Un problema muy serio que dificultaba el combate a la subversión de Sendero Luminoso y del MRTA era la llamada “coladera”; muchos terroristas detenidos eran liberados u obtenían condenas benignas por errores procesales, por ingenuidad de los jueces, o porque eran víctimas de amenazas o cómplices de sobornos. Al mismo tiempo, la administración penitenciaria permitió que los penales se convirtieron en escuelas de adoctrinamiento. Se hablaba en ese momento de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan quienes querían destruirla, utilizando y desnaturalizando sus propias reglas y recursos. La democracia boba termina alentando su destrucción: si la democracia no funciona, se requieren salidas autoritarias. Frente a ello, de lo que se trata es de tener una reacción dentro de la democracia; o ella demuestra que puede ser eficaz, o sucumbe.
En la actualidad no enfrentemos la amenaza del terrorismo, pero estamos también ante señales preocupantes de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan diferentes actores para obtener beneficios particulares, situación que legitima discursos antipolíticos y autoritarios. Así por ejemplo, resulta pasmoso cómo diferentes iniciativas para imponer la ley o un mínimo de orden, combatir la informalidad o la corrupción, suelen paralizarse o neutralizarse mediante acciones de amparo y diferentes recursos procesales. Asombroso también de qué manera nuestros políticos se enfrascan en discusiones estériles y acusaciones sin mayor fundamento que no benefician a ninguno y desprestigian a todos. Cómo nuestra democracia parece al mismo tiempo ineficaz en el combate a la corrupción y desorientada ante la proliferación de denuncias sin mayor fundamento.
En este marco, tenemos que Alan García ha sido presidente del Perú, y como tal, según la Constitución, ha “personificado a la nación” en dos ocasiones; y pretende hacerlo por tercera. Es su deber por ello no solo colaborar con las investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción ocurridos durante su gobierno, sino ser el primer interesado en que lleguen hasta las ultimas consecuencias, y no refugiarse en subterfugios legales. Es absurdo pretender convertir victorias judiciales en victorias políticas; pero también lo es pretender ganar con argumentos judiciales lo que no se ha ganado en lo político. En otras palabras, los problemas penales deben resolverse en el Poder Judicial, y los políticos en el ámbito político; pretender inhabilitar a García sin sentencias judiciales firmes es una forma de antipolítica. Y antipolítico es también pretender ser presidente por tercera vez sin haber dado a la ciudadanía explicaciones convincentes de los casos investigadores por el Congreso.
La democracia boba está conduciendo a un vaciamiento de la política: la deliberación es sustituida por discusiones procesales y tribunales de justicia, por la movilización en las calles, por los lobbies, por un decisionismo tecnocrático, por un cesarismo autoritario.
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