Tenía planeado escribir sobre otra cosa, pero siendo padre no podría dejar de comentar algo a partir del caso de Eyvi Agreda. Muchas personas han comentado que eventos como este y como muchos otros registrados recientemente le hacen pensar a uno cómo criar hijas en nuestro país. Luego vemos que en España hay una masiva indignación por un fallo judicial que caracteriza como “abuso” a una brutal violación grupal a una joven de 18 años, porque la víctima “no habría opuesto resistencia”. Entonces provoca preguntarse si es una buena decisión traer criaturas a este mundo.
Los casos son escalofriantes, pero un científico social debe mirar más allá de los casos particulares, y buscar patrones. Ciertamente estamos muy mal, somos uno de los países con más víctimas de feminicidio en América Latina, después de Honduras, Argentina, Guatemala, República Dominicana y El Salvador (datos de 2014). Los victimarios son principalmente sus parejas o exparejas (en un 87.3% de los casos, según datos de 2016). En 2016 un 68.2% de las mujeres peruanas que han tenido relación de pareja declaran haber sido alguna vez víctimas de violencia por parte de ellas; un 31.7% han sido víctimas de violencia física. Ese porcentaje supera el 40% en Apurímac, Puno y Junín, seguidos de cerca por Cusco y Ayacucho. Y un 72.8% de las víctimas no buscaron ayuda en ninguna institución pública. La gran mayoría de víctimas reportadas por denuncias de violencia sexual son menores de edad (72.6% en promedio entre 2011 y 2016).
Con todo, tenemos un terreno desde el cual plantear cambios. Hay un ligera disminución en el número de víctimas de feminicidio entre 2011 y 2015; el número de denuncias por violencia familiar ha ido en aumento entre 2009 y 2016; el número de personas atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer ha ido en aumento entre 2012 y 2016. Hay también un aumento en el número de personas con sentencias condenatorias entre 2014 y 2016 y un aumento en el tamaño de la población penitenciaria condenada por ese delito entre 2012 y 2015. Los índices de violencia psicológica, física, y sexual tienden a disminuir ligeramente entre 2009 y 2016. Y si bien en 2016 un 72.8% de las mujeres no buscaron ayuda en ninguna institución pública, eso es mejor que en 2000, donde el 80.6% no buscó ayuda.
Estamos muy mal, pero parece haber más conciencia y menos tolerancia con el problema: hay más denuncias e indignación con los casos reportados, y algo más de atención por parte del Estado. No es que antes estuviéramos mejor: antes la violencia contra las mujeres estaba “normalizada” y escondida. Y cada vez más las mujeres se ganan a pulso espacios de autonomía y libertad. La violencia machista parece últimamente fuera de control precisamente como la reacción de un sentido patriarcal ante la pérdida de control y privilegios.
Las mujeres están haciendo su parte. Los hombres debemos hacer la nuestra y reconocernos como parte del problema y de su solución. Pero sobre todo el Estado: uno esperaría del Ministerio de Justicia, de la Mujer, del Interior, de Educación, junto al Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso (por lo menos) el lanzamiento de un paquete integral de medidas con carácter de urgencia para enfrentar el problema. A esto se deberían sumar campañas de los medios de comunicación, aportes desde el conocimiento de las universidades, centros de investigación. Una iniciativa que podría plantear el nuevo Consejo de Ministros cuando se presente ante el Congreso. Medidas concretas con su respectivo presupuesto.
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