Impresiones del 5 de octubre (II)

Artículo publicado en La República, domingo 19 de octubre de 2014

La semana pasada llamábamos la atención sobre el hecho de que el debilitamiento de los partidos nacionales no tiene como correlato el fortalecimiento de movimientos regionales. Y entre los pocos que parecen avanzar lo hacen sobre la base de prácticas clientelísticas. La precariedad de la organización política cede paso al personalismo, pero es importante no perder de vista que hemos pasado en los últimos años de un personalismo a otro. Después de las elecciones de 2002, 2006 y 2010, cuando hablábamos de liderazgos regionales nos referíamos a Yehude Simon, Juan Manuel Guillén, José Murgia, Vladimiro Huaroc, o César Villanueva; hoy hablamos de César Acuña o de Wilfredo Oscorima. Es decir, los liderazgos regionales personalistas parecen alejarse cada vez más de referentes ideológicos, por más difusos que hayan sido, al más craso pragmatismo. Dentro de este se cuelan tanto quienes quieren desarrollar carreras políticas por muy diversas motivaciones (poco ideológicas, nuevamente), como quienes quieren usar la política como una extensión de sus negocios particulares.

Todo esto ha ocurrido en un contexto de crecimiento económico, tanto de actividades legales como de las informales e ilegales. Estas últimas, si bien pueden no ser tan significativas al ver el PBI general del país, sí resultan centrales en amplias zonas del territorio, y establecen circuitos que pasan también por importantes ciudades y la propia capital. El problema es que podemos pasar de una relación de convivencia pacífica y tolerancia mutua entre lo legal, informal e ilegal a otra en las que lo último busca capturar el Estado para afianzar y ampliar sus actividades, crecientemente internacionalizadas, dicho sea de paso. Perú, con su debilidad institucional y política, y escenario descentralizado y fragmentado, ofrece oportunidades atractivas para esto en amplias zonas del país. Si ha ocurrido en Paraguay, Bolivia y Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México en los últimos años, no tiene por qué dejar de pasar en Perú. No parece casual el recrudecimiento de la violencia electoral y postelectoral, y la cada vez frecuente intersección entre la actividad delincuencial y la dinámica política, como los casos de Ancash, Chiclayo y muchos otros atestiguan.

En las elecciones de 2001 el tema central fue el combate a la corrupción y la institucionalización democrática; en 2006 y 2011, la inclusión social; en 2016, aparece uno que acaso es precondición de los otros, el desarrollo institucional y político. El problema es que los temas de 2001, 2006 y 2011 eran demandas populares, mientras que el de 2016 no lo es. Es más, acciones tendientes a la institucionalización chocarán con poderosos intereses sociales y políticos que han prosperado en la intersección entre legalidad, informalidad e ilegalidad. Por ello, la responsabilidad de las elites es fundamental. Las reformas necesarias solo saldrán de un gran acuerdo de nuestras elites políticas, económicas, sociales, intelectuales.