miércoles, 28 de abril de 2010

Debate sobre inversión, desarrollo y conflictos

En los últimos días ha habido un par de pequeños debates sobre la relación entre inversión, desarrollo y conflictos, que creo merece más atención, por la calidad de los argumentos expuestos y la riqueza de los temas que se abren a partir de este. Ver de un lado este comentario de Sandro Venturo a la editorial del boletín de Servicios Educativos Rurales, a propósito del proyecto Tía María:

Editorial

La suspensión del proyecto Tía María acordada en la Mesa de Diálogo en Islay pone en evidencia las limitaciones del gobierno para responder a los conflictos antes de que éstos estallen en actos violentos como la toma de carreteras. Sólo cuando ocurre esto, y luego de estigmatizar a la población movilizada, se escucha las demandas de la población, pero a la larga se suscriben acuerdos que el Gobierno no está interesado en cumplir y que por tanto sólo postergan el conflicto para más adelante. Resulta claro que un sector importante de la población de Cocachacra rechaza el proyecto minero, y aunque existe cierto respaldo a éste en otros distritos de Islay, será muy difícil que la empresa Southern pueda desarrollar sus actividades tal como lo ha venido haciendo en otros lugares del sur del país.

En efecto, es conocido el impacto que la Southern ha tenido en Ilo –sobre todo para quienes son sus vecinos y se dedican a la agricultura- donde ha venido trabajando por varias décadas: por un lado, los altos grados de contaminación que se han extendido por años debido a un manejo ambiental inadecuado, y por el otro, la conversión de la provincia en una de las que tienen el mayor índice de desarrollo humano. Una ecuación que no creemos que sea la vía más sostenible hacia el desarrollo. Por ello, no son gratuitas las preocupaciones de los agricultores de Cocachacra y el valle de Tambo en general, que es una de las zonas de producción agropecuaria más importantes de Arequipa y la región sur. Reducir el rechazo a problemas de "comunicación corporativa", como han querido señalar algunos voceros del gobierno, ignora la historia empresarial de Southern y el conocimiento real y concreto que tiene la población sobre las prácticas de esta minera. En tal sentido, la suspensión por tres meses difícilmente revertirá la situación que ha generado el conflicto, por ello que insistimos en que es fundamental dar inicio a un proceso serio de ordenamiento territorial conducido por el Ministerio del Ambiente, en concertación con los gobiernos regionales y los diversos actores políticos, sociales y económicos, que delimite los espacios de desarrollo de las diferentes actividades productivas.

Si no se empieza con este proceso, la mayoría de los grandes proyectos de inversión terminarán ahogados en el mar de conflictos que estallan a cada momento y los bloqueos de carreteras –que finalmente afectan a quienes no tienen nada que ver en el conflicto– seguirán siendo el mecanismo más eficaz para iniciar un diálogo entre la población y el gobierno.

http://www.noticiasser.pe/21/04/2010/conflictos-sociales/editorial

El Jue, 22 de Abril de 2010, 7:15 pm, sandro venturo schultz escribio:
Hola Javier (Torres)

Te agradezco nuevamente por el boletín del SER, me encanta que mi antigua casa profesional siga activa y comprometida.

Leo la editorial y se me ocurren algunas interrogantes que comparto contigo con cierta urgencia pues tengo al impresión que el acercamiento al caso Islay que ustedes proponen guarda demasiados supuestos que deberíamos ventilar.

Puntos previos: coincido en que el Estado llega tarde y pospone negligencias, que la población local está dividida en grupos a favor y en contra, que el Estado debe encarar la agenda sobre el "ordenamiento territorial" y debe hacerlo convocando a la ciudadanía interesada en estos temas. Ahora mis preguntas:

1. Es cierto que el Estado no está cumpliendo su papel como promotor del desarrollo y la ciudadanía, y lo de Tía María nos ofrece un gran testimonio de esto, sin embargo, ¿creen de verdad que el Gobierno no está interesado en cumplir los acuerdos que ha conseguido?, ¿qué evidencias tienen para afirmar esto?, ¿o será que el Gobierno no sabe qué hacer? En mi experiencia, las distintas instancias del Estado (nacional, subnacional, local) llevan muy mal los EIA (antes, durante y después!).

2. ¿Southern de hoy es la misma de hace tres décadas?, ¿la minería de hoy es la misma de hace dos décadas?, ¿qué ha cambiado en sus prácticas productivas y ambientales?, ¿Ilo tiene pasivos ambientales pendientes por Southern?, ¿el marco regulatorio en el pais para las industrias extractivas no ha cambiado?

3. Lo sabemos: es imprescindible atender a las poblaciones vecinas a las operaciones de la industrias extractivas. La experiencia muestra que sin armonía social, el gran capital minero no prospera. Los mineros lo saben muy bien y nos consta (como sabes, Toronja tiene clientes mineros). Sin embargo, ¿cómo integrar los intereses locales con los de "la nación"? En vuestra editorial se respira una posición "localista" que no dialoga con la Constitución ni las leyes sectoriales, ¿me equivoco?, ¿Qué salidas propone el SER ante esta tensión social y jurídica?

