tuvieron respaldo significativo. Toledo no era crítico con el modelo, Lourdes Flores obtuvo una importante votación en 2001 y 2006, García y Humala giraron al centro en la segunda vuelta para alcanzar la victoria, y en 2011 la segunda vuelta tuvo como protagonistas a dos defensores del modelo. Finalmente, se insinuaba algo así como un conjunto medianamente previsible de protagonistas o candidatos: Toledo fue presidente en 2001, era el candidato favorito en 2011, y terminó mucho peor de lo que se esperaba en 2016; García quedó segundo en 2001, ganó en 2006, y al igual que a Toledo le fue mucho peor de lo esperado en 2016. Humala quedó segundo en 2006, ganó en 2011, pero el caso lava jato rompió desde 2019 esa suerte de esquema.

Lava jato y sus consecuencias rompió esa cadena según la cual los segundos o terceros de la elección anterior resultaban ganadores en la siguente, que también funcionó en 2016, enfrentando a la quedó segunda en 2011 con el que quedó tercero. Las detenciones y prisiones preventivas de Toledo, Humala, Kuczynski, Keiko Fujimori y el suicidio de García ilustran el descrédito de los protagonistas principales de este periodo. Si miramos la campaña en curso, ella expresa el impacto del caso lava jato, y la lógica destructiva que enfrentó al fujimorismo con Kuczynski, cuando podrían haber sellado una alianza en favor de una nueva generación de reformas estructurales. La elección parlamentaria de 2020, con todo, configuró un panorama no del todo desconocido: una suerte de mayoría moderada (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Partido Morado), grupos con discursos anti establishment muy variados (Fuerza Popular, UPP, Frente Amplio), y grupos imprevisibles, pero marcadamente antipolíticos (FREPAP, Podemos). Como sabemos, los efectos del Covid-19 hicieron que el Congreso revelara con desfachatez un ángulo hasta ese momento soterrado, el de un populismo desenfrenado, que cruza a todos los grupos políticos, o que más bien revela que más allá de las etiquetas partidarias lo que hay son individuos sin mayor formación o compromiso institucional. Sumémosle a ello una reforma política implementada a medias, en medio de la pandemia, y tendremos el resultado: Lescano representa a un partido sin identidad, y como candidato ilustra los arrebatos populistas ahora de moda; Fujimori carece también de una candidata clara, de vuelta de la “desalbertización” de su partido; Forsyth y Mendoza manejan vehículos electorales prestados a los que se subieron a última hora; de Soto y López Aliaga son expresión elocuente de lo huérfana que está la derecha de figuras y de propuestas que la representen propiamente.

Lamentablemente, lo que puede preveerse es una suerte de continuación de la dinámica 2016-2021; esperemos que algo hayamos aprendido de esa experiencia.

Nuestro declive democrático




Hace unos días salió publicado el informe sobre la Democracia 2021 del proyecto Variedades de la Democracia, que llama la atención sobre la “viralización de la autocratización”, en el que se vislumbran retrocesos en los procesos democráticos en el contexto de la pandemia, por la expansión de “autocracias electorales”. Esto dio lugar a un interesante comentario de Paolo Sosa en estas mismas páginas. Países como Brasil, la India y Turquía han caído en los índices del componente liberal de la democracia, de modo que, si bien se trata de gobierno elegidos democráticamente, muestran comportamientos claramente autocráticos.

Para América Latina, se señala que en el contexto de la pandemia se han erosionado las democracias en El Salvador y Paraguay, pero también México, Venezuela, Brasil y Bolivia. En términos generales, el patrón de erosión con los presidentes Bukele, Benítez, López Obrador, Maduro, Bolsonaro y Morales (creo que también se podría incluir a Añez), muestra rasgos similares: presidentes que actúan de manera intolerante, atacando a los medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil críticas, satanizando a la oposición política, incluyendo el recurso de la difusión de información falsa, para desacreditar a los adversarios. Perú tiene experiencia en este tipo de problema, es más, podría decirse que fuimos los pioneros del modelo de autocracias electorales, configurado por el fujimorismo en la década de los años noventa. Ciertamente el riesgo de repetir ese tipo de experiencia existe. Pero Perú está enfrentando otros riesgos más inmediatos de declive democrático, en realidad, que no son los mismos que están encendiendo las alarmas en otras latitudes.

