Esta semana el Congreso aprobó una serie de cambios legales que son un claro avance respecto a la situación actual, estableciendo el principio de paridad y alternancia de género. Este comprende ahora a las candidaturas a la presidencia y vicepresidencias, al Congreso y al Parlamento Andino, a los cargos de gobernador y vicegobernador regional, a los consejos regionales, a los candidatos a regidores, e incluso a las candidaturas para los cargos de dirección de los partidos políticos. Es destacable que la aprobación se haya dado con 111 votos a favor, 15 en contra (Fuerza Popular) y una abstención.
Ahora, lo lamentable es que ni siquiera se haya podido debatir en el pleno la eliminación del voto preferencial, tema fundamental no solo para complementar estos avances en materia de equidad de género, si no también para poder tener en 2021 un proceso electoral más ordenado y avanzar en el fortalecimiento de los partidos políticos. Cabe la posibilidad de que este asunto pueda volver a someterse a consideración del pleno, ojalá no se impida ese debate.
Es cierto que puede argüirse que, de haberse aplicado la paridad y alternancia sin voto preferencial a las listas que participaron en las elecciones congresales de enero de este año, el resultado podría haber sido peor que el que obtuvimos: podríamos haber tenido en efecto solo 26 congresistas mujeres, en vez de las 34 que fueron electas, asumiendo que el cabeza de lista en todas las regiones de todos los partidos representados fuera un hombre. Por esta razón es que es muy importante complementar esta reforma con asegurar procesos democráticos de selección de candidatos, para lo cual es crucial tener elecciones internas bajo el principio de un militante un voto (y mediante voto electrónico no presencial organizado por ONPE). Ciertamente estas reformas no aseguran la paridad de género en cuanto al resultado, pero serían un gran paso adelante; otros podrían ser sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, por ejemplo, entre muchas otras cosas.
Pero la próxima semana es muy importante porque se termina la legislatura ordinaria, extendida hasta el 5 de julio; si queremos hacer cambios constitucionales que rijan para las elecciones del próximo año, se tienen que aprobar en los próximos días, en primera votación, con una mayoría calificada de más de dos tercios de los congresistas (87 votos). En agenda está establecer el impedimento para que sentenciados en primera instancia por delitos graves no puedan postular a cargos de elección popular; y los cambios a la inmunidad parlamentaria. Dos reformas claves para dar una señal de que el Congreso no quiere ser refugio para escapar de la acción de la justicia.
En agenda quedarían, además, cambios que apunten a tener más transparencia y fiscalización sobre gastos de campaña; y la ampliación de la franja electoral, indispensable en el contexto de la epidemia. Y más adelante, no para el 2021 sino para 2022, el reestablecimiento de la bicameralidad.
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