¿Y ahora? (2)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 5 de octubre de 2019 

La semana pasada decía en este mismo espacio “como en el boxeo, el Presidente recibió un golpe muy difícil de encajar, que lo obligará a replantear su plan de pelea o cambiar de estrategia. La propuesta de cambio en las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional, lamentablemente, no me parece mucho más que un intento de reacción sin muchas posibilidades de éxito”. Una semana después, el Presidente aparece como el triunfador absoluto de la confrontación política iniciada en 2016, y el Congreso está disuelto.

No creo haberme equivocado al pensar que el escenario, vistas las cosas desde apenas la víspera de la disolución, pintaba muy mal para el Presidente. Su propuesta de adelanto de elecciones, presentada el 28 de julio, había sido archivada por la Comisión de Constitución, y el ejecutivo no había logrado presentar una cuestión de confianza sobre este asunto. Proponer una súbitamente sobre el procedimiento de eleccíón de los miembros del Tribunal Constitucional, asunto sobre el cual el gobierno no se había pronunciado hasta ese momento, parecía el intento de anotar una suerte de gol de honor ante una derrota consumada. Vistas las cosas estratégicamente, el fujimorismo exhibía un cómodo control del Congreso a través de una amplia coalición conservadora, por medio de la cual sumaba a los votos del APRA los recuperados de Cambio 21, y además los de Contigo, Acción Republicana, APP y parte de AP, acercándose así a los dos tercios de los votos, lo que hacía que el tema de la declaratoria de la vacancia presidencial fuera una amenaza creíble. Pensé que ante el pedido de confianza presentado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Congreso la aprobaría sin más, para no dar pretextos que llevaran a su disolución, más todavía considerando que en una entrevista el domingo 29 el Presidente había advertido explícitamente que esa era su intención.

¿Cómo explicar la conducta suicida del Congreso? Me parece que no cabe apelar a ninguna forma de cálculo, interés o explicación racional, porque el desenlace ha sido su derrota absoluta. De haberse hecho una pequeña concesión, el Congreso seguiría teniendo hoy la sartén por el mango. La soberbia es muy mala consejera, y el ensimismamiento en sus tesis y posturas, desoyendo otras maneras de ver las cosas, resultó fatal para éste, y le permitió al Presidente imponerse cuando parecía perdido. Es impresionante la manera en que Fuerza Popular dilapidó su enorme capital político en poco más de tres años.

Es de lamentar que se haya llegado a la situación extrema en la que estamos, en la que la legalidad y la constitucionalidad se convierten en una extensión de los conflictos políticos, al uso instrumental de las normas para justificar posiciones de parte. El problema no está tanto en la Constitución o en el Presidencialismo parlamentarizado, sino en la falta de una mínima actitud cooperativa y de un mínimo sentido de la prudencia en los actores políticos.

¿Qué sigue? Si bien la constitucionalidad de lo ocurrido es ampliamente debatible, no lo son sus consecuencias prácticas: el presidente Vizcarra ya juramentó a su nuevo Consejo de Ministros, tenemos elecciones convocadas para enero y el Tribunal Constitucional, si acepta la demanda competencial de la Comisión Permanente, tardará un tiempo en pronunciarse. Mientras tanto, el país no puede parar. ¿Cuál es la agenda que propondrá el poder ejecutivo, ahora que puede gobernar vía decretos de urgencia? Urge un espacio de diálogo y concertación que ocupe el espacio que ha dejado el Congreso: ¿el Acuerdo Nacional podría servir para ello?