Perú tuvo en los últimos años una histórica continuidad democrática, que estuvo además acompañada por crecimiento y reducción de la pobreza; sin embargo, era una democracia de mala calidad por la debilidad de sus instituciones y de sus actores políticos, por la dificultad de convertir el crecimiento en bienestar y la reducción de la pobreza en una situación menos precaria y vulnerable. Con todo, había un notable, para nuestros estándares, consenso en torno al respeto a fundamentos democráticos elementales (mínima pluralidad, respeto a los adversarios), y a los fundamentos económicos (mantener la estabilidad macroeconómica y los equilibrios fiscales básicos). Desde 2016 se empezó a romper la dinámica que se estableció desde la transición en 2001. Para empezar, nuestra precariedad institucional siguió estando allí, pese a algunos intentos de enfrentarla. Segundo, aquello que funcionaba bien empezó a resquebrajarse; sufrimos una clara desaceleración en el crecimiento, y la pobreza no solo dejó de reducirse, sino que inició un nuevo dinamismo, haciéndose visible en zonas no tan “convencionales” como la sierra norte y las grandes ciudades. De otro lado, los actores políticos principales se enfrascaron en una lógica de conflicto crecientemente polarizante y destructiva, que terminaron afectando incluso el consenso económico, a la vez que se difuminó el consenso en torno al respeto a ciertos límites en la disputa política, se forzaron las prerrogativas constitucionales hasta el límite en el conflicto entre vacancias presidenciales y disoluciones parlamentarias.

Este enfrentamiento, al que habría que sumar los efectos destructivos de las denuncias asociadas al caso lava jato y otros, debilitaron aún más a los actores políticos. Esto hizo que la representación política se poblara aún más de intereses fragmentados, particularistas y oportunistas; en el contexto de la pandemia, esto se ha manifestado en el desafío abierto a los consensos económicos del pasado y en la pérdida de mínimos códigos de conducta democrática. En lo político el riesgo mayor no es tanto la concentración del poder en un autócrata; el camino de nuestro declive democrático sería el del entrampamiento permanente, cayendo en círculos crecientemente autodestructivos, en el que políticos irresponsables, cortoplacistas, demagógicos, soliviantando a una ciudadanía crecientemente irritada e impaciente, impidan la formación de mayorías y un mínimo de gobernabilidad.

Ninguna de las candidaturas en competencia, por sí sola, podrá resolver este problema. Se requerirá construir coaliciones en torno a plataformas mínimamente sensatas.

¿Qué más dicen las encuestas?

 


Artículo publicado en El Comercio, martes 16 de marzo de 2021 

En los últimos días han aparecido diversas encuestas de opinión que han dado lugar a variados análisis, al final queda realmente poco que añadir respecto a las tendencias de intención de voto. Pero, más allá de las cifras inmediatas, ¿qué más nos sugieren las encuestas? ¿Qué nos dicen respecto a la naturaleza del país?

Para empezar, los datos disponibles hasta el momento nos dicen cosas interesantes sobre el peso de las estructuras y de la agencia política para definir los resultados electorales. A partir de una mirada superficial de los resultados de las elecciones de 2011 y 2016 surgió una imagen según la cual el electorado peruano estaría marcado por cierta determinación histórica; los excluidos, básicamente en el sur andino, votarían “naturalmente” por opciones contestatarias de izquierda, y se enfrentaban a una Lima y una costa norte más “integradas”, y conservadoras, repitiendo una confrontación cuyas raíces podrían encontrarse tan lejos como la rebelión de Túpac Amaru. Así, aparentemente, en 2011 el Perú “radical” se expresó en Ollanta Humala y el “conservador” por Keiko Fujimori, y en 2016 el primero por Verónika Mendoza y el segundo por Kuczynski o Fujimori. Sin embargo, ese análisis no es correcto: la clave del triunfo de Humala en 2011 fue su movimiento al centro, y en 2016 el voto por Fujimori se caracterizó por su cobertura nacional, de allí que obtuviera mayoría absoluta en el Congreso.

Y ese análisis funciona aún menos en 2021. Lescano partió de una base de apoyo en el sur (fue congresista por Puno en 2001 y reelegido en 2006 por esa región), y ha construido un perfil de candidato relativamente contestatario, pero hay otros más a su izquierda, más propiamente radicales, que no levantan vuelo. Además, su intención de voto se ha expandido y se ve ahora relativamente pareja según nivel socioeconómico, encabeza claramente las preferencias en el sur, pero también le va bastante bien en el norte, centro y oriente, en los ámbitos urbano y rural, y en todo el espectro de identificación ideológica. Y es que si bien las estructuras y la historia cuentan, también la contingencia, la construcción de liderazgos, la capacidad política de aprovechar oportunidades, los errores estratégicos de los adversarios.

