He intentado leer todo lo que he podido sobre el encarcelamiento del expresidente Lula, buscando las fuentes más confiables y las opiniones de colegas brasileños que más respeto, tratando de ser lo más comprensivo. Necesario para hacerse una opinión en medio de la polarización existente y no quedarse en los clichés de cada sector.
Empecemos por la negación del hábeas corpus presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por la defensa de Lula: en medio de las complejidades legales, me parece claro que lo reñido de la votación (seis votos contra cinco) refleja lo controversial del asunto; que no es que los magistrados conservadores hayan votado en contra de Lula, o que los moderados lo hayan hecho a favor; y que el encarcelamiento del presidente expresa un activismo judicial (por contraposición a posiciones más tradicionales “garantistas”) consecuencia de una creciente autonomía y fortalecimiento de las instituciones del sistema anticorrupción en Brasil, que se gestó, desde los años de la presidencia de Lula. Por supuesto que se pueden cometer excesos y errores, pero de allí a decir que las sentencias son arbitrarias y sin sustento hay un gran trecho.
Amigos de izquierda suelen repetir que “no existen pruebas” contra Lula, que su sentencia condenatoria en primera y segunda instancia, y la negación del hábeas corpus es resultado de una maniobra política de la derecha. Desde el Perú podríamos decirles que con un garantismo extremo no podríamos haber encarcelado ni a Abimael Guzmán ni a Alberto Fujimori, salvando las distancias entre los casos. El famoso triplex en São Paulo no está a nombre de Lula en los registros públicos; pero por testimonios, información indirecta y contextual se puede inferir que era parte de un soborno. Por supuesto, se puede discutir la validez de la inferencia, pero no la legitimidad de la argumentación. Y el hecho de que la sentencia de Lula haya sido ratificada y ampliada en segunda instancia por unanimidad, no debería ser pasado por alto.
Se señala también que la justicia sería selectiva y sesgada, drástica y rápida con Lula, pero ineficiente con por ejemplo el presidente Temer, sobre quien penden también graves acusaciones (argumento que en nuestro país usan los fujimoristas para criticar al fiscal José Domingo Pérez, por cierto). Puede ser, pero no puede obviarse que Lula como candidato presidencial hubiera tenido muchas maneras de obstruir la acción de la justicia; que uno de los impulsores de la destitución de Dilma Rousseff, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, dirigente del PMDB, está en prisión condenado a quince años; que la mayoría de procesos judiciales relevantes todavía tienen para largo; y que si Temer no es procesado es porque cuenta con la protección constitucional del “fuero privilegiado”, amparado por el Congreso.
Finalmente, argumentos del tipo de que Lula es muy popular, que es el favorito para ganar las elecciones de este año, que la derecha más reaccionaria pretende volver al poder, que no hay que caer en la ingenuidad del honestismo, etc., me parece que no hacen más que ilustrar cuánto ha perdido la brújula nuestra izquierda continental y cuánto se parece a los adversarios que dice combatir. ¿Desde cuándo la izquierda normalizó tanto la corrupción y la justificó en nombre del realismo político? El primer paso para salir del hoyo debe ser reconocer que los esquemas de corrupción que asolaron Brasil y a muchos países de la región se gestaron durante los más de quince años de gobiernos del PT, y particularmente, durante los años de Lula. Y que ello es inaceptable.
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