domingo, 22 de marzo de 2020

Políticas públicas y violencia de género



Artículo publicado en El Comercio, sábado 7 de marzo de 2020 

En los últimos días nos han conmocionado nuevos casos de violencia de género y de violencia contra niños y niñas, a pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como Estado, ¿estamos haciendo lo necesario? Según un trabajo de Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero (Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género; CIES, 2019), algunos avances ha habido, especialmente desde 2015, con la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y con el Plan Nacional contra la violencia de género de 2016. Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres, pasamos de 114 Centros de Emergencia Mujer en 2010 a 396 en este año; el número de casos atendidos más que se duplicó en ese periodo; se han creado 49 Hogares de Refugio Temporal en todo el país; hay cada vez más atenciones a denuncias de violencia familiar en las Comisarías; el Poder Judicial reporta que aumenta el número de expedientes por violencia familiar, y la creación en 2018 de ocho módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres; el MINSA reporta que ha duplicado entre 2009 y 2016 las atenciones a personas en situación de violencia. Así, registros de violencia familiar en mujeres ejercida por el esposo o compañero muestran una tendencia decreciente entre el 2009 y el 2017, aunque el número de tentativas de feminicidio han ido clara y alarmantemente en aumento.

Rousseau, Dargent y Escudero muestran que, pese a los avances generales, la realidad “micro” sigue siendo muy decepcionante. Los CEM, las Comisarías, los Hogares de Refugio, carecen de espacios adecuados, insuficiencia de personal y recursos, lo que limita las capacidades de hacer efectivas medidas de protección, seguimiento de procesos judiciales, posibilidades de implementar acciones de prevención, proporcionar apoyo sicológico o programas de inserción laboral a las víctimas. De otro lado, llaman la atención sobre lo difícil que resulta ir en contra de prejuicios y visiones tradicionalistas, enfoques “familistas” (privilegiar a toda costa la “unión familiar”) o concepciones que privilegian la protección de los imputados antes que de los denunciantes.

Este último punto me parece central. Acaso el escollo principal que limita los avances es atacar con más decisión los prejuicios y estereotipos de género. Esas concepciones que en última instancia convierten a los varones en agresores, a los entornos familiares, amicales y barriales en cómplices o testigos silenciosos, a las instituiciones en ineficaces. Hemos avanzado mucho en la conciencia de estos temas gracias a la indignación que despiertan casos emblemáticos. Ayudaría que el gobierno levante como elemento central de su discurso y acción política el combate a la violencia de género y la defensa de los derechos de nuestras niñas y niños. Esta podría ser una cruzada en la que podría unirse todo el país. El tipo de iniciativas que nos hacen falta.

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