El liderazgo de Lescano, si bien resulta un tanto inesperado, tenía alguna base: congresista electo en 2001 y reelecto en 2006 por Puno, reelecto por Lima en 2011 y 2016, resulta un modelo de construcción de liderazgo nacional partiendo desde una región. Además, se beneficia de la imagen de un partido que en su indefinición mantiene cierto prestigio, y recordemos además que según la encuesta IPSOS de diciembre, apenas un 36% asocia a Manuel Merino con Acción Popular. 

Un último tema, hablando de Merino. Hacia finales de noviembre, el Perú parecía un país movilizado alrededor de firmes convicciones democráticas en contra de los grupos “golpistas”; cuatro meses después, parece que estuviéramos ante otro país. Según la encuesta del IEP de noviembre, un 37% declaró haber participado en las marchas en contra de Merino, y en ellas participaron más los jóvenes, mujeres, de sectores altos y medios, y de Lima. Hubo acaso un exceso de entusiasmo respecto del alcance de esas protestas; en todo caso, la indignación y el ansia de renovación expresados en ese momento se están canalizando hoy de maneras muy diversas, o simplemente se expresan en la desafección que es todavía mayoritaria. En realidad, el sentido antipolítico de nuestra sociedad se expresa tanto en las movilizaciones en contra del Congreso de antes como en la escasa adhesión que despiertan las candidaturas de hoy, donde las que más destacan son las que sintonizan con aspiraciones de renovación, por más inesperadas que parezcan.

Nuevamente, qué pasará de acá a abril o junio, partirá de la situación actual, donde cuenta la herencia del pasado, pero el desenlace estará abierto a las decisiones, acciones y omisiones de los actores, y de la diosa fortuna.

¿Cómo se defiende la democracia?


Artículo publicado en El Comercio, martes 9 de marzo de 2021 

La democracia es la mejor forma de régimen político porque pone en el centro de sus principios y valores el pluralismo, el ejercicio de la libertad, el derecho a la disidencia, el derecho a asumir un rol crítico y de oposición al poder. Se renueva a través de la alternancia en el poder mediante elecciones libres y competitivas, de modo que quienes hoy ejercen el poder después lo pierden, y quienes no lo tienen hoy pueden tenerlo mañana. Se incentiva así el respeto a las reglas de juego y a los adversarios, se limita un enfrentamiento destructivo que ponga en riesgo el sistema. Por ejemplo, en los últimos días vimos cómo ante la posibilidad de excluir candidatos en competencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones por razones administrativas, diferentes instituciones y candidatos se pronunciaron en contra, aunque se tratara de adversarios y de candidaturas frente a las cuales se pudieran tener grandes discrepancias.

El desafío es que la democracia puede ser vulnerable a los ataques de actores que aprovechan las libertades y los recaudos para preservarla para minarla, sin abiertamente romper con la legalidad, pero apelando al miedo como estrategia en favor de sus intereses. Entre esos actores podrían estar desde organizaciones subversivas que mediante el terror y la imposición pretenden tomar el poder; hasta grupos de interés y de poder que buscan beneficios y privilegios económicos perjudicando gravemente a los demás; o grupos que mediante mentiras y demagogia exaltan prejuicios e instintos primarios para generar un clima que legitime sus intereses políticos.

En nuestro país tenemos experiencia con grupos subversivos, que se valieron de las libertades democráticas para realizar propaganda subversiva, amedrentar a jueces y fiscales y a opositores políticos. Frente a esto, desarrollamos una legislación que puede impedir el registro o declarar ilegal a una organización política por tener una conducta antidemocrática. Al mismo tiempo, tenemos una legislación que condena la apología al terrorismo. En cuanto a la acción desestabilizadora de grupos con fines económicos, existe el delito de pánico financiero, mediante el cual se sanciona a “el que a sabiendas produce alarma en la población propalando noticias falsas … atribuyendo cualidades o situaciones de riesgo que generen el peligro de retiros masivos de depósitos o el traslado o la redención de instrumentos financieros de ahorro o de inversión”.

