Artículo publicado en La República, domingo 18 de marzo de 2012
En los últimos tiempos se comenta mucho sobre la “captura” del Estado. El término se refiere a una situación en la cual grupos con intereses específicos logran controlar el proceso de toma de decisiones de las autoridades públicas para obtener beneficios particulares, pasando por encima del interés general de la sociedad. Según la encuesta Latinobarómetro, el Perú es uno de los países de la región en los que más se cree que se gobierna a favor de grupos poderosos y no del pueblo. Lo contrario a un Estado capturado sería un Estado “autónomo”, con un cuerpo de funcionarios profesionales de carrera, que toman decisiones siguiendo políticas definidas tanto por criterios técnicos basados en evidencia como por los resultados de la deliberación y el debate público.
Tanto desde la izquierda como desde la derecha se denuncia la captura del Estado como explicación central de los males del país, pero cada quien le asigna contenidos diferentes. En los trabajos de Francisco Durand o Sinesio López, por ejemplo, se señala que el modelo neoliberal ha debilitado las funciones reguladoras del Estado y ha favorecido los intereses de los grandes grupos de poder económico nacionales y extranjeros (afincados principalmente en la banca y el sistema financiero, las mineras, medios de comunicación, provisión de servicios), precisamente por la influencia y el poder de los mismos, en desmedro de la población más necesitada. Desde esta perspectiva, habría que poner en la mira a sectores que caen recurrentemente en conflictos de interés, mediante el uso del mecanismo de “puertas giratorias”, que los hace pasar de la defensa de intereses privados a cargos de responsabilidad pública, para luego pasar a ser formadores de opinión en medios, y así sucesivamente.
Por el contrario Jaime de Althaus y otros argumentan que la preeminencia que se obtiene respetando las reglas de competencia en el mercado sería enteramente legítima. El problema estaría en obtener privilegios indebidos gracias al control del Estado (el “mercantilismo” de Hernando de Soto), donde la intervención estatal es precisamente la fuente de los problemas. Así, sería con el modelo vigente hasta las reformas de la década de los años noventa que el Estado estaba capturado por intereses particularistas, mientras que la adopción de mecanismos de mercado le habría permitido contar con más autonomía. Desde este ángulo, sectores del Estado estarían todavía capturados en tanto la lógica de la competencia no se ha introducido, por intereses particularistas que se oponen a las necesarias reformas pendientes. Así, a quienes habría que poner en la mira es a aquellos sectores que gozan de tratos especiales por parte del Estado, como exoneraciones tributarias, subsidios o regímenes especiales, o a quienes se resisten a la introducción de criterios meritocráticos dentro de la administración pública (cuestión especialmente crítica en áreas como la educación y la salud).
¿Cómo caracterizar correctamente la naturaleza del Estado en el Perú actual? Seguiremos la próxima semana.
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