En los últimos días fue “hackeado” ilegalmente el correo electrónico del expresidente del Consejo de Ministros René Cornejo, y hecho público un mensaje de Cecilia Blume dirigido al Ministro de Economía, escrito en tono amical, argumentando a favor de la prórroga de la temporada de pesca de anchoveta de este año, cosa que efectivamente ocurrió días después. Blume es consultora empresarial (y en esa actividad es socia de la hermana del ministro Castilla), miembro del directorio de una empresa pesquera, y columnista del diario Correo. Hace unos años, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue asesora de Pedro Pablo Kuczynski tanto en el Ministerio de Economía como en la Presidencia del Consejo de Ministros, y en su ejercicio profesional coincidió también con el ex primer ministro Cornejo. El caso Blume no es aislado, es más bien la expresión emblemática de una situación general.
En un mundo ideal, los profesionales se forman en un conjunto amplio de universidades competitivas, y optan por carreras en el sector público, en el sector no gubernamental sin fines de lucro, en el mundo de la investigación académica, o en el sector privado. Los campos están bien delimitados, todos son relativamente prestigiosos, y bien remunerados. Así puede darse lo que Peter Evans llamó “autonomía imbricada” en un libro clásico dedicado al papel del Estado en el desarrollo industrial en países emergentes. La idea es que estos espacios estén relacionados, que compartan visiones favorables al desarrollo, pero que estén también en trincheras diferentes. Esta situación permitiría diálogo y acuerdos, pero también haría difícil la “captura” del Estado por intereses particulares o conductas predatorias por parte de este.
En países como el nuestro, los centros de formación universitaria de alta calidad son muy pocos, y quienes tienen acceso a ellos muchas veces comparten otros espacios: viven en los mismos distritos, estudiaron en los mismos colegios, son socios de los mismos clubes, todo afincando en Lima. Esta cercanía genera relaciones amicales y hasta de parentesco. Al mismo tiempo, no hay en el Estado una carrera pública, las ONGs tienen problemas crónicos de financiamiento, las universidades pagan mal, y el mundo empresarial privado es siempre movedizo. Todo esto hace que sea muy frecuente que se pase de un espacio al otro y que las fronteras sean siempre borrosas. Esas mismas personas suelen usar los medios de comunicación para opinar sobre las decisiones que deben toman las autoridades públicas. Al final, la percepción general es que diferentes “argollas” controlan el Estado, desatendiendo el interés general.
La legislación actual sobre la gestión de intereses y las incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios públicos queda corta. En el corto plazo, cuando menos, se necesita más transparencia en quienes abogan por intereses específicos, quienes toman las decisiones en el Estado, como en quienes opinamos sobre estos temas en los medios de comunicación.
VER TAMBIÉN:
Conflictos de interés (LR, 14 de noviembre de 2009
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