Pero, ¿cuál debe ser la respuesta ante formas desleales de oposición? ¿Cómo definir la línea que divide el derecho a la crítica y la oposición y se incurre en la desestabilización? Una respuesta exagerada va en contra de principios democráticos esenciales; pero la democracia tampoco puede ser boba y simplemente dejarse liquidar. En situaciones excepcionales, en medio de una gravísima emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, una democracia puede decretar estados de emergencia, suspender temporalmente derechos ciudadanos, siempre sujeto por supuesto a revisión y rendición de cuentas. En medio de esto, propalar información tendenciosa de manera irresponsable, que puede tener graves efectos sobre la salud pública, requiere una respuesta enérgica.

Pero también está el riesgo de la creciente judicialización de la actividad política, por lo que lo que debería funcionar es una sanción política y ciudadana. Los actores políticos y sociales leales con la democracia deben tomar partido claro, condenar y aislar a los intentos desestabilizadores. Acá no solo ha habido una mala práctica o un error periodístico, sino una manera irresponsable de hacer oposición que puede tener graves consecuencias sobre la vida de las personas. Es positivo entonces que en los últimos días se hayan pronunciado en contra de las campañas de desinformación el Colegio Médico, el Colegio de Biólogos, o el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Cabe destacar los pronunciamientos de diferentes candidatos presidenciales, especialmente de quienes se pronunciaron también en contra de la exclusión de competidores.

En suma, la democracia tiene herramientas para responder democráticamente a sus amenazas. La clave es que no podernos de lado en momentos como este.

Nuestra extrema derecha



Artículo publicado en El Comercio, martes 2 de marzo de 2021 

La extrema derecha siempre ha existido, pero una novedad relativa es que ahora intenta una representación propia. En la década de los años ochenta, aparecía detrás del discurso socialcristiano del PPC, del liberalismo populista del segundo belaundismo, o del liberalismo más doctrinario del FREDEMO; en la de los noventa, detrás del fujimorismo. En el nuevo siglo, se agazapó detrás de Lourdes Flores, del segundo gobierno de García, nuevamente detrás del fujimorismo con Keiko Fujimori, y luego detrás del tecnócrata financiero Kuczynski. Digamos que la incorrección política manifiesta tendió a ser censurada en el discurso político. Hoy, con sectores de derecha anteriormente predominantes bastante desgastados, en medio de una gran fragmentación y precariedad política, y con un ánimo irritado por efectos de la recesión y de la epidemia, emerge una derecha extrema con una desfachatez antes inimaginable.

En el imaginario de esa derecha, el país estaría secuestrado por una coalición que articula intereses globales y locales, que atenta gravemente contra la integridad del país, por lo que corresponde una cruzada salvífica. En esa coalición estaría el viejo comunismo aggiornado, también sectores liberales bien intencionados, “bienpensantes” pero profundamente equivocados, que resultan tontos útiles (socialconfusos) de una ofensiva que atenta contra los supuestos “valores fundamentales” de la patria: la versión de la religión católica más conservadora, el modelo de familia asociada a ésta, un modelo de sociedad basado en la defensa del orden, la propiedad, y el respeto a la autoridad. Así se explicaría la decadencia del país, que debería ser recuperado defendiendo sus valores “esenciales”: de allí la obsesión por la “defensa de la vida”, el rechazo al aborto en todas sus formas, el rechazo al enfoque de género, y a plantear los derechos y combatir la discriminación de la población LGTBI, el rechazo a la “sexualización” de la educación pública. Estas políticas serían parte de una agenda extranjerizante, gestada en otras sociedades, promovida por organismos internacionales y gobiernos “progresistas” pero que serían incompatibles con nuestras tradiciones. Así se termina metiendo en un mismo saco al Banco Mundial, a la OMS, y el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Los socios locales de esta coalición internacional serían los viejos izquierdistas reciclados, que ahora controlan las ONGs, los “sociales confusos liberales”, y los “caviares”, estos últimos grupos de “consultores” privilegiados que vivirían de las rentas estatales y la cooperación internacional.

La clase empresarial, los partidos de derecha tradicionales, habrían fracasado y traicionado el papel que les correspondería haber tenido, de allí la necesidad de nuevos liderazgos, que asuman además la necesidad de asumir sin complejos la lucha ideológica. El “progresismo” habría copado los medios de comunicación, las universidades, los centros de investigación, ganado la “batalla cultural”, de allí la necesidad de responder con firmeza, sin complejos. Frente al discurso de los derechos humanos, mano dura contra la delincuencia, contra la inmigración de otros países; frente al “libertinaje sexual”, defensa de la familia convencional; frente al desorden y el caos, recuperación del principio de autoridad y de la moral pública.

