Artículo publicado en El Comercio, martes 29 de septiembre de 2020
El 9 de noviembre del año pasado, en medio del proceso de selección de candidatos al Congreso para las elecciones del 26 de enero, decíamos que vivimos en un mundo de partidos sin políticos y políticos sin partido, en el que ya se ha hecho costumbre “lanzar” primero una candidatura y después encontrar el vehículo para llegar al cargo. Si bien se trató de una elección excepcional que tomó a todos los partidos sin la debida preparación, en medio de una reforma política inconclusa, las reformas que se aprobaron en el Congreso y que fueron promulgadas por el ejecutivo en agosto del año pasado en el marco de la reforma política no entraron en vigencia. Es más, la elección de 2020 debió servir como filtro para las elecciones de 2021, pero el JNE decidió no aplicar lo establecido por la ley en cuanto a la cancelación del registro de organizaciones políticas. De esta manera, vamos a las próximas elecciones con 24 partidos inscritos, en vez de nueve, que son los que obtuvieron representación parlamentaria.
Además, por las restricciones de la emergencia sanitaria y cierta indefinición del JNE, los partidos inscritos no llegaron a adecuarse a las nuevas exigencias de la ley (solo diez cuentan con el número de afiliados requerido, por ejemplo); al mismo tiempo, los partidos nuevos que estaban intentando inscribirse tampoco pudieron hacerlo, así que al final tenemos mucho de lo que no nos entusiasma y muy poco de que quisiéramos. En este marco observamos cómo diferentes personalidades improvisadamente se apresuran a inscribirse en algún partido para poder participar en las elecciones internas; nuevamente, la emergencia hizo que no se considerara el plazo de inscripción de seis meses, que ya era una excepción, porque el plazo que establece la ley es de un año. Las reglas vigentes establecen además que los partidos que no participen perderán su inscripción; al mismo tiempo, el recurso de esconderse al interior de alguna alianza para sobrevivir no está disponible, porque la ley electoral establece que la barrera electoral para entrar al Congreso, del 5% de los votos válidos, aumenta en un punto por cada socio. Así, lo más probable es que casi todas candidaturas avancen hasta el final.
Finalmente, a pesar de que en agosto del año pasado se eliminó el voto preferencial, mediante una disposición transitoria se mantiene para el 2021; la justificación es que con la suspensión de las elecciones primarias abiertas, nuevamente, como consecuencia de la epidemia, se hacía necesario mantenerlo. Creo que fue un error: dado que tendremos elecciones internas organizadas por la ONPE bajo el mecanismo de un militante un voto, podríamos haber establecido un mínimo de participación para poder seguir en carrera y eliminado el voto preferencial. Así nos evitaríamos tener 24 listas en competencia, cada una con 130 candidatos haciendo campañas personalistas. Lamentablemente, no se aprobó ni lo uno ni lo otro. Esto dará lugar a una campaña con serios problemas de comunicación, sin actividades presenciales, y sin la posibilidad de contratar publicidad política en medios masivos.
Así, vamos a esta elección con una reforma muy a medias: del paquete presentado por la Comisión de Reforma Política, solo están en vigencia el impedimento para postular a los sentenciados en primera instancia, una mejora en las reglas de control del financiamiento partidario, la paridad y alternancia de género (limitada por el voto preferencial) y la organización de elecciones internas a cargo de la ONPE.
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