Hacia una agenda de transición

Artículo publicado en El Comercio, sábado 14 de septiembre de 2019 

Seguimos en medio de una gran incertidumbre respecto a si el Congreso aprobará o no la propuesta del Presidente de adelanto de elecciones, y que haría éste en el caso de que Congreso no lo hiciera. En cualquier caso, conviene pensar un poco en cuál debería ser una agenda de consenso que permita minimizar los costos de la transición.

Uno de los asuntos de esa agenda debería ser retomar la discusión de la reforma política: no podemos ir a elecciones con las mismas reglas si queremos mejores resultados. Urge completar la reforma del financiamiento de la actividad política, iniciada con la tipificación del delito de financiamiento ilícito. Falta aprobar los otros componentes del proyecto presentado por el poder ejecutivo, donde se norma el financiamiento privado y público, se establecen medidas de transparencia y rendición de cuentas, se imponen sanciones administrativas y políticas frente al incumplimiento, entre otros. Segundo, falta la segunda votación que permita culminar la reforma constitucional que impida que sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos de elección popular, y aprobar la ley respectiva que precise sus alcances. Tercero, quedó pendiente terminar la reforma constitucional referida al ejercicio de la inmunidad parlamentaria. ¿No sería una gran iniciativa del Congreso retomar ese debate para lograr una fórmula de consenso que haga que el levantamiento de la inmunidad quede a cargo de una instancia ajena al Congreso? Acaso ese gesto permitiría destrabar otros.

Pensando en otros asuntos urgentes que no fueron parte de los seis proyectos referidos a la cuestión de confianza aprobada en junio, uno que me parece muy importante es el proyecto que plantea modificaciones a la ley orgánica de elecciones para facilitar el sufragio y mejorar la gestión del proceso electoral, en el que por ejemplo se establecen pagos a los miembros de mesa, se permite la difusión de encuestas hasta 24 horas antes de las elecciones, se permite asignar miembros de mesa en cualquier mesa dentro del mismo local de votación, se permite la votación en centros penitenciarios o establecimientos de salud, entre otros.

Otra cuestión que podría inesperadamente ganar consenso es retomar el debate sobre la vuelta a la bicameralidad, pero no aquella aprobada por el Congreso en octubre y rechazada en referéndum en diciembre, si no la propuesta consensuada entre legislativo y ejecutivo antes de que se introdujeran las distorsiones que llevaron a que el presidente Vizcarra llamara a votar en contra. Esto implicaría implementar una reforma política de fondo, que expresaría el logro de un consenso relevante entre los poderes del Estado.

En otros frentes institucionales, deberían terminar de aprobarse los proyectos pendientes referidos a la reforma de la justicia; y lograr un acuerdo político para que el Congreso que no impida las investigaciones que propone la Fiscalía contra fiscales y jueces con indicios de inconductas; y para fortalecer las capacidades y respetar la autonomía de jueces y fiscales en su esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

En el terreno económico y social, ya están sobre la mesa el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad presentados por el ejecutivo, la Agenda País propuesta por la CONFIEP, entre otras iniciativas. Urge también acuerdos puntuales en torno a una agenda social (educación, salud, desarrollo social), en la que además podrían involucrarse los gobiernos regionales y locales. Una lástima que esta agenda, siendo posible, se entrampe por la primacía de miradas cortoplacistas.