¿Cuán grande es la audiencia en nuestro país para este tipo de discurso? No habría que subestimarla, más todavía en un contexto en el que ningún grupo político despierta adhesiones significativas. No solo está la persistencia de tradiciones oligárquicas y excluyentes en nuestras élites económicas; recordemos que en nuestro país un 12% piensa que el aborto no se justifica en ningún caso, independientemente de las circunstancias (IPSOS, 2020), que un altísimo 71% justifica que un hombre agreda físicamente a una mujer en caso ésta le sea infiel (IPSOS 2020); o que un 13% considera que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son poco o nada discriminados, o un 20% que piensa que la homosexualidad es una enfermedad (IPSOS, 2019). O que entre aquellos que simpatizan con la idea de una nueva Constitución, un 74% considera que en ella debe haber penas mayores para delincuentes y corruptos.

miércoles, 9 de junio de 2021

Confianza (2)


Artículo publicado en El Comercio, martes 23 de febrero de 2021 

La semana pasada escribí un artículo sobre cómo las recientes revelaciones acerca de la existencia y distribución de “vacunas adicionales” a las que eran parte de los ensayos clínicos de Sinopharm impactaban sobre la confianza en el país: entre nosotros como ciudadanos, y entre nosotros y nuestras autoridades. Sin embargo, el texto lo escribí antes de conocerse la información más impactante, que se ha ido conociendo a lo largo de los días.

No es novedad que en nuestro país hay corrupción, y serios problemas de justicia distributiva; problemas de exclusión y discriminación, y diferentes formas de “argollas” o redes a través de las cuales se preservan privilegios de manera indebida. Sabemos también que existe una amplia cultura de irrespeto a las normas, y la crítica a la “viveza criolla”, es ya un lugar común. Sabemos además que hay áreas del Estado percibidas como especialmente corruptas (Congreso, Poder Judicial); además, desde el caso lava jato confirmamos y desnudamos lo que también intuíamos: que empresas privadas financiaban campañas clandestinamente, que compraban favores e influencias en las altas esferas políticas, de las que obtenían grandes beneficios. Digamos que lo escandaloso del asunto era la impudicia del asunto, no tanto la novedad. Poco a poco asumimos la decepción por las promesas incumplidas de la “transición” posterior a la década del fujimorismo. Martín Vizcarra terminó siendo una decepción más dentro de una larga cadena; especialmente amarga porque, al igual que Alejandro Toledo, levantó explícitamente banderas de combate a la corrupción, de fortalecimiento de las instituciones democráticas, y pretendió presentarse como la encarnación de una nueva forma de hacer política. Sin embargo, ambos eran creaciones de la política sin partidos, sin instituciones, liderazgos personalistas e improvisados, por lo que, en el fondo, sus trayectorias no son tan inesperadas.

El problema a mi juicio con el escándalo suscitado con la existencia y distribución de las “vacunas adicionales” es que involucra a instituciones supuestamente “inoculadas” frente al mal general del manejo patrimonial del Estado y la falta de solidaridad y compromiso social. La Cancillería, áreas “de excelencia” del Ministerio de Salud, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también a personalidades, investigadores, científicos, académicos, de larga trayectoria, prestigio y reconocimiento; está incluso el nuncio apostólico, “consultor en temas éticos”. Instituciones y personalidades formadas y habituadas en principio a seguir procedimientos y prácticas que aseguren una correcta ética profesional, un desempeño ético en la función pública. Todo esto dentro de un gobierno supuestamente dedicado a atender la emergencia sanitaria con la mayor diligencia y sacrificio. Si ellos nos fallan, ¿qué nos queda? Por ello es que este golpe ha sido tan duro.

Frente a este mazazo, no corresponde la respuesta cínica: en tanto todos serían corruptos, en tanto la ética, los principios y los valores no garantizarían nada, se legitimaría el “sálvese quien pueda, como pueda”. Nos igualamos todos hacia abajo. No: lo que corresponde es redoblar la apuesta por la transparencia, los controles, los protocolos, la formación en ética y valores. La moraleja es que se trata de una tarea difícil, permanente, que tiene que estar sujeta a constante revisión autocrítica. En un reciente sondeo preliminar de In Target, resulta que un 23% de los encuestados declara que se habría vacunado antes que los demás si le hubieran ofrecido esa posibilidad. La lección es que la ética profesional y la ética en la función pública no “se resuelven” de una vez y para siempre, sino que deben revisarse siempre a la luz de los nuevos desafíos que aparecen.