4. Cuando leo "ordenamiento territorial" se me sugiere que donde hay minería no puede existir agricultura y viceversa. Sin embargo, existen en estas épocas muchos ejemplos en el planeta de convivencia complementaria. En nuestro país, por ejemplo, existen casos en los que algunas mineras generan activos ambientales que son favorables para la agricultura (reservorios, bosques, etc.). ¿Es posible la convivencia entre estas y otras actividades del campo o piensan que es imposible?

Saludos a los compañeros,
Abrazo, S.

Pdt. Última: creo que la estrategia social y comunicacional de Southern no fue la más adecuada. Entiendo que de esto no se habla en vuestra editorial. Lo digo sólo para dejar en claro que mis interrogantes no están dirigidas a "salvar" ni "defender" la forma en que llevó las cosas la Tía María.

sandro venturo schultz
director de estrategia
toronja / agencia de comunicación integral
http://www.toronja.com.pe/

Ver también el debate en La Hora N entre Alvaro Barnechea (Jefe de Comunicaciones del proyecto Inambari) y Javier Torres (Director de ONG Servicios Educativos Rurales - SER), del martes 20 de Abril de 2010. Tema: Aspectos ambientales y sociales del proyecto de la hidroeléctrica de Inambari.
http://www.jaimedealthaus.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=3

3 comentarios:

Frank Casas dijo...

Sin duda, el debate es interesante y de alto nivel. Sin embargo me parece curioso que cada entidad discursiva quiera ser más efectiva que otra. Hay linguistas, antropólogos, sociólogos, politólogos y comunicadores que concuerdan en muchos puntos pero al final recetan una cura de acuerdo a su sesgo. ¿Cuál receta escogemos?

En este caso debaten antropólogos, la vez pasada (Bagua) fue el "problema de comunicación" y económico (De Soto). Yo me quedo con que el problema fue político, como usted y algunos politólogos plantearon.

Entiendo que los sistemas sociales y Estatales son complementarios, pero también hay que recordar que son estructuralmente independientes.

Sociólogos, comunicadores y antropólogos tendemos a explicar todo por el sistema social e incluímos al Estado como dependiente de esta.

No conozco el problema de Ilo, pero como alguna vez comenté en su blog, si queremos analizar los contextos y sistemas sociales desde el punto de vista de la comunicación, entonces hay que marcar límites con lo político. No es cosa de crear programas gubernamentales de radio comunitarias. Los comunicadores solemos ver todo como un proceso de marketing o como una aldea de ciudadanos que quieren vivir felices sin egoísmo, casi al estilo de los frescos de Lorenzetti.

Menos humanista es señalar que la causa de estos conflictos podemos verlo en la falta de regulación del Estado sobre las empresas privadas. Falta de liderzgos y partidos políticos representativos. Estados sin políticas de desarrollo económicas y social. Sociedades con una cultura política de machacar todo lo que se llame gobierno.

No menosprecio, faltaba más, los puntos de vista de cada sesgo, sobre todo yo que soy comunicador. Pero creo que a veces confundir las cosas nos llevan a estudios atomizdos y sin respuesta. Sino miremos a De Soto que compara a las comunidades indígenas de Estados Unidos con las de Bagua.

Habría que pensar un poco más en la Complejidad de Morin.

Saludos

Jhonatan Mondragon dijo...

desarrollo humano y contaminacion? algo no cuadra bien...

Miguel Tejada dijo...

Empiezo por el ad-hominem y luego paso a los argumentos serios.

Bueno, Sandro defiende su chamba, sin empresas mineras, su negocio cae. Esta bien, y él reconoce que muchos de sus clientes son mineros.

Lo serio: en el Perú, lamentablemente, no se cuenta con un sistema que permita internalizar los impactos sociales y ambientales negativos de las actividades extractivas. Los EIA supuestamente son para lograr esto, pero si uno ve la precariedad con la que trabajan las instancias del Minem encargadas de evaluar los EIA,si uno analiza el nivel que tienen muchos de los EIA que presentan las empresas extractivas (copias textuales de trabajos previos),si uno observa la diligencia de Osinergmin para fiscalizar las operaciones e investigar las denuncias de las poblaciones locales, se entiende que los pueblos no tengan ninguna, pero ninguna confianza a las campañas de Toronja u otras consultoras de comunicación.

El problema no es que las empresas extractivas no sepan cómo comunicarse con la gente, el problema es que la gente lee no el discurso oficial sino las prácticas concretas de los funcionarios de las empresas: cómo hablan, cómo se comportan con ellos, si en su práctica cotidiana realmente respetan o no el medio ambiente y a las comunidades locales.

Lo que leen les dice: me van a pasar por encima, van a contaminar y nadie va a hacer nada por compensarme, y si me compensan, va a ser una miseria que no valoriza realmente todo lo que pierdo. Qué salida tengo para que el gobierno me escuche? tomar la carretera.

El problema está en la mínima o nula voluntad política para contabilizar las externalidades negativas de las actividades extractivas, para incluir dichas externalidades en los EIA, para imponer estándares ambientales y sociales adecuados, para hacer cumplir dichos estándares y los compromisos sociales y ambientales.

Y si no me creen, miren Doe Run y La Oroya. Los pueblos que protestan miran eso, y se dicen, a la calle, a tomar la carretera.