La exclusión de los candidatos Acuña y Guzmán, de manera desproporcionada e injusta, ha desatado un frenesí reglamentarista: se pretende excluir también a K. Fujimori, a Kuczynski, a García, invocando razones equivalentes. Un callejón sin salida: con más exclusiones la elección pierde sentido, y sin ellas, se consagraría la injusticia y la parcialidad. Somos un caso único, hasta donde sé, en donde la legitimidad electoral no es puesta en cuestión por un poder que pretende perpetuarse, ni por la acción de mafias que tuercen la voluntad de los electores, sino por cambios contraproducentes y de última hora a las reglas electorales aprobadas por el Congreso, prácticamente por unanimidad, y por un Jurado Nacional de Elecciones que siguió un criterio “maximalista” de aplicación de la ley. Y recordemos que los miembros del pleno del JNE están allí elegidos por los magistrados de la Corte Suprema, por los Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados, y los decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas. Hasta allí llegan las responsabilidades.
¿Cuál es la salida? Guzmán ha hablado de fraude y ha solicitado la suspensión del proceso electoral. Me parece imposible: las elecciones fueron convocadas por el presidente, y este puede ser acusado constitucionalmente por impedir su realización. De otro lado las decisiones del JNE son “instancia final, definitiva, y no son revisables”, según la Constitución. Y solo se pueden anular las elecciones cuando los votos nulos o blancos superan los dos tercios de los votos válidos, o si se anulan las elecciones en circunscripciones que alcancen un tercio de la votación nacional válida. El Congreso podría eventualmente, en un acto de “creatividad constitucional” a la ecuatoriana (cuando se destituyó a los presidentes Bucaram, Mahuad o Gutiérrez), intentar hacer algo, pero para eso se requeriría que este tuviera una gran legitimidad ante la ciudadanía o la capacidad de construir consensos amplios, y ninguna de las dos existe.
Minimizar los daños me parece que no pasa por más exclusiones: dos errores no se resuelven con tres, cuatro o cinco. Y atención que estamos discutiendo sobre pequeños regalos de bienes y de sumas relativamente modestas de dinero en actos puntuales de campaña (mientras perdemos de vista el tema de los millones de dólares en financiamiento no transparente). Juega un poco (solo un poco) a favor del jurado que los problemas formales involucrados en la inscripción de la candidatura de Guzmán no parecen darse en la misma magnitud en otros casos, y que la entrega de dinero de Acuña haya sido “directísima” a diferencia de las otras en debate. Pero juega en contra las maromas argumentativas del Jurado Especial de Lima para justificar su cambio de opinión en el caso de la exclusión de Guzmán, o para rechazar la exclusión de K. Fujimori (¿de dónde salió aquello de que el dinero tiene que ser patrimonio del candidato?). El JNE deberá fundamentar mejor su respuesta a las apelaciones.
