Artículo publicado en El Comercio, sábado 24 de agosto de 2019
La semana pasada comentaba que parte de la explicación del empantanamiento político en el que nos encontramos se entiende por el debilitamiento relativo del presidente Vizcarra, quien corre el riesgo de desarticular la coalición de intereses que lo ha sostenido hasta el momento. Las banderas de la lucha contra la corrupción y la necesidad de una reforma institucional le permitieron encauzar la indignación de la opinión pública, arrinconar a un Congreso desprestigiado y amalgamar un amplio frente, en el que convergía tanto el antifujimorismo como sectores liberales institucionalistas. El manejo del proyecto Tía María está haciéndolo perder puntos ante sectores liberales. Pero además el frente de la lucha contra la corrupción no se percibe tan sólido como antes.
Hasta no hace mucho, el caso de los “cuellos blancos del puerto” y el papel del Fiscal Chávarry permitió muy nítidamente presentar al ejecutivo liderando la lucha contra la corrupción, dentro de la cual el equipo especial de la Fiscalía anticorrupción resultaba siendo el protagonista central. Nuevamente, un muy amplio espectro resultaba siendo parte de este frente, aislando a la mayoría parlamentaria, que incluso parecía actuar en contra de los propios intereses de Keiko Fujimori, en prisión preventiva acusada de obstruir el funcionamiento de la justicia. Luego, avances en la acción de la Fiscalía que permitieron las detenciones de Susana Villarán y Alejandro Toledo legitimaron aún más su accionar, y disiparon los temores de una acción sesgada políticamente.
Pero en las últimas semanas las cosas se han puesto más complicadas. La revelación de la existencia de pago de sobornos por parte de Odebrecht en proyectos no contemplados en el acuerdo de colaboración eficaz puso en debate las estrategias de la Fiscalía; más adelante, la posibilidad de que Odebrecht pueda recibir un reembolso por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla abrió la puerta a más cuestionamientos, que incluyeron el enfrentamiento entre miembros de la Procuraduría anticorrupción e incluso al propio presidente Vizcarra. Finalmente, otro episodio relevante es la controversia en torno al pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía en contra del expresidente Kuczynski.
Quizá estas fisuras ayuden a entender por qué, pese a que el parlamento dilata la discusión de la propuesta del presidente de adelanto de elecciones, la presión pública sobre el Congreso no es tan fuerte como uno se hubiera imaginado el 28 de julio pasado. La mayoría congresal tiene espacio para legitimar un discurso según el cual la Fiscalía comete excesos, con lo cual habría que ser más cuidadosos con la evaluación de su actuación. Esto ha permitido que incluso el fiscal supremo Tomás Gálvez haya ido tan lejos como pedir la remoción de los Fiscales Vela y Pérez del equipo especial.
Entonces, tenemos simultáneamente sobre la mesa la propuesta de adelanto de elecciones, la reforma judicial y política, políticas de crecimiento económico, promoción de la inversión privada, manejo de conflictos sociales, y la lucha contra la corrupción. Obviamente, nada sencillo. Lo más conveniente para el país sería un acuerdo político que permita reducir la incertidumbre permitiendo el adelanto de elecciones evitando un referéndum, y un programa de transición que destrabe la reforma de la justicia, la reforma política, que asegure la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, que fortalezca la lucha contra la corrupción, y que facilite la implementación de iniciativas económicas que permitan lograr mejores niveles de crecimiento. ¿Será posible?
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