Nuestras ciencias sociales, en la década de los años sesenta, se preocuparon especialmente por los retos de la modernización del país; en la de los setenta, por las reformas del velasquismo y el auge del movimiento campesino y sindical; en la de los ochenta, por la democracia, nuevos movimientos sociales, la violencia política. En los noventa, se trataron los cambios asociados a la adopción de políticas orientadas al mercado, en un contexto autoritario. En la primera década del nuevo siglo, se trató la debilidad de las instituciones democráticas: partidos, Congreso, regiones y descentralización.
Ciertamente es importante continuar con los antiguos temas, que siguen siendo relevantes. Pero cada vez más varios colegas tenemos la sensación de que es necesario dar un salto hacia temas nuevos, temas que tienen que ver cada vez más con un país que entra a la franja de los países de ingreso medio, que crecen, pero en contextos de anomia y debilidad institucional. Esto hace que a los ciudadanos no solo les preocupe la pobreza y el empleo, también cada vez más la seguridad ciudadana y la corrupción, por ejemplo. Desde las ciencias sociales nos hemos ocupado de ellos todavía muy marginalmente.
La seguridad ciudadana, por ejemplo, constituye un nudo de problemas que es imperativo desmadejar, y que permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto de la sociedad y del Estado. Para empezar, cuenta la debilidad estatal en el territorio: la extensión en diferentes zonas del país de actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, que demandan servicios y generan recursos y capacidades que alimentan actividades ilícitas, desde la trata de personas, la importación de servicios vinculados a redes internacionales dedicados al secuestro, la extorsión, y el sicariato, la colusión con las autoridades públicas y políticas. De otro lado, todo esto ocurre en un contexto de crecimiento económico, de cambios en las ciudades, en la estructura de las familias, en las expectativas, cultura y patrones de consumo, especialmente en los jóvenes, con lo que aparecen nuevas formas de delitos.
Los problemas asociados al combate de estos males permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto del Estado. Intervienen la policía, los municipios, las regiones, el Ministerio del Interior; también el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Salen a relucir problemas de corrupción, coordinación entre sectores y niveles de gobierno, problemas de gestión, escasez de recursos, límites en la legislación y problemas de aplicación de la ley, que ciertamente no es igual para todos los ciudadanos. Implícitamente hay también una dimensión política, vinculada al uso del problema para obtener réditos de corto plazo, cómo esto influye en la dinámica entre gobierno y oposición, cómo se construyen discursos en torno a estos temas.
Los científicos sociales, no solo las autoridades públicas, estamos en deuda.
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