Acaba de ser publicado un libro indispensable: Redes ilegales y política en América Latina, editado por Iván Briscoe, Catalina Perdomo y Catalina Uribe, publicado por IDEA Internacional, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Clingendael (2014). El libro reflexiona sobre la formación de alianzas entre redes ilícitas, actores económicos y políticos en la región, partiendo del estudio en profundidad de casos ubicados en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los casos estudiados en Perú son los de Vladimiro Montesinos, la provincia de Coronel Portillo (a cargo de Ricardo Uceda) y el departamento de Puno (a cargo de Catalina Uribe).
Estas relaciones han adquirido una complejidad e importancia inédita en nuestros países, en el contexto de la globalización. En nuestros países prospera no sólo el narcotráfico, también actividades como la minería y la tala ilegal, el tráfico de especies animales y vegetales, el tráfico de armas, la falsificación y contrabando de farmacéuticos y muchos otros productos.
Las actividades ilícitas requieren de territorios útiles dentro de los circuitos de producción, comercialización y consumo, en los que además puedan operar ya sea con la tolerancia, complicidad, subordinación o control directo de la autoridad pública. La legitimidad de esa autoridad surge de procesos electorales democráticos, esa autoridad es parte de un sistema político, ejerce su poder dentro de un entorno institucional, por lo que la atención a lo que sucede con el Estado y el sistema de partidos políticos es fundamental. En este marco, las actividades ilícitas pueden necesitar ubicarse en espacios altamente formales e institucionalizados (dentro de los países desarrollados, por ejemplo) como pueden aprovechar de la debilidad y vulnerabilidad de nuestros Estados y sistemas políticos.
Las relaciones entre ilegalidad y autoridad política no son sencillas ni asumen una única forma. En su mínima escala, la actividad ilegal busca simplemente funcionar sin llamar la atención de la autoridad o del entorno social en el que opera; pasado cierto nivel, involucra a parte de la sociedad y a otros actores económicos, y ya llama la atención de la autoridad. Dependiendo del tipo de operaciones, ellas pueden ser simplemente toleradas, en tanto no implican una gran disrupción del orden público; es más, hasta pueden favorecerlo (creación de impleos, inversión). Este “beneficio” de la ilegalidad puede alcanzar también a la autoridad pública, a través de sobornos, con lo que pasamos de la tolerancia a la complicidad. Una escala mayor implica subordinación de la autoridad: el negocio requiere permisos, autorizaciones, decisiones de política pública; además, el negocio puede expandirse, diversificarse, entrar a nuevas áreas. Esto ya implica una relación estrecha con la autoridad política, y puede llegar incluso a buscar el control directo del Estado. Esto ya lleva al surgimiento de conflictos y disputas. Seguiré con el tema.
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