Llama la atención el carácter beligerante e impermeable del camino de la derecha. Desde la primera vuelta un candidato como Rafael López Aliaga llamó la atención por su discurso desafiantemente incorrecto, grosero, basado en teorías conspirativas, cómodamente instalado en el código de la posverdad, extremadamente conservador, antisistema. Lo más llamativo es que un candidato así tuviera serias opciones para pasar a segunda vuelta. Su extremismo es el que permitió que Keiko Fujimori llegara a ésta, pero su retórica terminó imponiéndose. La campaña en contra del comunismo, del chavismo, de la intromisión de fuerzas extranjeras, cierto desdén por el votante de las regiones andinas, pareció seguir las coordenadas del discurso de RLA; después del 6 de junio, la impugnación de los resultados, la tesis del “fraude en mesa”, las propuestas de auditoría internacional, de anular las elecciones, o los llamados abiertos a una intervención militar llaman la atención por lo destempladas incluso para los estándares de nuestra derecha.
¿Qué pasó? La derecha peruana tuvo su gran momento orgánico y potencia ideológica con el Frente Democrático liderado por Mario Vargas Llosa. Con el fujimorismo la derecha se dividió, entre una que subordinó la democracia, la institucionalidad y los Derechos Humanos por el orden y la estabilidad y las reformas de mercado. Hacia el final del fujimorismo, con el protagonismo de Montesinos y el intento de imponer la segunda reelección siguiendo los principios de una “guerra no convencional”, apareció además una derecha vinculada a intereses mafiosos.
La derecha surgida después del 2000, que tuvo como referente a Lourdes Flores, recuperó una línea democrática, aunque ciertamente con muchos vínculos con las otras derechas, que se mantuvieron agazapadas. Pero recuperaron espacio bajo el liderazgo de Alan García, quien colocó al almirante Giampietri como primer vicepresidente, y más porque, para construir mayoría, García requirió de los votos del fujimorismo. Terminado su gobierno, la defensa judicial de García y de varias figuras del APRA acusados de corrupción, los llevó a cerrar filas con el fujimorismo en la crítica al sistema de justicia. Y su común enemistad con el gobierno de Humala fue forjando el discurso del peligro chavista (que nunca se concretó) y su distancia frente a sectores liberales que fueron parte o apoyaron su gobierno. La distancia con esa derecha liberal se ahondó con el gobierno de Kuczynski, quien se separó a su pesar del fujimorismo. Este lo declaró un enemigo después de la segunda vuelta del 2016, y la confrontación siguió con el presidente Vizcarra, a quien Keiko Fujimori había ofrecido la postulación a la vicepresidencia. Y en tanto Vizcarra levantó banderas como la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia, la reforma política, y legitimó sus decisiones con el respaldo del tribunal constitucional, y ante la opinión pública, esta derecha terminó asumiendo un perfil cada vez más adverso al ordenamiento institucional y asumiendo como central la “lucha ideológica”, para lo cual la “depuración” de los medios de comunicación resultaría esencial.
Así, frente al supuesto control “total” de fuerzas “progresistas” ininterrumpido desde el gobierno de Humala, y que se extendería hasta el de Sagasti, correspondería responder con energía y sin complejos, de allí que el discurso extremista haya logrado la delantera. Y el temor que despierta un gobierno de Castillo lleva además a un sentido de “lucha final” que ayuda a entender el predominio del extremismo. El problema es que con esta lógica la derecha debilita las instituciones democráticas, y se aisla electoralmente. Se abre espacio para una propuesta democrática de derecha razonable, que lamentablemente, no parece tener demasiado representación en el parlamento que se instalará el 28 de julio.
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