A todos los que tenemos responsabilidades en diferentes instituciones y espacios nos toca también actuar, y promover una discusión en nuestros ámbitos sobre cómo evitar caer en las prácticas que con energía condenamos. En contextos críticos y tan difíciles como los que nos ha tocado vivir, aquello que repudiamos podría estar más cerca y dentro de nosotros de lo que quisiéramos admitir.

Confianza



Artículo publicado en El Comercio, martes 16 de febrero de 2021 

Hace muchos años que sabemos que nuestro país tiene un serio problema de confianza y de escasa legitimidad de las instituciones políticas. Según el informe Cultura política de la democracia en Perú y en las américas, 2019/2019: tomándole el pulso a la democracia (Lima, IEP, 2020), Perú es el país de la región con el menor nivel de apoyo al sistema político, con el más bajo nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia (junto a Panamá). Al mismo tiempo tenemos el porcentaje más alto de encuestados en la región que consideramos a la corrupción como el problema más importante del país, o que pensamos que “la mitad o más de los políticos están involucrados en corrupción”. Al mismo tiempo, somos el país, junto con Brasil, con el más bajo nivel de confianza interpersonal de las américas. Según los datos recogidos entre 2017 y 2020 por la Encuesta mundial de valores, Perú tiene los niveles de confianza interpersonal más bajos del mundo, junto a Albania, Colombia, Indonesia, Nicaragua y Zimbabue.

Existe una amplia literatura que explora los efectos perniciosos que tienen estos bajos niveles de confianza sobre la estabilidad política, el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico. La desconfianza nos condena a vivir en el corto plazo; si no confiamos en los demás, no podemos planificar a mediano o largo plazo, se hace más difícil la acción colectiva, lo que dificulta plantearnos tareas necesarias, pero de implementación compleja y maduración lenta. Nos dejamos llevar entonces por el inmediatismo, lo que impide resolver los problemas de fondo, lo que genera frustración, y un círculo vicioso difícil de romper. En lo político, las identidades partidarias constituyen un muro de contención a la desconfianza; cuando existen, ellas pueden perdonar un mal desempeño en nombre de un capital de credibilidad acumulado y promesas a futuro. Como sabemos, en nuestro país ese dique hace tiempo que se rompió.

En los últimos años, apareció la temática de la producción de noticias falsas (fake news), producto precisamente de la falta de confianza en el mundo institucional, y la aparición de fuentes “alternativas” de información. Los medios institucionales se propusieron, con buena intención, reforzar sus unidades de investigación, sus equipos de contrastación de datos y fuentes. Con el tiempo descubrimos que el problema es mucho más serio: la desconfianza refuerza los vínculos más primarios, nos encierra en nuestros círculos más inmediatos; entonces, no creemos noticias falsas porque no tengamos mejores fuentes de información, es porque las descartamos y optamos por la que nos inspira confianza, que es la que confirma nuestras percepciones previas.

Con todo, el último dique que contiene la expansión de noticias o teorías sin fundamento razonable es la confianza que despiertan algunas fuentes legitimadas por su desempeño, pero sobre todo, por su voluntad de transparencia, autocrítica, rendición de cuentas y mecanismos de control permanentes y eficaces. Centros de estudio e investigación, científicos y expertos, instituciones con una trayectoria reconocida, identificados con la defensa de causas justas por razones principistas. Es lo que algunos llaman la “reserva moral” del país, en las que nos amparamos en condiciones de incertidumbre. En contextos de polarización y desconfianza generalizada, son referentes indispensables.

Los acontecimientos de los últimos días, asociados a un manejo cuando menos de una desprolijidad inaceptable, que sugiere además serios conflictos de interés e incluso la comisión de delitos; donde estarían involucrados personalidades e instituciones de gran prestigio y reconocimiento, constituyen un golpe durísimo para las causas democráticas y la construcción de instituciones. Eso es lo que más duele: que quienes deben ser referentes para combatir el cinismo y la falta de escrúpulos que empiezan a campear, se vean manchados precisamente por ellos. La solución está en la propia lógica de esas instituciones: transparencia, investigación imparcial y sanciones si es que corresponden. Y correcciones para evitar que sucesos como los ocurridos vuelvan a presentarse.