De salida las autoridades regionales y locales electas en 2010, y terminadas las campañas electorales, es claro que nuestro funcionamiento político-institucional muestra grandes deficiencias. Hemos tenido malas gestiones sin mecanismos de control efectivos, y en donde los controles existentes se pervierten; liderazgos personalistas que cuando logran cierta consolidación no evolucionan hacia mayores niveles de institucionalización, si no que caen en prácticas autoritarias y corruptas. En las campañas, partidos poco representativos que abandonan la arena regional, movimientos regionales que no pasan del departamento y que no tienen raíces en las provincias; altos niveles de fragmentación, candidaturas precarias, alto riesgo de penetración de mafias e intereses ilegales, entre muchos otros males. Si no hacemos nada para intentar salir de esta dinámica, seguiremos en las mismas.
En términos de gestión, urge pensar en la constitución de diversas formas de autoridades autónomas por encima de la fragmentación que impone nuestro irracional número de distritos, provincias y regiones. Urge mejorar los mecanismos de control en regiones y municipios; en estos últimos una posibilidad es introducir criterios de proporcionalidad en los consejos locales. En las regiones, revisar la manera en que se constituye el consejo regional, sobre base provincial. De lo que se trata es de despersonalizar la representación, y fortalecer a las organizaciones políticas. En el mismo sentido, poner límites a la reelección, acaso dos periodos consecutivos como máximo, parecería una buena idea. Y fortalecer espacios de rendición de cuentas, fiscalización: en contextos en los que caciques o mafias locales controlan el poder, se requiere de una forma efectiva de control desde el ámbito nacional (la Contraloría no ha funcionado), con sanciones disuasivas muy potentes.
Fortalecer las instituciones representativas implica no debilitarlas, sino complementarlas con mecanismos participativos. Así, la revocatoria de autoridades, por ejemplo, debe ser repensada íntegramente, para evitar que siga siendo una segunda o tercera vuelta electoral usada por los perdedores para boicotear la gestión del ganador. Urge también repensar el papel de los Consejos de Coordinación Regional y Local, y de los presupuestos participativos, para que tengan algún sentido.
En cuanto a las candidaturas, urgen mayores exigencias y mejores barreras de entrada al sistema político. A los partidos “nacionales” se les debería obligar a participar en un mínimo de elecciones regionales y provinciales; a los movimientos regionales, en más de un departamento, por ejemplo. Gran parte de la competencia electoral debería darse al interior de los partidos, no entre partidos precarios. Finalmente, está el asunto del financiamiento a las campañas y a las organizaciones políticas. Sin financiamiento público y regulación efectiva del privado, no nos podemos quejar de la influencia de poderes ilegales.
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